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LAPROVINCIA* : El paisaje de la costa norte de Gran Canaria se ha ido pincelando en los últimos 30 años a golpe de edificaciones ilegales, muchas de ellas construidas en las mismas rocas y en parajes de difícil acceso. Sin embargo, esta situación tiene sus días contados, ya que la Demarcación de Costas de Canarias está acometiendo una campaña de limpieza profunda de edificaciones ilegales en el litoral norteño para recuperar una zona costera deteriorada por la acción del hombre. Ayer Costas ejecutó el expediente de demolición de una vivienda ilegal ubicada en la zona de El Sobradillo, en el municipio de Gáldar.
La edificación, dos viviendas conectadas entre sí, con dos plantas de unos 70 metros cada una y sótano, estaba construida sobre las mismas rocas de esa zona del litoral galdense, lo que dificultó los trabajos de demolición, ya que lo agreste de la orografía impidió la utilización de maquinaria pesada.
Si difíciles han sido los trabajos de demolición, no menos tuvieron que serlo los de la edificación, sobre todo el transporte de materiales utilizados para construir esta casa, casi en medio del mar, con piscinas naturales de las que disfrutar del verano y un paisaje que quita el hipo por su hermosura.
La vivienda, utilizada por sus propietarios como residencia de verano, está levantada sobre suelo de dominio público marítimo terrestre, ya que la misma fue construida unos metros por delante de las balizas que delimitan el suelo público.
Al ser una residencia para la época vacacional, no se tuvo que recurrir al desalojo de sus propietarios, ya que estaba desocupada en el momento de comenzar las tareas de derribo.
MÁS DERRIBOS. El derribo de edificaciones ilegales que está acometiendo la Demarcación de Costas en el litoral de la comarca norte no se suscribe solamente al derribo de viviendas o casetas levantadas sobre suelo de dominio público.
Desde Costas se informa de que también se están acometiendo trabajos de eliminación de caminos artificiales que han sido construidos por vecinos para facilitar el acceso a parajes vírgenes de la zona costera, en los que abundan las piscinas naturales.
Así, los caminos de hormigón e incluso de madera están siendo eliminados para devolver a la zona su paisaje natural. Al tiempo que se acomete la eliminación de estos caminos artificiales, Costas espera por la tramitación de varios expedientes más de demolición de viviendas ilegales en otras zonas del litoral del norte como el barranco de La Ballena, con lo que queda claro que no estamos ante una actuación puntual, sino que la recuperación de la costa del norte va en serio. Tanto que para agilizar los trámites se están localizando las edificaciones que en la actualidad estén abandonadas o deshabitadas para proceder con menos problemas a su demolición.
Hasta este momento, los norteños han tenido carta blanca a la hora de apropiarse de unos espacios que son de todos, pero parece que esta situación por fin se ha acabado, y que quienes no hayan construido conforme a la legalidad vigente tendrán que pasar por el amargo trago de ver cómo las viviendas en las que han pasado las tardes familiares de verano, los apacibles días de pesca y diversión de las vacaciones son demolidas sin piedad ni vacilación, ya que la ley, después de muchos años, ha llegado a la costa norteña.
* La Provincia - MARÍA JOSEFA MONZÓN - GÁLDAR - 16 de enero de 2008
Foto: Gáldar (Gran Canaria), derribo en El Sobradillo - canarias7.es
NOTICIA RELACIONADA: Costas derriba la primera vivienda en Los Molinos ante la impotencia de los vecinos majoreros - LA PROVINCIA, 16 de enero de 2008
La piqueta llega a la costa norte de Gran Canaria
Barcelona: La plataforma contra el túnel del AVE pide la dimisión de Hereu
ELPERIÓDICO* : La plataforma de Defensa del Patrimonio de Catalunya, que engloba a varias asociaciones contrarias al actual trazado del túnel del AVE por Barcelona, ha pedido hoy la dimisión del alcalde de la capital catalana, Jordi Hereu, por su respaldo a este proyecto, sobre el que reclaman además una consulta popular.
Miembros de la plataforma han entregado hoy en el Palau de la Generalitat una carta dirigida al presidente del Govern, José Montilla, donde le piden una reunión para exponerle su rechazo a esta obra, que se prevé se licite esta semana, a la vez que han hecho entrega en el registro de dos baúles que contenían las fotocopias de los "centenares de miles" de firmas que han recogido contra este trazado, que discurre junto a la Sagrada Familia.
"Cientos de miles de firmas"
Pere Vallejo, portavoz de la asociación AVE por el Litoral, una de las entidades que se oponen con más ahínco a este túnel que deberá conectar las estaciones de Sants y Sagrera, ha explicado que la entrega de las firmas "se ha precipitado" ante la inminencia de la adjudicación, por lo que la plataforma no tenía cuantificado su número, algo que deberán certificar ante un notario.
La plataforma quiere entregar los originales de las firmas "en mano" al presidente del Govern, a quien reclaman también una mayor implicación por el rechazo que genera esta proyecto. "Son cientos de miles de firmas de personas que no quieren que el AVE pase ni junto a la Sagrada Família, ni ante la Pedrera ni por delante de cerca de 1.000 edificios de viviendas, y que sirven para decirle también a Hereu que cumpla el acuerdo del pleno del 20 de julio, contrario a este túnel", ha añadido Vallejo.
La segunda batalla
El portavoz de AVE por el Litoral ve "más prudente" la postura que hasta el momento había mantenido el Gobierno, de no adjudicar este tramo hasta pasado el día 9 de marzo, que la del propio alcalde, al que acusa de no respetar el "juego democrático", y sobre todo teniendo en cuenta que hay dos recursos pendiente ante la Audiencia Nacional contra el túnel.
Vallejo ha señalado que aunque se adjudique la obra, como reclama el equipo de gobierno municipal, la Audiencia podría ordenar una "parada cautelar", lo que conllevaría un coste económico muy elevado "por el simple capricho de un mandatario". Además, ha advertido a la empresa adjudicataria de que "no se imagina los problemas con los que se va a encontrar, porque los ciudadanos nos opondremos al túnel ahora y siempre, la historia no se acabará cuando comiencen las obras, y el día que se adjudique será el inicio de la segunda batalla que estamos teniendo".
85% de barceloneses en contra
Sobre la consulta popular, el portavoz del AVE por el Litoral, ha recalcado que es un instrumento legal de participación que puede plantear "cualquier ciudadano" si viene respaldada por 2.000 firmas.
"Si el Ayuntamiento no la hace, lo haremos nosotros porque tenemos derecho, y además lo avalan las encuestas que se han hecho en medios de comunicación, que demuestran que hay más de un 85% de barceloneses en contra del trazado actual", ha subrayado Vallejo, que ha recalcado que el futuro de la estación de la Sagrera no está vinculado a la construcción del túnel.
* El Periódico - EFE - 15/1/2008
Foto: Barcelona, obras AVE - EFE
El Decreto del golf fomentará la especulación y la corrupción urbanística
ECOLOGISTASENACCIÓN/Andalucía* : El proyecto de Decreto sobre el golf elaborado por la Junta de Andalucía no es más que una nueva cesión a las presiones de los especuladores urbanísticos, y un inadmisible incumplimiento del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), que se opone a que los campos de golf sean meras excusas para las recalificaciones de terrenos y las promociones inmobiliarias. Este Decreto propiciará el que siga campeando en Andalucía una política urbanística que ha desencadenado todo tipo de ilegalidades, impactos ambientales y corrupción.
La Junta de Andalucía parece haber tirado la toalla en la lucha contra la especulación urbanística que está asolando nuestro territorio. La situación creada es claramente insostenible desde los puntos de vista ambiental, territorial, económico, político y social. La Administración Autonómica, en vez de poner coto a tal desmadre, lo propicia con normas como este Decreto. Los campos de golf y sus urbanizaciones anexas representan el peor modelo de ocupación del territorio, el que más suelo, agua y recursos naturales consume. El Informe de Observatorio de la Sostenibilidad de España (OSE) de 2006, auspiciado por el Ministerio de Medio Ambiente, ha dejado en evidencia que el ritmo de ocupación del suelo triplica el del crecimiento de la población en Andalucía; ya hay provincias que tienen más de la mitad de la primera línea de costa construida.
Este Decreto incumple normas como el POTA, y las reiteradas promesas del Presidente de la Junta de no permitir que los campos de golf se utilicen para recalificar suelos y construir promociones inmobiliarias. De nuevo, las presiones de las constructoras han vencido al interés general que deben defender los poderes públicos. Las condiciones que se incluyen en el Decreto para “permitir” promociones inmobiliarias son ridículas y no sólo no minimizarán el impacto territorial y ambiental de los campos de golf, sino que los aumentarán, ya que obligará a recalificar grandes extensiones de suelo, pues a las 70 has. mínimas del campo de golf hay que añadir los suelos correspondientes a la zona residencial, hotelera y comercial, por lo que cada campo de golf conllevará la recalificación de más de 100 has de suelo; en muchos casos una superficie superiora la las propias poblaciones existentes.
Con este Decreto la Junta demuestra un desprecio absoluto a las normas legales y al Parlamento. El POTA -aprobado tanto por el Parlamento andaluz como por Consejo de Gobierno de la Junta hace poco más de un año- propugna un modelo territorial basado en la ciudad compacta mediterránea, evitando procesos de expansión indiscriminada y de consumo innecesario de recursos naturales como el suelo, el agua o la energía. Establece como objetivo el romper la tendencia a nuevos crecimientos exógenos a los núcleos urbanos consolidados.
Evidentemente, con estas grandes recalificaciones es imposible cumplir la norma que prohíbe incrementos de suelo urbanizable superiores al 40% del suelo urbano. También se infringen las normas que prescriben que hay que dar prioridad a la integración de las nuevas ofertas turísticas en los núcleos urbanos existentes, y contemplar las instalaciones turísticas destinadas al ocio y deporte (campos de golf, parques temáticos…) desde su propio valor y con total independencia de las promociones inmobiliarias asociadas. Los empresarios aducen que los campos de golf no son rentables y que hay que “valorizarlos” con el complemento residencial, entonces ¿por qué se van a seguir promoviendo y construyendo?
El hecho de que la aprobación de campos de golf con desarrollos urbanísticos dependa de una comisión política, y que no exista ningún baremo objetivo para evaluar el número de viviendas que se incluirá en cada proyecto, propiciará la más absoluta discrecionalidad y potenciará la corrupción urbanística.
En cuanto al uso del agua, el Decreto no establece la obligatoriedad de regar con aguas depuradas ni prohíbe taxativamente el uso de agua potable. En la más flagrante ambigüedad sólo introduce la obligatoriedad de disponer de estaciones meteorológicas y balsas de 100.000 m3, con lo que además de no solucionar los problemas de riego irregular que se dan en buena parte de los campos de golf de Andalucía seguirá fomentando los pinchazos ilegales a los acuíferos y las tomas fraudulentas a la red general.
La propia Consejería de Turismo reconoce en el estudio sobre la demanda de golf en Andalucía que en 2005 Andalucía recibió sólo 364.000 turistas que declararon el golf como el objetivo de su viaje, lo que supone un 1,5% del total, muchos menos de los que vienen atraídos por nuestro patrimonio cultural o por los espacios naturales. Para ese 1,5% de turistas se quiere condicionar todo el desarrollo urbanístico e hipotecar nuestro futuro con un desmesurado consumo de suelo y agua.
La Consejería de Turismo nos ha remitido este proyecto de Decreto para que presentemos nuestras alegaciones. Ecologistas en Acción presentará una alegación a la totalidad por entender que este Decreto sólo propiciará más especulación, más corrupción y mantener un nivel insostenible de destrucción de nuestro territorio, de nuestro paisaje, y de recursos escasos como el agua.
* Ecologistas en Acción de Andalucía - 14 de enero 2008
Foto: Golf_y_urbanización - ecologistasenaccion.org
Detenidos el ex alcalde de Los Alcázares y otras cinco personas por el 'caso Malaya'
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EFE/Murcia* : La Policía ha realizado seis detenciones en relación con el registro que está practicando desde primera hora de la mañana en la sede del Ayuntamiento de Los Alcázares (Murcia), entre ellas, la del ex alcalde Juan Escudero, según informaron fuentes de la investigación. El registro y las detenciones se han producido, según las mismas fuentes, en el marco de una pieza separada abierta en el sumario del caso Malaya.
El registro en el Ayuntamiento ha comenzado pasadas las 10 de la mañana y su actuación se ha centrado en "pedir expedientes y discos duros de ordenadores", según ha dicho a Efe un funcionario de ese municipio.
La alcaldesa de Los Alcázares, Encarnación Gil Castejón, del PSOE, que accedió al cargo en las pasadas elecciones del mes de marzo, está facilitando el trabajo a los agentes, según ha indicado el funcionario.
El Ayuntamiento de Los Alcázares ha sido escenario durante la anterior legislatura de diversas actuaciones judiciales que llevaron al entonces alcalde, el socialista Juan Escudero, a dimitir en septiembre de 2006. Escudero dimitió alegando motivos personales cuando se hicieron públicas las actividades económicas del asesor urbanístico de Marbella, Juan Antonio Roca, en ese municipio del Mar Menor.
Su sucesor, Antonio Martínez Meca, renunció a presentarse en las elecciones de marzo después de expresar en un pleno extraordinario que nunca había sido amigo, ni había hablado ni trabajado para Juan Antonio Roca.
Un portavoz del ayuntamiento informó de que cuatro furgones policiales llegaron pasadas las 10 de la mañana a la plaza consistorial para comenzar las actuaciones, que desarrollan efectivos de la policía judicial. El registro se efectúa en las plantas segunda y tercera del ayuntamiento, donde se encuentran los servicios de urbanismo, industria, personal y vía pública, entre otros.
Los vecinos siguen con expectación el registro del Ayuntamiento
Varias decenas de vecinos del municipio costero siguen desde primeras horas de la mañana el desarrollo del registro que está llevando a cabo la Policía Nacional en el Ayuntamiento. Frente a la decena de agentes que custodian la entrada principal del consistorio, numerosos curiosos, en corrillos, aguardan el fin del registro y muchos coinciden en lamentar que este municipio sea noticia "por culpa de los políticos".
Entre las personas que se encuentran frente al consistorio está el portavoz del grupo municipal del PP, Aniceto Bastida, que en declaraciones a EFE dijo que "lo penoso de esta situación es que el nombre de Los Alcázares aparezca en los medios por presuntas irregularidades en la gestión municipal".
Bastida indicó que no sabía el motivo del registro, aunque apuntó que puede deberse a las denuncias que presentó en su momento el PP ante un juzgado de San Javier por presuntas irregularidades en la adjudicación de parcelas municipales.
* El Mundo - EFE - 16/01/2008
Foto: Los Alcázares (Murcia), ayuntamiento - elsemanaldigital.com
Una casita de cartón para Chacón
ELMUNDO/Madrid* : La Asamblea 'V de Vivienda' entregará el próximo miércoles a la ministra de Vivienda, Carme Chacón -embarazada de tres meses-, una "casita de cartón (...) acorde con las dimensiones" de "su futuro retoño", en denuncia por "la catastrófica situación del derecho a techo en España" y "la inevitable escalada del precio de los alquileres". Según informa la Asamblea, varios activistas de la Asamblea acudirán al Ministerio de Vivienda, sobre las 19horas, para dejar en la recepción este singular 'regalo'.
En palabras de la organización, "mientras que para cualquier bebé una casita acorde con sus dimensiones es otro juguete más, para muchos adultos este tipo de casitas es lo único a lo que pueden aspirar".
"Este regalo para el niño de Chacón es también una respuesta al tono electoralista y demagógico de su madre, que hace meses anunció públicamente su embarazo para después ponerse a sí misma como ejemplo del éxito de las políticas de conciliación y de igualdad del Gobierno socialista", afirmó V de Vivienda.
Además, la organización ciudadana espetó a la ministra de Vivienda que "si cree que su situación se puede extrapolar a la de la mujer española trabajadora media, o bien es de otro planeta (...) o simplemente es una maestra del populismo".
Además, V de Vivienda sostiene que las ayudas de 210 euros para el alquiler, que contempla la Renta Básica de Emancipación impulsada por Chacón, provocarán una subida del 10% en el precio de los alquileres por la mayor liquidez de la demanda.
Por ello, la organización volvió a pedir "un parque totalmente público de viviendas en alquiler a precios asequibles", para lo que consideró necesario dar un uso social a las viviendas vacías.
Asamblea estatal a primeros de febrero
En el acto de entrega se darán también a conocer los detalles de la asamblea estatal de organizaciones por el derecho a una vivienda digna que tendrá lugar los días 1, 2 y 3 de febrero, para analizar la situación actual de este movimiento, anunciar la nueva manifestación prevista para el 1 de marzo, y configurar un programa de reivindicaciones de V de Vivienda a nivel nacional.
* El Mundo - EUROPA PRESS - 14/01/2008
Foto: Casa_cartón - periodistadigital.com
Javier Arteche, socio de la Kutxa y miembro de la 'trama vasca', es imputado en el 'Caso Malaya'
ELCONFIDENCIAL* : Socio de la Kutxa en Murcia y de Montserrat Corulla en Madrid, pero sobre todo, amigo personal del ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Roca. Todo eso y mucho más ha sido Francisco Javier Arteche Tarascón, uno de los integrantes de la denominada trama vasca de Marbella, que ha sido imputado por fin en el Caso Malaya. Su juez instructor Óscar Pérez le ha incluido en una pieza separada del caso que investiga las operaciones urbanísticas correspondientes a las parcelas Ave María y Francisco Norte.
Arteche es un viejo conocido de los lectores de El Confidencial. Empresario de origen guipuzcoano, ha operado activamente en la Costa del Sol, Murcia, Espartinas (provincia de Sevilla) y Madrid. Tejió, junto a sus socios Luis María Maya Galárraga y Agustín Aguirre Iguíniz una colosal telaraña de empresas especializadas en la recalificación de terrenos, entre las que destacan Yeregui, Obarinsa, Proinsa, Lubide o Inversan.
A las actuaciones de la trama vasca debemos obras como los polémicos proyecto urbanísticos de Lo Poyo y La Zerrichera, en Murcia, promovidos junto a la Kutxa; el Hotel Senator, emblema de la corrupción marbellí; la compra de cuadros millonarios; o las sospechosas operaciones en edificios emblemáticos en Madrid utilizando a la presunta testaferro de Roca, Montserrat Corulla, como fachada. Sus tentáculos han llegado incluso hasta la Hacienda de Guipúzcoa.
Precisamente, el propio Juan Antonio Roca reconoció en enero del 2007 ante la instructora de las diligencias de la fiscalía anticorrupción, Carmen Rodríguez Medel, que mantenía una relación de “amistad” con Arteche, que le dejó un piso durante dos años “a cambio de nada” en el número 54 de la madrileña calle Goya.
"Indicios de fraude"
El magistrado ha ordenado tomar declaración como imputados en relación con la operación Ave María, además de a Arteche, a Roca, al ex alcalde Julián Muñoz, a los empresarios Carlos Sánchez y Andrés Liétor y al abogado Francisco Soriano -también procesados por el Caso Malaya-, así como a Inés Soroeta y al tasador José Mora. En relación con las actuaciones urbanísticas sobre la parcela Francisco Norte, tendrán que comparecer como imputados Muñoz, Arteche, Segundo Pastor y Marisol Yagüe.
El magistrado señala que en la operación Ave María el Ayuntamiento firmó un convenio en septiembre de 2002 con la empresa CCF 21, propiedad de Sánchez y Liétor, por el que el consistorio cedió un aprovechamiento urbanístico por valor de más de 1,4 millones de euros a cambio de una finca cuyo valor no superaba los 30.000 euros.
El juez destaca que antes del convenio, en agosto de 2002, más de 9.500 metros cuadrados de aprovechamiento en Ave María, así como casi 900 en Los Verdiales, fueron vendidos por CCF 21 a la sociedad Masdevallía, propiedad de Roca, por más de 2,5 millones de euros. Un mes después Madevallía vendió los aprovechamientos urbanísticos de Ave María a Obarinsa S.L., propiedad de Arteche, por más de 1,8 millones de euros. El auto judicial señala que además la finca que permuta CCF 21 con el Ayuntamiento la había obtenido en escritura pública de Inmuebles y Fincas Canopus, propiedad también de Roca.
Establece además que nueve días después de ratificarse dicha permuta en Comisión de Gobierno, en la contabilidad del ex asesor urbanístico se refleja un pago por un importe de 60.000 euros identificado con el acrónimo J.A., "sospechándose que pueda corresponder a Javier Arteche, beneficiario final de los aprovechamientos". El magistrado apunta que, teniendo en cuenta el PGOU de Marbella de 1986, la operación supuso un perjuicio a las arcas municipales de más de 1,4 millones de euros.
Dicha actuación, según Pérez, "conduce a una eventual malversación de caudales públicos imputable a Sánchez y Liétor, por su vinculación con CCF 21, Arteche y Mora como partícipes en el delito especial propio, y Roca y Muñoz como autores".
Subraya además que en la hipótesis que se manejaba en el convenio de la aplicación de la revisión del PGOU de 1998 el valor de los aprovechamientos que permutaba el consistorio ascendía a casi cinco millones de euros, mientras que fueron adquiridos por Arteche por 1,8 millones de euros, "lo que muestra indicios de fraude".
* El Confidencial - Fátima Martín.- 15/01/2008
Foto: Murcia - kutxa - google.es
Mallorca: El juez imputa a once dirigentes del PP y dos funcionarios por el caso Caballistas
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DIARIODEMALLORCA* : El magistrado de instrucción 8 de Palma, Antoni Rotger, ha dictado un auto en el que imputa formalmente un presunto delito de falsedad de documento oficial a once dirigentes del Partido Popular (PP) que, en 2005, eran alcaldes o tenientes de alcalde de otras tantas localidades mallorquinas y a dos funcionarios municipales.
El encausamiento de estas trece personas, varias de las cuales siguen siendo primeros ediles o regidores, se ha hecho dentro del caso Caballistas, la emisión en 2005 de supuestos certificados falsos para legalizar una casa en suelo rústico del entonces alcalde conservador de ses Salines, Sebastià Vidal Boned, como si fuera un club hípico, taL como desveló DIARIO de MALLORCA.
El magistrado Rotger da traslado en su resolución del sumario a la fiscalía anticorrupción y a los acusadores particulares Josep de Luis, en nombre de un particular de Manacor, y Estela Soler, en representación del Partido Socialista, para que formulen sus escritos de acusación.
Los políticos imputados formalmente en la resolución de pase a procedimiento abreviado de las diligencias previas son: Antoni Del Olmo, ex alcalde de Santa Margalida; Sebastià Vidal, ex alcalde de Ses Salines y principal beneficiado con las supuestas falsificaciones; Joan C. Jaume Mulet, teniente de alcalde de Llucmajor en la época de autos; Catalina Soler, alcaldesa de Felanitx; Miquel Vidal, alcalde de Santanyí; Joan Jaume Ramis, ex primer edil de Lloret; Antoni Serra, alcalde en la anterior legislatura de sa Pobla; Joan Rubert; teniente de alcalde en Inca; Joan Rotger, alcalde de Selva; Gabriel Matas; alcalde de Montuïri; y Andreu Prohens, ex alcalde de Campos y conseller del PP en el Consell de Mallorca.
El auto también atribuye una presunta falsedad documental a Sebastià Escalas, celador municipal de obras de Ses Salines; y a Sebastià Portell, otro funcionario cualificado.
El juzgado de instrucción 8 y la fiscalía anticorrupción han investigado desde finales del año 2005 la emisión por parte de once alcaldes y concejales del PP de certificados falsos sobre exhibiciones de un club hípico de ses Salines, antes de su constitución oficial.
El ex alcalde de ses Salines, Sebastià Vidal Boned, defendido por Rafael Perera, trató ese año de legalizar su casa como sede de la Agrupación Caballista de Ses Salines para lo cual solicitó la declaración de interés general de la finca al Consell de Mallorca.
Sede oficiosa del club
Sebastià Vidal, el principal imputado, aseguró el 7 de abril del 2006 ante el juez Antoni Rotger que su finca ilegal en dicho pueblo no era una vivienda, sino la sede oficiosa de la agrupación hípica local. Vidal inauguró la ronda de declaraciones en la causa por un supuesto entramado para legalizar una casa de su propiedad con la excusa de servir de sede a una asociación hípica y que fue denunciado por un vecino de Manacor.
Ese día también prestaron declaración como imputados Joan Jaume Mulet, teniente de alcalde de Llucmajor, y una de las once autoridades municipales que firmaron certificados sobre supuestas actuaciones y exhibiciones de la agrupación caballista local.
Las certificaciones iban a ser incluidas en un expediente ante el Consell de Mallorca para obtener el interés general de la finca del alcalde Vidal, que así quedaría legalizada.
Vidal aseguró en los pasillos del juzgado de instrucción 8 que la denuncia por este caso obedecía a venganzas por intereses políticos.
El encartado sostuvo que la finca situada en la parcela 21, polígono 9 de Ses Salines, perteneciente a su familia desde hacía más de 35 años, no era una vivienda, dado que allí no moraba nadie.
Preguntado por qué, si no era una casa, el edificio disponía de dos habitaciones, cocina y baño, Sebastià Vidal aseguró que en los últimos años se habían hecho reformas en el lugar y que se había habilitado para que el grupo de aficionados a la hípica pudiese allí "hacer torradas, ducharse, cambiarse, etc".
El imputado explicó que la agrupación caballista llevaba funcionando más o menos desde el 95, pero durante años había carecido de personalidad legal, estatutos y domicilio. Desde el 2004 su finca fue la sede oficiosa de este club hípico, que habría participado en exhibiciones y fiestas de muchas localidades mallorquinas desde sus orígenes. Vidal dijo que su casa estaba en otro lugar y que había dimitido acosado por la prensa.
* Diario de Mallorca - FELIPE ARMENDÁRIZ. PALMA - 15 de enero de 2008
Foto: Ses_Salines (Mallorca), ayuntamiento - mallorcaquality.com
Orihuela: El Consell aprobó el Pau 21 pese a tener catalogados como forestales dos millones de m2
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INFORMACIÓN/Alicante: La Conselleria de Territorio, ahora de Medio Ambiente, aprobó definitivamente el 30 de diciembre de 2005 la Homologación y el Plan Parcial del Pau 21 en Orihuela sin tener en cuenta su carácter forestal, ya que un total de 2 millones de metros cuadrados, de los tres que ocupa el proyecto, está inventariado por la propia Generalitat como forestal. Así lo denuncia Amigos de Sierra Escalona (ASE), en su recurso de súplica presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ-CV) que pretende que se paralice el proyecto urbanístico...
...un sector de más de 3 millones de m2 en el que se pretenden construir 2.300 viviendas de lujo y un macrocampo de golf de 1,2 millones de m2 "que arrasará uno de los enclaves forestales de mayor valor de toda la Comunidad Valenciana".
El Mapa del Inventario Forestal de la Comunidad Valenciana, inventario realizado por la propia Conselleria de Medio Ambiente, recoge en la actualidad que dos terceras partes del sector (200 hectáreas, con más de 10.000 pinos) están inventariadas como suelo forestal por la propia Generalitat.
En este tipo de suelo serán construidas 2.300 viviendas y un hotel de lujo, para lo cual, según ASE, tendrán que ser talados entre 6.000 y 7.000 pinos .
"Evidentemente la construcción sobre esas 200 hectáreas de miles de viviendas y un complejo hotel así como viales asfaltados, aparcamientos, colectores de aguas residuales o tuberías de agua potable, supondrá la pérdida irreversible de la mayor parte de formaciones botánicas y por supuesto del hábitat natural disponible tanto para la flora como, sobre todo, para la fauna silvestre protegida, especialmente las aves rapaces presentes en el sector del Pau 21", se denuncia desde ASE.
Además, según el recurso, el proyecto urbanístico en ejecución del PAU 21 fue aprobado definitivamente por la Generalitat Valenciana sin tener en cuenta la Directiva 79/409/CEE de la Unión Europea (UE) relativa a la conservación de las Aves Silvestres, y obviando que estos terrenos forman parte desde el año 1998 del Área Importante para las Aves (IBA) "Monte El Valle y Sierras de Altaona y Escalona", por lo cual el plan "es nulo de pleno derecho" se denuncia. En Escalona se ha constatado la presencia de más 150 especies de aves distintas, 17 de mamíferos, 20 de anfibios y reptiles, y una rica flora que incluye numerosos endemismos.
El recurso pide al TSJ-CV que no tenga en cuenta la solicitud de la mercantil GMP Nueva Residencial SL en su escrito de oposición a la petición de suspensión del Pau 21, donde pide a ASE una fianza de 65 millones de euros en caso de que se paralicen las obras.
Se argumenta al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que sea nula la petición, debido a que el colectivo conservacionista defiende los intereses públicos de carácter general ligados a la conservación del medio natural, del medio ambiente y de la calidad de vida, intereses que "han de prevalecer sobre los intereses puramente crematísticos de la mercantil".
* Información - E.D.G. - 15 de enero de 2008
Foto: Imagen de archivo de unas obras realizadas en Sierra Escalona/ ANTONIO SÄNCHEZ, Información
Julián Muñoz declara como imputado por la construcción de varias viviendas en San Pedro
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SUR/Málaga* : El ex alcalde de Marbella, Julián Muñoz, que se encuentra en prisión desde julio de 2006, declaró hoy en el Juzgado de Instrucción número 2 marbellí por la construcción de varias viviendas en el núcleo poblacional de San Pedro Alcántara. Entre los imputados también se encuentran los ex ediles Tomás Reñones, José Luis Troyano, Marisa Alcalá, Rafael González, José Luis Garrosa y Alberto García Muñoz.
Según apuntaron fuentes de las defensas, estaba prevista la construcción de 10 viviendas por parte de la promotora Proycontec S.L en la zona de la Caridad.
En su declaración, Reñones, que fue alcalde accidental tras la detención de la entonces regidora Marisol Yagüe, explicó que en una comisión de Gobierno el 30 de mayo de 2001 se aprobó un proyecto básico para la construcción de 10 viviendas y que fue el día 9 de enero de 2002 cuando finalmente se dio el visto bueno al proyecto de ejecución.
Las fuentes añadieron que, según este ex concejal, fue el propio promotor quién decidió ampliar a una vivienda más, es decir hasta 11, el proyecto inicial y que "en ningún caso fue una decisión del Ayuntamiento marbellí".
Por su parte, Muñoz aludió en su declaración, según dijeron otras fuentes a Europa Press, a que existía un decreto de paralización de las obras y que se había presentado un reformado del proyecto que fue denegado. Además, señalaron que quedan pendientes muchas diligencias por realizar.
Esta causa deriva de la denuncia de un particular, tras lo que disciplina urbanística decidió paralizar la obra y la denuncia se archivó. Posteriormente, el caso fue reabierto debido a una petición por parte de la Fiscalía Anticorrupción.
Muñoz, que se encuentra en segundo grado penitenciario y cumple condena por dos causas urbanísticas, fue trasladado hace unas semanas desde la cárcel de Jaén a la de Alhaurín de la Torre, en la provincia malagueña.
* SUR - AGENCIAS - 15.01.08
Foto: San Pedro de Alcántara (Marbella), ayuntamiento - Benito, picasaweb.google.com
Alcorcón: 'Salvemos el Parque' acude a Ferraz
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Madrid*/ Como palomas mensajeras de la paz, algunos miembros de la Plataforma Ciudadana "Salvemos el Parque", hicieron entrega el pasado 12 de enero a los más altos dirigentes del PSOE nacional de un dossier informativo y un DVD divulgativo, contenedores de las acciones realizadas durante los últimos meses por este colectivo.
El mensaje es claro: Pedimos al PSOE nacional una decisión valiente que permita la reubicación del CREAA en otro lugar y evitar de ese modo la destrucción del Parque de los Castillos.
Tienen nuestro mensaje, al igual que lo tuvo el Sr. Cascallana cuando nos manifestamos masivamente durante el mes de noviembre de 2007. Ahora también tienen nuestra dirección de correo electrónico. Esperamos su respuesta.
Salvemos el Parque acude a Ferraz
Empezamos el año con la noticia de que el Alcalde que planea destruir el Parque de los Castillos, ha sido elegido por los militantes del PSOE en Madrid para formar parte de las listas electorales al Congreso de los Diputados.
No deseamos entorpecer la carrera política del Sr. Cascallana pero en esta ocasión nos vemos obligados a poner de manifiesto ante las más altas instancias de su partido, nuestro absoluto rechazo a las listas confeccionadas por el Partido Socialista en Madrid y a solicitar una concesión política de primer orden consistente en la reubicación del CREAA en otro lugar.
Tras 2 meses de movilizaciones el Alcalde no nos ha escuchado y no se ha dirigido en ningún momento a nosotros. No aceptamos que quien tiene ese comportamiento político ocupe un lugar preferente en la candidatura electoral de ningún partido.
El 8 de enero de 2008 a las 19:00 horas algunos miembros de la Plataforma "Salvemos el Parque", Amparo, Jose Manuel, Máximo, Víctor, Verónica y Juan Carlos de "Los Verdes" presentaron en la sede nacional del Partido Socialista (Ferraz) una carta rechazando la candidatura de D. Enrique Cascallana al Congreso, un dossier informativo sobre el movimiento "Salvemos el Parque", y un DVD divulgativo con las movilizaciones llevadas a cabo durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2007.
Esperamos de los máximos dirigentes del P.S.O.E. la respuesta que no hemos obtenido del Alcalde de Alcorcón, Don Enrique Cascallana.
Pedimos una decisión política valiente que permita reubicar el CREAA en otro lugar y permita satisfacer a todos los vecinos y ciudadanos de Alcorcón que se oponen a la ubicación del CREAA en el Parque de los Castillos.
http://www.salvemoselparque.com/
* Salvemos el Parque de los Castillos - 12/01/2008
Foto: Alcorcón (Madrid), parque de los Castillos - salvemoselparque.com
Derriban en Almería la primera casa ilegal de la colonia inglesa
TELEPRENSA* : La Junta de Andalucía ha iniciado la ejecución de una sentencia judicial que obliga al derribo de 17 viviendas ilegales construidas por jubilados ingleses, en su mayoría, en zonas rurales y fuera de todo orden urbanístico. La primera en caer bajo los ataques de una pala mecánica ha sido una villa edificada sobre una parcela de 10.000 metros cuadrados en el paraje de Loma de Vera. Es precisamente en Vera donde se procederá al derribo de otras cinco edificaciones de similares características y once más en el municipio de Albox.
Este no es el único proceso judicial abierto por los casos de viviendas ilegales que, si bien existen en distintas zonas rurales de la provincia, se concentran especialmente en el Valle del Almanzora, donde su número se cuenta por miles según las estimaciones barajadas hasta ahora. La mayor parte de ellas son grandes fincas parceladas en unidades de 1.000 a 3.000 metros cuyo único permiso de edificación suele ser el de almacén para aperos agrícolas y pequeñas construcciones por el estilo.
Esta misma situación se ha dado en otras zonas de especial protección en la parte almeriense de Sierra Nevada, donde se han llegado descubrir viviendas de construcción presuntamente ilegal y promovidas por concejales del Ayuntamiento de Almería aún en ejercicio.
La crisis de las viviendas ilegales en Almería está siendo ampliamente seguida por medios de comunicación ingleses, que entienden la actuación judicial como una agresión directa hacia la colonia del Reino Unido establecida en España. Uno de los efectos de mayor calado en esta pelea entre propietarios y administración fue la investigación llevada a cabo por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Tras una visita a las zonas afectadas, los diputados europeos señalaron que la principal responsabilidad debía recaer sobre los ayuntamientos que han permitido tales construcciones, si bien atacaban más al levante español, concretamente a poblaciones de la comunidad valenciana que a la provincia de Almería, donde el número de viviendas irregulares o presuntamente ilegales parece ser menor.
Al igual que en Almería, en otras provincias de Andalucía ya se ha iniciado la ejecución de sentencias que obligan al derribo de villas edificadas en la misma o similar situación.
* Teleprensa - 15 de Enero del 2008
Foto: Albox, viviendas ilegales - teleprensa.net
