SUR* : La sentencia por el juicio más importante contra la corrupción municipal de las últimas décadas ya es pública. La Audiencia Nacional ha condenado por el 'caso Saqueo' a seis años y 10 meses de prisión al ex asesor urbanístico y presunto cerebro de 'Malaya', Juan Antonio Roca; nueve años a José Luis Sierra, ex abogado de Gil; y ocho al contable de la trama por la que se desviaron 25,51 millones de euros del Ayuntamiento de Marbella, Jorge Castel.
Los tres fueron sentenciados por los delitos continuados de falsedad en documento mercantil y malversación de caudales públicos, Sierra como autor y los otros dos como cooperadores necesarios. La petición de la Fiscalía era de diez años de prisión para cada uno.
Se trata de una de las sentencias más esperadas en Marbella que, por primera vez, recoge la devolución de parte del dinero esquilmado de las arcas municipales durante la época gilista. Los tres condenados deberán devolver en concepto de indemnización los 23 millones que, según el fallo judicial, robaron al Consistorio entre 1991 y 1995. El resto deberán pagarlo dos empresas del fallecido Jesús Gil.
Quince años ha esperado la ciudad para que un tribunal reconociera oficialmente lo que era un secreto a voces: las arcas de Marbella sufrieron un saqueo continuado y sistemático durante años. El fallo judicial sentencia que los tres acusados desviaron el dinero público que llegaba al Ayuntamiento a través de un complejo entramado que llegó a contar con 31 sociedades municipales. Jesús Gil fue el ideólogo; Sierra, el que diseñó la organización; Castel era el contable que maquillaba la emisión de facturas falsas y Roca, el que puso a disposición cuatro empresas 'pantalla' para dar cobertura legal al desvío de fondos además de derivar parte del dinero como gerente de Planeamiento 2000. La sentencia, a la que ha tenido acceso SUR, establece que Roca tuvo una «importante participación» en el entramado, pero la participación de Sierra estuvo «en un plano superior».
Absueltos
La Audiencia ha absuelto a dos empleados de dichas sociedades, Eduardo Gonzálvez y Francisco Javier Herrera. También a Purificación Notario, la viuda del que fue mano derecha de Gil, José Luis Jiménez. Después de 15 años de pleitos y acusaciones, la Audiencia dice que no hay pruebas.
La condena por 'Saqueo' es la de mayor cuantía de Roca aunque no la única. El ex asesor urbanístico fue sentenciado en agosto del año pasado a un año de prisión por cohecho tras reconocer en el Tribunal Superior de Andalucía que sobornó al magistrado Francisco Javier de Urquía. Sí es la única pena de cárcel, hasta el momento, de los otros dos acusados, Castel y Sierra, éste último abogado de Gil antes incluso de que accediera a la alcaldía de Marbella en 1991.
Ahora se inicia un periodo de recursos que retrasará el pago de la indemnización, siempre que la Justicia localice el dinero entre los bienes embargados de los acusados. La sentencia no es firme y las defensas de los condenados ya anunciaron su intención de recurrirla durante la vistilla que se celebró ayer tras comunicarles el fallo judicial. Acudirán al Tribunal Supremo, la última instancia.
Durante ese breve encuentro, la Fiscalía pidió ayer que tanto Sierra como Castel, de 63 y 62 años respectivamente, ingresen en prisión para empezar a cumplir la pena impuesta por la gravedad de los delitos y el posible riesgo de fuga, a lo que ambos se opusieron. Ahora será el tribunal el que decida si espera a que la sentencia sea firme o se arriesga a dejarlos en libertad mientras tanto.
En el caso de Roca no hubo discusión. El que fuera asesor de Urbanismo y gerente de la sociedad municipal Planeamiento 2000 ya se encuentra en la cárcel, aunque de forma provisional, por la 'operación Malaya' después de que el juez revocara la fianza de un millón de euros.
* SUR - 24.01.09 -M. J. CRUZADO
Foto: Marbella, gerencia urbanismo - elmundo.es
Roca, condenado por primera vez a devolver dinero a Marbella
Piden la paralización de los Sectores propuestos de Suelo Urbanizable en Logroño
Ecologistas en Acción* ante el Documento sobre Delimitación de Diversos Sectores de Suelo Urbanizable No Delimitado en el municipio de Logroño sometido a exposición pública plantea la paralización de estos nuevos sectores propuestos de Suelo Urbanizable No Delimitado en tanto en cuanto no se apruebe el nuevo Plan General Municipal.
Las razones expuestas por este grupo ecologista son las siguientes:
El Ayuntamiento de Logroño propone la delimitación de diversos sectores de Suelo Urbanizable No Delimitado (Río Batán, Pedregales, Valdegastea, Zaballos) con el fin de poder construir más viviendas en la ciudad de Logroño.
Actualmente en la ciudad, y como consecuencia de la fiebre constructora de los últimos años, existe una gran cantidad de viviendas vacías, edificios a medio construir y solares urbanos vacíos que podrían satisfacer el crecimiento urbano de Logroño durante varios años.
Al mismo tiempo, el Ayuntamiento se encuentra redactando el nuevo Plan General de Ordenación Urbana en donde se deberán estudiar las necesidades reales de la ciudad en materia de vivienda y planificar las zonas de crecimiento necesarias, y al margen de los procesos especulativos de los últimos años que han dado lugar a la situación actual.
Por este motivo este grupo ecologista considera que no tiene sentido del delimitar nuevos sectores mientras se esta realizando la revisión del planeamiento urbanístico de Logroño, lo que impediría un verdadero debate sobre que modelo de ciudad queremos y lo vaciaría además de una parte importante de su contenido, al encontrarse con hechos consumados.
Por todo lo cual sé ha solicitado en las alegaciones presentadas:
La paralización de la Delimitación de los Sectores propuestos de Suelo Urbanizable No Delimitado en el municipio de Logroño en tanto en cuanto no se apruebe el nuevo Plan General Municipal, documento en el que deben debatirse y resolverse las necesidades reales de vivienda de la ciudad y las zonas por donde debe extenderse su desarrollo urbanístico.
* Ecologistas en Acción de La Rioja - 23.01.2009
Foto: Logroño, ayuntamiento - 20minutos.es
Interior destapa 164 'ladrillazos' en un solo año
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PÚBLICO* : El ladrillazo ya tiene un hueco en las estadísticas policiales y, además, relevante. Policía y Guardia Civil investigaron durante el recién acabado 2008 un total de 164 casos de corrupción urbanística, según los datos del Ministerio del Interior a los que ha tenido acceso Público. Casi un caso cada dos días.
Una elevada cifra que supone, además, un aumento del 40% respecto a las pesquisas realizadas durante 2007, cuando se registraron 117.
No es el único dato de esta tipo de delincuencia que asciende en las estadísticas del departamento que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba. De los 134 arrestados por su implicación en corrupción urbanística en 2007, se pasó al año siguiente a 207. Un 54,4% más.
El espectacular auge en el número de tramas destapadas ha coincidido con la creación por parte de Policía y Guardia Civil de grupos específicos de agentes especializados en la lucha contra la delincuencia urbanística. La Guardia Civil puso en marcha en marzo de 2007 grupos de tres agentes en cada una de las 54 comandancias para combatir los delitos urbanísticos, a los que se sumaban 25 más de la Unidad Central Operativa (UCO), con sede en Madrid. En total, 187 agentes.
La Policía había empezado antes, al transformar la Brigada de Blanqueo de Capitales, que conserva el nombre, en el núcleo de las investigaciones contra este tipo de delincuencia. Fueron ellos, de hecho, los que dieron el pistoletazo de salida en la lucha contra la corrupción urbanística con la célebre operación Malaya, iniciada en 2005 y que produjo las primeras detenciones en marzo de 2006.
Desde entonces, como asegura uno de los inspectores que dirige uno de los grupos, "ni hemos parado ni damos abasto ante el número de denuncias que nos llegan".
Kilos de documentación
Lo cuenta en su despacho de la Brigada, situada en el Complejo Policial de Canillas, en Madrid. Las paredes que le rodean están cubiertas casi hasta el techo de decenas de cajas a rebosar de documentos. Los pasillos que llevan hasta él, también. Sobre cada una de ellas, un folio indica a qué caso corresponde los kilos de documentación que contiene. Ganan por goleada las operaciones Ninette y Astapa, los dos últimos grandes golpes realizados por la Brigada contra este tipo de delincuencia. La primera tenía su epicentro en la localidad de los Alcázares de San Juan (Murcia). La segunda, en Estepona (Málaga). A ellas se han sumado a lo largo del año otras en Alicante, Valencia, Madrid, Canarias...
"Estas operaciones no acaban con las detenciones. Casi al contrario, es cuando comienzan de verdad porque tenemos acceso a la documentación cuyo estudio nos permitirá acusar a los implicados o no", recalca este veterano policía que señala como ejemplo que, "aún tenemos algún fleco de la Malaya pendiente de investigar". De idéntica opinión son sus compañeros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil .
El capitán que dirige el grupo principal en Madrid pone como ejemplo la operación Biblioteca, que destapó una trama en la localidad murciana de Librilla "Empezamos a investigar el caso un año y medio antes de que detuviéramos al alcalde y a los otros presuntos implicados en el pasado mes de noviembre. Todavía nos queda muchísima documentación que mirar de la que incautamos para saber en qué medida se beneficiaron los detenidos".
También coinciden policías y guardias civiles al describir el perfil de los corruptos y la "sensación de impunidad" en la que viven muchos de ellos. "Llega un momento en el que pierden la noción de que lo están haciendo es ilegal y se sorprenden cuando los detienes", apunta el inspector de Policía.
"Te dicen que lo hacían los que estaban antes que ellos y que pensaban que era bueno para su pueblo", asegura el capitán de la Guardia civil. ¿Y color político? "Hay más de PP y PSOE porque hay más alcaldes de estos partidos, simplemente", añade este.
Ambos destacan que en numerosas ocasiones el beneficio que obtienen los cargos públicos implicados no es, ni siquiera, económico. "Una noche de juerga con chicas, un puesto de trabajo para un familiar... es suficiente para que algunos se presten al cohecho y la prevaricación", señalan desde el Instituto armado. Sus colegas de la Policía recuerdan incluso un caso en Valencia, bautizado como Sobre, en el que la mordida se reducía a 5.000 euros.
Los conseguidores
"En esos casos, los que se quedan con los millones son las otras piezas de la trama", aclaran en referencia a empresarios y a los que denomina conseguidores; es decir, los encargados de poner en contacto a los políticos con los constructores dispuestos a conseguir recalificaciones y obras a golpe de maletín. "La implicación de éstos es la más difícil de probar", asegura el policía.
* Público - ÓSCAR LÓPEZ-FONSECA - MADRID - 24/01/2009
Foto: Los Alcázares (Murcia), policía Ayuntamiento - laverdad.es
El Ventorrillo gana una batalla
ELPAÍS/Madrid* : Las abuelas del Ventorrillo, un grupo de vecinas que pleitea contra una inmobiliaria para que no las echen de la corrala donde viven, tienen algo que celebrar. Llevan casi dos años entre puntales y escombros, con una malla verde de obra que cubre la fachada y varias casas del edificio clausuradas. Pero un juez acaba de darles un respiro.
El Juzgado de lo Contencioso-administrativo 25 de Madrid, en un auto del 20 de enero, autoriza al Ayuntamiento a inspeccionar las viviendas vacías que la propietaria del edificio, la inmobiliaria Sistemas 23, tiene cerradas a cal y canto. Urbanismo reclamó hace un año que le dejaran pasar a los pisos clausurados para acometer por ejecución sustitutoria las obras que necesita la corrala. Eso significa que el Ayuntamiento arregla y la empresa paga.
Urbanismo tomó la decisión después de reclamar a la propietaria en cuatro ocasiones, según el auto, que solucionara los desperfectos. En 2001, el Ayuntamiento avisó de deficiencias en el saneamiento de la finca por humedades y trozos podridos de muro. Tras varios requerimientos fallidos, volvieron a reclamar medidas de seguridad en 2007 sin éxito. En enero de 2008, el Ayuntamiento aprobó un decreto para que entraran los técnicos municipales a arreglar la corrala, construida en 1900. La empresa, que ayer declinó atender a este periódico, no les dejó pasar. Ahora el Ayuntamiento dispone de un mes y medio para entrar en la corrala, que de momento no amenaza ruina, según Urbanismo.
El auto "supone un éxito y un precedente por la gran cantidad de viviendas que hay en la misma situación en Madrid", según David Lucas, portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento. Para las abuelas es la primera victoria en una lucha que empezaron hace dos años. En 2007, la inmobiliaria les reclamó por carta que abandonaran la corrala, en la que algunas llevan casi 80 años con contratos de renta antigua. La mayoría se negó y empezó a pleitear. Como Adela Salas, de 83 años, que paga 31 euros por un piso de 20 metros cuadrados en el que su familia vive desde 1930. "Tengo muchas esperanzas de que se acabe este quebradero de cabeza", aseguraba ayer.
Desde que se conoció su caso se han hecho famosas. Tienen su propio blog en Internet, han salido en varias televisiones y han recibido visitas de políticos como la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor. Otra de las abuelas, Luisa Martín (83), espera "que la pesadilla se acabe". Esa pesadilla incluye varias visitas al juzgado. Su abogado ha recurrido a la Audiencia Provincial para evitar que desahucien a la anciana. Aún no sabe si podrá quedarse en la corrala, rehabilitada o no. Pero ya ha decidido que, tras ganar esta batalla, organizará una fiesta con sus vecinas.
* ELPAIS.com - P. ÁLVAREZ / E. G. SEVILLANO - Madrid - 22/01/2009
Foto: Madrid, abuelas Ventorrillo - 20minutos.es
