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ELPAÍS/Alicante* : Un nuevo plan urbanístico se cierne sobre el paraje de La Llobella de Benissa, el último entorno virgen que existe no sólo en el litoral de este municipio, sino en toda la costa comprendida entre Altea y Moraira.
Con los votos del PP y del PSI y el rechazo de PSPV y BNV, el último pleno de la corporación dio luz verde a un proyecto para urbanizar en la zona 273.000 m2 y construir 172 viviendas de lujo y zonas comerciales, hoteleras y de servicios sobre el paisaje actual de cultivos de olivo y vid y masas boscosas.
Los partidos apoyan el desarrollo del PAI, siempre y cuando lo ejecuten los propietarios, pero discrepan de las fórmulas para su ejecución. Según el concejal del PSPV Vicent Cabrera, la propuesta que ahora mismo deben desarrollar los propietarios, basada en la alternativa técnica de una mercantil, "masificaría de forma irremediable esta parte del litoral que es como una especie de joya de la corona para Benissa, su último tesoro paisajístico".
Los socialistas defienden un PAI "con un diseño estético de primer orden, donde haya una gran zona pública en la que se respete el paisaje en plena fachada marítima, agrupando las futuras viviendas en una sola zona y promoviendo la construcción de hoteles de lujo". También el portavoz del BNV Isidor Mollà mostró su temor a que en La Llobella se repitan las mismas consecuencias negativas de otros planes aprobados en el propio municipio.
De hecho, ni siquiera el gobierno local lo tiene claro. Aunque el alcalde de Benissa, el popular Juan Bautista Roselló, defendió en el pleno el PAI para no bloquear durante más tiempo las demandas de los propietarios, admitió que el plan deberá modificarse y "vigilarse con lupa".
* ELPAIS.com - A. R. - Dénia - 10/11/2008
Foto: Benissa (Alicante), playa la Llobella - mma.es
Benissa edifica la última zona virgen de su costa
La gestión del suelo de los ayuntamientos y cabildos no se ha ajustado a la normativa
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CANARIAS24H* : Ningún cabildo ha integrado bienes, derechos o recursos en sus respectivos patrimonios públicos del suelo. En gran número de ayuntamientos, los terrenos, bienes y parcelas “no se encuentran valorados”. La Audiencia de Cuentas cree que la actividad pública llevada a cabo por los ayuntamientos y cabildos en la gestión del Patrimonio Municipal del Suelo, con carácter general, “no se ha ajustado, en el periodo analizado, a la normativa de aplicación”, según se refleja en el Informe de Fiscalización de los patrimonios públicos municipales del suelo en el período 2003-2004.
Además, opinan que su utilización por parte de los ayuntamientos “no ha servido como instrumento de intervención en el mercado del suelo”.
Así se reflejan en las conclusiones del citado informe, en el que se señala que ningún cabildo ha integrado bienes, derechos o recursos en sus respectivos patrimonios públicos del suelo y sólo 18 de los ayuntamientos tienen constituido un inventario que permita conocer cuáles son los bienes y terrenos que se integran en el Patrimonio Municipal de Suelo. Es más, en gran número de ayuntamientos, los terrenos, bienes y parcelas “no se
encuentran valorados” y por ello “no es posible conocer el valor total de este
patrimonio”.
Asimismo informan de que “desde el sistema de información contable, sólo dos ayuntamientos controlan, a través de la contabilidad financiera, las incorporaciones al inmovilizado de los bienes, terrenos y edificaciones del Patrimonio Municipal del Suelo y, como consecuencia de ello, conocen la valoración de éste”.
En cuanto a los cabildos, el informe destaca que de la contestación hecha al cuestionario remitido, “se puede concluir que uno de ellos, el de Gran Canaria, parece desconocer el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias en lo que se refiere al hecho de que están sujetos al deber de constitución de estas herramientas”.
Hay que destacar también que los ayuntamientos de Arrecife, Betancuria, Gáldar, Haría, La Guancha, Mogán, Moya, Puntallana, San Bartolomé de Lanzarote, San Bartolomé de Tirajana, Tacoronte, Teguise, Telde y Vega de San Mateo no remitieron los cuestionarios con la información solicitada y por ello no han sido incluidos en el análisis. Asimismo, los ayuntamientos de Puntagorda, Barlovento, San Miguel de Abona y Candelaria sólo enviaron una parte de la información solicitada.
Del resto, resaltan que los Planes Generales de Ordenación Urbana de algunos de los municipios fiscalizados tenían “gran antigüedad”. Es más, señalan que en aquellos casos en que el planeamiento general no se había adaptado al Decreto Legislativo 1/2000 en los plazos concedidos para ello, “se predica la imposibilidad de aprobar y de continuar la tramitación de los planes de desarrollo”.
RECOMENDACIONES
La Audiencia de Cuentas recomienda a los ayuntamientos que inicien, con antelación suficiente, las actuaciones necesarias para revisar sus Planes Generales de Ordenación Urbanística. “Un excesivo retraso permite la proliferación de convenios urbanísticos que promueven modificaciones del planeamiento vigente y, de esta forma, se dificulta un desarrollo integral del municipio y, lógicamente, una evolución sostenida del territorio”, relatan.
Asimismo, recomienda a los cabildos insulares y a los ayuntamientos que aprueben formalmente la creación del Patrimonio Público del Suelo, instrumento de intervención en el mercado del suelo y se insta a las entidades a que procedan a la valoración de todos los elementos pertenecientes al Patrimonio Público del Suelo y que sólo incorporen a éste aquellos bienes que por su propias características pueden destinarse a satisfacer los fines del citado Patrimonio.
Por último , recomiendan “realizar y efectuar los correspondientes asientos contables para que el inmovilizado refleje el valor de los bienes del Patrimonio Público del Suelo”.
PUERTO DEL ROSARIO Y PUERTO DE LA CRUZ
El informe hace especial hincapié en los ayuntamientos de Puerto de la Cruz (Tenerife) y Puerto del Rosario (Fuerteventura) como muestra representativa. Del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz se dice que se aprobaron dos proyectos equidistributivos en el periodo fiscalizado.
“La oferta de los promotores consistió en la sustitución del aprovechamiento por la urbanización del sistema general, que hubiera correspondido desarrollar al Ayuntamiento –señala- además se realizó una cesión de terreno externo a la unidad de ejecución, de la que no se realizó valoración alguna”.
“Los proyectos no fueron remitidos a la Intervención para su fiscalización previa –prosigue- tampoco se contabilizaron las dos operaciones, ni se justificó la necesidad de compensar los aprovechamientos urbanísticos y no se conoce la valoración exacta de la infraestructura recibida por el Ayuntamiento, pues el presupuesto inicial corresponde al proyecto redactado por los empresarios”.
En cuanto a la fiscalización realizada en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, “se puso de manifiesto que la valoración del aprovechamiento que se debía abonar a la Corporación local, debido a errores de cálculo, presentaba una diferencia que perjudicaba al Ayuntamiento”.
* Canarias 24 Horas - ACN Press - 10.11.2008
Foto: Puerto Rosario (Fuerteventura) - bbc.co.uk
Andalucía: La inspección reseñará los casos más graves de casas ilegales para demoler
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ELPAÍS* : El tipo de suelo ocupado o la existencia de lucro determinarán la escala. La legalidad urbanística es un camino que no admite atajos y su restitución debe ser contemplada en los planes de ordenación municipales. Este mensaje lo repite insistentemente el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, en las reuniones que viene manteniendo con los alcaldes para abordar el planeamiento.
El fenómeno ha adquirido tal dimensión, con decenas de miles de construcciones en suelo no urbanizable repartidas por todo el territorio andaluz, que no cabe una respuesta global. Ni es factible demoler todas las viviendas ilegales, ni es aconsejable una amnistía general porque quitaría legitimidad a la normativa.
El proceso de normalización urbanística tendrá que establecer así una jerarquía de las irregularidades, y determinar las que son asumibles por el planeamiento y las que no tienen más remedio que quedar fuera de ordenación. Algo similar al plan de regularización diseñado en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella cuyo autor, Manuel González Fustegueras, adoptó para explicarlo el concepto de pecados mortales y veniales.
El recién creado cuerpo de inspección urbanística tiene entre sus misiones definir un censo preciso de todas las irregularidades producidas, que permitirá establecer esa graduación de medidas a aplicar para restituir la legalidad, pero siempre desde la premisa que ninguna infracción debe quedar impune y de que el interés general debe prevalecer sobre el de los particulares.
Para dar garantías de objetividad y despejar dudas de arbitrariedad, se ha elaborado un reglamento que establece cuatro criterios fundamentales sobre las prioridades de este plan general de inspección urbanística.
- Repercusión social. Se trata de considerar el contexto social, jurídico o económico. "Hay que atender la existencia de una especial sensibilidad social sobre determinadas infracciones porque es necesario conectar la acción disciplinaria de la Administración con la sociedad civil", explica el director general de Inspección, José Antonio Ortiz. Esto es, actuar en sitios como Medina Azahara, El Palmar o La Axarquía, donde el fenómeno urbanístico es conflicto social.
- Prevención. Deben ser prioritarias aquellas acciones disciplinarias que pueden tener un efecto añadido de prevención de infracciones para evitar que se multipliquen. Una actuación rápida y eficaz contra las primeras manifestaciones de un nuevo tipo de infracción puede tener este efecto preventivo, y un ejemplo puede ser el nuevo fenómeno de instalación de casas de madera favorecido por la creencia errónea de que se pueden poner en suelo no urbanizable.
- Consideración territorial. Serán preferentes las actuaciones que tengan una incidencia de escala territorial y afecten a suelos protegidos, o reservados para infraestructuras y equipamientos en el planeamiento autonómico. No es lo mismo la conversión en vivienda de una casa de aperos si está en un barranco, o en el cauce de un arroyo, que en un suelo sin este tipo de problemas. Una urbanización que ocupe suelo para vías de comunicación en un monte de forma que obligue a replantear la infraestructura, no es lo mismo que si está en una llanura donde se puede hacer sin problema un trazado alternativo.
- Beneficio económico. Debe haber respuestas disciplinarias distintas para aquellas infracciones que han proporcionado lucro a su autor, de aquellas otras que no. Por ejemplo, parcelaciones ilegales que han permitido construir y vender varias casas en un terreno, que construir una vivienda para uso propio. Ortiz explica que cuando hay una actividad profesional hay más capacidad de vulnerar los intereses generales. Por ejemplo, llenar de casas una vega a costa de destruir cultivos.
Plan concertado
La colaboración con los ayuntamientos tiene carácter estratégico en el plan general de inspección urbanística que desarrolla la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio. Ambas administraciones tienen competencias en disciplina urbanística, pero es que la meta final de la revisión y puesta al día del estado de las cosas es la elaboración de los planes de desarrollo.
El plan contempla la firma de convenios con municipios menores de 5.000 habitantes y la creación de oficinas de asesoramiento y apoyo técnico en distintas comarcas.
El plan de inspección se ha iniciado en siete áreas consideradas problemáticas: Valle de Almanzora, Freilas, costa de Vejer de la Frontera, Medina Azahara, Axarquía, Sierra de Aracena y Quesada (Sierra de Cazorla).
Uno de los primeros objetivos del plan es la elaboración de un inventario de edificaciones en suelo no urbanizable. Las fichas incluyen los datos técnicos (localización, promotor, si tiene o no licencia y si se ajusta a la misma y proyecto de actuación), de ejecución (en qué estado se encuentran las obras, si está habitada y desde cuándo) y la situación jurídica (si hay algún expediente administrativo o algún procedimiento judicial), además de fotos, croquis y localización geográfica de cada construcción.
El cuerpo de inspectores, que dispone de 25 agentes, se ampliará con otros 11 a lo largo del año próximo, con lo que aún sumará la mitad de lo previsto.
* ELPAIS.com - DIEGO NARVÁEZ - Málaga - 10/11/2008
Foto: Vejer (Cádiz), derribos en el Palmar - europasur.com
Los jueces investigan en la Vega Baja a veinte cargos públicos
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LEVANTE/Alicante* : Los juzgados de Instrucción de Orihuela y Torrevieja están investigando en estos momentos a, al menos, veinte cargos y ex cargos públicos acusados de delitos relacionados con el ejercicio de sus funciones (delitos urbanísticos, cohecho, malversación de caudales o prevaricación), según los datos recabados por este periódico.
El famoso retraso de la justicia ha vuelto a estar de actualidad esta semana, porque el alcalde Bigastro, José Joaquín Moya, que protagoniza el último sumario abierto contra un político alicantino, ha ingresado en prisión -lo hizo el pasado lunes- acusado de cinco delitos. El mismo día que la magistrada decretó su ingreso en la cárcel, en otro juzgado de Orihuela se acordaba la libertad de tres concejales del equipo de gobierno de San Fulgencio.
A los fiscales consultados les entra un sudor frío cuando se les pregunta sobre la manera en la que marchan los sumarios contra cargos políticos de la comnarca. "Eso es problema del fiscal (Felipe) Briones, viene por aquí, se entrevista con los jueces y resuelve, nosotros tenemos mucho trabajo y no podemos perder el tiempo".
Sin tiempo para investigar causas
A los magistrados el trabajo diario les desborda al punto de que apenas encuentran tiempo para investigar e instruir causas de calado político y de un fino entramado de favores. Por desgracia estos asuntos tienen más relevancia informativa que penal.
"Aquí estamos todos un poco locos -aseguraba un magistrado suplente al diario- porque estos temas no se pueden llevar en un juzgado con más de mil ejecutorias pendientes y así están en la mayoría. Eso si le preocupa a un juez, que no le pase un caso Mari Luz después de la que ha caído en este país. Y a que no le pase le dedica mucho tiempo con lo cual no lo hay para investigar ni acusar a los políticos".
Lo que dice el magistrado lo sabe cualquier abogado de un político que esté imputado en estos momentos en los juzgados de Orihuela y Torrevieja.
"A mi cliente tanto retraso le beneficia -reconocía un letrado- porque en el peor de los casos si se le condena se podrá solicitar una reducción de la pena por la lentitud de la justicia y eso es algo que se aplicará sin ningún género de dudas porque es jurisprudencia. Nadie en España puede estar ocho o diez años esperando un juicio y aquí lo están, eso si llega".
No todos son de esta opinión. Por ejemplo, el ex alcalde de Orihuela, José Manuel Medina (PP), reclamaba a través de este diario hace una semana que se dieran celeridad para resolver su caso.
"Yo lo entiendo -añadía esta semana un secretario judicial- porque todas las noches los acusados se acuestan en la cama pensando que algún día tendrán que cambiar el balcón por barrotes y eso es un sinvivir".
Los cruces de denuncias entre el PSOE y el PP
Cada vez que estalla un escándalo político se produce una situación muy curiosa entre los dos grandes partidos que tardan minutos en aprovechar la coyuntura para denunciar la corrupción del rival político. Pero así también es curioso comprobar cómo en la Vega Baja nadie sale a librar estas batallas a sabiendas que en su propio partido también hay cargos públicos imputados. El único que se ha atrevido ha sido el alcalde de Torrevieja (PP) y para defender al de Bigastro (PSOE).
* Levante-EMV - E. D. G./E. P./M. A. - 9.11.2008
Foto: Orihuela (Alicante), ayuntamiento - levante-emv.com
Alquileres sin paquete
JOSE MANUEL NAREDO* : El paquete de ayudas a los parados con problemas de pagos por vivienda, que hoy se aprueba en el Consejo de Ministros, muestra un olvido significativo: los parados que viven en pisos de alquiler. Lo que es grave, cuando el colectivo de inquilinos en paro alberga muchas veces situaciones más precarias que el de los que se han comprometido a acceder a la propiedad de sus viviendas y dista mucho de ser despreciable en las grandes ciudades.
Dos razones pueden explicar este olvido. Una, que el apoyo a las personas sea sólo una coartada para apoyar de nuevo a las entidades financieras, rebajando la morosidad que se les viene encima, cuando estas entidades ya se habían visto bien inyectadas, avaladas y arropadas por el Estado. Lo que no pasa con las pobres personas que viven en alquiler, por muy necesitadas que estén. La otra razón sería el mero continuismo de una política que ve en la vivienda en propiedad el único modelo digno de ser apoyado, aunque cuente ya con muy notables apoyos. Pues las desgravaciones fiscales por compra de vivienda superaron en 2007 los seis mil millones de euros, afectando a seis millones y medio de declarantes (casi el 40%).
La creación franquista de un Ministerio de Vivienda orientado a promover la vivienda en propiedad como vacuna contra la inestabilidad social dio buenos frutos. Con la retórica falangista del momento, el entonces ministro de Vivienda e ideólogo de Franco José Luis Arrese, decía que para hacer “gente de orden” y asegurar el conformismo de la población, había que facilitar su acceso a la propiedad de la vivienda, atándola, además, con responsabilidades de pago importantes. Se des plazó, así, el régimen de tenencia de las viviendas desde el alquiler hacia la propiedad. Pues el alquiler era entonces aplastantemente mayoritario en las ciudades. Según datos del Censo 1950, en Barcelona, sólo el 5 % de las viviendas estaba ocupado por sus propietarios, en Madrid el 6%, en Sevilla el 10 %, en Bilbao el 12 %, etc.
El empeño de promover la vivienda en propiedad vino a culminar medio siglo después de haberse iniciado y un cuarto de siglo después de muerto Franco. Si algo quedó bien atado después de su muerte, fueron la política de vivienda y la práctica del “pelotazo” inmobiliario. Un continuismo digno de mejor causa permitió no sólo cambiar la cultura de alquiler a favor de la propiedad, sino convertir a España en líder europeo en este campo y hacer del negocio inmobiliario la verdadera industria nacional. Solamente se abandonó la promoción pública de “alquileres baratos” vinculada al paternalismo franquista, hasta el extremo de hacer de España el último país europeo en porcentaje de vivienda social.
Pero si la situación se forzó en un sentido, también podría reorientarse en sentido contrario. Cuando la avidez de “invertir en ladrillos” se apuró hasta el final, generando un stock de viviendas sobredimensionado que nuestra población no alcanza ya a comprar, ni a habitar, es el momento de invertir el modelo y no de persistir en él. La regulación y el fomento del alquiler y la vivienda social son el medio razonable de paliar la delicada situación actual. Son la única salida razonable para rebajar la presión financiera a la que se ven sometidos los propietarios de ese enorme stock actual de viviendas invendidas, desocupadas o infrautilizadas. A la vez esta opción resolvería la contradicción que supone el hecho de que siga habiendo graves necesidades de vivienda en España, cuando es el país que cuenta con más viviendas per cápita de toda la UE.
* José Manuel Naredo se doctoró en economía en la Universidad Complutense de Madrid y se formó también en Estadística e Historia de la estadística, campo en el que desarrolló una labor considerable. Antes de jubilarse, fue director del programa Economía y naturaleza de la Fundación Argentaria. También dirigió el servicio de Análisis de Coyuntura del Instituto Nacional de Estadística y la sección de Estudios y publicaciones del Crédito Agrícola. Luego de su retiro, fue nombrado profesor honorario en el Departamento de Urbanismo de la Universidad Politécnica de Madrid y la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Complutense. En el año 2000 se le concedió el Premio Nacional de Economía y Medio Ambiente y, en enero del 2008, el Premio internacional Geocrítica por el conjunto de sus trabajos. Exiliado en Francia entre los años 1960-1970, había trabajado en la OCDE, al tiempo que colaboraba bajo diversos seudónimos con la revista Cuadernos de Ruedo Ibérico, que reunía diversas corrientes de la izquierda antifranquista no ligadas al Partido Comunista y, en particular, una corriente anarquista con tradición en España. En esta revista inició su colaboración con el economista catalán Joan Martínez Alier, profesor de economía en la Universidad Autónoma de Barcelona y uno de los fundadores de la Economía ecológica.
* Rebelión - Público - Opinión - 10.11.2008
