ELMUNDO/Málaga* : Muammar Gadafi sigue empeñado en construir 1.915 casas, campo de golf y palacio de congresos en la finca La Resinera, en Benahavís, el término municipal por encima de Marbella en el que se concentra buena parte de las mansiones de la Costa del Sol. Intentó tramitar hace un par de años el plan parcial en el Ayuntamiento, gobernado por el PP, que informó desfavorablemente, y ahora se aferra a la posibilidad de que sea la Junta quien lo autorice mediante la figura de «campo de golf de interés turístico especial», única excepción que permite llevar casas adosadas. Las 1.915 viviendas propuestas superan en mucho lo que la Junta de Andalucía está dispuesta a autorizar en todo el municipio, que aún no ha aprobado su PGOU. De hecho, la urbanización tendría la densidad más alta de la localidad.
El proyecto llegó hace unos días al Consistorio de Benahavís, informó el martes el diario 'Málaga Hoy', y según el decreto del BOJA, ahora Obras Públicas y Medio Ambiente tendrán dos meses para pronunciarse. Luego, tendrá que estar un mes en exposición pública.
Esta figura excepcional, que se aprobó después de arduas negociaciones entre los promotores y la administración autonómica, es el último cartucho que pueden quemar Gadafi y sus representantes en España, que, según las fuentes consultadas, siguen siendo el abogado Ignacio Pérez de Vargas, con despacho en Estepona, y el arquitecto y urbanista José Seguí, que firma el proyecto que ha llegado desde la consejería de Turismo al Ayuntamiento en un CD; los mismos que ya intentaron que el Consistorio aprobara un plan con 1.900 viviendas en junio de 2008, como ya publicó EL MUNDO, y los mismos que, poco tiempo antes de la operación 'Astapa' de Estepona, presentaron con el ex alcalde Antonio Barrientos el proyecto de hacer el mayor centro comercial del país.
Por sorpresa
Según fuentes municipales, este nuevo proyecto les ha pillado por sorpresa ya que, precisamente el Ayuntamiento, que presentó el nuevo PGOU a la Junta en noviembre, está en negociaciones con la administración para que les autorice un crecimiento de 937 viviendas. Esto es algo que, a priori, Sevilla no quiere porque, según la interpretación que hace Obras Públicas, vulnera el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA).
La nueva estrategia de los hombres de Gadafi pasa por sortear este plan y se resume en el artículo 6 del decreto: «El Plan de Ordenación del Territorio de ámbito subregional que prevea la implantación de campos de interés turístico o, en ausencia de dicha previsión, el acuerdo de Consejo de Gobierno que apruebe la declaración de interés turístico de un campo de golf, podrán modular los criterios de crecimiento establecidos en la norma 45.4 del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, en función de las circunstancias de índole territorial que concurran».
De hecho, fueron precisamente estas limitaciones las que obligaron a informar desfavorablemente en su momento al plan que ahora vuelve a presentarse: «De aprobarlo, no es que nos dejara sin viviendas nuevas en el resto de suelo, es que nos obligaría a desclasificar suelo de otros propietarios, con las consiguientes indemnizaciones millonarias», afirman fuentes del Ayuntamiento.
Además del número de viviendas, según las fuentes, iría un desarrollo hotelero, un palacio de congresos y las viviendas de protección oficial a las que obliga la Junta en cualquier plan parcial nuevo. «Hay casas de mucha tipología, unifamiliares pero también en pueblo mediterráneo, algo que no se contempla en el resto del término municipal, con una densidad muy baja ya que van unifamiliares aislados», muy acorde con un municipio donde existen urbanizaciones de superlujo como La Zagaleta y El Madroñal.
Lybian Foreign Bank
En principio, la finca de La Resinera está a nombre del Lybian Foreign Bank pero, según las fuentes consultadas, es exactamente lo mismo que si fuera del hoy cuestionado líder libio, lo que quiere decir que, en el caso de un cambio de gobierno, el mayor latifundio de la Costa del Sol, de unas 7.000 hectáreas, seguiría en manos de Gadafi.
La Resinera se recalificó en los años 80 ante la posibilidad de que fuera la sede de Eurodisney, que finalmente se quedó en París. Durante muchos años no se supo de los planes de los nuevos dueños de la finca. De hecho, según publicó ya este periódico, cuando Seguí redactaba el Plan de Ordenación de la Costa del Sol Occidental, los técnicos de la Junta le aconsejaron que desclasificara suelos como La Resinera, con zonas incluidas como de Lugar de Interés Comunitario, que llevaban años sin desarrollarse. El urbanista no hizo caso pero en el plan se introdujo esa recomendación que, a la vista de lo acontecido, él mismo se saltó.
Las fuentes consultadas creen que sería un agravio comparativo que se apruebe el plan especial al líder libio y que la Junta esté poniendo tantas pegas a las previsiones de crecimiento del Ayuntamiento. En concreto, hablan de los sectores de Montemayor y La Quinta, con planes parciales presentados antes que La Resinera, y donde se han abierto ya viales. La mayor discusión entre el Consistorio y la Junta sigue estando en la limitación de crecimiento de un 30% en la población del municipio que establece el POTA para los nuevos PGOU. El Ayuntamiento lleva años intentando convencer a la Junta de que acepte como real la población que paga IBI y no la censada, mucho menor.
* El Mundo - http://www.elmundo.es/elmundo/2011/02/24/andalucia_malaga/1298577590.html">* El Mundo - 25.02.11
Foto: Benahavís (Málaga) - portalmalaga.com
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QUÉ/Madrid* : IU critica que un operador privado y sin un centímetro de suelo en el ámbito consiga plusvalías por valor de 3.000 millones de euros. El Pleno de la Casa de la Villa ha aprobado este viernes --con los votos a favor de PP y PSOE y la oposición de IU-- el Plan Parcial de la Prolongación de la Castellana, que supondrá la generación de 88.000 empleos y 7.200 millones de euros de valor añadido en 2022, como ha detallado la delegada de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, Pilar Martínez. De este modo se desbloqueaba la conocida en su origen como 'Operación Chamartín' tras 20 años desde su inicio y todo gracias a lo que el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, ha definido como el "acuerdo más importante" al suponer "la modificación del futuro de los madrileños en el sentido de hacer la gran capital soñada".
Martínez ha aprovechado su intervención para explicar por qué una operación de estas dimensiones ha estado parada durante dos décadas. En su opinión, todo se debe a un "error inicial de diseño" del que ha acusado indirectamente al equipo del entonces ministro de Fomento, el socialista Josep Borrel.
Y es que el plan se diseñó "como una operación ferroviaria, no como una operación de ciudad". A eso se sumó que se trasladó a las administraciones "el grueso de los costes de las infraestructuras y no, como es justo, a los propietarios del suelo", al tiempo que se introdujo un operador privado (DUCH, integrado por el BBVA y la constructora San José) "como actor relevante en la negociación".
"Y finalmente se llevó a cabo la negociación sin hacer públicas unas cuentas que pusieran negro sobre blanco quién ganaba qué y quién perdía con la operación Chamartín", ha subrayado la edil después de indicar que las soluciones han llegado en esta legislatura por medio de "una visión más amplia de las oportunidades que encierra el ámbito".
LA NUEVA CITY DE MADRID
El objetivo es crear "la nueva City de Madrid", según Martínez, un nuevo distrito económico y de actividades terciarias que incrementarán la capacidad económica y competitiva de la ciudad, además de un cambio en la especialización productiva.
La delegada ha revelado que el impacto a corto y medio plazo en la economía supondrá una inversión de 11.100 millones de euros, 690 millones de euros en el PIB de la capital y 1.584 en el nacional así como 20.000 puestos de trabajo sólo durante el proceso de urbanización y edificación. A largo plazo los impactos serán mayores ya que, cuando esté concluido, se incorporarán 88.000 trabajadores al ámbito y se generará un valor añadido bruto de 7.236 millones en 2022.
Por otro lado, el nuevo convenio "reasigna" las cargas infraestructurales a los propietarios del suelo "ahorrando más de 450 millones a las administraciones", ha detallado la concejala, que ha apuntado que también se cubrirá la M-30 (sin referirse al by-pass norte), concretamente entre el Hospital de Paz hasta la carretera de Burgos.
Para hacer frente a las críticas de IU, Pilar Martínez ha asegurado que el patrimonio municipal no sólo no se reduce sino que se "refuerza", de modo que la valoración de la posición patrimonial del Ayuntamiento es de 1.018 millones de euros. Asimismo se mejora la ubicación de los equipamientos públicos y zonas verdes, se integra mejor el transporte público y se incorpora una red de carriles bici, entre otras cuestiones.
Por su parte, el portavoz socialista, David Lucas, ha señalado que con este Plan se eliminarán las barreras de la zona generando una mayor competitividad para la ciudad, sin olvidar el trabajo conjunto hecho con la Administración central. Sí que ha planteado dudas sobre qué pasará con el by-pass norte, un túnel que ha tenido un gran rechazo por los vecinos de Monforte de Lemos, al tiempo que ha planteado que la Colonia de la EMT debería haber sido integrada en el ámbito para su mayor protección.
CRÍTICAS DE IU
Los únicos reproches han venido de la mano del portavoz de IU, Ángel Pérez, que le ha dado una "lectura política" crítica al hecho de que unos 3.000 millones de euros en plusvalías irán a manos privadas. "El BBVA gana 3.000 millones sin tener un centímetro de suelo en el ámbito. Cuando pedimos que ayuden a las gentes que duermen en los bancos no nos referimos a esos bancos", ha ironizado el concejal.
Ya a finales de 2009, cuando las tres administraciones reactivaron la operación el 23 de diciembre de ese año, el portavoz municipal de IU y candidato a la Alcaldía, Ángel Pérez, tildaba de "escándalo" esta "forma de esquilmar el patrimonio público", una opinión que ha mantenido al salir de la comisión de Urbanismo.
La coalición de izquierdas recuerda que la venta de suelo superaría los 10.000 millones de euros y que de ese total habría que restar algo más de 3.000 destinados a las infraestructuras. De los 7.000 restantes la proporción, en función de la cantidad de suelo aportado, sería la siguiente: 4.429 millones de euros para el Ministerio de Fomento por su 62,9 por ciento, 1.383 millones para los propietarios privados, 829 millones para el Ayuntamiento y 397 millones para la Comunidad de Madrid por los terrenos ocupados por el Canal de Isabel II.
"Según el acuerdo, de los más de 4.000 millones de Fomento habría que descontar 1.200 en concepto de canon que Duch pagaría a la Administración Central y los 3.000 restantes serían el resultante final de semejante pelotazo. Esto es, siendo benévolo, una primada o, siéndolo menos, todo un desfalco al patrimonio público", han criticado.
Desde la coalición de izquierdas han defendido que el proyecto debe ser para mejora la zona norte de la ciudad "y la cuenta de resultados de las empresas" para, a renglón seguido, preguntarse "si alguien ha valorado si en la actual coyuntura del sector inmobiliario son necesarias 10.000 viviendas más cuando hay casi 200.000 vacías y están pendientes los nuevos desarrollos que no se desarrollan y la operación de la fábrica de Mahou y del entorno del Calderón".
La 'operación Chamartín' supondrá la construcción de más de 16.000 viviendas en el norte de la capital, de las que 4.000 serán protegidas, y la modernización del norte de Madrid capital. Tras quince años de negociaciones infructuosas, la operación conseguía desbloquearse a través de un proceso en el que se invertirán un total de 10.953 millones de euros procedentes de los beneficios de la propia operación.
En concreto, 1.800 millones irán a urbanización e infraestructuras, mientras que 5.650 millones serán para edificios lucrativos, otros 1.100 irán destinados a dotaciones públicas y los 2.400 millones restantes se destinarán al by-pass norte, a la remodelación de Chamartín y a otras actuaciones ferroviarias del Ministerio y el Ayuntamiento.
Así, el proyecto generará 20.000 puestos de trabajo durante los doce años que se prevé dure su ejecución. Una vez finalizada la operación, se crearán 68.000 empleos estables en las oficinas y otros equipamientos terciarios que se abran en el nuevo ámbito, como hoteles, superficies comerciales y equipamientos privados.
Además, contará con una nueva línea de Metro que discurrirá subterránea a lo largo de la prolongación del actual Paseo de la Castellana. Esta línea partirá desde la estación de Chamartín en dirección norte y contará al menos con cuatro paradas a lo largo de este eje.
Con este proyecto, el Paseo de la Castellana llegará a cruzarse con las carreteras de circunvalación M-30 y la M-40, para lo cual se ha previsto la construcción de enlaces adecuados que faciliten la circulación. Así, se crearán el Nudo Norte con la M-30 y el Nudo Fuencarral con la M-40.
Para garantizar la fluidez del tráfico y una correcta comunicación entre los barrios situados a ambos lados de la futura prolongación del Paseo de la Castellana, el proyecto ha incluido la creación de cinco grandes avenidas transversales, una de ellas subterránea, que se repartirán regularmente a lo largo de toda la vía.
* Qué - EP. - 25.02.11
Foto: Madrid. operación Chamartín - que
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ELDIARIOMONTAÑÉS/Cantabria* : El Tribunal Supremo (TS) ha vuelto a pronunciarse a favor de las tesis de Arca y en contra de los procedimientos seguidos por el Gobierno de Cantabria y por los ayuntamientos de la región. Esta vez le echa para atrás a Polanco los documentos de planeamiento urbanístico. Una sentencia del Alto Tribunal declara nulas las normas subsidiarias de este municipio, que fueron aprobadas en 2002 y retrotrae la legalidad urbanística a la década de los ochenta. La resolución, de la que ayer informó la agencia Efe, considera que al revisarse las normas urbanísticas se introdujeron cambios sustanciales en el planeamiento sin someterlos al trámite de exposición pública y, por tanto, sin permitir que los ciudadanos pudieran presentar alegaciones. El Supremo ratifica así, en todos sus términos, la sentencia dictada en el año 2005 por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), cuyo contenido recurrieron tanto el Ayuntamiento de Polanco como el Gobierno de Cantabria.
Sobre el fondo del asunto no se pronunciaron ayer ni el consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo, José María Mazón, ni el alcalde de Polanco, Julio Cabrero (PP), a la espera de una valoración más profunda del documento. José María Mazón advirtió que mañana, lunes, mantendrá una reunión con los técnicos de su departamento para analizar las consecuencias de la resolución judicial, en tanto que Julio Cabrero anunció la convocatoria de los miembros de la Junta de Portavoces para esta misma semana, con idéntica finalidad. Las normas subsidiarias ahora anuladas no fueron aprobadas bajo su mandato -en el año 2002 no era el alcalde-, pero cuando se produjo el primer fallo judicial desfavorable, en 2005, todos los grupos políticos municipales decidieron de común acuerdo presentar el recurso de apelación que ahora ha sido desestimado por el Tribunal Supremo.
En todo caso, la sentencia supone un nuevo varapalo hacia los procedimientos seguidos hasta ahora para la aprobación de los documentos de planeamiento urbanístico, cuya supervisión gestiona la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu). Desde que en el año 2001 entró en vigor la Ley del Suelo de Cantabria, sólo cuatro ayuntamientos de la región han sido capaces de completar todos los trámites que conducen a la aprobación de un PGOU: Argoños, Potes, Santillana del Mar y Comillas. Pero, más allá de este hecho, sorprende también que muchas de esas normativas terminan normalmente en los tribunales y a menudo estos resuelven en contra de ellas, lo que ha creado una situación de inseguridad e incertidumbre jurídica que a nadie se le pasa por alto, ni en los ámbitos profesionales ni tampoco en los políticos.
Cambios sustanciales
Según el Tribunal Supremo, el hecho de que, una vez aprobado inicialmente, se introdujeran cambios sustanciales en el planeamiento sin someterlos de nuevo al trámite de información pública justifica la anulación de las normas subsidiarias de Polanco y la vuelta a la legalidad urbanística vigente en la década de los ochenta, es decir, antes de la revisión aprobada en el año 2002. «Lejos de tratarse de variaciones nimias o de mero cambio de nomenclatura -como aducían las administraciones- los cambios introducidos durante la tramitación afectan a clasificaciones de suelo, sus categorías y usos, afectan a la ordenación de núcleos urbanos y comportan, en fin, la reclasificación de importantes ámbitos de suelo municipal», sostiene el Tribunal Supremo en la sentencia.
El Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Polanco habían alegado en su recurso que la prueba pericial practicada no acreditaba que las modificaciones fueran sustanciales y que, por ello, las conclusiones a las que llegaron los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC eran el resultado de una valoración «irracional, arbitraria o ilógica de la prueba practicada».
Queda «enteramente justificada» la conclusión del TSJC de que esas modificaciones tienen una «fuerte incidencia» en el modelo territorial global elegido y que, al no reiterar el trámite de exposición pública, tras esos cambios, se está «hurtando a los ciudadanos la posibilidad de contemplar el nuevo modelo urbanístico dibujado en el planeamiento», sostiene ahora el Supremo.
Además, advierte de que nada permite afirmar que esas conclusiones sean el resultado «de una valoración irracional, arbitraria o ilógica de la prueba practicada» ya que, «muy por el contrario», esas apreciaciones «encuentran sólido respaldo en la prueba pericial, de la que se ofrece una cumplida reseña».
Igualmente, el Alto Tribunal rechaza otro de los argumentos esgrimidos por los recurrentes, quienes consideraron que, en el proceso de instancia, Arca se refería de forma «específica y exclusiva» a las modificaciones introducidas ante la aprobación inicial. «La mera lectura de la demanda permite constatar que se hace allí referencia a cambios de clasificación u otras alteraciones introducidas con posterioridad al trámite de información pública. En modo alguno cabe afirmar que el debate quedara circunscrito a los cambios introducidos en el momento de la aprobación provisional», falla el Supremo.
Nuevo Plan General
La sentencia que anula las normas subsidiarias de Polanco obliga al Ayuntamiento y a la Crotu a acelerar la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), del que se han completado trámites esenciales como la presentación del avance, la aprobación inicial y dos exposiciones públicas.
Según el alcalde, es la Crotu quien debe mover ficha ahora y remitir la memoria ambiental, lo que permitiría al Ayuntamiento de Polanco proceder a su aprobación provisional y remitirlo de nuevo a la Crotu para que esta acuerde la definitiva. No obstante, la tramitación puede prolongarse aún durante meses o, incluso, años.
* El Diario Montañés - 27.02.11
Foto: Vista de una parte del casco urbano de Polanco.- diariomontañés
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DIARIODECÁDIZ* : La alcaldesa de Grazalema, la socialista María José Lara Mateos, se halla imputada por cinco delitos en el caso judicial que provocó el desvío del río Guadalete en pleno casco urbano de la localidad serrana. Se trata del supuesto cobro de comisiones en el municipio grazalemeño que puso al descubierto la Operación Pinsapar, que desarrolló en la primavera de 2006 la Guardia Civil. Lo increíble del asunto es que la operación policial vino motivada por una denuncia que la propia regidora socialista realizó ante la Fiscalía de Cádiz. Lara Mateos acudió a la Fiscalía para denunciar que promotores y constructores del edificio de viviendas que empezó a levantarse en la plaza de la Asamblea de la localidad, sobre el cauce primitivo del Guadalete tras desviarlo, le habían dicho que el entonces arquitecto municipal, Juan Prieto, "pedía comisiones".
La investigación de los guardias civiles llevó a la cárcel al arquitecto (que fue despedido del ayuntamiento de forma fulminante) y al contratista de la obra, Cristóbal David Barrera, al decir éste que pagó a Prieto una comisión de 36.000 euros. Así consta en un acta que levantó el secretario del Consistorio serrano de la reunión que dicho contratista, junto a otros arquitectos y un promotor de la actuación, llevada a cabo por la empresa Inmocentral, mantuvo con la alcaldesa y otros ediles del gobierno.
Una comisión que, según la confesión el contratista (que negó luego haber dicho tal cosa), habría cobrado Prieto en especie, en obras que le realizaron en su casa, a cambio de que la empresa de Barrera ejecutara las obras de la primera promoción de viviendas de Inmocentral en la plaza de la Asamblea. La del desvío era la segunda promoción.
Junto a Prieto y el contratista, que lograrían después eludir la prisión tras pagar cada uno una fianza de 50.000 euros, fueron detenidos por la Guardia Civil dos representantes de Inmocentral, Raúl Gascón Aparicio y Rafael Torres Sánchez, hermano del presidente del club de fútbol de Getafe; así como también Antonio del Canto, arquitecto de Ubrique, y José Antonio Martínez, ingeniero industrial de esa localidad.
El Juzgado de Ubrique inició entonces unas diligencias en las que, tiempo después, a estos seis imputados se les sumó el ex alcalde de Grazalema y tío de la actual regidora, Antonio Mateos, al que el juez entonces titular imputó un supuesto delito de prevaricación al comprobarse que, tal como declaró Prieto, incriminando al ex regidor, la primera promoción de Inmocentral de Asamblea tiene mayor edificabilidad de la autorizada en licencia municipal.
La alcaldesa, en los compases iniciales de la investigación judicial, declaró como testigo. Después, durante más de dos años el asunto estuvo parado hasta que, con la llegada de una nueva juez, a principios de 2010 el caso se reactivó. La magistrada citó para declarar como imputada a la alcaldesa. Tras dos iniciales comparecencias fijadas, en febrero y marzo del pasado año, y pospuestas, la alcaldesa declaró finalmente en mayo pasado. Este diario ha conseguido ahora dicha declaración, en la que consta de modo textual que la juez le atribuye un total de cinco delitos: "cohecho, prevaricación, falsedad, contra la ordenación del territorio y denuncia falsa".
Lara Mateos, durante su comparecencia ante la juez, se negó a contestar a las preguntas de los letrados de Prieto, de los representantes de Inmocentral y de Ecologistas en Acción, personado como acusación popular.
Según las fuentes consultadas por este diario, a día de hoy, esta imputación de la socialista sigue vigente. Las mismas fuentes explican que en el Juzgado se dispondría de abultada documentación con pruebas testificales (fundamentalmente, por las declaraciones realizadas por el despedido arquitecto) y documentales que supuestamente incriminarían a la alcaldesa en los delitos que le atribuye la juez. Entre otras, un informe negativo del ex arquitecto sobre la obra, que se inició en julio de 2005, sin licencia, y que pese a que hubo hasta tres denuncias vecinales durante todo ese verano, alertando del posible desvío del río, registradas en el Ayuntamiento, y tras otorgarse entre medias autorización municipal, la regidora no mandó parar hasta octubre de 2005, cuando Ecologistas en Acción denunció a este diario y a la Junta el estropicio realizado en el río. También constan numerosas denuncias de Ecologistas de obras realizadas contrarias al ordenamiento municipal de 2001 y 2003, sin que el Ayuntamiento abriera expediente alguno.
Además de Lara, también han sido imputadas por la juez otras dos ex ediles socialistas,. Francisca Calle Chacón y Ana María Ramírez.
* Diario de Cádiz - 26.02.11
Foto: Grazalema (cádiz), cauce desviado del río, con construcciones - diariodecadiz.es
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ELPAÍS/Vizcaya* : Que dos constructoras se oponga a ejecutar una promoción urbanística que ellas mismas han impulsado es poco habitual. Más excepcional es que presenten una denuncia en los tribunales contra el Ayuntamiento. Es lo que ocurre en el municipio vizcaíno de Lezama, envuelto en la polémica desde hace año y medio por la recalificación de unos terrenos de la familia de la alcaldesa, la peneuvista Alaitz Etxeandia. El cambio -que suponía el paso de urbanos con calificación de inundable, lo que no permite edificar viviendas, a urbanizables- se realizó en 2007 con la aprobación de las nuevas normas subsidiarias de Lezama. Pero este planeamiento fue declarado nulo en 2009 por el Tribunal Superior vasco, un fallo ya firme desde el 20 de enero, cuando fue ratificado por el Supremo.
Sin embargo, en el último año el consistorio ha puesto en marcha todos los trámites urbanísticos de una sola de las actuaciones previstas, el llamado plan de Txupetxa que se pretende desarrollar en el solar de los Etxeandia: 52 pisos.
Una operación muy cuestionada ya que, como consta en un auto judicial, los Etxeandia alcanzaron un acuerdo de compraventa con dos constructoras en febrero de 2007, ocho meses antes de la aprobación del paneamiento municipal. La clave es que dicho pacto fija el próximo abril como la fecha tope para que el Ayuntamiento ponga el suelo a disposición de los constructores. En caso contrario, los Etxeandia deben reintegrar los 2,2 millones ya cobrados (de los 5,5 acordados para toda la operación) más los daños y perjuicios.
Los constructores, tras encontrarse con el primer fallo negativo del Superior, no vieron clara su operación y en octubre ya anunciaron que se oponían a ejecutarla. Pero el Ayuntamiento hizo caso omiso y ha continuado con los trámites. Ayer, las empresas presentaron una denuncia en el Tribunal Superior en la que piden suspender la orden de la Diputación de Vizcaya que aprobó en diciembre el plan de Txupetxa. "Estamos ante un supuesto de ilegalidad palmaria y evidente", dice una de las demandas al afirmar que la anulación de todo el plan de Lezama conlleva "los instrumentos de ordenación inferiores". La denuncia apunta que el Ayuntamiento de Lezama no da "ninguna señal de actamiento" de los fallos judiciales sino que "al contrario" está inmerso es una "frenética tramitación" urbanística para ejecutar "una sola de las áreas dieseñadas en las normas susididarias anuladas: Txupetxa".
Esta actuación municipal "con toda celeridad" supone, según la constructora, una "política de hechos consumados que convierta a éstos en irreparables". Agrega que el conocimiento del fallo firme del Supremo debería ser "motivo automático para que la Administración mostrara su voluntad de acatamiento".
Esta no es la única denuncia contra el plan urbanístico de los Etxeandia. La plataforma vecinal Lezama Bizirik, que fue la que denunció las normas subsifidarias, ha anunciado la presentación de otra deamdna para suspender el plan de Txupetxa. El Ayuntamiento de Lezama guarda silencio desde el viernes pasado, cuando se conoció el auto del Supremo. En estos dos meses casi ha concluido todos los trámites para que se pueda urbanizar la parcela.
El plan especial
- El plan especial para acometer el proyecto de 52 pisos en los terrenos de familiares de la alcaldesa de Lezama fue aprobado el 20 de diciembre por la Diputación de Vizcaya. Deriva de todo el plan urbanístico de Lezama, en vigor desde 2007.
- El plan fue anulado en 2009 por el Tribunal Superior de Justicia vasco por no incluir previamente el informe de impacto ambiental. El Ayuntamiento recurrió y el 20 de enero, en un fallo firme, fue ratificado por el Tribunal Supremo, por lo que carece de amparo legal.
* El País - 26.02.11
Foto: Lezama (Vizcaya) - todopueblos.com
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ELMUNDO/Mallorca* : La Sección 2ª de la Audiencia Provincial ha confirmado mediante un auto que ocho imputados podrán ser juzgados, junto al ex jefe de Urbanismo del Consistorio y ex director general de Ordenación del Territorio del Govern, Jaume Massot, en el marco de la pieza 9 del caso Andratx, después de que los encausados recurriesen este trámite ante esta instancia judicial, que ha desestimado así la petición de archivo solicitado por cada uno de ellos. El tribunal ha rechazado de este modo los recursos de apelación interpuestos por las defensas de estos inculpados, que de acuerdo a las investigaciones participaron junto a Massot -que no había recurrido-, en la emisión de informes favorables y la concesión de una licencia, todo ello de forma presuntamente irregular, para la construcción de una vivienda en un Área Rural de Interés Paisajístico (Arip) a pesar de que en el terreno, de 7.103 metros cuadrados, no se podía edificar.
La resolución de la Audiencia avala de este modo el auto dictado por el anterior juez instructor del caso Andratx, Francisco José Pérez, que ponía fin a la instrucción de esta pieza y decretaba su pase a procedimiento abreviado para que las acusaciones pudieran presentar sus escritos. De hecho, la acusación particular, ejercida por la abogada Isabel Fluxà, ya se ha pronunciado y sus peticiones más elevadas de cárcel (seis años) las dirige contra Massot, defendido por Fernando Mateas, y la administrativa Ángela Hernández, asistida por Alberto García, a raíz del grado de implicación que tuvieron en los hechos.
La acusación, en nombre del Ayuntamiento, postula que tras adquirir la parcela por la "burlesca cantidad" de 31.252 euros, los acusados María Jesús González, su marido Emilio Martínez y su hijo Pedro Martínez comenzaron entre 2002 y 2004 a efectuar obras sin ningún tipo de licencia y sin que constase la existencia de construcción alguna sino tan sólo unas ruinas de una casa de aperos. Para ello, solicitaron un certificado de superficie y antigüedad a la acusada Ángela Hernández, quien escribió de su puño y letra la inscripción de 50 metros cuadrados -en referencia a los restos existentes- "a sabiendas de la falsedad de dichos datos".
"Lo redacta ella misma por órdenes del señor Massot", prosigue la acusación particular al incidir en el papel que jugó la inculpada en los hechos, calificando incluso de "estrecha" e "indudable" la relación de amistad que le unía a Massot.
El escrito señala que la concesión de la licencia fue respaldada por el también inculpado Luis Ros, que "faltando claramente a la verdad" indicó que el suelo era urbano, para posteriormente entrar en escena Rodríguez Miranda y Gabriel Vicens, quienes emitieron sendos informes favorables "de forma arbitraria para favorecer el otorgamiendo de una licencia nula de pleno derecho". Precisamente, sobre Rodríguez Miranda ya advertía el juez de instrucción que como asesor jurídico debía tener conocimientos en materia urbanística y "velar por el cumplimiento de la legalidad". "Si de lo contrario se limitara a comprobar que se han elaborado todos los informes, sería irrelevante su formación: da igual que fuera administrativo, licenciado en enfermería o en psicología", abundaba al respecto el auto recurrido. En cualquier caso, la licencia fue finalmente aprobada por junta de gobierno el 22 de julio de 2005.
Unos hechos que podrían ser constitutivos de delitos de falsedad e documento oficial, contra la ordenación del territorio y de prevaricación urbanística, y por los que, además de la petición de seis años de prisión para Massot y Hernández, el Ayuntamiento reclama otros cuatro para María Jesús González, Emilio Martínez, Pedro Martínez y Luis Ros, y un año de privación de libertad para Gabriel Vicens y Rodríguez Miranda.
* El Mundo - EP. - 24.02.11
Foto: andratx - guides
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LAVANGUARDIA* : Cuando todavía sigue marcando la actualidad inmobiliaria el debate sobre la inclusión de la dación en pago en la Ley Hipotecaria española, un juez de Sabadell ha llevado la normativa sobre deshaucios y ejecución de hipotecas ante el Tribunal Constitucional por considerar que perjudica al ciudadano y vulnera el derecho a la vivienda. Esta semana una nueva noticia en el ámbito judicial ha irrumpido en la actualidad inmobiliaria. El titular del juzgado de Primera Instancia número dos de Sabadell ha elevado al Tribunal Constitucional (TC) la normativa sobre deshaucios y ejecución de las hipotecas al considerar que los préstamos hipotecarios contienen "un intenso desequilibrio contractual" entre la entidad financiera y el cliente y que, en un proceso de ejecución hipotecaria, se perjudica a los ciudadanos embargados y se vulnera su derecho a la vivienda.
El juez, que afirma en el auto que las cláusulas hipotecarias contienen "abusos" porque "no son efectivamente negociados entre las partes sino mayoritariamente predispuestos por la entidad financiera, pide además al TC que contemple elevar el valor de la vivienda que se quedan las entidades tras la subhasta -en la mayoría de casos está un 50% por debajo de su valor inicial- así como que estudie, si es necesaria, una modificación de la Ley Hipotecaria para facilitar la entrega de la vivienda con el fin de saldar la deuda hipotecaria. Ante la sentencia que dicte el Tribunal Constitucional no cabe recurso alguno, con lo cual el fallo puede marcar un antes y un después.
Y todo esto ocurría el mismo día en que diputados del PSOE y del PP hicieron frente común en el Congreso de los Diputados para tumbar una propuesta de ley para pedir la inclusión de la dación en pago en el marco legislativo hipotecario y que viene avalada también por el apoyo de numerosas asociaciones de consumidores y de entidades de representación como la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que anunciaba también esta semana la intención de pedir formalmente al Gobierno y a los Grupos Parlamentarios que contemplen las modificaciones normativas oportunas para que las hipotecas puedan quedar saldadas con la entrega de la vivienda a la entidad financiera.
La FEMP, que ha querido mostrar con este gesto su apoyo a las familias que como consecuencia de la dura crisis económica por la actual situación de crisis se enfrentan a la pérdida de su vivienda tras un proceso de ejecución hipotecaria, se suma así al polémico debate de la dación en pago que, pese a las reticencias de algunos sectores, parece no querer dar la batalla por perdida. Por su parte el ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, ya ha declarado que el Gobierno "no está por la labor" de modificar la legislación hipotecaria.
* La Vanguardia - Ya encontré - 23.02.11
Foto: Hipotecas, montaje fotos - 20minutos.es
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