,+viviendas+Alto+del+Cuco+-+EFE.jpg)
QUÉ* : La asociación ecologista ARCA pidió hoy al Parlamento de Cantabria que legisle a favor de la restauración del paisaje costero y "no para proteger a los alcaldes condenados a derribar urbanizaciones construidas con licencias ilegales". En un comunicado, ARCA consideró "insólito en términos democráticos" que los tres grupos parlamentarios "sigan alimentando" la propuesta de cambiar el articulado de las leyes del Suelo y del Plan de Ordenación del Litoral (POL) "para impedir que se ejecuten las sentencias firmes de derribo que han dictado los tribunales de justicia".
Según la asociación, "lo más grave es que la propuesta tiene como primer objetivo proteger a los alcaldes que concedieron licencias ilegales y para conseguirlo algunos parecen dispuestos a cualquier cosa", como, a su juicio, ha "demostrado el PP filtrando el borrador de cambios legales a un medio de comunicación para presionar al Gobierno".
Frente a estos "despropósitos", ARCA insiste en que "todos los responsables políticos de las sentencias de derribo deben dimitir o ser cesados de inmediato".
Además, recalca que "Gobierno y Parlamento tienen el deber de defender la aplicación de la legislación urbanística vigente" y que las sentencias firmes "deben ser ejecutadas de la forma menos lesiva a través de acuerdos entre el demandante y el Ayuntamiento condenado".
Por último, ARCA exige también la "justa compensación por los daños materiales y morales que sufren los propietarios afectados por las sentencias de derribo".
* Qué - E.P. - 23.04.10
Foto: Piélagos (Cantabria), viviendas Alto del Cuco - EFE
Cantabria: ARCA pide al Parlamento que no legisle para "proteger" a los alcaldes condenados a derribar
Madrid: Imputado un viceconsejero por construir en terreno protegido
,+ayuntamiento+-+ayuntamientodeguadarrama.es.jpg)
ELPAÍS* : El ex alcalde de Guadarrama José Ignacio Fernández Rubio lleva más de siete años litigando por haber convertido un antiguo molino de piedra en un restaurante de lujo. Un vecino del municipio llevó el caso a los tribunales porque el molino, del siglo XVIII, está en una zona de máxima protección. El ex regidor, ahora viceconsejero de Empleo, ignoró las repetidas advertencias del Gobierno regional. La dirección general de Urbanismo llegó a pedirle que cerrase el restaurante. Pero nada. Fernández tenía intereses en la sociedad que gestionaba el local. Ahora "tras una larga y enojosa tramitación", según reconoce el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), se le imputa un delito contra la ordenación del territorio.
El tribunal también declara nulos los anteriores autos judiciales porque en mitad del proceso Fernández Rubio alegó que era diputado, lo que le impedía ser juzgado por un tribunal ordinario. La estratagema provocó que el procedimiento tuviera que reiniciarse. Ahora el TSJM afea la conducta del alto cargo regional por pedir el aforamiento en mitad del proceso. "No parece que tal conducta, con base en, aparentemente, una deliberada ocultación, cuadre con las reglas de buena fe", sostiene el magistrado.
"Se inició en 2001 y se ha dilatado hasta ahora; parece que al acusado sólo le ha interesado preparar argucias legales para alargar el proceso", sostiene el diputado socialista Antonio Fernández Gordillo. Y sentencia: "La Comunidad de Madrid ha actuado de forma bochornosa intentando legalizar una situación irregular".
* ELPAIS.com - 23.04.10
Foto: Guadarrama (Madrid), ayuntamiento - ayuntamientodeguadarrama.es
Matas nunca fue tan rentable
DIARIODEMALLORCA* : Desde que depositó los tres millones de fianza que le libran por ahora de la cárcel, Jaume Matas es productivo para todos. No es que quiera, pero lo es. Justicia obliga: cada vez que una fianza entra en la Cuenta de Depósitos y Consignas que gestiona Banesto para el Ministerio de Justicia, el reloj de los intereses empieza a correr. No lo hace a velocidad de hipoteca de simple mortal, pero avanza inexorable incluso para el divino ex president del hágase. Su fianza de récord le concede el dudoso honor de ser el poliimputado más rentable de España: los tres millones de garantía con los que el Banco de Valencia le ayudó a eludir las rejas le reportan al bolsillo de todos más de 90.000 euros al año.
La cifra es gruesa si se compara con la de otros imputados célebres de la isla con más encausados por escaño cuadrado, pero se queda corta si se toma como referencia el agujero que dejó en las cuentas públicas el Palma Arena. A razón de 90.600 euros en intereses anuales, los mallorquines tardarían en recuperar los 62 millones extra que pagaron por un velódromo aún intransitable 688 años: casi una edad
geológica. La de Jaume Matas.
Y aún así el ex president del palacete y el Palma Arena nunca fue tan rentable para la cosa pública. Tampoco Maria Antònia Munar. Ni Nadal, Vicens, Buils, Ballester, Ayreflor o Flaquer, por citar solo a algunos de los políticos profesionales que durante lustros, presuntamente, se lucraron en cargos pagados con fondos públicos y hoy penan con patrimonio sus excesos en la gestión de los recursos ajenos. Entre unos y otros, han depositado fianzas penales por valor de 5,6 millones, una cifra que según los tipos de interés que confirma el ministerio de Justicia reporta a las arcas públicas 170.000 euros al año, que saben a poco por varias razones.
La primera y fundamental es que ese rendimiento está lejos de compensar el dinero público desaparecido, malversado o directamente robado. Los 688 años que se tardaría en pagar el desfase del Palma Arena con los intereses de la fianza Matas dejan clara la desproporción, que sería menor si no influyese un segundo factor: el euríbor. El índice que mantiene en vilo a todo hipotecado de bien rige también en el caso de las fianzas de los presuntos corruptos, que desde el 1 de enero rentan a la caja común un interés equivalente al euríbor más 1,8 puntos.
Y por ahí también sale perdiendo la hucha de todos. El índice está más encogido que nunca. Cotiza a un bajísimo 1,22% que da aire al presupuesto familiar pero hunde la rentabilidad de la cuenta de fianzas. Los tres millones de Matas que este año reportarán al Tesoro Público 90.600 euros en intereses habrían supuesto una tajada de casi 220.000 en tiempos no muy lejanos, allá por 2008, poco después de que el ex president se dejase el cargo en las urnas. Y lo mismo sucede con el resto de poliimputados que se asoman al gráfico que acompaña a esta página, en la que ninguno hace sombra a Matas en lo que a rentabilidad criminal se refiere.
Otra cosa es la responsabilidad civil. Ahí Matas cede el cetro de rey de las fianzas (aún no se le ha fijado cuantía de responsabilidad civil), aunque el liderazgo no va muy lejos. Queda en los dos mismos partidos: PP y UM, que colocan en lo más alto a tres de sus cargos de postín. El puesto de más fianza y menos lustre es para Miquel Ángel Flaquer, ex presidente de UM sobre el que pesa una caución de 38 millones de euros, tan gruesa que en el momento que se deposite generará más de un 1,1 millones de euros en intereses anuales. Después surge el nombre de un ilustre del PP, José Juan Cardona, al que su fianza de 4,8 millones no le impide mantener cargo y caché en el partido de Rajoy. Completa el podium la omnipresente Munar: como Matas, ha encontrado en las fianzas una forma de ser productiva para la sociedad, a la que agasaja con 86.000 euros al año en intereses no deseados. Munar, Nadal y Flaquer hacen de hecho de UM el partido más productivo en la industria de la corrupción política: los tres ex presidentes del partido generan sin quererlo casi 1,3 millones en intereses (bancarios, se entiende), la parte más generosa de las fianzas que revierten en la caja de todos.
Mallorca no ve un euro
O más que de todos, de algunos. Porque la Justicia mallorquina no se queda directamente ni un solo euro de los 1,66 millones que generan en intereses las fianzas de sus políticos más controvertidos. Ese dinero va al Tesoro Público y pasa a ser gestionado por el Gobierno, al que algunas autonomías han empezado a plantar batalla. Es el caso de Cataluña, que tras lograr la transferencia de competencias judiciales reclama beneficiarse de las fianzas de sus encausados. Peor lo tiene Balears, atascada en la fase más embrionaria de la reivindicación: la de reivindicar las competencias que otros ya ejercen.
La isla con más imputados por cargo electo queda así fuera del reparto de beneficios de la productiva industria local del presunto corrupto, que puede llegar a ser muy lucrativa. Sobre todo si a Matas y compañía se les ocurre darse a la fuga: en ese caso la fianza completa pasaría al Tesoro Público en menos tiempo del que tardan en inflarse las facturas del Palma Arena. Algo que con Matas podría llegar a ocurrir. O así lo cree el juez, que le aplicó la mayor fianza a su alcance ante el temor a que el ex president imputado por prevaricación, fraude, malversación y blanqueo desaparezca en busca del dorado que se le supone. Que Matas nunca fue tan rentable para lo público, pero según se teme el juez sí que se esforzó en serlo para sí mismo.
* Diario de Mallorca - 23.04.10
Foto: Palma, fachada palacete Matas - diariodemallorca.es
La Fiscalía está dispuesta a actuar contra el último hotel ilegal de Zahora
,+nuevo+hotel+en+Zahora++-+diariodecadiz.com.jpg)
DIARIODECÁDIZ/Barbate* : La Fiscalía de Medio Ambiente está dispuesta a intervenir contra el hotel Zahora Riad, construido de forma irregular en las proximidades del tómbolo de Trafalgar y abierto el año pasado al margen de cualquier normativa, según confirmaron fuentes de la institución judicial. La Fiscalía puso ayer a uno de sus trabajadores a revisar los registros de diligencias de investigación penal de los últimos años en materia de ordenación del territorio a fin de comprobar si hay alguna actuación en marcha.
"Una vez que nos aseguremos de que tuvimos o no diligencias sobre el asunto actuaremos en consecuencia. Si las tuvimos, veremos si formulamos denuncia en su día y en qué juzgado se tramita el asunto, y en qué situación se encuentra. Y si no hemos incoado diligencias, lo haremos de inmediato, requiriendo información a la Administración", explicaron las mismas fuentes.
El moderno establecimiento ha colmado el desastre urbanístico de Zahora, donde hay más de 800 casas y decenas de negocios irregulares a la expectativa de un proceso de regularización planteado en 1996 y que hoy está muy lejos de ser una realidad. En la zona no hay agua de la red general, ni saneamientos ni la mayoría de infraestructuras y servicios básicos.
La puesta en marcha de Zahora Riad no ha pasado desapercibida para la Consejería de Turismo. Los inspectores visitaron la instalación dos veces en el último año pero no detectaron actividad, según ha explicado el delegado de Turismo de la Junta en Cádiz, José María Reguera (PSOE). En los últimos días los inspectores han regresado a la zona, avanzó ayer Reguera, que sospecha que ahora el negocio "sólo está abriendo los fines de semana": "Puede que haya más negocios de este tipo y actuaremos contra los que incumplan la normativa de una forma tan notoria como en este caso, aunque insisto en que el problema de Zahora es un problema urbanístico que deben solventar el Ayuntamiento y Ordenación del Territorio", argumentó.
Ayer, el secretario provincial del PSOE, Francisco González Cabaña, opinó que la solución llegará de la mano del Plan de Ordenación del Territorio (POT) de La Janda, que será aprobado el día 27 después de varios años de trámites. "Va a ser un reglamento de disciplina urbanística que va a dotar de los instrumentos necesarios contra problemas como éste; el urbanismo ilegal tiene los días contados con la aprobación del POT", declaró Cabaña.
El POT de La Janda, sin embargo, apenas hace mención al rompecabezas de Zahora y a sus soluciones salvo la incorporación del núcleo rural a la llamada "área de oportunidad turística Trafalgar-San Ambrosio", en la que se propiciarán desarrollos hoteleros y residenciales. La ordenación del poblado barbateño está en manos del Ayuntamiento y de la Administración regional, que deberán desarrollar un plan especial.
El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, criticó ayer a la Junta por "haber utilizado la administración para bloquear proyectos legales y, sin embargo, haber hecho la vista gorda en otros sitios donde los hoteles no cumplían todas las normas por razones de partidismo y amiguismo".
"Barbate necesitaba unos planes alternativos desde el punto de vista económico para no depender de sectores cuyas dificultades todos conocemos. Pero, lamentablemente, el PSOE no ha sido sensible para encontrar esas alternativas, y cuando las ha tenido, las ha bloqueado", señaló Sanz, en referencia velada al plan hotelero de Hipotels y TUI en Trafalgar.
El presidente de la patronal de hostelería Horeca (800 asociados), Antonio de María, también se pronunció sobre la situación de Zahora Riad para reclamar unas "normas que lleguen lo antes posible y que propicien un marco legal que posibilite el desarrollo". De María, aun así, considera que deben diferenciarse los negocios que llevan muchos años trabajando en la zona y los que se abren ahora. "Hay que separar lo actual de lo anterior", dijo el representante de los hosteleros, antes de recordar que "todas las personas normales mayores de 18 años saben que no se puede construir y abrir un negocio sin permiso porque hablamos de un grave delito".
* Diario de Cádiz - 23.04.10
Foto: Entrada del hotel Zahora Riad, situado en el camino de la Aceitera, en Barbate. - diariodecadiz.com
Zorrozaurre, abierto en canal
,+vista+Zorrozaurre+-+elcorreo.com.jpg)
ELCORREO/Vizcaya* : La tensión generada por la sentencia que anula las bases del plan de Zorrozaurre afloró ayer en la comisión monográfica convocada en el Consejo de Distrito de Deusto. A la comisión gestora se la vio más preocupada que en las declaraciones oficiales por las repercusiones que puede tener el fallo en las obras de rehabilitación de las casas de la ribera de Deusto, así como en las de Idom y la clínica del Igualatorio, y por el retraso que supone para el conjunto del plan. Los vecinos dieron rienda suelta a su malestar por la «falta de participación ciudadana» y en algunos casos, como las asociaciones de la ribera de Deusto y El Canal, evidenciaron una gran distancia.
El gerente de la comisión gestora, Pablo Otaola, recordó que el acuerdo plenario anulado por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco es el origen de todo el proceso y, por lo tanto, «nos obliga a volver a la casilla de salida». Enseguida surgieron las preguntas sobre aspectos concretos como el impacto del tráfico generado por las 5.000 viviendas previstas y centros como los de Idom, el Igualatorio y la BBK en Deusto y San Ignacio. Él respondió que eso se concretará en el Plan Especial, cuya elaboración se ha visto interrumpida por la sentencia. Y, ante la insistencia de los residentes, les animó a «hablar con la asociación El Canal para que no recurran la modificación del plan y no tengamos que volver a empezar», lo que soliviantó a la concurrencia. «Lo que hemos hecho es ejercer un derecho y el juez nos ha dado la razón», respondió un miembro de la agrupación. Otro acusó a Otaola de «provocar» y soltó: «Ya os dijimos que os ibais a cagar».
Con los ánimos caldeados, empezaron a llover críticas al proceso de participación ciudadana. «No habéis escuchado nuestras propuestas ni habéis cambiado una coma», censuró una mujer. Otaola aseguró que es el proyecto de Bilbao que más se ha abierto a los vecinos y recordó que la mayor parte de las asociaciones del distrito «expresaron por escrito que estaban a favor del plan» en el otoño de 2008, cuando se celebraron varias comisiones monográficas sobre el tema.
Más allá de las críticas generales, que se centraron en los planes de construcción de viviendas, hubo dos puntos especialmente sensibles. Al responder a una pregunta sobre el IMQ, el gerente de la comisión afirmó que tanto el Igualatorio como Idom «están en una situación muy incómoda» porque la licencia de obras tiene su origen en el acuerdo anulado e incluso «están pensando si parar o no» los trabajos que ya han iniciado. Para que eso ocurriera tendrían que pasar dos cosas: que el Supremo no admita el recurso de casación que se ha presentado y que la asociación El Canal pida la ejecución de la sentencia, algo que nunca ha dicho que vaya a hacer. Ayer reiteró su voluntad de «hablar y llegar a un acuerdo» e hizo dos propuestas concretas: abrir un debate con las fuerzas políticas y habilitar una oficina de información sobre el proyecto en Deusto.
La tensión, sin embargo, estaba en el ambiente y se manifestó con la intervención de unas vecinas de la ribera de Deusto, donde residen 500 familias, que se mostraron muy preocupadas por el impacto que puede tener la sentencia en la rehabilitación de las casas, que acaba de comenzar. La representante del área de Urbanismo admitió que «legalmente tenemos un problema» mientras no se garantice la seguridad jurídica. Según explicó, hay tres edificios que estaban «fuera de ordenación expresa» -sin posibilidad de acometer reforma alguna- en el Plan General de 1995, por lo que habría que parar los trabajos si se llega a ejecutar la sentencia.
-«Seguís siendo rehenes», apostilló un miembro de la asociación El Canal.
-«¿De quién?».
-«Del Ayuntamiento».
-«¿Y de quién más?».
Txutxi González, que pertenece a la federación vecinal, llamó a «evitar enfrentamientos entre asociacones» y lanzó un mensaje constructivo. «El movimiento ciudadano no quiere tumbar Zorrozaurre ni poner zancadillas», aseguró. En su opinión, la sentencia ofrece una oportunidad de corregir errores y buscar «el equilibrio» del proyecto que no debe desperdiciarse. «Vamos a sentarnos, todos tenemos que ceder».
* El Correo - 23.04.10
Foto: Panorámica de Zorrozaurre. :: LUIS ÁNGEL GÓMEZ, elcorreo.com
Urbanismo: derribos y destrozos
ROBERTO BLANCO/Galicia* : Para que no haya duda alguna lo dejaré claro desde ya: creo, y así lo he escrito en este periódico en muchas ocasiones, que el problema del deterioro del espacio y del paisaje que desde hace décadas sufrimos en Galicia a consecuencia de un urbanismo salvaje y de nula calidad es una de las mayores tragedias a las que debemos hacer frente. Y porque lo creo, estoy convencido de que los instrumentos de disciplina urbanística -incluido el derribo de construcciones ilegales- son una exigencia inexcusable para poner coto a esa auténtica plaga de feísmo, «vai facendo» y «tú tranquilo, que al final todo se arregla».
Es, por tanto, desde esa convicción desde la que considero que la citada disciplina tiene que ser compatible, en todo caso, con un elemento esencial de cualquier Estado de derecho: hablo, claro está, de la seguridad jurídica.
Pues es la seguridad jurídica -sin la cual nuestros derechos se esfuman en el aire- la que exige no dar el mismo tratamiento al caso de una construcción ilegal levantada a la brava sin ningún tipo permiso (ni siquiera el de la inteligencia) y el de una que se declara ilegal tras haber sido edificada legalmente y tras haber sido vendida a propietarios que han comprado desde su más absoluta buena fe.
En el primero de esos casos, la reacción de la ley ha de ser implacable: el que edifica donde no se puede edificar ya sabe a lo que está: a que, antes o después, y salvo que tenga mucha suerte y buenos amigos entre los políticos de turno, se verá obligado a derribar lo construido ilegalmente. Lo más importante es aquí la generalidad de la reacción, pues es la extendida conciencia de que siempre hay excepciones la que anima a muchos a intentar colarse de matute dentro de ese grupo.
En el segundo de los casos -el del comprador de buena fe que ve de la noche a la mañana que lo que había sido legal durante años, porque contaba con todos los permisos necesarios, se convierte de pronto en ilegal y en objeto de orden de derribo-, el afectado no puede aspirar, desde luego, a que aquel no llegue a ejecutarse: la ley es dura, dice el brocardo latino, pero es la ley.
Sin embargo, un elemental sentido de la justicia hace necesario que el perjudicado de buena fe por tan escandaloso funcionamiento de una Administración que (haya actuado de forma delictiva o no, lo que es otra historia) resulta incapaz de hacer cumplir la ley en tiempo y forma, sea compensado no con los ridículos criterios indemnizatorios que suelen ser frecuentes, sino de un modo que de verdad repare su destrozo moral y material. Eso es lo que exige la seguridad jurídica: sin ello, los ciudadanos somos meros súbditos en manos de un poder que puede ser irresponsable y salirse de rositas.
* Roberto Blanco Valdés - El Ojo Público
* La Voz de Galicia - Opinión - 23.04.10
