LAOPINIÓN* : La sección de Medio Ambiente de la Fiscalía de Málaga investiga actualmente alrededor de un centenar de supuestas irregularidades urbanísticas en la provincia. El volumen de trabajo es enorme y los medios son pocos, ya que estas cien causas están catalogadas como diligencias de investigación, lo que quiere decir que son los propios acusadores públicos los que desarrollan las pesquisas. Si hay indicios de ilegalidad, se presenta después la correspondiente denuncia o querella ante el juzgado de instrucción.
Ocho de cada diez diligencias de investigación son relativas a autoconstrucciones efectuadas por propietarios de suelos rústicos o no urbanizables en municipios del interior de la provincia, un problema especialmente grave en la Axarquía, donde estas pequeñas casas se han multiplicado contaminando el horizonte de la comarca.
Las diligencias de investigación arrancan de las denuncias que particulares o colectivos hacen a la propia Fiscalía. En cierto modo, el fiscal ejerce como instructor antes de que un juez se haga con la investigación. El Ministerio público filtra aquello que encierra indicios claros de ilegalidad.
Sólo en los tres primeros meses del año han entrado más de cuarenta causas de este tipo y en lo que va de mes se han puesto diez denuncias y una querella, lo que da una idea del volumen de trabajo que soporta la Fiscalía de Málaga.
En 2008 se incoaron unas 400 diligencias de investigación, lo que quiere decir que este año podría igualarse el número del pasado ejercicio. En muchos casos, son los propios ayuntamientos los que denuncian a sus vecinos, aunque el verdadero problema estriba en que los pequeños consistorios no tienen en muchas ocasiones ni siquiera un funcionario dedicado al urbanismo. La falta de medios materiales y humanos, especialmente en el interior, es la principal carencia de estas administraciones públicas.
A estas cien investigaciones propias que tramita la Fiscalía -alguna parecida desembocó en el caso de Alcaucín-, hay que unir las que se tramitan en los juzgados de Instrucción, cuyo volumen no pudo ser confirmado por las fuentes consultadas.
Una tendencia preocupante es la seguida por los municipios del interior, como reconocía hace escasas fechas Juan Calvo-Rubio, coordinador de la sección: "El interior gana terreno. En la Costa del Sol eran las grandes urbanizaciones y en el interior son las pequeñas casitas. Muchas veces se piensa que eso no hace daño, el problema es que todos queremos hacernos una pequeña vivienda y cuando salimos al campo no es lo mismo".
Falta de medios. En relación a la falta de medios de las administraciones locales, Calvo-Rubio aseguró a este periódico que los dos consistorios más colaboradores son sin duda Málaga y Vélez Málaga. "El resto no es que no colaboren, sino que casi siempre lo hacen a requerimiento de la Fiscalía", dice.
El propio acusador público reconoce que el ministerio fiscal prácticamente está presente en causas urbanísticas relativas a todos los municipios de la provincia. "No sé a cuántos se investiga, pero sí puedo asegurar que a la mayoría", aclara. En este caso hay que diferenciar entre los asuntos que se abren por delitos urbanísticos cometidos por particulares y aquellos casos en los que se investiga a una corporación, que son los menos.
* La Opinión de Málaga - JOSÉ ANTONIO SAU - 7.04.09
Foto: Delito. Las casas en suelo rústico se han convertido en el objetivo número uno de la Fiscalía. F. E. , laopiniondemalaga.es
Málaga: La Fiscalía investiga un centenar de irregularidades urbanísticas
Galicia: El favorito para Obras Públicas fue fichado por la firma a la que adjudicó
ELPAÍS* : El diputado popular Agustín Hernández, uno de los dos representantes del futuro presidente, Alberto Núñez Feijóo, en la comisión que negocia el traspaso de poderes, y principal candidato a conselleiro de Obras Públicas en la nueva Xunta, fue fichado como consejero en 2006 por una sociedad integrada en el grupo constructor Puentes y Calzadas. Sólo un año antes, Hernández había adjudicado a esa empresa infraestructuras por más de 30 millones de euros, desde la Dirección Xeral de Obras Públicas, en el último Gobierno de Manuel Fraga.
Según consta en el Registro Mercantil, Hernández fue fichado por el grupo constructor Puentes y Calzadas en septiembre de 2006, 13 meses después de que el bipartito lo removiese de su cargo el 18 de agosto de 2005. Ese mismo año, el departamento de Obras Públicas que dirigía Hernández había otorgado al menos dos contratos a Puentes y Calzadas. Tal y como figura en el informe de licitación pública, la Consellería de Política Territorial que entonces presidía Feijóo, también vicepresidente primero de aquel Gobierno, adjudicó al grupo constructor una infraestructura por 19,6 millones de euros.
Además, cinco días antes de que se celebraran las elecciones que desalojaron al PP del poder, el 14 de junio de 2005, Política Territorial falló el concurso por el que encomendaba a Puentes y Calzadas, en UTE (unión temporal de empresas) junto a Copasa y Caixanova, el desdoblamiento de la polémica vía rápida del Salnés, a cambio de 40,2 millones de euros. La ejecución de la obra correspondió ya al bipartito, que la inauguró en julio del año pasado. Durante las próximas tres décadas, la Xunta deberá abonar a la unión temporal de empresas -en la que Puentes tiene un 30%- un canon proporcional al tráfico de la vía, siguiendo la fórmula de peaje en la sombra, para financiar la infraestructura.
Ya fuera del Gobierno gallego, a finales de 2005, Agustín Hernández pasó primero por la constructora de Pontevedra Sercoysa, en la que ejerció durante algunos meses como "director de construcción", según él mismo confirmó ayer a este periódico. Un año después de abandonar la Xunta, se incorporó como consejero a Inversiones Prethor SL, una filial recién constituida de Puentes y Calzadas [propietaria del 75% de las acciones y con el mismo domicilio social] dedicada a la "fabricación, distribución y venta de elementos prefabricados, vigas, bancadas, utillajes, así como a la financiación de empresas".
De acuerdo con la documentación que figura en el Registro Mercantil, el ex director general de Obras Públicas en el Gobierno de Fraga permaneció como cargo directivo en el grupo constructor desde el 12 de septiembre de 2006 hasta el 28 de marzo de 2008. En esa fecha regresó a la vida pública de la mano del presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, quien lo rescató como director de infraestructuras en el departamento de vías y obras de la institución provincial.
Hernández seguía en ese cometido hasta que, en enero de este año, Feijóo se volvió a acordar de él y lo incorporó a la candidatura por Pontevedra en el puesto número 11. Durante la campaña electoral, Hernández representó al PP en los debates sobre infraestructuras programados por distintos medios de comunicación.
Tras la victoria el 1 de marzo, se ha convertido en látigo del ejecutivo saliente sometiendo a un riguroso marcaje a la conselleira de Política Territorial, María José Caride, a quien acusó en múltiples ocasiones, la última ayer, de "vaciar las arcas de la Xunta para atar de pies y manos" al futuro gobierno de Feijóo.
Al contrario de lo que sucede en la actualidad, la ley autonómica de incompatibilidades no establecía en 2006 -cuando Hernández dio el salto al sector privado y fichó por el grupo Puentes- ninguna limitación para que los altos cargos de la Administración se incorporasen a las empresas con las que habían tenido tratos en el Gobierno. La normativa estatal sí prohíbe expresamente desde 1995 a ministros, secretarios de Estado, subsecretarios, directores generales, delegados del Gobierno y a otros cargos institucionales realizar, "durante los dos años siguientes a su cese, actividades privadas relacionadas con expedientes sobre los que hayan dictado resolución en el ejercicio del cargo". El texto legal no establece restricciones a los responsables de las administraciones autonómicas. El vacío vino a cubrirlo el bipartito con un decreto aprobado el 4 de septiembre de 2008, que prácticamente calca la ley estatal y obliga a los altos cargos de la Xunta a esperar al menos 24 meses para incorporarse a empresas del mismo sector en el que trabajaron desde las instituciones. El decreto no tiene efectos retroactivos, pero sí impide a los altos cargos que están a punto de abandonar la Administración tomar el camino de vuelta al sector privado que siguió Hernández hace tres años.
"En aquel momento la ley lo permitía"
Todas las quinielas lo sitúan al frente de la macroconsellería que fusionará las de Política Territorial y Medio Ambiente. De momento, Feijóo, que sigue fiel a su costumbre de no soltar prenda, ya lo ha señalado como uno de sus hombres de confianza, al encargarle, junto a Pedro Puy, que negocie con el Gobierno en funciones el traspaso de poderes. Desde el 1 de marzo acude y opina en todas las reuniones importantes donde el PP traza el futuro Ejecutivo. Agustín Hernández Fernández de Rojas se aferró ayer a la literalidad de la ley autonómica de incompatibilidades de 1996 para justificar su incorporación al grupo Puentes y Calzadas. Subrayó que ninguna norma le impedía "en aquel momento" trabajar en la constructora y aclaró que su tarea como "director de desarrollo" de la matriz y consejero de su filial Prethor "no tuvo ninguna relación con los expedientes administrativos en los que había participado" desde la Xunta. "Trabajé en la división inmobiliaria", apuntó.
En conversación con este diario, el diputado del PP insistió en que "el órgano de contratación que adjudicó los contratos no era la Dirección Xeral de Obras Públicas, sino la consellería"
[en la que el propio Hernández figuraba como número 3]. Hernández no encuentra tampoco ningún reparo ético a su tránsito desde la Xunta al sector privado. "Si actúas con lealtad al cargo, sin interés profesional y sin beneficiar a ninguna sociedad, no hay incompatibilidad ética, un profesional puede desarrollar su actividad en la administración o la empresa privada", asegura. No obstante, admite que hoy vulneraría el decreto de incompatibilidades aprobado en 2008.
* ELPAIS.com - JOSÉ PRECEDO - Santiago - 06/04/2009
Huelva: La Fiscalía registra un aumento de causas por delitos urbanísticos
HUELVAINFORMACIÓN* : Las causas relacionadas con delitos urbanísticos y contra la ordenación del territorio aumentaron a lo largo del último ejercicio, que se cerró con 19 detenciones y otras 10 personas imputadas (sin arresto) por estos motivos a cargo de la Unidad de la Policía Nacional adscrita a la Junta, duplicando la cifra del año precedente (19 detenciones).
El fiscal de Medio Ambiente, Alfredo Flores, advierte un año más de la situación de la provincia por los cambios de uso de terrenos (de forestal a agrícola), investigaciones que se siguen en los juzgados de Moguer y por el aumento de las construcciones ilegales en distintas zonas de la provincia.
Entre las causas que se han iniciado durante 2008, en Aracena se abrió procedimiento después de que el mismo Ayuntamiento diera la voz de alerta por edificaciones no autorizadas (segundas residencias) en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche.
En la larga lista de actuaciones en la materia, están además en los juzgados la construcción de una torreta de telefonía móvil también en el interior del parque, así como la construcción de una casa en Cortegana, para la que el propietario (e imputado) sólo había solicitado licencia para la apertura de un pozo y captación de aguas, obras que fueron paralizadas de forma cautelar a petición de la Fiscalía.
En los juzgados de Aracena se investigan igualmente otras obras en el término de Corteconcepción, con un informe condicionado del Parque Natural que los propietarios no han tenido en cuenta, así como otro caso en el que después de haber solicitado una licencia para construir una nave en suelo no urbanizable, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil advirtió de la construcción de una vivienda unifamiliar (incluida piscina). Por su parte, en la Palma del Condado se han abierto diligencias por la construcción de un "chiringuito en la playa y en Moguer por la construcción de una balsa en Lucena del Puerto, en terrenos afectados por el Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (Potad).
Las construcciones ilegales, según estos datos, no se han detectado únicamente en el Parque de Aracena y salpican ya a otras comarcas. Así, llegaron dos denuncias por estos motivos a los juzgados de Valverde. En la recta final del año, tanto el Ayuntamiento de Valverde como la entidad de Tharsis emitieron sendos informes alertando de construcciones de viviendas en suelo no urbanizable que no cuentan con licencia municipal.
Según el fiscal, "la rapidez" con la que los responsables municipales denunciaron estos casos, ha facilitado poder adoptar a tiempo medidas cautelares que han impedido que los promotores de las mismas pudieran concluir las edificaciones.
En cuanto al origen de las causas que se han tramitado por delitos urbanísticos y contra la ordenación del territorio, se iniciaron en gran parte por denuncias de la Fiscalía, que ha recibido informaciones tanto de particulares como de asociaciones, además de comunicaciones de algunos Ayuntamientos, punto que destaca el fiscal de Medio Ambiente, subrayando que estas comunicaciones ponen de manifiesto que los Consistorios empiezan a cumplir lo dispuesto en la legislación urbanística, en el sentido "de dar cuenta al fiscal de las conductas que revistan apariencia delictiva".
Moguer es ejemplo de ello. Aquí, un particular hizo llegar al Ministerio Fiscal supuestos irregularidades que podían constituir delito en la Urbanización El Vigía de Mazagón, expediente en el que la acusación pública recurrió el auto de archivo y solicitó diligencias e informes técnicos para investigar debidamente la denuncia.
La Fiscalía ha formulado acusación en cuatro casos por edificaciones no autorizadas (segundas residencias) dentro del Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. En todos los casos, se solicitaron dos años de prisión y la demolición de lo construido, con restauración del terreno. Estas causas están pendientes de juicio, salvo un caso, en el que se dictó sentencia condenatoria sólo por el delito de desobediencia y ha sido la Fiscalía la que ha recurrido la absolución del imputado.
La unidad de la Policía Nacional adscrita a la Junta vigila especialmente a instancia de los juzgados y del Ministerio público, el cumplimiento de las medidas cautelares de paralización de este tipo obras.
* Huelva Información - M. Rosa Font - 7.04.09
Foto: Una de las fincas investigadas por cambio de uso del suelo. - huelvainformacion.es
Planes urbanísticos ante los tribunales
LEVANTE/Valencia* : La Delegación del Gobierno mantiene vivos 101 recursos contra documentos urbanísticos avalados por las comisiones territoriales de Urbanismo controladas por la Generalitat Valenciana. De momento, los tribunales se han pronunciado solo en tres ocasiones.
Del total de las actuaciones urbanísticas que se han requerido o impugnado, en 58 ocasiones los recursos han sido admitidos a trámite y están pendientes de resolución; en veinte casos se ha estimado que no es el momento procesal oportuno; catorce han sido atendidos sin necesidad de una actuación judicial -los promotores, ayuntamientos o particulares, han optado por cumplir los requisitos legales que exigía la Delegación del Gobierno-; existen dos sentencias favorables en Ador y Alfarrasí; una sentencia desfavorable; tres pendientes de señalamiento de sentencia, y en cuatro casos los tribunales han concedido una suspensión provisional de la actividad urbanística o del trámite impugnado.
El balance, incluso si se incluye Porxinos, que la Delegación del Gobierno recurrirá en el Tribunal Supremo, parece favorable a las tesis gubernamentales.
Voluntad legal
Sin embargo, el subdelegado del Gobierno, Luis Felipe Martínez, no quiere ni oir hablar de un "marcador" favorable, pero sí admite "una cierta satisfacción por cómo han funcionado los resortes del Estado". "Aquí no hay una competición y tampoco una persecución contra nadie, sino la voluntad y la obligación que tenemos de que se cumpla la ley", explica.
"Las impugnaciones solo persiguen respeto a las competencias estatales en recursos hídricos, costas o carreteras, cuyos informes son preceptivos; favorecer un desarrollo sostenible; que los costes de la urbanización recaigan realmente sobre el promotor y no sobre el bolsillo de todos los ciudadanos y que se garanticen los derechos de quien ha adquirido una vivienda", añadió el subdelegado.
Respecto al criterio de sostenibilidad, Luis Felipe Martínez lo vincula "especialmente" a la exigencia de un plan de gestión de recursos hídricos. "Se ha simplificado mucho y de forma interesada. La Confederación Hidrográfica del Júcar pide que se acredite la disponibilidad de agua; de dónde va a salir, pero también cómo se van a depurar y a dónde van a ir cuando se viertan.Pero no solo eso, se mira con lupa que no se invadan cauces que son de todos y que luego, si llueve con fuerza, pueden provocar muchos problemas".
Para el subdelegado, los informes de los organismos estatales en todas estas competencias son "preceptivos" - deben estar inexcusablemente en el expediente- y ademas son "determinantes", lo que significa que es una opinión a tener en cuenta que solo se puede rebatir con otros informes bien armados.
Luis Felipe Martínez entiende que por parte de la Administración valenciana ha habido un cambio de actitud. "Las primeras sentencias que se han ganado en Ador y Alfarrasí son casos en los que ni siquiera habían presentado el informe, algo que ahora se hace en todos los casos", asegura.
"Creo que ahora hay más entendimiento. Lo lamentable es que se hayan tenido que presentar 101 recursos para llegar aquí".
En todo caso, afirma Luis Felipe, los 101 recursos planteados apenas representan un 18% de todos los que se han tramitado desde 2006, lo que evidencia, en su opinión, que no existen "campañas" de ningún tipo.
* Levante-EMV - J. Sierra - 6.04.09
Foto: caso polémico. El TSJ valenciano ha desestimado el recurso de la Delegación del Gobierno contra el proyecto de Porxinos aprobado por el Consell en 2006. mrw-fotografía aérea
