SUR* : Las hay aisladas en el campo y agrupadas en diseminados rurales. Igualmente, hay algunas que fueron levantadas por sus propietarios para crear una familia y otras concebidas como segunda residencia e incluso para el turismo rural; las hay con vistas al mar y mirando a la sierra; también hay finalizadas y otras que se han quedado a medio hacer; están las que se construyeron en zonas protegidas y aquéllas en la que la calificación ambiental del terreno llegó a posteriori; y por último, las que durante décadas han poblado los montes en suelo no urbanizable. El perfil de la vivienda irregular en la provincia es tan amplio y variado como complejo es el proceso para dar solución a las cerca de 50.000 casas sobre las que pesa la espada de Damocles de las impugnaciones de licencias, las multas coercitivas y la amenaza de una posible demolición desde la entrada en vigor de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) en 2002, con la que la Junta quiso poner freno a las construcciones indiscriminadas en el campo.
La cifra no es exacta, aunque sí una estimación bastante aproximada del mapa de las viviendas en suelo rústico que han brotado por todos los rincones de la provincia y que ahora esperan una amnistía como la planteada en la Axarquía. Desde los 'campitos' de Estepona hasta el Valle del Guadalhorce, pasando por Mijas, Marbella, la Vega de Antequera y la Serranía de Ronda. Ni siquiera los ayuntamientos saben a ciencia cierta el número de edificaciones irregulares (incluidas otras construcciones como piscinas, muros o terrazas), de ahí que el primer paso para solucionar el conflicto sea la elaboración de un inventario municipio por municipio y casa por casa como herramienta para la posterior ejecución de planes locales de inspección.
Ésa es la primera condición que ha puesto sobre la mesa la Junta de Andalucía para abrir la vía de la regularización mediante un decreto (estará redactado en un plazo máximo de seis meses) que permitirá el reconocimiento de estas construcciones, dotándolas de los servicios y equipamientos básicos que ahora son en muchos casos inexistentes. Aunque no será gratuito, puesto que la actuación deberá salir del bolsillo de los propietarios en concepto de compensaciones.
«La hoja de ruta empieza por el inventario, algo fundamental porque cada casa tiene una situación diferente y requiere una solución prácticamente personalizada», apunta el delegado provincial de la Consejería de Obras Públicas, Enrique Benítez.
La sombra del derribo
Se podrán salvar la mayoría de las casas que se encuentran fuera de ordenación, las construidas ilegalmente pero que han prescrito después de cuatro años y aquéllas a las que no se les puede exigir la restitución de la realidad física anterior. Pero no todas. La sombra del derribo rondará a las levantadas en suelo protegido y las edificadas al margen de la ley no prescritas. «No es imposible, pero sí que la solución va a ser más complicada», reconoce Benítez. Bien distinto será el panorama de las que se realicen a partir de ahora al margen de los planes generales de ordenación urbanística (PGOU) o los planeamientos de rango superior. «Seremos tajantes y contundentes», advierte el dirigente de Obras Públicas.
La nueva normativa, anunciada para la Axarquía aunque extensible a todo el ámbito regional, ha sido recibida por los propietarios con optimismo, pero también con cautela y escepticismo por haberse hecho pública a dos meses de unas elecciones municipales. «Lo único que pedimos es que no hagan política con nosotros. Si hasta ahora no había forma de solucionar el problema, ¿por qué ahora sí se puede si la LOUA sigue siendo la misma?», se pregunta María del Mar Vázquez, presidenta de la Asociación Provincial de Viviendas Irregulares (APVI).
La entidad constituida el pasado mes de diciembre y que ya agrupa a 65 colectivos vecinales aboga directamente por modificar la ley, una propuesta que pretende llevar al Parlamento autonómico, si es posible, con el respaldo de los dos grandes partidos (PSOE y PP). El mensaje es claro: «Legalizar todas las casas en las que se pueda cambiar la calificación del suelo y dotar los servicios básicos a aquéllas que se queden fuera de ordenación y estén ocupadas», explica Vázquez, quien recalca que los vecinos no son los únicos responsables de esta situación. «Ha habido mucha permisividad. Durante años, los ayuntamientos se han lavado las manos, han cobrado el IBI y demás impuestos para luego abrir expedientes y ordenar derribos», subraya.
La elección de la Axarquía para dar a conocer el decreto no fue casual. La comarca ha llevado la voz cantante en los últimos años exigiendo soluciones, hasta el punto de que los 31 alcaldes axárquicos han llegado a solicitar reiteradamente la reforma y modificación de la LOUA como vía para la normalización urbanística. El plante ha sido tal que varios regidores están imputados e incluso condenados por dar licencias o haber mirado para otro lado. De momento, 11.025 viviendas son susceptibles de ser legalizadas, aunque en el horizonte aún pueden quedar otras tantas a juicio de los grupos ecologistas.
No son las únicas. En Mijas, la presión vecinal ha ido 'in crescendo' en los últimos años, hasta el punto de que el propio Ayuntamiento optó por paralizar el envío de multas coercitivas. Esta misma semana se ha dado luz verde a la revisión del PGOU en suelo no urbanizable, lo que conduciría a la regularización de la inmensa mayoría de las 3.000 casas 'ilegales' existentes, quedándose al margen las que invaden el dominio público y las zonas de especial protección. «La ley no lo permite en ningún caso», resalta el alcalde mijeño, Antonio Sánchez.
La misma solución es la que plantean en Estepona para los 'campitos', como se conocen popularmente los diseminados rurales. En los últimos años se han multiplicado hasta superar las 3.000 construcciones, de las que unas 800 están en suelo protegido por el Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Costa del Sol Occidental.
El interior tampoco es ajeno a esta problemática, especialmente en los pueblos regados por el Guadalhorce. Uno de los puntos más calientes es Cártama, donde se han ejecutado varias órdenes de demolición y se han producido manifestaciones de afectados reclamando soluciones para las más de 3.500 edificaciones. Ni siquiera la capital se escapa, con 44 núcleos de población asentados fundamentalmente en Campanillas, Los Montes y Puerto de la Torre en los que cerca de 1.200 casas se han quedado fuera de ordenación en el nuevo PGOU. En Antequera, las estimaciones apuntan a 800, una cifra que se duplicaría si el radio de búsqueda se amplía a toda la comarca.
* SUR - 13.03.11
Foto: Diseminados. Los núcleos de población en el campo han aflorado en toda la provincia, como éste asentado en Campanillas - sur
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ELCORREO/Álava* : La comisión de investigación constituida en las Juntas Generales para dirimir las posibles responsables políticas de la Diputación alavesa en la fallida macrorrecalificación urbanística ideada en 2004 en Zambrana ya cuenta con las conclusiones provisionales referidas a tres meses de intenso trabajo. El presidente del órgano, Javier Ruiz de Arbulo (PP), entregó ayer al resto de formaciones de la Cámara un documento que podrá enmendarse la próxima semana y que se aprobará de forma definitiva el día 25 de marzo. Entre otras conclusiones, de carácter secreto, se constata la comisión de posibles irregularidades de índole penal, lo que obligará a la Mesa a trasladar la documentación analizada tanto al juez que investiga esta operación como al fiscal.
Según explicaron fuentes de toda solvencia a EL CORREO, el texto elaborado hace referencia expresa al dinero invertido -en balde, al menos hasta ahora- por el grupo catalán Riera Urbanizer S.L., creado 'ad hoc' en 2005 de la mano del empresario vizcaíno vinculado al PNV Iosu Arruti, quien atrajo hasta tierras alavesas a su amigo y socio Francesc Fernández Joval, que se ha llevado más de un millones de euros en comisiones legales, según declaró en las Juntas su todavía socio y sucesor al frente de la gerencia de Riera Urbanizer, Nicolás Guerrero. Y todo ello, para comprar más de un millón de metros cuadrados en Zambrana con el fin de impulsar un gran polígono industrial.
El presidente de la comisión, analizados los datos oficiales de la Hacienda foral y las transcripciones de los comparecientes, matiza que no ha sido capaz de averiguar el destino de parte del dinero gastado, pero sí concluye que los socios de la empresa inversora han pedido «millones de euros» cuyo destino se desconoce. Sólo en opciones de compra que siguen sin ejecutarse se han gastado tres, mientras que el resto, casi cuatro, se han dedicado a estudios, encargos y pagos de comisiones legales.
Círculo de amistades
El documento también hace especial hincapié en el papel que ha jugado la Diputación en un proceso urbanístico del que era competente y, en concreto, de la actuación individual tanto del exdiputado de Administración Local Alfredo de Miguel -imputado por presunta corrupción en el llamado 'caso Miñano'- como de los entonces burukides del Araba buru batzar (ABB) Aitor Tellería y Koldo Otxandiano, también imputados por la misma causa -el próximo día 17 se cumple un año de su detención y posterior puesta en libertad-. Estas tres personas, junto a sus mujeres, crearon en 2005 Kataia Consulting, empresa que pese a contar con nula estructura, ingresó 280.190 euros en apenas cuatro años, como desveló este periódico.
De estos, 180.150 proceden de Sidepur, firma de Iosu Arruti, verdadero cerebro de la 'operación Zambrana' -ha percibido en torno a 1,1 millones de Riera Urbanizer-. Este hecho no ha pasado desapercibido para la comisión, que recuerda cómo sólo un día después de que Riera abonara el primer pago a Sidepur, esta firma pagó 130.000 euros a Kataia por trabajos urbanísticos. Corría 2005. Ya en 2006 y 2007, hubo otros dos pagos por «asesoramiento», uno de 20.000 y otro de 30.000, como consta en Hacienda. Sin embargo, no existe constancia documental de los trabajos hechos.
Los junteros, en este sentido, han constatado un círculo de amistades y compañeros de partido que podría haber derivado en la existencia de un posible tráfico de influencias, el mismo que el juez está investigando. Para muestra, un botón. Recalcan que el propio Arruti confirmó que sólo hablaba con De Miguel, cuya mujer, también imputada, trabajaba en Nai Duenak, empresa de la que Arruti es apoderado.
El documento, según las fuentes analizadas, también advierte de un posible perjuicio patrimonial para la Diputación, institución que debía aprobar el cambio de normas subsidiarias propuesto en Zambrana para 120 hectáreas. Se da la paradoja de que a mediados de 2007, tras la llegada del PNV a la Diputación, De Miguel, hasta entonces secretario general del ABB, es nombrado diputado de Administración Local, estando entre sus responsabilidades el área de Urbanismo.
Cambio de criterio
El proyecto sigue su curso y es el 13 de marzo de 2009 cuando llega la primera criba en el seno de la comisión de urbanismo del País Vasco -en aquel momento, de 120 hectáreas ya se había rebajado a 66-. En aquella votación y en una actuación hasta la fecha inédita, el PNV en bloque pide votar a mano alzada los informes técnicos del Gobierno vasco contrarios a esta recalificación. Ganan -por aquel entonces gobernaba Ibarretxe- y la tramitación sigue adelante. A la cita no acudió De Miguel, sino su director, Iñaki Nafarrate, luego nombrado sucesor. Y entre sus argumentos, leyeron unas notas a favor del proyecto que no están firmadas por ningún técnico de la institución.
Meses más tarde y alegando la existencia de informes medioambientales de la Diputación, el equipo de De Miguel decide rebajar a 22 hectáreas la recalificación. Y lo hace ante la sorpresa de Riera Urbanizer, que recurrió ante los tribunales la decisión al considerar que la orden foral fue emitida fuera de plazo.
* El Correo - 12.03.11
Foto: Zambrana (Álava) - todopueblos
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ELPAÍS* : La policía estrecha el cerco sobre uno de los mayores y más rápidos negocios hechos por la red corrupta que dirigía Francisco Correa en la Comunidad Valenciana. La visita de dos días del Papa a Valencia en 2006 sirvió a la trama Gürtel para intermediar en un contrato de siete millones de euros -más de la mitad fueron beneficios- que la televisión autonómica Canal Nou -dirigida entonces por Pedro García, un amigo de la red corrupta-, adjudicó a la constructora leonesa Teconsa. Los dueños de esta constructora eran, a su vez, amigos de Francisco Correa, con el que mantuvieron conversaciones comprometedoras que se han incorporado al sumario judicial del caso.
El contrato multimillonario que adjudicó Canal Nou consistía en poner altavoces y pantallas de televisión por diversas zonas de la ciudad de Valencia coincidentes con el recorrido previsto en la visita del Papa. Teconsa, experta en hacer carreteras y obras públicas pero sin ninguna experiencia en sonorización e instalación de pantallas de televisión en la calle, subcontrató los trabajos con empresas que, a su vez, eran clientes habituales de la red Gürtel.
La constructora leonesa pagó a las subcontratistas del servicio tres millones de euros y ganó casi cuatro millones. Un negocio redondo que el empresario leonés repartió con Francisco Correa y su red corrupta, que había amañado junto a Pedro García, según la investigación, el concurso de la visita del Papa de Canal Nou.
La policía ha seguido el rastro del dinero y se ha encontrado con que Teconsa derivó parte de sus ganancias en el contrato valenciano a una cuenta de Special Events (empresa de Francisco Correa) a través de dos ingresos de 200.000 euros cada uno. Posteriormente, Correa se pagó las obras de reforma de su vivienda en Ibiza, que le hace Teconsa, mediante transferencias de dinero desde la cuenta de Special Events. Esta empresa paga a Teconsa por las obras con dinero que previamente había ingresado de la propia Teconsa por el reparto de los beneficios de la visita del Papa. Todo queda en familia.
El sumario del caso Gürtel incorpora ya un informe con todas las pruebas de este presunto tráfico ilegal de dinero. Ese informe sirve de base a la policía para pedir al juez Antonio Pedreira, que instruye el caso, la "imputación de José Luis Martínez Parra como administrador de Teconsa" por su participación en la adjudicación del contrato público "realizado de manera ilícita con la Radio Televisión Valenciana con motivo de la organización de la visita del Papa".
La policía sostiene que Teconsa fue utilizada por la red corrupta como "sociedad pantalla" para así "solapar la realización real del acto por la organización de Francisco Correa y facilitando a este la ocultación de los fondos recibidos, cobrando por ello una comisión de 200.000 euros".
El informe policial también da cuenta de la misma operativa con la constructora Begar, que supuestamente pagó un millón de euros a Correa por intermediar en un concurso de suelo en Boadilla del Monte (Madrid).
Los investigadores concluyen igualmente que Correa defraudó al fisco al menos 450.000 euros que pagó en Suiza como parte del precio de compra de su vivienda en Ibiza. La policía pide al juez que ponga en conocimiento de la Agencia Tributaria este supuesto fraude fiscal.
* El País - 12.03.11
Foto: Gürtel, imputado cerebro Correa - elpais
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20MINUTOS* : La juez de Instrucción nº6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha citado a declarar este próximo miércoles en calidad de imputados al gerente de Urbanismo del Ayuntamiento, Miguel Ángel Millán, y al aparejador adjunto al jefe de Sección del Servicio de Licencias de Primera Ocupación, José Manuel Ferrera, dentro de las diligencias abiertas por la presunta venta irregular de los suelos de Mercasevilla a la compañía filial de Sando 'Sanma Desarrollos Urbanísticos' --que se alzó con la adjudicación a pesar de que en el concurso público concurría una oferta superior por parte del Grupo Noga--, concretamente "por las presuntas irregularidades penales en la concesión a Sanma de la licencia de primera ocupación".
En un auto emitido el pasado día 16 de febrero, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez Alaya imputó tanto al gerente municipal de Urbanismo como al aparejador adjunto al jefe de Sección del Servicio de Licencias de Primera Ocupación, José Manuel Ferrera Rimada, y los citó a declarar a ambos el día 2 de marzo, aunque finalmente las declaraciones fueron suspendidas y fijadas nuevamente para este miércoles día 16 de marzo.
La juez Alaya argumenta que, "en virtud de las pruebas practicadas hasta la fecha, concretamente del análisis de los expedientes de licencia de edificación, de licencia de primera ocupación, de la documental remitida por Endesa y de lo que se desprende, entre otras, de las declaraciones de Luis Gómez Martínez y de Emilia Barrial Chamizo, procede" imputar tanto a Millán como a Ferrera. En el mismo auto, rechaza la personación de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía en esta causa.
En esta rama del caso la juez mantiene imputadas ya a 15 personas, entre ellas al ex gerente de Urbanismo, Manuel Marchena; el ex edil y ex presidente de Mercasevilla Gonzalo Crespo; los ex directivos del merca Fernando Mellet y Daniel Ponce; el ex responsable del Área de Vía Pública del Ayuntamiento sevillano y ex asesor del Grupo Municipal Socialista Domingo Enrique Castaño; el presidente de Sando, José Luis Sánchez Domínguez, o el economista José Antonio Ripollés.
También están imputados la directora del Área Económico-Financiera de Mercasevilla, Pilar Giraldo; el vicepresidente y consejero delegado corporativo de Sando, Luis Sánchez Manzano; el vicepresidente ejecutivo del área inmobiliaria, José Luis Miró Morales; el vicesecretario del consejo de administración y de la comisión ejecutiva, Jorge Piñero; la técnico de Urbanismo María Victoria Bustamante, y la subjefa del Servicio de Licencias de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Emilia Barrial Chamizo.
* 20 Minutos - EP. - 12.03.11
Foto: Sevilla, Mercasevilla - diariodesevilla.es
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ELMUNDO* : Japón, un archipiélago situado sobre una 'bomba sísmica', se precia de construir los edificios más resistentes del mundo. Esta vez, el quinto terremoto más fuerte de la historia (8,9 grados) ha podido con la estructura de muchas viviendas y grandes edificios en las ciudades del norte del país, como en la industrial Sendai y en toda la prefectura de Fukushima. En Tokio, a 373 kilómetros al suroeste del epicentro, cuatro millones de casas se quedaron sin luz y numerosos edificios se tambalearon, mientras que en la vecina Yokohama, los tejados de algunos bloques se derrumbaron, según la emisora NHK. Pero si el mismo movimiento telúrico se hubiera producido en cualquier otra parte del planeta con tan alta densidad de población, las dimensiones de la catástrofe hubieran sido infinitamente mayores.
En Japón las estructuras de los edificios están tan reforzadas que, a su lado, en los edificios españoles parecen enclenques castillos de naipes. Desde la Edad Media, el país levanta edificaciones a partir de vigas de bambú y paredes de papel arroz preparadas para soportar la vibración de sus cimientos. A partir del fuerte terremoto registrado en 1923, los edificios se empezaron a construir con acero, pero a partir de las Segunda Guerra Mundial, el país pasó a emplear densos forjados de hormigón, conocidos como 'arquitectura brutalista'.
Simetría y distribución vertical del peso
La ingeniería anti sísmica japonesa diseña edificios simétricos y elásticos que absorben la vibración del suelo.
Otro factor de protección es la distribución vertical del peso. Cuando se construye un bloque de viviendas, se procura que los pisos inferiores sean los que soporten la mayor carga. Además, cuanto más amplia sea la base del edificio, mejor resisten los embates del seísmo.
Además, la normativa exige una separación de varios centímetros entre las medianeras de los bloques, para permitir que los edificios cimbreen sin que se golpeen entre sí y evitar un 'efecto dominó'.
La población japonesa y los estudiantes de arquitectura asumen con naturalidad la posibilidad de un terremoto. El de esta noche es el peor registrado en Japón en los últimos 140 años. El último de trágicas consecuencias es el de 1995 en la provincia de Kansai, con epicentro en Kobe (7,2 grados), que arrasó la ciudad, se cobró la vida de 6.500 personas, 45.000 heridos y 200.000 edificios derrumbados.
* El Mundo - 11.03.11
Foto: Panorámica de la ciudad de Soma, al norte del país. | AP
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SUR/Málaga* : La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha condenado al Ayuntamiento de Vélez-Málaga a iniciar el expediente de justiprecio de una finca treinta años después de haber sido ocupada con motivo de las obras del paseo marítimo de Torre del Mar. El TSJA entiende que la parcela, de 464 metros cuadrados de superficie, fue ocupada por el Ayuntamiento cuando se ejecutó el proyecto sin que llevara a cabo su expropiación. Los demandantes han venido reclamando desde el año 1981 al Consistorio de Vélez que se les indemnice por la ocupación de su finca. Por dos veces se les ha denegado su petición, una en 1997 y otra en 2000, siendo ahora, tres décadas años después, cuando se ha producido una sentencia favorable a sus intereses.
El Consistorio ha venido manteniendo desde un primer momento que la parcela pertenece al dominio público marítimo terrestre, ya que en las Normas Subsidiarias, primero, y en el PGOU, después, aparece la zona como área libre pública. Asimismo defiende que nunca los propietarios tomaron posesión de la finca.
Sentencia firme
El fallo judicial, que es firme y sobre el que no existe la posibilidad de interponer recurso, obliga sin embargo al Ayuntamiento de la capital de la Axarquía a iniciar un expediente de justiprecio con el fin de indemnizar a los propietarios, aún cuando el Consistorio mantiene que la ocupación de los terrenos no tuvo lugar, que la titularidad del suelo no está acreditada y que la ubicación de la finca coincide con la línea marítimo terrestre, por lo que antes de decidir sobre la expropiación lo procedente es acreditar la propiedad del inmueble por la vía civil. Por estos motivos, el Ayuntamiento había solicitado una sentencia desestimatoria.
En el fallo judicial se hace constar sin embargo que los recurrentes aportan para demostrar la titulación de la parcela la demanda de inscripción en el Registro de la Propiedad, la correspondiente anotación catastral y el cobro de los impuestos de plusvalías y bienes inmuebles.
Al contrario de lo que mantiene el Ayuntamiento, el TSJA expresa en la sentencia, que está en manos del Consistorio el pasado mes de diciembre, por el simple hecho de que se discuta el derecho de propiedad, en modo alguno ello conlleva la necesidad de que «con carácter previo y necesario se pronuncien los tribunales del orden jurisdiccional civil, sino que la propia jurisdicción contencioso administrativo puede pronunciarse al respecto con carácter prejudicial».
Para el Ayuntamiento, aunque la sentencia del TSJA no atiende la petición del Consistorio, si deja abierta la posibilidad de aclarar el tema de la propiedad y de la identificación de la finca en un juicio civil. Los afectados reclaman al Ayuntamiento de Vélez-Málaga 450.000 euros, cantidad a la que habrá que sumar los intereses de demora y un 25% en concepto de indemnización por la ocupación de la finca, lo que podría suponer una cantidad global de unos 600.000 euros.
Fuentes municipales han señalado a este periódico que el Ayuntamiento sigue defendiendo que el espacio que reclaman las demandantes como suyo nunca ha sido una propiedad privada sino que forma parte de la playa de Torre del Mar.
Una práctica habitual
Según el Consistorio, durante muchos años fue una práctica habitual que por parte de determinadas personas se escrituraran terrenos ganados al mar, sobre todo en puntos del litoral como Torre del Mar, donde la playa crecía a un ritmo de entre 10 y 20 centímetros anuales.
Los demandantes adquirieron la finca mediante escritura publica en 1979, aunque la propiedad se remonta al año 1945, siendo en la década de los 90 (cuando el paseo marítimo ya llevaba varios años ejecutado) cuando consiguieron, previa solicitud a la Dirección Provincial del Catastro en Málaga, dar de alta a su finca en el mismo y por tanto pagar el Impuesto de Bienes Inmueble (IBI) por la mencionada finca.
* SUR - 12.03.11
Foto: Vélez-Málaga, vista - laopinión.es
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