SUR* : Veinticinco años después de que se construyera la presa de El Limonero, el río Guadalmedina sigue aún esperando un proyecto que culmine su integración en la ciudad y cicatrice la herida del cauce que la divide en dos mitades. Las diferentes vicisitudes por las que ha pasado esta actuación y, sobre todo, el uso partidista que del problema han hecho los responsables de las diferentes formaciones políticas en los comicios electorales de la última década, evidencian que la búsqueda de una solución urbanística eficaz para el Guadalmedina es todavía una de las principales asignaturas pendientes de las administraciones públicas para Málaga.
Entre tanto, con el paso de los meses de verano, el río vuelve a ofrecer una de las peores postales para los que visitan la capital. La maleza ha crecido considerablemente, si bien el Ayuntamiento la elimina periódicamente, y la basura -bolsas de plástico, neumáticos usados y excrementos- se acumula en numerosas zonas, lo que constituye un imagen de abandono que critican los vecinos con frecuencia. A esto, se suma el aspecto cada vez más deteriorado de las pérgolas y fuentes que a principios de la década de los noventa se realizaron en el tramo más próximo al Centro con el fin de adecentar la zona. Cristales rotos, hierros oxidados, pintadas y humedades conforman la estampa que presencian cuantos se asoman a los puentes.
Las últimas novedades para avanzar en el estudio de las diferentes alternativas que pueden plantearse para este cauce urbano fueron los encuentros que mantuvieron hace dos años responsables del Ayuntamiento, la Junta de Andalucía, la Subdelegación del Gobierno y la Cuenca Mediterránea Andaluza (CMA) coincidiendo con el año en que se conmemoró el centenario de la inundación de 1907. Entonces, se acordó que el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex), organismo dependiente del Ministerio de Fomento, hiciera un estudio sobre las posibles afecciones que puede tener en el río cualquier intervención de carácter urbano, para poder acometerla con garantías.
Prioritario
Según los plazos ofrecidos inicialmente, el estudio debería haber concluido a finales de 2008, pero aún no está listo. Así lo confirmó el presidente de la Agencia Andaluza del Agua, Juan Paniagua, quien, no obstante, señaló que el Guadalmedina es una de las prioridades que se ha marcado para su gestión desde que tomó posesión de su cargo a mediados de este año. Así, detalló que en junio se retomaron los contactos con el Cedex para la elaboración de su informe. Además, la Agencia Andaluza del Agua, de la Consejería de Medio Ambiente, ha enviado al citado organismo una serie de datos requeridos sobre la situación hidrológica del río. «Esperamos tener el estudio lo más pronto posible, ya que nos ofrecerá información sobre cuál podría ser el tratamiento para el Guadalmedina», señaló Paniagua.
Este responsable autonómico reconoció que se trata de un proyecto de una gran importancia para Málaga y aseguró que se mantendrá la coordinación con el resto de administraciones públicas a la hora de analizar los resultados del análisis del Cedex, que se marcó como paso previo a la convocatoria de un concurso internacional de ideas sobre la actuación para el río.
* SUR - JESÚS HINOJOSA ÁLEX LOBERA - 31.08.09
Foto: Málaga, el Guadalmedina seco - diariosur.es
Málaga: La recuperación del Guadalmedina sigue en dique seco y sin proyecto
100 ideas para salvar el Mar Menor
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LAVERDAD/Murcia* : Los miembros de una comisión creada en el 2007 para frenar la degradación de laguna salada exponen sus propuestas. El Mar Menor es un enclave expuesto a graves problemas que hacen peligrar su subsistencia, entre ellos: el turismo, el urbanismo y la contaminación del agua y de los acuíferos existentes en su cuenca, como consecuencia en parte de la intensificación de los usos que se dan es este territorio de la agricultura.
Con el objetivo de garantizar un desarrollo sostenible en el conjunto de este territorio, la laguna del Mar Menor y su entorno, el Ministerio de Medio Ambiente creó la Comisión Mar Menor, un grupo de trabajo constituido por más de 50 representantes de las administraciones públicas, en sus diferentes niveles estatal regional y local; las universidades y los centros de investigación; organizaciones empresariales, turísticas, agrarias, pesqueras; las asociaciones de vecinos; organizaciones ecologistas a nivel internacional, nacional y regional, y los representantes de la Unión Europea, entre otros, para encontrar soluciones y acordar compromisos de acción.
Para llevar a cabo una gestión integral del Mar Menor y su entorno las instituciones elaboraron un dossier poniendo en común una serie de propuestas, encaminadas a buscar una solución consensuada. Y se redactó un informe en el que todas quedaran reflejadas.
Entre ellas destacan las de limitar el uso de embarcaciones, recuperar los espacios naturales, crear un Centro de Interpretación, la no creación de más puertos deportivos, o la construcción de más depuradoras y limpiar las ramblas que vierten a la laguna. Las restantes, este diario las ha resumido en cien propuestas. Son las siguientes.
FEDERACIÓN DE VECINOS
01. Conseguir el vertido cero a la laguna.
02. Moratoria urbanística en el área de influencia.
03. Recuperar el dominio público par uso y disfrute de los ciudadanos. Seguir derribando edificios y regenerar zonas afectadas por las edificaciones.
04. Potenciar el uso de la vela y otros deportes náuticos pero con la limitación de las embarcaciones.
05. Que no se amplíen los puertos deportivos ya existentes con más puntos de amarre.
06. Construcción de un FEVE desde Cabo de Palos hasta San Pedro del Pinatar.
07. Regeneración de las zonas de playa degradadas con su dragado y aportación de arena nueva.
08. Desechar por completo la idea de abrir el acceso norte a La Manga del Mar Menor.
ASOCIACIÓN DE NATURALISTAS DEL SURESTE, ADENA Y GREEN PEACE
09. Potenciar la compra de terrenos en la ribera del Mar Menor.
10. Fomentar la coordinación entre las administraciones Estatal, Autonómica y Local en la gestión del espacio natural y la solución de los problemas.
11. Dejar de utilizar los espacios naturales para la localización de infraestructuras como depuradoras, desaladoras, estaciones e bombeo, puertos deportivos,
etc.
12. Recuperar paisajes y ecosistemas fuera de los espacios naturales: molinos de viento, salinas o pesquerías artesanales de menor impacto sobre las aves...
13. Implantación de más zonas protegidas limítrofes con el suelo urbano.
AYUNTAMIENTO DE LOS ALCÁZARES
14. Delimitación de las zonas de fondeo para embarcaciones lejos de la costa.
AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
15. Crear un Centro de Interpretación del Mar Menor.
16. Adoptar medidas en los cauces de las ramblas, especialmente en la ribera Sur del Mar Menor, para evitar los aportes de la Sierra Minera.
17. Trabajar con la agricultura y ganadería de la zona para implementar sistema de producción más sostenibles.
AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER
18. La creación de un cinturón verde alrededor de toda la laguna implantando la agricultura ecológica básica.
19. El control de embarcaciones a motor a través patrullas marítimas durante todo el año.
20. Creación de zonas balizadas para el fondeo publico controlado desde los Ayuntamientos locales.
AYUNTAMIENTO DE TORRE PACHECO
21. Identificar las afecciones e impactos adversos así como los órganos competentes para su solución.
22. Realizar una valoración económica de las actuaciones a realizar con un esquema financiero.
23. Formalización de acciones administrativas en las áreas donde se va a trabajar.
24. Recoger metodologías europeas para poder implantarlas en el Mar Menor.
25. Identificar organismos que deben actuar en cada zona.
26. Establecer un listados de objetivos y las administraciones que deben participar.
COMISIONES OBRERAS (CC OO)
27. Desarrollar políticas económicas para que no se rompan los asentamiento poblacionales.
28. Frenar la creación de resort y potenciar urbanizaciones respetuosos con el ambiente.
29. Invertir en aumentar el transporte público.
30. Crear planes de formación para los jóvenes en agricultura y hostelería.
31. Desarrollar planes de ayuda para favorecer la implantación de agricultura extensiva y ecológica.
32. Potenciar el asociacionismo de agricultores ecológicos para mejorar la comercialización de sus productos.
33. Aumentar las ayudas a los propietarios con zonas protegidas para que ayuden a su mantenimiento.
34. Campañas de información a los agricultores sobre el manejo de desechos.
35. Garantizar la permanencia del Trasvase Tajo-Segura.
36. Crear nuevas infraestructuras a raíz del aeropuerto de Corvera hasta la costa.
37. La no creación de puertos deportivos.
38. Anteponer la conservación de los espacios naturales a cualquier proyecto urbanístico en el Mar Menor.
UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DE LA REGIÓN DE MURCIA (UGT)
39. Apoyar la creación de una red de seguimiento, constituyendo un equipo de trabajo adecuado para tal fin.
40. Tomar medidas de gestión y control de la pesquería del Mar Menor.
41. Mejora el sistema de regadío existente evitando con ello las aportaciones al Mar Menor.
42. Que la red de seguimiento, incluya una vigilancia, para poder acometer el problema de especies invasoras (por ejemplo, Caulerma Racenoca, en la Isla de
Grosa).
43. La creación de una figura de protección Marítimo-Terrestre para la Isla de Grosa.
COAG-IR REGIÓN DE MURCIA
44. No perder superficie de regadío y potenciar el riego localizado.
ECOLOGISTAS EN ACCIÓN
45. Moratoria de nuevas urbanizaciones en los espacios abiertos que aún quedan: Novo Cartago o Lo Poyo.
46. Plan de saneamiento Integral, con un programa de medidas urgentes que incluya todos los déficit de la recogida de aguas residuales.
47. Medidas de control de los perímetros de regadío del Campo de Cartagena, auditando las superficies existentes.
48. Aplicación y puesta en práctica de un Código de Buenas Prácticas Agrarias.
49. Medidas de apoyo explícito al cultivo del almendro y algarrobo.
50. Aprobación sin servidumbres urbanísticas de los Planes de Ordenación de los Espacios Protegidos del Mar Menor y del Plan de Gestión de las zonas protegidas
del Mar Menor.
51. Potenciación de los humedales y espacios periféricos para filtrar los vertidos.
52. Sustitución de los espigones por pantalanes.
53. Ceación de un consejo asesor y de participación pública.
54. Realización de unas jornadas técnicas y sociales sobre el futuro del Mar Menor para vecinos, ecologistas, universidades, ayuntamientos, comunidades
autónomas, demarcación de costas, CHS, etc...
55. Desarrollar, publicar y difundir manuales de buenas prácticas para la pesca, industria y turismo.
56. Diseñar planes de concienciación ambiental.
57. Impulsar el desarrollo y aplicación efectiva de las Agendas 21.
58. Regeneración del conjunto de la Rambla de la Carrasquilla.
59. Adquisición de los terrenos del Camping Mar Menor, en la playa de la Hita.
60. Adhesión al dominio público de la finca Casablanca en la Escuela Militar del Aire
61. Adhesión y regeneración de la Cala del Pino.
62. Regeneración del saladar Charca de la Vaca.
63. Creación de una Red de Corredores Verdes en el entorno del Mar Menor.
64. Creación de la Reserva Marina en Isla Grosa.
65. Adquisición de Marina del Carmolí.
66. Adquisición de Cabezo Mingote, Punta de la Lomas y playa del Arsenal.
67. Protección y conservación de los lugares de interés geológico.
68. Creación una ventana de suelo no urbanizable entre Punta Galera y Playa La Hita.
69. Regeneración del sabinar de Dunas.
70. Restauración de espacios ambientales de la red de carreteras.
71. Campaña contra el uso de cebos envenenados.
72. Medidas de prevención para evitar el atropello de animales en las carreteras de las Salinas de San Pedro.
73. Diseño de un plan de gestión del tráfico porcarretera.
74. Actuación para mejorar la eficiencia energética y fomentar de las renovables
75. Prevención de la contaminación lumínica
ESTACIONES NÁUTICAS DEL MAR MENOR
76. Construcción de más depuradoras en los municipios ribereños
77. Eliminación de barcos que dificultan el baño.
78. Construcción de paseos marítimos.
79. Realizar estudios para evaluar la necesidad de recuperar la salinidad y temperatura del Mar Menor de hace treinta años.
80. Suspensión de la pesca agresiva (la de arrastre), a la que hay que buscar otras alternativas.
EXPERTOS LOCALES EN FAUNA
81. La regeneración e integración paisajísticas y ambientales de las áreas ribereñas más degradadas.
82. El desarrollo de una zonificación interna de protección y uso de la laguna, con delimitaciones físicas
83. Limpieza y adecuación de las ramblas que vierten al Mar Menor, procedentes de la Sierra Minera.
FUNDACIÓN SIERRA MINERA
84. Reforestación y recuperación de los suelos afectados por la minería.
85. Restauración o eliminación de balsas de estériles y escombreras.
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DEL MAR Y BIOLOGÍA APLICADA DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE
86. Creación de un Observatorio del Mar Menor para la recogida de información y gestión.
EQUIPO INVESTIGADOR PARA SALVAR EL MAR MENOR DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA
87. Recuperación de la superficie de humedales para su uso como filtro verde.
88. Crear micro reservas litorales en zonas de dominio público.
89. Monitorización ornitológica para el estudio de todo el ecosistema ribereño.
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN ECOSISTEMA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA
90. Modelización hidrogeoquímica del transporte reactivo de solutos mediante
isótopos estables.
91. Estudio de la proliferación de fitoplacton tóxico y nocivo en la laguna.
92. Evaluación del impacto medioambiental del sector de la náutica sobre la laguna.
EXPERTOS LOCALES EN EDUCACIÓN DEL MAR MENOR. AULA DE LA NATURALEZA DEL MAR MENOR
93. Fomentar el turismo de naturaleza, el llamado Ecoturismo.
RAMSAR (CONVENCIÓN SOBRE HUMEDALES)
94. Asegurar los cambios hidrológicos entre la laguna y el Mar Mediterráneos.
EXTINTA CONSEJERÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE
95. Conservación y restauración de los ecosistemas en el Mar Menor y su área de influencia.
96. Vigilancia y control del litoral del Mar Menor.
97. Gestión de residuos y suelos contaminados en plantas de tratamiento
GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE ECOSISTEMAS COSTEROS DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA
98. Poner en marcha medidas para evitar la artificialización del suelo y desertificación.
EUROPARC (FORO PARA LA MEJORA DE ESPACIOS NATURALES)
99.Promover la recuperación de bosques de ribera.
100. Mejorar en el control del regadío en la zona con el fomento de contadores y guarderías fluviales.
* La Verdad - ANTONIO LÓPEZ - 31.08.09
Foto: El Mar Menor (Murcia), vista - elconfidencial.com
El Síndic veta un PAI en Orihuela por falta de agua
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ELPAÍS/Alicante* : El Síndic de Greuges, José Cholbi, ha emitido una resolución en la que sugiere al Ayuntamiento de Orihuela, gobernado por el PP, que no autorice un PAI previsto en el prelitoral del municipio sin haber acreditado la garantía de los recursos hídricos exigibles. El programa urbanístico, denominado Tierras Nuevas I y II, en la actualidad en fase de estudio, prevé levantar 1.650 casas en una zona de alto valor paisajístico.
El dictamen del Síndic se produce a raíz de una queja planteada por la presidenta de una comunidad de vecinos de la zona. Antes de acudir al Síndic, la denunciante también llevó el PAI ante el consulado británico y la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. La iniciativa urbanística fue aprobada provisionalmente por el pleno del Ayuntamiento de Orihuela en septiembre de 2005.
En aquella ocasión la oposición votó en contra por considerar que el PAI (800.000 metros cuadrados) se integra en suelo agrícola de especial protección.
En su resolución, el Síndic amonesta al Consistorio oriolano por haber autorizado provisionalmente el PAI sin que el expediente incluyera el informe del organismo de cuenca, en este caso la Confederación Hidrográfica del Segura, ni el estudio favorable de impacto ambiental. Estos dos extremos, resalta el Síndic, implican que se autorizó sin evaluar "las consecuencias ambientales" ni, por ende, acordar las oportunas medidas correctoras.
"Efectos ambientales que en virtud de su relevancia e incidencia en el medio pudieran incluso determinar que la Administración optase o se viera en la obligación de optar, por la alternativa cero; esto es, por no acometer la actuación urbanística aprobada provisionalmente", recoge la resolución del Síndic.
En último término, Cholbi esgrime la jurisprudencia del Tribunal Supremo en esta materia que considera ilegales programas urbanísticos aprobados sin el estudio de la existencia de recursos hídricos.
Y, además, recuerda que los informes relativos a la acreditación de agua suficiente para el abastecimiento de la futura población han de ser previos a la aprobación por parte de la Administración de los mencionados PAI.
Por tanto, Cholbi recalca al Ayuntamiento que no autorice definitivamente el PAI hasta contar con el informe de la Confederación del Segura, y si éste es contrario pide que se revise la aprobación provisional.
* ELPAIS.com - S. N. - Alicante - 31/08/2009
Foto: Orihuela (Alicante), ayuntamiento - levante-emv.com
Los vertederos ilegales proliferan por montes y parajes aislados de Galicia
LAVOZDEGALICIA* : Los depósitos de basura ilegales siguen proliferando por montes y parajes aislados de Galicia pese a la inversión de las Administraciones autonómica y local en materia de gestión de residuos sólidos y los esfuerzos de las campañas de concienciación ambiental. Desde que echó a andar Sogama -creada por la Xunta en 1992-, y sobre todo su planta incineradora en Cerceda, se fueron clausurando los vertederos municipales.
Con la ayuda de los fondos europeos, de aquellos más de 250 que funcionaban entonces hoy apenas quedan treinta por clausurar. El resto se han ido sellando y regenerando poco a poco. El Gobierno autónomo completará el programa con una inversión de 5 millones de euros destinada a ejecutar su cierre antes del año 2012.
Sin embargo, no será el fin del problema. Aunque estas grandes acumulaciones de residuos emblemáticas -de referencia para los vecinos- han sido eliminadas, siguen aflorando depósitos incontrolados por el paisaje, que casi siempre tienen que ver con residuos cuyo tratamiento está en pañales: restos de obra y desmontes, mobiliario y enseres, y neumáticos. Existen emplazamientos ya clásicos, de acumulación recurrente (canteras, taludes, lechos fluviales, rías, cunetas), aunque se limpien cada cierto tiempo, y otros que surgen por el simple efecto llamada: basta con que un desaprensivo deje allí un sillón desvencijado, una lavadora o unas sacas con escombro o despojo vegetal; enseguida encontrará adeptos.
El anuncio de Sogama de que dejará de retirar a partir de septiembre residuos voluminosos (mobiliario, electrodomésticos, colchones... enseres que no asume el contenedor) no parece que vaya a facilitar la desaparición de los verteros ilegales, sino al contrario. Unas 12.000 toneladas de este tipo de basura llegó en el 2008 a Cerceda, donde fueron incinerados o trasladados al vertedero de Areosa. Por el momento, la Xunta no se ha avenido a la petición de PSOE y Fegamp, que la instan a que financie las alternativas: gestores privados autorizados que encarecen el tratamiento. La Consellería de Medio Ambiente sí ofreció información y colaboración.
En Vilagarcía existen vertederos incontrolados en Trabanca, en Berdón, y dos en el monte Lobeira y, aunque han sido denunciados siguen almacenando basura. En O Grove y Cambados se organizan habitualmente retenes de limpieza para eliminar acumulaciones esporádicas.
La brigada ambiental del Concello de Ames eliminó nada menos que 210 vertederos entre el 2008 y lo que va de año.
En el sur de Lugo sigue habiendo pequeños puntos de vertido. Uno de los más llamativos se halla en la parroquia de Pombeiro (Pantón), en pleno cañón del Sil y a la vista de la presa de Santo Estevo, y que el Concello limpia, pero no logra erradicar.
Las canteras
En Ourense siguen quedando ejemplos, incluso en la capital. En el entorno de sus dos puntos limpios los vecinos depositan todo tipo de objetos cuando hallan el servicio cerrado. En el resto de la provincia destacan los lugares usados por las canteras para depositar escombro, un problema habitual en Toén o Xinzo, pero sobre todo en la zona pizarrera de Valdeorras. No obstante, allí está en marcha un programa para su eliminación.
Los vertederos son una constante en las comarcas de Deza y Tabeirós-Montes, especialmente en carreteras en desuso y en las proximidades de los ríos, y que muchas veces desaparecen bajo la maleza. Uno de ellos se localiza en Pozo Negro (Lalín), a orillas del río Asneiro, donde el pasado año se retiraron tres toneladas de ruedas y residuos.
* La Voz de Galicia - H. J. Porto - 30.08.09
Foto: EL CUARTO DE BAÑO EN CULLEREDO. Los restos de obra aparecen esparcidos junto a un contenedor y cerca de una parada del bus escolar - lavozdegalicia.es
Otro monstruo urbanistico en la Vera
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Ecologistas en Acción de la Vera, consideramos que la construcción de 270 apartamentos es pura especulación ya que se basan en el cambio de uso del suelo rústico a turístico, con un futuro de uso residencial y la empresa promotora Raso del Arca S.L. y empresas constructoras que pretenden realizar ésta macro urbanización, solamente buscan beneficios propios y rápidos, sin considerar el desarrollo sostenible de la Comarca, con el deterioro faunístico y ambiental en la zona de Juan Rasero de Villanueva de la Vera, dónde se pretende realizar.
Por otra parte queremos que se considere la repercusión de los gastos en infraestructuras que se deben llevar a cabo para dar accesos a dicha urbanización a cargo de las arcas autonómicas, comarcales y locales, cuando se necesitan de otras mejoras que afecten directamente a los habitantes de la zona.
Desde nuestro punto de vistas, los procesos de ocupación del territorio por parte de la civilización humana deben estar necesariamente encuadrados en el marco de políticas globales, regionales y locales de respeto por el medio ambiente. Así lo puso de manifiesto un informe elaborado por el Observatorio de Sostenibilidad en España para el Ministerio de Medio Ambiente hecho público en 2006 y así se recoge repetidamente en la bibliografía especializada y en la legislación estatal.
En la actualidad hay un acuerdo generalizado en que, o nos esforzamos en cuidar el planeta que habitamos, ó tendremos problemas que afectarán gravemente a nuestra calidad de vida y que habremos generado con nuestro desmedido afán por consumir los recursos limitados de que disponemos. Este planteamiento debe estar presente en la práctica de la ordenación del territorio y del urbanismo, tanto a escala global como local y en todos y cada uno de los instrumentos de planificación y/o planeamiento que se elaboren para estructurar coherentemente la integración de nuestra especie y de su actividad en del territorio.
Este nuevo proyecto supondría un abuso de los recursos del suelo y agua por el incremento desproporcionado de suelo urbanizable propuesto, alejado de las necesidades del municipio y que responden a fenómenos coyunturales de expansión urbanística ligada en la mayoría de los casos a operaciones especulativas.
El enorme consumo de agua potable, que se captará de acuíferos subterráneos ó bien se detraerá de la red de distribución del Servicio Municipal de Aguas de Villanueva de la Vera. La contaminación del agua (superficial y subterránea), el suelo y el medio natural que suelen provocar los herbicidas, abonos y productos químicos que se emplean y por los posibles daños a la vegetación y a la avifauna y otras especies animales que abundan en la zona. La arbitraria e injustificable motivación de unas instalaciones cuya puesta en obra y mantenimiento atentará contra el verdadero “interés general” de la ciudadanía pues ni persiguen las satisfacción de necesidades esenciales de la población, ni garantizan la correcta conservación de los bienes de dominio público.
Que se pretendan desviar caudales de aguas depuradas ó pozos de perforación, cuando continuamente se habla de escasez en sectores como la agricultura, la ganadería y en el caso concreto de la Comarca de la Vera la escasa cantidad de agua como este año para satisfacer los consumos mínimos a los ciudadanos.
Un proyecto de éste tipo (y cualquier otro de éstas características, aunque sea de menos impacto) no es sostenible en los tres sentidos del término: No es sostenible porque no se puede mantener una población y unos usos que necesitan una cantidad de agua mayor que la capacidad de recarga de los acuíferos; No lo es porque no tiene en cuenta a las generaciones futuras a las que se les deja una hipoteca irreversible, y no lo es porque contamina el agua por encima de la capacidad auto regenerativa de la naturaleza.
Además no es sustentable porque priva a la comunidad local de su territorio tradicional, de su capacidad política, de parte de sus costumbres y modos de vida.
Los consumos estimados por persona y día es de 300 litros que por 270 apartamentos y 3 personas por cada uno constituyen 250 m3 diarios, 100.000.-m3 anuales aproximadamente.
Los consumos para un campo de golf de este tipo (9 hoyos) se establecen en 193.000.- m3/año. Es decir, consume los mismo que 3.846 hogares. Si se regara con aguas residuales, se necesita el agua residual de una población de al menos 6.000.- habitantes.
Hay muchas evidencias de que el cambio climático nos traerá cada vez menos agua y desde organizaciones internacionales nos alertan de la necesidad de regular el uso de este bien preciado y escaso. Un campo de golf supone un despilfarro para un lugar en el que el agua no sobra.
Los campos de golf usan cantidades enormes de fertilizantes, fungicidas, herbicidas y pesticidas. Todos estos agros tóxicos irían a parar a los acuíferos y finalmente a los arroyos que desembocan en él Río Tiétar por lo que los campos que riegan sus vegas los harían con esta agua contaminada, con el deterioro que supondría a toda una Zona agrícola.
Por todo lo expuesto, Ecologistas en Acción de la Comarca de la Vera, SOLICITA A DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERITORIO DE LA CONSEJERIA DE FOMENTO: DENIEGUE EL PROYECTO JARDIN BOTANICO GOLF, promovido por la empresa Raso del Arca S.l...
* Kaos en la Red - Manuel M. | Ecologistas en Acción de la Vera - 30.08.09
Foto: Kaos en la Red
Un rincón ´marbellí´ en A Coruña
LAOPINIÓN* : Los inquilinos del edificio Conde de Fenosa se mueven entre los que aseguran estar tranquilos ante la orden de demolición del Supremo, confían en que no se ejecutará jamás, y los que admiten cierta inquietud por la posibilidad de perder sus viviendas. "Esto es como Marbella", resume uno de los inquilinos del edificio Conde de Fenosa. Abogado, para más señas, lo que le ha convertido en blanco habitual de las consultas del resto de vecinos una vez que se ha conocido la decisión del Tribunal Supremo de ordenar la demolición del inmueble de Fernando Macías.
Reconoce que existen personas "asustadas" repartidas entre el centenar de viviendas, a diferencia del clima de tranquilidad que se respira entre el resto de la comunidad de propietarios. Él ha intentado tranquilizarlas bajo un único punto de partida: la responsabilidad patrimonial pertenece al Ayuntamiento. Esto es, el Consistorio fue quien otorgó una licencia de construcción que ahora se ha revelado como "ilegal", según el Tribunal Supremo.
"Esto es como en Marbella -desliza el abogado-, los propietarios compraron bajo la presunción de la legalidad". Nada les hizo sospechar que, como en el caso de la popular población andaluza de la Costa del Sol, otro caso de naturaleza urbanística como el que monopolizó los informativos nacionales podría afectarles a ellos, a más de mil kilómetros de distancia. Las miradas, pues, se dirigen ahora hacia el Ayuntamiento, hacia la manera de afrontar los acontecimientos a partir de ahora.
Algunos vecinos plantean incluso la posibilidad de que el responsable último de otorgar la licencia de rehabilitación en el año 1997 responda también ante la Justicia. "Aunque actualmente ya no forme parte del equipo de gobierno municipal o ya no sea el responsable del área que la otorgó". El resto prefiere esperar a que las aguas se tranquilicen: saber qué es lo que pretende el particular que presentó la demanda, conocer cómo avanzan las negociaciones entre las partes y, sobre todo, dejarlo todo en manos de los abogados.
"Esto es un tema a otro nivel, entre abogados, no entre los vecinos", insiste una inquilina antes de cruzar el portal de uno de los edificios del conjunto arquitectónico que reúne cerca de un centenar de viviendas, oficinas y hasta un consulado perteneciente a un país africano.
Las conversaciones de portal oscilan entonces entre los que desconfían de que la orden de demolición se ejecute finalmente -"Es un auténtico disparate", sentencia una mujer de edad avanzada-; los que no alcanzan a entender el objeto de la sentencia del Supremo -"Es absurdo tirarlo para después volver a construirlo", opina otro vecino-; y los que, perdidos en un proceso judicial que se alarga desde 2001, cuestionan las razones de la orden -"Creo que hubo un problema de volumen de edificación", aventura un propietario-.
Problema que más bien otros vecinos achacan a enfrentamientos de carácter personal. Pese a todo afirman estar tranquilos, hasta el punto de que a alguno no le asustaría "dormir en tienda de campaña en la plaza. No en vano, éste es un "edificio muy particular".
* La Opinión Coruña - MARCOS OTERO - 29.08.09
Foto: nquilina saliendo de uno de los portales del edificio Fenosa de Fernando Macías. / eduardo vicente, laopinioncoruna.es
Cultivos abandonados en decenas de PAI fallidos amenazan con arder
ELPAÍS/Valencia* : La crisis ha dejado la comunidad autónoma salpicada de proyectos urbanísticos fallidos. Unas veces por decisión o incapacidad empresarial: ¿quién quiere invertir y quién quiere financiar con un mercado saturado y una demanda a la baja? Otras, porque la falta de agua y de rigor en el planeamiento han eternizado su tramitación. El pinchazo de la burbuja inmobiliaria ha dejado una resaca imprevista y peligrosa. Un cordón de antiguos terrenos agrícolas en el borde de los núcleos urbanos. Donde debían ir urbanizaciones hay árboles y malas hierbas secándose al sol. Cada uno de ellos -y hay decenas- representa un riesgo de incendio.
Los propietarios ignoran masivamente las ordenanzas municipales para mantenerlos en buen estado: limpiarlos sale caro y la quema está prohibida. Los ayuntamientos desisten de adoptar medidas enérgicas. De la Generalitat no hay noticia. Y ya ha habido fuegos.
El fenómeno del abandono, agigantado por el desplome de los precios de los cítricos, es, sin embargo, general. A principios de verano, se registró un incendio en un campo abandonado de Tavernes de Valldigna (La Safor), donde el proceso de recalificación urbanística iniciado en 2004 -y que no ha concluido- afecta a ya cinco millones de metros cuadrados. Una enorme superficie que linda con los edificios de apartamentos de segunda línea de playa.
"Es un asunto serio por los incendios y también porque son un nido de ratas, de animales muertos y de basura. Es una cuestión de salud pública", sostiene tajante Jordi Juan Huguet, concejal del Bloc de Tavernes, que ha pedido al Gobierno local del PP que obligue a las promotoras a limpiar los terrenos.
En la primera semana de agosto se desató otro fuego al sur de la Pobla de Vallbona (Camp de Tùria), en una zona donde solían crecer naranjos y cebollas y que ahora integra la larga lista de los PAI (Programas de Acción Integrada, la polémica fórmula urbanizadora valenciana) empantanados.
Federico Gómez Pardo, un veraneante de Girona, ha relatado el impacto que le produjo encontrar grandes extensiones de naranjos dejados a su suerte en la comarca de La Ribera Alta, y el peligro que ello entrañaba."No fue grave porque no alcanzó a ninguna vivienda. Pero con un incendio nunca se sabe, sobre todo si hay poniente como aquel día", cuenta Jaume Cortina, edil oposición socialista.
"Ha habido decenas de incendios rurales en campos abandonados", señala una portavoz de la Consejería de Gobernación, "pero no tenemos un balance. A nosotros sólo nos llegan los más serios. Si no, se nos colapsarían los buscas".
Durante el boom del ladrillo el abandono se vio agravado por la fuerza del rumor y por un efecto indeseado de la normativa fiscal, afirma Ferran Gregori, encargado de Ordenación del Territorio en La Unió de Llauradors. "Al vender una finca se paga una plusvalía por haber desarrollado actividades agrícolas. Pero a los cinco años del cese de actividad ese sobrecargo expira.
En cuanto en un pueblo aparecía el rumor de que se iba a hacer un PAI, había muchos que cortaban los árboles para ahorrárselo. Yo creo que tendría que ser al revés y primar el mantenimiento de la actividad". Según Gregori, cerca del 50% de los cultivos de la franja costera de Castellón han sido abandonados. Y en las poblaciones donde la fiebre del ladrillo fue alta, como Moncofa o Xilxes, la pérdida se eleva al "60% o 70%".
"Los naranjos se defienden durante un tiempo. Algunos rebrotan. Pero si la cosa sigue así dentro de dos o tres años esto será un incendio global o un cementerio", opina el responsable de La Unió.
¿Quién está anticipándose a ese escenario? Todo indica que nadie. La Consejería de Gobernación ha tenido reuniones con las organizaciones agrarias para mentalizar a sus afiliados de la importancia de mantener limpios los campos. Y existe una línea de ayudas de las consejerías de Agricultura y Medio Ambiente para poda y limpieza, pero sólo para aquellos propietarios de parcelas cercanas a parques naturales. Así que el peso de la prevención, o mejor dicho su ausencia, recae en los ayuntamientos.
Es habitual, afirma Francesc Signes, portavoz socialista de Medio Ambiente en las Cortes valencianas y ex alcalde de L'Alcúdia, que en primavera el Consistorio envíe notificaciones a los propietarios recordándoles su deber de conservación. Y también es habitual que los propietarios hagan caso omiso. "Los ayuntamientos tienen que ser valientes y adoptar medidas contundentes, como encargarse de la limpieza y pasar la factura a los dueños", dice Signes.
Un propósito más difícil de lo que parece, como saben en Potries, un muy pequeño municipio (tiene menos de mil habitantes) próximo a Gandia. El equipo municipal, del Bloc, prepara una ordenanza para obligar a los propietarios a mantener los terrenos en buen estado. Entre otras cosas, porque las zarzas invaden las parcelas vecinas, multiplicando el coste de la poda, explica Mari Carme Almunia, edil de Cultura y alcaldesa en funciones.
El paso del Ayuntamiento de Potries ha levantado quejas. Un malestar que Ferran Gregori comprende. "Nosotros somos partidarios de que los campos abandonados se limpien. Pero hacer recaer esa obligación únicamente sobre los agricultores es complicado. No ocurre lo mismo, por ejemplo, cuando lo que está abandonado es una fábrica o una casa, que también representan un peligro. Cuando un agricultor deja perder un campo es porque ya no le salía rentable. Y si poda, ¿qué hace luego con los restos?, porque está prohibido quemarlos. La única solución es contratar máquinas trituradoras, y son caras".
La Unió estima que el cortado, triturado y transporte de la leña que resulta demasiado grande para ser molida cuesta unos 1.000 euros por hectárea. Un coste respetable para alguien que ha abandonado el cultivo por la crisis del sector.
Así las cosas cuenta Gregori que hace unos días recibió la llamada de un propietario de Potries preocupado por la futura ordenanza: "Me dijo: '¿Y yo qué tengo que hacer? Pues podo y dejo las ramas amontonadas en los márgenes del campo'. O sea, un polvorín".
El técnico de La Unió opina que los agricultores deberían recibir ayudas para seguir siéndolo (aunque sólo sea para proteger el paisaje) y para limpiarlos en caso de cese de actividad. Los ayuntamientos (al menos el de Potries, cuyo presupuesto va más que justo) afirman que no tienen capacidad para prestarla. Y la Generalitat no parece haberse parado a pensar en ello.
* ELPAIS.com - IGNACIO ZAFRA - Valencia - 30/08/2009
Unas 2.000 personas se manifiestan en Candeleda contra la urbanización ‘Candelas de Gredos’
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ÁVILADIGITAL* : Fueron, finalmente, unas 2.000 las personas que, según la organización, se manifestaron este viernes en Candeleda para protestar contra el proyecto que la empresa Dávila Monteblanco está llevando a cabo en el paraje de Navalpilón, a los límites del Parque Regional de la Sierra de Gredos. Según Fernando Martín, portavoz de la Plataforma contra la Especulación Urbanística y Ambiental de Candeleda, convocante del acto, los manifestantes procedían no sólo de la localidad candeledana, de más de 5.000 habitantes, sino también de localidades vecinas y provincias limítrofes, como Cáceres, Toledo o Madrid.
Con el lema ‘¡Nos roban Gredos!’, la manifestación contó con la adhesión de numerosos colectivos ecologistas; entre ellos, Gredos Verde, Ecologistas en Acción, Plataforma en Defensa de los Ríos Tajo y Alberche, Izquierda Unida de Talavera de la Reina (Toledo), Mujeres Progresistas de Candeleda, Ecologistas en Acción de La Vera (Cáceres), Comisiones Obreras de Ávila, lsociación Agaden de Cádiz, Ecologistas en Acción de Cáceres, Asociación Mountain Wilderness de Ayllón, Guadarrama y Gredos.
La manifestación, que se suma a las que, en anteriores ocasiones, ya ha convocado esta misma plataforma como protesta por el proyecto urbanístico que se desarrolla en el paraje de Navalpilón, dentro de los límites del Parque Regional de la Sierra de Gredos, en una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugar de Interés Comunitario (LIC), partió, con el acompañamiento de cerca de 600 personas y pasadas las 20.30 horas, de la plaza del Ayuntamiento, para finalizar en La Cañada.
En el transcurso del recorrido, se fueron adhiriendo simpatizantes a este acto de protesta que, según la organización, acabó contando con unas 2.000 personas y con el que se quiso transmitir la “alarma” no sólo a las personas del entorno geográfico de Candeleda, sino también a la sociedad en general, como protesta por las “irregularidades” que presentan, según se indicó desde la plataforma, las obras de captación, conducción y construcción de un depósito de 750.000 litros, destinadas al abastecimiento de agua de la urbanización ‘Candelas de Gredos’, que estará integrada por 432 chalés y un hotel.
Manifiesto
Unas obras que, según se recordó desde la Plataforma contra la Especulación Urbanística y Ambiental de Candeleda, se están llevando a cabo “sin someterse al tramite de Evaluación Ambiental y vulnerando con descaro hasta las condiciones impuestas por las dos administraciones tolerantes”.
Son, según se indicó en el manifiesto leído, unos trabajos que presentan "claras irregularidades", relacionadas con el plan parcial y con la concesión de agua por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo.
Así mismo, se denunció la "manera" en la que se están llevando a cabo las obras en la actualidad, encaminadas al abastecimiento de agua de la urbanización, ya que "se están realizando dentro del Parque Regional de la Sierra de Gredos, sin Declaración de Impacto Ambiental y contraviniendo la normativa ambiental y la urbanística", además de que los estamentos "competentes" que "deberían controlar" que la legislación "se ejecute escrupulosamente", siguen "sin cumplir" con la labor que deberían realizar, si bien se ha denunciado, "en repetidas ocasiones", la "impunidad" con la que el promotor del proyecto está actuando.
En la manifestación, además, se reclamó un desarrollo urbanístico "armónico" para Candeleda, "conservando y potenciando sectores como la agricultura, la ganadería, la transformación de sus productos o el desarrollo de un turismo racional", y se exigió un "control real y fehaciente" de la "legalidad" del proyecto y de las obras que lo desarrollan, para "que no se siga destruyendo el patrimonio que es de todos".
Antes de finalizar el acto, se leyó una carta dirigida al alcalde de Candeleda, Miguel Hernández, en la que se pidió que la Corporación municipal tome, "de forma decidida", cartas en el asunto, sirviendo como "puente de conexión para que todas estas arbitrariedades sean subsanadas por la Administración y no se lleve a cabo esta aberración contra la naturaleza".
Se le pidió, en este sentido, que controle "decididamente" las obras y anule el Plan Parcial Zona Norte Camino de la Raya junto a las Normas Urbanísticas Municipales que recalificaron estos terrenos como urbanizables, al tiempo que se le retiren las competencias en Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo a la Junta de Castilla y León, ya que consideran que la gestión sobre estos aspectos "está siendo muy perniciosa para los intereses de los ciudadanos".
* Ávila Digital - C.T.I. - 29.08.09
Foto: Asistentes a la manifestación llevada a cabo en Candeleda (Ávila) - aviladigital.com
Bollullos: El ex alcalde admite irregularidades ante el juez por el caso Ramos Mantis
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HUELVAINFORMACIÓN : Sánchez afirma que sabía que el procedimiento seguido en las obras no era el previsto en la ley pero que se trataba de una práctica habitual. El ex alcalde de Bollullos del Condado, el socialista Carlos Sánchez, admitió ayer irregularidades en la tramitación de las obras del parque Ramos Mantis iniciadas bajo su mandato (2007) y sobre las que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de La Palma tiene abiertas diligencias.
Según ha podido confirmar este diario, en su declaración en calidad de imputado por sendos delitos de prevaricación y fraude en la contratación durante la ejecución y pago de las obras, el ex regidor admitió ante la autoridad judicial que conocía que el procedimiento "no era el previsto por la ley", pero que se trataba de una práctica habitual en el Ayuntamiento de Bollullos del Condado.
De hecho, Carlos Sánchez llega a afirmar que la totalidad de las obras que se llevaban a cabo cuando estaba al frente del Gobierno bollullero se realizaban sin consignación presupuestaria alguna y se escuda en el hecho de que su partido no gozaba de mayoría absoluta para gobernar y los presupuestos se prorrogaban año tras año. Las cuentas no estaban regularizadas.
Precisamente por estas circunstancias, según el imputado, los informes negativos del departamento de Intervención solían ser frecuentes, razón a la que no prestó atención -confiesa- en el caso del parque Ramos Mantis.
La denuncia presentada por el nuevo equipo de gobierno (abril de 2009) señala que en la ejecución de las obras del parque no medió "ningún procedimiento de contratación y adjudicación alguno ni proyecto de obra, contrato firmado ni acreditada la solvencia técnica y financiera de la empresa". El coste de estas actuaciones ascendió a 1.200.000 euros, de los que 608.561,21 fueron a parar a la empresa FCL Contafis SL.
Sánchez justifica la ejecución de la actuación en Ramos Mantis argumentando que tenían carácter de urgencia para mejorar la seguridad y evitar el vandalismo en la zona y que, en un principio, estaba proyectada como una obra menor pero que desconoce los motivos por los que el Ayuntamiento acabó pagando más de 600.000 euros.
En cuanto a la subvención de 120.000 euros concedida por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía con la finalidad de financiar obras en el referido espacio con recursos propios y para contratar 15 trabajadores desempleados, el ex regidor muestra lagunas sobre el objeto de la ayuda, lagunas que expresa también a la hora de explicar la justificación que se dio a la Administración andaluza, diciendo desconocer si el departamento correspondiente del Ayuntamiento no la justificó como debía.
Tanto el ex alcalde de Bollullos como la segunda imputada en la causa, la ex concejal de Urbanismo y Hacienda, Rosario Rosado, se eximen de responsabilidad en el control de los trámites del procedimiento y la derivan hacia los técnicos municipales y, especialmente, hacia el arquitecto municipal, Juan Domínguez.
En el ámbito meramente político, Carlos Sánchez atribuye al concejal de Turismo, Antonio José Carrellán Domínguez, el control de los números y de los pagos a la empresa. Tres meses después de que se presentase la denuncia que ha provocado la investigación judicial, el pasado mes de julio, Carrellán renunciaba a su acta de concejal.
El abogado que ejerce la representación legal del Ayuntamiento, José Carlos Hernández, se mostró confiado en que la causa siga su curso procesal, máxime después de que el ex alcalde "no desmintiera los hechos que se le imputan".
La ex concejal de Hacienda y Urbanismo del Ayuntamiento de Bollullos, en la misma línea que Sánchez, apunta a los técnicos municipales como responsables de controlar las cantidades de licitación de las obras y afina para señalar al arquitecto como la persona encargada de comprobar las certificaciones de obras.
Durante las sesiones de las comisiones informativas, los técnicos municipales comparecieron para afirmar que las tres empresas que intervinieron en la construcción del Parque Jardín se adjudicaron las obras sin pasar por la preceptiva licitación pública. Los trabajos realizados por Contafis no fueron supervisados por el técnico de Urbanismo ni el arquitecto municipal, quienes aseguraron no haber certificado ni supervisado el preceptivo proyecto técnico.
* Huelva Información - C. López / M. R. Font - 29.08.09
Foto: Bollullos del Condado (Huelva) - visitingspain.es
La Xunta agota hasta el 2010 las ayudas de rehabilitación de calidad
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LAVOZDEGALICIA/Ferrol* : La Xunta cerrará dentro de dos días, el lunes 31 de agosto, el plazo para solicitar cédulas de rehabilitación de calidad. Se trata de unas ayudas que permiten financiar hasta 30.000 euros o el 50% del coste de una obra de recuperación en edificios de cascos históricos. Las cédulas fueron creadas en el 2006 y desde aquel entonces en Ferrol se han beneficiado de ellas hasta 250 intervenciones en inmuebles.
El cierre del plazo fue anunciado en la edición del pasado jueves del Diario Oficial de Galicia . La decisión ha cogido por sorpresa al gobierno local y a los vecinos de Ferrol Vello, A Magdalena y A Graña, que se oponen por completo a ella.
El motivo de la clausura del plazo, según una orden dictada por el conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, es el «esgotamento da partida orzamentaria» para «subvencións en conxuntos históricos para familias e instituciones sen fin de lucro». La orden también recoge la «inadmisión» de las solicitudes de cédulas presentadas a partir del lunes 31 de agosto.
Fuentes oficiales de la citada consellería culparon de lo ocurrido a la «falta de previsión» del anterior Gobierno gallego (PSOE-BNG), que «no presupuestó fondos suficiente para toda la demanda existente». La decisión de no recoger más solicitudes es «lógica, porque no vas a recoger peticiones solo para acumularlas, sin tener fondos disponibles para atenderlas».
Las mismas fuentes señalaron que el Ejecutivo gallego ya trabaja en el presupuesto del 2010, «que se diseñará para dar salida a toda esa demanda» y, aunque subrayaron que las ayudas a la rehabilitación «se van a mantener», no descartaron cambios en la norma que las regula.
En cuanto a la posibilidad de ampliar el presupuesto para otorgar más cédulas este año, en Territorio se limitaron a insistir en que las cuentas del 2010 cubrirán esas necesidades.
La decisión del Ejecutivo gallego ha «colapsado» el departamento municipal de Urbanismo. El edil delegado de esa área, Ángel Mato, explicó que han recibido «cientos de llamadas y visitas» solicitando información sobre el cierre del plazo. El concejal evitó estimar cuántas solicitudes no podrán presentarse por quedarse fuera de plazo. «Lo sabremos el lunes, ahora lo importante es tramitar todas las que sea posible», afirmó.
Mato recordó que en Ferrol hay «casi 1.600» solicitudes de ayudas a la rehabilitación sin resolver, tanto cédulas de calidad como subvenciones por Área de Rehabilitación Integral.
La ayuda más solicitada
El edil insistió en que las cédulas «son las ayudas más solicitadas en Ferrol», que es la ciudad gallega que ha pedido «más subvenciones» de ese tipo. Por eso lamentó el «repentino» cierre del plazo para pedirlas, y criticó la «total falta de información» por parte de la consellería que dirige Agustín Hernández.
Mato mostró el apoyo del gobierno local a las quejas de los vecinos, afirmó que esas ayudas son «indispensables» para Ferrol y para que el casco histórico «no vuelva a la decadencia», anunció que el gobierno local pedirá una reunión con los responsables de Patrimonio y pidió a Feijoo que «clarifique qué va a hacer con las ayudas a la rehabilitación». Advirtió que el Gobierno gallego «tendrá enfrente» al de Ferrol si intenta reducirlas. «No lo vamos a permitir», concluyó el concejal.
El miércoles, las asociaciones vecinales Pedro Padrón y la de A Graña hicieron público un comunicado en el que denunciaban que la medida de la Xunta supone «a paralización inmediata do proceso de rehabilitación dos cascos históricos de A Graña, A Magdalena y Ferrol Vello». Sus presidentes, Azucena Muiños y César Manso, han pedido una reunión con el gobierno local para analizar la situación.
* La voz de Galicia - Xosé V. Gago - 29.08.09
Foto:
Un edificio rehabilitado y otro en ruinas en las inmediaciones de la plaza Vella del barrio de Ferrol Vello - CÉSAR TOIMIL , lavozdegalicia.es
Orden judicial para derribar cuatro viviendas ilegales en Puerto Real
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DIARIODECÁDIZ* : Dos de las casas afectadas se encuentran en El Marquesado y el resto en otras zonas del término municipal. El Ayuntamiento de Puerto Real tendrá que hacer frente en el plazo de un mes al primer derribo de una vivienda ilegal construida en su término municipal. Este periódico ha podido saber que el Área de Urbanismo ha recibido cuatro órdenes judiciales ordenando el derribo de otras tantas viviendas.
La primera de ellas, una casa ubicada en el núcleo rural de El Marquesado, tendrá que ser demolida antes del próximo día 29 de septiembre, ya que el Juzgado de lo Penal número 3 de Cádiz así lo ha notificado al teniente de alcalde de Urbanismo de Puerto Real, Antonio Noria. Concretamente, éste recibió dicha notificación el pasado 29 de julio y, en la providencia del juez, se especifica que "en el plazo improrrogable de dos meses proceda a la demolición acordada, con apercibimiento de que caso de no verificarlo, incurriría en un delito de desobediencia a la autoridad".
Se trata de la primera vez en la que el Ayuntamiento de Puerto Real se enfrentará a una demolición de una vivienda ilegal en su municipio. Además, como se aclara en el documento judicial, la decisión no admite demora. En este caso, la demolición se produce por un delito contra la ordenación del territorio y data del año 2005 como consecuencia de una denuncia del propio Ayuntamiento. En los otros tres casos, uno de ellos también pertenece a una vivienda ubicada en El Marquesado mientras que los dos restantes se trata de casas afincadas en otras zonas de Puerto Real y que podrían haber sido edificadas en zona de servidumbre de Costas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente.
Este periódico se puso en contacto ayer con el teniente de alcalde delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Puerto Real, Antonio Noria, quien no quiso, por el momento pronunciarse al respecto. Tan sólo aclaró que, en primer lugar, tratará de hablar con las familias afectadas para concer al detalle su situación, si se trata de primera o segunda residencia y, llegado el caso, buscar alguna solución para su realojo.
Lo que sí parece seguro es que estas primeras cuatro viviendas tendrán que ser derribadas y, en breve, podrían sucederse nuevos casos.
El Ayuntamiento de Puerto Real contabilizó, hasta el pasado año 2006, alrededor de 2.000 viviendas ilegales construidas en el término municipal ( en varias zonas). El 90% de estos casos han sido regularizados en el marco del nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Sin embargo, ese 10% restantes más todos los casos nuevos de edificación registrados en los últimos tres años tendrán que hacer frente a lo que dicta la Ley.
* Diario de Cádiz - F. Rufo - 28.08.09
Foto: Carretera que atraviesa el núcleo rural de El Marquesado, en Puerto Real, donde se encuentran dos de las viviendas afectadas por órdenes de derribo. - diariodecadiz.es
El Supremo declara ilegal la licencia del edificio Fenosa y ordena su demolición
LAOPINIÓN/A Coruña* : El Tribunal Supremo ha confirmado que el edificio Conde de Fenosa, en la calle Fernando Macías, que cuenta con unas cien viviendas y numerosos locales y despachos, debe ser demolido porque la licencia que otorgó el Ayuntamiento en 1997 es "ilegal". Esta sentencia es la culminación de un proceso iniciado hace doce años tras la denuncia de una vecina de la zona y ya no hay posibilidad de más recursos, la resolución es definitiva.
El Concello de A Coruña realizó en 2007 el último intento para evitar la demolición y solicitó la "inejecución" de la sentencia pues el inmueble está totalmente habitado. Los magistrados acaban de rechazar esta petición.
Durante treinta años se ubicó en este lugar la sede central de Unión Fenosa, muy recordada por los coruñeses. Este edificio que debe ser derribado y que fue rehabilitado de forma integral por Fadesa cuenta con un centenar de pisos y apartamentos distribuidos en tres bloques que tienen cuatro portales. En la planta baja se ubican tres entidades bancarias además de una peluquería, una tienda de mobiliario de diseño, un centro de infertilidad masculina y una oficina de Unión Fenosa. En la primera planta se sitúan varios despachos y consultas de profesionales de reconocido prestigio: varios abogados, fisioterapeutas, dentistas y oftalmólogos, así como un grupo de empresas y las consultas de un cirujano plástico y de otro vascular.
El fallo del Supremo confirma la sentencia que emitió el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en diciembre de 2001 y que anuló la licencia que otorgó el Ayuntamiento de A Coruña a Fadesa Inmobiliaria en noviembre de 1997. Cuando se otorgó dicha licencia estaba vigente el plan general urbano de 1985 que dejó el inmueble fuera de ordenación.
El planeamiento de 1985 prohibía otorgar licencias en los edificios fuera de ordenación que supusiesen agravar dicha situación urbanística, por lo que sólo se admitían obras mínimas, de conservación y mantenimiento. Pero el Concello otorgó licencia para obras de reforma integral y con cambio de uso de oficinas a viviendas, lo que claramente excedía el simple mantenimiento.
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia también expuso otras razones para anular la licencia que concedió el Ayuntamiento coruñés. En primer lugar las dimensiones del patio posterior del cuerpo central del edificio, el bloque B, no cumplen el mínimo establecido por las normas de habitabilidad para el uso residencial.
Otra razón expuesta por el TSXG es que se incumplió el mínimo fijado para plazas de aparcamiento: se habilitaron 72, frente al centenar de viviendas construidas.
La última razón que estimaron los magistrados es que el promotor de las obras, Fadesa, incumplió la obligación de presentar, mediante "fotomontaje o alzados", una imagen de cómo quedaría integrado el inmueble en el entorno, con el fin de comprobar su impacto visual y si afectaba a la "estética" de la zona. Es más, en este último caso los magistrados explicaron que la empresa adjuntó fotografías de edificios que no estaban cerca del que se iba a rehabilitar.
Tras la sentencia de 2001 el Concello y Fadesa interpusieron diferentes recursos y los perdieron todos. En marzo de 2006 el Tribunal Supremo confirmó expresamente que había que demoler el edificio y desestimó el recurso presentado por Fadesa.
En esta resolución de 2006 del tribunal resaltaba que "toda anulación de licencia comporta el derribo de la edificación" y no se puede invocar la excepcionalidad porque en este caso no hay posibilidad de legalización.
No había posibilidad de legalización pero el Ayuntamiento lo intentó al aprobar el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de 1998. En este nuevo plan el Concello modificó las condiciones de ordenación del inmueble respecto a las que tenía en 1985.
El Tribunal Superior había anulado la licencia que dio a Fadesa en 1997 por lo que tras aprobar el nuevo plan de 1998 otorgó dos nuevas licencias, en abril y noviembre de 1999, que sustituyeron y dejaron sin efecto la primera.
Al otorgar nuevas licencias el Ayuntamiento también solicitó al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia la "inejecución" de la sentencia de derribo. Explicó que el edificio Conde de Fenosa ya tenía licencia adaptada al planeamiento, así que no tenía que ser demolido. Pero los magistrados del TSXG emitieron un auto en junio de 2007 en el que desestimaron la demanda del Concello para no ejecutar la demolición.
La última resolución judicial, la del Supremo que acaba de conocerse ahora, no sólo confirma que no hay más posibilidad que la de demoler el inmueble, sino que además critica tanto la forma en la que el Ayuntamiento planteó el recurso como la manera en que intentó legalizar la situación del edificio Conde de Fenosa mediante el plan general de 1998.
El Ejecutivo municipal otorgó dos licencias para legalizar parcialmente el edificio en lugar de una única licencia para legalizarlo todo, lo que los magistrados consideran improcedente.
En su sentencia, los jueces son rotundos al criticar la maniobra del Concello, ya que el Supremo precisa que dichas licencias otorgadas después al amparo del plan urbano de 1998 "tienen un carácter fragmentario respecto a la inicialmente otorgada que pretenden sustituir y que fue anulada judicialmente por lo que no puede entenderse como legalizadas dichas obras generales e integrales de la rehabilitación de un edificio de las características del proyecto de una manera fraccionada o dividida".
El alto tribunal también hace referencia a cómo planteó el Concello de A Coruña este recurso de casación, pues contenía varios "defectos procesales".
Los magistrados señalan que los abogados del Ayuntamiento siguieron "una peculiar técnica" en su recurso al invocar diversos motivos no contra los autos recurridos, "sino a cada uno de sus razonamientos jurídicos".
* La Opinión Coruña - MARTA VILLAR - 28.08.09
Foto: Imagen del edificio Conde de Fenosa, en la esquina de la calle Fernando Macías y la avenida de Finisterre. / víctor echave , laopinioncoruna.es
Colectivos extremeños se suman a la convocatoria de una manifestación hoy en Candeleda contra una urbanización
EUROPAPRESS/Ávila* : Diferentes organizaciones y colectivos ecologistas, algunos de Extremadura, se adhirieron a la convocatoria de una manifestación en Candeleda (Ávila) contra la macrourbanización Candelas de Gredos, que tendrá lugar hoy a las 20,30 horas. La movilización ha sido convocada por la Plataforma contra la Especulación Urbanística y Ambiental de Candeleda y cuenta con el apoyo de Gredos Verde, Ecologistas en Acción, la Plataforma en Defensa de los Ríos Tajo y Alberche, Izquierda Unida de Talavera de la Reina (Toledo), Mujeres Progresistas de Candeleda, Ecologistas en Acción de La Vera, Comisiones Obreras de Ávila, la Asociación Agaden de Cádiz, Ecologistas en Acción de Cáceres y la Asociación Mountain Wilderness, entre otras.
Bajo el lema 'Nos roban Gredos', pretenden mostrar su "absoluto rechazo" a que se construya dentro de los límites del Parque Regional de la Sierra de Gredos y evitar que "caiga bajo las garras de la especulación urbanística", poniendo "en serio peligro" el abastecimiento de agua para todo el pueblo.
El proyecto urbanístico de Dávila Monteblanco, la empresa promotora, incluye 400 chalés y un hotel en el paraje de Navalpilón, dentro de los límites del Parque Regional de la Sierra de Gredos, en una Zona de Especial Protección para las Aves y Lugar de Interés Comunitario.
La manifestación se iniciará a las 20,30 horas frente al ayuntamiento y finalizará en la cañada, donde se dará lectura a un manifiesto.
* Europa Press - 28.08.09
Ben Magec insiste en rechazar el actual proyecto de tren para Gran Canaria
CANARIAS7* : Ben Magec-Ecologistas en Acción insiste en rechazar el actual proyecto de tran para Gran Canaria diseñado por el Cabildo. Los ecologistas consideran que "las verdaderas razones de esta infraestructura no se encuentran en un análisis de la realidad de la movilidad de esta Isla y sus necesidades, sino más bien en el impulso que el Cabildo quiere dar al sector de la Obra Publica".
Desde Ben Magec consideran que el fin es intentar "paliar los graves efectos de la crisis sobre el sector". Las declaraciones del sector empresarial de la construcción, exigiendo el desarrollo de obra publica y las propias declaraciones desde el Cabildo que también han dado esta razón "nos preocupan profundamente, al entender que se está realizando una obra faraónica y costosísima sin un estudio real y serio sobre los impactos del Tren y sus verdaderas consecuencias sobre la movilidad".
Los ecologistas explican en un comunicado que la vinculación de la construcción del tren a la mejora de la movilidad en el corredor Las Palmas de G.C.-Maspalomas), se hace "sin contar con un estudio previo que nos describa la actual situación y cuál sería el mejor medio de transporte para dar solución a las necesidades de accesibilidad de los grancanarios".
Por todo ello entienden "que la elección del tren como medio de transporte, es simplemente un capricho del Cabildo que responde más a la posibilidad de encontrar financiación que a que sea el medio de transporte más conveniente".
Uno de los "principales defectos de este proyecto", según Ben Magec, "es su incapacidad de intervenir sobre la GC-1", ya que "cree el Cabildo que por la sola instalación del tren, los ciudadanos van a abandonar el coche". Insisten en que está "más que demostrado que si no existen medidas coercitivas al uso del transporte privado, los medios públicos por sí solos no atraen al ciudadano".
Por ello consideran que el Cabildo "debería empezar a desarrollar medidas efectivas con el actual sistema de transporte público, por una cuestión de eficiencia presupuestaria". Con una inversión "infinitamente inferior" a la que se plantea para el tren, aseguran que "podríamos obtener mejores resultados con una estrategia de plataforma reservada para guaguas".
* Canarias 7 - ACN Press . 27.08.09
Foto: Las Palmas, sede gobierno Canarias - wikipedia.org
Piélagos: «El Cuco es un chiste al lado de esto»
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DIARIOMONTAÑÉS/Cantabria* : Todavía sobre los rescoldos del 'incendio' urbanístico que en su momento supuso el caso de 'El Cuco', el Ayuntamiento de Piélagos enfrenta ahora un nuevo conflicto surgido justo en el mismo monte -La Picota- pero al otro lado de las urbanizaciones ya paralizadas, donde se levantan los terrenos conocidos urbanísticamente como sector 2, frente al acceso a la playa de Valdearenas. Un lugar privilegiado.
La demanda que Gregorio César Zazo Vázquez ha presentado en nombre de la Junta de Compensación contra el Ayuntamiento por haber denegado éste sendos proyectos de compensación y urbanización, ha obtenido una respuesta del juzgado, que ahora obliga al Consistorio a aceptar el primero con el fin de urbanizar, en un futuro, la otra falda del monte.
Para el alcalde, Jesús Ángel Pacheco, «El Cuco, es un chiste al lado de esto».
El regidor municipal indicó ayer que hace aproximadamente un año el Consistorio denegó los dos proyectos previos a la urbanización de los terrenos amparándose en los «informes negativos» que emitió el Gobierno de Cantabria a través de las consejerías de Ganadería y Carreteras siguiendo las directrices que marca la ley en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN).
Aquella negativa dio lugar a que la Junta de Compensación, formada por los propietarios de los terrenos que integran La Picota, acudiera a los tribunales acompañándose del Plan General de Ordenación Urbana del año 1986, en el que el suelo se registra como urbanizable.
El 'muerto'
Para el alcalde, «el 'muerto' se lo quieren pasar a Pacheco de nuevo» porque «desde la corporación compartimos la idea de que no se puede construir y, además, denegamos los proyectos en base a una orden» que ahora el Juzgado neutraliza basándose precisamente en la condición de urbanizable de ese suelo para obligar al Ayuntamiento a permitir tramitar el primero de los proyectos.
Así las cosas, por el Monte Picota asoma, además de un nuevo conflicto de índole urbanística, una paradoja, cual es que mientras en una ladera existe un mandato que fuerza la paralización de las obras de construcción de viviendas, en la otra existe otro que obliga a aceptar un proyecto de compensación que, de momento, se esboza como el primer paso a la futura edificación de un total de 196 viviendas.
* El Diario Montañés - SHEILA IZQUIERDO - 27.08.09
Foto: Los terrenos, conocidos urbanísticamente como 'sector 2', se levantan frente al acceso a la playa de Valdearenas. / S. IZQUIERDO, eldiariomontanes.es
El Consell ha autorizado 107 planes urbanísticos en zonas inundables
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LEVANTE/C.Valenciana* : El Consell ha autorizado desde 2003 hasta el 31 de diciembre de 2008 un total de 107 planes urbanísticos en zonas inundables, según una respuesta parlamentaria de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda al diputado socialista Francesc Signes. Del total de estas actuaciones urbanísticas, en sólo 33 se ha impuesto algún condicionante para mitigar o reducir el riesgo de inundación desde el Consell. En el resto, se ha dado vía libre al plan tal como se presentó por el ayuntamiento que lo impulsaba.
Urbanismo no informa en la respuesta parlamentaria cuántas viviendas se han autorizado mediante estos 107 planes urbanísticos ni en qué municipios. Desde la conselleria aseguran que en las zonas inundables existen "varios grados" y que a las actuaciones autorizadas se les ha dado vía libre porque existía un riesgo menor y contaban además con el informe de inundabilidad favorable (en el que también interviene la Confederación Hidrográfica del Júcar) en el que se garantiza que se minimizan los riesgos y se toman medidas correctoras. No opina lo mismo el diputado socialista, Francesc Signes, quien considera que los 107 planes urbanísticos en zonas inundables es un motivo para "aprobar un nuevo" Patricova (Plan Territorial de Riesgo de Inundación de la Comunitat Valenciana), aprobado precisamente en 2003. Signes defiende una actualización urgente de este documento ya que "no incluye ni los retranqueos de la línea de costa que ha provocado inundaciones, la proliferación de barrancos urbanos o los efectos del cambio climático en las inundaciones".
Precisamente ayer, la Conselleria de Gobernación informó sobre la revisión del Plan Especial de Inundaciones de la Generalitat, que actualizará la población afectada, ya que el documento actual data de 1999 cuando el censo de la Comunitat era de 3,9 millones de personas, frente a los cinco millones actuales. El nuevo plan incluirá también la puesta al día de la descripción de cuencas.
El conseller de Gobernación, Serafín Castellano, explicó que su departamento lleva "más de un año trabajando" en este nuevo plan, que, en estos momentos, tiene que ser supervisado por la Comisión técnica, para después pasar por la Comisión de Protección Civil de la Comunitat valenciana. Posteriormente, el texto será remitido al Gobierno valenciano para poder aprobar el nuevo decreto a partir de octubre o noviembre. Uno de los puntos "fundamentales" que se va a revisar es el de la población afectada, que incluirá gráficos descriptivos y que analizará "municipio por municipio todas las zonas de riesgo contrastándolas con los censos de población".
En la descripción de las cuencas se incluye una cartografía temática actualizada con tres mapas por cada una, así como ortofotos de todos los municipios. También se incorporarán los riesgos derivados de la rotura de presas de la Comunitat, y se adapta la estructura de organización del plan a la actual distribución de recursos y servicios operativos.
En la campaña de prevención de inundaciones de 2009 la conselleria ha remitido, como todos los años, a todos los ayuntamientos un CD con la información sobre procedimientos y actuaciones ante situaciones de lluvia intensa o crecidas de caudales de ríos y barrancos. En la Comunitat Valenciana existen 136 municipios con riesgo "alto o medio" y cuyos ayuntamientos están obligados a elaborar un plan especial de inundaciones. Gobernación desconocía ayer cuántos lo tienen.
Aviso a practicantes de deporte de riesgo
Una de las novedades de la campaña de prevención de inundaciones para 2009 de la Generalitat Serafín Castellano, es el convenio de colaboración con más de una treintena de federaciones deportivas de la Comunitat Valenciana con el fin de minimizar el riesgo en la práctica de deportes al aire libre en caso de temporal de lluvias e inundaciones. La administración autonómica ha mantenido reuniones con las federaciones deportivas en las que han acordado la difusión inmediata y efectiva de las diferentes alertas meteorológicas de la Generalitat, que las asociaciones remitirán a su vez a los federados. "Así, cuando haya alguna alerta por temporal de lluvia o viento, determinados tipos de deportes al aire libre no se podrán realizar", ha concretado, y ha justificado la medida en "prevenir daños mayores". En ese sentido, ha recordado el derrumbe el pasado 24 de enero de un pabellón deportivo en Sant Boi de Llobregat (Barcelona) debido a un fuerte temporal de viento y que costó la vida a 4 niños.
* Levante-EMV - L. B. B./EFE/E.P. - 27-08.09
Foto: El río Girona se desbordó en octubre de 2007 a su paso por el Verger (la Marina Alta). Una casa junto al cauce se derrumbó. efe/manuel lorenzo
Cuenta atrás para el derribo de tres iconos del paisaje urbano de Tarragona
ELMUNDO* : El inicio del derribo del complejo deportivo Sant Jordi, en la Avenida de Andorra, marca el primer paso de una importante transformación del paisaje urbano de Tarragona, que verá en los próximos meses cómo el Hostal del Sol y la actual sede de la Autoritat Portuaria también desaparecen del catálogo de las construcciones emblemáticas de la capital.
Después de un notable retraso, el nuevo equipamiento se adjudicó en septiembre de 2008, lo que ha provocado fuertes polémicas entre el Gobierno municipal y la oposición, las máquinas excavadoras trabajan desde hace una semana en el solar del Sant Jordi, un complejo que lleva cerrado más de cinco años y cuyo nivel de degradación había motivado reiteradas quejas de los vecinos por la presencia de indigentes en el recinto. El derribo durará aproximadamente tres semanas más como preludio de los dos años y medio de obras que se prevén para levantar un nuevo complejo deportivo de 14.000 metros cuadrados útiles en el que se van a invertir más de 20 millones de euros.
La Asociación de Vecinos de la Avenida de Andorra respira más tranquila al comprobar que por fin se han superado los problemas burocráticos y financieros que habían atascado el proyecto, que contempla la construcción de un pabellón exterior, una pista polideportiva y un párking. "Después de cinco años en los que habíamos perdido estas prestaciones, estamos muy contentos de que por fin arranquen las obras y podamos disfrutar de unos servicios tan demandados", afirman.
Los habitantes de la zona, tras presionar durante años con su reivindicación, están encantados con una infraestructura que va a transformar por completo el entorno al crear una gran plaza pública, una zona verde y un edificio con piscina, solárium y spa. El deterioro actual dará paso a uno de los espacios de mayor calidad de toda la ciudad "con un proyecto innovador y dinamizador", ha vaticinado el alcalde de Tarragona, Josep Félix Ballesteros, que también valoró las sinergias positivas para este área del nuevo y cercano El Corte Inglés.
Hostal del Sol
También con muchos años de promesas incumplidas tras de sí, el histórico Hostal del Sol sigue en pie imperturbable a las amenazas de derribo en el Passeig de Sant Antoni. Esta vez parece que su suerte ha cambiado, toda vez que el Ayuntamiento ha firmado un protocolo de intenciones con el propietario del solar para convertirse en titular del inmueble e iniciar los trámites para el derribo.
El alcalde, que ha realizado recientemente una visita de obras al complejo deportivo de Sant Jordi, confía en que la demolición pueda realizarse antes de que finalice 2009, pues los técnicos municipales están ultimando el proyecto para convertirlo en escombros sin dañar la arquitectura modernista de la Casa Ripoll. El espacio, a medio plazo, se convertirá en una zona verde. El Hostal del Sol, en ocasiones también refugio de sin techo -incluso protagonizó un episodio okupa-, es una torre de ocho plantas que condiciona enormemente la armonía de la fisonomía de la parte alta y la vista de las murallas.
De hecho, el inminente derribo significa el cumplimiento de una sentencia de 1998 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que lo ordenaba por obstaculizar la panorámica sobre los vestigios romanos y el baluarte Sant Climent. La operación costará 1,7 millones de euros, si bien el Ayuntamiento obtiene en compensación una parcela de 1.900 metros cuadrados entre el estadio del Nàstic y la Vall de l'Arrabassada.
Sede de la Autoritat Portuària
Otro icono de Tarragona, el singular poliedro acristalado que acoge la sede de la Autoritat Portuària, también tiene las horas contadas. Durante los próximos seis meses lo irán vaciando -ya ha comenzado el traslado a los edificios anexos de nueva construcción-, antes de derribarlo por los graves problemas estructurales que padece.
El Port de Tarragona ya ha encargado el estudio-proyecto del nuevo edificio, que se ubicará en el muelle de Cantabria, en una explanada que se sitúa delante de la zona de atraque de embarcaciones. Será una construcción de seis plantas de estructura sostenible y con las soluciones más avanzadas en materia medioambiental. Todavía no se ha tomado la decisión sobre el uso del solar liberado tras la demolición del antiguo edificio, aunque se ha descartado levantar un hotel de lujo como se había especulado.
* El Mundo - Roberto Villareal - 25.08.09
Foto: Edificio de la Autoritat Portuària. | J. Antonio, elmundo.es
Palma: La constructora facturó trabajos inexistentes y duplicó los costes
DIARIODEMALLORCA : Una persona enfrascada en la construcción de su vivienda no suele tolerar que el albañil le cobre dos veces por unos ladrillos, le cargue el precio de la hormigonera nueva o le cuele una chapuza jamás ejecutada. Pero en el velódromo todo era posible. La Policía ha hallado en la sede de la Unión Temporal de Empresas constructoras (UTE), integrada por FCC y Melchor Mascaró, facturas que jamás deberían haberse librado al erario público.
Al menos, eso es lo que sostienen los agentes y el informe pericial de un arquitecto, incorporado al sumario del Palma Arena. Estas aparentes irregularidades ascienden a 13,5 millones de euros, más de 12.000 millones de pesetas. El caso Túnel de Sóller precipitó la caída del ex president Gabriel Cañellas por un cohecho de 50 millones de pesetas.
En el velódromo donde los responsables políticos no leían papeles se consintió a la constructora cobrar por la demolición de un pilar que ni constaba en el proyecto ni, al parecer, existía en el solar. Así lo indica el informe pericial. La ´dolorosa´ que se pasó al consorcio público: 22.612 euros.
Las empresas necesitaron un grupo electrógeno de hasta 100 kilovoltios, posiblemente para ejecutar las obras durante la noche. También consumieron agua durante el transcurso de la edificación. El arquitecto encargado de analizar las cuentas del velódromo entiende que se trata de gastos generales a cuenta de los constructores, que ya han computado cuando presentan el presupuesto. Sin embargo, los cargaron a la Administración. Agua y grupos electrógenos: 62.160 euros. A esta cantidad cabe añadir maquinaria diversa, como dos plataformas elevadoras eléctricas, por 42.000 euros.
Los ejemplos de gastos que deberían haber asumido las compañías y se achacaron a la Administración son abundantes. Por ejemplo, el coste de los guardias de seguridad encargados de velar por el material de la obra. La hora de este personal costó 45,77 euros, cuatro veces más del precio que suelen ingresar estos trabajadores.
Puntales a precios de oro
En cuanto a partidas ya incluidas en otros apartados, y por tanto, cobradas dos veces, destacan los 218.000 euros de unos puntales de gran sección de acero inoxidable. Su misión, sujetar la cubierta del velódromo. Los investigadores no los han encontrado. También se facturaron por dos vías distintas el transporte de unos asientos abatibles y su montaje.
También solía ocurrir que los costes se dispararan el doble de lo previsto sin razón. Dos paradigmas reveladores. El primero, de escasa cuantía, hace referencia al hierro empleado en la estructura de los ascensores. El metal se licita a 1,70 euros el kilo y luego se pasa un recibo a 3,80 euros, lo que implica una subida de casi del 125% sin justificación alguna, al menos eso es lo que dice uno de los peritos.
El segundo paradigma, esta vez mucho más caro, se refiere a la construcción de la cubierta del óvalo de la pista. Se licita de madera y Melchor Mascaró, única empresa que se presenta, se ofrece a elaborarla de hierro porque resultaba más barato y rápido. Al final, sucede al revés. Se adjudica por 2,3 millones de euros y se importa por 4,4.
Algo muy parecido a lo relatado con el hierro y la cubierta acontece con el pavimento flotante de las terrazas exteriores del edificio, cuya desviación del presupuesto inicial alcanzó los 40.000 euros, y también se repitió la operación con un muro de cortina de silicona, cuyo desfase roza los 332.000 euros.
La traca final de los desbarajustes descubiertos por los policías y el arquitecto encargado de la prueba pericial se refiere a la preparación de la parcela Can Domenge para su uso como aparcamiento para el personal autorizado del Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista, celebrado en 2007. Los constructores debían limpiar el solar, retirar la capa vegetal y nivelar el terreno, pero al perito no le constan estos trabajos. Algo similar sucede con otro aparcamiento situado al otro lado de la calle Uruguay para su uso como ´parking´ público. En total, los no aparcamientos costaron unos 160.000 euros.
La documentación incautada en la sede de la UTE también apunta a duplicaciones del IVAN o la no aplicación de la rebaja prevista en el concurso por un importe cercano a los 735.000 euros. Estas y otras supuestas irregularidades rondan los 13,5 millones de euros.
* Diario de Mallorca - MANSO/MESTRE/FERRER - 26.08.09
Foto: Imagen del montaje de la cúpula cuyo importe se duplicó, pese a ser de metal. - Sebastián Llompart, diariodemallorca.es
Calp: El nuevo deslinde afecta a mil propietarios y amplía la zona de protección de les Salines
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INFORMACIÓN/Alicante* : La dirección de Costas de Alacant ha publicado el proyecto provisional del deslinde de la franja costera de Calp. La nueva delimitación del dominio público marítimo-terrestre y la zona de servidumbre de tránsito y protección abarcará los 15,800 metros lineales de la franja litoral calpina y afecta, según las primeras estimaciones, a más de un millar de propietarios.
La aplicación de la Ley de Costas en el municipio del Penyal tendrá consecuencias importantes y es previsible que en los nuevos lindes de protección queden numerosos chalés e incluso edificios de apartamentos, ya que el litoral de Calp ha soportado una fuerte presión urbanística en las últimas décadas.
Además, la nueva delimitación no sólo acarrea restricciones sobre las propiedades privadas, sino que también introducirá afecciones sobre bienes de titularidad pública y sobre el humedal de les Salines. Desde el Consistorio ya se advirtió ayer de que un solar municipal de la calle Alemania y una parcela dotacional escolar del Plan Parcial 4 o del Saladar (perímetro de les Salines) forman parte del expediente iniciado por Costas. También el paseo marítimo, que fue cedido al municipio en 1972 a través de un acuerdo del consejo de Ministros, ahora podría volver a ser titularidad del Estado.
No obstante, el alcalde de Calp, Ximo Tur, del Bloc, explicó ayer que el Ayuntamiento alegará en contra del proyecto de deslinde al entender que no existen argumentos sólidos para la fijación de los hitos del dominio público. El fundamento del alegato municipal apuntará al uso de material cartográfico de 1992 y, por tanto, ya desfasado, y a la falta de un criterio homogéneo al fijar la Administración estatal la delimitación del dominio público.
Otro de los puntos polémicos del documento es la protección de les Salines hasta un perímetro de 100 metros. Esta decisión, como ya se advirtió ayer desde el Ayuntamiento, contravendría la sentencia dictada en 2003 por el Tribunal Supremo, que falló que los lindes del paraje "son de propiedad privada, anulando su deslinde", ya que "no hay prueba de que los terrenos ocupados por les Salines fueran un día una marisma". Esa misma sentencia dio vía libre al PAI de 2.200 casas en la zona, actualmente paralizado. Con todo, les Salines forman parte del catálogo de zonas húmedas de la Conselleria.
Exposición al público
El primer edil calpino anunció que el Consistorio publicará bandos para dar a conocer a los ciudadanos el procedimiento abierto por el departamento dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino. En estos momentos, el servicio provincial de Costas ha expuesto al público el deslinde calpino con tal de facilitar a los afectados la información relativa y dar la posibilidad de presentar alegaciones en el plazo de un mes.
Asimismo, el Consistorio deberá emitir un informe sobre la aplicación del Real Decreto 1.112/1992 y asignar sobre el litoral del término municipal la suspensión de licencias de forma cautelar.
Finalmente, y para proseguir con el expediente,realizará un apeo sobre el terreno para mostrar la delimitación provisional. Esta actuación tendrá lugar los días 22, 23 y 24 de septiembre, a partir de las 10 horas.
* Información - E. VIDAL - 26.08.09
Foto: El litoral de Calp ha soportado una fuerte presión urbanística - ERNEST WEBER,diarioinformacion.com
Defensa cerca una playa en Rota para uso y disfrute de los soldados estadounidenses
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LAREPÚBLICA/Cádiz* : El Ayuntamiento del municipio gaditano de Rota ha abierto un expediente de infracción urbanística contra el Ministerio de Defensa por las obras que ha realizado la base naval en plena playa de la localidad. Los trabajos comenzaron sobre el 25 de julio y consistían en la instalación de una valla que separara la playa del Chorillo, muy frecuentada por los veraneantes, con la del Almirante, situada en terrenos de la base militar.
El Ayuntamiento reaccionó con una orden de paralización, ya que las obras carecían de licencia y la base no había realizado ninguna comunicación de las mismas. No obstante, el Ministerio de Defensa ha seguido adelante y ha concluido el vallado.
Un portavoz de la base aseguró que se trata de una zona de «seguridad nacional», por lo que no necesita pedir autorización al municipio. «El protocolo de Defensa es diferente. No está sujeto al Ayuntamiento. Además, no se ha levantado una valla, sino que se ha sustituido la que estaba por otra en mejores condiciones. Es una continuación de la delimitación de la base por el mar. Cerca de esa zona está el muelle, donde están atracados los barcos, así que es un asunto de seguridad», explicó.
Esta visión no convence al Ayuntamiento ni a gran parte de los roteños, que observan con indignación cómo un número privilegiado de bañistas accede cómodamente a la playa de El Almirante, mientras miles de personas se hacinan a pocos metros.
De hecho, en el Consistorio, que lleva años reclamando el uso público de esa zona de costa, están convencidos de que la verja se levanta para poder seguir disfrutando de una playa privada.
«Nadie en Rota lo entiende. Si no nos diéramos cuenta, pues ojos que no ven, corazón que no siente. Pero es que están ahí al lado, bañándose tan tranquilos. Esa playa no tiene ningún uso militar. Ahí no se ven maniobras ni nada», protesta el concejal de Urbanismo, Jesús Corrales (Roteños Unidos).
El acceso a la playa de El Almirante está prohibida desde hace 50 años, cuando la base, hoy de uso conjunto con EEUU, se instaló en Rota. En los últimos años, una alambrada y varios carteles advertían a los civiles de que no entraran, mientras el personal de la base y sus familiares frecuentaba cada vez más la playa.
El aumento de los bañistas también levanta la indignación en El Puerto de Santa María, ya que la playa de la base linda con la de Fuentebravía. Al igual que Rota, el Ayuntamiento portuense lleva años reclamando el uso público de la zona.
En la actualidad, el asunto está encallado y pendiente de la resolución municipal, que muy probablemente desemboque en una sanción al Ministerio de Defensa superior a 3.000 euros.
* La República - 24.08.09
Foto: Operarios colocando las vallas de separación en plena playa. | J. F. Ferrer, elmundo.es
