Urbanismo aprueba un PAI de 1.785 pisos en Paterna con el informe en contra de la CHJ

LEVANTE/Valencia* : La Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda aprobó definitivamente, a finales de 2007, la urbanización del sector Llano del Cura en Paterna, donde se prevén 1.785 viviendas en antiguo suelo militar, pese a contar con el voto desfavorable de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

El representante del Ministerio de Medio Ambiente en la Comisión Territorial de Urbanismo aportó un informe explicativo de su voto negativo, donde se concluye que "no resulta en absoluto acreditada la disponibilidad de los recursos hídricos suficientes para atender las nuevas demandas generadas por el instrumento de planeamiento que se somete a la Comisión".
El organismo de cuenca emitió un informe desfavorable porque el incremento de demanda de agua previsto de 518.026 metros cúbicos anuales, para los nuevos 5.677 habitantes que tendrá la urbanización, "no se asigna a ningún origen específico, por lo que se desconoce qué fuente de suministro de recurso hídrico deberá atenderlo ni cual sería el derecho que lo ampararía". La documentación remitida por la gestora del suelo, la empresa municipal Sumpa, detalla que serán los pozos municipales los que atenderán el suministro, pero la CHJ alega que los "únicos derechos reconocidos al Ayuntamiento de Paterna ascienden a 63.835 m3/año para 1.000 habitantes, a todas luces insuficientes".
El voto negativo de la CHJ también se justifica porque se comprueba que los terrenos del barranco Endolça "pretenden ser ocupados" y se produce "invasión" en varios puntos del dominio público hidráulico. "No se demuestra la no afección sobre el régimen de corrientes", añade la CHJ, que insiste en que el informe del organismo de cuenca es preceptivo y no puede ser sustituido por una "presunta entidad colaboradora autorizada para el suministro". Y es que la Sumpa presentó el informe de Aigües de Paterna que garantiza la "suficiencia de recursos hídricos" con un consumo diario de 444 m3 diarios para las 1.785 viviendas.
Fuentes municipales señalaron que la urbanización del Llano del Cura cuenta con la aprobación de la conselleria después de tener un informe "favorable" de la empresa de aguas local que garantiza que sí hay suficiencia de recursos hídricos: "de la estructura del acuífero que alimenta los pozos de Paterna se deduce que a medio plazo no se prevén problemas ni en cantidad ni en calidad del agua. El acuífero tiene capacidad suficiente para cubrir el incremento de demanda que con las previsiones actuales se calcula pueda generarse en los próximos 25 años".





* Levante-EMV - Cèsar Garcia, Paterna - 19.08.2008
Foto: Paterna (Valencia) - uv.es

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La trama corrupta balear dejó otro agujero de 1,8 millones

ELPAÍS* : La corrupción en el seno del Consorcio de Turismo Joven durante el anterior Gobierno balear de Jaume Matas (PP), destapada por la Fiscalía Anticorrupción, pasó una carísima factura en forma de deuda millonaria. Los investigadores definen la situación económica del consorcio como "de quiebra técnica", y los actuales gestores recuerdan que el departamento necesitó, en reiteradas ocasiones, la aprobación de partidas extraordinarias para sufragar los gastos.

El vaciado de las arcas públicas, supuestamente dirigido por el entonces jefe de Servicios y Mantenimiento, Juan Francisco Gosálbez, afectó de lleno a la gestión de los proyectos, programas e instalaciones que dependían directamente de la entidad. Entre ellos, la organización y financiación de viajes de estudios en el extranjero, las rutas internacionales y también el circuito de albergues.

Ayer, el máximo responsable de Cultura del Consell de Menorca, Joan Lluís Torres, cifró en 1,8 millones de euros el "agujero" provocado en la isla por la anterior cúpula directiva de Turismo Joven. Torres advirtió de que esta deuda se debe "a la mala gestión o al comportamiento delictivo" de los anteriores responsables del consorcio y reclamó la dimisión de la entonces consejera de Presidencia, Rosa Puig, hoy en la oposición del Consell de Mallorca. "Deben asumirse responsabilidades", pidió Torres, "ya sea por incompetencia, porque la consejera no tenía ni idea de lo que ocurría en su departamento, o, lo que es peor, por complicidad [con el entramado corrupto]

". Puig, por su parte, afirmó la semana pasada que no hizo nada malo, y que no veía "qué tipo de responsabilidad" podía tener ella.

Instalaciones juveniles

El dinero se debió haber destinado a la construcción del albergue juvenil de Ciutadella, Sa Vinyeta, presupuestado en 2,3 millones de euros, de los que únicamente se pagaron unos 500.000. El resto, 1,8 millones, se adeudan tanto al propio Consell de Menorca como a las empresas constructoras del edificio. Un caso similar afecta al albergue de La Victòria, en Alcudia (Mallorca), en el que se presupuestaron obras y reformas por cerca de 19.000 euros. Un dinero procedente de la Red Española de Albergues Juveniles (REAJ), que nunca llegó a invertirse: fue presuntamente desviado por Gosálbez y su esposa a través de una sociedad fantasma.

Gosálbez, el principal imputado en la trama, permanece en prisión incondicional, acusado de malversación continuada de caudales públicos, prevaricación, cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios y falsificación documental. Supuestamente se habría autoalquilado un local por 648.000 euros y habría cobrado comisiones de hasta 60.000 euros a cambio de adjudicar contratos. Se investiga también la implicación de los otros imputados, entre ellos el ex gerente de Turismo Joven, Damián Amengual, y el director de Juventud del Gobierno balear, Juan Francisco Gálvez. El pago de gastos personales -viajes, hoteles, restaurantes- con dinero público podría superar los 30.000 euros.




* ELPAIS.com - MANU MENÉNDEZ - Palma - 19/08/2008
Foto: Palma_de_Mallorca, vista - Lothar Velling (wikipedia.org)

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Castro: El Consistorio perdió entre 2004 y 2005 3,4 millones en permutas urbanísticas

ELDIARIOMONTAÑÉS* : El Tribunal de Cuentas ha llegado al Ayuntamiento de Castro Urdiales. El objetivo: fiscalizar la gestión del anterior equipo de gobierno ( PRC, PP e IU) con Fernando Muguruza al frente de la Alcaldía, durante la pasada legislatura, en concreto, durante los años 2004 y 2005.

Entre las anomalías que el Tribunal de Cuentas ha recogido en su informe previo, al que el Ayuntamiento podrá presentar alegaciones durante un plazo aproximado dos meses, destaca un desfase en la valoración de varias parcelas ubicadas en Cotolino (Área de Planeamiento Diferido, nº 2 del PGOU) y en El Chorrillo (SUP 3). Al parecer, en los convenios de permuta de estas dos áreas se acordaron valoraciones con importantes diferencias respecto a su valoración inicial, de forma que «en los terrenos aportados por el Ayuntamiento se redujo su valor y en los recibidos se incrementó. El importe de estas diferencias han podido suponer un perjuicio para el Consistorio de 3.444.652 euros».

Además, en el desarrollo urbanístico del área de Cotolino «se incumplió el Artículo 83 del Real Decreto Legislativo (RDL) 1/1992 en relación a las dotaciones para parques y jardines, zonas deportivas y recreo y expansión. No se produjo ninguna cesión de sistemas locales para estas dotaciones, y según el estándar mínimo establecido, se deberían haber cedido 32.802 metros cuadrados.

En relación con este mismo ámbito territorial, se produjo la compensación al Ayuntamiento por la inclusión de caminos y viales de dominio público en el área a urbanizar. Esta compensación, por importe de 593.670 euros, se fijó en el 100% del exceso de edificabilidad obtenido por la empresa propietaria de los terrenos, «vulnerando el Artículo 80.1 de la Ley de Base Reguladora del Régimen Local (LBRL) que establece la inalienabilidad de los bienes de dominio público». Además, se fijó la obligación de la empresa de ceder al Ayuntamiento 213.500 metros cuadrados de suelo no urbanizable y la empresa pagó 726.548 euros al Consistorio «sin que se haya obtenido información sobre la justificación de esta compensación económica».

Aprobación del gasto

En su amplio informe, el Tribunal de Cuentas ha detectado que durante el periodo que ha fiscalizado «se producía frecuentemente la aprobación del gasto sin asegurar la debida consignación de crédito y sin la contabilización de esta fase presupuestaria». Esta irregularidad derivó de la «existencia de facturas sin contabilizar por no contar con crédito presupuestario». El procedimiento habitual era su regularización en los años siguientes a través de la figura del reconocimiento extrajudicial de crédito. En 2004 la cuantía de obligación de ejercicios anteriores reconocidas mediante esta figura fue de 6.169.668 euros y en 2005 de 339.731 euros.

Por otro lado, el Consistorio castreño ha mantenido desde el ejercicio 2000 «un retraso continuado en la rendición de sus cuentas anuales y las de los ejercicios de 2000 a 2003 fueron rendidas sin aprobar por el pleno de la Corporación». Asimismo, la cuenta anual del 2004 se rindió al Tribunal de Cuentas «con retraso de dos meses respecto al plazo legal y de forma incompleta, y la de 2005 con retraso de cinco meses». En relación a la cuenta general de 2006, cuando se estaba elaborando este informe de fiscalización, el Tribunal «no había recibido esa cuenta anual, habiendo finalizado el plazo establecido de presentación el 15 de octubre de 2007».

Con todo esto, el Ayuntamiento tendrá un periodo de dos meses para presentar las alegaciones que considere a este anteproyecto del Tribunal de Cuentas. A partir de ahí, este organismo emitirá un informe definitivo que trasladará al fiscal, encargado de decidir si corresponde o no abrir diligencias en el caso de que hubiese indicios de delito.




* El Diario Montañés - ABEL VERANO - 19.08.2008
Foto: La zona de Cotolino (APD 2) ha sido una de las que más ha crecido en los últimos años. / SANE, eldiariomontanes.es

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Motril: Buxus rechaza que la sede de los sindicatos se transforme en hotel

IDEAL/Granada* : Motril tiene disponibles once parcelas con más de 270.000 metros cuadrados clasificados como suelo hotelero, por lo que la asociación Buxus, que lucha por conservar el patrimonio natural e histórico de la Costa, no entiende por qué el Ayuntamiento motrileño está dispuesto a derribar el edificio de los sindicatos para convertirlo en su primer hotel de ciudad.

La Asociación ha anunciado la presentación de alegaciones contra esta operación urbanística, que obligaría a cambiar la clasificación del suelo y a modificar el PGOU. «Consideramos inaceptable la convivencia de las dos grandes fuerzas políticas de Motril en la desprotección del patrimonio histórico y arquitectónico y estamos seguros que al igual que ocurrió en el caso de la Casa de los Bates, esta iniciativa será paralizada», afirma el vicecoordinador de Buxus, Francisco Tarragona.

La Asociación advierte que el pacto «que han alcanzado las dos grandes fuerzas políticas de Motril (PP-PSOE) para desproteger el edificio de los sindicatos y promover su cambio de clasificación, pasando de equipamiento público a uso hotelero, triplicaría su edificabilidad».

Emblema motrileño

La asociación además defiende el valor histórico del edificio de los sindicatos para Motril. «No está justificada la pérdida de este edificio que representa un estilo arquitectónico singular y que socialmente es la muestra de una etapa política deplorable, pero cuyo mantenimiento permite que se sostenga viva la memoria sobre prácticas sociales y sindicales que no deben repetirse». Para ellos, perder el edificio de los sindicatos es perder parte de la memoria de Motril.

Los ecologistas argumentan además que no logran entender cómo el actual equipo de gobierno, «que promovió la paralización del proyecto de servicios en la Alcoholera argumentando su impacto paisajístico sobre el Santuario de la Virgen de la Cabeza apoya esta desclasificación y el aumento de edificabilidad». Aseguran que se permitirían construir cinco plantas más la baja. «Esto apantallaría la Iglesia de Capuchinos y desvirtuaría el espacio urbano donde está enclavada», apuntan.

También arremeten contra el el PSOE «pues fue quien redactó, aprobó y protegió este edificio, para poco después desandar lo andado, máxime cuando existe en Motril suelo hotelero en cantidades ingentes», dicen desde Buxus.

La asociación Buxus presentará alegaciones contra esta decisión y espera que sea la Comisión provincial de Urbanismo de la Junta de Andalucía la que ponga «cordura» en la actuación urbanística del Ayuntamiento de Motril.





* Ideal - 19.08.08 -M. N.
Foto: Motril (Granada) - juntadeandalucia.es

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Anticorrupción desvía hacia la Fiscalía el caso del plan de Benalúa

ELPAÍS/Alicante* : La Fiscalía de Alicante considera que el estudio de la documentación sobre las actuaciones de la concejal de Urbanismo del Ayuntamiento alicantino, Sonia Castedo (PP), relativas a la aprobación y ejecución del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de ejecución número 1 del Plan Parcial de Benalúa Sur, que contempla la construcción de 150 viviendas, "no es competencia de Anticorrupción" por lo que los documentos se trasladarán al fiscal que corresponda de la Audiencia para que los estudie.

No será Anticorrupción la que investigue la gestión de la edil del PP en Alicante, Sonia Castedo, en la tramitación del plan urbanístico Benalúa Sur, según informó ayer Europa Press.

De esta forma, será la Fiscalía de la Audiencia Provincial la que estudie y considere si la concejala de Urbanismo, Sonia Castedo, incurrió en los supuestos delitos de prevaricación, estafa, fraude y tráfico de influencias, tal y como apunta el PSPV que el pasado 6 de agosto entregó la documentación en la Fiscalía Anticorrupción.

Los socialistas estiman que las actuaciones de la edil, otros cargos de su departamento, como el gerente de Urbanismo, Enrique Sanus, y de la empresa urbanizadora, Prasa, son "contrarios a la legalidad y a los intereses públicos". El portavoz socialista Roque Moreno tildó de "valiente" el acto de acudir a denunciar ante la Fiscalía para "controlar que las decisiones que el equipo de gobierno toma en este Ayuntamiento, no vayan en detrimento y prejuicio de los alicantinos".

Los socialistas calificaron de "arbitrarias" varias resoluciones administrativas relativas al caso Benalúa Sur, y señalaron que estas actuaciones "utilizan el poder político y administrativo para obtener resultados mediante un comportamiento orientado a la consecución fraudulenta de objetivos prohibidos y dañinos para el interés público", según Moreno. El PSPV considera "injustos" algunos informes y resoluciones emitidas por la edil de Urbanismo dispuesta a asumir el pago del 50% de los costes de urbanización "lo que supone un detrimento de las arcas municipales". El supuesto tráfico de influencias, según los denunciantes, se halla en "la actitud del gerente y la edil a favor y en defensa de los intereses del urbanizador".





* ELPAIS.com - Alicante - 19/08/2008
Foto: Alicante, plan Benalúa Sur - laverdad.es

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Un tercio de los terrenos de Las Teresitas que compró Zerolo a ILT es propiedad de Costas

LAPROVINCIA/Tenerife* : La propuesta de deslinde de la playa de Las Teresitas que actualmente está siendo estudiada por la Dirección General de Costas en Madrid confirma que un tercio de las once parcelas adquiridas en su momento por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife era y sigue siendo propiedad del organismo estatal.

O lo que es lo mismo, casi 31.159 metros cuadrados de los 110.000 adquiridos nunca debían haberse vendido, ya que tal y como señalaba el anterior director general de Costas, José Fernández, "no tienen precio porque su valor es incalculable".

En dinero, esta cifra supondría que el Ayuntamiento regaló a Inversiones Las Teresitas (ILT) alrededor de 17 millones de euros de los 52,2 millones pagados en la operación urbanística que investiga la Fiscalía Anticorrupción, en la que están imputados el alcalde de Santa Cruz, el nacionalista Miguel Zerolo, varios ex concejales, funcionarios municipales y los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González Martín.

La propuesta de deslinde de Costas es prácticamente igual a la que salió a información pública en el año 2006 y luego se retiró ante la presentación de dos alegaciones, una por parte del Ayuntamiento y otra de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN).

A grandes rasgos, el deslinde comienza en el vértice inferior del anterior campo de fútbol y se desplaza durante 700 metros siguiendo el actual muro. Con ello se gana una bolsa de unos 20 metros de ancho de arena a lo largo de casi 500 metros, que se incorpora ahora también al dominio público.


QUERELLA. Si prospera este nuevo deslinde avalará la querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción, pues entre sus argumentos señala que la Corporación local compró terrenos que ya eran públicos y que no se interesó por las consecuencias que tendría en esta adquisición el nuevo deslinde.
Otro dato llamativo es que el conocido como Mamotreto, o gran aparcamiento situado al inicio de la playa, no invadiría el dominio público tal y como se recoge en otra querella interpuesta por la Fiscalía de la Audiencia Provincial, sino que entraría tan sólo en unos pocos metros en la parte de la zona de servidumbre de protección, que pertenece al Gobierno de Canarias. Por lo tanto sería esta última administración la que tendría la última palabra a la hora de permitir o no la continuación de los trabajos.

El deslinde tiene gran importancia no sólo para la causa penal por la presunta comisión de los delitos de prevaricación y cohecho en la compra de los terrenos, sino también en la causa administrativa. Y es que el Tribunal Supremo anuló la operación de compraventa a través de una sentencia que se deberá ejecutar llevando a cabo una nueva tasación. Momento en el que será decisivo saber qué terrenos son de Costas y cuáles del Ayuntamiento.






+ La Provincia - NOÉ RAMÓN - SANTA CRUZ DE TENERIFE - 19.08.2008
Foto: Santa Cruz deTenerife, Las Teresitas - laprovincia.es

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Los vecinos de L'Alfàs se movilizan para evitar 10.000 nuevas viviendas

ELPAÍS/Alicante* : Vecinos de l'Alfàs del Pi, en La Marina Baixa, plantearon ayer una auténtica demostración de fuerza frente al hormigón indiscriminado al celebrar la primera Conferencia Europea sobre Abusos Urbanísticos, que propuso fórmulas para defender a los propietarios de los excesos de los planes parciales y de las implacables previsiones de crecimiento de esta población, donde hay planificadas 10.000 nuevas viviendas sobre 4 millones de metros cuadrados.

La conferencia, organizada por la Asociación de Vecinos de l'Alfàs, reunió a representantes de las embajadas de Reino Unido, Noruega y Holanda, ya que muchos de los afectados por estos nuevos planes urbanísticos son residentes extranjeros. También acudió la cúpula del colectivo Abusos Urbanísticos No, con una fuerte implantación en La Marina Alta y La Vega Baja, así como asociaciones vecinales de La Nucia y Altea, Ecologistas en Acción y profesores de la Universidad de Alicante.

Ante centenares de personas, los conferenciantes abogaron por seguir los postulados de la denominada doctrina Parcent. Allí la asociación de vecinos logró hace un año frenar tres planes parciales con más de 2.000 nuevas viviendas impulsadas por el anterior gobierno local del PP a través de dos mecanismos: denuncias ante las principales instituciones europeas y una fuerte movilización social.

La doctrina Parcent se hizo famosa en toda Europa y ahora los vecinos de l'Alfàs pretenden seguir el mismo camino para evitar que en poco tiempo este municipio duplique su población, al pasar de sus actuales 29.000 habitantes a casi 70.000. El presidente del colectivo, Marco Perotti, aseveró que la nueva ley urbanística valenciana (LUV) "no ha frenado los abusos y atropellos a los propietarios y permite además la violación de la actual legislación de la UE". Y añadió que "residentes europeos que llevan aquí viviendo treinta años se ven obligados a ceder el 40% de sus propiedades y a pagar por ello por culpa de planes parciales como el del PAI de la Serra (que prevé 2.000 nuevas casas) sin que reciban ningún auxilio por parte de la Administración". Para poner fin a esta situación, preparan denuncias contra el gobierno local de l'Alfàs ante los juzgados españoles y ante los principales organismos de Bruselas y Estrasburgo. También ha recogido 887 firmas contra los abusos urbanísticos y han iniciado, con la celebración de la conferencia de ayer, un amplio programa de movilizaciones sociales en defensa del desarrollo sostenible.






* ELPAIS.com - ARTURO RUIZ - Dénia - 19/08/2008
Foto: Alfaz del Pi (Alicante) - mma.es

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