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EFE/ACoruña* : Cuatro personas, tres de ellas relacionadas con el departamento técnico del Ayuntamiento de Mugardos (A Coruña) y un policía local, han sido detenidas hoy por agentes de la Unidad de Delitos Urbanísticos, por su supuesta implicación en una trama urbanística, según fuentes de la dirección general de la Policía y Guardia Civil de A Coruña. La detención se desarrolló dentro de la Operación Virgin, que comenzó a gestarse el pasado mes de mayo, indicaron las mismas fuentes, en un comunicado.
Los detenidos están acusados de formar «una trama urbanística desarrollada en el Ayuntamiento de Mugardos». A los detenidos se les imputa la participación en los supuestos delitos de tráfico de influencias y de negociaciones prohibidas a funcionarios. Las mismas fuentes indican que, además de estas cuatro detenciones, los agentes de la Unidad de Delitos Urbanísticos, tomaran declaración a otras tres personas, dos promotores y una arquitecta, por hechos similares.
Las actuaciones policiales se han complementado esta mañana con diversos registros en estudios de arquitectura, una inmobiliaria y en un domicilio particular, en los que los agentes intervinieron diversa documentación que será analizada por los responsables de la investigación.
La inmobiliaria registrada, llamada Xesven, es propiedad de la esposa del policía local que ha sido detenido. El negocio inmobiliario está situado justo enfrente del consistorio de Mugardos, y, según fuentes municipales, es propiedad de la esposa del policía municipal que ha sido detenido.
Pilar Díaz, única concejala de IU-EU en la corporación municipal de Mugardos, ha declarado que el estudio Excale de arquitectura y urbanismo, radicado en Fene, donde hoy se practicó otro de los registros policiales, es propiedad de la arquitecta Julia Cortizas Díaz y de su hermano Pedro.
Julia Cortizas fue la arquitecta asesora del municipio de Mugardos durante el primer semestre del año 2006, periodo de tiempo en el que, según la edil, la arquitecta ejerció como promotora de algunos proyectos privados y a la vez como asesora del gobierno local en temas urbanísticos.
La concejala de IU-EU dijo, en declaraciones a los periodistas, que su grupo interpuso en los últimos meses varias denuncias dirigidas a la Fiscalía de delitos urbanísticos del TSXG en las que se advertía de presuntas irregularidades en el desarrollo de varias obras y promociones en Mugardos. Entre estos proyectos urbanísticos explicó que figuraban la de una construcción situada en la calle Peteiro y unas viviendas edificadas en la calle María.
El alcalde de Mugardos, el nacionalista Xosé Fernández Barcia, ha convocado a los portavoces de los grupos políticos municipales a una junta extraordinaria para tratar este asunto. Según fuentes próximas a la investigación, la policía no descarta que se produzcan nuevas detenciones en relación con esta trama urbanística.
* La Voz de Galicia - 3/12/2007
Foto: Mugardos (A Coruña), inmobiliaria registrada - R. Estévez (La Voz de Galicia)
Cuatro detenidos en Mugardos por su presunta implicación en una trama urbanística
El suelo urbanizado de la C. Valenciana ha crecido un 52,14% en apenas 13 años
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LEVANTE-EMV* : La superficie artificial, o urbanizada, ha crecido en la Comunitat Valenciana en apenas 13 años un 52,14% a pesar de que la población ha crecido un 9,76%, según refleja el Atlas Estadístico de las Áreas Urbanas de España de 2006 que acaba de presentar el Ministerio de Vivienda. El gato al agua en este crecimiento se lo ha llevado la construcción ya que las ciudades (el tejido urbano continuo) y las urbanizaciones exentas o ajardinadas representaban en el año 2000 el 23% y el 36,56% del suelo urbanizado, respectivamente.
El Atlas Estadístico de las Áreas Urbanas 2006 ofrece por primera vez los datos sobre ocupación del suelo y la estructura de la propiedad en las principales metrópolis españolas. Las fuentes de información de las que se alimenta el Atlas estadístico son la base de datos de ocupación del suelo del proyecto europeo Corine Land Cover (1987-2000), información del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Así, según la información que aparece en el Atlas Estadístico la Comunitat Valenciana tenía en 1987 un total de 75.851 hectáreas de suelo artificial (donde se incluyen además de las ciudades y las urbanizaciones dispersas, las infraestructuras, las minas, las escombreras y vertederos). Trece años después, en 2000, este suelo artificial alcanza las 115.397 hectáreas en toda la Comunitat Valenciana lo que revela el incremento del suelo urbanizado del 52,14%. Un uso del territorio a costa del suelo agrícola que se produce a pesar de que la población apenas se ha incrementado un 9,76% al llegar a 4,1 millones de valencianos en 2000 (366.504 ciudadanos más que en 1987). Por el contrario, el parque de viviendas pasó de casi 2,1 a 2,5 millones de casas en un periodo analizado de diez años (lo que supone un incremento del 21,67%).
¿Y en qué se emplea el suelo artificial en la Comunitat Valenciana Además del 36,65% de las urbanizaciones exentas y ajardinadas y el 23,99% del tejido urbano continuo
Un esquema similar se reproduce en el área metropolitana de Valencia o área urbana, tal como la denomina el Atlas Estadístico . Si en 1987 la superficie urbanizada en Valencia y las 43 poblaciones de l'Horta era de 13.050 hectáreas, trece años después el terreno urbanizado había aumentado un 27,54% y ya alcanzaba las 16.644 hectáreas. En este caso también a costa de la preciada huerta comarcal. Este incremento de 3.594 hectáreas en el suelo artificial se produjo debido a la construcción de 108.264 casas más durante estos trece años, a pesar de que la población sólo aumentó en 67.221 almas en el área metropolitana de Valencia. Este suelo arrebatado a la huerta apenas se emplea para zonas verdes (el 0,99%), o instalaciones deportivas (4,36%). Los mayores porcentajes de suelo en el área urbana de Valencia se dedican al tejido urbano continuo Por último, en la provincia de Valencia la superficie artificial ha crecido un 38,79% al pasar de 35.709 hectáreas urbanizadas en 1987 a 49.562 hectáreas en el año 2000.
* Levante-EMV - L. Ballester Beneyto, Valencia - 03 de diciembre de 2007
Foto: Desembocadura del Xúquer en Cullera donde se proyectan varias urbanizaciones. levante-emv
Hoteles ilegales a sus anchas en Cabo de Gata
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DIAGONAL/Almería* : A pesar de que las obras del hotel El Algarrobico, en el parque del Cabo de Gata, estaban esperando su demolición por violar la Ley de Costas, una nueva recalificación del suelo andaluz podría legalizar el hotel. Hace dos años Greenpeace tomaba el hotel Azata del Sol, una macroconstrucción de 20 pisos de altura que se encuentra en la playa del Algarrobico, inmersa en el Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar (Almería). Con la acción pretendían denunciar su construcción, realizada al margen de la Ley de Costas y sin respetar la protección del terreno establecida en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del parque (PORN).
Dicha normativa, de 1994, consideraba que el espacio ocupado por el hotel era una zona C2, esto es, zona no urbanizable. Acto seguido, el Ministerio de Medio Ambiente, ante la visibilización mediática de las ilegalidades en las que incurría la construcción, decidió encargar el expediente de expropiación de la mitad del hotel, que se encontraba en zona de servidumbre de costas (a menos de 100 metros del mar). Hoy, el Azata del Sol continúa ocupando su lugar en primera línea de playa, aunque las obras se encuentran paralizadas. La Junta de Andalucía acaba de redactar un nuevo PORN que desclasifica la totalidad del paraje del Algarrobico y lo sitúa bajo el grado de protección C3, es decir, “núcleo habitado existente o zona transformada”. “Esta recalificación impedirá la demolición del hotel”, declara Jaime del Val, portavoz de la asociación Salvemos Mojácar.
Sin embargo, para la Junta de Andalucía, gracias a esta nueva planificación “el Ayuntamiento de Níjar puede frenar el desarrollo de estos parajes”. Si, aparentemente, el espacio pierde protección, ¿por qué la Junta hace esta afirmación?
Tal y como relata Jaime del Val, en 1996 “aparece recalificado este terreno con unos planos que no han sido aprobados pero que la conserjería toma como válidos”. En esta recalificación, El Algarrobico aparece como zona D, urbanizable. “Por eso la señora Cove [consejera de Medio Ambiente] considera que con los nuevos planes se aumenta la protección de la zona, porque lo compara con los planos de 1996, que para nosotros no son válidos ya que no están aprobados en pleno”, concluye.
Para la Coordinadora Ciudadana en defensa del territorio, “convertir el paraje en núcleo habitado significa, ni más ni menos que legalizar definitivamente el hotel y las construcciones previstas a su alrededor”. Según Jaime del Val “alrededor del Azata del Sol se prevén miles de viviendas” que se unirán a las “500.000 casas propuestas para todo el Levante almeriense”.
Por su parte, el Ministerio de Medio Ambiente continúa con los trámites para la expropiación de los terrenos del hotel. El organismo público debe indemnizar a la empresa Azata, dueña y artífice del proyecto. “No entendemos por qué hay que entregar dinero de las arcas públicas a una empresa por hacer algo ilegal”, asegura el portavoz de Salvemos Mojácar. Para Jaime del Val, “hay una estrategia conjunta para legalizar el hotel”.
La punta del iceberg
El caso de El Algarrobico no es el único ejemplo de urbanismo que amenaza la integridad del espacio natural. El pasado mes de septiembre la Asociación de Amigos del Parque Natural del Cabo de Gata- Níjar alertaba de que un nuevo complejo se estaba planeando para la zona. Conocido como La Fabriquilla, el proyecto cubriría 15 hectáreas (ha.) con 150 casas y un hotel de 40 habitaciones. Esta urbanización, muy próxima al mar, requerirá de estructuras de hormigón en la costa para modificar el flujo marítimo y que no se inunde la zona “precisamente en un lugar donde existen varios hábitat de interés comunitario”, advierte la asociación.
La asociación también denuncia la macrourbanización Marina de Agua Amarga. Este proyecto comprende 48 hectáreas. de parque natural y estaría compuesto por 350 viviendas y un hotel de 350 habitaciones, en terrenos vírgenes de alto valor ecológico. Por ello, la Asociación de Amigos del Parque afirma que el macrohotel de El Algarrobico “sólo es la punta de un inmenso iceberg”.
* Diagonal - Sara Plaza Casares - 29 Nov /12 Dic 2007
Foto: El hotel de El Algarrobico aglutinó buena parte de las protestas ecologistas./ Foro Social de Almería
Madrid: Adiós a la ayuda por alquiler
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ELPAÍS* : Faltan sólo unos días para que estrenen piso de alquiler, pero Luis y Laura todavía no saben si van a beneficiarse de las ayudas para jóvenes inquilinos que, en teoría, entran en vigor el próximo 1 de enero. Ellos todavía no lo saben, pero a juzgar por las palabras de la consejera de Vivienda madrileña, esta pareja que a sus 26 ha logrado por fin dar el salto e independizarse de sus padres puede ir despidiéndose por ahora de los 210 euros mensuales que les corresponden por el plan del Gobierno central. Porque según Ana Isabel Mariño, es "imposible" que el sistema de gestión y control esté implantado en la región a principios del próximo año.
Esto es lo que la Comunidad ha venido diciendo las últimas semanas, desde que el ministerio anunció el proyecto con el que pretende dinamizar el alquiler. Pero el pasado viernes, en conversaciones con este periódico, la consejera moderó su discurso: "La ministra ha creado grandes expectativas en los jóvenes con unos plazos difíciles de cumplir. Nosotros no queremos perjudicar a nadie, así que recogeremos las solicitudes y las enviaremos al ministerio, a ver si ellos pueden tramitarlas. Pero es muy poco probable que se pongan en marcha tan pronto", afirmó. Pasaba así del "imposible" al "muy poco probable".
La de Madrid es la comunidad que ha puesto más pegas a este programa. Los cerca de medio millón de madrileños que tienen entre 22 y 30 años y con ingresos inferiores a 22.000 euros anuales ven un poco más lejos que el resto de jóvenes españoles un plan que la Comunidad considera "inaceptable", ya que, dicen, ha sido impuesto por el ministerio sin buscar el consenso con las comunidades.
Pero no es sólo que pongan en duda la puesta en marcha del plan. Es que, mientras tanto, la información que el Gobierno regional da es nula. Es lo que cuenta Laura, que mientras prepara su proyecto final de arquitectura trabaja como becaria en un estudio por 1.200 euros mensuales. En el 012 (el teléfono de atención al ciudadano de la Comunidad), le dijeron que no podían anticiparle nada porque el plan todavía no está vigente.
Laura se quedó sin recibir información básica. Por ejemplo, si a ella y a su novio les compensa esperar hasta el 1 de enero para alquilar el piso, porque así tendrían la ayuda de 120 euros para el aval o el préstamo de 600 para la fianza. "Es indignante. Aquí es donde más necesarias son las ayudas porque es donde la vivienda es más cara, y la Comunidad dice que no va poder darlas. Y encima nadie se digna a darte ninguna información", comenta enfurecida.
En el ministerio prefieren pensar que Madrid colaborará. "Es perfectamente posible cumplir los plazos. Sólo hace falta voluntad política", aseguran. ¿Y el Ejecutivo de Esperanza Aguirre tiene esa voluntad? "No sé. No han mandado a ningún representante a las reuniones con las comunidades sobre este tema. Pero no entenderíamos que se saltaran un plan que beneficiará a miles de madrileños".
Laura y Luis son menos optimistas. Creen que las ganas que tienen los dos principales partidos de meterse el dedo en el ojo en periodo preelectoral primará sobre los intereses de la gente. Y que, al final, ellos, Laura y Luis, serán los perjudicados.
Cronología de una pelea política
- 18 de septiembre: la ministra de Vivienda presenta su plan estrella de impulso al alquiler, que incluye una ayuda de 210 euros mensuales para los inquilinos de entre 22 y 30 años con ingresos inferiores a 22.000 euros anuales.- 3 de noviembre: el mismo día que el Gobierno aprueba la llamada renta de emancipación, la consejera madrileña dice que el plazo previsto es "inalcanzable" y que el ministerio ha impuesto un plan sin consensuarlo con las comunidades.- 22 de octubre: se celebra la tercera reunión entre el ministerio y las comunidades autónomas para coordinar las ayudas. Madrid es la única región que no ha asistido a ninguno de estos encuentros.- 28 de noviembre: las comunidades gobernadas por el PP plantean un frente común contra el plan estatal. Dicen que será imposible que arranque el 1 de enero y proponen subir la ayuda a 240 euros y ampliar la edad de los beneficiarios.
* ELPAIS.com - LUIS DONCEL - Madrid - 03/12/2007
Foto: Se alquila - A. Ruesga (El País)
Salamanca manos arriba
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ELPAÍS* : "¡Manos arriba!, ¡Esto es un atraco!", grita la Plaza Mayor de Salamanca, a reventar, en la segunda manifestación en 15 días en protesta por la subida de impuestos municipales anunciada por el alcalde, Julián Lanzarote, del PP. Entre la multitud se desgañita un hombre, colorado de la ira, que dice llamarse Amable: "Estoy muy enfadado, enfadadísimo con este alcalde que gobierna para los constructores y para los ricos y que nos sube los impuestos porque pierde todos los pleitos urbanísticos. Tenían que llamarlo Partido Pierdepleitos en lugar de Partido Popular. Y lo peor no es la subida, a mí lo que más me cabrea es su chulería, esas formas dictatoriales, ese desprecio por la gente humilde. A mí no me afecta mucho, pero la subida del bonobús hace polvo a muchos amigos, gente mayor".
Como Palmira, de 76 años. "Con una pensión de 500 euros, si me suben la contribución 45 euros y la basura 17, me quedo sin nada para mí. Esto es una barbaridad", explica, justo antes de gritar "¡Lanzarote, que te pague el que te vote!".
Son ellos, los más mayores, los que han conseguido llenar por segunda vez la plaza mayor de Salamanca con cerca de 25.000 personas. Pero son los más jóvenes, un grupo de estudiantes universitarios que lideran las asociaciones de vecinos en la época en la que todo el mundo intenta escaquearse de ser presidente de su comunidad, los que han convocado esta protesta y la anterior.
En el consistorio achacan la fuerte subida de impuestos al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. "Nos ha cerrado el grifo porque este Ayuntamiento no es santo de su devoción", declaró el portavoz municipal, Fernando Rodríguez.
En el recorrido de la manifestación alternan las grandes pancartas estampadas con los emblemas de los partidos de la oposición y pequeños carteles, con las rimas meditadas y preparadas en casa, como el de Ángel, de 85 años, que agita orgulloso un folio en el que ha escrito: "Lanzarote, capullo, el Ayuntamiento no es tuyo". José Luis, de 73 años, lleva su cartel enganchado a la boina y las manos en los bolsillos porque hace frío. "Yo no tengo coche oficial", es su escueto eslogan. "Espero que no haya que salir corriendo como en la última manifestación a la que fui, con Franco, por los sueldos de la construcción", bromea.
Entre sus abuelos y los vecinos de sus abuelos, avanza un bebé en cochecito con un cartel dramático: "Sin dodotis, ni turrón por culpa del subidón".
Va marcando el paso hacia la plaza Mayor Mara, de 22 años, flamante poseedora de uno de los megáfonos. Lo levanta orgullosa por encima de la cabeza como si fuera un Óscar de la academia y no da abasto porque maneja además, otros instrumentos propios de este tipo de ceremonias, como un silbato. "Me encanta el megáfono. La gente se pelea por él. Al día siguiente no puedo hablar, pero me da igual", explica en una breve pausa. "¡Que bote, que bote, Lanzarote el que no bote!", prosigue. Y la multitud, hombres y mujeres que pasan de los 70, bota.
A la una de la tarde, los vecinos de los distintos barrios han entrado ya por cada arco de la Plaza Mayor en la que no cabe un alfiler. Tras guardar un minuto de silencio por el guardia civil muerto el sábado en un atentado etarra, Chema Collados, arqueólogo de 26 años y presidente de la Federación de Vecinos de Salamanca (Fevesa) procede a leer su manifiesto. Pero no le dejan: "Cheeeeema, Cheeeeeema", le aclaman en la plaza como a los futbolistas en el campo. Y eso que no le ven, porque Collados está enterrado entre las pancartas y la multitud, ya que el alcalde no permitió que usara el balcón del Ayuntamiento.
El manifiesto se llena enseguida de palabras gruesas, "libertad", "bienestar social" mientras los veteranos manifestantes gritan: "El pueblo, unido, jamás será vencido" como recordando otra época, la suya. La sublevación que surgió en el órgano más sensible, el bolsillo, terminó atacando a la memoria.
Octavillas requisadas
El joven presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos, Chema Collados, supo explotar ayer, en plena lectura de un manifiesto en la Plaza Mayor y ante 25.000 personas, el encontronazo con la Policía Municipal de la noche anterior. La escena que describía recordaba a un episodio de la serie Cuéntame. "Repartíamos octavillas a la salida del partido de baloncesto en el Pabellón Würburg. Vinieron cuatro policías, y nos dijeron que no podíamos hacer eso y que dejáramos de usar el megáfono. Cuando preguntamos por qué, dijeron: Traemos órdenes. Se lo llevaron todo. A mí me daban ganas de llorar".
"¡El alcalde nos tiene miedo!", gritaba ayer Collados, quien aprovechó también para denunciar que Julián Lanzarote, del Partido Popular, le había amenazado con retirar la subvención a la Federación de Asociaciones de Vecinos de Salamanca.
No descartan nuevas manifestaciones si el alcalde no da marcha atrás.
Las siete plagas
- Las asociaciones de vecinos han bautizado la subida de impuestos municipales del alcalde Julián Lanzarote, del PP, como 'Las siete plagas de Lanzarote'. Las subidas son las siguientes:
- Tasa de basuras: sube 17 euros.
- El bonobús y el abono transporte: un 84,25% más caro.
- El agua: sube un 14%.
- El Impuesto de Bienes Inmuebles: 45 euros más.
* ELPAIS.com - NATALIA JUNQUERA - Salamanca - 03/12/2007
Foto: La Plaza Mayor de Salamanca, abarrotada por los manifestantes- GORKA LEJARCEGI (El País)
Operación Tótem: El Guadalentín marbellí
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LAVERDAD/Murcia* : La Operación Tótem se extiende como la gangrena por el municipio de Totana desde el pasado lunes, cuando agentes de la Guardia Civil detuvieron a seis personas, tres de ellas en este municipio, en el transcurso de una investigación por el supuesto cobro de comisiones a cambio de la recalificación de unos terrenos. Desde entonces, la necrosis del tejido municipal y empresarial se ha propagado con la detención de seis personas más, entre ellas la de tres empresarios locales y la del alcalde, José Martínez Andreo. Hasta ahora, del total de 12 detenidos, ayer quedaban tres en los calabozos, entre ellos el alcalde.
De la recalificación de terrenos, los agentes de la Guardia Civil han pasado a investigar el pago de comisiones por la agilización de licencias de obras y la reventa de parcelas de suelo industrial público con pingües beneficios.
Pero la Operación Tótem no nació ayer. Según las fuentes municipales consultadas por La Verdad, todo empezó, o más bien se descarrió, el 27 de julio del año 2005. Ese día, el mismo que la comisión informativa de Urbanismo debía aprobar inicialmente el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Totana, el concejal de Urbanismo, Antonio Aliaga, presentaba su dimisión de forma inesperada alegando motivos personales.
20.000 viviendas
Según fuentes del PSOE e IU, la dimisión de Aliaga se debió en realidad a su resistencia a admitir las exigencias del alcalde, por entonces Juan Morales, sobre la gestión urbanística municipal.
Morales, tras la retirada de Aliaga, asumió directamente la supervisión de todas las decisiones urbanísticas, aunque formalmente repartió las competencias de Urbanismo entre sus dos principales colaboradores, Juan Carrión y José Martínez Andreo, quien, llegado el cambio de legislatura, heredó también el bastón de mando municipal y ahora es uno de los detenidos.
La actual operación judicial y policial que tiene en vilo a todo el municipio está relacionada con el boom urbanístico que vive desde hace años la Región y de la que Totana no se ha quedado al margen. El nuevo Plan General de Ordenación Urbana del municipio, aprobado provisionalmente por la corporación con el único voto favorable del PP el 23 de enero de este año, llevaba consigo el desarrollo de 59 convenios urbanísticos para construir 35.000 nuevas viviendas. Los 59 convenios recibieron el visto bueno en el mismo Pleno que el Plan General de Ordenación Urbana y de su contenido sólo fue informada la oposición al día siguiente de su aprobación.
Uno de los convenios urbanísticos más importantes aprobados antes de que Juan Morales dejara la alcaldía es el que ha extendido las ramificaciones de la Operación Tótem a Galicia y Madrid.
Promovido por el Grupo Nuaria, el proyecto suponía la recalificación de más de dos millones de metros cuadrados en el paraje de El Raiguero para la construcción de 5.000 viviendas, tres hoteles y dos campos golf. El responsable de la promotora Nuaria, Manuel Núñez, y uno de sus directivos fueron detenidos en Nigrán (Pontevedra) el pasado lunes, además de otra persona en Las Rozas (Madrid), al parecer todas relacionadas con el pago de comisiones para lograr la recalificación.
En ese primer golpe a la trama de corrupción, también fueron arrestados en Totana José Antonio Alcántara, empleado de la asesoría de Juan Morales y de su ex mujer, María del Carmen Jordán, Joaquín Carmona, un supuesto intermediario, y el empresario Gabriel Martínez, gerente de Huevos Maryper y amigo personal del ex alcalde.
Los registros realizados permitieron a los investigadores hacerse con abundante documentación, de entre las que una fuente ha destacado la hallada en la caja de seguridad que la ex mujer de Morales poseía en una oficina de crédito en Totana.
Los siguientes pasos de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, guiados por las pruebas y documentos obtenidos, han ido ampliando la mancha de presunta corrupción.
El martes era detenida la compañera sentimental de Morales, una brasileña a la que se le acusa de blanqueo de dinero y de infringir la ley de extranjería, al tiempo que se encontraban en su domicilio más de 50.000 euros en metálico.
El jueves, tras un registro de once horas en el Ayuntamiento, era el mismo alcalde, José Martínez Andreo, el que acababa en el calabozo de la Comandancia de la Guardia Civil en Murcia, acompañado por la secretaria general del Ayuntamiento, Laura Bastida; el jefe de la Policía Local, Alfonso Canales (liberado al día siguiente), y el empresario Pedro Martínez, con negocios en el polígono industrial.
Se estrecha el cerco
Uno de los focos de la investigación se ha centrado en los últimos días en el polígono industrial de El Saladar. En agosto del pasado año, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia abrió diligencias a raíz de una denuncia de IU por la reventa millonaria de una parcela precisamente a la empresa Maryper.
Proinvitosa, la sociedad pública que gestiona el polígono y cuyas oficinas han sido registradas, tiene derecho a recomprar a bajo precio las parcelas industriales no usadas para ponerlas a disposición de nuevos inversores, pero renunció a este privilegio y permitió que una empresa obtuviera pingües beneficios al vender su parcela a otra sociedad.
IU asegura que este no un caso aislado, y que el Ayuntamiento permitió durante la pasada legislatura especular con las parcelas de suelo industrial público en beneficio de intereses privados.
Dos nuevas detenciones ponían el viernes un borrón más sobre el nombre de la localidad que algunos empiezan ya a comparar con Marbella. Uno de los arrestados, Diego Carrión, nada tenía que ver con los casos de corrupción urbanística, sino con un expediente sancionador de tráfico, y era liberado horas después. El otro detenido, el empresario local Juan Francisco Casanova, con propiedades en el polígono El Saladar y concejal del PP en la primera legislatura en la que Juan Morales fue alcalde (1995-1999) refuerza aún más las conexiones de toda supuesta trama con el ex regidor municipal.
Morales, consciente de que se estrecha el cerco, sobre todo tras la retirada de su pasaporte y de un ordenador intervenidos en su domicilio, ha pedido amparo al Tribunal Superior de Justicia de Murcia para que se respete su condición de aforado como diputado del Parlamento autónomo.
A raíz de las revelaciones de la Operación Tótem, algunos en el PSOE e IU recuerdan estos días que «en la última campaña electoral el PP manejaba dinero a espuertas», y también las palabras que Ramón Luis Valcárcel le dedicó a Morales en un acto electoral en Totana, poco después de que éste consiguiera la condena por injurias de los concejales socialistas que le habían acusado de irregularidades urbanísticas: «No necesito que ningún juez me diga que Juan es una persona honrada. Yo lo sé».
* La Verdad - J. MOLLEJO - 3 diciembre 2007
Foto: Totana (Murcia), juzgados - laverdad.es
Urbanismo País Vasco: Un país a cuatro alturas
MANUEL BLANCO* : El urbanismo, a priori, es sencillo. Simplemente hay que marcarse unas reglas del juego y cumplirlas. Respetarlas siempre, le pese a quien le pese: a los propietarios del suelo, a los promotores, a los constructores, a los políticos... El País Vasco lo hizo hace casi ya tres decenios, aprovechando la transición democrática y el traspaso de competencias. Hoy recoge sus frutos. Se trata de una comunidad ordenada, modélica por su disciplina en la ordenación del territorio y por un urbanismo de baja densidad que es especialmente visible en las zonas del litoral, donde se cuentan por miles los nuevos edificios de bajo y tres plantas.
Un paseo de Zumaya a Fuenterrabía, por la costa guipuzcoana, o por los 22 ayuntamientos del entorno de la reserva de Urdaibai, en Vizcaya, revelan un grado de conservación que contrasta con los excesos que soportan municipios gallegos como los de Barreiros, Muxía, Carnota o Sanxenxo, por citar algunos.
Gobierno, arquitectos y académicos coinciden en la fórmula que ha dado pie a este ordenamiento: la existencia de una cultura urbanística de la que se derivó un complejo entramado de instrumentos legales que se cumplen a rajatabla y que bloquean aquellos proyectos que representan un exceso. Y es que el País Vasco también sufre la presión de los promotores. Es una comunidad rica y, por tanto, cuenta con un nutrido grupo de compradores dispuestos a pagar un dineral por una vivienda en primera línea de playa.
Manuel Paja, presidente de la Agrupación Vasco-Navarra de Arquitectos, sostiene que el urbanismo «es algo que está en la conciencia de todo el mundo» y eso se ha trasladado a la vida real, «ha dejado un poso», subraya. El diagnóstico coincide con el del lendakari Ibarretxe, quien sostiene que «los ejemplos del desarrollismo tardofranquista estaban ante nuestros ojos como un símbolo permanente de las cosas que no se debían hacer. Esta conciencia colectiva supuso que los ayuntamientos, desde la misma transición democrática, se impusieran la norma de hacer las cosas de forma diferente».
Urbanismo y medio ambiente
Esta forma de hacer las cosas no ha sido otra que activar instrumentos legales que no dejan nada al libre albedrío en materia urbanística. José Luis Ávila, vicerrector de la Universidad de Deusto y viceconsejero de Ordenación del Territorio del Gobierno vasco cuando se elaboró la Ley de Ordenación del Territorio (LOT) de 1990, explica que esta norma «establece claramente la relación entre la ordenación del territorio y el medio ambiente».
De aquella ley surgieron unas Directrices de Ordenación del Territorio (DOT) que siguen siendo hoy en día el vehículo motor del urbanismo en Euskadi. «Fueron muy acertadas al ver el territorio desde una perspectiva ambiental. Concebían todas las actividades que tienen una incidencia desde esa perspectiva», precisa. Las DOT son un documento de máximos por cuanto delimitan hasta el número de viviendas que puede construir cada municipio.
Los planes territoriales parciales -que desarrollan el urbanismo por comarcas- y los planes territoriales sectoriales -que se encargan de planificar cuestiones como las infraestructuras, las zonas agroforestales, los parques eólicos...- completan, junto a los planes generales de los ayuntamientos, la compleja madeja de mecanismos legales que interactúan para que reine el orden entre las edificaciones.
En última instancia, Ávila alude a la conciencia medioambiental que se ha arraigado en la sociedad para argumentar este hecho: «Es cierto que hay mecanismos legales útiles, pero sin esa cultura no hubiese sido posible conseguir este orden».
* La Voz de Galicia - Manuel Blanco | Enviado especial - 2/12/2007
Foto: País Vasco, urbanismo - lavozdegalicia.es
