FUNDACIÓN DEFENDAMOS LA CIUDAD* : Los que creemos en la libertad de movimiento dentro de los espacios públicos que nos pertenecen a todos, rechazamos de plano esta ley, más todavía si es producto de una histérica campaña del miedo a la delincuencia, haciéndonos creer que las policías no pueden hacer nada más por los habitantes. El 17 de agosto publicamos en La Nación la columna “Ciudades enrejadas”, donde decíamos que senadores y diputados quieren darles atribuciones a los municipios para que cierren calles y pasajes con el fin de cautelar la seguridad de quienes viven enfrentando esas vías. Pues bien, nos hemos informado por la prensa que, a solicitud del Ministerio del Interior y de ciertos influyentes alcaldes, se confeccionó un proyecto de ley en tal sentido, llamándonos la atención que ni el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ni el Ministerio de Transportes, servicios del Estado relacionados íntimamente con las ciudades, hayan intervenido en esta iniciativa: curiosa esta omisión.
Es más, tampoco entregó su opinión el Ministerio de Bienes Nacionales, ya que el DL 1.939 es muy claro respecto del asunto.
Una comisión mixta del Congreso, conmovida por lo que se observa en las pantallas de televisión respecto de los asaltos que cometen jóvenes delincuentes en viviendas y comercios, flagelo que existe en todos los países, pasando por alto que las vialidades, por ser bienes nacionales de uso público, nos pertenecen a todos los habitantes, pretende que se apruebe esta ley, creyendo ingenuamente que con este relativo impedimento se va a terminar esta lacra social. Esto lo asociamos con el antiguo chiste de la venta del sofá de Don Otto.
A pesar de que revisamos la materia con el Comité de Desarrollo Urbano del Colegio de Arquitectos, alertando a sus miembros ante el eventual futuro escenario, esta orden profesional no ha emitido juicio acerca del cierre de las calles. No cabe duda de que si prospera esta ley, nos asemejaríamos en cierta medida a la franja de Gaza o a los campos de concentración nazis.
Los promotores de la ley hablan de seguridad ciudadana, pero no dicen que tanto Carabineros como Investigaciones y las municipalidades no han sido capaces para enfrentar la situación. Todos quisiéramos vivir en paz y tranquilidad, pero recordemos que las señales de violencia que nos entregan esos mismos canales de televisión y la abundante propaganda para adquirir bienes suntuarios son elementos que invitan a ciertos grupos desadaptados a cometer esos delitos, lo que se debe unir a las benignas sentencias de los tribunales. Es decir, en lugar de arremeter contra la delincuencia con métodos preventivos diseñados por el Ministerio del Interior y otros servicios relacionados, y correctivos por parte de la justicia, se optó por lo más fácil: ponerles estorbos a esos grupos de malhechores, asestando un golpe a la propia Constitución.
Según el proyecto, las municipalidades pueden autorizar el cierre de calles, pasajes y vías locales y además los “conjuntos habitacionales urbanos o rurales con una misma vía de acceso y salida”. Habrá un procedimiento para facilitar la circulación peatonal y vehicular de los residentes y otras personas autorizadas por ellos (sic), vehículos de emergencia y servicios públicos. Es decir, si un paseante desea transitar con su mascota en su barrio, no podrá caminar por aquellas calles redefinidas como de uso exclusivo de los residentes y sus amigos, configurándose así una situación un tanto fantasmagórica, desde el punto de vista de la igualdad de derechos que tenemos todos los chilenos, amén de la pobre imagen urbana de campamento de emergencia que ofrecerán nuestras ciudades.
Se demuestra que en esta ley no intervino ningún profesional competente en materias de ciudad, porque los cierres que objetamos se pueden efectuar en las “calles, pasajes y vías locales”, textual, en circunstancias que las calles o vías, de acuerdo con la normativa urbana y según sus características, pueden ser expresas, troncales, colectoras, de servicio y locales. Es decir, la comisión mixta parlamentaria no debió hablar de “calles”, sino simplemente de “pasajes y vías locales”, que están muy bien definidas en la ordenanza de la Ley de Urbanismo y Construcciones. Pero también podría ser posible, si ellos hablan de “calles”, que las de servicio, colectoras y las otras dos de mayor rango, también se puedan cerrar, lo que sería francamente inaudito.
Los que creemos en la libertad de movimiento dentro de los espacios públicos que nos pertenecen a todos, rechazamos de plano esta ley, más todavía si es producto de una histérica campaña del miedo a la delincuencia, haciéndonos creer que las policías no pueden hacer nada más por los habitantes. Si llegara a prosperar esta iniciativa, en unos años más se autorizará a los residentes para que coloquen bombas antipersonas enfrente de sus viviendas y más adelante no nos extrañaría que se aprobara el uso de armas de fuego y otros dispositivos para la defensa de los mismos.
Finalmente, y como esta futura ley limita una garantía constitucional, la libertad de desplazamiento y el propio DL 1.939, en razón a que los ciudadanos no podemos impugnarla en el Tribunal Constitucional antes de su publicación en el Diario Oficial, tendremos que esperar que ello acontezca para que en un futuro recurso judicial esta alta magistratura se pronuncie sobre el intento de privatizar bienes nacionales de uso público.
* Fundación Defendamos la Ciudad
* La Nación, Chile - 4.11.10
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