La asociación SALVEMOS MOJACAR Y EL LEVANTE ALMERIENSE*, que ha liderado la batalla legal contra el hotel del Algarrobico y ha ganado clamorosamente el recurso contra el hotel, así como 4 de los otros 6 recursos en marcha en relación con el mismo, a falta de dos por resolver, denuncia la falsedad de las declaraciones de Manuel Chaves al decir que el juez da la razón a la Junta en el pleito del Algarrobico, y considera dichas declaraciones una aberración y una desfachatez...
... ya que:
1º: el juez considera inaceptable el argumento de la Consejería de Obras Públicas en su pleito acumulado al nuestro en el que pide 50 metros de deslinde de Costas, lo que equivale a desestimar su recurso.
2º: la Junta de Andalucía es responsable de haber aprobado el plan Parcial en contra de la legalidad, cometiendo un presunto delito de prevaricación.
3º: la junta de Andalucía modificó ilegalmente los planos del parque natural, cometiendo un presunto grave delito de prevaricación.
4º: la junta de Andalucía es la principal ejecutora de ilegalidades y principal presunta culpable de prevaricación en todo el proceso.
5º: la junta de Andalucía ha defendido intensamente la legalidad del hotel.
6º: la Junta de Andalucía ha estado trabajando por la legalización del hotel en los tribunales
7º: en declaraciones de hace una semana la nueva Consejera de Medio Ambiente aseguraba que "el hotel podría no derribarse" ignorando los procesos legales en curso.
Por todo ello consideramos que ya es hora de que Manuel Chaves se deje de despropósitos y comience a depurar responsabilidades políticas, como venimos exigiendo hace mucho tiempo, sin perjuicio de las que se depuren en la nueva via penal abierta por el juez Rivera y que esperamos saque a la luz las responsabilidades de todos lo implicados en el caso Algarrobico.
Exigimos por ello el cese fulminante del delegado de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, Luis Caparrós, que ha venido pidiendo insistentemente un deslinde de 50 metros que hubiera legalizado el hotel, sin razón alguna que lo justificara, y de la Consejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Cinta Castillo, por sus recientes declaraciones sobre una posible reapertura del hotel que manifestaban absoluta ignorancia y desprecio por la legalidad y los procesos legales en curso.
* Salvemos Mojácar - Sep 2008
Foto: Algarrobico demolición - greenpeace.org
NOTICIA RELACIONADA: LA SENTENCIA DEL JUEZ RIVERA DECLARA NULA LA LICENCIA DEL HOTEL DEL ALGARROBICO - Salvemos Mojácar
Algarrobico: Salvemos Mojácar exige que se depuren responsabilidades políticas
Palma: De Santos pagó a una empresa que había renunciado a ser indemnizada
DIARIODEMALLORCA* : El ex teniente de alcalde de Urbanismo y coordinador municipal, Javier Rodrigo de Santos, ahora en prisión preventiva por presuntos delitos de corrupción de menores y que se enfrenta a otras denuncias de la fiscalía por supuesta malversación de caudales y cohecho, abonó 370.854 euros a una empresa instalada en un solar de la Cuña Verde que se había comprometido en 1989 a dejar la actividad "sin indemnización alguna".
La empresa en cuestión -Fontube Mallorca S. L- carecía también de licencia de apertura y funcionamiento, pese a que en enero de 2006 De Santos, en su calidad de teniente de alcalde de Urbanismo, archivara una denuncia presentada por Juan Holgado Mena porque, "una vez consultado el expediente", se había comprobado que disponía de los permisos municipales, según Cort.
Una reciente sentencia de la titular del juzgado de lo contencioso administrativo número uno de Palma, no obstante, pone de manifiesto la inexistencia de los permisos municipales de apertura y funcionamiento y condena al Ayuntamiento a dictar la orden de paralización y clausura de la actividad.
En el expediente judicial también figuran el acta de pago de los terrenos ocupados en régimen de arrendamiento por Fontube Mallorca, así como el escrito de renuncia a cualquier indemnización por parte del titular de este almacén de materiales de construcción, aunque no hay pronunciamiento alguno al respecto.
El denunciante, Juan Holgado Mena, que actúa en nombre de Inversiones Mil y del denominado Partit Illenc, asegura que estos documentos fueron objeto también de una denuncia penal presentad en 2007, poco antes de las pasadas elecciones autonómicas y municipales. Asimismo, una vez que se ha comprobado la inexistencia de la licencia de apertura y funcionamiento, se van a remitir a la fiscalía anticorrupción por si los hechos denunciados son constitutivos de presuntos delitos de prevaricación y cohecho.
En la sentencia se afirma que Juan Holgado, que había recurrido el archivo municipal del expediente de infracción, "ha probado que los usos urbanísticos del lugar donde se ubica esa actividad, según el planeamiento actual, no permiten su implantación".
La zona está clasificada como espacio libre público desde al menos el Plan General de Ordenación Urbana de Palma de 1985. Su revisión de 1999 mantiene esta calificación.
De hecho, el escrito de renuncia a cualquier indemnización, en poder del negociado de licencias de actividad de Cort desde el 13 de febrero de 1989, en realidad es un recurso de alzada contra la decisión de la gerencia de Urbanismo del 21 de diciembre de este año, que ya denegaba la licencia para el ejercicio de la actividad de venta de áridos, cemento, tejas y ladrillos.
El entonces representante de la empresa, Miquel Font Fullana, alegaba que, al tratarse de una actividad existente, "cabe la concesión de la licencia, aunque esté fuera de ordenación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley del Suelo".
En cualquier caso, en el segundo punto de las "consideraciones" del recurso se afirmaba: "En nada ha de dificultar la actividad el ejercicio del planeamiento -la ejecución de la zona verde- ya que me comprometo a dejarla sin indemnización alguna en cuanto no sea compatible con el desarrollo de cualquier urbanización".
* Diario de Mallorca - JOSEP CAPÓ. PALMA - 06 de septiembre de 2008
Foto: Imagen actual del solar que ocupaba Fontube en terrenos incluidos en la Cuña Verde. / Manu Mielniezuk, diariodemallorca.es
La Eurocámara criminalizará los abusos urbanísticos de toda España
ABC/Bruselas* : El Parlamento Europeo ha dejado de señalar con el dedo a la Comunidad Valenciana por los abusos urbanísticos y se atreve a dar un paso más extendiendo sus denuncias a todo el territorio español. Lo hará mediante la elaboración y la votación en pleno de un nuevo informe que podría estar listo entre diciembre y enero de 2009.
Los abusos urbanísticos denunciados hasta ahora en la comisión de Peticiones de la Eurocámara habían sido recogidos en informes que se referían a comunidades autónomas como Madrid, Murcia, Andalucía, Castilla la Mancha, y por supuesto la Comunidad Valenciana, contra la que el eurodiputado laborista británico Michael Cashman ha emprendido una batalla que parece no tener fin, y con la que pretende poner el sello a la legislatura, que concluye en la primavera de 2009 con la celebración de elecciones.
Ayer, los presidentes de todos los grupos políticos de la Eurocámara respaldaron, con el voto en contra del Partido Popular, la elaboración de un nuevo texto impulsado por Cashman que abre un nuevo capítulo al repasar las ilegalidades urbanísticas de todas las comunidades autónomas españolas.
Los fundamentos de los que parten socialistas, verdes y comunistas para alentar la elaboración de este informe son la «violación de los derechos humanos» de los peticionarios que han enviado sus denuncias a la Eurocámara durante los dos últimos años, y la «inseguridad jurídica» en la que se desarrolla el urbanismo español.
Duro golpe al sector
El texto, que será expuesto por la danesa del grupo de los verdes, Margarete Auken, llega en un momento en el que el desplome del sector de la construcción está más que confirmado y, según el eurodiputado popular Gerardo Galeote, expone al sector una nueva caída ya que podría «retraer la llegada de nuevos inversores extranjeros e implica cierto riesgo de aumentar la tasa de paro».
* ABC - LAURA VILLENA - 5.09.2008
Foto: parlamento europeo - junta andalucia
El juez acusa a la Junta de prevaricación en el Algarrobico
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ELPAÍS/Almería* : La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Carboneras (Almería), del PSOE, ignoraron la Ley de Costas y su propio plan del parque natural del Cabo de Gata al autorizar el hotel del Algarrobico, de 20 plantas a 28 metros del mar. El titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2 de Almería, Jesús Rivera, declaró ayer nula la licencia del hotel y pidió al fiscal que investigue a los responsables locales y autonómicos porque ve indicios de corrupción.
La dura sentencia da la razón al recurso de la organización ecologista Salvemos Mojácar, a la que luego se sumó la Junta. La resolución, contra la que cabe recurso, cuestiona la gestión del Ministerio de Medio Ambiente, que negocia para indemnizar al promotor con dinero público, algo improcedente al ser ilegal.
El juez ordena a la Fiscalía que investigue al Ayuntamiento y a la Junta al advertir presuntos delitos de prevaricación administrativa y contra la ordenación del territorio en su actuación.
Para el magistrado, la Administración autonómica no solamente "no ejerció" sus potestades y facultades en defensa del interés general sino que modificó los planos del parque del Cabo de Gata para decir que el hotel era legal.
Esta conclusión, mantenida por Ecologistas en Acción y Salvemos Mojácar desde que en 2005 empezó la lucha judicial contra el proyecto de la empresa Azata del Sol, lleva al magistrado a acusar de "abulia y desidia" tanto a la Administración autonómica como al Ayuntamiento de Carboneras en la defensa del medio ambiente.
En relación con la Ley de Costas, el magistrado atribuye a la Corporación local, presidida por el socialista Cristóbal Fernández, "perfecto conocimiento desde hace 20 años" de que la zona de servidumbre para la protección de dominio público marítimo-terrestre era de 100 metros en esa zona.
La Corporación local siempre defendió que los terrenos del Algarrobico eran urbanizables y que, como el resto del municipio, las edificaciones podían alzarse a 20 metros de la orilla.
Pero el juez también tilda de "pasiva y condescendiente" la actuación de la Junta de Andalucía al considerar que no hizo nada para que el Consistorio cumpliera la Ley de Costas.
Para el portavoz de Salvemos Mojácar, Jaime del Val, el dictamen del juez supone todo un triunfo de la legalidad y reafirma los presupuestos de los conservacionistas sobre la ocupación ilegal de la servidumbre de costas de 100 metros. "La sentencia afirma que el Ayuntamiento conocía perfectamente que la servidumbre a aplicar era de 100 metros antes de conceder la licencia, haciéndolo claramente responsable del acto administrativo contrario al ordenamiento jurídico, junto con la Junta de Andalucía", explicó Del Val.
El Ayuntamiento de Carboneras trasladó su disconformidad con la sentencia y anunció su intención de interponer un recurso de apelación ante el TSJA. Rosario Fernández, segunda teniente de alcalde y hermana del regidor de la localidad, Cristóbal Fernández (PSOE), aseguró que el equipo de Gobierno "no comparte" la decisión del Juzgado, si bien expresó su respeto al sistema judicial.
El presidente andaluz, Manuel Chaves, declaró que la sentencia "da la razón a la Junta". Azata del Sol no quiso pronunciarse ayer sobre la sentencia del juez Rivera.
El Ministerio de Medio Ambiente rehusó también pronunciarse sobre la resolución judicial "hasta que el gabinete jurídico del ministerio no estudie en profundidad su contenido".
El anterior equipo del Ministerio de Medio Ambiente, dirigido por Cristina Narbona, inició un expediente expropiatorio y dictó una resolución por la que se declaró la utilidad pública de los bienes y derechos situados en la servidumbre de protección de 100 metros.
Fuentes oficiales del ministerio confirmaron días atrás que estaba "previsto" que el próximo otoño se decidiera sobre la continuidad del expediente expropiatorio. Las mismas fuentes apuntaron entonces que serían "determinante" las resoluciones judiciales pendientes.
La empresa promotora del proyecto, Azata del Sol, ha reclamado 100 millones de euros a la Administración por la expropiación.
Las acusaciones
El juez acusa a la Junta y al Ayuntamiento de Carboneras de "abulia y desidia" en la defensa del medio ambiente
Censura "la burda maniobra" de la administración autonómica para modificar planos del parque de Cabo de Gata
La sentencia entiende que hay indicios de delitos de prevaricación administrativa y contra la ordenación del territorio y ordena investigar a la fiscalía
* ELPAIS.com - M. J. L. D. / R. M. - Almería / Madrid - 06/09/2008
* ELPAIS.com - M. J. LÓPEZ DÍAZ - Almería - 06/09/2008
Foto: El hotel promovido por Azata del Sol en El Algarrobico- JULIÁN ROJAS, elpais.com
Refinería No y Térmicas No se manifestarán el domingo a las puertas del Teatro Romano
EXTREMADURAALDÍA* : Las Plataformas Ciudadanas “Térmicas No” y “Refinería No” han convocado una manifestación para el próximo domingo, 7 de septiembre, a partir de las 20:00 horas, en la calle Ramón de Mérida, una zona cercana al Teatro Romano de la capital extremeña, lugar donde se va a celebrar los actos institucionales por el Día de Extremadura.
En una rueda de prensa, los representantes de Refinería No, Bernardo Clemente, de Térmicas No a nivel regional, Inés Gallego, y de Térmicas No de Valverde Mérida, Mercedes Sáez, leyeron un manifiesto en el que indicaron que a este asistirán, por un lado, los de la franja negra de la bandera extremeña, que son los gobernantes de la región y, por otro, los de la franja verde, que son los que estarán en la calle pidiendo “aires limpios, las aguas puras”.
Las razones que les conducen a manifestarse son varias, tales como que los que impulsan políticamente el proyecto de la refinería y las térmicas “no les ofrecen confianza”, ya que, según ellos, son numerosas las “irregularidades” del procedimiento de exposición pública.
En este sentido, y a modo de ejemplo, citó la inversión de fondos públicos en este tipo de industrias, denunciadas ante la Oficina Europea contra la Corrupción (Olaf), o la “incompatibilidad” del titular de Refinería Balboa, Juan Sillero, dictaminada por sentencia judicial.
También sentenció que “no les ofrece confianza” el empresario Alfonso Gallardo, quien ha sido llevado ante los tribunales por delito ambiental, condenado a devolver ayudas irregulares, considerado por el Registro Europeo de Emisiones Contaminantes como uno de los “mayores contaminadores” de España y de Europa y cuyas empresas tienen una de las tasa de siniestralidad más altas de la región, además de “no contratar” a mujeres.
Por su parte, Mercedes Sáez manifestó que estas plataformas ciudadanas “no se sienten identificadas” por los políticos, ya que “les tienen restringido el acceso a la mayoría de los medios de comunicación, como el caso de Canal Extremadura, además de negarles cualquier posibilidad de un debate público, abierto y veraz sobre estas industrias altamente contaminantes”.
NOTICIAS DE ACTUALIDAD
En su intervención, Inés Gallego mencionó algunas noticias recientes, como que el alcalde de Valverde de Mérida, a petición de Térmicas No, va a presentar una moción para el próximo Pleno, donde se compromete a no iniciar ninguna modificación o revisión de la normativa urbanística de esa localidad con el propósito de recalificar y adaptar los usos de los terrenos en los que se pretende instalar Powe SL, la central térmica de ciclo combinado, tanto si se tramita o no el proyecto de interés regional.
Además, recordó que el alcalde de Alange dio recientemente “por muerto” el movimiento de Térmicas No en la localidad, ante lo que Gallego aseveró que éste se ha integrado en otras seis plataformas similares.
PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Por otro lado, Inés Gallego anunció que durante el próximo otoño se hará otra manifestación en la comarca, además de abrir una campaña pública para denunciar que Canal Extremadura “no les deja debatir este asunto de forma pública”.
* Extremadura al Día - Gloria Pajuelo - 5.09.2008
Foto: representantes de Refinería No, Leonardo Clemente, de Térmicas No a nivel regional, Inés Gallego, y de Térmicas No de Valverde Mérida, Mercedes Sáez enla rueda de prensa - extremaduraaldia.com
