ELPERIÓDICO* : Al menos 204 pisos protegidos de alquiler para jóvenes todavía están vacíos después de que fueran sorteados hace más de tres años en un acto organizado por el Ayuntamiento de Barcelona. Los retrasos en la construcción y la lentitud burocrática han hecho que los jóvenes que ganaron en el bombo el derecho de vivir en un piso con alquiler reducido hayan vivido desde el 2007 con la incertidumbre de no saber cuándo podrán entrar a su nueva vivienda.
Dos promociones de pisos en Barcelona todavía no cuentan con inquilinos: el bloque de 125 pisos de alquiler de la calle de Química con Gran Via (que estará completamente acabado la semana que viene) y otro de 25 viviendas de la calle de Ramon Turró con Bilbao, en el que los vecinos ya entraron a escoger sus pisos en enero pero todavía desconocen cuándo podrán entrar.
Una tercera promoción, recién estrenada en diciembre y también de alquiler para jóvenes, en la calle de Favència, 298-310, tiene vacías 46 de sus 74 viviendas, aunque Adigsa, empresa pública de la Generalitat, asegura haberlas asignado en su totalidad. La empresa ha tenido que contratar a unos guardias de seguridad que permanecen en uno de los pisos vacíos para evitar que las viviendas sean ocupadas.
Además de estos casos, una cuarta promoción de pisos de compra en la calle Pallars con Diagonal aún cuenta con ocho pisos de propiedad para minusválidos que no han podido ser asignados porque ninguno de los afortunados acreditaba tener ingresos suficientes para hacer frente al piso protegido. Los adjudicatarios, la mayoría con pensiones por discapacidad, debían pagar unos 1.200 euros de hipoteca por esos pisos, equivalente en muchos casos a la totalidad de sus ingresos. Las duras condiciones explican por sí solas la desocupación de las viviendas. En esa misma promoción, adjudicada por la inmobiliaria Espais, también hay pisos vacíos para el público general, según los vecinos, aunque el ayuntamiento asegura que han sido adjudicados y que se encuentran en el proceso de entrega de llaves.
LAS LLAVES, EN JUNIO/ El Incasol, la empresa pública de la Generalitat promotora de las promociones de alquiler vacías, explicó que en el bloque de la calle de Química se encontraron con múltiples problemas con las tuberías y cables eléctricos que atravesaban el terreno y complicaron las obras. En el segundo caso, también reconoce un retraso en la ejecución de la obra por la construcción de un párking municipal en los terrenos cercanos. En ambas promociones, Adigsa, la empresa pública encargada de las adjudicaciones, ha prometido la entrega de pisos en el mes de junio.
Los afectados de las tres promociones del Incasol aseguraron a este diario que no han recibido ninguna respuesta lógica de los retrasos por parte de la Administración. Desde hace un año, las fechas de entrega se van corrigiendo y aplazando. «Siempre recibimos una respuesta negativa y una pésima atención. Nunca nos responden. Nunca saben cuál es el problema ni cuánto falta para entregar las llaves. No sabemos nada de nada», explica una afectada de la promoción de la calle de Química, que está organizando una marcha de protesta.
EXCLUIDOS SOBRE LA MARCHA / La tardanza en la entrega ha hecho que muchos jóvenes que cumplían con los requisitos de ingresos mínimos y máximos en el momento del sorteo, hace tres años, ahora no puedan acceder a los pisos. Algunos se han quedado en paro y no pueden acreditar la percepción de ingresos. Otros han mejorado su situación laboral y superan los límites.
Adigsa ha explicado que se volverán a revisar los ingresos pero aceptará a los ganadores que ahora superan los 35 años, aunque en el sorteo estaban por debajo de esa edad máxima.
Los afectados de la calle de Química aseguran que de los 125 pisos adjudicados hace tres años, tan solo 66 están confirmados en las listas definitivas. El resto puede ser excluido por no cumplir ya los requisitos de la adjudicación.
* El Periódico - 1.04.2010
Foto: Barcelona, bloque viviendas protegidas (archivo) - elpais.com
Barcelona: 200 pisos sociales aún no han sido entregados a los 3 años del sorteo
Una juez imputa a la ex alcaldesa de Estepona por corrupción
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ELPAÍS/Málaga* : Poco a poco, los juzgados tratan de desentrañar la forma en la que el endeudado Ayuntamiento de Estepona (Málaga), centro de uno de tantos casos de corrupción municipal en 2008, se ha quedado sin dinero ni propiedades. La penúltima causa estudia la venta de parcelas municipales, por la que el ayuntamiento andaluz habría dejado de ingresar 6,4 millones.
La cifra podría aumentar conforme avance la instrucción, ya que la juez Isabel Conejo, titular del Juzgado número 5 de Estepona, ha recibido informes de otras operaciones urbanísticas que elevarían las pérdidas a 17,3 millones.
Las primeras diligencias han acarreado la citación para declarar como imputados del ex tesorero municipal Félix Domínguez Pimienta, la edil Rosa Díaz, miembro del actual equipo de gobierno de David Valadez (PSOE), y el abogado Francisco González Valdés.
Las ventas investigadas se hicieron a través de la sociedad municipal Servicios Estepona XXI, S. L., de la que eran liquidadores el antiguo tesorero, hoy jubilado, y el abogado; Rosa Díaz era alcaldesa del municipio con el Partido Popular en 2002, año en el que se cerraron las operaciones.
La imputación de Díaz supone un nuevo sobresalto y motivo de desequilibrio en el ya inestable equipo de gobierno municipal, formado por una coalición de varios partidos en minoría y presidida por el socialista David Valadez. La concejal, de vacaciones estos días en Marruecos, asegura que todavía no ha recibido citación alguna, pero que está "tranquila", según fuentes municipales.
El antiguo tesorero, Félix Domínguez Pimienta, mostró ayer la "alegría" de que "por fin se aclare el tema en los juzgados". Atribuyó la denuncia a su enemistad con el ex alcalde socialista Antonio Barrientos, imputado en el caso Astapa de corrupción municipal, y con Juan Manuel de Hoyos, el liquidador municipal que lo sustituyó. "Nosotros [Francisco González Valdés y Feliz Domínguez Pimienta] no tenemos nada que ver con las valoraciones de los terrenos", explicó.
El ex regidor Antonio Barrientos y Juan Manuel de Hoyos, que declaró como testigo hace unos meses, llevaron las operaciones a la Fiscalía en noviembre de 2006. Fuentes cercanas al caso aseguran que la investigación judicial no se reactivó hasta 2009, después de que Guillermo Álvarez Rato, abogado que trabaja con De Hoyos, se reuniera con la Fiscalía Anticorrupción y volviera a poner esas operaciones sobre la mesa. De Hoyos niega tener nada que ver. "Fue la Fiscalía quien lo rescató y lo llevó al juzgado", dijo ayer.
Las operaciones se detallan en un informe que De Hoyos presentó el 21 de enero de 2004 a la sociedad municipal afectada. El documento recoge la venta de cinco parcelas urbanizables -que suman 27.508 metros cuadrados- a través de Servicios Estepona XXI, S. L., en proceso de liquidación, y que fueron transferidas por el Ayuntamiento esteponero antes de ofertarlas.
Los solares se publicitaron el 9 de agosto de 2002 en un periódico deportivo; se interesaron por ellos tres empresas en las que se repetía el administrador. Finalmente, las parcelas, situadas en el Camino de la Resinera, fueron adquiridas por 4,1 millones. Según la valoración del arquitecto Germán José García Zumaquero, encargada por el liquidador, su precio de mercado aquel año era de 10,5 millones, es decir, más del doble.
Durante su declaración ante la juez, De Hoyos se ratificó en sus informes y le facilitó la documentación de tres casos más. En total, las operaciones por terrenos acarrearon una pérdida de nueve millones, y aquellas en la que lo que se vendía eran aprovechamientos urbanísticos, de 8,3 millones. Estas grandes diferencias hicieron que De Hoyos, que en el momento de la venta no ejercía como liquidador de las sociedades, solicitara un informe jurídico al abogado Guillermo Álvarez Rato en el que se destaca que las transacciones "no se ajustan a derecho".
El letrado aconsejó ejercer acciones penales contra los anteriores liquidadores y los compradores, que se declararan nulas las ventas y reclamar los daños y perjuicios causados. El actual equipo de gobierno recibió los informes a finales de 2008 y se comprometió a estudiarlos. El asunto no ha prescrito, según De Hoyos, por lo que el dinero podría volver a las maltrechas arcas esteponeras. La deuda municipal total está estimada en 160 millones de euros.
* ELPAIS.com - 2.04.10
Foto: Estepona (Málaga), ayuntamiento - wikipedia.org
