SUR/Marbella* : Las 61 viviendas, ubicadas en la avenida del Mediterráneo de San Pedro, forman parte de dos bloques construidos en zona de parques y jardines. El juzgado revoca la denegación del permiso de primera ocupación sin entrar a valorar la legalidad de la obra, pendiente de tres procedimientos en el TSJA.
Los desmanes urbanísticos que durante años se han producido en Marbella están provocando ahora situaciones paradójicas con edificios a los que se les está concediendo judicialmente la licencia de primera ocupación cuando la licencia de obra está recurrida en los tribunales. Es el caso de Promociones Los Jardines de la Costa, dos bloques con 61 viviendas ubicadas en la avenida del Mediterráneo de San Pedro Alcántara, construidos en zona verde según el PGOU de 1986 de Marbella, aún vigente, y el nuevo, pendiente de aprobación. Es uno de los ejemplos que la Junta de Andalucía ha puesto al Ayuntamiento de Marbella como edificios que deben ser derruidos por haberse levantado al amparo de licencias ilegales durante la 'era GIL', dentro del acuerdo de adelantar la ejecución del actual planeamiento urbanístico.
De hecho, sobre el edificio, que ha estado precintado en dos ocasiones, pesan tres recursos contencioso administrativos interpuestos en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra la licencia de obras, pendientes de resolución, dos de ellos de la Junta y un tercero de la comunidad de propietarios Los Magnolios, anexa al bloque, que se queja de la depreciación que han sufrido sus viviendas con la nueva construcción.
El Ayuntamiento de Marbella revocó días previos a la 'operación Malaya' la licencia de primera ocupación, otorgada por silencio administrativo meses antes. La promotora recurrió la decisión y ahora el juzgado de lo Contencioso-Administrativo 5 de Málaga le ha dado la razón. El fallo judicial, al que ha tenido acceso SUR, obliga a la actual corporación municipal a otorgar la licencia, una sentencia de 3 de junio que ya es firme puesto que el Ayuntamiento «no ha contestado en tiempo y forma». De hecho el Consistorio ya ha recibido la ejecución de sentencia y en el edificio se aprecia movimiento de acometida de luz y limpieza de sus instalaciones, posiblemente para que los compradores de las viviendas, valoradas algunas de ellas en más de 600.000 euros, entren a vivir, lo que complicaría aún más una futura demolición si el TSJA considera finalmente que el edificio es ilegal. El fallo judicial no entra a valorar la legalidad de la licencia de obras, sino el permiso de primera ocupación.
Los vecinos de Los Magnolios, mientras tanto, acusan al Ayuntamiento de «dejación de funciones» por permitir que la sentencia se haga firme sin haberlo recurrido. El Consistorio aseguró a SUR que no tiene más remedio que «acatar el fallo» y ser lo más «respetuosos posible» con las resoluciones judiciales.
EL CASO, EN FECHAS
23 de mayo de 2003: La comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Marbella, con Julián Muñoz como alcalde, otorga licencia de obras al proyecto básico y de ejecución de Promociones Los Jardines de la Costa.
2003-2004: La Junta de Andalucía interpone dos recursos contencioso administrativos contra la concesión de la licencia de obras que se suman a un tercero de la comunidad de propietarios vecina, Los Magnolios. Todos ellos están pendientes de resolución.
9 de junio de 2005: La promotora solicita la licencia de primera ocupación tras entregar la documentación requerida por el Ayuntamiento y pasar la perceptiva inspección municipal.
19 de diciembre de 2005: La empresa considera concedida la licencia por silencio administrativo.
16 de marzo de 2006: La Junta de Gobierno Local, entonces con Marisol Yagüe al frente, decide denegar la licencia de primera ocupación. La promotora recurre.
3 de junio de 2007: El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Málaga estima el recurso de los propietarios y obliga a la actual corporación a conceder el permiso.
* SUR - 16.08.08 -M. J. CRUZADO
Foto: JUNTO AL MAR. El edificio (al fondo) linda con Los Magnolios. / J-L, diariosur.es
Un juez obliga a dar licencia a un edificio que la Junta pone como ejemplo de demolición
Palma: El fiscal sugiere que De Santos recibió dádivas por el castillo de sa Riera
DIARIODEMALLORCA* : El castillo infantil del parque de sa Riera podría encerrar otros delitos además de la presunta prevaricación. La fiscalía anticorrupción no descarta la comisión de un soborno en vista de los "obsequios" entregados al ex teniente de alcalde de Urbanismo y coordinador municipal en tiempos de Catalina Cirer, Javier Rodrigo de Santos.
La acusación popular tendría constancia de un viaje a Suecia con el alojamiento incluido abonado supuestamente por la empresa suministradora de la atracción, Hags Aneby Ab. La apoderada de esta sociedad en España, Cristina Gual de Torrella, también aparece imputada en la querella por el delito de prevaricación -dictar a sabiendas una resolución injusta-.
El fiscal apunta una presumible "concertación" entre la empresa y el ex concejal del PP para el pago de un precio superior al de mercado, lo que supondría una defraudación a la Administración, en este caso, el consistorio palmesano.
Coste desorbitado
La investigación se basa en un informe pericial elaborado el pasado mes de febrero. El resultado del escrito resulta demoledor. El perito, un ingeniero técnico industrial, revisa la instalación para niños construida con madera laminada y acero galvanizado y determina que su precio es de 750.000 euros, incluida su instalación. La Empresa Municipal de Obras y Proyectos Urbanos (EMOP) acordó un gasto de 1,4 millones para hacer frente al importe del castillo, unos aparatos de gimnasia y la obra civil. En definitiva, el Ayuntamiento estaba dispuesto a abonar el doble de su valor real.
El cambio de color político en el Ayuntamiento frenó este pago. Los nuevos gestores de la empresa municipal se han negado a liquidar la factura porque formalmente no se encargó este trabajo. Anticorrupción entiende que Javier Rodrigo de Santos se aprovechó a lo largo de 2006 y 2007 de su condición de concejal y presidente de la EMOP para materializar una contratación pública fuera de todo procedimiento administrativo legal.
Todos los informes jurídicos elaborados en octubre del año pasado desde la propia EMOP subrayan las irregularidades en la forma y procedimiento de contratación.
Rodrigo de Santos podría sumar en el futuro más acusaciones a su lista que incluye la presunta corrupción de menores -circunstancia por la que se encuentra en la cárcel- y la supuesta malversación de caudales públicos por utilizar una tarjeta Visa municipal para abonar servicios sexuales en locales de alterne de Palma y la Península.
Anticorrupción insiste en la investigación de la posible comisión de los delitos de cohecho, falsedad y defraudación a la Administración.
* Diario de Mallorca - M. MANSO/J. F. MESTRE. PALMA - 16.08.2008
Foto: Imagen del castillo infantil del parque de sa Riera cuya contratación investiga la Fiscalía Anticorrupción. Foto: B. Ramon, diariodemallorca.es
Zapatero atacará el entorno y no solucionará la crisis
ECOLOGISTASENACCIÓN* : El Gobierno de Zapatero quiere poner en marcha una serie de medidas, como la agilización de los estudios de impacto ambiental y la eliminación del impuesto de patrimonio. Estas medidas van a generar importantes impactos en el entorno al agilizar puesta en marcha de varios proyectos de obra pública y revitalizar la construcción urbanística.
El Gobierno acaba de aprobar un paquete de medidas para luchar contra la crisis económica de carácter fuertemente insostenible. La rueda de prensa de Zapatero de hoy detalla algo más lo que había venido apareciendo en los medios de comunicación en los últimos días, y que ya fue criticado por Ecologistas en Acción.
Ecologistas en Acción considera un tremendo error la esencia de estas medidas: sacrificar el medio ambiente para intentar mantener el crecimiento a costa de cualquier cosa. En lugar de ello lo que debería hacer es acoplar nuestra economía para vivir mejor con menos, y no cada vez peor con más, como nos está ocurriendo.
En concreto, para la organización ecologista, la propuesta de agilizar las declaraciones de impacto ambiental haciendo que pasen de unos 600 días de media a unos 200 o 300 es tremendamente negativa, ya que va a significar que la participación pública se va a ver dificultada. Lo que se busca es obtener más declaraciones de impacto ambiental positivas en menos tiempo, para agilizar la obra pública. Es decir, que va a importar todavía menos el entorno.
El Presidente del Gobierno ha detallado a que se refiere con obra pública, incluyendo la construcción de infraestructuras de transporte e instalaciones energéticas.
Esto va a suponer un empujón al insostenible Plan Estratégico de Infraestructuras de Transporte (PEIT), que prevé la construcción en zonas de la Red Natura 2000. En concreto Ecologistas en Acción señala las 10 infraestructuras incluidas en el PEIT con mayor impacto sobre la Red Natura 2000 y que se verán aceleradas por este Gobierno:
1.Autovía A43 Puertollano-Mérida.
2.Autovía Toledo-Ciudad Real-Córdoba.
3.Autovía Linares-Albacete.
4.Autovía ruta de la plata A66 de Gijón a Sevilla.
5.Autovía A48 Costa de la Luz (Cádiz-Algeciras).
6.Autovía Cuenca-Teruel.
7.Autovía IV Centenario (Ciudad Real-Valencia).
8.Linea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura.
9.Ampliación del Puerto Norte de Valencia.
10.Puerto de Granadilla (Tenerife).
La agilización de los trámites de evaluación de impacto ambiental en instalaciones energéticas van a implicar que, por ejemplo, la refinería que está en proyecto de construcción en Tierra de Barros (Badajoz), y que tiene un importantísimo impacto ambiental y contestación social, se vean acelerados.
La segunda medida que Ecologistas en Acción condena con más firmeza es la eliminación del impuesto de patrimonio, por lo que va a implicar de revitalización del sector de la construcción, responsable de la fuerte degradación del territorio que ha sufrido nuestro estado en los últimos años.
Ecologistas en Acción considera positivas otras serie de medidas, como el dinero inyectado en reahilitación de viviendas para hacerlas más eficientes o los programas de ahorro energético. Sin embargo estas medidas se verán desbordadas por el tremendo gasto energético que va a suponer el aumento del transporte como consecuencia del PEIT.
Para la organización ecologista es suicida mantener la obsesión por el crecimiento en un mundo limitado. Desde esta perspectiva las medidas del Gobierno no van a parar la verdadera crisis en la que estamos: la socioambiental, sino que la van a profundizar.
* Ecologistas en Accion, 14 de agosto 2008
Foto: Ecologistas en Acción
El Campello: El Ayuntamiento legaliza el Hotel Pueblo Acantilado tras operar 20 años sin licencia
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INFORMACIÓN/Alicante* : El Ayuntamiento de El Campello ha concedido licencia de actividad al Hotel Pueblo Acantilado tras funcionar éste de forma irregular durante casi 20 años. Las instalaciones de este hotel de cuatro estrellas de la zona norte presentaban desde su apertura en 1989 un exceso en el volumen de edificabilidad de entre 3.300 y 6.600 metros cuadrados.
Desde entonces, el Consistorio campellero y la empresa han estado tratando de regularizar la situación de este complejo residencial, el único de cuatro estrellas que hay en funcionamiento en el municipio, planteando diferentes fórmulas para compensar este exceso.
La solución finalmente adoptada, según explicó el edil de Urbanismo Vicente Rubio en el último pleno, es que la empresa ha incorporado a la finca del hotel dos parcelas que suman 6.000 metros cuadrados, como suelo urbano consolidado, con el compromiso por escrito ante notario de no edificar en ellas, por lo que de esta forma se compensa el exceso de edificabilidad que existía y se regularizan tras 20 años estas instalaciones, que ya cuentan con la licencia de actividad. El primer edil de El Campello, Juan Ramón Varó, manifestó a este medio su satisfacción por la regularización por fin de estas instalaciones hoteleras de gran importancia para el sector turístico de la localidad.
Por otra parte el Hotel Pueblo Acantilado ha reabierto hace unas semanas sus puertas tras permanecer unos meses cerrado por reformas. La mercantil ha invertido seis millones de euros en su remodelación, que ha permitido transformar todas sus habitaciones en "suites" y "junior suites", equipadas con las últimas tecnologías, modernizando de esta forma las instalaciones. De cualquier modo la reforma mantiene el estilo genuino de Pueblo Acantilado, con sus calles empedradas, sus fachadas típicas de un pueblo mediterráneo y su barbacoa.
Así mismo aún no están finalizadas todas las remodelaciones, ya que hasta después del verano no se podrá inaugurar el "spa". Las instalaciones cuentan con 96 "suites", de las que 80 tienen vistas al mar, y se ubica en la zona norte de El Campello.
* Información - JOSE A. RICO - 16.08.2008
Foto: El Hotel Pueblo Acantilado tras su reapertura, en una imagen de esta semana. JOSÉ NAVARRO, diarioinformacion.com
El PGOU de Málaga: interés público o privado
ANTONIO HERRERA LÓPEZ* : Estamos asistiendo en estos últimos días a diversas críticas sobre diferentes aspectos recogidos en el Plan General de Ordenación Urbana de Málaga, que el alcalde, de manera precipitada, quiere llevar a su aprobación provisional este jueves. Críticas, todas ellas, razonadas y razonables, producidas por distintas organizaciones sociales, políticas, profesionales (redactores del PGOU) y económicas que ponen de manifiesto la necesidad de exposición pública del plan antes de su aprobación.
Ante las más de seis mil alegaciones presentadas, el Ayuntamiento informa de que más de 3.450 han sido estimadas total o parcialmente, y que el 49% se han desestimado. Lo que no dice es si las estimadas modifican o no sustancialmente lo aprobado inicialmente (¿dónde están los paneles públicos informativos?). No se explican las causas por las que quedan desestimadas casi la mitad de las alegaciones. Además, no entendemos como una gran parte del tejido asociativo no ha recibido contestación a las alegaciones presentadas (en CCOO estamos esperando a que sean contestadas las presentadas en octubre de 2006).
Esta opacidad informativa hace del plan un instrumento ajeno a los intereses generales y proclive a los intereses privados.
Es preocupante la negativa de De la Torre a una nueva exposición pública cuando se han producido cambios sustanciales y estructurales respecto a la aprobación inicial ( julio de 2006), según lo manifestado públicamente por los redactores del plan. Esta actitud es contraria a la expresada por él mismo en el marco del II Plan Estratégico de Málaga, que especifica: "Las propuestas ciudadanas forman parte de las decisiones políticas que les afectan" recogidas en el plan estrella "la gobernanza local". Esta actitud invalida el consenso alcanzado en el II Plan Estratégico. Hay pocas cosas que afecten más directamente al ciudadano que el modelo futuro de su ciudad.
Recordemos que la participación ciudadana está directamente vinculada a la voluntad política de los responsables de las distintas administraciones, voluntad, en este caso, inexistente. Desde CCOO solicitamos al alcalde que sea coherente con lo manifestado en el desarrollo del II Plan Estratégico y más aún, después de sus declaraciones en las que se comprometía en la "búsqueda del máximo consenso ciudadano, incluidos los grupos políticos, para que este plan sea el de todos".
Esperamos y deseamos que se corrija el déficit democrático que padece el PGOU, que soberbiamente quiere aprobar ahora abriendo un periodo de exposición pública a los ciudadanos y ciudadanas de Málaga.
Entre otras muchas críticas, el desarrollo del Arraijanal no se puede plantear como un ente aislado del PGOU. El Arraijanal forma parte del concepto de ciudad que estamos debatiendo y debemos hacer primar el interés general sobre el interés particular. Por ello, el Ayuntamiento, junto con las administraciones central y autonómica, debe recuperar como espacio público toda la zona del Arraijanal.
Hay que aprovechar la decisión del Gobierno central, que en 2007 autorizó la declaración de utilidad pública de la adquisición de parte de cinco fincas situadas en el paraje de El Arraijanal, para su incorporación al dominio público marítimo-terrestre. La superficie total afectada asciende a 420.795 metros cuadrados.
El objetivo era garantizar la conservación de estos espacios naturales y su uso público, impidiendo que en el futuro se produzca un desarrollo urbanístico que provoque una degradación y usos no sostenibles.
Si el Ayuntamiento de Málaga, ante esta oportunidad, mantiene el convenio con Vallehermoso, hará prevalecer el interés particular sobre el general, contribuyendo de manera irreversible a la degradación de uno de los mayores incentivos turísticos, como son las playas de nuestro litoral, e impidiendo que esta gran parcela forme parte de los equipamientos de nuestra ciudad y que se convierta el entorno natural más importante, junto con la recuperación del campamento Benitez, con su precioso bosque mediterráneo, recuperando para Málaga uno de los espacios naturales más importantes de uso ciudadano.
Exigimos, paralelamente, que se cumpla por parte del Ministerio de Medio Ambiente la expropiación del resto de la finca en manos privadas. Para ello es necesaria la complicidad e implicación del Ayuntamiento de Málaga.
*Secretario general de CCOO de Málaga
* La Opinión de Málaga - Opinión - 13 de agosto de 2008
