Los promotores no deben planificar el territorio, según un juez del TSJ

ELPAÍS* : Edilberto Narbón, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, ofreció ayer en un curso sobre estrategia territorial -organizado por los arquitectos-urbanistas valencianos- algunas recetas fáciles para que el urbanismo valenciano deje de estrellarse contra la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

"Los problemas [con la LUV] vienen de la simultaneidad de planificación y gestión. Con la separación, y algunos pequeños retoques de la ley, pueden todos los obstáculos". En la práctica, añadió el magistrado, supondrá la desaparición de la "compleja y poco aceptada" figura del empresario constructor. La planificación urbanística y las reclasificaciones de suelo deben ser gestionadas por los Ayuntamientos o entes públicos. Narbón citó como ejemplo a seguir la gestión de la empresa Tragsa, sobre la que se ha pronunciado el Tribunal de Justicia europeo.

En poco más de una hora, el magistrado -por cuya sala pasan decenas de litigios urbanísticos- repartió las responsabilidades entre todas las administraciones públicas por el galimatías urbanístico valenciano creado en los últimos años. Incluso ejerció la autocrítica, cuando reconoció que el poder judicial también ha complicado la ordenación del territorio con algunas sentencias.

"Existen cerca de 200 legislaciones sectoriales con las que trabajamos habitualmente. Si además están cambiando cada dos o tres años, trabajar se vuelve imposible", se quejó el magistrado, quien reconoció que la sala de lo Contencioso está fallando con un retraso de dos años. Alguna sentencia reciente del Tribunal Supremo ha creado además, según Narbón, "un problema gordísimo" a los tribunales de lo contencioso. "O controlamos la legalidad o se nos va todo al garete", subrayó.

Los Ayuntamientos tampoco salieron muy bien parados. "Estamos anulando muchas ordenanzas municipales porque no pueden fijar criterios técnicos y aún así lo hacen", precisó. Y citó el ejemplo de la ordenanza municipal de placas solares de Valencia, que la sala cuestionó porque estableció "el modelo y tipo de placa" que se podían instalar o no en los edificios. Lo mismo ha sucedido con las ordenanzas sobre telefonía móvil. "Son los Ayuntamientos los que tienen que adaptarse a la ley de telecomunicaciones y no al revés", imprecó.

El magistrado no se paró ahí. Le llegó el turno a la Administración central, cuando entró de lleno en la polémica que enfrenta al Gobierno español con la Generalitat a cuenta de los informes de las confederaciones hidrográficas sobre el abastecimiento de agua a las nuevas urbanizaciones. La sala de lo Contencioso del TSJ tiene en cola en estos momentos 180 recursos resultado del pulso entre las dos administraciones. "Se han picado políticamente y nosotros estamos en medio", subrayó Narbón. Desde el punto de vista legal, el magistrado aclaró que el informe de las confederaciones es preceptivo (obligado), pero no es vinculante porque una competencia transversal del Estado no puede afectar a las competencias autonómicas sobre urbanismo.

Acto seguido, el presidente de la sala del TSJ reconoció que hasta la fecha no ha visto ningún informe ni de uno ni de otro lado justificado como exige la ley. "Les hemos recomendado a ambos que se pongan de acuerdo" sobre los contenidos de estos informes hídricos.

El magistrado abrió por último un debate de mayor calado en torno al coste social de los grandes proyectos urbanísticos conocidos durante el boom. No se puede coger un municipio y dividir la población en ocho o nueve planes parciales. Las nuevas construcciones deben demostrar su viabilidad económica y sobre todo su coste para la población. Los consistorios, razonó Narbón, han financiado durante los años de vacas gordas hasta el 40% de su gasto gracias a los PAI (Programas de Actuación Integrada). "Ahora que no hay PAI, están subiendo los impuestos y ya está", criticó el magistrado. En un futuro, una de las cosas que deberán tener en cuenta las leyes valencianas son los costes de estos desarrollos, "¿cuántos son?, ¿si son asumibles o no? y ¿quién los va a pagar?", concluyó.

Sin Estrategia Territorial hasta 2010

El presidente de los arquitectos-urbanistas, Pasqual Vernich, urgió ayer en la apertura del curso al consejero de Medio Ambiente, José Ramón García Antón, a cumplir lo antes posible con dos objetivos insoslayables. Por un lado, simplificar la enrevesada legislación urbanística local y por otro aprobar de una vez por todas, y después de años de retraso, la Estrategia Territorial Valenciana.

García Antón, presente en la apertura, recogió el guante lanzado por Vernich y anunció que en julio presentará lo que será el cuerpo de la Estrategia, compuesto por 100 metas. Estas propuestas se someterán a un proceso de participación pública. "De este modo", aseguró, "antes de final de año estaremos ya redactando el documento final", que no estará listo hasta el año 2010.

La Estrategia Territorial, de la que disponen desde hace tiempo otras comunidades españolas, tiene que establecer normas "vinculantes" para todas las administraciones públicas con competencias sobre el territorio. Debe regir los planes de acción territorial (costa, huerta, etcétera) -aunque algunos ya están aprobados- y los planes de ordenación urbana.

Para García Antón, esta especie de Constitución del territorio valenciano "no debe ser un instrumento rígido, que solo imponga normas y límites". Al contrario, "tiene que ser un instrumento dinámico y abierto a la participación y al debate, donde los ciudadanos y los expertos tengan la posibilidad de opinar sobre cómo ven el futuro y cómo quieren que se ordene".

El catedrático de Geografía de la Universitat de València Eugenio Burriel, que intervino por la tarde, calculó que solo en 52 poblaciones valencianas del litoral y el prelitoral valenciano se prevé la construcción de 718.000 nuevas viviendas. Son datos sacados de conciertos previos y de planes generales aprobados con carácter provisional. Solo en La Plana litoral, en Castellón, con un parque de 40.000 viviendas, existen proyectos para construir otras 102.000 y hasta nueve campos de golf.

Para Burriel, estas cifras acreditan que la Generalitat lleva sin política urbanística desde 1995. "Nunca la ha habido y de ahí las consecuencias que ahora vemos", denunció.







* ELPAIS.com - CRISTINA VÁZQUEZ - Valencia - 03/06/2009
Foto: Cullera (Valencia), terrenos recalificados desembocadura Júcar - J.Císcar (El País)

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El TSJC anula los proyectos de urbanización de un millar de viviendas en Yaiza

LAPROVINCIA/Lanzarote* : El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha declarado nulo de pleno derecho los proyectos de urbanización y ejecución de más de 1000 viviendas (de las cuales 450 están ya construidas) en el plan parcial Playa Blanca en el municipio de Yaiza.

El TSJC notificó el pasado lunes al Cabildo de Lanzarote la sentencia que resuelve el recurso que en el año 2004 interpuso la primera corporación insular contra los decretos del entonces alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, de 11 de diciembre de 2003 y 26 de abril de 2004, que autorizaron la urbanización de los terrenos del Plan Parcial Playa Blanca y la publicación de las ordenanzas del citado plan parcial, así como contra el decreto de la alcaldía de 3 de mayo de 2004 que rechazó las advertencias de ilegalidad que el Cabildo de Lanzarote formuló al Ayuntamiento y a los promotores para que no prosiguieran con el desarrollo de dicho plan parcial.

Según el Cabildo de lanzarote el entonces alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, "autorizó la urbanización de más de un millón de metros cuadrados de suelo concediendo licencias para la construcción de 1.000 viviendas que ahora han quedado en situación de ilegalidad, haciendo caso omiso de las reiteradas advertencias y requerimientos de la corporación insular".

Para la corporación lanzaroteña la sentencia dictada por el Alto Tribunal "ha estimado íntegramente el recurso formulado por los servicios jurídicos del Cabildo de Lanzarote, pero no solo declara nulos de pleno derecho todos los actos municipales recurridos (urbanización y ordenanzas del plan parcial), sino que también ha zanjado la principal cuestión de fondo que subyace en todos los procedimientos judiciales que el Cabildo ha interpuesto contra actos dictados en desarrollo de este plan parcial, como es la situación jurídica en que se encuentra este plan".

Sobre dicha cuestión de fondo, que a lo largo de los 25 folios de que consta la sentencia se analiza de forma pormenorizada, concluye el Tribunal declarando con toda rotundidad que el Plan Parcial Playa Blanca quedó extinguido en el año 2001 con la entrada en vigor de la Ley 6/2001, de Medidas Urgentes (conocida como la Ley de Moratoria Regional) y que, por esa razón, desde entonces ya no era posible su desarrollo porque se trataba de un planeamiento que ya no existía, tal y como ha venido advirtiendo el Cabildo al Ayuntamiento de Yaiza y a los promotores del plan desde el año 2004.

El TSJC advierte que todos los actos dictados en desarrollo o aplicación de este Plan Parcial –que estaba extinguido y por tanto no admitía desarrollo alguno- como la urbanización, publicación de ordenanzas, constitución de junta de compensación y licencias de obras, han quedado "sin cobertura jurídica alguna" y, por tanto, en una situación de manifiesta ilegalidad.

Esta importante sentencia tendrá, además, incidencia directa sobre los 23 recursos que el Cabildo de Lanzarote también tiene interpuestos contra las licencias de obras que el ex-alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, concedió en el citado plan parcial haciendo caso omiso de las reiteradas advertencias de ilegalidad y continuos requerimientos de anulación que el Cabildo le formuló entre los años 2004 y 2007.

El Plan Parcial Playa Blanca ocupa una superficie de suelo de 1.155.280 m2 y tenía prevista la construcción de edificaciones con una capacidad alojativa de 5.570 plazas con un total de 1.850 viviendas. El ex-alcalde de Yaiza otorgó licencias para la construcción de unas 1.000 viviendas, de las cuales han sido terminadas unas 450.

RECURSO. El Cabildo de Lanzarote recuerda que la decisión de recurrir el Plan Parcial Playa Blanca se basa en el criterio de que se estaba ante una pieza de suelo que carecía por completo de planeamiento, es decir que no tenía ningún tipo de ordenación.

Así pues, el Cabildo insiste en que no está recurriendo arbitrariamente obras o licencias de carácter residencial, como han afirmado los promotores de este plan, grupos de la oposición o algunos medios de comunicación, sino que la Corporación insular recurre aquellos casos en los que tiene evidencia de que se comienzan obras de urbanización o de construcción en suelo que no tenía ningún tipo de planeamiento ni ordenación pormenorizada.

Sólo hay dos casos en toda la isla en que esta situación se daba y en ambos casos, al tener las mismas características, el Cabildo decidió recurrir: en el Plan Parcial Playa Blanca, que ahora esta sentencia convierte en suelo no sectorizado, y en el proyecto de las mil viviendas de Costa Roja, paralizado también por los Tribunales a instancias del Cabildo de Lanzarote.






* La Provincia - DOMINGO RIVERO - ARRECIFE - 3.06.09
Foto: Yaiza (Lanzarote), vista Playa Blanca - lavozdelanzarote.com

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Fiscalía denuncia a Territorio por prevaricación por aprobar un PAI

ELPAÍS/Castellón* : La vía penal fue la elegida por la Asociación de Ciudadanos de Benicàssim, integrada en el colectivo Abusos Urbanísticos No, para denunciar la aprobación del Plan de Actuación Integrada (PAI) Sant Jordi Golf sin que se hubiera garantizado la existencia de recursos hídricos. El visto bueno del programa se realizó con el informe negativo de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

Ahora, la Fiscalía de Castellón ha remitido la denuncia al juzgado ante un hecho "posiblemente tipificable como un delito de prevaricación". La aprobación de planes de actuación integrada ha sido recurrida, hasta ahora, por la vía contencioso-administrativa. De hecho, este PAI está también recurrido en esta vía por la propia Administración central, tal como ha hecho con decenas de programas urbanísticos que no cuentan con la garantía de la existencia del agua necesaria para su desarrollo. Sin embargo, en esta ocasión ha sido un colectivo el que ha recurrido y se ha llevado por la vía penal.

La propuesta de judicialización refleja cómo la asociación presentó la denuncia poco después de que la comisión territorial de Urbanismo diera el visto bueno al programa. El expediente contaba, como en tantas otras ocasiones, con el informe desfavorable de la CHJ, que señaló que el PAI "no respeta la ordenación propuesta del dominio público hidráulico, no deja expedita la zona de servidumbre y no acredita la disponibilidad de recursos hídricos". Pese a este dictamen, la comisión dio el visto bueno al proyecto ya que, tal como reiteraron ayer fuentes de la Consejería de Territorio, la Generalitat valenciana considera que el informe es preceptivo pero no vinculante.

La denuncia del colectivo Abusos Urbanísticos No se presentó contra los miembros de la comisión territorial de Urbanismo, entre los que se encuentran no solo representantes de la Consejería de Territorio sino también de otros departamentos de la Generalitat, así como algunos colegios profesionales y, en este caso, un representante del Ministerio de Fomento y otro del de Medio Ambiente, que fue el único que presentó un informe negativo.

En su escrito, la Fiscalía señala que, tras la denuncia, solicitó el expediente de aprobación del PAI y los informes de la CHJ. El texto señala que recibió los dictámenes de la confederación pero que "hasta la fecha", Territorio no ha remitido la documentación exigida. Así, propone la judicialización de las actuaciones "por haber transcurrido el plazo máximo de seis meses establecido". "Salvo que se haya justificado suficientemente la aprobación del PAI en virtud de otros criterios razonables y explicitados, lo cierto es que la aprobación del mismo con insuficiencia de recursos hídricos podría dar lugar a un delito de prevaricación", añade. Por su parte, la consejería aseguró que el expediente se remitió, en dos ocasiones, a la Fiscalía. La primera, cuando se les requirió, y la segunda, después de que la propia Fiscalía admitiera que la documentación se había traspapelado.

El PAI Sant Jordi Golf abarca una superficie de más de 2 millones de metros cuadrados y prevé la construcción la construcción de un campo de golf, algo más de 2.200 viviendas de las que 10% son de protección oficial.

La tramitación del plan urbanístico

- La Confederación Hidrográfica del Júcar emite, en mayo de 2008, un informe desfavorable sobre le PAI Sant Jordi Golf.

- El programa va a la comisión territorial de Urbanismo, en julio de 2008, pero queda en suspenso ante la exigencia de la CHJ de corregir el informe de recursos hídricos.

- La insuficiencia de agua para un campo de golf y más de 2.000 viviendas provoca un nuevo informe negativo de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

- Urbanismo aprueba el PAI sant Jordi Golf en octubre de 2008.






* ELPAIS.com - MARÍA FABRA - Castellón - 02/06/2009
Foto: Benicasim (Castellón), ayuntamiento - panoramio.com

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Imputados dos alcaldes y dos consejeros del Cabildo

LAOPINIÓN/Lanzarote* : La operación contra la corrupción en Lanzarote sigue ampliando su nómina de acusados; mientras un consejero socialista del Cabildo de Lanzarote anunciaba su dimisión tras ser imputado, la Guardia Civil interrogó como acusados al vicepresidente de la corporación, Fabián Martín (PIL), y a los alcaldes de Yaiza (PIL) y Tinajo (CC).

La trama de corrupción que se investiga en la isla de los volcanes ya se ha cobrado su primera víctima política, el consejero de Educación y Cultura de la corporación insular, Rubén Placeres, quien tras conocer su citación ante la Guardia Civil anunció al PSC-PSOE su dimisión del cargo y, además, su renuncia como militante.
Mientras el juez de instrucción número 5 de Arrecife, César Romero Pamparacuatro, pasó la jornada sin tomar ninguna declaración más, tras los maratonianos interrogatorios a los detenidos en la operación, la Guardia Civil tomó el relevo de las pesquisas y interrogó a tres supuestos implicados en la trama.
Previamente, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil había citado por escrito a los cuatro nuevos cargos públicos imputados por corrupción en esta trama que cobraba comisiones ilegales.
Uno de ellos es el consejero socialista de Educación y Cultura del Cabildo, Rubén Placeres, quien ha comunicado al PSC su decisión de dimitir del cargo para no perjudicar al partido.
Además, mandó un carta al partido anunciando también su deseo de causar baja en la formación política, según informaron fuentes de la dirección insular del PSC.
En cuanto a su baja como militante, presentada el lunes, nada más recibir la citación, fuentes socialistas indicaron que el consejero dice que con independencia de que confía en que el caso se resuelva favorablemente para él, no está dispuesto a que "un asunto de carácter personal perjudique al partido".
Pero además de la dimisión del consejero, el Cabildo de la isla, gobernado por un pacto entre PSC-PSOE y PIL, vuelve a estar salpicado por esta operación de corrupción, ya que la Guardia Civil también tomó declaración ayer por la tarde como imputado a su vicepresidente Fabián Martín Martín, del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL).
A su llegada al cuartel para declarar, Fabián Martín no quiso hacer declaraciones.
Fabián Martín es hijo del líder del Partido de Independientes de Lanzarote Dimas Martín, presunto cerebro de esta trama, que se encuentra en la cárcel cumpliendo ocho años de prisión por otros delitos y que ha sido imputado en este caso por cohecho y tráfico de influencias.
También su hermana Elena Martín, que es la jefa de contratación del Ayuntamiento de Arrecife de Lanzarote, fue detenida el pasado lunes día 25 en el consistorio, aunque luego quedó en libertad con cargos.
Antes de esta declaración, la Guardia Civil tomó declaración, en su centro de operaciones instalado en el cuartel de Costa Teguise, a la alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, también del PIL.
Precisamente el pasado jueves la UCO registró el ayuntamiento de este municipio lanzaroteño y detuvo al secretario del consistorio.
Después de la alcaldesa fue interrogado, también en calidad de imputado, el alcalde de Tinajo, Jesús Machín, que es presidente de Coalición Canaria (CC) en Lanzarote, empresario y propietario de una empresa de instalaciones eléctricas que realiza trabajos para numerosas instituciones públicas de la isla de los volcanes.
Tras declarar, Machín se mostró satisfecho del resultado de su interrogatorio y afirmó su plena disposición para esclarecer los hechos que son investigados. El político pidió confianza en la Justicia y respeto al secreto del sumario.
El juez del juzgado de instrucción número 5 de Arrecife ha decretado ya el ingreso en prisión de siete implicados en esta trama que cobraba comisiones ilegales a empresarios a cambio de la contratación de obras y servicios o la gestión de permisos y licencias, al tiempo que ha dejado en libertad con cargos a otros trece detenidos.

CC insiste en la prudencia
La presidenta de CC y candidata a las Elecciones Europeas, Claudina Morales, insistió ayer en ser prudentes a la hora de valorar las detenciones de Lanzarote por la Operación Unión tras la imputación, por la Guardia Civil, del alcalde de Tinajo y responsable de la formación en la isla, Jesús Machín.
Sobre la presunta relación del alcalde de Tinajo en esta trama de corrupción municipal y urbanística destapada en Lanzarote, Morales declaró ayer en un acto electoral que el partido "tiene conocimiento por lo que ha salido en los medios" de que el presidente de la formación en Lanzarote declaraba ayer como imputado.
"Todavía no tenemos conocimiento directo, hay que ser muy prudentes con todas estas cuestiones y dejar que la Policía y los jueces hagan su trabajo", agregó.
La presidenta de CC dijo que su partido está "muy preocupado por la situación de parálisis de las instituciones de Lanzarote, sobre todo en estos momentos, en los que se requería, más que en ningún, actividad y respuestas a los problemas de los ciudadanos".






* La Opiniñon de Tenerife - EFE - 3.06.09
Foto: Arrecife (Lanzarote) - EDDC.NET

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Una sentencia anula la gestión privada de la Empresa Municipal de la Vivienda de Torrejón

ELPAÍS/Madrid* : Cuando el PP llegó al poder en Torrejón de Ardoz (116.455 habitantes), en 2007, una de las primeras cosas que hizo fue crear la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS). Redactó los estatutos y sacó a concurso la gestión de la misma. El partido socialista se opuso y denunció el pliego de condiciones de la gestión de la empresa ante los tribunales. Una sentencia del Tribunal Contencioso-administrativo nº23 de Madrid le da ahora la razón.

La sentencia dice que no está justificada la contratación de una empresa que gestione la EMVS. Y va punto por punto. Primero, dice, "no hay ni un solo documento" que explique debidamente "la insuficiencia, la falta de adecuación o la conveniencia de no ampliación de los medios personales y materiales con los que cuenta la Administración para cubrir las necesidades que se trata de satisfacer a través del contrato". Y hace hincapié en que no existe ese documento, "pese a la importancia del objeto del contrato", que es la gestión de la Empresa Municipal de la Vivienda.

En segundo lugar, critica el sistema de retribución a la gestora. "No existe un precio ni cierto ni referencial", asegura la sentencia. En el pliego de condiciones de la adjudicación, en la cláusula tercera, dice que "el adjudicatario percibirá una cantidad equivalente al 6% del coste total o del precio máximo de venta". Eso, según la sentencia, no vale, primero porque la gestora hace algo más que vender viviendas. Se encarga también de administrar acuerdos, de gestionar el patrimonio del Ayuntamiento y de asesorar a los ciudadanos en materia de vivienda, entre otras. "Nada de esto forma parte del precio o por lo menos no hay forma de determinarlo", dice la sentencia. Y eso es "motivo de nulidad", según la misma.

En tercer lugar, se refiere a la "inexistencia de criterios para la adjudicación" (precio, fórmula de revisión, plazo de ejecución, etcétera). "El pliego no fija tales criterios", dice la sentencia. Y añade: "Esta forma de articular la adjudicación [...] no puede considerarse ni de lejos que cumpla las determinaciones de la Ley de Contratos". Y sigue: "En todo caso, es incompatible con el propio funcionamiento de una Administración objetiva, imparcial y al servicio del interés general". Por todo eso, la sentencia anula el "contrato de asistencia técnica y gestión" de la EMVS.

"Estamos estudiando recurrir la sentencia, pero lo primero que queremos dejar claro es que a los torrejoneros no les afecta nada", aseguró ayer el portavoz municipal y concejal de Urbanismo, José Luis Navarro. "Si hay alguna deficiencia, la estudiaremos e intentaremos subsanarla. Queremos salvar la EMVS por la creación de las miles de viviendas", añadió. Y tildó al PSOE de "irresponsable" por llevar la gestión de la EMVS a los tribunales.






* ELPAIS.com- R. CARRANCO - Madrid - 02/06/2009
Foto: Torrejón de Ardoz (Madrid) - elpais.com

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