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ELPAÍS* : La última operación contra la corrupción municipal en Málaga saltó ayer en Villanueva de la Concepción, un pueblo de 3.383 habitantes del norte de la provincia que apenas lleva un año independizado de Antequera. Tras una intensa jornada de registros, la Guardia Civil detuvo a su alcalde, Ernesto Silva, acusado de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias relacionado con varios asuntos urbanísticos. El regidor, de la formación política Foro Andaluz, preside la comisión gestora que gobierna el municipio hasta las próximas elecciones municipales.
En la operación también fueron detenidos con los mismos cargos el profesor de la Universidad de Málaga Juan Francisco Hurtado, y un abogado del que no trascendió el nombre. Está previsto que los tres pasen a disposición del juzgado número 2 de Antequera, encargado de la investigación, el próximo lunes.
El alcalde, de 27 años, abandonó el Consistorio a las 14.00, escoltado por agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona). Le dijo a los periodistas que estaba "muy tranquilo" e incidió en que, desde su toma de posesión hace aproximadamente un año, había paralizado en torno a 20 obras, sobre todo en terrenos rústicos. "No tengo nada que ocultar", aseguró.
El regidor explicó que paralizó su primera obra dos días después de su llegada al cargo, el 16 de junio de 2009. "Hemos sacado como hemos podido la disciplina urbanística", dijo.
El municipio no tiene Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Había intentado sacarlo adelante junto con el de Antequera, pero la Junta de Andalucía lo rechazó. Entonces Silva amenazó con impugnar el PGOU de Antequera si la administración andaluza no le daba una solución. A finales de junio, la comisión gestora ratificó los acuerdos plenarios adoptados por Antequera que hacían referencia a su plan urbanístico, tal y como le había recomendado la Junta. Con este trámite, el municipio esperaba que se aprobara definitivamente el documento.
La Guardia Civil comenzó sus registros en el Ayuntamiento villanovense a las ocho de la mañana. Los agentes del Seprona acordonaron el edificio y pidieron a concejales y trabajadores que lo abandonaran hasta nueva orden.
A esas horas, el alcalde aseguró que los investigadores le habían pedido en las últimas semanas varios expedientes urbanísticos, pero que eran de la época en la que el municipio era una Entidad Autónoma Local y José Antonio Conejo, del PA, era el regidor. A mediodía, el subdelegado del Gobierno, Hilario López Luna, precisó que la investigación está centrada en el gobierno actual.
Después de varias horas en el Consistorio, los agentes del Seprona sacaron media docena de cajas con documentación. Continuaron los registros en la delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de Antequera, la facultad de Derecho de la Universidad de Málaga (UMA) y un despacho de abogados de la capital.
La inspección en la facultad de Derecho arrancó a las 13.30. "Somos diez", le dijo un guardia civil a la recepcionista del edificio después de enseñarle la placa. Los agentes se dirigieron al departamento de Derecho financiero y tributario, donde revisaron el despacho del profesor Hurtado. Según varias fuentes, la implicación de este docente está relacionada con su actividad como abogado. La decana, abrumada por la situación, pidió apoyo a los vigilantes de seguridad y cerró el acceso al público.
* El País - 10.07.10
Foto: Villanueva de la Concepción (Málaga) - cope.es
Málaga.- Detenido por corrupción el alcalde de un municipio constituido en 2009
El fiscal del 'hotel Millet' acusa a la cúpula de Urbanismo de Barcelona
ELPERIÓDICO* : La ampliación de la querella cursada por parte contra varios altos cargos del Ayuntamiento de Barcelona por la operación para construir un hotel de lujo junto al Palau de la Música se hizo efectiva ayer. La acción del fiscal de delitos urbanísticos, Antoni Pelegrín, va dirigida contra el cuarto teniente de alcalde, Ramon García-Bragado; el gerente de Urbanismo, Ramon Massaguer; el arquitecto Carles Díaz (del despacho de Óscar Tusquets); el director jurídico del área de Urbanismo, Enric Lambies, y los exdirectivos de la institución cultural Fèlix Millet y Jordi Montull. La acusación pública atribuye a todos ellos los presuntos delitos de prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas) y falsedad documental (ocultar la titularidad del uso de unos solares).
El fiscal presentó la ampliación de la querella (la inicial data del 20 de mayo) ayer por la mañana. A las pocas horas, la jueza Míriam de Rosa Palacio la admitió a trámite y citó a declarar a los imputados para septiembre. También reclamó al ayuntamiento las actas de unas sesiones municipales; al Registro de la Propiedad, datos sobre unas fincas, y a Hacienda, que nombre a un perito para que analice un pago de 900.000 euros a los saqueadores confesos realizado por Manuel Valderrama, propietario de Olivia Hotels, la constructora que iba levantar el hotel.
RELACIONES PERSONALES / A finales de junio, la jueza ya imputó de oficio a García-Bragado, Massaguer y Díaz por tapar la «operación especulativa», pero la fiscalía precisó en la ampliación de la querella lo que, a su entender, son actuaciones delictivas. En ese escrito se añade al director jurídico del área de Urbanismo, Enric Lambies, que ayer fue suspendido de sus funciones relacionadas con Urbanismo, y a Millet y Montull,
que ya pasaron 13 días en prisión por tráfico de influencias (presionar a políticos) y apropiación indebida y a los que ahora también se les atribuye prevaricación y falsedad.
Según el fiscal, Millet y Montull, como presidente y director administrativo del Palau, se aprovecharon de las relaciones personales que habían tejido gracias a su posición en la sociedad catalana para que cargos municipales «colaboraran» en la operación para construir en la calle de Sant Pere Més Alt dicho establecimiento, con el fin de obtener «un importante beneficio económico».
INTERÉS PÚBLICO / La acusación sostiene que los exdirectivos de la institución cultural consiguieron en el 2006 «la ayuda» de García-Bragado, en aquellos momentos secretario de Presidència de la Generalitat y después cuarto teniente de alcalde, y de Massaguer, gerente de Urbanismo. El fiscal subraya que estos altos cargos se comprometieron a cooperar para llevar a cabo la tramitación urbanística, ocultando que la titularidad de los terrenos donde se iba a levantar el hotel no era de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música, sino del constructor Valderrama, al que los exresponsables de la entidad le habían cedido el uso de las fincas.
La ampliación de la querella detalla que con esa ocultación se aseguraban el éxito y la aprobación de los trámites administrativas, pues el proyecto siempre se iba a presentar como de interés público.
El arquitecto Díaz, que actuaba en nombre del Palau, presentó la documentación ante el ayuntamiento para modificar el plan general metropolitano pero no precisó el cambio de propiedad de los terrenos, según el fiscal. De hecho, todo lo contrario: insistió en que los solares pertenecían a la entidad y no a la constructora. Además, este profesional no entregó un convenio entre el Palau y la Generalitat del 8 de marzo del 2006, que, por lo tanto, también quedó oculto y «sin publicidad». Dicho de otra manera, García- Bragado y Massaguer, que impulsaron la tramitación de la operación, escondieron la «realidad» sobre el fin especulativo y sobre «la propiedad real» de las fincas. El fiscal añade que, en febrero del 2008, Lambies tuvo conocimiento del cambio de dueños y que también lo enmascaró.
* El Periódico - 10.07.10
Foto: Barcelona, ayuntamiento - idg.es
Madrid.- El juez ordena abrir juicio contra la 'número dos' del PSM
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ELPAÍS* : La secretaria de Organización del Partido Socialista de Madrid (PSM), Trinidad Rollán, se sentará en el banquillo de los acusados. Así lo han acordado los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que ven indicios de un delito de prevaricación administrativa. No será el único cargo público, porque también están imputados los otros 13 concejales del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz que formaban en 2001 el equipo de gobierno municipal.
Rollán se negó a hacer declaraciones sobre la imputación hasta que comience el juicio, según explicaron fuentes del PSM.
Los magistrados de la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJM creen que los 14 concejales pudieron cometer un delito de prevaricación recogido en el artículo 404 del Código Penal. Por tanto, se enfrentan a una condena de ocho años de inhabilitación especial para el desempeño de un cargo público. El hecho que se enjuiciará y para el que todavía no hay fecha se basa en el equipo de gobierno al frente del que estaba Trinidad Rollán, que aprobó un convenio urbanístico que supuso la venta de suelo municipal a la empresa Patrimonio Siglo XXI, SA, por un valor de 3,24 millones de euros. El secretario del Ayuntamiento, según el informe de calificación del fiscal, puso de relieve "la ilegalidad tanto de forma como de fondo del convenio suscrito".
Viviendas sociales
El convenio lo firmó el entonces concejal de Urbanismo Francisco Martín Rojas en la sede municipal el 14 de septiembre de 2001. Su fin era construir 107 viviendas de protección oficial, que actualmente están construidas y habitadas. El 26 de noviembre de 2001 el pleno del Ayuntamiento de Torrejón aprobó el convenio, que fue elevado a escritura pública el 20 de enero de 2002.
Los otros imputados son el propio Francisco Martín Rojas, Julia López Jiménez, María del Mar González Romero, Josefina Ginovart Amorós, María de los Desamparados Gallego Alfaro, Francisco Montero Almirón, Lucía Tizón Cuñarro, Valentín Gómez Goraz, Luis Ceres Rodríguez, Juana Fernández Rodríguez, Félix Ortega Arias y Juan Francisco López Gárate. Como también está imputada la diputada regional Esperanza Rozas Piñas y goza de aforamiento, el caso lo estudiará directamente el TSJM.De los otros 13 concejales imputados, nueve pertenecen al PSOE y los otros cuatro al Partido Demócrata Español (PADE). Los magistrados del TSJM creen que hay "indicios racionales de criminalidad". Por ello, los jueces creen que debe abrirse la vista, para que se produzca "el debate necesario y esclarecedor propio del juicio oral". Contra esta decisión no cabe recurso alguno.
Trinidad Rollán no quiere hacer declaraciones hasta que empiece el juicio o haya una sentencia. Este periódico intentó, sin éxito, conseguir la versión del secretario general del PSM, Tomás Gómez.
Los que sí hablaron fueron los concejales socialistas a través de un comunicado de prensa. Los ediles recordaron que no están acusados "ni de beneficiarse ni de enriquecerse personalmente". "Se trata de una posible prevaricación urbanística, es decir, si se ha adoptado una resolución jurídica injusta a sabiendas. Mediante este acuerdo plenario los 14 concejales salvaron la construcción de 107 viviendas de integración social y permitieron llevar a cabo la construcción de otras 390 viviendas públicas", relatan los afectados.
Los concejales recuerdan que existía un informe jurídico favorable al convenio firmado por parte de la abogada del Ayuntamiento, lo que también se tradujo en un ingreso de 559 millones de pesetas (3.359.000 euros) para equipamientos sociales en el municipio. Según su versión, el secretario y el interventor no hicieron informes "durante la larga tramitación del procedimiento, confundiendo a los concejales, ya que no pudieron conocer ni valorar sus informes antes del pleno". "Los concejales del PSOE actuaron como siempre han trabajado honestamente y al servicio del municipio y de los intereses generales. Esto se demostrará evidentemente en el juicio", concluyen.
* El País - 9.07.10
Foto: Torrejón de Ardoz (Madrid) - elpais.com
Demuelen dos edificaciones en El Hierro por carecer de permiso
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CANARIAS7* : La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural de Canarias (Apmun) realiza trabajo de demolición de dos inmuebles que se construyeron en suelo rústico de protección ambiental de El Hierro y que carecen de los permisos pertinentes. La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias informó hoy de que los trabajos de demolición se realizan en una zona que linda con la reserva natural especial de Tibijaque, en el municipio herreño de Valverde.
Los inmuebles están en la zona conocida como "Pie del Risco" y se trata de obras ilegales que comenzaron en 1998, cuando se abrió un expediente sancionador que ha culminado con la ejecución forzosa de la demolición de las dos edificaciones, una de 110 metros cuadrados y otra de 40 metros cuadrados, explica la Consejería en un comunicdo.
El expediente administrativo surgió a partir de una denuncia de oficio por infracción urbanística tipificada en el artículo 202 del texto refundido de Ley de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias, que consiste en la realización de movimientos de tierra y construcción de dos edificaciones aisladas.
* Canarias 7 - EFE - 8.07.10
Foto: El Hierro, puerto - skyrock.net
Málaga.- Metamorfosis estancada
SEBASTIÁN SÁNCHEZ* : 3.000 años de historia concentrada en el puerto de Málaga. Tres milenios en los que todas y cada una de las civilizaciones asentadas sobre la urbe han puesto su mirada en los terrenos situados a orillas del mar. Un lapso de tiempo que, con el transcurso de los siglos, ha despertado el deseo ciudadano por ocupar de forma pacífica esos suelos y reconvertirlos en escenarios de disfrute y ocio. El fenómeno, extensible a otros muchos puertos nacionales e internacionales, es objeto de análisis en Málaga desde veinte años atrás, hasta el punto de que tras constantes vaivenes y cambios de rumbo, el foco de luz acabó por centrarse, allá por el año 1998, en una ambiciosa intervención que buscaba, justamente, abrir a la ciudad buena parte de los suelos portuarios. Pero la ansiada metamorfosis, la anhelada transformación, sigue pendiente, sigue incompleta.
En unas semanas donde los interrogantes y las sombras se han vuelto a cernir sobre el puerto, con los usos comerciales contemplados en el muelle del Paseo de la Farola como objeto de polémica y con un supermercado como gran protagonista, cabe preguntarse en qué situación se encuentra el manoseado y eternamente modificado Plan Especial del Puerto. El documento, firmado por el arquitecto Alfonso Peralta, permitió dibujar sobre los diferentes muelles una serie de instalaciones con las que sobrepasar la frontera del pasado, del puerto tradicional, y abrirse, entre otras, a las industrias turísticas. Muestra de ello es la estación marítima que se yergue en la zona de Levante como icono del nuevo modelo de puerto, que comparte escenario con los cientos de contenedores que se agolpan en el muelle 9.
El rápido avance de esa edificación contrasta con la demora que acumulan las otras apuestas: los locales comerciales, los edificios de oficinas, los atraques deportivos... Mención especial merece lo que desde hace cinco años viene ocurriendo con el proyecto del muelle 1. De teorizarse sobre la necesidad de convertir esta franja, de 58.000 metros cuadrados, en una prolongación del centro histórico que elevase cualitativamente la oferta de ocio y restauración de la capital, se ha pasado a discutir sobre la idoneidad o no de fijar un supermercado de Carrefour en la conocida esquina de oro.
El impacto del debate ha provocado una oleada de crítica y oposición difícilmente comparable con algún otro fenómeno en la ciudad, si acaso con el movimiento que la propuesta de Chelverton de construir unos multicines en el muelle 2 generó hace años. Pero si bien en aquel entonces la reacción tanto del Ayuntamiento como del Puerto fue la de asumir la denuncia ciudadana y transformar la idea original, ahora, el discurso de ambos organismo se ha rebajado. Mientras Enrique Linde sigue meditando sobre si el súper atiende la exigencia de que la oferta de la concesionaria, Iniciativas Marina de la Farola, sea media-alta, el alcalde, Francisco de la Torre, modifica tanto su mensaje como cambios tiene el plan en su historia. De decir que no es el espacio adecuado para un local de estas características, pasa a afirmar que el Ayuntamiento aceptará un local de una oferta de “alta calidad”, si bien Carrefour confirma que en sus 2.000 metros cuadrados no sólo venderá surtidos de quesos y vinos, sino también patatas y papel higiénico.
Pero la proyección del puerto no se limita al muelle 1. Un repaso al estado de las diversas piezas que componen el puzle programado permite corroborar cómo sólo dos tienen forma y desarrollo: la estación de cruceros y el Palmeral de las Sorpresas, que se ejecuta en el muelle 2. El resto, bien se encuentran en estado embrionario, bien están marcadas por la incertidumbre, como ocurre con el muelle 1. Y ello a pesar de que los augurios de la Autoridad Portuaria apuntaban a 2008 como punto del calendario en que el nuevo puerto iba a ser realidad. Dos años después, la radiografía se presenta incompleta y se asume que la metamorfosis no tendrá lugar antes del año 2012.
* Málaga Hoy - Opinión - 5.07.10
