ELDIARIOMONTAÑÉS/Cantabria* : «Parte de las viviendas construidas por las promotoras Urdicam y Promociones Cotolino han sido vendidas sin advertir de las ilegalidades a los compradores que han adquirido viviendas ilegales e ilegalizables con el perjuicio que ello supone». Ilegales e ilegalizables. El juez Acayro tiene claro cual es el futuro de las 53 viviendas construidas por Urdicam y las 81 de Promociones Cotolino que se levantan en el entorno de Santa Catalina junto al colegio Arturo.
Lo tiene tan claro que en el auto en el que imputa a 32 personas por «desastre urbanístico» ya estima las posibles indemnizaciones a los compradores (24 en el caso de Urdicam y 20 en el de Promociones Cotolino). En conjunto, los daños y perjuicios ocasionados, incluidas las posibles costas, se cifran en 6 millones de euros en el caso de Urdicam y en un millón en el de Promociones Cotolino. «De tales perjuicios son responsables los promotores al 50% con las autoridades y funcionarios que han intervenido en la tramitación y que deben responder de manera directa y solidaria».
Las otras viviendas afectadas por la investigación de Acayro son las 21 que Inmobilaria Izarra construye en la actualidad. Aunque en este caso, el promotor -al que se le imputó erróneamente en su día presunta estafa- no ha vendido ningún piso. No obstante, se le atribuye un presunto delito de ordenación contra el territorio al igual que a las otras dos constructoras. Eso sí, no tendría ninguna responsabilidad civil.
El futuro de los compradores de Urdicam y Promociones Cotolino parece estar asegurado con las decisiones del juez, pero si los pisos son «ilegales e ilegalizables», ¿cuál es su futuro? ¿La piqueta llegará a Castro? Estos son algunos de los interrogantes que han surgido a raíz de las 60 páginas del auto en el que se ponen sobre la mesa presuntos delitos de prevaricación urbanística y administrativa, estafa, falsedad de documento público...
Parece lógico pensar que si a estos tres promotores se les imputan presuntos delitos contra la ordenación del territorio, «al llevar a cabo una construcción no autorizada sobre bienes de dominio público», sus viviendas podrían estar destinadas a sucumbir ante la piqueta. Pero tendrá que ser un juez en última instancia el que lo decida y el que confirme que estos pisos afectados son «ilegales e ilegalizables». Este periódico se ha puesto en contacto con varios abogados expertos en este tipo de cuestiones y todos coinciden a la hora de señalar que si finalmente estas construcciones se consideran ilegalizables, tendrán que ser demolidas. No habría otra opción.
Lo cierto es que el juez Acayro es muy explícito en su auto a la hora de señalar que ni Promociones Cotolino ni Urdicam «han respetado el estudio de detalle al ocupar el cauce de la vaguada que debía dejarse libre de edificación y que condicionan, 'per se', la ilegalidad de los edificios». A falta de que se resuelvan los recursos de las promotoras, está todo dicho.
Sin sentencias de derribo
A pesar de esa opinión generalizada de que en Castro Urdiales se ha construido en los últimos años 'sin límites', lo cierto es que a día de hoy no hay ninguna sentencia de derribo contra alguna urbanización del municipio. Esta ha sido una de las tesis del alcalde de Castro Urdiales, Fernando Muguruza, para defender que «tan mal no se habrán hecho los cosas cuando no se ha demolido ninguna urbanización».
El último derribo de viviendas ilegales que se conoce data del 10 de julio de 2008. La empresa Excavaciones Brazomar S.L. ejecutó a instancias del Ayuntamiento de Castro Urdiales el derribo de las viviendas número 79 y 80 de la primera fase de la promoción de chalés que estaban ejecutando Bifamiliares y Adosados Castreños SL en La Loma. Dos viviendas que no se habían vendido aún y que fueron declaradas ilegales por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Santander por haber sido construidas sobre suelo rústico.
* El Diario Montañés - 13.01.10
Foto: Las viviendas «ilegales e ilegalizables» que se ven afectadas por el auto del juez Acayro están próximas a la zona de Santa Catalina. :: ABEL VERANO, eldiariomonanes.es
Castro: Pisos con vistas ¿a la piqueta?
Arrecife: El TSJC anula la 'corrección de errores' del Plan General y define la situación urbanística de “inquietante”
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DIARIODELANZAROTE* : El Plan General de Arrecife regresa a la actualidad. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha anulado el acuerdo del Ayuntamiento sobre la “corrección y subsanación de errores” del planeamiento de la ciudad. Unas modificaciones introducidas en el Plan General en 2004 aprovechando el trámite de adaptación a la Ley del Territorio.
En su sentencia, el TSJC anula el acuerdo tomado por el pleno del Ayuntamiento el 13 de marzo de 2007, con María Isabel Déniz en la alcaldía, que pretendía, según el grupo de gobierno de entonces, corregir los “errores y omisiones detectadas en el Plan General de Arrecife”.
Los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma presentaron un recurso contencioso administrativo contra el Ayuntamiento capitalino al entender que la aprobación acordada por el pleno municipal se había adoptado “con carencia absoluta de trámites esenciales para la modificación o revisión del planeamiento”, por lo que sería “nulo de pleno derecho”.
El Plan General de Arrecife debía adaptarse a las disposiciones de la Ley de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, que data el año 2000, pero en ese trámite, conocido como adaptación básica, se introdujeron cambios sustanciales en el planeamiento de la ciudad. La adaptación básica entró en vigor en agosto de 2004.
Esos cambios en el planeamiento, calificados por el Ayuntamiento como “errores”, salieron a la luz pública cuando sectores empresariales de la Isla denunciaron públicamente su existencia. Uno de los cambios afectaba al suelo industrial y a las características de la oferta comercial que se podía implantar en ese tipo de suelo.
Un proceso caótico
Ya en 2006, el Consistorio elevó una consulta a la Consejería de Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias para que sus técnicos evaluasen la situación del planeamiento de la capital tras la citada adaptación básica y cómo se podían corregir los cambios detectados.
El Tribunal Superior de Justicia resalta que los técnicos del Gobierno canario elaboraron informes con “conclusiones dispares” sobre la adaptación básica. Así, uno de los dictámenes “admite que existen algunos errores materiales” mientras que otro “considera que todas las modificaciones presentadas no podían ser consideradas como errores por modificar el sentido de la normativa”.
Además, añade el TSJC, “existen tres informes más que no figuran en el expediente administrativo, pero que los concejales del Ayuntamiento de Arrecife conocían”. Alguno de estos dictámenes era mucho más contundente al considerar que la aprobación de la adaptación básica del Plan General “se debería revisar de oficio, previa declaración de lesividad” para el interés general.
“Situación urbanística inquietante”
La sentencia del TSJC hace hincapié en “la disparidad de los informes de los técnicos de la Comunidad Autónoma” y en lo “inquietante” que resulta el pleno anulado y la “situación urbanística” que se dibujó en la sesión, en la que se admitió por dos miembros de la Corporación “que si existía discrepancia” entre el Plan General de 1997 y la adaptación básica “se atendía al primero” en la aplicación cotidiana que se hacía en el Ayuntamiento.
“Es decir, que admiten que si existía discrepancia entre el plan original y el plan adaptado, este último no se aplicaba pese a estar publicado”, llama la atención el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
Arrecife 'seleccionó' los informes
Entre los motivos que han llevado al TSJC a anular el acuerdo plenario se destaca que el Ayuntamiento no esperó a que el Gobierno canario se pronunciara definitivamente sobre la adaptación básica sino que seleccionó los informes jurídicos que le interesaban, eso sí, “excluyendo la posibilidad de una revisión de oficio de la adaptación del Plan General”.
Señala que el Ayuntamiento “únicamente” amparó aquellos dictámenes “en los que parcialmente se admitía la existencia de errores”. “El resultado”, para el Alto Tribunal canario, fue la adopción de “una decisión ambigua” y nula al no precisarse el criterio jurídico que se estaba tomando en consideración. Por tanto, el acuerdo adoptado, tanto en contenido como en su finalidad, “era de una ambigüedad tal en materia de urbanismo que lo haría contrario a la seguridad jurídica”.
* Diario de Lanzarote - 13.01.10
Foto: Arrecife (Lanzarote) - lanzarote.com
Camps benefició en el Cabanyal a firmas implicadas en Gürtel
PÚBLICO/Valencia* : Las constructoras Sedesa y Lubasa, dos de las empresas que, según un informe policial sobre el caso Gürtel, financiaron ilegalmente al PP valenciano, obtuvieron plusvalías procedentes del erario público superiores al 10% y sin arriesgar un solo euro. Lo lograron gracias a la controvertida operación urbanística de El Cabanyal, auspiciada por el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.
Según el citado informe policial, pendiente desde julio de que algún juez se decida a investigar su contenido, tanto Sedesa como Lubasa pagaron en dinero B actos del PP valenciano.
La Brigada contra el Blanqueo calcula en 539 millones de euros los contratos públicos de la Generalitat adjudicados entre 2007 y 2009 a Sedesa, propiedad de la familia del consejero valenciano Vicente Cotino. Y en más de 77 los obtenidos por Lubasa entre finales de 2006 y comienzos de 2009. Ambas niegan haber financiado al PP.
Elegidas a dedo
El origen de las plusvalías captadas por Sedesa y Lubasa (a través de su filial Calviga) se remonta a 2005. Ese año, la Generalitat y el consistorio valenciano incorporaron a 11 constructoras privadas como socios constituyentes y sin concurso previo a Cabanyal 2010 SA. Participada por la Generalitat y el Ayuntamiento en un 55%, la empresa nacía así como sociedad mixta encargada de desarrollar más de 1.500 nuevas viviendas en el histórico barrio marítimo, cuya destrucción acaba de paralizar el Ministerio de Cultura.
En junio de 2008, con la crisis inmobiliaria ya desatada y la UE preparada para denunciar ante el Tribunal Europeo la entrada a dedo de capital privado en Cabanyal 2010 SA, las 11 constructoras abandonaron el barco. Pero lo hicieron no sólo recuperando todo lo invertido -7,8 millones de euros- pese a que Cabanyal 2010 SA estaba ya en pérdidas, sino obteniendo una jugosísima "compensación indemnización" cifrada en 870.000 euros: es decir, superior al 10% de la inversión inicial.
El entrecomillado anterior relativo a la compensación figura en un recién conocido informe de la Sindicatura de Comptes valenciana la Cámara de Cuentas autonómica que censura la actuación de la Generalitat y el Ayuntamiento en Cabanyal 2010 SA.
Para la indemnización, explica la Sindicatura en su informe, se tomó como referencia el IPC "más un punto". Y añade que, para justificar su decisión, la Generalitat y el Ayuntamiento aplicaron de manera indebida un precepto de los estatutos de Cabanyal 2010 SA. Esa cláusula estipula cómo recomprar las acciones en manos privadas... pero una vez transcurridos 10 años como mínimo desde la creación de la sociedad, y no tres.
El gabinete de prensa de la Generalitat rehusó ayer dar una explicación y remitió a los servicios de comunicación del Ayuntamiento de Valencia. Fuentes del consistorio valenciano aseguraron a Público que la operación se hizo "de acuerdo a ley". En relación con la amenaza de la UE de interponer demanda por la vulneración del principio de igualdad de trato en la elección de socios para Cabanyal 2010 SA, las fuentes sugirieron que la amenaza de demanda "quedó en nada". El 8 de octubre de 2009, la Comisión Europea anunció su decisión de demandar a España (las autonomías no tienen personalidad jurídica propia en la UE) por el sistema de contratación seguido por el Instituto Valenciano de Vivienda SA (IVVSA), a través del cual está representada la Generalitat en Cabanyal 2010 SA.
Sin riesgo y como a plazo fijo
Según el Ayuntamiento valenciano, el informe de la Sindicatura es "opinable". No lo es, en cambio, que las constructoras dejaron el negocio como quien liquida un depósito a plazo fijo: sin riesgos y con beneficios.
Conjugando los datos del informe de la Sindicatura con los del reparto accionarial en Cabanyal 2010 SA y el precio pagado por cada acción, se alcanza una conclusión respecto a Lubasa y Sedesa: la primera se hizo con 1.856 acciones desembolsando 928.000 euros y, en 2008, se marchó con el compromiso público de reintegrarle 1.030.520 euros. En lo que concierne a Sedesa, las cuentas son estas: en 2005 se hizo con 500 acciones por 250.000 euros y, tres años más tarde, consiguió que la Generalitat y el Ayuntamiento le garantizasen 277.619 euros.
Las acciones, advierte además el informe, debieron adquirirse no a su valor nominal, que aquí era el pagado en 2005 por las constructoras, sino por su valor teórico. La Sindicatura subraya que el valor teórico de las acciones, expresión que equivale al valor real de mercado, "se encontraba por debajo del nominal en el momento de la venta, dado que la empresa había obtenido pérdidas en los ejercicios anteriores".
Les Corts ratificarán el jueves el decreto ley de El Cabanyal
Este jueves, Les Corts validarán el decreto ley del Consell que permite los derribos en El Cabanyal pese a la prohibición del Ministerio de Cultura, que los considera “expolio”. La Junta de Portavoces, con mayoría del PP, se reunió ayer antes de que se reanuden las sesiones. Tras la junta, el portavoz del PSPV-PSOE, Ángel Luna, denunció que el Gobierno valenciano aplica “el estilo Berlusconi, cambiando la ley para que desaparezca la fechoría”. Por su parte, el portavoz del PP, Rafael Blasco, aseguró que Cultura pretende “humillar” a las instituciones autonómicas. Algo con lo que no está de acuerdo la portavoz adjunta de Compromís pel país valencià, Mónica Oltra, que defendió que los derribos son “un crimen” y que no dudará en ponerse “delante de las excavadoras”. El president, Francisco Camps, y la alcaldesa, Rita Barberá, se reunieron ayer en el Palau de la Generalitat junto a buena parte de sus equipos para tratar proyectos urbanísticos en Valencia durante el 2010. Alfonso Grau, teniente de alcalde, afirmó que en El Cabanyal “continúan los derribos”, aunque no supo concretar en qué calle. Por contra, los vecinos de Salvem el Cabanyal precisaron ayer que desde septiembre no se han producido demoliciones / SERGI TARIN
* Público - 13.01.10
Foto: Valencia, barrio Cabanyal - publico.es
La juez lleva al banquillo al ex 'alcalde constructor' de Íllora
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IDEAL/Granada* : El juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº2 de Loja acaba de dictar un auto -una resolución motivada- en el que propone la conversión en procedimiento abreviado del 'caso del alcalde constructor' de Íllora, Antonio Toral. La definición, 'alcalde constructor', no es un alias: es la constatación de una realidad: Toral compaginó ambas actividades, el ejercicio de la política municipal y la promoción de viviendas, cuando estaba al frente de un Ayuntamiento gobernado entonces por un tripartito: PP, Partido Andalucista y Partido Socialista de Andalucía.
La crucial decisión del juzgado de Loja de transformar las diligencias de investigación en procedimiento abreviado significa que ya hay más que indicios para proceder judicialmente contra Toral y contra el que era su concejal de Urbanismo, Antonio Gallego. Más pronto que tarde, deberán sentarse en el banquillo de los acusados -hay un tercer implicado, un socio del propio Toral-.
No es el último paso hacia la vista oral, pero sólo desde un punto de vista meramente formal. La ley dice que caben recursos de reforma -ante el propio juez que ha dictado la resolución- y de apelación -ante la Audiencia Provincial de Granada- contra el auto de procedimiento abreviado, pero ninguno de ellos paraliza el caso. Es decir, que las partes deberán presentar en los próximos días sus escritos de acusación o de archivo de la causa.
Lo siguiente, ya sí, será la apertura del juicio oral. Ese será el punto final a una instrucción larga: arrancó en 2006, después de que IDEAL publicase una información que avisaba de que Toral había creado una promotora para edificar en unos terrenos que se habían recalificado siendo él el alcalde, esto es, la máxima autoridad urbanística del pueblo. Además, la urbanización que construía Toral invadía, supuestamente, una cañada real.
El entonces alcalde dijo a este periódico que «todo los pasos que se han dado son legales».
Poco después, y basándose en las revelaciones de IDEAL, la Fiscalía presentó una denuncia contra el hoy ex primer edil de Íllora.
Cuatro años después
Han pasado cuatro años desde aquellos acontecimientos, y la jueza de Loja ha concluido que sí hay materia para sentar a Toral en el banquillo de los acusados. Concretamente, la magistrada ha reunido evidencias para atribuir a el ex regidor de Íllora la presunta comisión de tres delitos de tráfico de influencias y un cuarto contra la ordenación del territorio.
Por su parte, las sospechas que recaen sobre Antonio Gallego son por cuatro supuestos delitos de prevaricación urbanística -que un funcionario funcionario o un cargo institucional dicten una resolución injusta a sabiendas de que lo es-.
En cuanto al tercer implicado, el que fuera socio de Toral, la jueza ha observado indicios de que pudiera haber cometido un presunto delito contra la ordenación del territorio.
* Ideal - 13.01.10
Foto: Íllora (Granada) - wikimedia.org
El Puerto: El PGOU prevé cinco veces más viviendas que las permitidas en el POTA
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ECOLOGISTASENACCIÓN/Cádiz* : El nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de El Puerto de Santa María prevé unos crecimientos urbanísticos insostenibles ambiental, territorial y financieramente, e ilegales a tenor del claro incumplimiento de los límites impuesto por el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA).
Este Plan determina que los crecimientos de los municipios deberán acotarse a una serie de limitaciones, que son:
- La dimensión del crecimiento propuesto debe basarse en parámetros objetivos, como son el demográfico, del parque de viviendas, usos productivos…, y su relación con la tendencia seguida para dichos parámetros en los últimos diez años.
- Con carácter general no se admitirán los crecimientos que supongan incrementos de suelo urbanizable superiores al 40% del suelo urbano existente ni los crecimientos que supongan incrementos de población superiores al 30% en ocho años.
Posteriormente a la aprobación del POTA por el parlamento en 2006, la Junta modificó estas condiciones, excluyendo a efecto de cómputo de crecimiento urbanístico los suelos industriales.
En el PGOU solo se ha tenido en cuenta la limitación del 30% de incremento de la población en los próximos ocho años, peros se ignora acoplarse a la tendencia del aumento poblacional en la última década. El PGOU prevé la construcción de 25.364 nuevas viviendas, pero se asegura que se respetan los límites del POTA, ¿cómo es posible? Pues realzando un alarde de auténtica ingeniería ladrillera, que consiste en lo siguiente:
· No computar las viviendas que faltan por construir del PGOU vigente.
· No computar las viviendas ilegales que se legalizan.
· No computando las viviendas que se prevén construir en las ZERPLAs que contempla el Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía -El Madrugador y Cantarranas-, que deben destinarse a actividades productivas, pero que se dedican a usos residenciales.
A fuerza de excluir de forma claramente fraudulenta, en el PGOU se computan sólo 10.444 viviendas a efecto del POTA, ni la mitad de las que se prevén construir. Según los cálculos del PGOU se asegura que se podrían construir hasta 11.355 viviendas, teniendo en cuenta un incremento de población de 27.253 habitantes (30 %).
Ecologistas en Acción ha realizado un estudio exhaustivo, basado en el cómputo de todas las viviendas que se pretenden construir, tanto por desarrollos del PGOU vigente que se mantienen, como en los nuevos desarrollos en suelos urbano no consolidado como en suelos urbanizables.
Actual suelo urbano o urbanizable que todavía no se ha desarrollado:
- San José del Pino: 999 viviendas
- Jardín de Cano II: 129 viviendas
- Gaonera: 15 viviendas
- Plaza Jazmines: 46 viviendas
- La China: 910 viviendas
- Bahía Blanca: 103 viviendas
- La Inmaculada: 78 viviendas
- La Florida I y II: 3.360 viviendas
- Las Marías: 819 viviendas
Total viviendas previstas en el actual PGOU y no construidas: 6.459
Suelo Urbano No Consolidado: Bajo esta denominación se incluye un variado tipo de situaciones y suelos:
· Áreas de Regularización (ARG): el PGOU contempla como SUNC la mayor parte de las urbanizaciones ilegales, que no deben ni pueden computarse como suelos urbanos ni como viviendas ya construidas. El que no se compute la superficie de urbanizaciones ilegales supondría primar el urbanismo ilegal, pues permitiría mayores crecimientos a los municipios donde menos se ha respetado la legalidad urbanística. Las urbanizaciones ilegales deben contemplarse como lo que son, suelos no urbanizables que se recalifican a urbanos no consolidados, y las viviendas computar como nuevas viviendas al ser legalizadas. Total viviendas ARG: 4.818
· 11 sectores: en su mayor parte actuales suelos no urbanizables. Incluye las urbanizaciones ilegales de Cantarranas, además de otras zonas que se destinan tanto a uso residencial, como terciario e industrial. Total viviendas Sectores: 1.279
· 12 Áreas de Reforma Interior (ARI): algunas en actuales suelos no urbanizables o de uso industrial. Total viviendas ÁRI: 639
· Ámbitos de Incremento de Aprovechamiento (AIA): que no son tales incrementos de aprovechamiento sino recalificaciones de suelos industriales o equipamientos a residencial, o de no urbanizable a industrial. Total viviendas AIA: no se especifica.
Suelo Urbanizable Sectorizado:
- Costa Oeste: 5.994 viviendas
- Campo golf Viña Rango: 500 viviendas
- Ensanche residencial noroccidental: 2.597 viviendas
- Ensanche residencial Norte: 2.884 viviendas
- Área de actividades Económica El Madrugador: 194 viviendas
Total viviendas en nuevos suelos urbanizables: 12.169
TOTAL nuevas viviendas a construir en ocho años: 25.364
Si se tiene en cuenta que la dimensión del crecimiento propuesto debe realizarse en función de parámetros objetivos demográficos y su relación con la tendencia seguida en los últimos diez años. La tendencia demográfica seguida por El Puerto en los últimos 10 años es la siguiente (según datos del Instituto Nacional de Estadística):
Población: 1/1/1999…….. 75.097 1/1/2009……… 87.696
Incremento de población periodo de 10 años 1999-2009: 12.599 habitantes (16,77 %, 1,677 % anual).
Previsiones para los ocho próximos años: 13,416 % de crecimiento.
Aumento de población prevista próximos ocho años: 11.765 habitantes.
Teniendo en cuenta la ratio que utiliza la Junta de Andaluza de 2,4 habitantes/vivienda, el número de viviendas máximo permitidas y necesarias en este periodo es de 4.902.
Ecologistas en Acción presentará una Alegación a la totalidad a este PGPOU para conseguir que se adapte a la legislación vigente y no se construyen miles de viviendas innecesarias que solo terminarán por inflar de nuevo la burbuja inmobiliaria e hipotecar el futuro de nuestro municipio.
Ecologistas en Acción advierte que si se mantienen estos crecimientos injustificados e ilegales, se planeará recurrir el PGOU ante los Tribunales, lo que puede crear una situación de inseguridad jurídica que no beneficiará a nadie. Recordamos que tanto el PGOU de Chiclana como el de Prado del Rey, han sido anulados por el TSJA a demanda de Ecologistas en Acción al no haberse tenido en cuenta nuestras advertencias de ilegalidad.
* Ecologistas en Acción > Andalucía > Cádiz > El Puerto de Santa María - 11.01.10
Foto: El Puerto de Santa María (Cádiz), ayuntamiento - wikipedia.org
Un mártir del urbanismo
RAMÓN GÓMEZ CARRIÓN* : No había escrito yo nunca sobre el asesinato del ex alcalde de Polop porque no tenía un firme asidero para dar por bueno lo que todo el mundo daba por hecho, que la honradez le había costado la vida. Eso, traducido al lenguaje religioso, significaría que Alejandro Ponsoda es el primer mártir que ha dado este país de corruptos en defensa de la honradez. Lo que pasa es que su sacrificio, que no intento comparar con el de Jesucristo, tampoco servirá para erradicar el pecado del mundo de las finanzas, del tinglado del urbanismo, del contubernio de los depredadores humanos.
Una vez que la juez María Antonia Raedo, con el levantamiento del secreto del sumario, da por bueno que el móvil del crimen fue urbanístico, ya no queda ninguna duda de que Ponsoda fue inmolado por defender la limpieza moral del representante máximo del pueblo que le eligió en las urnas. Este hombre sí que quería a su pueblo, como el pastor que da su vida por las ovejas defendiéndolas frente al lobo. Frente a los lobos. El hombre, lobo para el hombre ("homo, homini lupus"); siete lobos que han sido imputados, unos como autores materiales de los disparos y otros como inspiradores o cómplices del crimen.
Todos nos preguntamos cómo entre personas que parecen normales, que incluso aparentan llevarse bien, surge un asesino. ¿Cómo se gesta el odio? ¿Cómo el ansia de poder o de dinero puede llevar a matar? ¿De qué pasta estamos hechos? Evidentemente de un mal barro, pues ya Caín mató a su hermano Abel poco después de que Dios modelara a Adán y Eva mostrándose como un mal alfarero.
Estamos tristemente acostumbrados a los crímenes pasionales, a las muertes provocadas por maltratadores, a las tragedias provocadas por terroristas. Pero ahora tenemos ya dos alcaldes muertos, el último el de Polop, con políticos imputados.
Si Calderón tiene razón, en el gran teatro del mundo cada uno desempeña un papel. Si malo fue el de Job, peor el de Judas Iscariote. Ponsoda ha hecho de Jesús y su ex teniente de alcalde está acusado de Judas. Los teólogos de la predestinación, se las ven y se las desean para compatibilizar el estar predestinados y el ser libres. ¿Nacemos marcados para el crimen o la virtud?
Sea como fuere, en algún lugar destacado de Polop se debería elegir un monumento a Alejandro Ponsoda, una materialización del homenaje que todos los ciudadanos honrados le tributamos en nuestro interior.
* La Verdad - Opinión - 13.01.10
