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ÁVILADIGITAL* : Varias organizaciones ecologistas han enviado un escrito al Servicio Territorial de Fomento de Ávila pidiendo su “urgente intervención” para que se paralicen las obras de la urbanización de Villanueva de Gómez con el objeto de “cumplir” con la resolución del Procurador del Común y para que la Administración ejerza sus competencias “irrenunciables”.
La asociación Centáurea, Gredos Verdes, Ecologistas en Acción, la Asociación en Defensa del Alberche y Comisiones Obreras indican en la carta que “la situación del espacio natural es catastrófica tras el asfaltado de los viales, sin que hasta el momento se conozca de ninguna iniciativa de la Junta”, y recuerdan que en el ejercicio de sus competencias el Procurador del Común instó la inmediata paralización de los trabajos “a la vista del absoluto desbarajuste legal en el que se encontraba el proyecto”.
Destacan que el Servicio Territorial de Fomento, conforme a la decisión de la Dirección General de Urbanismo y Política del Suelo, había sido instado para intervenir en el ejercicio de sus competencias, y para que “se adopten las correspondientes medidas de protección y restauración de la legalidad frente actos en ejecución”.
Sin cobertura legal
También indican que “los viales y los sistemas generales se encuentran en ejecución avanzada pese a carecer de legalidad urbanística y de los imprescindibles instrumentos de autorización”, ya que su ejecución “han supuesto la ocupación del bosque protegido por las normas municipales, sin la preceptiva autorización de uso excepcional de suelo rústico”, determinando las infraestructuras en una superficie de más de 800 hectáreas, incluidas dos enormes balsas o lagunas artificiales”.
En concreto, los sistemas generales de estas 800 hectáreas “no cuentan con ninguna cobertura legal, fueron incluidos en la Modificación Puntual número 6 de las Normas Subsidiarias, rechazada por la pluralidad de cuestiones que se fijan por la Consejería de Fomento”, que concluye fijando como pertinente el cauce procedimental del artículo 169.4 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.
Esto quiere decir, según la carta enviada a Fomento, que los trámites pertinentes “se incardinan en las competencias genuinas e irrenunciables del Servicio Territorial de Fomento de Ávila, sin que hasta el momento éste haya llegado a ejercitarlas en materia de protección y restauración de la legalidad, pese a su imperativo legal".
* Ávila Digital - 28/05/2008
Foto: Villanueva de Gómez (Ávila), urbanización sin concesión agua - U.Martín (El País)
Piden a Fomento la paralización de la urbanización de Villanueva de Gómez
La Fiscalía alerta de la sofisticación de la corrupción urbanística en Cádiz
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DIARIODECÁDIZ* : En la Memoria de 2006, el fiscal de Medio Ambiente de Cádiz, Ángel Núñez, llegaba a decir que no resultaba exagerado afirmar que la ordenación del territorio estaba "fuera de control" en la provincia. Un año después, la situación incluso parece haber empeorado, con una "sofisticación" de la corrupción urbanística.
Éste es el aspecto más llamativo del resumen de la Memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de 2007 que El País publicó en su edición de ayer.
Una memoria en la que, según el rotativo nacional, el fiscal coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo de toda España, Antonio Vercher, solicita al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que reforme el Código Penal para poder perseguir a los alcaldes que no reserven el 30% del suelo a VPO (Viviendas de Protección Oficial), como marca la Ley del Suelo de 2007.
Volviendo a la "sofisticación" detectada en la provincia gaditana, de modo textual la memoria, se apunta en el diario, recoge que "en Cádiz se ha observado un progresivo aumento del carácter organizado de las conductas delictivas vinculadas al urbanismo probablemente al amparo de la generalizada sensación de impunidad, y han aflorado conductas delictivas que por su carácter complejo y organizado van más allá de lo que hasta ahora eran los comportamientos delictivos detectados".
Porque, según ha podido comprobarse, la ilegalidad urbanística ya no consiste en la construcción particular de un chalé en terrenos clasificados como suelo no urbanizable, sino que se trata de grandes construcciones con aval de arquitectos, ayuntamientos, y entidades bancarias, entre otros.
La colaboración municipal sigue siendo una asignatura pendiente en buena parte de España y en especial en la provincia gaditana. La Memoria de este pasado ejercicio, pues, pone de nuevo en la picota, como ya hizo el pasado año, a los ayuntamientos gaditanos . Los comentarios al respecto que El País destaca no tienen desperdicio: En Cádiz "la actuación de las administraciones a quienes corresponde velar por la disciplina urbanística, fundamentalmente los ayuntamientos, no tiene lugar en la forma que sería de desear. Ya no sólo por la inaplicación generalizada de la demolición de las construcciones (...) sino como una palmaria dejación de las facultades de inspección previa, de sanción y de restablecimiento de la legalidad".
La Memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de 2007, que ocupa un total de 75 folio, destaca que en la totalidad del territorio español las condenas han pasado de 302 en 2006 (148 por urbanismo) a por lo menos 414 en 2007 (190 de ellas por urbanismo). Esto supone un aumento cercano al 40% en el que ha sido el segundo año de funcionamiento de la Fiscalía de medio Ambiente. Para próximos ejercicios ya se apunta a una segura disminución motivada por la crisis del sector de la construcción.
Cabe recordar que la Fiscalía de Medio Ambiente de Cádiz, cuya memoria del 2006 el fiscal general del Estado tildó de "magnífica", ha sido pionera en lograr sentencias de demolición de construcciones ilegales por parte de los juzgados gaditanos.
* Diario de Cádiz - 28.05.2008
Foto: Un agente del Seprona, precintando una vivienda en Tarifa/ diariodecadiz.es
Los ecologistas rechazan la legalización de viviendas con orden de derribo
EFE/Cantabria* : La asociación ecologista ARCA ha calificado hoy de 'llamamiento a la insumisión' el estudio que está realizando el Gobierno de Cantabria a instancias del Parlamento para determinar si puede legalizar parte de las 600 viviendas que han recibido una sentencia de derribo en los últimos años.
En declaraciones a Efe, el presidente de ARCA, Gonzalo Canales, ha criticado el anuncio realizado por el presidente regional, Miguel Angel Revilla, de que el Gobierno está estudiando la veintena de urbanizaciones condenadas a derribo que existen en la comunidad autónoma para comprobar cuáles de ellas podrían legalizarse, y ha advertido de que 'la solución no pasa por la legalización'.
Canales ha remarcado que, en caso de que finalmente se apueste por la legalización de las viviendas, ARCA -asociación que ha promovido la mayoría de recursos contra promociones ilegales-
llevará este asunto a los tribunales, porque 'es una burla'.
Este portavoz ha considerado 'lamentable' el anuncio del Ejecutivo, pues, a su juicio, representa 'un efecto de llamada a no cumplir la ley urbanística'. 'Es nefasto que se plantee siquiera como una posible solución', ha remachado.
Ha lamentado que los afectados por esta situación no son sólo los compradores de las viviendas sino 'todos los cántabros', que ven como el paisaje de la región 'se destruye'. 'No derribar sí afecta a todos los ciudadanos de Cantabria y va en contra del interés regional', ha apostillado.
Por su parte, el portavoz de la asociación que agrupa la mayoría de propietarios de viviendas con sentencia de demolición, AMA, Antonio Vilela, se ha congratulado por el anuncio de Revilla, que confirma que el Gobierno está trabajando para 'dar una solución global' a los afectados por las sentencias de derribo, ha afirmado.
Ha destacado a Efe que 'han pasado demasiados años' desde las primeras sentencias firmes de derribo en Cantabria (dictaminadas en la década de los noventa) y sin que el Gobierno 'asumiera su responsabilidad'.
'Es la hora de que se dé un paso al frente y se aporte una solución para todos', ha dicho Vilela, quien ha subrayado que éste 'es el mejor momento para ello', tras la resolución del Parlamento que ha instado al Ejecutivo a que elabore un plan para resolver los problemas de los afectados por las sentencias de derribo.
Vilela ha recalcado que AMA será 'respetuosa' hasta no conocer en detalle el plan del Gobierno regional, para que la Consejería de Obras Públicas y Urbanismo pueda trabajar 'sin la presión de nadie'.
'Lo importante es que las cosas se hagan bien y no una chapuza', ha remarcado este portavoz de los afectados, que ha enfatizado que 'lo que hay que intentar es que se haga el menor daño posible' y ha invitado a ARCA para que 'sea parte de la solución'.
* Terra Actualidad - EFE - 28.05.2008
Foto: Piélagos, Alto del Cuco - eldiariomontanes.es
Tu casa está en un bombo
ELPAÍS* : La demanda de vivienda protegida se ha disparado tras el boom inmobiliario y la oferta ni sueña con aproximarse a ella a corto plazo. Queda el sorteo, los nervios, la patética escena de miles de personas esperando la caída de una bola para averiguar su futuro. Tu mala suerte será mi suerte. Un sistema injusto y arbitrario, para muchos, que deja el derecho constitucional a una vivienda digna dentro de un simple bombo.
¿Es defendible un método que no tiene en cuenta tu destino posterior, tu futuro ascenso, mientras la pensionista que competía contigo no tendrá jamás opciones de prosperar?
Lorena Martínez, realizadora de televisión de 24 años, lleva más de tres años acudiendo a todos los sorteos de vivienda protegida de Barcelona. Nunca le ha tocado. Hace apenas diez meses le urgía porque debía abandonar el piso del Eixample donde vivía con su madre. "Nos lo subían de 675 a 900 euros, yo cobraba 1.100 limpios y mi madre estaba en el paro. Y no encontrábamos nada decente por menos de ese precio", explica. Logró que le subieran el sueldo, y ahora percibe 22.800 euros anuales. "Me paso por poco para recibir las ayudas a la emancipación, y me irían muy bien", se queja.
El bombo nunca ha sacado su número. Un sistema que muchos expertos consideran injusto y que algunas ciudades ya han decidido cambiar. Sólo las diez principales ciudades españolas, donde la demanda es más acuciante, suman más de 240.000 personas en los registros de solicitantes, 30.000 más que hace un año, según los cálculos realizados por EL PAÍS a partir de las informaciones suministradas por los ayuntamientos.
Y la demanda generada por el boom inmobiliario, que colocó los precios a niveles prohibitivos, no se absorberá a medio plazo, a juzgar por los planes de los ayuntamientos. En general, estos programas fijan un plazo hasta 2012 -salvo Valencia, donde es a diez años-, y suponen la puesta en marcha de 119.771 Viviendas de Protección Pública (VPP). Es decir, los pisos previstos no llegan a cubrir la mitad de las solicitudes. A ello se añade que en casi todos los casos, el ciudadano no puede acudir a otra localidad vecina porque la mayoría de las ciudades de las áreas metropolitanas se blindan exigiendo, al menos, más de cinco años de empadronamiento.
La ciudad con mayor demanda de vivienda pública es Barcelona. La secretaría de Vivienda de la Generalitat calcula que alrededor de 65.000 personas requieren vivienda social. En el último sorteo multitudinario se presentaron casi 55.000 solicitantes para 1.500 pisos. Se cubrió el 2,8% de la demanda. En Sevilla, recientemente se realizó un concurso al que acudieron unas 90.000 personas, mientras que Málaga, Madrid y Valencia tienen más de 20.000 ciudadanos esperando. Aun así, ninguna ciudad se ha librado de sorteos multitudinarios.
Las tres últimas ciudades, no obstante, lo tienen más fácil para construir vivienda pública. Su modelo para construir vivienda protegida se basa en las reservas de suelo de los nuevos desarrollos. A Barcelona o Bilbao apenas les queda ya suelo para crecer, por lo que deben enfocar sus políticas a edificar en alquiler o aprovechar las remodelaciones de barrios.
Sin embargo, los registros no recogen necesariamente a todo aquel que requiere una VPP. "No siempre son indicativos. Depende de que se haya hecho publicidad de su existencia. En caso contrario, quedan fuera del sorteo quienes menos posibilidades tienen de acceder a esta información o bien de saber cómo reunir toda la documentación necesaria. Y ésta suele ser la gente más humilde", asegura el economista y ex secretario catalán de Vivienda, Ricard Fernández.
La forma tradicional y mayoritaria para adjudicar una VPP en España es a través de sorteo, que mete en el mismo bombo a quien más lo necesita y a quien, en cambio, podría obtener recursos ajenos (financiación familiar, por ejemplo) para pagar su casa. David Hernández es un directivo de un gran banco internacional que prefiere no identificarse por su nombre, porque entiende que su "situación" es "bastante absurda" y le da "cierta vergüenza pregonarlo". Con un sueldo que hoy es "muy generoso", desde hace unos 15 años reside en una vivienda de protección de Vallecas. "Era joven, terminaba de estudiar, me presenté y me tocó. Entonces no ingresaba lo que ahora", explica.
El catedrático de Política Económica de la Universidad de Barcelona Antón Costas abrió el debate sobre la eficacia de los sorteos y la vivienda de protección de compra tras un estudio de las necesidades de vivienda en la ciudad. Costas puso entonces un ejemplo: "Imaginemos que tenemos un joven A y otro B. Le toca por sorteo una vivienda de propiedad al A, y al cabo de cinco años es directivo, mientras que el B se halla en la misma situación. Mal lo habremos hecho en términos de equidad". Por ello, Costas apuesta por crear un parque de VPP en alquiler, en el que resida quien lo necesite si cumple las condiciones fijadas.
En el conjunto de España, en general, la VPP cuesta alrededor del 50% de lo que vale en el mercado libre. En las grandes ciudades, como Madrid o Barcelona, lo rebasa. Aun así, una diferencia nada desdeñable. "Todo el mundo se apunta a la lotería. Pero es profundamente injusto conceder un derecho constitucional por sorteo. Sobre todo cuando los únicos medios para contrastar cuál es la necesidad es la declaración de la renta", sostiene el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pompeu Fabra, José García-Montalvo.
Algunos ayuntamientos ya han empezado a cambiar su sistema de adjudicación para ajustarse más a las necesidades de la población. El concejal de Vivienda de Palma de Mallorca, José Manuel Gómez, explica que el consistorio ha realizado un primer filtro con sus demandantes. "Separamos a la gente mayor, los jóvenes, la que tiene necesidades específicas, los que trabajan en la ciudad... Luego realizamos un sorteo por cajones, es decir, por colectivos", asegura. También Barcelona, que recurría a los sorteos masivos, elabora un registro similar, en el que quede clara la situación personal de cada demandante.
Sin embargo, el economista y gerente de la Universidad de Alcalá de Henares, Julio Rodríguez, defiende los sorteos para poder "racionar" la vivienda. "Hay un sistema por puntos, en el que se valoran las circunstancias de cada solicitud. Pero prefiero el sorteo a dejar la decisión en oscuras manos de funcionarios. Es muy arbitrario, pero es una forma de gestionar el exceso de demanda que hay en España", asegura Rodríguez. Aun así, el economista puntualiza que las administraciones deberían tener un registro para controlar si cambia la situación de cada adjudicatario.
Ricard Fernández, que antes de ser secretario de Vivienda de la Generalitat estuvo en el Ayuntamiento de Barcelona, sostiene que la experiencia le demuestra que "lo más social acaba siendo antisocial". Fernández afirma que si se priorizan las rentas a menudo se acaba por llegar a excluir a parejas trabajadoras y favorecer, por ejemplo, a estudiantes que todavía tienen mucho recorrido económico y social. "El chaval de 25 años que es mecánico igual cobra más que el que tiene la misma edad y está estudiando. Y acabas por penalizar al mecánico porque está casado y percibe más. Pero es que quienes no estudian se casan y forman familia antes, en la mayoría de ocasiones", dice.
Las grandes ciudades coinciden, no obstante, en que la política de vivienda no debería ser sólo municipal, sino metropolitana. El gerente de la Empresa Municipal de Vivienda de Sevilla, Juan Carlos León, explica que la ciudad exige dos años de empadronamiento o bien tres de trabajo para acceder a una vivienda pública. El criterio es semejante en Barcelona: dos años para el alquiler y cinco para la compra. El delegado de Vivienda de la capital catalana, Antoni Sorolla, también opina que "la vivienda debe entenderse en el ámbito metropolitano, como ya se hace con el transporte o la gestión de residuos, por ejemplo".
La exigencia de los años de empadronamiento que imponen varios ayuntamientos explica también que los registros municipales de solicitantes no sean todavía más abultados. "Hay localidades que piden 10 años de residencia, lo cual deja sin acceso a inmigrantes", recuerda Fernández. Pero en plena crisis crediticia no es un problema inminente, puesto que muchos saltan de la lista. El concejal de Palma de Mallorca, por ejemplo, explica que en una de las últimas promociones de VPP entregadas la mitad de los adjudicatarios renunciaron. El banco no les financió la compra. Y los expertos consultados temen que ello cree la ilusión pasajera de que la demanda está disminuyendo con la corrección del mercado.
Demasiada ilusión en un contexto de necesidad creciente ante la crisis que ya ha estallado.
* ELPAIS.com - LLUÍS PELLICER 29/05/2008
Foto: Sorteo multitudinario de casas de protección oficial - elpais.com
Acusan al alcalde de Benissa de ocultar un informe para permitir construir en el Pou d´Avall
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LEVANTE/Alacant* : El Col·lectiu El Runar de Benissa, "ante la negativa absurda y continuada del equipo de gobierno del ayuntamiento de negarse a buscar soluciones justas para preservar el entorno del Pou d'Avall" difundió ayer el informe técnico de la excavación realizada en la zona por el propio ayuntamiento, que constata la "especial singularidad" del conjunto hídrico y su valor "arquitectónico, etnológico, arqueológico, hidráulico como también simbólico".
Un informe que, opina El Runar, "contradice firmemente las actitudes y declaraciones realizadas por el alcalde -Juan Bautista Roselló- y ha sido intencionadamente ocultado a la opinión pública hasta el punto de que desde la Concejalía de Urbanismo siguen denegando a este colectivo consultar y ver el informe de excavación".
Parte del conjunto hídrico sigue amenazado a día de hoy, pese a lo que afirma el informe, de construcción. El ayuntamiento ha aprobado y adjudicado el proyecto para su urbanización, haciendo caso omiso de las demandas de protección del Pou d'Avall. En el pasado mes de abril, el ayuntamiento rechazó en el pleno una moción de CIBE-Bloc que pedía la modificación del Plan General para declarar zona verde todo el conjunto hídrico "con la finalidad de crear un parque o jardín arqueológico representativo de la historia y la cultura del agua en nuestro pueblo".
La propuesta se quedó sobre la mesa y el alcalde, Juan Bautista Roselló (PP), señaló que los terrenos seguirían siendo "una zona de solares para la construcción de edificios" salvo que diga lo contrario la Conselleria de Cultura, porque así lo delimita el PGOU que, cuando se redactó, "nadie sabía que allí estaba el Pou d'Avall".
Pero ahora sí se sabe, gracias al informe que ha sido redactado por dos arqueólogos contratados por el ayuntamiento. Los trabajos se llevaron a cabo desde octubre hasta mediados de febrero, por medio de un proyecto de excavación de urgencia de acuerdo con la ley de Patrimonio Cultural Valenciano, que determina, recuerda El Runar, que "si en las excavaciones aparecen restos o indicios arqueológicos , el promotor, el constructor y el técnico director de las obras estarán obligados a suspender automáticamente los trabajos".
El estudio arqueológico afirma que con los trabajos se ha "exhumado una densa trama hidráulica, formada por los diferentes elementos hidráulicos que conforman toda la banda occidental del conjunto conocido como Pou d'Avall, y que hasta la actualidad se encontraban totalmente cubiertos y dejados en el olvido". En cuanto a la cronología del conjunto, se ha permtitido datar su existencia en el siglo XVI, aunque el mismo informe advierte de que "puede ser más antiguo". "La ocupación de este espacio por parte del hombre y la utilización continuada a lo largo de los tiempos con las respectivas reformas, explicaría la inexistencia de vestigios arqueológicos anteriores al siglo XVI", señala el documento.
En sus conclusiones, el informe de excavación no deja lugar a las dudas sobre la relevancia del Pou d'Avall: "Este conjunto hidráulico reviste especial singularidad por el excelente estado de conservación de todos sus elementos, así como por su pleno funcionamiento de todo el conjunto".
"Parte de la identidad cultural"
Asimismo, el dictamen técnico indica que el conjunto también tiene una "cierta relevancia" a nivel patrimonial, "tanto desde el punto de vista arquitectónico, etnológico, arqueológico, hidráulico como también simbólico, ya que forma parte del ideario popular de los benisseros, y queda como testimonio de unos modos de vida, recoge experiencias, sensaciones, hoy en día olvidadas pero pertenecientes a un pasado reciente, y que en definitiva se convierten en parte de nuestra identidad cultural".
* Levante-EMV - S. García, Benissa - 29.05.2008
Foto: digno de protección. El informe arqueológico resalta el valor del conjunto hídrico del Pou d'Avall/ levante de alacant
Medio millón de caución para paralizar las obras de la 'carretera de los pantanos'
ELPAÍS/Madrid* : Ecologistas en Acción ha conseguido una victoria a medias en su cruzada contra las obras de desdoblamiento de la carretera de los pantanos. El Tribunal Superior de Justicia ha fallado en un auto fechado el pasado 22 de mayo que el Gobierno regional debe "paralizar inmediatamente" las obras en ejecución provisional de una sentencia del mismo tribunal del 14 de febrero, que aún no es firme.
Pero también exige a la organización ecologista que abone casi medio millón de euros para llevarla a cabo. No es la primera vez. Ya recibieron la obligación de pagar una caución con los vertidos de Doñana o con la presa de Itoiz. Al no poder reunir el dinero, las obras continuaron. Tanto la Consejería de Transportes como Ecologistas en Acción anunciaron recursos, aunque por diferentes motivos. La primera porque no está de acuerdo con el fallo y cree que el importe establecido es "ridículo", según el consejero de Transportes, Manuel Lamela.
"Argumentaremos el interés en la defensa del medio ambiente y la falta de medios económicos, entre otras cosas", explicó Ángeles Nieto, portavoz de Ecologistas en Acción. Rechazan el pago de la caución, pero están satisfechos "porque el auto reitera lo que ya decía la sentencia y desestima, con argumentos muy duros para la Comunidad de Madrid, la justificación que daba de no parar las obras".
Según el auto, el Gobierno regional alega que ha procedido "espontáneamente" a cumplir el fallo anterior. "Si tal cosa hubiera ocurrido, la Administración habría procedido a desmantelar la nueva infraestructura o a detener su ejecución", puntualiza el tribunal. También considera que no bastaba con comunicar a la Comisión Europea su intención de subsanar el defecto de forma imputado: la falta de declaración de impacto ambiental.
Sin embargo, Lamela rebatió ayer el dictamen del tribunal, porque considera que si las obras han continuado es porque el mismo tribunal "se ha pronunciado ya varias veces en contra de la paralización". El consejero aseguró que las obras están a punto de terminar -"entre agosto y septiembre"- y consideró absurdo suspenderlas.
La oposición (PSOE e IU) también se felicitó ayer del auto. La portavoz de IU, Inés Sabanés, lo calificó de "varapalo a Aguirre", pidió a ésta que lo acate y afirmó que "pone en evidencia que actúa al margen de la ley, saltándose la normativa medioambiental". El diputado socialista Modesto Nolla recordó que, según el tribunal, la obra es ilegal y reprochó a Aguirre que se "resista a dar cumplimiento a la sentencia".
* ELPAIS.com - S. A. - Madrid - 29/05/2008
Foto: Un tramo en obras de la carretera de los pantanos.- Santi Burgos, elpais.com
Mallorca al desnudo
MATÍAS VALLÉS* : Es difícil leer de un tirón la sentencia del caso Andratx en Mallorca, esa isla de "suelo ya sobreexplotado" cartografiada en el texto jurídico. La condena al galope de la barbarie urbanística obliga a reposar la lectura, a fin de recobrar el aliento y el sosiego. La "espléndida vivienda unifamiliar" -por dos veces-, erigida como memorial a la impunidad de Eugenio Hidalgo, se desploma para que sus escombros cubran con un manto de vergüenza a los mallorquines que han mutilado un entorno privilegiado.
Sí, los mallorquines. Massot, que tanto amaba Andratx, Gibert, Mir, linajes irreprochablemente autóctonos.
El alcalde del PP destruye un espacio natural con su "chalet", merced a la colaboración entusiasta del director general de Ordenación del Territorio del Govern Matas, del celador municipal, del asesor jurídico del municipio -hasta aquí, todos condenados- y la inexplicable aquiescencia del grueso del funcionariado. Aunque el tribunal no se extiende más allá de las imputaciones, no relata un solo ejemplo de oposición a la barbarie desde la rectitud burocrática. La sentencia es un catálogo de la obediencia indebida. Hidalgo estuvo perfectamente asesorado en la comisión del delito. En ese sentido, cometió el crimen perfecto. Sólo fracasó porque los conjurados subestimaron el asco ciudadano, resumido en el fallo.
¿Por qué necesitaba Hidalgo que su gallinero con "dos antenas parabólicas" estuviera en las inmediaciones de la casa consistorial? Por la misma razón que ubica al palacete en los aledaños del Consolat. No hay nada que esconder, el poder para quien lo exhibe. Una vez doblegadas las voluntades que precisaba para su "espléndida vivienda", el alcalde de Andratx pasó de amparado a amparador en el resto de la trama. La política urbanística de quien acaba de violentar la normativa en el vecindario, sólo puede tener un sentido.
La cárcel no es una realidad periodística. Desde ese daltonismo, la sentencia de la Audiencia supera en importancia a la eventual reválida del Supremo, porque está pegada al terreno -"constatada la realidad cotidiana en la isla de Mallorca"-. De ahí que se especifique que la protección penal "en el caso de Mallorca resulta reforzada, por las especiales condiciones que reúne el territorio". Si los políticos se hubieran manejado con un átomo de esa sensibilidad, no lamentaríamos los paraísos perdidos.
En su relato de lo acontecido, la sentencia ha renunciado a la reinterpretación de cualquier dato en favor del PP -doctrina habitual en el Tribunal Superior-, para narrar los hechos tal como sucedieron. Dicho de otra forma, no hay un solo andritxol a quien sorprenda el compañerismo entre Hidalgo, Massot, Gibert, Mir et alii. Tampoco renuncia la Audiencia a escandalizarse de las pretensiones de "una amnistía urbanística de hecho", por el procedimiento de ir perdonando por inevitables las sucesivas aportaciones de cemento, retirando arbitrariamente los suelos respectivos del catálogo de Espacios Naturales. Todo ello, una vez que el alcalde haya comprado el solar a precio irrisorio. Hasta hoy, ese comportamiento ha sido intachable.
La Audiencia de Palma se ha adelantado en su fallo a la jungla de Marbella, con lo cual dicta una sentencia con valor pionero. El tribunal no se tomó en serio a quienes no lo tomaron en serio, y se aproxima a la ironía al destacar que el expediente urbanístico saqueado "salió íntegro del despacho profesional de Rafael Perera, adonde nunca debió trasladarse".
La demolición del suntuoso gallinero es más importante que la cárcel. Aunque la imagen bordee la condena a trabajos forzosos, un contingente sustancial de mallorquines desearía contemplar a Hidalgo y compañía derribando en persona la mansión agropecuaria. Para garantizarse que la restitución al estado original se consume, y "a la vista de que los expedientes de demolición en vía administrativa están condenados al fracaso", se anuncia una vigilancia estricta para la demolición "a sus expensas y en el plazo que marque este tribunal".
Hidalgo no es una variedad autóctona, de la que debiera enorgullecerse la corrupción nacionalista. Los personajes a quienes "los intereses colectivos no preocuparon lo más mínimo, siendo su personal y particular satisfacción la que guió su conducta" proliferan en todo el planeta, aunque sólo en Mallorca perfeccionan sus artimañas entre la indiferencia ambiental.
¿Qué ha cambiado, en la Mallorca desnudada por la sentencia del caso Andratx? Los jueces y dos fiscales. Andan mohínos los apellidos de alta cuna y de baja cama, tras un año rezongando contra la fiscalía anticorrupción -por aplicar la evidencia de que los más corruptos son necesariamente quienes más se han enriquecido-. Siguen apelando al honor, la única virtud que todavía no han vendido. Ni siquiera pueden ampararse en la "ignorancia inexcusable", que es el refugio del asesor jurídico del ayuntamiento de Andratx en la sentencia. Pese a la irritación, la casta de brahmines no organizará una demolición solidaria.
* Diario de Mallorca - Palma - 27 de mayo de 2008
