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PÚBLICO* : La Fiscalía de Almería investiga ya si algún responsable de la Junta de Andalucía cometió un delito al modificar los planos que impedían la construcción en la zona donde la promotora Azata del Sol comenzó a levantar el hotel el Algarrobico, símbolo de la destrucción del litoral.
Las pesquisas comenzaron después de que el juez Jesús Rivera, en la sentencia en la que declaraba nula la licencia municipal de obra, detectase indicios de un delito de prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas) y de otro contra la ordenación del territorio, que acarrea penas de cárcel.
En 1994, la Junta de Andalucía aprobó el Plan de Ordenación de Cabo de Gata, que declaraba la zona donde ahora se ubica el polémico hotel como de especial protección, lo que impedía cualquier construcción. Posteriormente, según el juez Rivera, la administración autonómica, “en una burda maniobra para orillar” las limitaciones a la edificación en ese terreno que imponía el plan, modificó los planos oficiales “de forma clamorosamente contraria al ordenamiento jurídico” y “sin someterla a procedimiento alguno” y trató así de convertir la zona en urbanizable, lo que permitió la construcción del hotel. El juez Rivera y la Audiencia Nacional han dejado claro que el único plano que tiene efectos jurídicos es el aprobado oficialmente, el de 1994, y, por tanto, que el Algarrobico se construyó en terrenos de interés general.
Los informes y los discursos
Tanto la actual consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo (PSOE), como su antecesora en el cargo, Fuensanta Coves (PSOE), apoyándose en los planos falsos, han sostenido que el plan de 1994 incluía el paraje del Algarrobico en zona urbanizable. Sin embargo, la propia administración autonómica, en un informe de 3 de junio de 2005 de la consejería de Obras Públicas afirmaba exactamente lo contrario, que esa zona estaba clasificada como de especial protección.
Además, la Junta reconoció en otro informe, de 11 de marzo de 2008, que los planos contenían “un error” y que la consejería de Medio Ambiente lo había resuelto “por vía de hecho”, es decir, sin observar los procedimientos legalmente establecidos. El error al que se refiere el informe es el siguiente: “Debido a las reducidas dimensiones del Boletín Oficial, [los planos] resultan de difícil legibilidad, no permitiendo concluir con certeza la zonificación”. Es decir, que viéndolos no se sabe si la zona del Algarrobico está protegida o no.
El juez Rivera califica este argumento de “insólito y falso” y –después de haberlo comprobado con sucesivas ampliaciones sobre el plano– asegura que se obtiene “sin género de dudas”, que la parcela donde se llevaron a cabo las obras del hotel, está protegida.
* Público - RAÚL BOCANEGRA - Sevilla - 18/12/2008
Foto: El Algarrobico (Carboneras - Almería), hotel mar08 - F.Bonilla, publico.es
Los planos falsos del Algarrobico llegan a la fiscalía
El soterramiento del ferrocarril (O cómo derrochar dinero de todos en tiempo de crisis)
CARLOS MIGUÉLEZ/Logroño* : Si algo está definiendo a nuestra clase dirigente es la alegría con la que gastan, algunos casos dilapidan, los dineros públicos. Qué sensación, cuasi erótica debe ser derrochar unos millones sin que nadie te pida cuentas... Y si las piden qué? Ya saldrá la grupo municipal, parlamentario etc. a echar un capote. Un ejemplo: el soterramiento del ferrocarril en Logroño. Para ser francos, realmente es una obra necesaria? Respuesta: rotundamente no.
Segunda pregunta: hay que hacerlo justamente ahora, en medio de un crisis económica extraordinaria, cuyas últimas consecuencias están todavía lejos de vislumbrase?
Y tercera cuestión: Una vez que se ha decidido seguir adelante, hay que empezar las obras justamente donde menos falta hace, es decir, en la estación, donde el terreno es más amplio y despejado?
Antes de continuar, debo de admitir que soy aficionado y un gran defensor del ferrocarril, medio de transporte que considero absolutamente imprescindible (para vertebrar el país, para descongestionar las carreteras, para contaminar menos, para ahorrar energía...) y que en España ha sido injustamente postergado cuando no denostado. Casi me atrevo a decir que, en buena medida somos un país «anti-tren».
Con respecto a la primera cuestión planteada: de unos años a esta parte, las ciudades españolas le han declarado la guerra al tren, el tendido ferroviario molesta a las autoridades municipales, y dado que no lo pueden hacer desaparecer, tratan de ocultarlo.
Uno de los argumentos más absurdos y reiterados es que el ferrocarril parte la ciudad en dos... el tren nunca separa, une ciudades, pueblos y personas. Cuando se tendieron las vías, a mediados-finales del Siglo XIX, estaban en la periferia de las poblaciones. Posteriormente éstas crecieron y englobaron los tendidos. Por desgracia, muchas veces no se tuvo ninguna consideración urbanística y las casas (generalmente, barrios humildes) se edificaban casi rozando el tendido... y ahora no se soporta, pero de eso no tienen culpa el tren ni las compañías ferroviarias. Algo habría que preguntar a los planificadores municipales de todas las épocas.
En la actualidad, no creo que haya alguna ciudad española que no tenga entre sus prioridades absolutas (entre otras necesidades vitales, como los museos de arte contemporáneo, los palacios de exposiciones y congresos...) hacer desaparecer el tren de la vista. En ocasiones puede estar justificado, en el caso de Logroño, en absoluto. Además, realmente la ciudad necesita todo ese espacio para crecer? Yo creo que no, véanse los edificios a medio hacer, los solares por edificar...
Desde luego, esto no ocurre en otros países europeos y americanos, donde el tren atraviesa pueblos y ciudades sin que la gente proteste. Como muestra, pueden ver la fotografía que ilustra este artículo, tomada en Suiza.
Muy significativo es el caso de los Estados Unidos: en muchas poblaciones, incluso grandes ciudades, el tren pasa a nivel de suelo, casi sin barreras, sin problemas compartiendo espacio con calles, incluso bulevares, terrazas... sin más problemas.
Más aún, los «peligrosísimos» pasos a nivel: en EEUU, un mercancías puede tener tranquilamente 200 vagones (de mayor tamaño que los europeos) y estar arrastrado por cinco o seis locomotoras; son trenes que tardan media hora en pasar, y según los que han viajado a aquel país y lo conocen bien, los automovilistas aguardan pacientemente y no protestan ruidosamente. Supongo que es una cuestión de educación. Hay más: la estación de Logroño, por desgracia, apenas tiene tráfico de viajeros y muy poco de mercancías, por lo que el ruido que generan los convoyes no es continuo ni, por ende, molesto.
Personalmente me llama mucho la atención la preocupación de ciertas personas por acabar con el ferrocarril, personas que no sienten ninguna preocupación por aliviar las molestias que causa cada día el intenso tráfico; tan difícil es, pongo por ejemplo,
Respondiendo a la tercera cuestión planteada: por qué se han empezado las obras en la estación? Allí el terreno es amplio y despejado, las viviendas están lejos; no hubiera sido razonable comenzar a soterrar donde más puede molestar a los vecinos, es decir a partir del puente que cruza la vía a la altura de la avenida de Madrid en dirección oeste? Además, sería más fácil, pues la vía discurre parcialmente por debajo del nivel del suelo. Pues no, señoras y señores, lo primero es que desaparezca la estación de toda la vida (un bonito edificio, dicho sea de paso, aunque a algunos «estilistas» les produzca náuseas) y hacer otra... subterránea. Eso, si hay recursos, pues da la sensación de que el galpón provisionalmente levantado va a durar más de lo previsto.
Una vez derruido todo, se procederá a urbanizar la zona y según el plan trazado, edificar cinco torres de nada menos que 23 alturas; me imagino que en la primera se meterá a todo Logroño y comarca, la segunda será para la Rioja Alta y la tercera para la Rioja Baja; respecto a las otras, a ver si hay suerte y podemos meter a todos los habitantes de la Rioja Alavesa.
Como otras veces he escrito, tengo pocas esperanzas de que estas líneas puedan influir algo en el triste devenir de los acontecimientos; una vez tomada la decisión, se sigue adelante cueste lo que cueste sin meditar las consecuencias... Pero al menos que quede constancia de que algunos ciudadanos no comulgamos con ruedas de molino.
* La Rioja - Opinión - 21.12.2008
Asociaciones de Paterna critican que la empresa municipal gaste 6 millones en su sede
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LEVANTE/Valencia* : La Plataforma Ciutadana de Paterna, una entidad recientemente constituida que agrupa a tres asociaciones vecinales, ha tildado de "escandaloso" que la Sociedad Urbanística Municipal (Sumpa) vaya a gastarse 6,1 millones de euros en la compra de una nueva sede en el Parc Tecnològic.
Estos colectivos opinan que "en tiempos de crisis y de austeridad presupuestaria" la compra es "contradictoria e innecesaria, así como presuntamente ilegal".
Las entidades critican que la adquisición "se va a realizar sin ningún tipo de concurso público, lo que permite albergar graves dudas sobre la idoneidad de la operación ante la falta de transparencia".
La plataforma ha criticado que la operación, aprobada por la unanimidad de todos los grupos municipales, "ha sido mantenida en secreto a la ciudadanía, ya que ni siquiera se informó al Consejo de Participación Ciudadana". Este consenso lo consideran "sencillamente escandaloso y de repugnante politiqueo a espaldas de los auténticos intereses de los vecinos".
Impedir la operación
Por todo ello, la Plataforma Ciutadana, que agrupa a entidades de La Canyada y Terramelar, insta "a los partidos de la oposición y al resto de las entidades responsables del municipio" a impedir que se consume la operación "que se ha fraguado de espaldas los intereses de los ciudadanos de Paterna".
* Levante-EMV - 21.12.2008
Foto: Paterna (Valencia) - uv.es
Los ecologistas respaldan el derribo de casas ilegales en Chipiona y Benaocaz
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DIARIODECÁDIZ* : Tres días después de que cientos de vecinos se manifestasen en Chipiona en contra del derribo de una veintena de casas ilegales y después de que la consejera de Medio Ambiente expresase su firmeza frente a un hotel rural levantado al margen de la ley en Tavizna (Benaocaz), en pleno parque natural de la Sierra de Grazalema, Ecologistas en Acción emitió ayer un comunicado en el que apoya las demoliciones y la restitución de la legalidad.
En el escrito, Ecologistas en Acción muestra públicamente su apoyo a dichas sentencias dictadas contra estas construcciones ilegales y advierte a las administraciones que los denunciaron (Ayuntamiento de Chipiona y Consejería de Medio Ambiente), que "su obligación es cumplir y hacer cumplir las leyes".
Los conservacionistas estiman que los vecinos de Chipiona afectados por los derribos construyeron "sus viviendas ilegales a sabiendas de que lo eran, y no valen las consabidas comparaciones con otros términos municipales".
Por eso advierten que "la Justicia debe actuar en todos sitios, y lo está haciendo, existiendo ya un importante cúmulo de sentencias de demolición, las más importantes contra el hotel de Montenmedio (ya ejecutada) y contra el complejo turístico de Las Beatillas (El Puerto), pendiente de ejecución".
Los ecologistas recuerdan que en unas recientes Jornadas sobre delitos urbanísticos, los alcaldes de todos los partidos coincidieron en defender la legalidad urbanística. Y en que había que actuar desde el principio para prevenir la proliferación de construcciones ilegales, "exigiendo algunos más diligencia y contundencia a la Justicia".
Sin embargo -objeta la organización- "cuando tienen el problema en casa, actúan defendiendo a los infractores y delincuentes urbanísticos, asegurando que les legalizarán las casas, como está haciendo el alcalde de Chipiona, o poniendo trabas a la demoliciones, como ha hecho recientemente el alcalde de Benaocaz". Los conservacionistas argumentan que la Fiscalía de Medio Ambiente viene advirtiendo que los procesos de legalización de viviendas ilegales provocan "un efecto llamada", multiplicándose las urbanizaciones y parcelaciones ilegales ante la expectativa de nuevos procesos de "regularización".
Ecologistas en Acción manifiesta su firme intención de seguir apoyando a la Fiscalía de Medio Ambiente en sus denuncias contra todas las urbanizaciones y edificaciones ilegales, y pidiendo la demolición de todas ellas, como "única medida efectiva para atajar este cáncer que corroe la mayoría de nuestros municipios".
También espera el colectivo que la modificación del Código Penal de los delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo, que incluye penas mayores e incorpora nuevos tipos penales -como el castigo del funcionario que "hubiere silenciado la infracción de las normas"-, sirva para acabar con la "connivencia" de áreas técnicas y políticas de "muchos Ayuntamientos" con estos delitos.
* Diario de Cádiz - 20.12.2008
Foto: Chipiona (Cádiz) - uca.es
