MADRIDIARIO* : Un gran número de organizaciones ecologistas y vecinales denunciaron este viernes que la M-61, como se denomina el cierre de la M-50, es "ilegal, despilfarradora, impactante y contraproducente". Por su parte, la Comunidad ha defendido la necesidad y legalidad de esta vía.
Las organizaciones recordaron que se trata de un proyecto, ahora mismo en información pública, que es "ilegal", puesto que la legislación de carreteras de la región "obliga a que cualquier intervención en las mismas se enmarque dentro de un Plan de Carreteras".
Sin embargo, según la normativa estatal y europea, cualquier plan de estas características debe someterse a evaluación ambiental estratégica, es decir, se deben analizar, de forma previa, las repercusiones ambientales de todas las actuaciones en su conjunto.
Según las organizaciones, este es el motivo por el que la Comunidad, después de presentar su Plan de Carreteras 2007-2011 y recibir las primeras denuncias ecologistas, empezara a hablar de un "listado de obras". "Pero cambiar el nombre de las cosas no modifica su naturaleza, por lo que cualquier intervención que se realice sin la previa evaluación ambiental estratégica resulta claramente ilegal", apuntaron.
Además, denunciaron que el cierre de esta vía va a suponer también un "despilfarro de los fondos públicos". "Se trata también de una obra tremendamente despilfarradora de recursos, que tendrían mucha más rentabilidad social aplicados a otros ámbitos como la mejora de la sanidad o de la educación", añadieron al tiempo que recordaron que a pesar de que el Gobierno regional cifró en 2.300 millones de euros su coste, ya se habla de 2.900 millones.
Asimismo, indicaron que aunque el Gobierno de Esperanza Aguirre pretende hacerles creer que los gastos serán financiados por las empresas concesionarias, "lo cierto es que, como no puede ser de otro modo, recaerán sobre los contribuyentes vía peajes en la sombra y otros mecanismos".
Por otro lado, aseguraron que no mejorará los problemas de tráfico porque "cualquier ampliación del viario tiene un efecto llamada que en cuestión de meses anula sus pretendidas ventajas". Así, mantuvieron que la creación de nuevas infraestructuras genera más tráfico y traslada los puntos críticos, con congestión incrementada, de unos a otros lugares.
Además, habitualmente las nuevas infraestructuras, como este cierre de la M-50, facilitan la circulación entre los atascos de origen y destino, a través de un trazado que suele ser más largo que el anterior. "La combinación de estos factores, más tráfico, más congestión y mayor distancia, genera aumentos del consumo de combustible o del tiempo de recorrido que anulan los supuestos beneficios", apostillaron.
En este sentido, subrayaron también el "gran impacto ambiental" que supondrá el cierre. Así, aseguraron que la Comunidad de Madrid tiene "un tremendo problema" de contaminación del aire y de contaminación acústica, que también se verá incrementado por esta autovía si se lleva a cabo. Asimismo, supondrá también daños a espacios protegidos tan relevantes como el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, que se verá cercenado en dos lugares por esta autovía.
Entre las organizaciones, destacan la Plataforma M-50 No (San Sebastián de los Reyes y Alcobendas), la Coordinadora Salvemos la Sierra, el Foro por la Movilidad Sostenible de la Comunidad de Madrid, Izquierda Unida de Las Rozas, Izquierda Independiente Iniciativa por San Sebastián de los Reyes y Ecologistas en Acción, además del apoyo de CC.OO.
La Comunidad la considera necesaria
En respuesta a estas críticas, la Comunidad aseguró este viernes que la futura carretera M-61, denominación que recibe el cierre de la M-50, es una infraestructura vital para la movilidad de la región, y que los "constantes atascos" que se registran en la zona Norte "hacen más que nunca necesario" el cierre de la M-50, para dotar a Madrid de un tercer anillo de circunvalación que descongestione las ya saturadas M-40 y M-30.
Según la Comunidad, todas sus actuaciones se rigen "por una total y absoluta transparencia y legalidad", y el proyecto está a disposición de todos los ciudadanos para cualquier consulta que quieran hacer. Además, aseguró que el cierre Norte de la M-50 ha pasado por todos los trámites pertinentes, "y como no podía ser menos, cumple escrupulosamente con la legalidad vigente". Así, el proyecto ha pasado un primer estudio ambiental, y será sometido a la declaración de impacto medioambiental correspondiente.
Medidas compensatorias
En este sentido, indicó que la futura M-61 es una carretera que tiene como objetivo conjugar el máximo respeto al medio ambiente con la construcción de una vía básica para la movilidad de la región. De hecho, el Ejecutivo autonómico aseguró que ha previsto una serie de medidas compensatorias para proteger el entorno.
Así, señaló que el primero de los túneles previstos en esta nueva carretera comienza y finaliza fuera de los límites del Monte de El Pardo, "con lo que la afección a la zona será mínima". Además, recordó que la Consejería de Transportes e Infraestructuras también ha protegido la vegetación de interés mediante un trazado "totalmente respetuoso".
Igualmente, apuntó que se han querido evitar a toda costa pozos y chimeneas de ventilación en el Monte de El Pardo. Por ello, junto a cada uno de los túneles por sentido, se construirá un tercer túnel auxiliar únicamente para la ventilación transversal pura, precisamente para no tener que abrir chimeneas intermedias en esta zona.
* Madridiario - 13-06-2008 - MDO / Agencias
Foto: Madrid, M-50 - madridiario.es
Madrid: Vecinos y ecologistas consideran ilegal el cierre de la M-50
Axarquía: Ecologistas piden más firmeza en la aplicación del plan de ordenación territorial
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SUR/Málaga* : La petición realizada por la mayoría de los alcaldes y la Diputación Provincial para que se flexibilicen las leyes y normas sobre el urbanismo en la comarca, no ha gustado a asociaciones ecologistas como el Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía (GENA-Ecologistas en Acción), uno de los colectivos que más se ha destacado por denunciar presuntas irregularidades urbanísticas ante la Consejería de Obras Públicas.
Contrario a cualquier tipo de flexibilización, el Gabinete ha dirigido un escrito al consejero de Urbanismo y Vivienda de la Junta de Andalucía, Juan Espadas, en el que reclama más rigor en la aplicación del Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Axarquía.
Rebelan
La asociación señala que no es la primera vez que los alcaldes de la Axarquía, con independencia del signo político, «se rebelan». En concreto, recuerda que cuando se aprobó el POT ya mostraron su rechazo.
Sobre la urbanización sistemática de la Axarquía, el colectivo señala en el escrito remitido a la Consejería que «no se trata de la construcción de una vivienda aquí y otra allá, teóricamente vinculadas a la actividad agraria, sino de más de 21.000 viviendas ilegales en suelo no urbanizable, la mitad de las cuales se han ejecutado en menos de 17 años».
Para GENA, el proceso constructor «ha lesionado gravemente el paisaje, creando una multitud de focos de contaminación» por falta de recogida de basura y de aguas residuales, abriendo una intrincada red de carriles que están contribuyendo a la erosión y desestructuración del territorio, a la vez que propiciando el despilfarro de recursos hidrológicos.
Ayuntamientos
Para la asociación ecologista, el proceso urbanístico al que se está viendo sometida la comarca «no obedece a una actividad marginal llevada a cabo furtivamente a espaldas de los ayuntamientos, sino que éstos han contribuido de manera decisiva».
El Gabinete reclama a la Junta que, frente a la presión de los alcaldes, la Consejería se mantenga firme en la defensa del territorio a través de los leyes actualmente vigentes, como la LOUA, el POT de Andalucía y en particular el POT de la Axarquía, al considerar que es el posiblemente el único documento válido «para la promoción de la actividad turística de verdad (no la meramente residencial) y el control de nuestro más importante activo: el paisaje y la calidad de vida».
La asociación entiende que en modo alguno debe concederse la «flexibilización» de las normas, ya que de lo contrario quedarían como mero papel mojado.
El Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía solicita mayor beligerancia en la disciplina urbanística. Asimismo exige que se dote adecuadamente a la Justicia, en particular la Fiscalía de Medio Ambiente, para que cumpla su papel en los delitos que se están cometiendo.
El colectivo envía este escrito a la Junta una semana antes de que el consejero Juan Espadas se reúna con los alcaldes.
* SUR - 15.06.08 -AGUSTÍN PELÁEZ
Foto: Axarquía (Málaga), diseminados - laopiniondemalaga.es
Cantabria: Las viviendas con sentencia de derribo no podrán ser legalizadas
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ELDIARIOMONTAÑÉS* : El Gobierno estudia «caso por caso» la situación de las 532 casas afectadas en cinco municipios para contestar al TSJC. La mayoría de las urbanizaciones con sentencia de derribo existentes en Cantabria no se podrán legalizar, por lo que su demolición será inevitable, según señaló ayer el jefe de Gabinete de la Consejería de Urbanismo, Pedro Hernández Cruz.
El Gobierno Regional está elaborando un informe, que analiza «caso por caso» las 23 resoluciones judiciales que ordenan la demolición de un total de 532 viviendas en cinco municipios costeros (Argoños, Escalante, Arnuero, Piélagos y Miengo), y así dar respuesta al requerimiento del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) para que informe sobre sus planes en torno a estas ilegalidades urbanísticas. Aunque el documento no está terminado, Hernández avanzó que «la mayoría» de los derribos no se pueden legalizar, por lo que el Gobierno instará el cumplimiento de las sentencias.
La Consejería de Urbanismo parte de una doble premisa: que no hay una solución global y generalizada a las demoliciones judiciales y que hay que ir «caso por caso».
El objetivo es determinar qué urbanizaciones se pueden legalizar a partir de los nuevos planeamientos urbanísticos de los ayuntamientos, y cuáles no, que son «la mayoría», en cuyo caso Urbanismo es partidario de ejecutar las sentencias. «Hay que respetar la legalidad, causando los menores perjuicios posibles a los afectados», indicó el jefe de Gabinete.
El estudio, que según Hernández se inició antes de que en diciembre de 2007 el Parlamento de Cantabria instara al Gobierno a que en el plazo «más breve posible» establezca un plan encaminado a «dar solución, en la medida de lo legalmente viable», a los problemas de derribos, está siendo redactado por la Dirección General de los Servicios Jurídicos del Gobierno regional y la Dirección General de Urbanismo, en colaboración «con algunos ayuntamientos».
Sostiene Hernández que se trata de un informe «pormenorizado» de todos los casos, que garantice la legalidad y jurídicamente «muy exacto». El jefe de Gabinete de Urbanismo no se atrevió a dar una fecha de conclusión, «puede ser un mes o más», y rechazó la supuesta inactividad de la Consejería en este asunto tan espinoso. «Llevamos meses trabajando en dar una respuesta al problema, que es muy grave. Cualquier solución se dará desde el respeto a la legalidad», añadió.
Pero mientras el Ejecutivo mantiene silencio sobre un asunto tan embarazoso, los tribunales de justicia apremian de la Administración regional una respuesta a la pregunta de qué soluciones se barajan en este entramado urbanístico.
Lo hizo por primera vez el pasado 9 de mayo. La Sala de lo Contencioso Administrativo dictó tres providencias en las que acordaba la suspensión temporal de la ejecución de tres sentencias de derribo, recaídas en la urbanización Las Llamas y El Encinar, en el municipio de Arnuero, y a Pueblo del Mar, en Argoños. En el mismo escrito, se instaba al Gobierno de Cantabria para que, a través de sus Servicios Jurídicos, informara de sus planes sobre este asunto. La Sala no daba plazo alguno a la Administración para responder. Transcurrido más de un mes, ante el silencio de Urbanismo, la Sala ha vuelto a reclamar al Gobierno Regional una respuesta, sólo que en este caso ha limitado el plazo de contestación a 10 días, manteniendo, eso sí, la paralización cautelar de las demoliciones.
Pero, ¿cuál será la respuesta del Ejecutivo si el estudio pormenorizado de la situación no ha concluído? El jefe de Gabinete precisa que la respuesta compete a los Servicios Jurídicos del Gobierno. Sin embargo, la decisión es puramente política. El Ejecutivo podría optar por pedir más tiempo al tribunal para terminar el documento.
Otros efectos
Pero la paralización cautelar de las ejecuciones de los derribos, acordada por la Sala, ha tenido una consecuencia inmediata. Otros tantos afectados, a rebufo de la decisión judicial, pidieron al TSJC que suspendiera también la ejecución de la sentencia de demolición de otras tres urbanizaciones. Pero en estos tres casos, el tribunal ha denegado la suspensión, con el mismo argumento que el 4 de mayo sirvió para aplazar los trabajos de derribo, es decir que el Gobierno no ha respondido todavía sobre sus planes.
* El Diario Montañés - C. DE LA P. - 15 junio 2008
Foto: Urbanización en la playa de la Arena, en Arnuero. / M. DE LAS CUEVAS, eldiariomontanes.es
Marina d'Or cedió a Oropesa solares que había comprado antes al alcalde
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ELPAÍS/Castellón* : El Grupo Marina d'Or adquirió en 2001 unos terrenos en Oropesa, propiedad del entonces alcalde, Francisco Garrido, para después entregarlos al Ayuntamiento y así cumplir con la obligación legal de ceder el 10% del aprovechamiento que todos los urbanizadores deben transmitir a los consistorios cuando desarrollan un programa urbanístico.
La permuta se realizó en 2001, cuando el Ayuntamiento oropesino estaba dirigido por el independiente Francisco Garrido, que vendió los terrenos a lo largo del mes anterior al momento en que formalizó el acuerdo municipal por el que se aceptaba el suelo.
El valor de los terrenos del alcalde dista mucho del que tiene el suelo que debía ceder el urbanizador ya que, entre otras cosas, mientras que la cesión correspondía a una urbanización de Marina d'Or en primera línea de playa, el suelo comprado al alcalde y después cedido al Ayuntamiento se encuentra, aproximadamente, a un kilómetro de la costa y limitado por la autopista AP-7 y la carretera nacional 340. Además, los terrenos sobre los que urbanizará Marina d'Or están calificados para uso "residencial", mientras que los cedidos están clasificados para uso "dotacional multifuncional", con lo que sólo pueden destinarse a almacenes, actividades asistenciales o benéficas, usos deportivos, docentes o comerciales. Según el propio Plan General de Ordenación Urbana de Oropesa, se trata de una zona "muy degradada" que está pendiente del desvío de la carretera nacional 340, cuyo trazado "afectará a una parte importante de la zona", lo que indica que puede ser sometida a expropiación. El caso ya está en manos de la fiscalía.
La adjudicación a Marina d'Or del desarrollo de la urbanización en primera línea ya estaba en los juzgados tras la querella de varios propietarios, que denunciaron irregularidades que implican a la corporación presidida por Rafael Albert, del PP. El grupo Marina d'Or presentó en 2001 un programa para desarrollar la zona conocida como Les Amplàries, en el área de expansión del actual complejo turístico, hasta ahora ocupada, principalmente, por cámpings. El grupo inmobiliario propuso, entre otros, el desarrollo de dos sectores, denominados R4B y R5B. Por la ejecución de ambos planes debía ceder al ayuntamiento cerca de 40.000 metros cuadrados de techo, de los que más de 31.000 correspondían a un sector y algo más de 8.000 al otro.
Tal como ocurre en muchos Programas de Actuación Integrada (PAI), la empresa optó por la posibilidad de ceder en terrenos una parte del 10% del aprovechamiento que iba a obtener del desarrollo de la zona, mientras que abonó en metálico el equivalente al porcentaje restante. Así, de los primeros 31.000 metros de techo que debía ceder, el Ayuntamiento de Oropesa percibió en metálico el equivalente a más de 13.000 metros cuadrados, con lo que se embolsó cerca de un millón de euros. El precio, 72 euros por metro cuadrado de techo, fue aprobado por el Ayuntamiento.
Para la cesión de los otros 17.000 metros cuadrados de techo, Marina d'Or realizó una operación de permuta y los compensó con la transmisión de su equivalente en terrenos, pero no en la misma zona en la que se iba a desarrollar el PAI, sino en otra, muy alejada del sector. El Ayuntamiento aceptó la operación y, de esta manera, el grupo presentó escrituras de cesión de suelo a un kilómetro de la costa y en una zona degradada, por los 17.000 metros cuadrados de techo que le restaban por ceder.
Según consta en el registro de la propiedad, estos terrenos pertenecían al entonces alcalde, Francisco Garrido, que era el titular directo y a través de la sociedad Inframar. Ésta, según el registro mercantil, está actualmente dirigida por los hijos del ex alcalde pero ha sido presidida por el propio Garrido. Tal como consta también en los registros públicos, el precio que Marina d'Or pagó por este terreno oscila entre los 16 y los 33 euros por metro cuadrado de techo, es decir, menos de la mitad del precio en el que estaban valorados los terrenos que la urbanizadora había de ceder por el aprovechamiento en primera línea de playa.
Entre los urbanizadores no sólo se encontraba Marina d'Or sino también otros pequeños propietarios y constructores que optaron por participar en el desarrollo de la zona.
Pese a que el Ayuntamiento de Oropesa aceptó la permuta sin reparos, en el expediente municipal no consta la evaluación técnica de ningún funcionario que avale la equivalencia entre los terrenos que debía ceder Marina d'Or y los que finalmente recibió el Consistorio.
Respecto al segundo sector en litigio, por el que el urbanizador debía ceder cerca de 9.000 metros cuadrados de techo, el Ayuntamiento aceptó que el 10% del aprovechamiento se pagara íntegramente en metálico.
La norma indica que en el caso de que el ayuntamiento opte por vender el porcentaje de suelo que le corresponde por ese aprovechamiento, se saque a subasta para obtener el mayor provecho posible. El Ayuntamiento de Oropesa, como la mayoría de ayuntamientos, adjudicó directamente la venta al urbanizador de la zona. Esa operación mereció un reparo de la intervención municipal.
Urbanismo polémico en Oropesa
- Lo que dice la ley: Marina d'Or debía ceder casi 40.000 metros cuadrados de techo por el aprovechamiento urbanístico de sus proyectos en Les Amplàries, en primera línea de playa.
- Lo que aceptó el Ayuntamiento: El Ayuntamiento aceptó cobrar una parte en metálico y otra en suelo.
- El precio en primera línea de playa: El aprovechamiento urbanístico que se compensó en dinero se pagó a 72 euros el metro cuadrado de techo.
- La venta del alcalde: El alcalde vendió el suelo que luego fue cedido al Ayuntamiento por 33 euros el metro cuadrado de techo, muy por debajo del valor del terreno en Les Amplàries.
- Los solares que recibió el municipio: Los terrenos que recibió el Ayuntamiento están a un kilómetro de la costa, en una zona degradada.
* ELPAIS.com - MARÍA FABRA - Castellón - 15/06/2008
Foto: Oropesa del Mar (Castellón), urbanización Marina D'Or - C.Francesc (El País)
La Fiscalía critica a los jueces por resistirse a tirar las casas ilegales
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IDEAL/Granada* : Los fiscales quieren mano dura contra las construcciones ilegales. Y en esa batalla echan de menos el arrojo de algunos jueces. Las reflexiones introducidas por la Fiscalía de Granada en la 'Memoria de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico' son algo más que un lamento.
Con los circunloquios típicos del lenguaje oficial, los fiscales critican la «resistencia de algunos órganos enjuiciadores a aplicar la medida de demolición de la edificación ilegal, al considerarla puramente potestativa del juez penal».
La Fiscalía de Medio Ambiente de Granada tiene la convicción firme de solicitar el derribo cuando es imposible legalizar lo que se ha construido. Esa tendencia se ha traducido en un incremento considerable de las sentencias en esta línea, aunque su número sea todavía simbólico. En 2007 hubo siete condenas por delitos contra la ordenación del territorio que obligaban a derribar lo que se había levantado ilegalmente. El triple que en 2006.
Sin embargo, la crítica de la Fiscalía resulta bastante dura. La memoria aporta ejemplos en los que el juez ha rechazado la demolición en contra del criterio del fiscal. Los infractores se escudan en el 'error de prohibición', argumentar que creían que lo que estaban haciendo era legal. La Fiscalía reprocha la falta de dureza de algunos magistrados a la hora de aplicar este principio: «Se pone de manifiesto la gran laxitud de los jueces penales en la apreciación del error de prohibición en los delitos contra la ordenación del territorio». Sobre casos concretos, el fiscal rechaza que sirva de defensa el haber pedido una licencia. Porque una cosa es solicitarla y otra bien distinta que la concedan.
La conclusión, pese a estar camuflada por la retórica, es contundente: «En definitiva, no parece que los tribunales penales (...) hayan asumido definitivamente la plenitud de su función jurisdiccional, que ha de incluir necesariamente juicios de legalidad (...) y decisiones tendentes a la protección y restablecimiento de la legalidad infringida». La última frase significa a grandes rasgos tirar lo que nunca no se debería de haber hecho.
Por otra parte, la Fiscalía lamenta que muchas veces se deje en manos de los ayuntamientos la decisión de derribar las edificaciones ilegales: «Han quedado sin ejecutar la mayor parte de las sentencias de los tribunales de este orden que han impuesto a las administraciones competentes la obligación de demoler». Los fiscales entienden que la Administración se muestra «especialmente permisiva con estas infracciones urbanísticas», por lo que el tribunal «está permitiendo la consolidación definitiva de los efectos del delito».
La Fiscalía pone acidez a una realidad que se desboca. En 2007 la sección de Medio Ambiente de Granada abrió 102 investigaciones por supuestos delitos urbanísticos, frente a los 48 del año anterior. El doble. En 2005 sólo se incoaron seis diligencias.
De todos los casos abiertos el último año 38 acabaron en el juzgado con denuncia e imputados de por medio, 40 se archivaron y una veintena se siguen investigando.
Raja Santa
Uno de los casos que destaca la Fiscalía de Medio Ambiente en su memoria es el de los vertidos en Raja Santa, por los que fue juzgado y absuelto -entre otros- el alcalde de Atarfe, Víctor Sánchez. El fiscal no comparte el fallo y recuerda que hasta la propia sentencia consideraba a los acusados «autores de aterramientos y vertidos de sustancias altamente contaminantes en una zona de acuíferos». «La sentencia impugnada absolvió a los responsables municipales a pesar de constatar la infracción de todas las normas reguladoras de los procedimientos aplicables».
Todo se reduce a una disparidad de criterio. El juez busca que la conducta que se juzga provoque un daño específico, que sea la causa, mientras que el fiscal entiende que basta con que el comportamiento ilícito represente un peligro para el medio ambiente. «En los casos en que se consigue presentar material probatorio suficiente para acreditar la existencia de una conducta contaminante y la identidad de las personas responsables, el órgano enjuiciador fundamenta la absolución en la menor entidad del peligro generado porque no esté acreditado la relación de causalidad».
La Fiscalía de Granada también censura la «facilidad» con la que se archivan casos en la fase instructora por falta de pruebas del delito ambiental.
* Ideal - 14.06.08 - QUICO CHIRINO
Foto: Atarfe (Granada) - ideal.es
La Diócesis de Navarra se convierte en «la mayor inmobiliaria» de la comunidad
IÑAKI VIGOR* : Entre los años 1998 y 2007 la Diócesis de Iruñea ha inscrito a su nombre 535 templos parroquiales, 167 ermitas, 8 basílicas, 42 casas y viviendas, 25 locales comerciales, almacenes, garajes y locales diversos, 2 atrios, 7 cementerios, 102 fincas, solares y terrenos, 31 pastos, prados y helechales, 12 viñas, pinares, olivares y arbolados, y 1 frontón. «La Diócesis se ha convertido en la mayor inmobiliaria de Navarra a costa del patrimonio histórico de los pueblos», resumió Pedro Leoz.
El número total de bienes públicos que la jerarquía de Iglesia católica ha inscrito a su nombre entre 1998 y 2007 en Nafarroa asciende a 932, según datos oficiales del Ministerio de Justicia español. La relación de todos estos bienes fue recabada por el Parlamento autonómico a iniciativa de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro y de la comisión de ayuntamientos y concejos que impulsó esa iniciativa, a la que ya se han adherido 115 entidades locales.
Pero la gran sorpresa con que se han encontrado tanto la Plataforma como los municipios navarros es que aproximadamente el 75% de esos 932 bienes son de tipo eclesiástico y religioso, como iglesias, ermitas, catedrales y basílicas, pero el resto son bienes que no tienen nada que ver con el culto religioso.
«Creemos que esto es inconstitucional y éticamente injusto», afirmó ayer el alcalde de Uharte, Javier Bazterra (EA), durante una rueda de prensa ofrecida de forma conjunta por la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro y una representación de los municipios que defienden ese patrimonio.
El propio Javier Bazterra constató que la Diócesis de Iruñea «ha inmatriculado no sólo lo que podría corresponderle por algún tipo de derechos en cuanto al uso del mismo, sino que también ha inmatriculado todo lo que ha pillado».
En cuanto a las 167 ermitas privatizadas por el Arzobispado, constató que en Nafarroa existen «más del doble que no se han inmatriculado, pero no sabemos la razón por la que no lo han hecho».
El alcalde de Uharte, encargado de centralizar los acuerdos municipales que se van adoptando en Nafarroa en torno a esta cuestión, informó de que el Arzobispado ya ha puesto a su nombre 710 inmuebles relacionados con el culto católico, lo que supone en torno al 80-90% de todos los bienes de este tipo que existen en Nafarroa.
La relación de los 932 bienes apropiados por la jerarquía eclesiástica fue entregada ayer a los medios de comunicación. En esta lista se detalla, junto a cada localidad, el tipo de inmueble inscrito en los registros y la fecha de cada inscripción.
Uno de los casos más llamativos es el de Eslaba. En esta localidad de Zangozaldea, la Diócesis se ha hecho propietaria de buena parte del pueblo. Además de la parroquia de San Miguel y de la ermita de Santa Bárbara, ha puesto a su nombre un total de 27 fincas, pastos y viñas, que tienen en conjunto una superficie de 112.472 metros cuadrados. A ellos hay que añadir los llamados pastos de Elkea, cuya superficie no figura en el listado.
Por el precio de una campana
El presidente de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, Pedro Leoz, resumió la actuación de la Diócesis diciendo que ésta «se ha convertido en la mayor inmobiliaria de Navarra a costa del patrimonio histórico y otros bienes de los pueblos».
«Esto es como el milagro de los panes y los peces -ironizó-. Por el precio de una sola campana, han realizado la inscripción de 932 bienes, y lo han hecho al amparo de una ley de origen franquista y claramente anticonstitucional».
Leoz también constató que todo el trabajo que hasta ahora ha realizado la Plataforma ha sido voluntario y en auzolan, «ya que no hemos recibido ningún tipo de ayuda». Por ello, pidió apoyo económico a los ayuntamientos y concejos .
Por su parte, Jose Mari Esparza destacó la importancia de difundir «de la forma más amplia posible» el listado de los 932 bienes privatizados por la Diócesis, ya que «muchos pueblos no disponen de medios para saber cuáles son los bienes públicos que el Arzobispado ha puesto a su nombre».
Dudas sobre los bienes que se apropió entre 1946 y 1998
Los representantes de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro y de la Comisión de Ayuntamientos y Concejos valoró de forma muy positiva la obtención detallada de los 932 bienes apropiados por la Diócesis de Iruñea entre 1998 y 2007. No obstante, y a la vista de que en este listado han aparecido más de 200 inmuebles y solares que no son de culto religioso, ayer mismo presentaron en el Parlamento de Nafarroa una instancia mediante la que solicitan una relación de todas las inmatriculaciones realizadas por la Diócesis desde 1946, año de la aprobación de la Ley Hipotecaria, hasta 1998.
«La simple lectura de los datos que aparecen en este listado echa por tierra el principal argumento empleado por la Diócesis, cuando dice que los lugares de culto le han pertenecido `desde siempre'. ¿Cómo justifica entonces la inmatriculación de más de 200 inmuebles y solares que no son de culto?», se preguntó Pedro Leoz.
El alcalde de Uharte añadió que los datos obtenidos hasta ahora de los distintos registros existentes en Nafarroa «nos abren la duda de qué otros bienes han inscrito a nombre de la Diócesis antes de 1998», por lo que pidió la implicación de los diversos grupos parlamentarios a fin de conocer la totalidad de los bienes inmatriculados.
«Lo que ha salido a la luz es importante, pero no nos conformamos con todo lo que hemos obtenido. Por eso hemos hecho esta solicitud al Parlamento», explicó.
* Rebelión - Iñaki Vigor/ Gara - 14-06-2008
