ELPAÍS/Galicia* : El propietario de una vivienda en un casco antiguo podía recibir una subvención máxima de 24.000 euros para rehabilitarla. Hasta el pasado 20 de julio, cuando entró en vigor la resolución de la Xunta que convoca las ayudas a fondo perdido para recuperar viviendas en conjuntos históricos, que rebaja el límite hasta 6.600 euros. La reducción del máximo en un 72,5% está provocando la alarma en los alrededor de 70 ayuntamientos gallegos con cascos históricos, que ya están experimentando las consecuencias de una medida que rompe con década y media de políticas de decidida apuesta por la rehabilitación en Galicia.
El Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, publicó el pasado 19 de julio en el Diario Oficial de Galicia la resolución. La nota de la Xunta hacía referencia al total de los fondos destinados, 4,98 millones de euros, pero no decía ni una sola palabra de la rebaja de los máximos subvencionables. Fue a partir del día siguiente, cuando la orden entró en vigor y se abrió el plazo de un mes para la presentación de solicitudes, cuando la alarma se comenzó a extender por los ayuntamientos con casco histórico. Ayer, concejales y alcaldes socialistas de varios de ellos expusieron el problema a la dirección del Grupo Parlamentario del PSdeG, que anunció la presentación de iniciativas en la Cámara para forzar una rectificación de la consellería que dirige Agustín Hernández.
"Con una subvención máxima de 6.600 euros, ningún vecino se mete a rehabilitar nada", lamenta el alcalde de Ribadavia, Marcos Blanco, que lidera a los ayuntamientos de la provincia de Ourense afectados por el drástico recorte. A la reunión de ayer con las diputadas Mar Barcón y Carmen Cajide asistieron alcaldes, concejales y portavoces de otros ayuntamientos que están acusando la rebaja de las subvenciones, como Ourense, A Coruña, Ferrol, Castro de Rei, Baiona o Castro Caldelas.
La caída de las ayudas se agrava por su aplicación a obras que están en ejecución o a subvenciones que ya estaban concedidas, cuyos solicitantes han firmado créditos para financiar las rehabilitaciones. Barcón acusó a la Xunta de ir "contra los ciudadanos" y contras las pequeñas y medianas empresas que ejecutan los trabajos, y que estaban encontrando en la rehabilitación una válvula de escape a la crisis en el sector inmobiliario. "También las pequeñas empresas locales de albañilería o fontanería se van a ver afectadas", lamenta Marcos Blanco.
La resolución del IGVS establece ayudas a la rehabilitación y a la renovación de viviendas. En ambos casos distingue entre cascos históricos y en el medio rural, a los que se destinan 2,58 y 2,4 millones de euros, respectivamente. En los primeros, el recorte es tan severo en las ayudas a la rehabilitación como en las concedidas para renovación de viviendas, cuyo límite pasa de 30.000 euros a 8.600. Las subvenciones en el medio rural se establecen por un sistema distinto que considera la renta de los solicitantes, aunque, según los socialistas, supone igualmente un recorte global de las ayudas.
La propia Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras asumió ayer la reducción de las subvenciones, que justificó por los "incrementos irresponsables" que llevó a cabo la antigua Consellería de Vivenda, que dirigía la nacionalista Teresa Táboas. La Xunta argumenta además que "pese al ajuste", las cuantías concedidas son "más elevadas que las del Ministerio de Vivienda". La misma línea sigue para defender al Gobierno gallego el PP, que salió al paso de las acusaciones del PSdeG con una crítica a la "falta de vergüenza política" de este partido por censurar el caso gallego y no "los recortes del ministerio".
La consellería de Hernández justifica no sólo los recortes, sino otras restricciones incluidas en la nueva reglamentación de las ayudas, como que ningún miembro de la unidad familiar que las solicita disponga de otra vivienda. También se prohíbe que las casas rehabilitadas se destinen al mercado del alquiler, para evitar "que se haga negocio con fondos públicos".
* El País - 3.08.10
Foto: Lugo, rehabilitación - coaglugo.es
La Xunta reduce a la cuarta parte las ayudas para rehabilitar viviendas
Chile.- ¿Se debe insistir en un proyecto ya rechazado?
LANACIÓN/Santiago* : Lo que hace falta en la generación de las políticas públicas referidas a las ciudades es planificar, sin miedo al qué dirán, teniendo a la vista todas las variables disponibles. Todos sabemos que el Consejo Regional (CORE) Metropolitano rechazó el pasado 30 de junio el proyecto de expansión urbana denominado PRMS 100, concebido por el gobierno de Michelle Bachelet y reafirmado por el gobierno de Sebastián Piñera, que contemplaba en el lenguaje oficial una actualización de las áreas de extensión urbana y reconversión. El motivo que justificaba esta iniciativa era estar preparados para asumir el crecimiento vegetativo de la población hacia el 2030, que superaría en esta región los 8 millones de habitantes.
En casi 10 mil hectáreas agrícolas se iban a crear las zonas urbanizables condicionadas (ZUC), en terrenos fusionados de 60 hectáreas localizados en siete comunas con la siguiente composición: 6 mil 236 hectáreas para actividades inmobiliarias; 2 mil 731 hectáreas para parques y áreas verdes ligadas a las anteriores; 795 hectáreas que son industriales se reconvertían a habitacionales.
Los proyectos inmobiliarios podían tener densidades brutas máximas de 165 habitantes por hectárea, los que en quebradas adyacentes a los trazados viales y a los canales y en otros elementos naturales (es decir, en sectores no aptos para edificar), tendrían áreas verdes materializadas o garantizadas, incluyendo su mantención por un plazo de cinco años: ergo, los privados que se iban a beneficiar con los cambios de uso de suelo después de ese corto período no tenían ninguna obligación con tales áreas verdes y como los municipios siempre están escasos de dinero, esas tipologías irremediablemente se transformarían en peladeros.
Cada ZUC debía contar con la vialidad necesaria para sus futuros habitantes, la que debía tener una conexión con la vialidad existente y 6% del terreno tenía que ser para equipamiento. Sólo un escaso 8% del terreno destinado a uso residencial era para construir viviendas sociales, lo cual desmiente el discurso oficial de que esta expansión se hacía para beneficiar a los pobres. El PRMS 100 también exigía que cada privado tenía que suprimir los riesgos naturales en los terrenos de su proyecto, lo que es bastante obvio.
Ahora bien, el CORE es presidido por el intendente y está conformado por 26 consejeros. En la votación en que se rechazó este proyecto intervinieron todos los consejeros y el resultado fue 13 votos en contra, una abstención y 12 votos a favor; los acuerdos se adoptan por mayoría absoluta y cuando hay empate el intendente dirime. Pero de manera irregular se ordenó una segunda votación, suponemos que con el deseo de llegar a un empate 13 a 13 de modo que el intendente, interesado en la expansión, cargara la balanza a la aprobación. No fue así porque quien se abstuvo votó en contra, con lo cual el resultado de esta absurda segunda votación fue 14 en contra y 12 a favor.
Como en nuestro país se habla tanto de transparencia y se practica tan poco, en atención a que la ciudadanía no sabía quiénes se iban a beneficiar patrimonialmente con esos cambios de usos de suelo, conforme con la Ley Nº 20.285, que garantiza a los habitantes tener libre acceso a la información pública que manejan las instituciones del Estado, el 8 de julio pasado le pedimos al Ministerio de Vivienda y Urbanismo que nos indicara los nombres de las personas jurídicas o naturales propietarias de los diez más extensos predios por cada una de las comunas donde se contemplaban las ZUC, con número de rol asignado al predio y su superficie. Ese ministerio traspasó nuestra solicitud al Servicio de Impuestos Internos (SII), organismo que en los próximos días nos entregará la información, la cual, inmediatamente, daremos a conocer a la opinión pública para que cada uno saque sus propias conclusiones.
Pero, inexplicablemente, hemos sabido que se están articulando los promotores de la expansión y que, para ello, se está conformado un task force con funcionarios muy idóneos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, la Intendencia Metropolitana y el Ministerio de Vivienda con el propósito de efectuar cambios cosméticos en el PRMS 100 y así, con el fundamento de que se trata de un proyecto distinto, llevarlo al CORE para someterlo a una nueva votación, en el entendido de que un indeterminado número de consejeros que anteriormente habían rechazado la expansión ahora estarían dispuestos a aprobarla.
Estaremos atentos al desarrollo de los hechos y esperaríamos del gobierno que, haciendo valer la probidad, se inhiba de torcer la voluntad mayoritaria de los consejeros regionales, porque éstos ya optaron por el rechazo debido a que, en razón de los terrenos disponibles al interior del área urbana, no era necesario seguir ampliando los actuales límites de esta colapsada megalópolis.
Lo que hace falta en la generación de las políticas públicas referidas a las ciudades es planificar, sin miedo al qué dirán, teniendo a la vista todas las variables disponibles para que así el futuro de sus habitantes sea promisorio. Asociado con lo anterior, constatamos con preocupación que todavía no se anuncia la urgente Ley de Ordenamiento Territorial, la que sería una eficaz herramienta para darle sustentabilidad al desarrollo de los asentamientos humanos.
* La Nación - 3.08.10
Foto: Santiago de Chile - descubra.info
Málaga.- Propuestas vecinales para los solares vacíos
A los vecinos nos gustaría bajar al parque infantil con los críos o disponer de un gimasio al aire libre como tienen otros barrios, pero no disponemos de esos privilegios. Bien es cierto que tenemos otras muchas ventajas por vivir en el centro y somos conscientes de ello, aunque eso no debería restarnos las opciones de ocio y cultura que hay en otras zonas de la ciudad.
Mi propuesta es scar partido a los solares sin uso y trasformarlos en espacios adecuados para la práctica deportiva o recreativa. Sin grandes lujos, algo operativo y práctico que dé otro aire a estos solares tan demacrados que tanto afean la imagen del centro. aal número de solares vacíos que hay en el centro de Málaga. Pienso que rehabilitar o recuperar espacios no siempre es sinónimo de construir un edificio o pavimentar una calle, sino de mejorar la calidad de vida de los residentes transformando el entorno en un espacio agradable y productivo.
¿No es mejor esta opción a la realidad que tenemos en el Centro Histórico? Solares amplios y con luz que se han convertido en vertederos de basura y focos de delincuencia. Los vecinos convivimos con malas condiciones higiénico-sanitarias e inseguridad, lo que poco benefician a la capitalidad de Málaga 2016. Esta ciudad debería ofrecer otra imagen y quiero pensar que desde el equipo de gobierno se tiene consciencia de la problemática con los solares del centro y se valoran las sugerencias de los residentes. Sólo falta plasmarlo si es que hay voluntad política.
* SUR - Opinión - 3.08.10
Foto: Los residentes del centro echan en falta espacios públicos de convivencia vecinal.- SUR
A Coruña.- Reyal Urbis señala al gobierno local como único responsable de la legalidad de la torre
LAVOZDEGALICIA* : Portavoces de Reyal Urbis S.?A. aseguraron ayer que el Ayuntamiento «es el único y último responsable» de la licencia de construcción del edificio Torre Urbis, en Someso, que el juzgado Contencioso Administrativo número 1 de A Coruña acaba de declarar nula a través de una sentencia. Remarcaron que la constructora actuó «ajustándose escrupulosamente a la legalidad» y que el garante de todo ello son las autorizaciones concedidas por el Ayuntamiento. Por su parte, desde el gobierno municipal anunciaron que presentarán recurso de apelación contra la sentencia y la concejala de Urbanismo, Obdulia Taboadela, insistió en que la licencia se concedió «conforme a derecho».
En su fallo, el tribunal estima parte de la demanda presentada por el despacho Talín Abogados de A Coruña y considera que en Torre Urbis, un edificio de 17 plantas y 144 viviendas, no se ha cumplido la reserva mínima de plazas de garaje previstas en el PGOM y en la legislación gallega. De hecho, en el proyecto inicial se proyectaron seis plantas de sótano para plazas de garaje y trasteros, pero con la modificación posterior solo se hicieron tres sótanos y la mayor parte de los garajes se trasladaron a otro párking bajo suelo dotacional público, algo que solo está permitido para casos excepcionales. En este sentido, el juez explica en su sentencia que los informes que precedieron a la concesión de la primera licencia en 2006 acreditan que era viable la construcción de las seis plantas y que, por ello, «debe concluirse que no es admisible la utilización de dominio público viario sin haberse justificado por parte de la demandada la imposibilidad, dado el carácter excepcional del supuesto y sin que la ordenanza 2.1.3.5. puede ser causa de autorización en contrario de dicho precepto».
Desde Reyal Urbis puntualizaron ayer que la licencia que modificaba el proyecto se concedió cuando el edificio todavía estaba en construcción (por lo tanto, según matizaron, el edificio no estaba terminado) y que en este momento solo quedan dos personas pendientes de escriturar sus pisos «tras negarles el juzgado la resolución del contrato privado de reserva», indicaron. Confirmaron que tienen de plazo hasta el 8 de septiembre para presentar el correspondiente recurso, un trámite que, según indicaron, realizarán conjuntamente con el Ayuntamiento aunque deberá ser la administración local «la que lidere el proceso» ya que es el demandado principal, aseguraron. Los portavoces de Reyal Urbis también restaron importancia a la posibilidad de que, en última instancia, el juzgado pueda ordenar la demolición del edificio. «Eso es pura especulación. El caso está en manos de la Justicia, habrá recursos y ya se verá lo que pasa», aseguraron.
Por su parte, la concejala de Urbanismo insistió en que la licencia se ampara «en un articulado modificado de la Lei do Solo que permite la concesión de plazas de aparcamiento privadas en parcelas que no son estrictamente las reservadas para este fin». Añadió que el juez pudo haber realizado una «interpretación» del artículo original de la ley para dictar sentencia e insistió en que el recurso que presentará el Ayuntamiento «permitirá ratificar la correcta actuación de los servicios urbanísticos municipales».
Por su parte, el grupo municipal del PP acusó ayer al alcalde, Javier Losada, de haber conseguido judicializar el urbanismo en la ciudad y crear una sensación «de inseguridad jurídica a los coruñeses que solo pretenden comprar una vivienda». Pide que el gobierno local garantice que no va a existir ningún problema con este edificio al cabo de un tiempo y le exigió explicaciones «sobre esta nueva ilegalidad urbanística». Indica que este caso se une a la lista de «chapuzas urbanísticas» como el edificio Conde de Fenosa o el Papagayo, según citaron.
* La Voz de Galicia - 3.08.10
Foto: A la izquierda, la Torre Urbis de Someso - laopinioncoruna.es
Greenpeace denuncia que la superficie urbana de las Islas Canarias creció un 54% en sólo siete años
,+playa+Las+Am%C3%A9ricas+-+greenpeace.org.jpg)
GREENPEACE* : Tras diez años vigilando el litoral, la organización ecologista destaca que el urbanismo salvaje, la construcción de infraestructuras y la contaminación han destruido en las últimas dos décadas en la costa española la superficie equivalente a ocho campos de fútbol al día. Asimismo, denuncia el acoso a los escasos espacios vírgenes que quedan y exige su protección. En el caso concreto de las Islas Canarias, Greenpeace resalta que en sólo siete años (entre 1997 y 2002) la superficie urbana del archipiélago aumentó un 54%.
Durante los últimos diez años Greenpeace ha sido testigo de la burbuja inmobiliaria y de las connivencias de las distintas administraciones públicas para ir depredando el territorio costero. En todo el Estado, desde 1987 a 2005 se destruyeron un total 50.504 hectáreas de suelo natural en en los dos primeros kilómetros de franja costera (este dato no incluye el archipiélago canario); 7,7 hectáreas de costa degradadas cada día para crear urbanizaciones, suelo industrial y comercial.
“Todos somos conscientes de que la agresión a la costa ha sido imparable los últimos años. Pero lo más grave es que esta tendencia continua y los políticos se afanan en acabar con la única normativa que defiende el litoral. Lo que hay que demoler son las grandes ilegalidades y no la Ley de Costas y vamos a seguir luchando para que esto no pase”, ha declarado Juan López de Uralde, director de Greenpeace. “Es lamentable que por intereses partidistas como los de Coalición Canaria se promuevan rebajas a la Ley de Costas que pretenden legalizar los desmanes que se han permitido durante todos estos años”.
Urbanismo salvaje
Si en el primer informe de la organización en 2001 se definía el futuro del litoral como “negro”, ni la previsión más pesimista podía prever lo que iba a pasar en la década que ha transcurrido. La presión urbanística se ha centrado particularmente en Fuerteventura, donde la superficie edificada ha crecido un 159% en los últimos 17 años, en Lanzarote, donde ha aumentado un 60% y en Tenerife, con un 51%. El mismo modelo se fue trasladando a islas menos saturadas, en 2004, en La Palma se proyectaron 25.000 nuevas camas. La locura urbanística alcanzó su cenit en 2007, en pleno boom del ladrillo se aprobaron planes para construir 380.000 nuevas viviendas.
Construcción de infraestructuras
La fiebre de los puertos deportivos ha sido imparable en el litoral. En Tenerife, se ha proyectado un crecimiento del 500% en número de amarres desde 2007. La proyección desmesurada en Gran Canaria se iniciaba mucho antes, en 2001 se pretendía aumentar la oferta de amarres a 2.000.
Históricamente tras la degradación del litoral se ha escondido también el Ministerio de Fomento, que no ha cumplido sus promesas de racionalización de los proyectos de puertos del Estado o la sostenibilidad de las ampliaciones de los mismos. Tenerife acoge uno de los peores ejemplos de desprecio al medio ambiente, con la proyección del puerto de Granadilla. La historia de los intereses especulativos con este puerto es la historia que se inicia en 2003 con el permiso ambiental del Ministerio de Medio Ambiente en una zona completamente virgen hasta la paralización por parte del TSJC por la “descatalogación a la carta” de los sebadales protegidos donde se proyecta el puerto. En 2010, el Gobierno de Canarias desprotege en el Catálogo Canario de Especies Protegidas el sebadal para saltarse así el bloqueo judicial.
Contaminación endémica
A lo largo de estos años, el crecimiento mal planificado ha tenido también su efecto en la contaminación de las aguas. Esta década ha estado marcada por las denuncias y sanciones de la Unión Europea por el incumplimiento sistemático de la legislación comunitaria en materia de vertidos, depuración y calidad de las aguas. Aunque en 2003, España fue condenada por el Tribunal Europeo por incumplimiento de las normas de calidad de aguas de baño, todavía en 2010 se enfrenta de nuevo a la sanción de la CE ante el mismo tribunal por incumplir reiteradamente la normativa sobre depuración de aguas.
Respecto a Canarias, Greenpeace alertaba en 2001 de la existencia de 90 emisarios submarinos a través de los que se vertían aguas residuales urbanas e industriales sin depurar. En 2006, lejos de mejorar, existían 330 puntos de vertidos en las islas y el 80% de estos eran ilegales.
¿Diez años más de destrucción?
Tras esta radiografía de destrucción costera en los últimos diez años, Greenpeace ha analizado el futuro que según las políticas estatales y autonómicas le espera al ya maltratado litoral.
Buena parte de los tres millones de viviendas que se proyectaban en el litoral en 2007 están pendientes de la remisión de la crisis. La prórroga que permite retrasar la construcción en suelos urbanizables hasta 2013 y que España sea el país del mundo donde más dinero público se ha destinado a sostener el sector inmobiliario no auguran un buen futuro para lo poco de costa que queda virgen. Greenpeace ha establecido una hoja de ruta para los próximos diez años que pasan por el control de la corrupción y el respeto a la normativa existente.
“En esta década se ha producido una urbanización masiva de la costa, sólo comparable a la de los años 60” ha declarado Pilar Marcos, responsable de la Campaña de Costas de Greenpeace. “Hoy sufrimos las consecuencias ambientales y la crisis económica, pero no parece que hayamos tomado nota de sus causas. Es imprescindible sentar las bases hacia una economía sostenible en la costa antes de que sea demasiado tarde”, subraya Marcos.
Greenpeace señala cinco asignaturas pendiente en la gestión del litoral. Las iniciativas sobre una economía sostenible carecen de credibilidad si los casos de destrucción costera más icónicos siguen promovidos por las correspondientes administraciones:
- La única alternativa posible al Puerto de Granadilla es la ordenación portuaria de Santa Cruz de Tenerife. El Gobierno de España debe anular la declaración de impacto ambiental favorable que otorgó el Ministerio de Medio Ambiente en 2003 y denunciar por inconstitucionalidad el Catálogo Canario de Especies Protegidas.
- El Gobierno de Canarias debe abandonar todos los intentos por legalizar los hoteles de Lanzarote, reflejo de la especulación urbanística en la isla.
- Los proyectos de plantas regasificadoras en Tenerife y Gran Canaria deben ser rechazados, pues suponen un foco de contaminación térmica y química muy importante.
- Canarias debe cumplir de manera estricta la directiva europea de depuración de aguas residuales.
- La declaración de la Zona Marítima Especialmente Sensible al tráfico marítimo de todo el archipiélago no puede seguir siendo un gran parque de papel sin ninguna gestión e implementación de los objetivos que llevaron a su declaración.
“Somos muchos los que creemos que el verdadero lujo no es un hotel de cinco estrellas, que el verdadero lujo es una playa virgen. Un lujo no sólo visual pero que encierra un potente activo económico para un turismo sostenible y actividades artesanales como la pesca”, declara Marcos. Nos quedan pocos espacios de costa virgen y la tolerancia con los macroproyectos urbanísticos y portuarios debe ser cero.
En el informe diversos testigos de la destrucción costera, actores, cantantes, periodistas, escadores o abogados dan en primera persona palabra a la destrucción. Rosa Regás, Manuel Rivas, Miguel Delibes de Castro o el ex director General de Costas Fernando Marín son algunas de las firmas que aparecen en el informe. Además, como apoyo al texto, Greenpeace ha recopilado un archivo de postales históricas de la costa que han vuelto a ser retratadas, exactamente en el mismo punto, años después.
* Greenpeace - 16.07.10
Foto: Destrucción a toda costa, 2008. Playa de las Américas, Tenerife Sur, Islas Canarias.- greenpeace.org
La fórmula valenciana
ABELARDO MUÑOZ* : Meninfot es como se conoce en Valencia a quien todo se le da una higa. Palabra ad hoc que bien puede aplicarse a la izquierda valenciana y su base ciudadana, sumidas desde hace lustros en la sima de una perpetua oposición. Secas como el cauce del río Turia. Mientras la izquierda de la ciudad de Valencia, y del País Valenciano en general, es más bien meninfot, la derecha se dedica a sus negocios, privados y/o públicos. Algunos, como Terra Mítica, parque temático ubicado en un secarral, pierden millones con alegre despreocupación. Otros, como la visita del Papa en 2007, han supuesto el despilfarro de 84 millones de euros del erario público. La punta de lanza de la actual derecha política valenciana es la burguesía agraria que llegó desde las comarcas a las ciudades con el talante de un llauro (labrador) a lo Paco Martínez Soria. Se mudaron con su subcultura y son los que hoy mandan.
La progresía, entre tanto, lleva años mesándose los cabellos sin entender cómo el AVE de la historia puede ir para atrás, pues en menos que canta un gallo se pasó de celebrar que la ciudad de Valencia había sido capital de la II República en su etapa postrera a fastos papales y marianas procesiones dignas de una superproducción de Cecil B. de Mille.
Fuera de aquí la gente se pregunta: ¿cómo es posible que el PP valenciano lleve 19 años seguidos sin perder las elecciones autonómicas y municipales? ¿Ha cambiado algo desde que se reventara ese forúnculo de merendones que es el caso Gürtel? ¿Son los votantes de Castellón inmunes el caso Fabra y los de Alicante inmunes al caso Ripoll? ¿Cómo es posible que, pese a todo lo que se sabe de Paco Camps, tantos de sus votantes le estén agradecidos por la oportunidad que les ha brindado de asarse al sol los domingos en las gradas sin techado del puerto para disfrutar de la fórmula 1 y de Fernando Alonso en acción?
Los socialistas valencianos ven cómo siempre les adelanta un PP de tono chulesco, que aprendió el inestimable valor político del golpe de efecto, los fuegos artificiales tan queridos en las tierras valencianas. El populismo político valenciano del siglo XXI es una mascletá, como las risotadas de la alcaldesa Rita Barberá ante las acusaciones de que El Bigotes le compró el bolso. La edil exhibe una mueca a lo Millán Astray, y con la cabeza echada hacia atrás, parece decir: "Da igual lo que penséis, de aquí no nos moveremos".
Todo comenzó a torcerse para la izquierda a finales de los 80 cuando el conocido popularmente como búnker barraqueta comenzó a avivar el anticatalanismo y fabricó de la nada un monstruo secesionista, el blaverismo, que logró divorciar este país perplejo de sus primos naturales del norte. Apareció una caricatura salida de un sainete de Bernat i Baldoví llamado Vicente González Lizondo para enarbolar el pendón anticatalán y con un remake del Vivan las caenas y otro del Muera la inteligencia, el blaverismo empezó a subir como la espuma.
La burguesía urbana ilustrada fue acorralada por una clase venida del campo y extremadamente conservadora. Al principio, el PP sudó tinta para frenar el populismo de los blaveros, pero luego llegó el llamado Pacto del Pollo que disolvió Unión Valenciana en las filas del PP. Lo que catapultó a Rita Barberá a la alcaldía de Valencia en 1991, y ahí sigue.
Empezó la larga marcha por el desierto de la izquierda del País Valenciano. Muerto Joan Fuster, diluidos los periódicos impulsados por la burguesía urbana progresista como Diario de Valencia, situada en la marginación la izquierda nacionalista (Acciò Cultural), el terreno estaba libre para el peor de los escenarios posibles: un urbanismo salvaje impulsado por la derecha ruralota. Hoy la destrucción del litoral valenciano es tal que Benidorm es casi un parque ecológico. Entre 1997 y 2006 se construyeron en el país perplejo 750.000 viviendas, lo que supuso la desaparición de 180 millones de metros cuadrados de suelo rústico. Y esta insaciable clase dominante barrunta ya, con el beneplácito de Paco Camps y su Consell, unos planes de ordenación del territorio que suponen añadir 718.000 viviendas en tan solo 57 municipios. Se expande la pesadilla a lo Mad Max.
Los socialistas valencianos también tienen su responsabilidad. Gobernaron la ciudad y la comunidad a finales de los setenta y comienzos de los ochenta y tomaron algunas decisiones relacionadas con la actual situación. La más vistosa fue el modelo de la televisión pública autonómica: el actual híbrido entre ramplonería folclórica y desfachatez partidista nació con ellos. Bajo mandato socialista, Canal Nou fue diseñado como una botiga para marujas a fin de no enfadar a los blaveros.
Valencia no siempre fue así. El historiador Ramiro Reig escribe que en los primeros lustros del siglo XX, durante la Feria de Julio, el pueblo pedía a la banda municipal que tocara La Marsellesa, y que el Viernes Santo los concejales republicanos paseaban en tartana por la ciudad contra la orden que lo prohibía. Valencia era laica, liberal y progresista hasta el punto de que en las elecciones de abril de 1931 la candidatura de Alianza Republicana alcanzó porcentajes superiores al 75% en los distritos populares.
Pero la Valencia de hoy continúa seca como el Turia bajo el cruel sol de julio. Ni siquiera parece interesada en recuperar su espíritu extraviado.
* Abelardo Muñoz es periodista y escritor.
* El País - Opinión - 31.07.10
