DIARIODEMALLORCA : Una persona enfrascada en la construcción de su vivienda no suele tolerar que el albañil le cobre dos veces por unos ladrillos, le cargue el precio de la hormigonera nueva o le cuele una chapuza jamás ejecutada. Pero en el velódromo todo era posible. La Policía ha hallado en la sede de la Unión Temporal de Empresas constructoras (UTE), integrada por FCC y Melchor Mascaró, facturas que jamás deberían haberse librado al erario público.
Al menos, eso es lo que sostienen los agentes y el informe pericial de un arquitecto, incorporado al sumario del Palma Arena. Estas aparentes irregularidades ascienden a 13,5 millones de euros, más de 12.000 millones de pesetas. El caso Túnel de Sóller precipitó la caída del ex president Gabriel Cañellas por un cohecho de 50 millones de pesetas.
En el velódromo donde los responsables políticos no leían papeles se consintió a la constructora cobrar por la demolición de un pilar que ni constaba en el proyecto ni, al parecer, existía en el solar. Así lo indica el informe pericial. La ´dolorosa´ que se pasó al consorcio público: 22.612 euros.
Las empresas necesitaron un grupo electrógeno de hasta 100 kilovoltios, posiblemente para ejecutar las obras durante la noche. También consumieron agua durante el transcurso de la edificación. El arquitecto encargado de analizar las cuentas del velódromo entiende que se trata de gastos generales a cuenta de los constructores, que ya han computado cuando presentan el presupuesto. Sin embargo, los cargaron a la Administración. Agua y grupos electrógenos: 62.160 euros. A esta cantidad cabe añadir maquinaria diversa, como dos plataformas elevadoras eléctricas, por 42.000 euros.
Los ejemplos de gastos que deberían haber asumido las compañías y se achacaron a la Administración son abundantes. Por ejemplo, el coste de los guardias de seguridad encargados de velar por el material de la obra. La hora de este personal costó 45,77 euros, cuatro veces más del precio que suelen ingresar estos trabajadores.
Puntales a precios de oro
En cuanto a partidas ya incluidas en otros apartados, y por tanto, cobradas dos veces, destacan los 218.000 euros de unos puntales de gran sección de acero inoxidable. Su misión, sujetar la cubierta del velódromo. Los investigadores no los han encontrado. También se facturaron por dos vías distintas el transporte de unos asientos abatibles y su montaje.
También solía ocurrir que los costes se dispararan el doble de lo previsto sin razón. Dos paradigmas reveladores. El primero, de escasa cuantía, hace referencia al hierro empleado en la estructura de los ascensores. El metal se licita a 1,70 euros el kilo y luego se pasa un recibo a 3,80 euros, lo que implica una subida de casi del 125% sin justificación alguna, al menos eso es lo que dice uno de los peritos.
El segundo paradigma, esta vez mucho más caro, se refiere a la construcción de la cubierta del óvalo de la pista. Se licita de madera y Melchor Mascaró, única empresa que se presenta, se ofrece a elaborarla de hierro porque resultaba más barato y rápido. Al final, sucede al revés. Se adjudica por 2,3 millones de euros y se importa por 4,4.
Algo muy parecido a lo relatado con el hierro y la cubierta acontece con el pavimento flotante de las terrazas exteriores del edificio, cuya desviación del presupuesto inicial alcanzó los 40.000 euros, y también se repitió la operación con un muro de cortina de silicona, cuyo desfase roza los 332.000 euros.
La traca final de los desbarajustes descubiertos por los policías y el arquitecto encargado de la prueba pericial se refiere a la preparación de la parcela Can Domenge para su uso como aparcamiento para el personal autorizado del Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista, celebrado en 2007. Los constructores debían limpiar el solar, retirar la capa vegetal y nivelar el terreno, pero al perito no le constan estos trabajos. Algo similar sucede con otro aparcamiento situado al otro lado de la calle Uruguay para su uso como ´parking´ público. En total, los no aparcamientos costaron unos 160.000 euros.
La documentación incautada en la sede de la UTE también apunta a duplicaciones del IVAN o la no aplicación de la rebaja prevista en el concurso por un importe cercano a los 735.000 euros. Estas y otras supuestas irregularidades rondan los 13,5 millones de euros.
* Diario de Mallorca - MANSO/MESTRE/FERRER - 26.08.09
Foto: Imagen del montaje de la cúpula cuyo importe se duplicó, pese a ser de metal. - Sebastián Llompart, diariodemallorca.es
Palma: La constructora facturó trabajos inexistentes y duplicó los costes
Calp: El nuevo deslinde afecta a mil propietarios y amplía la zona de protección de les Salines
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INFORMACIÓN/Alicante* : La dirección de Costas de Alacant ha publicado el proyecto provisional del deslinde de la franja costera de Calp. La nueva delimitación del dominio público marítimo-terrestre y la zona de servidumbre de tránsito y protección abarcará los 15,800 metros lineales de la franja litoral calpina y afecta, según las primeras estimaciones, a más de un millar de propietarios.
La aplicación de la Ley de Costas en el municipio del Penyal tendrá consecuencias importantes y es previsible que en los nuevos lindes de protección queden numerosos chalés e incluso edificios de apartamentos, ya que el litoral de Calp ha soportado una fuerte presión urbanística en las últimas décadas.
Además, la nueva delimitación no sólo acarrea restricciones sobre las propiedades privadas, sino que también introducirá afecciones sobre bienes de titularidad pública y sobre el humedal de les Salines. Desde el Consistorio ya se advirtió ayer de que un solar municipal de la calle Alemania y una parcela dotacional escolar del Plan Parcial 4 o del Saladar (perímetro de les Salines) forman parte del expediente iniciado por Costas. También el paseo marítimo, que fue cedido al municipio en 1972 a través de un acuerdo del consejo de Ministros, ahora podría volver a ser titularidad del Estado.
No obstante, el alcalde de Calp, Ximo Tur, del Bloc, explicó ayer que el Ayuntamiento alegará en contra del proyecto de deslinde al entender que no existen argumentos sólidos para la fijación de los hitos del dominio público. El fundamento del alegato municipal apuntará al uso de material cartográfico de 1992 y, por tanto, ya desfasado, y a la falta de un criterio homogéneo al fijar la Administración estatal la delimitación del dominio público.
Otro de los puntos polémicos del documento es la protección de les Salines hasta un perímetro de 100 metros. Esta decisión, como ya se advirtió ayer desde el Ayuntamiento, contravendría la sentencia dictada en 2003 por el Tribunal Supremo, que falló que los lindes del paraje "son de propiedad privada, anulando su deslinde", ya que "no hay prueba de que los terrenos ocupados por les Salines fueran un día una marisma". Esa misma sentencia dio vía libre al PAI de 2.200 casas en la zona, actualmente paralizado. Con todo, les Salines forman parte del catálogo de zonas húmedas de la Conselleria.
Exposición al público
El primer edil calpino anunció que el Consistorio publicará bandos para dar a conocer a los ciudadanos el procedimiento abierto por el departamento dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino. En estos momentos, el servicio provincial de Costas ha expuesto al público el deslinde calpino con tal de facilitar a los afectados la información relativa y dar la posibilidad de presentar alegaciones en el plazo de un mes.
Asimismo, el Consistorio deberá emitir un informe sobre la aplicación del Real Decreto 1.112/1992 y asignar sobre el litoral del término municipal la suspensión de licencias de forma cautelar.
Finalmente, y para proseguir con el expediente,realizará un apeo sobre el terreno para mostrar la delimitación provisional. Esta actuación tendrá lugar los días 22, 23 y 24 de septiembre, a partir de las 10 horas.
* Información - E. VIDAL - 26.08.09
Foto: El litoral de Calp ha soportado una fuerte presión urbanística - ERNEST WEBER,diarioinformacion.com
Defensa cerca una playa en Rota para uso y disfrute de los soldados estadounidenses
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LAREPÚBLICA/Cádiz* : El Ayuntamiento del municipio gaditano de Rota ha abierto un expediente de infracción urbanística contra el Ministerio de Defensa por las obras que ha realizado la base naval en plena playa de la localidad. Los trabajos comenzaron sobre el 25 de julio y consistían en la instalación de una valla que separara la playa del Chorillo, muy frecuentada por los veraneantes, con la del Almirante, situada en terrenos de la base militar.
El Ayuntamiento reaccionó con una orden de paralización, ya que las obras carecían de licencia y la base no había realizado ninguna comunicación de las mismas. No obstante, el Ministerio de Defensa ha seguido adelante y ha concluido el vallado.
Un portavoz de la base aseguró que se trata de una zona de «seguridad nacional», por lo que no necesita pedir autorización al municipio. «El protocolo de Defensa es diferente. No está sujeto al Ayuntamiento. Además, no se ha levantado una valla, sino que se ha sustituido la que estaba por otra en mejores condiciones. Es una continuación de la delimitación de la base por el mar. Cerca de esa zona está el muelle, donde están atracados los barcos, así que es un asunto de seguridad», explicó.
Esta visión no convence al Ayuntamiento ni a gran parte de los roteños, que observan con indignación cómo un número privilegiado de bañistas accede cómodamente a la playa de El Almirante, mientras miles de personas se hacinan a pocos metros.
De hecho, en el Consistorio, que lleva años reclamando el uso público de esa zona de costa, están convencidos de que la verja se levanta para poder seguir disfrutando de una playa privada.
«Nadie en Rota lo entiende. Si no nos diéramos cuenta, pues ojos que no ven, corazón que no siente. Pero es que están ahí al lado, bañándose tan tranquilos. Esa playa no tiene ningún uso militar. Ahí no se ven maniobras ni nada», protesta el concejal de Urbanismo, Jesús Corrales (Roteños Unidos).
El acceso a la playa de El Almirante está prohibida desde hace 50 años, cuando la base, hoy de uso conjunto con EEUU, se instaló en Rota. En los últimos años, una alambrada y varios carteles advertían a los civiles de que no entraran, mientras el personal de la base y sus familiares frecuentaba cada vez más la playa.
El aumento de los bañistas también levanta la indignación en El Puerto de Santa María, ya que la playa de la base linda con la de Fuentebravía. Al igual que Rota, el Ayuntamiento portuense lleva años reclamando el uso público de la zona.
En la actualidad, el asunto está encallado y pendiente de la resolución municipal, que muy probablemente desemboque en una sanción al Ministerio de Defensa superior a 3.000 euros.
* La República - 24.08.09
Foto: Operarios colocando las vallas de separación en plena playa. | J. F. Ferrer, elmundo.es
Málaga: El cuartel de Segalerva, abierto al abandono
SUR* : El abandono se ha hecho aún más evidente en el antiguo cuartel de Segalerva, una instalación militar clausurada desde más de una década que el Ayuntamiento adquirió hace seis años para darle uso como equipamiento para la ciudad. A la espera de su reforma para convertirlo en un polideportivo dotado con piscina cubierta, como se proyectó hace tres años, el edificio ha permanecido cerrado hasta que, desde hace varios días, algunos chatarreros han conseguido forzar el candado de su puerta principal y entrar sin mayor problema en su interior para desvalijar lo poco que ya queda entre los muros del antiguo acuartelamiento.
Según pudo comprobar este periódico y el testimonio de algunos vecinos, hay varios momentos del día en que las puertas permanecen abiertas. De hecho, SUR pudo entrar sin problema alguno en el interior del recinto y captar algunas imágenes que dan buena cuenta del abandono que sufren las instalaciones. En ellas se encontraba uno de los carritos de supermercado que los chatarreros usan para llevarse elementos del edificio y venderlos luego para sacar algún dinero.
Fue en marzo de 2008 cuando el Ayuntamiento adjudicó a una empresa denominada Gaia Gestión Deportiva la construcción y explotación durante 35 años tanto de este polideportivo para la zona de Segalerva como de otro que se va a construir junto al Parque Huelin.
El pasado mes de mayo, fuentes de la Fundación Deportiva Municipal indicaron que la citada empresa tenía previsto iniciar las obras a finales de este verano con un plazo de ejecución de catorce meses.
Sin embargo, por el momento no se aprecia en el edificio más movimiento que el de algunas personas que abren y cierran el portón a su antojo para poder acceder así a su interior.
Con licencia de obras
La realización del polideportivo de Segalerva cuenta con la licencia de obras de la Gerencia Municipal de Urbanismo desde el pasado mes de febrero, si bien estaba pendiente de la presentación del proyecto completo de ejecución, según matizaron en mayo desde la Fundación Deportiva Municipal. El cumplimiento de este trámite y los preparativos para el inicio de los trabajos se apuntaron como causas para su demora.
La empresa que acometerá esta actuación y gestionará el futuro centro deportivo abonará al Ayuntamiento un canon por la explotación de 4,1 millones de euros. Según anunció en su momento el equipo de gobierno, este dinero servirá, por un lado, para recuperar la inversión realizada por el Consistorio en la compra del antiguo cuartel -2,15 millones de euros- y, por otro, para financiar obras complementarias demandadas por los vecinos de la zona en unos terrenos situados al norte de la parcela.
Se trata de un edificio que albergará una guardería, locales para colectivos ciudadanos y la nueva sede de la Escuela Municipal de Folclore, Flamenco y Dramaturgia, ubicada desde hace cuatro años en el colegio Divino Pastor, en la calle Gaucín.
El proyecto de Segalerva, que prevé restaurar las antiguas estructuras del techo del cuartel, incluye una pista de esquí artificial de 150 metros cuadrados, así como una piscina de 25 por 14,5 metros y otra de 7 por 12,5 metros para iniciación. Los estudios realizados para la puesta en marcha de esta instalación prevé que tenga unos 6.000 abonados. Habrá tarifas especiales para jóvenes, jubilados y familias enteras.
* SUR - JESÚS HINOJOSA - 26.08.09
Foto: Partes del techo están caídas. /J. A. P. - diariosur.es
Los vecinos de un pueblo leonés consiguen echar temporalmente a una comunidad de monjes benedictinos
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INFOCATÓLICA* : El monasterio benedictino de San Salvador del Monte Irago, ubicado en Rabanal del Camino (León), atraviesa días convulsos. La polémica habida en torno a la restauración de la iglesia románica del pueblo ha provocado que los monjes abandonen la vida regular en su comunidad para pasar unos días de silencio y oración en otro monasterio de la Orden.
La salida de los monjes ha tenido que efectuarse con una escolta de la Guardia Civil para proteger a los religiosos. El traumático abandono se produce precisamente en un momento de gran afluencia de peregrinos del Camino de Santiago, a los que los monjes atienden en sus necesidades tanto espirituales como físicas. La comunidad monástica ha publicado un comunicado en el que lamenta los hechos ocurridos, muestra su deseo de regresar al monasterio desalojado, advierten de que la protesta violenta ha sido protagonizada por personas que no son católicos practicantes de la parroquia y piden a las autoridades públicas que asuman sus responsabilidades para restablecer la convivencia en paz y en justicia. La diócesis de Astorga ha publicado también una nota de apoyo a los monjes.
(ReligiónConfidencial/InfoCatólica) Detrás de lo que los monjes han dado en llamar “tumultos” está la polémica en torno a la restauración de la iglesia románica de Rabanal del Camino, de la que es párroco uno de los monjes del vecino monasterio. Dicha iglesia cuenta con aproximadamente un millón de euros como fondo para su restauración. Se trata de un Bien de Interés Cultural y, por tanto, el proyecto depende de la Dirección General de Patrimonio de Castilla y León. La Dirección General ha terminado por desviar la ejecución de la restauración –y, por tanto, la responsabilidad en la gestión de los fondos- al ayuntamiento de Santa Colomba de Somoza, municipio del que depende la pedanía de Rabanal del Camino.
Tanto la parroquia como la diócesis de Astorga se han negado a que sea el ayuntamiento –en manos del Partido Popular- el que promueva las obras. La reacción airada de unas sesenta personas concernidas por la restauración ha alterado de modo insostenible la vida de los consagrados, a los que se les achaca “la pretensión de alterar no sólo la estructura arquitectónica del templo, sino de modificar, incluso, la configuración urbanística del pueblo”, según han afirmado los monjes en una carta circular enviada a los amigos del monasterio.
Otras acusaciones resultan, si cabe, más sorprendentes: se acusa a los monjes de “no escuchar a las autoridades locales a la hora de organizar los actos litúrgicos” y aun de robar imágenes de la iglesia. Los monjes, conocedores de que “la exclusión del Ayuntamiento en la gestión de tan importantes fondos económicos ha originado toda esta situación”, han sufrido “insulto, injuria sistemática, amenazas de violencia física” y atranco de puertas del convento, además de las acusaciones de distintos medios de comunicación a los que no piensan hacer declaraciones.
El día 13 de agosto, la Junta Vecinal de Rabanal del Camino, en concejo público al que fueron convocados todos los vecinos excepto el monje-párroco, también vecino empadronado en dicha localidad, propuso el envío de una carta de protesta a la Junta de Castilla y León. Dicha carta contenía los datos de un proyecto todavía en fase de redacción y han inducido al equívoco a los vecinos de Rabanal. Las disposiciones hasta ahora aceptadas por las autoridades han sido rechazadas.
Los monjes de San Salvador del Monte Irago están ya más preocupados por la restauración de la vida monacal que por la de la propia iglesia, y se han mostrado especialmente dolidos porque en un punto de tradicional acogida en la Ruta Jacobea hayan tenido que oír gritos de “fuera de este pueblo”.
La polémica, todavía soterrada, no es la primera que afecta al Ejecutivo de Juan Vicente Herrera en su trato con las órdenes religiosas: a este respecto, se cita el caso de una clausura de Clarisas en Segovia, de enorme valor artístico-monumental por sus artesonados, que sufre el olvido económico de la Dirección General de Patrimonio de la Junta.
Comunicado del Monasterio de San Salvador del Monte Irago
Los pasados días 15 y 16 de agosto, se produjeron sendos tumultos durante la celebración de la Eucaristía, en Rabanal del Camino, durante los cuales no sólo se profirieron insultos contra los monjes sino que, debido a sus actitudes violentas, fue precisa la intervención de la Guardia Civil, para proteger su integridad física, viéndose obligados a abandonar el pueblo.
Ante tan tristes acontecimientos, la comunidad de monjes benedictinos de San Salvador del Monte Irago quiere manifestar lo que sigue:
1. Deploramos el empleo de la violencia física o moral como medio de solución de cualquier conflicto.
2. A causa de la violencia del tumulto, hemos sido llamados a nuestra Abadía de Santa Otilia por nuestro Superior, el Archiabad, con el conocimiento de las autoridades eclesiásticas competentes. Lamentamos, con ello, la situación de desatención que, de hecho, se produce no sólo en nuestras Parroquias sino, también hacia los cientos de peregrinos que cada día esperan encontrar en Rabanal del Camino la presencia espiritual del Monasterio. Y, deseamos, a la menor brevedad posible, poder reanudar nuestra vida monástica y pastoral ordinaria.
3. Ante la oposición manifestada por la Junta Vecinal de Rabanal del Camino y del Ayuntamiento de Santa Colomba de Somoza (del que depende Rabanal) al proyecto de restauración de la iglesia románica de Nuestra Señora de la Asunción, solo podemos decir que dicho templo está declarado Bien de Interés Cultural por la Junta de Castilla y León y, en cuanto tal, corresponde únicamente a la Dirección General de Patrimonio la responsabilidad sobre cuantos obras se lleven a cabo en él. Por otra parte, la responsabilidad sobre la gestión urbanística corresponde, en exclusiva, a las autoridades municipales de Santa Colomba de Somoza. Nos parece inadecuado, en consecuencia, querer imputar al Monasterio de San Salvador responsabilidad alguna sobre dichas materias.
4. Por otra parte, nos consta que el Proyecto de Restauración de la iglesia de la Asunción, a día de hoy, no ha sido presentado a la aprobación del Ayuntamiento de Santa Colomba de Somoza. Desconocemos, por tanto, el fundamento de la protesta tanto de éste, como la Junta Vecinal de Rabanal del Camino. Por nuestra parte, hemos colaborado con las autoridades de Patrimonio, cediendo el templo para la realización de dos excavaciones arqueológicas, a pesar de las molestias que ello nos ha causado. Somos conocedores, eso sí, de la finalidad última de dicha intervención, consistente en poner en valor los importantes hallazgos románicos descubiertos hace nueve años. En cuanto a los retablos barrocos que ocultaban dicha estructura románica, fueron reubicados, junto con todas sus imágenes, en los otros dos templos barrocos existentes en Rabanal, hecho fehacientemente conocido y contrastado por las autoridades competentes de Patrimonio, además de la feligresía.
5. Si bien se reconoce la tutela de la Dirección General de Patrimonio sobre dicho Bien de Interés Cultural, también afirmamos, sin ambages, la titularidad de la propiedad de todos los templos de Rabanal del Camino por parte de la Parroquia Católica de Nuestra Señora de la Asunción (Obispado de Astorga), persona jurídica reconocida por la legislación civil española, a favor de la cual dichos bienes se encuentran inscritos en el Registro de la Propiedad, incluyendo en dicha titularidad cuantos bienes muebles se hallan allí contenidos.
6. Como consecuencia de la declaración de aconfesionalidad recogida en la Constitución Española de 1978 y la subsiguiente legislación en materia de libertad religiosa, resulta inadmisible la pretensión de las autoridades locales de imponer formas y contenidos en las celebraciones litúrgicas católicas.
7. Los pueblos del Camino han acogido, a lo largo de los siglos, peregrinos en tránsito hacia la tumba del Apóstol Santiago. Tristemente, en cambio, hemos vivido en Rabanal una violenta protesta protagonizada por no más allá de cien personas, que en su inmensa mayoría no son miembros de la Parroquia Católica. Esto ha provocado la marcha de los monjes y el cese de las actividades del Monasterio que no sólo ha venido atendiendo espiritualmente a los feligreses que habitualmente residen en el pueblo sino que, sobre todo, ha orientado sus esfuerzos en acoger a muchos miles de peregrinos que, cada año, han participado libremente en sus servicios religiosos. Ellos son, sin duda, los grandes perjudicados de toda esta lamentable situación.
Nuestro Señor, venerado en Rabanal como el Bendito Cristo, nos manda amarnos y perdonarnos. En este espíritu, pedimos disculpas a cuantos se puedan haber sentido ofendidos por nuestras acciones, al mismo tiempo que perdonamos cuantas ofensas hemos podido recibir a lo largo de estos días.
Al mismo tiempo, esperamos que las autoridades públicas asuman sus responsabilidades, y pongan cuanto está de su mano para restablecer una convivencia en paz y en justicia.
Santa Otilia, a 24 de agosto de 2009
La comunidad de monjes de San Salvador del Monte Irago.
* InfoCatólica - 25.08.09
Foto: infocatolica.com
