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ELPERIÓDICO/Barcelona* : El acceso a la vivienda se ha convertido en un propósito imposible incluso para los agraciados –por sorteo– con un piso de protección oficial a precios inferiores a los de mercado. La restricción del crédito hipotecario y la situación laboral precaria de la mayoría de los solicitantes ha hecho que se dispare el número de viviendas protegidas vacías, sin posibilidad de encontrar dueño, durante los últimos meses. Al menos unas 95 viviendas del área metropolitana permanecen vacías porque ninguno de sus adjudicatarios ha podido acceder a la hipoteca, a pesar de que cumplían con los requisitos de ingresos que exigía la administración para concursar. Como mínimo, en cinco municipios no se han podido deshacer de viviendas públicas ya construidas: Barcelona, Badalona, Santa Coloma, Cornellà y Sant Boi.
Y cada vez la Administración tiene más dificultades para deshacerse de su estoc. El ayuntamiento de Barcelona tardó más de tres años en poder vender todos sus pisos de la calle de Pallars, valorados en unos 270.000 euros, después de haber llamado a más de 500 adjudicatarios. La mayoría no disponía de los 50.000 euros exigidos para iniciar los trámites hipotecarios. La situación ha cambiado de forma drástica. En los años del boom inmobiliario, las promociones eran adjudicadas de inmediato en el sorteo.
El Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet cuenta con 42 pisos recién construidos vacíos en la calle de los Pirineus. Y la empresa inmobiliaria Gramepark (ahora intervenida judicialmente por un presunto caso de corrupción urbanística) calcula que tardará unos dos años en dar salida a los pisos recién construidos más los que están en construcción, en total unos 250.
La última promoción de 18 pisos en Sant Boi, sorteada hace dos años, aún cuenta con seis pisos sin vender y otra promoción en construcción, incluida en el mismo sorteo, tampoco ha tenido ninguna adjudicación.
Adigsa, la empresa pública de la Generalitat que construye pisos sociales, confirma que hasta ahora no ha podido adjudicar 9 pisos en Barcelona y 21 en el área metropolitana, debido a que los ganadores de los pisos no han recibido la aprobación hipotecaria. Carme Trilla, secretaria de Habitatge, confirmó que Adigsa tiene cada vez más dificultades para vender sus pisos por el cierre del grifo crediticio. «No es agradable construir viviendas protegidas que luego nos cuesta adjudicar», dijo a este diario la secretaria de Habitatge.
PRECARIEDAD LABORAL / Pero la crisis económica y la pérdida de trabajo de muchos interesados en pisos de protección oficial ha hecho que buena parte de los agraciados desistan de sus intenciones. El último sorteo de pisos de protección social celebrado en Badalona en noviembre del año pasado se rifaron 35 pisos nuevos ya construidos que habían quedado sin adjudicar en anteriores procesos. Hasta ahora, la Oficina Local de Vivienda de Badalona solo ha llamado a unas 120 personas para que escojan y compren su piso protegido. Más de la mitad ni siquiera ha querido iniciar el proceso porque aseguran que se encuentran en una condición laboral precaria (algunos de ellos también rechazan al piso por la zona) y 13 no han obtenido la hipoteca. Hasta ahora, tan solo 20 han firmado los contratos de compraventa, por lo que el ayuntamiento deberá deshacerse de los 15 pisos restantes.
Los responsables de la Oficina Local de Vivienda aseguran que, dadas las dificultades, ahora están llamando a una mayor cantidad de personas de las listas de espera para intentar agilizar las adjudicaciones y liquidar el estoc de vivienda.
La problemática también se repite en Cornellà, donde el ayuntamiento ha tenido que repetir un sorteo porque los pisos para minusválidos de tres promociones del 2007 todavía no han podido ser comercializados. El ayuntamiento no ha querido hacer público el número de pisos sin vender en el municipio. El precio de estos oscila entre los 190.000 y los 310.000 euros, una cifra difícil de asumir por los solicitantes de bajos ingresos, que son la gran mayoría.
* El Periódico - 22.06.10
Foto: Dos vecinas de Santa Coloma, ante la promoción de la calle de los Pirineus, con 42 pisos sociales sin vender.- elperiodico.es
La falta de créditos impide vender 95 pisos sociales en el área de BCN
Chile.- Ciudades en un zapato chino
LANACIÓN/Santiago* : Desde el 13.02.2004 está vigente una modificación al art.59 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), aprobada irreflexivamente por los parlamentarios en ejercicio en esa época. Se refiere a la caducidad, en reducidos plazos determinados, de las declaratorias de utilidad pública para las calles (expresas, troncales, colectoras, locales y de servicio), parques intercomunales y comunales, incluidos sus ensanches, descritos en los instrumentos de planificación territorial de todo el país. Quien promovió ese erróneo cambio fue el vehemente Jaime Ravinet, a la sazón ministro de Vivienda y Urbanismo.
Los plazos de caducidad en las áreas urbanas son de diez años para las vías expresas, y de cinco para las vías troncales y colectoras y parques, tanto intercomunales como comunales, plazo que se puede prorrogar, por una sola vez, por igual lapso para las vías troncales y colectoras y parques intercomunales. La fajas de vías locales y de servicio y los parques comunales debían caducar a los cinco años, la declaratoria caducó automáticamente, es decir, en febrero de 2004, para los terrenos localizados en las áreas rurales, y la correspondiente en las zonas de extensión urbana, cualquiera sea su destino, es de diez años, prorrogable por el mismo período.
Luego, el 12 de febrero de 2009, debía caducar la utilidad pública para las vías más angostas, pero por los problemas existentes, se amplió tal caducidad en un año. Entonces, desde febrero de 2010 no existe utilidad pública para esas calles y para los parques comunales. Este radical y carente de análisis cambio en las reglas del juego se efectuó hace seis años porque muchos particulares se perjudicaban con las afectaciones por períodos indefinidos que, en muchos casos, llegaban a los 50 años sin que aquéllos pudieran disponer de una parte de sus terrenos.
Asimismo se cometió otra equivocación al meter en un mismo saco a las vialidades con las áreas verdes, tipologías que, por sus características, siempre son necesarias, sobre todo en ciudades como las nuestras que tienen déficit de las mismas. Los parques bajo ninguna circunstancia pueden reducirse, por el contrario, es obligación del Estado materializarlos con abundantes árboles para mejorar la calidad del aire de las urbes, más aún las que, como Santiago, sufren con las consecuencias de la contaminación atmosférica.
Esta materia la tratamos en columnas las “Cambios en la Ley de Urbanismo” y “Sobre la Ley de Urbanismo”, publicadas en La Nación el 23 de febrero y 3 de marzo de 2004, respectivamente, criticando fundadamente la modificación porque conocíamos las consecuencias nefastas para las ciudades que su implementación significaba.
Entre otras cosas decíamos si quienes aprobaron esta modificación legal conocían el aumento creciente de la tasa de motorización que tenemos en nuestro país, cuestionando además que no existió un estudio acabado que sustentara el cambio. Decíamos que el artículo 59 de la LGUC debía mantenerse en el tiempo, buscando compensaciones económicas o de otro tipo para los perjudicados con esas declaratorias, lo que le expresamos a la Comisión de Vivienda del Senado en la ocasión en que nos recibió para conocer nuestra posición al respecto.
Con el cambio legal los parlamentarios solucionaron una situación que lesionaba a particulares afectados por las declaratorias, pero irresponsablemente no crearon los instrumentos necesarios para asegurar el desarrollo de las vialidades en el mediano y largo plazo y el resguardo de las áreas verdes mínimas para la salud de la población. Recurrimos al Minvu para que se desistiera de su antojo, pero este ministerio, haciendo gala de su autoritarismo, permaneció imperturbable. Por ello, en una de nuestras columnas, afirmábamos hace seis años que, ante los hechos consumados, habría que atenerse a lo que vendrá.
Ante la existencia de esta modificación legal, muchos municipios con la idea de que continúen afectas a ensanche las vías de servicio y locales, han mentido clasificándolas como colectoras y hasta troncales. Es decir, han pasado por alto sus perfiles (anchos de calzada y acera) y flujos vehiculares en razón de que no pueden prorrogar sus utilidades públicas. En la vialidad intercomunal del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) se redefinieron en febrero pasado varias calles aumentando sus clasificaciones, incluyendo las vías de servicio Martín de Zamora y la colectora Colón, en el tramo donde tiene un terreno Cencosud y en el cual se quería construir un mall, rechazado finalmente por los vecinos. Ahora estas dos calles, por arte de magia, son troncales a pesar de que técnicamente no califican para ello (sic).
Por la anarquía que estamos viviendo y con el propósito de que las cosas se hagan bien, el lunes 14 de junio, en compañía de las arquitectas Ximena Bórquez, integrante del Comité de Desarrollo Urbano del Colegio de Arquitectos; Sandra Gysling, asesora urbana de la Municipalidad de Santiago, del arquitecto y urbanista Jonás Figueroa, académico de la USACh, y del abogado Roberto Perut, estos dos últimos miembros de nuestra fundación, nos recibió Magdalena Matte, ministra del ramo, a quien le planteamos todos los problemas derivados con el vencimiento de las caducidades en comento.
La conversación fue muy franca, y aunque la ministra no se comprometió a nada, porque tratándose de una política del gobierno anterior era delicado que emitiera juicio, tenemos la seguridad de que sus especialistas resolverán de la mejor forma la situación para que así podamos salir de este zapato chino.
* Fundación Defendamos la Ciudad
* La Nación - Patricio Herman - 22.06.10
Foto: Santiago de Chile, parque y calles - lanacion.cl
El PP permite ahora explotar minas en los suelos protegidos de A Terra Chá
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ELPAÍS/Lugo* : La lucha de buena parte del tejido social de A Terra Chá contra la empresa Erimsa para impedir la extracción de cuarzo en la comarca se ha reactivado en las últimas semanas. Con el conflicto estancado en una batalla legal que mantiene abiertos cinco contenciosos en los juzgados de Lugo, un cambio introducido por el PP durante la tramitación parlamentaria de la reforma de la Lei do Solo aprobada a finales de marzo ha encendido las alarmas entre la oposición al proyecto: la actividad minera en suelo rústico de especial protección agropecuaria -calificación bajo la que se encuentran la mayoría de los terrenos afectados por las concesiones hechas públicas en noviembre de 2006- ha pasado de "uso prohibido" a "posible", es decir, puede ser autorizada desde la Xunta.
La pirueta legal ha dejado en una posición incómoda a los alcaldes del PP en la comarca. Cuando se otorgaron las tres concesiones, los populares, que en aquel momento gobernaban en los seis ayuntamientos afectados, se unieron para solicitar a la Consellería de Industria la derogación del proyecto. El entonces presidente de la Diputación de Lugo, Francisco Cacharro, llegó a calificar las autorizaciones de "alianza con el gran capital" para "jorobar a los ganaderos de A Terra Chá".
"Decisiones anteriores tomadas por otros partidos también beneficiaron a la explotación", se defiende ahora el regidor de Cospeito, Armando Castosa, "y no me parece reseñable opinar desde el punto de vista político".
La intención de Erimsa de ejecutar la concesión para la extracción de cuarzo otorgada por la entonces Consellería de Innovación e Industria dependía hasta ahora de las licencias municipales en litigio. Desde la modificación legal, cualquier nueva solicitud de licencia será remitida directamente a la Administración autonómica. "La tramitación directa con la Xunta nos beneficia", reconoce el director de Erimsa, José Luis Martínez, que afirma además que la empresa ya ha cerrado acuerdos de alquiler en la zona.
Con la explotación de cuarzo en la comarca cada vez más próxima, Castosa afirma que hay que buscar "el interés general" de A Terra Chá. "Pero no puedo precisar cuál es", añade.
En 2008, Erimsa presentó las primeras solicitudes de licencia urbanística y de actividad en su ayuntamiento y en los de A Pastoriza y Castro de Rei, tres de los seis afectados por la concesión (los otros tres son Abadín, Riotorto y Vilalba). Tres meses después, ante la falta de respuesta por parte de las administraciones locales, la empresa manifestó que entendía las licencias "otorgadas por silencio administrativo positivo".
La respuesta de los ayuntamientos fue unánime: la legislación aplicable no auspiciaba esa interpretación y las licencias sólo se otorgarían de ajustarse plenamente a derecho. Erimsa demandó a los ayuntamientos de Cospeito, A Pastoriza y Castro de Rei para defender su postura. El Sindicato Labrego Galego, Adega y varios particulares también se han personado en los contenciosos.
Son algunos de los muchos colectivos agrupados en la Comisión de Asociacións en contra das Minas da Terra Chá. En las diversas movilizaciones que se organizaron durante los primeros meses de 2007, los alcaldes se sumaron a sus argumentos en contra de la extracción de cuarzo. El principal, la salvaguarda de la que gozaba el suelo agrario de especial protección y que ahora ha quedado en el aire.
La modificación, que no figuraba en el texto del anteproyecto de la reforma de la Lei do Solo, fue introducida por el PP a raíz de un voto particular incorporado por la Confederación de Empresarios de Galicia al dictamen sobre la ley que emitió el Consello Económico e Social de Galicia el pasado diciembre.
Desde el grupo parlamentario popular suscriben la argumentación sostenida por los empresarios, que abogaron por evaluar en cada caso concreto los diferentes intereses en juego para determinar cuál debe prevalecer a la hora de conceder o denegar la autorización. El diputado popular Román Rodríguez considera que la modificación es coherente con la necesidad de que las prohibiciones sean motivadas y no genéricas recogida en la Lei da Minería de 2007, y traslada así la responsabilidad a la Xunta bipartita.
* ELPAIS.com - 21.06.10
Foto: Terra Chá (Lugo), vista desde Carballido - wikipedia.org
Córdoba.- Más de 700 multas por obras ilegales, pendientes de tramitar en Urbanismo
ABC* : Más de 700 expedientes relacionados con la indisciplina urbanística —en su mayoría corresponden a obras sin licencia en parcelaciones— aguardan su tramitación en la Gerencia Municipal de Urbanismo, según informaron ayer desde este organismo. Se trata de un volumen de trabajo desproporcionado en comparación con el escaso personal que desempeña esta labor en la Oficina de Disciplina de Obras. Este desfase fue uno de los motivos que llevaron al jefe del Servicio de Inspección Urbanística, Leopoldo Salinas, a remitió una carta de renuncia al presidente de la Gerencia, Francisco Tejada el pasado día 2.
Este responsable presentó su dimisión desbordado por la sobrecarga de denuncias que requieren una rápida tramitación para evitar así su caducidad. Es la segunda vez que un técnico que está al frente de Inspección Urbanística pide su recambio por la escasez de personal. Su predecesor en el puesto también solicitó su relevo en abril de 2006 al entonces concejal de Urbanismo y actual alcalde, Andrés Ocaña, argumentando que «la gran desproporción entre medios personales y expedientes» impedía «la atención rápida y efectiva» de los mismos.
A Salinas, de momento, no se le ha buscado sustituto. Sigue desempeñando su puesto de instructor en la Oficina de Disciplina de Obras, según corroboraron ayer fuentes del organismo municipal. Adscritas a este servicio están también las oficinas de ruinas, vía pública y actividades. Los expedientes de infracción corresponden no sólo a las obras sin autorización en suelo rústico o urbano, sino también a establecimientos que abren sin licencia, la colocación de andamios de obras sin permiso o de vallas publicitarias.
Desde la Gerencia también se alegó que la renuncia de este responsable no puede obedecer a la falta de plantilla, puesto que «sólo hay dos personas menos en su área». «Cuando él entró —en octubre de 2008— había 25 trabajadores en el Servicio de Inspección y ahora son 21 más dos empleados externos, pero el volumen de trabajo ha disminuido». No obstante, las mismas fuentes no pudieron precisar en qué porcentaje han decaído las denuncias.
Sea como fuere, a nadie pasa desapercibido que hay un atasco de sanciones pendientes de tramitarse, que no es nuevo, sino que viene heredado de ejercicios anteriores. El propio regidor, Andrés Ocaña, reconoció el pasado febrero que desde que la Policía Local deja constancia de la infracción y el inicio del expediente pueden pasar varios años. Ello se debe, según detalló, a que hay «una acumulación de sanciones» y se priorizan aquellas que están a punto de caducar.
Este desfase queda patente en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), donde se publican las sanciones. Basta con echar un vistazo a los últimos boletines para comprobar que en estos momentos se están notificando expedientes por obras ilegales que se abrieron en el primer semestre de 2005, apurando el plazo máximo de cuatro años para resolverlos que marca la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.
La citada norma marca que la resolución expresa del procedimiento sancionador es de un año desde que se incoa. Si pasado ese periodo, el expediente no se ha concluido, la Gerencia está obligada a comunicar que ha caducado y, por ende, dar por perdido el ingreso que preveía.
Previsiones de ingresos
Las quejas de técnicos por la falta de personal contrastan con la previsión del gobierno municipal de incrementar sus ingresos por sanciones urbanísticas en los próximos dos años. Según un informe del Servicio de Inspección, hecho público hace un año, el Ayuntamiento espera ingresar 7 y 7,5 millones de euros en 2010 y 2011, respectivamente. Se trata de una estimación optimista si se compara con el medio millón de euros escaso que se recaudó el pasado año.
* ABC - 22.06.10
Foto: Córdoba, ayuntamiento - panageos.es
La Generalitat lleva gastados más de 211 millones en la carrera de fórmula 1
ELPAÍS/Valencia* : "Coste neutro". El espectáculo automovilístico no iba a costarle nada al erario público. Así lo prometió el presidente del Consell, Francisco Camps, al principio, pero en seguida se vio que no sería así. Tras las dos primeras ediciones del Gran Premio de Fórmula 1 en Valencia, la pregunta es cuánto cuesta el evento. El pasado día 3, el vicepresidente económico del Consell, Gerardo Camps, aseguró, ante una comisión parlamentaria, que la Generalitat sólo ha asumido 85 millones por la construcción del circuito urbano en Valencia y el pago del canon de la prueba hasta 2015. También aseguró que Valmor Sport, la empresa privada que organiza la carrera, ha renunciado a tener "ni un euro de beneficio".
A la semana siguiente, el día 9, en el pleno de las Cortes, el socialista Francesc Signes defendía una proposición no de ley para "recuperar la inversión realizada". Los populares tumbaron la propuesta pero Signes dejó sobre la mesa una cifra del coste de las obras del denominado Valencia Street Circuit, de 110,4 millones de euros. Esa cifra engloba la construcción del circuito por parte del Ente Gestor de Transportes y Puertos de la Generalitat en 2008, más los trabajos posteriores de repavimentación y reforma en 2009 y este mismo año 2010.
Qué ha costado la fórmula 1 a las arcas públicas es una pregunta difícil de responder porque la Generalitat ha negado reiteradamente a la oposición el acceso a los contratos de Valmor Sport con Formula One Administration, la empresa de Bernie Ecclestone propietaria de los derechos de la competición, así como a cualquier otro documento relacionado con el acontecimiento automovilístico. Sin embargo, con lo que se sabe hasta ahora, ya puede afirmarse que supera los 211 millones de euros.
A los 110,4 millones de coste del circuito hay que añadir 90 millones que la Generalitat ha asumido pagar como canon de la competición hasta 2015, pero además, pese a las afirmaciones del consejero de Economía y Hacienda, hay otras aportaciones realizadas desde la Administración autonómica para la fórmula 1.Una de las aportaciones es un préstamo de ocho millones de euros que el Instituto Valenciano de Finanzas concedió a Valmor Sport en diciembre de 2008. El crédito, por siete años, fue concedido pese a un informe técnico del área de inversiones que advertía de la situación de quiebra de la sociedad, formada por el empresario Fernando Roig, Bancaja y una empresa en la que son socios Jorge Martínez Aspar y el presidente de Sedesa, Vicente Cotino. También señalaba las previsiones de pérdidas y la falta de garantías adicionales. "Los ingresos futuros de la sociedad se estima que son del todo inciertos y no hacen previsible el retorno del préstamo solicitado", concluía el informe.
Por otra parte, la Generalitat ha destinado a la fórmula 1 un millón de euros de la Agencia Valenciana de Turismo en 2008 y se ha hecho cargo de trabajos de montaje y desmontaje de la prueba. A través de la empresa pública que gestiona el Circuito de Motociclismo de Cheste, Circuito del Motor y Promoción Deportiva, adjudicó el material de señales permanentes, los altavoces y las pantallas gigantes, tanto en 2009 como para la prueba de este año, que se celebra el próximo 27 de junio. En conjunto, esas adjudicaciones alcanzaron el millón de euros en 2009 y una cantidad próxima al millón en 2010.
La diputada socialista Maisa Lloret, a quien Gerardo Camps aseguró en las Cortes que "Circuito del Motor adelanta los pagos que le son reembolsados por Valmor" ha solicitado por escrito información sobre este extremo. Señala Lloret: "Hemos pedido explicaciones y esperamos que la Generalitat no deje otra vez de lado la información". Según la diputada, el Consell, con un sistema de adjudicaciones opaco, "está manipulando la libre competencia". "¿Cómo es posible que no sea abierto?", se pregunta Lloret, que arremete contra el préstamo de 8 millones a Valmor: "El Instituto Valenciano de Finanzas no está para pagar guateques y circos del PP sino para impulsar a las empresas productivas de la Comunidad Valenciana, que es lo que ha dejado de hacer estos años".
Circuito del Motor y Promoción Deportiva, pues, está subvencionando también la fórmula 1 desde el Circuito de Cheste. Se trata de una empresa pública que el Consell ha utilizado para subvencionar diferentes acontecimientos y actividades deportivas y que, según la información recopilada por Maisa Lloret, ha recibido de la Generalitat, en cinco ampliaciones de capital desde el año 2005, cerca de 42 millones de euros.
* ELPAÍS.com - 21.06.10
Foto: Valencia, circuito Fórmula 1 (archivo) - 20minutos.es
Costas: construcción y destrucción
JUAN ANTONIO CAMPOS PALOMO* : Debido al desarrollo urbanístico descontrolado y a la falta de sensibilidad ecológica de alcaldes y constructores se ha destruido casi toda la costa española, y la poca que queda terminará siendo invadida por más bloques. Por muchas excusas que nos den -como la del progreso-, el fondo de todo es el dinero. Por el enriquecimiento de unos pocos se ha destruido un litoral costero que es de todos. Lo quieren edificar todo. El trabajo que da destruir la costa es escaso y efímero, y no es calidad de vida para los ciudadanos. Es calidad de vida para unos pocos. Los ciudadanos queremos más playas vírgenes y que se respeten las que ya hay.
El paisaje costero no es un desierto que no sirva para nada, sino que forma parte de un ecosistema que se está extinguiendo como lo demuestra el descenso del número de águilas pescadoras en toda España o la práctica extinción de la siempreviva malagueña (Limonium malacitanum) por poner dos ejemplos de especies que solo tienen este hábitat.
Quiero pedir a alcaldes, políticos y constructores que no destruyan más la costa española y que nos dejen lo poco que queda. Escuchen lo que quieren los ciudadanos. Legislen para protegernos de la construcción abusiva y que no se destruyan las últimas playas vírgenes que nos quedan.
* ELPAIS.com - Opinión - 20.06.10
