ANABELDÍEZ* : "La futura Ley del Suelo cambiará radicalmente el criterio de valoración de los terrenos, para que su precio sea el real y no se base en las expectativas de lo que pueden llegar a valer. Ésa es la filosofía de la ley que ayer aprobó el Congreso -con el apoyo de todos los grupos salvo el PP- y que defendió su impulsora, la ministra de Vivienda, María A. Trujillo. Los populares criticaron el texto porque "pretende abaratar las expropiaciones". Los demás grupos comparten que la norma, que reserva el 30% del suelo a vivienda protegida, frenará la especulación, que se disparó con la ley de 1998.
"Con esta ley no se termina la corrupción, pero se pone freno a la especulación, que abre la puerta a la corrupción". Esta idea del portavoz socialista de Vivienda, Francisco Contreras, está en la base de la nueva norma, que aún debe pasar el trámite del Senado.
La ministra Trujillo agradeció a los grupos parlamentarios sus aportaciones y su afán de acuerdo. Al final, el marcador del pleno del Congreso fijó el consenso de todos salvo el PP. Los grupos nacionalistas como CiU y ERC, y también IU-ICV, intentarán ahora introducir cambios durante el debate en la Cámara Alta.
Ha habido mucho trabajo en torno a esta ley, que recibió tres enmiendas a la totalidad y después 300 enmiendas parciales; finalmente se retiraron totalmente 140, se aceptaron 93 transaccionales -consensuadas- y ayer llegaron al pleno del Congreso 65 enmiendas que, previsiblemente, se reiterarán en el Senado. La mayoría, por considerar que se vulneran competencias de las comunidades autónomas.
El PP, sin embargo, centra su objeción en un asunto clave de la ley: la valoración del suelo. "Los terrenos se tasarán mediante la capitalización de la renta anual real o potencial, la que sea superior, de la explotación, según su estado en el momento al que debe entenderse referida la valoración". Así reza el artículo 22 de la futura normativa, que fue explicado con un ejemplo real por el ponente socialista, Francisco Contreras.
De patatal a viviendas
Pongamos, dijo, un patatal que tiene un valor de seis euros el metro cuadrado, "como mucho". Por el mero hecho de que el patatal pase a ser terreno para urbanizar 50 o 60 viviendas por hectárea, con unos costes de edificación de 50 euros por metro cuadrado y un precio de venta de 2.000 euros por metro cuadrado, el valor del suelo a partir de ese momento se convertiría, como mínimo, en 300 euros. Es decir, se pasaría de seis a 300 euros. "Con esta ley eso no ocurrirá", aseguró Contreras.
Los beneficios de la nueva normativa que exhiben el Gobierno, el PSOE y el resto de los grupos que la apoyan no los encuentra el ponente del PP, Pablo Matos, quien, pese a haber trabajado intensamente en la tramitación y haber llegado a acuerdos parciales, finalmente emitió, con el resto de su grupo, un voto negativo.
A juicio de Matos, el objetivo de esta ley es "un abaratamiento de las expropiaciones", y no evita "la especulación ni la corrupción". El texto aprobado "destruye el concepto de justiprecio y persigue que a las administraciones públicas y a los promotores inmobiliarios les salga más barato expropiar a un ciudadano", se lamentó Matos.
Es un "disparate" pagar el precio de suelo de un patatal cuando se van a construir viviendas o naves industriales, señaló el ponente popular. "Eso sólo beneficia a las administraciones públicas y a los promotores, ya que las expropiaciones salen muy baratas". Y añadió: "Es tal el disparate que han tenido que aceptar una enmienda de Izquierda Unida que dice que ese precio podrá ser corregido al alza hasta un máximo del doble en función de la localización del suelo, para igualarlo a fincas análogas".
En efecto, esa modificación fue introducida por IU-ICV, como también otra que eleva del 25% al 30% el porcentaje de suelo obligatoriamente destinado a vivienda de protección oficial, según resaltó el portavoz de ese grupo, Joan Herrera. Éste defendió globalmente la ley, aunque pidió mesura para no crear expectativas falsas sobre la solución del problema de la vivienda.
Más precisión sobre las competencias exclusivas de las comunidades autónomas, y singularmente de Cataluña, hubiera querido Herrera, como también los portavoces de CiU y ERC, Jordi Jané y Josep Andreu, respectivamente. Tampoco el portavoz del BNG, Francisco Rodríguez, estaba satisfecho en ese aspecto, aunque igualmente apoyó la ley. Y lo mismo José Ramón Beloki, del PNV, y Luis Mardones, de Coalición Canaria. "Esta ley justifica toda una legislatura", afirmó la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, para felicitar a su compañera de banco azul, María Antonia Trujillo.
*El País, - Madrid - 02/03/2007"
Sólo el PP vota contra la nueva Ley del Suelo, que busca poner coto a la especulación
Entre el rubor y la indignacion ciudadana por el Puerto de Granadilla
Canarias-semanal.com*: "El consejo de Administración de la Autoridad portuaria de Tenerife aprobó, el pasado martes, con los votos favorables de los representantes del PSOE, la adjudicación de las primeras obras de la construcción del macro puerto industrial de Granadilla. No por esperada la decisión ha sido acogida con menos indignación por parte de amplios sectores de la sociedad tinerfeña.
Las primeras reacciones no se han hecho esperar. "Asamblea por Tenerife", movimiento social sobre el que ha recaído el peso de las movilizaciones de miles de tinerfeños a lo largo de los dos últimos años, declaró en un primer comunicado de prensa, que la decisión de poner en marcha las obras "es una burla a la democracia y a la justicia y demuestra que muchos políticos en Canarias siguen instalados en una impunidad total".
La Confederación Canaria de Asociaciones Profesionales (Concap), por su parte, aunque ha manifestado que no hará valoraciones sobre la adjudicación de las obras del puerto de Granadilla hasta que no se produzca la reunión de sus asociados, advirtió, no obstante, que "temía por una escandalosa adjudicación de las obras del puerto de Granadilla, ante la posibilidad de que se produzca un nuevo pelotazo en las postrimerías de mandatos públicos que han dado lugar a gravísimas acusaciones de cohecho, querellas y tráfico de influencias en algunas de las administraciones locales, insulares o regionales de las islas". Su presidente, Juan Luís Lorenzo, confesó a los medios informativos su temor ante "un grave problema social con importantes repercusiones en el conjunto de la sociedad tinerfeña ante la insaciable ambición de unos pocos que, cegados por el poder que han acumulado, creen que están al margen del cumplimiento de las normas".
Partidos políticos y organizaciones ciudadanas consideran como un hecho impresentable "que un imputado por cohecho por el juez Garzón, por el caso Forum, como el presidente de la Autoridad Portuaria, Luís Suárez Trenor, presida la adjudicación de la contestada obra, además sin un presupuesto consignado y sin informes de impacto ambiental específicos".
Según se informa, el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria con la finalidad de poder superar las primeras dificultades, se vio obligado a aprobar previamente el primer punto del día, "el contrato de crédito para financiación externa a largo plazo, mediante la modalidad "Club Deal", para acometer los planes de inversión de esta Autoridad Portuaria en los que se recogen 120 millones de euros para poder iniciar las obras de Dique de Abrigo del Puerto de Granadilla".
Asamblea por Tenerife, por su parte, hizo pública su exigencia de que la Autoridad Portuaria ponga a disposición de la opinión ciudadana los nombres de las entidades financieras que apoyan las obras de Granadilla, para confirmar si también en esta ocasión CajaCanarias está detrás de esta operación, como lo estuvo en el pelotazo de Las Teresitas.
Según declaró la "Plataforma en Defensa del Puerto de Santa Cruz", un colectivo integrante del movimiento "Asamblea por Tenerife", una vez efectuada la ejecución del proyecto, si este se tuviera que desechar por todas las supuestas irregularidades cometidas, "la Autoridad Portuaria tendría que hacer frente, de forma innecesaria y con el dinero de todos, al lucro cesante, que suele establecerse en un 20% del coste total de la obra, o sea, unos 27 millones de euros", que se llevarían las empresas aunque la obra no se ejecutara.
Los portavoces de Asamblea por Tenerife exigieron el pasado martes "la suspensión inmediata de cualquier obra que se pretenda iniciar en el Puerto de Granadilla y solicitan del Fiscal Anticorrupción una investigación de oficio de todo el expediente, incluyendo la venta de solares anexos".
Asimismo, fuentes cercanas a "Asamblea por Tenerife" instaron al candidato socialista al Gobierno de Canarias, Juan Fernando López Aguilar, a que manifieste públicamente su posición en relación con la construcción del Puerto de Granadilla. "Es una incongruencia - expresaron las mismas fuentes - que el ex ministro se anuncie electoralmente como paladín de unos supuestos "tiempos nuevos" para Canarias y ahora trate de pasar de puntillas sobre un tema tan vital para el Archipiélago".
En los mismos círculos políticos de este movimiento social se estima que debe ser todo el pueblo de Tenerife el que se pronuncie sobre el macropuerto en un referéndum convocado al efecto.
La organización ecologista Ben Magec ha convocado para el próximo sábado, día 3 de Marzo a las 12:00 horas, una concentración en la Plaza de la Candelaria en la que los asistentes portarán una bolsa de basura, como expresión de la protesta por la construcción del Puerto de Granadilla.
Rebelión.org, 02-03-2007
«Por lo que conocemos, corrupción y ladrillo van siempre de la mano»
CarlosPunzón* /Vigo -ENTREVISTA a C.Jiménez Villarejo :
"Persiguió los fallos del sistema durante ocho años, llegó a flirtear con la política tras jubilarlo el PP, pero optó por seguir pidiendo por libre más garantías contra los que se lucran del dinero público. Lo nombró el PSOE y lo cesó el PP, pero él no hace distingos. Pide a todos más garantías contra la corrupción y ve en los ayuntamientos el mayor riesgo de putrefacción.
-¿Es irremediable ya pensar en corrupción a la hora de hablar de urbanismo?
-Por lo que conocemos sí, corrupción y ladrillo van siempre de la mano. El modelo de urbanismo de España se basa en el crecimiento desmedido y en una estrecha interrelación entre constructoras y promotoras con los ayuntamientos. En ese encuentro se producen alianzas muy peligrosas por la ambición de unos y el deseo de negocio de otros.
-Entonces, ¿para usted debería reducirse la autonomía urbanística de los ayuntamientos?
-No, pero las autonomías hasta ahora han ejercido muy levemente los recursos de control que le otorga la ley contra los poderes municipales que infringen las normas urbanísticas. Habría que darle un poder preceptivo mayor a las autonomías para que lo facultativo sea obligatorio.
-¿Se lograría así evitar tanta sentencia de derribo de edificios con licencia, como en Vigo, donde hay 2.000 familias afectadas?
-No puede ser que en nombre de las prisas urbanísticas se permita que la Administración local vulnere la norma impunemente y que confíe la resolución de conflictos a larguísimos procesos judiciales, que luego son imposibles de ejecutar.
-¿Es ético que un constructor sea alcalde u opte a serlo, como ocurre con algunos candidatos a las próximas municipales?
-No debería ser candidato. Tendría que haber actividades prohibidas antes y después de ejercer un cargo municipal. El número de sentencias en las que se condena a ediles por construir ilegalmente en su propio municipio es bochornoso para nuestro sistema democrático.
-Hablando de bochornos, ¿qué le parece el caso Gondomar, con un edil pillado con las manos en la masa?
-No recuerdo muchos casos como ese en mi carrera. El cohecho es de las conductas corruptas más graves. Cobrar de un particular por hacer un trabajo público es la mayor degradación posible.
-Pero los imputados fueron puestos en libertad, con cargos, al día siguiente.
-Si hay tantas pruebas, lo más ejemplarizante sería que el juicio no se demore.
*La Voz de Galicia, Viernes, 2 de Marzo de 2007
Imputado por prevaricación urbanística al alcalde de la localidad grancanaria de Firgas
EFE*: "Una juez de Arucas (Gran Canaria) ha imputado por un delito de prevaricación urbanística y otro de daños contra el patrimonio histórico al actual alcalde de Firgas, José Ramón Henríquez Hernández (CCN), a su antecesor Sebastián Arencibia Mejías (PP) y a otras siete personas. La instrucción judicial del asunto "se encuentra ya terminada", según el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), por lo que la juez "no ha tenido que dictar ninguna medida cautelar" contra ninguno de los nueve imputados.
Este caso de supuestas irregularidades urbanísticas en Firgas, localidad de 7.000 habitantes del norte de Gran Canaria, fue desvelado por el alto tribunal canario cuando la investigación ya va a ser remitida a la Audiencia Provincial de Las Palmas por la juez Auxiliadora Díaz Velásquez, del juzgado número 1 de primera instancia e instrucción de Arucas.
Según el TSJC, los miembros y ex miembros de la corporación imputados son, además del actual alcalde Henríquez y su antecesor Arencibia, los ex concejales Laura García Cerpa, Asunción Nuez Arencibia y Amparo Santana Gil; el anterior secretario de la corporación Humberto Cruz Marrero y el arquitecto del Ayuntamiento Javier Cabrera Caravallo.
Además, la jueza Auxiliadora Díaz Velásquez ha imputado por un delito de daños contra el patrimonio al responsable de la entidad Progar, José Javier Barrera Gallego, y al arquitecto Francisco López Gómez.
Fuentes del TSJC no pudieron aclarar el origen de esta investigación judicial y los hechos por los que se han formalizado las imputaciones, y se limitaron a afirmar que el asunto, instruido como un procedimiento abreviado, está listo ya para ser elevado a la Audiencia Provincial de Las Palmas.
El actual alcalde imputado, José Ramón Henríquez Hernández, pertenecía al mismo partido, el PP, que su antecesor Sebastián Arencibia Mejías, del que fue su teniente de alcalde tras las elecciones locales de 2003.
Sin embargo, a finales de 2005 Henríquez, ya expulsado del PP y formando parte del Grupo Mixto del Ayuntamiento, encabezó una moción de censura contra el primer edil y le arrebató el puesto.
El 19 de diciembre de ese año, José Ramón Henríquez se proclamó alcalde de Firgas en un pleno cargado de tensión en el que numerosos vecinos le mostraron su rechazo con gritos de "traidor".
Tras ser proclamado alcalde, Henríquez aseguró que las "circunstancias" le habían obligado a presentar la moción de censura como "un acto de responsabilidad y pura honradez" por su parte para "enmendar todos los errores que hasta ahora —subrayó— se habían cometido".
El 20 de enero de 2007, la formación política nacionalista Centro Canario-CCN, que ahora concurre a las elecciones en solitario y que antes formaba parte de Coalición Canaria, anunció que el alcalde de Firgas y otros cuatro concejales del grupo de gobierno de su municipio se incorporaban a esta formación política.
De hecho, el comité ejecutivo autonómico del CCN, celebrado ese mismo día en La Gomera, designó al alcalde imputado José Ramón Henríguez como su candidato al Ayuntamiento de Firgas en las próximas elecciones de mayo.
El alcalde está estudiando la posibilidad de emprender acciones judiciales en contra de los que lo han denunciado a él.
*ElMundo.es, jueves 01/03/2007
Teatro y especulación urbanística
CincoDías*: "Un hilarante Albert Plá se mete con la especulación urbanística". Todo comenzó cuando alguien le explicó que existían programas de edición de vídeo tan sencillos que él mismo podría hacer cine desde su casa, con la simple ayuda de una camarita y un PC.
Al poco, tras un par de ensayos caseros, se lanzó a hacer un largometraje con su amiga y compañera en el montaje Judit Farrés.
Como él mismo cuenta, hicieron la película: “Sin director, sin productora, sin guión, SIN SENTIDO”. Así, sobre la marcha, se les ocurrió que el protagonista sería el abogado de una inmobiliaria que viaja a un pequeño pueblo para lograr la firma que le permitirá convertir el idílico paisaje rural en un polígono industrial. Y, de este modo, casi sin quererlo, les ha salido una crítica hilarante, y en ocasiones absurda, sobre uno de los males de nuestro tiempo. Ahora, tras una gira por Latinoamérica, recala en el teatro Fernando de Rojas del Círculo de Bellas Artes.
Albert Plá presenta 'El malo de la película'
María G. Silva / MADRID (02-03-2007)
"Es una película, y Judit Farrés y yo estamos en el escenario para ayudar a contarla", explica Albert Pla para definir su "participación interactiva" en el espectáculo.
En la parte filmada, Plá ha contado con la ayuda de los directores de cine Cesc Gai, Juanma Bajo Ulloa y Joaquim Jordá, que han participado como actores. "Tenemos cierta amistad con ellos y les pedimos que actuaran. No ha sido difícil dirigirlos", comenta el artista.
*Cinco Días.com
