LASPROVINCIAS* : Borrón y cuenta nueva, pero con condicionantes. La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, expresaba de esta manera la intención del Ayuntamiento de legalizar las viviendas que se han construido sin licencia en los últimos años en las partidas rurales y que, según fuentes de las asociaciones de vecinos de las pedanías, superan las 500 casas.
Castedo, que ayer se reunió en El Rebolledo con los representantes vecinales para informarles de las previsiones del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) respecto a estos núcleos de población, señaló que la Gerencia de Urbanismo hará un amplio estudio de la situación en la que se hallan las viviendas unifamiliares diseminadas, muchas de ellas construidas suelo rústico o no urbanizable, con el fin de establecer los mecanismo para su legalización.
En cualquier caso, Castedo sí que se reafirmó en su voluntad de que las viviendas construidas en ramblas o en zonas inundables, no podrán ser legalizadas y permanecerán fuera de ordenación.
El nuevo Plan General contempla la calificación de suelo urbano de los terrenos en los que se ha construido las viviendas de manera ilegal y que a medida que ha pasado el tiempo han formado un núcleo de población. Especialmente en la partida de El Moralet, donde se han construido más de 200 casas unifamiliares que conforman la urbanización Villanueva, donde la calificación del suelo pasará a ser urbano, lo que permitirá legalizar estas viviendas que los vecinos califica de alegales puesto que a su juicio, en muchos casos y dado el tiempo transcurrido desde que se edificaron las casas, las infracciones urbanísticas han prescrito. También en la Cañada, Bacarot, Fontcalent o La Alcoraya existen un centenar de estas vivienda ilegales.
El presidente de la adopción de vecinos de El Moralet, Vicente Aracil, considera que también existen muchas viviendas que están fuera de ordenación en núcleos como la Finca Don Jaime, Vallegrande Este y Oeste, y El Ventorrillo, donde se han de determinar el planeamiento adecuado para su integración como núcleo urbano.
Aracil reclamó también a la alcaldesa que se haga un estudio sobre las zonas inundables que recoja la realidad actual de la situación. Considera que si bien el plan general vigente desde 1987 establece la ubicación de estas zonas, "pueden haber cambiado tras la construcción de las nuevas vías de comunicación como la autopista de circunvalación de Alicante, por lo que muchas de las viviendas podrían quedar desafectadas y legalizarse".
El presidente de los vecinos de El Rebolledo, Miguel Ibáñez, también reclama que el Ayuntamiento elimine la antena de telefonía que afecta a un colegio y a la nueva plaza que construye el Ayuntamiento.
Las Provincias - T.R. - 28.11.2008
Foto: Viviendas diseminadas en una de las partidas rurales del término municipal de Alicante. - lasprovincias.es
Alicante: El Ayuntamiento legalizará más de 500 casas construidas sin licencia en las partida rurales
El urbanismo y la justicia
ENRIQUE CLIMENT* : El presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, acaba de reconocer en público que las sentencias sobre asuntos urbanísticos no se pueden ejecutar cuando la obra objeto de disputa ya está a medio edificar o construida del todo.
Muchas gracias por la aclaración, señor presidente. Así se entiende mucho mejor el reproche injusto y ventajista que en tantas ocasiones se ha dirigido a los afectados por abusos urbanísticos: «¿A qué vienen tantas quejas ante los organismos europeos? ¡España no es una república bananera! ¿Por qué no se dirigen a los tribunales españoles?...».
Por supuesto que las víctimas de abusos urbanísticos recurren a los tribunales españoles. Y con bastante frecuencia David vence a Goliath: Patraix, Porxinos, Benicassim, Els Mestrets, Llombay-Burriana, Vilafames? Lo que ocurre es que, a diferencia de la Biblia, aquí al final gana siempre Goliath (es decir: los ayuntamientos en coalición con los urbanizadores), porque tienen el tiempo y los fondos necesarios para recurrir, y recurrir, mientras que los afectados difícilmente pueden mantener durante cinco o diez años una guerra desigual contra un adversario que juega con todas las ventajas, sobre todo cuando lo que está en juego es su casa, que es quizás su único patrimonio. E incluso si consiguen que al final los tribunales les den la razón, las sentencias contrarias a urbanizadores-ayuntamientos no se podrán ejecutar, según reconocen altos magistrados. En otras palabras: a quien le hayan quitado la casa y/o la parcela para hacer adosados turísticos «por razones de interés público», que se despida de ella por los siglos de los siglos. Pleitos tengas y los ganes.
Nos cuenta la prensa que el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo se muestra muy crítico con la decisión de la Comisión Europea de sentar las leyes urbanísticas valencianas en el banquillo de los acusados del Tribunal Europeo de Justicia, y no entiende por qué Europa persigue la legislación valenciana pero no las leyes de otras autonomías como La Rioja, Castilla-La Mancha o Cataluña.
La respuesta es muy simple, señor presidente, y no responde a ninguna conjura anti-valenciana, por mucho que algún político fallero y los palmeros que lo jalean se empeñe en afirmarlo. En julio de 2004, Abusos Urbanísticos ¡No! (AUN) presentó una queja formal ante la Comisión Europea contra la LRAU, firmada por los abajo firmantes y redactada por un jurista afectado por la LRAU y miembro de AUN. A la vista de los resultados, nuestros argumentos convencieron a la Comisión Europea, que, a pesar de las innumerables presiones de los gobiernos español y valenciano, ha llevado a España ante el Tribunal Europeo por la violación de las directivas comunitarias que se produce en Valencia. En el bien entendido, señor presidente, de que si el Tribunal Europeo nos da la razón, todas las legislaciones autonómicas que siguen la pauta de la valenciana habrán de ser reformadas. Y así lo saben los demás gobiernos autonómicos, que están pendientes del resultado de este pleito para saber si tienen que reformar o no su normativa urbanística.
También nos cuenta la prensa que el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia valenciano achacó a «extranjeros con construcciones ilegales en medio del suelo rústico que los ayuntamientos no han derribado nunca» las quejas y denuncias dirigidas a la Comisión y el Parlamento Europeo «porque se les expoliaba sus terrenos. Pero no tengo conocimiento de que ninguna autoridad valenciana haya tenido por objeto expoliar a los extranjeros».
Si la transcripción de sus declaraciones es correcta, nos sentimos desmoralizados como ciudadanos. Qué mal hemos debido transmitir nuestro mensaje para que se siga insistiendo en la falsa cantinela de los extranjeros y las construcciones ilegales. O qué bien transmite su mensaje el conglomerado de intereses «Abusos Urbanísticos Sí», que consigue convencer a personalidades que presumíamos mejor informadas. Conocemos extranjeros y españoles afectados, propietarios de caserones del siglo XVIII o masías centenarias (¿ilegales desde hace siglos, señor presidente?) a los que un PAI que sólo responde al interés público del obsceno beneficio que trata de obtener el urbanizador les obliga a ceder de forma obligatoria y gratuita más del cincuenta por ciento de su terreno, y que para conservar sus casas -convenientemente encajonadas entre bungalows turísticos construidos por interés público- tienen que pagar cantidades superiores a seiscientos mil euros. Dado que, aunque recurrieran contra el PAI y les dieran la razón hay muchas posibilidades de que no se pudiera ejecutar la sentencia («pleitos tengas y los ganes»), ¿con qué derecho se les puede reprochar que denuncien este escándalo ante el Parlamento Europeo?
Para terminar, un detalle que no carece de importancia: según la LRAU y la LUV, la aprobación de un programa urbanístico «lleva implícita la declaración de interés público a efectos expropiatorios». Es decir: aunque el artículo 33.3 de la Constitución diga que nadie puede ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, la realidad es que, con el voto de cualquiera de los alcaldes y/o concejales de Urbanismo -presuntos delincuentes- que pueblan los calabozos y cárceles de nuestra tierra se están expropiando (¿expoliando?) las viviendas y terrenos de los afectados por abusos urbanísticos. Y ya hemos examinado más arriba lo poco que puede hacer la justicia para poner coto a estos desafueros, por mucho que los ciudadanos, tanto españoles como residentes de otros países, sigamos creyendo en una justicia imparcial, que debe estar por encima de promotores codiciosos y políticos de estómagos agradecidos.
Ante esta situación, ¿qué se puede hacer para evitar los abusos urbanísticos, las denuncias, y la mala imagen del urbanismo valenciano? Aquí van unas cuantas propuestas:
Respeto de las viviendas existentes, legalmente construidas y al corriente de sus impuestos.
Criterios claros que delimiten el interés público que justifica un desarrollo urbanístico.
Paralización cautelar de PAIs recurridos, mediante prestación de avales de cuantía tasada, y no proporcional a los presupuestos desmesuradamente inflados con que los urbanizadores desvalijan a los pequeños propietarios históricos. Actualmente se exigen cantidades desorbitadas, que en la práctica impiden a los afectados hacer efectiva la suspensión.
Que la financiación total de los PAIs sea por cuenta y riesgo del urbanizador, y luego el Ayuntamiento plantee la repercusión a los propietarios, de forma que el propietario perciba el precio real del mercado, con el que pagar los gastos de urbanización, y las plusvalías no vayan a parar directamente al urbanizador (tomamos prestada la idea de doña Blanca Blanquer, ex directora general de Urbanismo de la Generalitat Valenciana).
*Enrique Climent y (*)Charles Svoboda, que firma también este artículo, son presidente y vicepresidente de Abusos Urbanísticos ¡No!
* Información - Opinión - 28.11.2008
Tribulaciones del patrimonio edificado de Madrid
ELPAÍS* : Arte, paisaje e historia es igual a patrimonio cultural. Pero hablar de patrimonio edificado en Madrid es sonreir y llorar, consecutivamente. Sonreir, porque en relación a otras ciudades españolas, el grado de conservación de los bienes patrimoniales públicos es considerado razonable por algunos expertos como el arquitecto Vicente Patón, representante durante años del Colegio de Arquitectos en distintas comisiones de control patrimonial.
Y también equivale a llorar, porque la protección de esos bienes podría ser mucho, muchísimo más eficaz, según éste y otros arquitectos especializados, más líderes vecinales, convocados este miércoles por el Grupo Municipal de Izquierda Unida de Madrid en un debate sobre Ciudadanía y Patrimonio celebrado en la casa de la Panadería de la plaza Mayor.
Para lograr una protección completa sería preciso no sólo que Ayuntamiento y Comunidad tomaran distancia de los mecanismos de fiscalización, donde son jueces y parte, sino también que creciera la sensibilidad ciudadana en defensa de lo que es suyo, establece Patón; habría que añadir además eficacia de la inspección de las actuaciones sobre bienes patrimoniales públicos, más una contención contundente de las pulsiones municipales orientadas a descatalogar bienes protegidos. Tal es la tendencia más frecuente en los órganos municipales con poder para modificar, por presiones políticas o inmobiliarias, los planes generales de ordenación urbanística, según denunció el arquitecto.
Destrucción de la 'Pagoda' de Fisac
Todo ello afloró en la Casa de la Panadería esta semana, durante la jornada dedicada a Ciudadanía y defensa del Patrimonio, organizada por el grupo Municipal de Izquierda Unida con un panel de arquitectos, ?Vicente Patón como ponente y Ricardo Aroca, Carlos Sánchez Casas, Alberto Tellería y Daniel Álvarez, anfitrión de IU, como tertulianos? y algunos de los principales líderes de movimientos vecinales madrileños: Julián Rebollo, de Cárcel de Carabanchel; Alberto Ferrero, de Caño Gordo-Dehesa de la Villa; Álvaro Bonet, de la Cornisa de las Vistillas-San Francisco el Grande; Juan Antonio Aguilera, de Dolmen de Dalí y el jardinero de la Casa de Campo, Luciano Labajos, de Ecologistas en Acción y Comisiones Obreras.
El evento, con ponencia, mesa redonda y coloquio, se celebraba en la sala de Bóvedas de la Casa de la Panadería, recinto paradigmático del Madrid del siglo XVII cuya planta básica, por cierto, ha sido transformada en Oficina Municipal de Turismo en una actuación de dudosa factura. Durante el acto se recordaron desmanes como la destrucción, en 2001, de la histórica casa de Iván de Vargas, apenas a 100 metros de la sede muncipal o el derribo de la Pagoda de Miguel Fisac.
Milagros Hernández, concejal de Izquierda Unida y organizadora de la jornada, se refirió a la necesidad del debate ciudadano sobre el patrimonio, que concierne a la ciudadanía de manera directa, y anunció una secuencia de debates monográficos semejantes. El ponente Vicente Patón brindó al público asistente una panorámica de la situación patrimonial en Madrid, desde los marcos legales ?ley de Patrimonio Histórico de 25 de junio de 1985, Ley regional de la Comunidad de Madrid, de 9 de julio de 1998? que los conservan y los catalogan, así como los tres niveles de protección a los que se afectan para su protección, más el papel de las comisiones de control municipal y regional y los problemas que en todos estos registros se presentan, amén de una ristra de sugerencias de soluciones que propuso.
Entre ellas Patón ofreció dos muy tangibles: la primera, la autorización de los muros de carga en las edificaciones con valor patrimonial, con objeto de mantener el respeto a la tectónica histórico-artística de la ciudad; la segunda proposición señalaba la necesidad de que se autorice en el casco histórico el empleo de los materiales tradicionales básicos de la construcción: piedra, hierro, madera y ladrillo. Patón se refirió a que en los edificios sometidos al grado más bajo de protección ?gran parte de los construidos en el siglo XVIII y XIX? es donde más desmanes se dan. Y ello porque, si bien carecerían de aspectos estéticos espectaculares, si conservan la traza, el aura y la volumetría de la ciudad histórica. En cuanto a la arquitectura contemporáea, el ponente abogó por incluirla en el catálogo de bienes de interés cultural, del que permanece ausente.
Una carga para sus dueños
En Madrid, "ser propietario de un bien patrimonial es una carga para su dueño", dijo por su parte Ricardo Aroca, ex-decano del Colegio Oficial de Arquitectos, que participaba en la mesa redonda posterior a la ponencia. Aroca hizo hincapié en mantener vivas las ciudades y no trocaerlas en parques temáticos inanimados, y destacó la necesidad de hacer rentable el patrimonio edificado, como principal argumento de convicción ante los que deciden.
Para el arquitecto Carlos Sánchez Casas, "la politización de las causas ciudadanas de defensa del patrimonio es una necesidad", aludió a los profesionales comprometidos y rechazó la práctica de culpar a la política de todos los males.
Alberto Tellería se mostró partidario de reducir el IBI a los bienes protegidos y subrayó las deficiencias existentes en la formación histórico-patrimonial de muchos arquitectos. "En la Escuela Superior de Arquitectura, la Historia era una "maría" (asignatura secundaria)", recordó.
Posteriormente, intervinieron en otro foro, relativo a la defensa ciudadana del patrimonio, los líderes del movimiento ciudadado, Julián Rebollo, de Carabanchel, que explicó las tribulaciones sufridas por el movimiento vecinal ante lo que tildó de "arbitrariedad de ministerios y Ayuntamiento" y que derivó en la demolición del edificio carcelario cuya cúpula los vecins intentaron salvar pra crear un centro por la paz y la memoria; Juan Antonio Aguilera, del colectivo de defensa del Dolmen de Dalí, denunció "el ocultamiento de documentación oficial sobre la plaza", de la cual dijo que "su enlosado de granito negro ?con rayos solares incisos hoy desaparecidos por una actuación municipal? formaba, con la escultura, la figura de piedra y la peana, parte integral del conjunto monumental", que definió como "la única obra urbanística diseñada en el mundo por el artista universal, concebida como un templo";
Alberto Ferrero, de la Dehesa de la Villa, destacó que los responsables municipales de su Distrito, tras hacer oidos sordos a la información vecinal para detener la destrucción de la Fuente de Caño Gordo y el viaje de agua de Palacio, solicitaron a su asociación "la misma información vecinal que antes de actuar habían rechazado".
Por su parte Álvaro Bonet, de la Asociación para la Defensa de la Cornisa de las Vistillas, hizo un repaso pormenorizado y gráfico de los desmanes patrimoniales que Madrid registra y los riesgos que gravitan sobre la línea que perfila el paisaje de la ciudad, que consideró patrimonio intangible y valiosísimo de Madrid. Luciano Labajos, jardinero de Comisiones Obreras y dirigente de Ecologistas en Acción, remarcó la necesidad de organizar las acciones de defenesa del patrimonio, entre las que dio prioridad a las concernientes al patrimonio natural y paisajístico.
* ELPAIS.com - RAFAEL FRAGUAS - Madrid - 20/11/2008
Foto: La 'Pagoda' de Fisac - elpais.com
Corrupción civil
XOSÉ MANUEL PEREIRO* : Los sistemas de vigilancia del urbanismo por parte de las Administraciones públicas son un fiasco absoluto, a causa sobre todo del debilitamiento de las competencias de control municipal. Por ello, sería necesario actualizar las incompatibilidades del personal de los ayuntamientos, reforzar los cuerpos autonómicos de inspección y las unidades policiales especializadas. Además, habría que obligar a comparar las declaraciones de bienes de los ediles antes y después de ocupar el cargo, y por supuesto, acometer la demolición de construcciones ilegales y la imposición de sanciones conminatorias.
Argumentos así de contundentes no han salido de la pluma de un columnista que denuncia el apocalipsis de la corrupción inmobiliaria, sino que forman parte de la intervención del fiscal jefe de Galicia, Carlos Varela, en el Parlamento gallego. Es el discurso de un alto cargo ante una institución más que insigne. Si la gente de orden y el pensamiento mainstream van por ese camino, imaginen como estará el asunto a nivel underground.
Es de agradecer el esfuerzo del responsable del ministerio público en Galicia por intentar poner el dedo en esta llaga. Pero no sé yo si el problema se arregla con el cumplimiento de las leyes. En primer lugar, porque la normativa urbanística, al menos para un lego, es algo semejante a la teología: además de inescrutable, tremendamente susceptible en las interpretaciones y con una demora eterna en la tramitación. Me temo que incluso lo es para la gente de la toga. No pongo en cuestión la importancia del derecho romano en nuestro sistema jurídico, pero quizás los estudios para juez o fiscal deberían actualizar más las materias.
De hecho, antes de la reciente riada, o punta del iceberg, de alcaldes presuntamente cogidos con las manos en la masa (150 en toda España), en Galicia llegaban los dedos de una manopla para contar los casos de ediles condenados por cuestiones urbanísticas. Y en los dos o tres casos, por nimiedades, mientras son más que conocidos (aunque no se publiquen o no se denuncien por falta de pruebas) enriquecimientos exponenciales de autoridades, en coincidencia casual y temporal con su mandato. Hasta ahora, las leyes, como decía Gandhi de las cobras, sólo muerden a los que van descalzos.
Dicho de otra forma, o se pueden hacer barbaridades urbanísticas perfectamente legales o las leyes urbanísticas se pueden incumplir tranquilamente. Por no molestar con casos actuales, en mi primera visita a la Muxía pos-Prestige, noté como que faltaba algo ya desde la entrada. Efectivamente, la iglesia románica de Santa María estaba completamente oculta, excepto el campanario, por un edificio levantado entre la costa y el templo. Legalmente, supongo. Por aquellos días, el entonces gobierno local aprobó un PGOU que doblaba el número de viviendas y triplicaba la población en O Vilar, la única zona de expansión de la villa. Buena parte de la superficie, además de propiedad de concejales, estaba dentro del límite de 200 metros protegidos por la Ley de Costas, por lo que, según convenios firmados con dos inmobiliarias, "el Ayuntamiento se compromete a reducir dicha zona de protección de 200 a 100 metros por el procedimiento de excepcionalidad justificada que prevé la ley".
Es que en esto no hay esa "alarma social" que empuja a la justicia a ser inflexible. Según un reciente reportaje de este periódico, el 70% de los cargos municipales implicados en escándalos urbanísticos resultó reelegido (y parte del 30% restante posiblemente se retiró motu proprio para hacer caja). La sociedad civil es unánimemente civil sobre los tirones de bolsos, pero no lo es tanto sobre los robos de bienes comunes como el territorio. O sea que la presión social, que es la que evita salidas del tiesto estético en el resto de Europa, y en casi toda la costa atlántica excepto Galicia, tampoco funciona.
No todo vale para crear esa "sociedad civil" que aquí escasea. Me refiero, por ejemplo, a ese sistema hidropónico de la Consellería de Medio Ambiente de crear de la nada y a la carta (y con una cuenta de 610.000 euros) un movimiento verde moderado y mandadiño, mediante la conversión de sindicalistas o afiliados en ecologistas, conservacionistas y "naturistas" -que no son gente amante de la naturaleza, sino de andar como la naturaleza los parió-. La conciencia social, incluida la ecologista, no se cría en invernaderos.
* ELPAIS.com - Opinión - Galicia, 20/11/2008
