,+ayuntamiento+-+coralia,+picasaweb.google.com.jpg)
CANARIAS7/Tenerife* : El caso Arona está tan vivo como el primer día. Prueba de ello es que el juzgado que lo instruye sigue practicando diligencias e imputando a personas relacionadas con la supuesta trama de corrupción urdida en torno a la concesión de licencias urbanísticas y contratos en Arona.
La última diligencia practicada ha sido la requisa de nueva documentación por parte de la Unidad Judicial de la Guardia Civil, que se personó en el Ayuntamiento para reclamar al secretario municipal expedientes relacionados con el área de Urbanismo y con la contratación de obras, servicios y personal.
La nueva documentación requerida por el juez titular del Juzgado número 7 de Arona, Nelson Díaz Frías, instructor de la causa, podría estar relacionada, según las fuentes consultadas, con los detalles aportados por los varios constructores a los que el magistrado ha tomado declaración el mismo martes y días anteriores. Todo apunta, además, a que estas últimas pesquisas se producen después de que los abogados Felipe Campos y Antonio Espinosa ampliaran una vez más la denuncia presentada por el PSC de Arona y asumida en febrero de 2007 por la Fiscalía contra los Delitos al Medio Ambiente y el Urbanismo, al detectar la supuesta comisión de un delito continuado de prevaricación urbanística en la concesión de más de 300 licencias de obras.
Del sumario, que está bajo secreto, ha trascendido la imputación de 13 personas: todo el anterior grupo de gobierno (ocho concejales, incluido el alcalde, José Alberto González Reverón, el arquitecto y el aparejador municipales, otro arquitecto, un empresario (estos cuatro en libertad condicional) y un cabo de la Guardia Civil adscrito al Servicio de Información del puesto de Arona que estaba investigando el caso. Se les imputan delitos de prevaricación, tráfico de influencias, cohecho y extorsión.
Ampliación. Con la nueva ampliación de la denuncia, el juez podría imputar a otras 16 personas, entre ellas el secretario municipal, el redactor del Plan General, el jefe de la nueva oficina de Licencias y Disciplina Urbanística y a otro constructor.
A este último el juez ya le ha tomado declaración y, según las fuentes consultadas, sus manifestaciones han llevado al nuevo registro policial del Ayuntamiento de Arona (el primero fue en marzo de 2007). Este empresario supuestamente se benefició de dos licencias de obra para construir sendos edificios en parcelas destinadas a equipamientos sociales.
En próximas semanas los abogados Felipe Campos y Antonio Espinosa tienen previsto hacer otra ampliación de la denuncia.
* Canarias 7 - R:R: - 29.01.2009
Foto: Arona (Tenerife), ayuntamiento - coralia, picasaweb.google.com
Los registros en Arona parten de la ampliación de la denuncia
Piélagos: Piden 2 años de cárcel para Pacheco por autorizar 300 viviendas contra la ley
,+ayuntamiento+-+pielagos.com.jpg)
ELDIARIOMONTAÑÉS* : La Fiscalía ha solicitado dos años de cárcel y 10 de inhabilitación para el alcalde de Piélagos, Jesús Ángel Pacheco (PP), al que acusa de prevaricación urbanística por haber autorizado en dos años 18 promociones que suman 302 viviendas a pesar de haber sido advertido de que vulneraban la legalidad.
La Fiscalía de Cantabria ha planteado esta acusación en el procedimiento abierto contra Pacheco en el Juzgado de Instrucción número 1 de Santander a raíz de las denuncias de un colectivo de vecinos de Piélagos y del propio Ministerio Público.
El fiscal sostiene que Pacheco concedió esas 18 licencias a pesar de haber sido advertido por el arquitecto municipal y por los servicios jurídicos del Ayuntamiento de que vulneraban la legalidad, "por basarse en interpretaciones declaradas formalmente contrarias al ordenamiento urbanístico, según reiterada jurisprudencia", conforme explica en su escrito de acusación.
Piélagos ha recibido en los últimos años varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) que han puesto en cuestión la legalidad del urbanismo practicado por el Ayuntamiento durante el mandato de Pacheco, que gobierna con mayoría absoluta.
Entre otras, se han dictado cuatro sentencias de derribo contra otras tantas urbanizaciones que suman un centenar de viviendas en la localidad costera de Liencres y se ha declarado ilegal un plan parcial que permitía construir 400 apartamentos y chalés en el Alto del Cuco, incrustados mediante taludes en la ladera del monte.
Entre las promociones cuya legalidad cuestiona la Fiscalía a partir de los informes de los servicios municipales no figura ninguna de las urbanizaciones con sentencia de derribo, sino que son posteriores a los expedientes de los que éstas se derivan.
Sin embargo, el fiscal establece una relación directa entre los delitos que imputa a Pacheco y las sentencias de derribo, porque considera que esas resoluciones judiciales prueban que el alcalde conocía que estaba dando por buena una interpretación del urbanismo que los tribunales reiteradamente habían rechazado y que sus propios técnicos ya no admitían.
"En todos los expedientes, el acusado concede las licencias referidas considerando urbanos unos terrenos que carecen de tal condición, según la normativa urbanística vigente en el territorio, interpretada de forma reiterada por los órganos judiciales, que habían venido anulando licencias otorgadas en las mismas condiciones que las concedidas", asegura la Fiscalía en su escrito de cargos.
El Ministerio Público subraya, además, que "constan en los referidos expedientes informes en tal sentido por parte del arquitecto municipal y de los servicios jurídicos del Ayuntamiento".
Las licencias sobre las que se asienta este procedimiento penal permitieron la construcción de 302 viviendas en las localidades de Carandia, Liencres, Oruña, Puente Arce, Quijano, Vioño y Zurita, en promociones que van desde las dos viviendas que tienen más pequeña (dos promociones de Quijano), a las 80 casas que componen la más grande (una promoción de Carandia).
Parte de los vecinos que denunciaron los hechos se han personado en la causa y tienen previsto presentar en los próximos días ante el Juzgado su escrito de acusación contra el alcalde.
* El Diario Montañés - EFE - 29.01.2009
Foto: Piélagos (Cantabria), ayuntamiento - pielagos.com
Nuevo varapalo judicial a Burriana
+,+colegio+Iturbi+-+levante-emv.com.jpg)
LEVANTE/Castelló* : El Ayuntamiento de Burriana ha recibido la tercera sentencia en contra de su gestión urbanística en cuatro meses. Si en octubre el TSJ anulaba el PAI Llombai-Monges y, poco después, hacía lo propio con el programa para desarrollar las unidades A-24-25-26 en Torre d'Onda, ahora el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha anulado la modificación puntual número 18 del PGOU.
Según el fallo emitido por la sección segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo el pasado 1 de diciembre, el ayuntamiento debía haber razonado y justificado este cambio en el planeamiento urbanístico con una memoria y no, asumir, como hizo, la iniciativa de un particular, en este caso de la mercantil Belqueba.
En concreto se trata de un cambio que afectaba a la unidad de ejecución C-3, en la que se encuentra el colegio Iturbi, cuyo desarrollo se adjudicó a Belqueba. La firma presentó la propuesta de modificación para dividir el ámbito en dos unidades de ejecución y hacer una recalificación en las manzanas de una de ellas.
La sentencia establece que, en este caso, la administración hizo "dejación de la potestad de planeamiento" y asumió la iniciativa de un particular "con la mera referencia de que la administración la asume como propia sin mediar para ello ninguna justificación que explícitamente justifique dicha decisión". "Aprecia esta sala que, considerada la inexistente memoria justificativa de la modificación del plan, en la que, con claridad y precisión, se exprese la razón y la razonabilidad del cambio que se propone a instancia de la iniciativa privada, procede en consecuencia la anulación de la modificación puntual".
El fallo estima así el recurso planteado por la mercantil Publica Opera contra la decisión de la secretaria autonómica de Territorio y Medio Ambiente que desestimó el recurso de alzada planteado por la empresa contra la aprobación de esta modificación por la Comisión Territorial de Urbanismo, en diciembre de 2004.
Pese a que los magistrados aceptan que la nulidad prospere por este motivo, aceptan también, como defiende Publica Opera -empresa también promotora del recurso que se resolvió con la anulación del PAI de Torre d'Onda- que la recalificación planteada tampoco era correcta.
Accesos al colegio Iturbi
El fallo judicial, además de por arrojar más dudas sobre la gestión urbanística en Burriana, saca a la palestra la problemática del sector en el que está enclavado el nuevo colegio Iturbi y que necesariamente debe desarrollarse para poder ejecutar los accesos correspondientes y poder entregar la obra del centro -en funcionamiento ya hace años- a la Conselleria de Educación.
* Levante-EMV - Victoria Salinas - 29.01.2009
Foto: colegio iturbi. El centro necesita del desarrollo de la C-3 para mejorar sus accesos - vicent martí, levante-emv.com
Contra el recorte del transporte público en Madrid
Ecologistas en Acción* denuncia la pésima gestión del transporte que se realiza en la Comunidad de Madrid, donde el criterio que se sigue es hacer lo contrario de lo que sería necesario. Así, se sigue apostando por construir más y más autovías, se encarece desmesuradamente el transporte público y, ahora, se prepara un recorte en los servicios de autobuses interurbanos, lo que se suma a las reducciones que ya han tenido algunos servicios de metro. Entre tanto, la calidad de servicio –véase la línea circular de metro– es más que deficiente.
El transporte en la Comunidad de Madrid es un ejemplo de libro por su insostenibilidad y por el despilfarro de recursos y de territorio que supone. La cara e impactante política de construcción de autovías ha conseguido dos cosas: que seamos la región metropolitana de Europa con más kilómetros de autovía por habitante –sin que por ello hayan desaparecido los atascos– y que cada vez se use más el coche, en detrimento del transporte público. De hecho, por primera vez en la historia, en la Encuesta de Movilidad de 2004 se refleja cómo el número de viajes diarios en automóvil (5.070.000) superó al de desplazamientos en transporte público (4.930.000) en la Comunidad de Madrid.
Este despilfarro en las inversiones en autovías continúa con el Plan de Carreteras 2007-2011, que prevé la construcción o ampliación de 226 km más.
Al mismo tiempo, las grandes inversiones en transporte público no han dado los resultados esperados. MetroSur, por ejemplo, no llega ni a la mitad de la ocupación prevista, y mucho menos ocupación tienen buna parte de los metros ligeros recientemente inaugurados. Y es que el gran problema del transporte en la Comunidad de Madrid es que no se atiene a ninguna planificación más allá de inaugurar las obras antes de las siguientes elecciones.
Efectivamente, la carencia de un Plan de Movilidad Sostenible ha hecho que las descoordinadas actuaciones no alcancen los resultados esperados: ni por su utilidad para los ciudadanos, ni por la rentabilidad social de las enormes inversiones. De hecho, la tendencia es que cada vez se use proporcionalmente menos el transporte público y más el automóvil privado.
Además, existen graves carencias y deficiencias que llevan años pendientes de solución. Una de las más sangrantes es la calamitosa situación de la línea circular de metro. No es de extrañar que un servicio de tan baja fiabilidad sea abandonado cada vez por más usuarios.
Con este panorama, y continuando con la dinámica de hacer lo contrario de lo necesario, se aplican subidas abusivas a los servicios de transporte público, y ahora el Consorcio Regional de Transportes se plantea la reducción de hasta 600 servicios diarios de autobuses interurbanos, cuando lo que hace falta en gran cantidad de líneas es justo lo contrario: aumentar los servicios, sus frecuencias y su calidad.
Ecologistas en Acción denuncia que la actuación de la Comunidad de Madrid no hace sino convertir a los madrileños y madrileñas en cautivos del coche, en la medida que cada vez se ponen más trabas al transporte público y más facilidades para el uso del automóvil. Una política, por tanto, que seguirá devorando territorio bajo el asfalto, continuará aumentando nuestro consumo energético y empeorará la grave contaminación del aire que respiramos.
* Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid - 27.01.2009
