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LAOPINIÓN/Málaga* : En el escrito acusatorio, al que ha tenido acceso Efe, el Ministerio Público solicita la apertura de juicio oral contra el regidor por otorgar por decreto dos licencias de obras en 2001 y otra en 2003 "a sabiendas de que se trataba de Terreno No Urbanizable de Protección del Embalse de la Viñuela", una población de unos dos mil habitantes.
Según la Fiscalía, en los dos primeros casos, correspondientes a sendas licencias para viviendas unifamiliares, se prescindió de los trámites necesarios en los expedientes de concesión, dado que el secretario del Ayuntamiento hacía constar en ellos que se trataba de terreno no urbanizable.
El funcionario municipal precisó además que para acometer la edificación se precisaba expediente administrativo con justificación de la utilidad e interés social de las obras a realizar, así como resolución definitiva del órgano autonómico correspondiente.
El escrito de acusación recoge que en lo relativo a la concesión de la licencia otorgada por el alcalde en 2003, para la construcción de otra vivienda unifamiliar, se necesita la acreditación de la vinculación de las obras a un fin agrícola, forestal o ganadero, algo que no se produjo.
Según el Ministerio Público, los expedientes administrativos en estos casos contaban "simplemente" con la solicitud de la licencia, el informe del secretario del Consistorio, los proyectos básico y de ejecución, el pago de las tasas y, a continuación, los decretos aprobando dichas licencias.
Los hechos, según la Fiscalía, son constitutivos de un delito continuado de prevaricación, por el que pide imponer las penas de un año de prisión y diez de inhabilitación, y de otro de prevaricación por el que solicita seis meses de prisión y siete años de inhabilitación.
* La Opinión de Málaga - EFE - 19 de marzo de 2008
Foto: La Viñuela (Málaga) - vinuela.es
La Fiscalía pide 18 meses de prisión para el alcalde de La Viñuela
Una decena de obras en la región ponen en pie de guerra a miles de madrileños
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OTROMADRID* : La ampliación de la M-40, la construcción de un aeropuerto en El Álamo o de un centro cultural en Alcorcón... son sólo algunos de los proyectos que han despertado las iras de miles de ciudadanos en la región. Éstas son las principales batallas que libran los vecinos de Madrid...
Vivienda libre en Barceló:
Los padres de los alumnos del colegio Isabel la Católica, junto a la Plaza de Barceló (Centro), se oponen a un proyecto del Ayuntamiento de Madrid que consiste en la construcción de vivienda libre en una parcela contigua que los chicos utilizan como patio de recreo.
Ampliación de la M-40:
Unos 5.000 vecinos se oponen a esta iniciativa que, según los afectados, supondría quitarle terreno municipal a las zonas de Villaverde y Carabanchel. Fomento dice que ya está aprobada la declaración de impacto ambienta.
Gasolineras en Hortaleza:
"Queremos un espacio libre de gasolineras porque ello implicaría más tráfico y humo", afirma la asociación de vecinos La Unión de Hortaleza, que asegura que el Consistorio prevé la instalación de dos gasolineras en la Avenida de la Estación de Hortaleza. Este periódico intentó, sin éxito, recavar la versión del Ayuntamiento.
Aeropuerto en El Álamo:
No Al Aeropuerto se llama la plataforma que han creado los vecinos que se oponen a la construcción de esta instalación en El Álamo. La Comunidad asegura que su ubicación no está definida.
Centro Cultural en Alcorcón:
En el parque de los Castillos han empezado las obras para el Centro de Creación de Las Artes, al que se oponen cientos de vecinos. El Ayuntamiento de Alcorcón responde que "la mayoría" de los residentes apoya esta iniciativa, que beneficiará a la ciudad y creará empleos.
Corte Inglés en Coslada:
La Plataforma en Defensa del Parque Ferial asegura que una parcela dotacional contigua al recinto ha sido recalificada para instalar un centro comercial de El Corte Inglés. "Se trata de una zona que ahora se utiliza para esparcimiento y que lo quitan para fastidiar a los vecinos", dice un portavoz vecinal. El alcalde, Ángel Viveros, del PSOE, confirma que el proyecto seguirá adelante y que en primavera o "principios de verano" comenzarán las obras. Según el regidor, la "mayoría" de vecinos del municipio se han mostrado de acuerdo con esta iniciativa que incluye, entre otras cosas, un centro integrado para los comerciantes de la localidad.
Escombrera en Getafe:
Si hay un ejemplo de que la presión vecinal consigue resultados, ése es Getafe. Vecinos y Ayuntamiento consiguieron que la empresa que iba a construir una escombrera en Perales del Río, a pocos metros de las viviendas, desistiera del proyecto. La Consejería de Medio Ambiene alcanzó un acuerdo que paraliza definitivamente las obras. Los vecinos decían que se trataba de una "agresión medioambiental".
Ver También: http://www.20minutos.es/noticia/360734/0/obras/gasolinera/aeropuerto/
* Otro Madrid - T. ESCÁRRAGA - 19 de Marzo 2008
Foto: Vecinos de Getafe protestando por la escombrera de Perales del Río /A.Navia, 20minutos.es
¿Ilegales para siempre?
ELPAÍS/Reportaje* : Hay una realidad en Madrid y en otras partes de España muy difícil de obviar. Tampoco parece correcto ni acertado mirar para otro lado. La Cañada Real Galiana es un antiguo camino de trashumancia en el que no está permitido edificar. Pero tiene más de 2.000 casas ilegales. Y unos 40.000 habitantes que se han ido asentando poco a poco, desde los años setenta, a lo largo de 15 kilómetros de esta vía pecuaria ubicada en la Comunidad de Madrid.
La ocupación comenzó cuando vecinos de Vallecas y Getafe se desplazaron hacia allá a plantar huertos y construir pequeñas cabañas de fin de semana. 40 años después, los vecinos están más que asentados. Pero el mero transcurso del tiempo no es suficiente para legalizar una urbanización ilegal.
El Ayuntamiento de Madrid declaró el pasado octubre la guerra a las casas de la Cañada. El derribo de una vivienda desató una batalla campal entre los vecinos y la policía. Y, según un informe del área de Urbanismo, existen un centenar de órdenes de desalojo y demolición. Los vecinos, mientras, siguen reivindicando la legalización de sus casas. ¿Es eso posible? ¿Existe alguna solución para paliar la tragedia cotidiana que se vive en uno de los asentamientos chabolistas más grandes de Europa?
Si las viviendas y accesos estuvieran sobre terrenos privados, la propiedad se adquiriría a los 30 años de posesión pacífica y pública. Sin embargo, la Cañada Real es dominio público, y por tanto, inalienable, inembargable e imprescriptible. El suelo sobre el que están construidas las viviendas no puede adquirirse por usucapión, es decir, mediante su ejercicio en las condiciones y durante el tiempo previsto en la ley, de modo que todo lo construido nunca pasará a ser propiedad de sus ocupantes.
Hay quienes piensan que el drama sólo tendrá una solución jurídica cuando haya una voluntad política de atribuir la propiedad de los inmuebles a sus ocupantes. Una medida en consonancia con la que tomó en 2003 el presidente brasileño Lula al otorgar títulos de propiedad a millones de habitantes de las favelas. Un enfoque, el de la titularización, que está siendo empleado por muchos gobiernos de países en desarrollo, especialmente en América Latina.
"Conceder títulos de propiedad e inscribirlos en el Registro supone que entre la luz donde antes había clandestinidad. Tener identificados a los propietarios es ventajoso para ellos, porque pueden demostrar su derecho, obtener crédito o negociar con él, pero también lo es para la sociedad porque a partir de ahí puede dirigirse con seguridad contra el titular legítimo a efectos de notificaciones y otras acciones legales", argumenta José Antonio Miquel Silvestre, registrador de la propiedad.
El principal valedor de esta tesis ha sido, desde hace años, el prestigioso economista peruano Hernando de Soto, presidente del Instituto Libertad y Democracia (ILD), que asesora a una treintena de jefes de Estado en América Latina, Oriente Próximo y Asia. De Soto siempre ha defendido que los pobres son los dueños de la mayoría de la propiedad de la tierra pero no tienen títulos de propiedad que lo demuestren y, por tanto, no pueden disponer de sus terrenos para salir de su situación. Más de la mitad de la población mundial vive en lugares sin leyes reconocidas y aplicables, sin sistemas jurídicos para proteger a sus familias. Todos ellos tienen algo más en común: Poseen más de lo que hubiesen soñado jamás.
En México, según un informe del ILD, 13,2 millones de edificios, 139 millones de hectáreas y ocho millones de empresas (el 91%) están fuera del sistema legal, aunque el ILD calcula que el total de activos extralegales es de cerca de 600.000 millones de dólares (unos 380.000 millones de euros). En Egipto, el 92% de las tierras y los edificios están fuera de la ley. De una u otra forma, la propuesta de De Soto ha ido calando en los territorios más necesitados y los distintos gobiernos han visto la necesidad de afrontar el calvario que viven millones de personas.
Managua, la capital de Nicaragua, es un fenómeno especial. Prácticamente la mitad de la ciudad (unas 800.000 personas) es, a efectos jurídicos, ilegal. Hace ocho años se inició la legalización de la mayor parte de los asentamientos. Sin embargo, el alcalde de la ciudad, el sandinista Dionisio Marenco, reconoce que apenas se han podido dar títulos a un 20% del total al tratarse de un proceso "muy engorroso": las autoridades tienen que ir a buscar a las personas; el terremoto de 1972 devastó la ciudad, la dejó irreconocible, y ahora hay gente que no vivía donde solía. "Un 80% de la población vive en la completa miseria; son personas que lo darían todo por tener su casita con un título. Los bancos sólo dan créditos si estás legalizado", explica el alcalde. "Una vez legalizadas las propiedades, es más fácil pavimentar los lugares, que llegue la luz, el agua, en definitiva, las necesidades básicas", añade.
Uno de los lugares más degradados de Nicaragua es el basurero de La Chureca, donde viven miles de familias, y cuya rehabilitación está financiada en parte por España. "Nadie puede conocer una cosa así y no hacer nada", dijo el pasado verano la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, después de visitar el lugar.
En Brasil, el problema viene de lejos aunque no es hasta 1992 cuando se reconoce formalmente la existencia de favelas. El enfoque, debido a la magnitud del territorio, está dirigido a la rehabilitación integral de los asentamientos informales. La titularización es uno de los aspectos abarcados, pero no el único. Los principales proyectos son Vila Viva (Belo Horizonte); Favelas-Bairro (Río de Janeiro), precursor de los proyectos integrales en Brasil, y los asentamientos de aguas manantiales acuíferas en São Paulo. Con su implicación, el Gobierno brasileño pretende ayudar a millones de personas que, huyendo de la miseria del interior del país, han levantado auténticas ciudades ilegales a base de chabolas. Algunas de ellas más grandes que muchas ciudades españolas.
Evaluar el éxito de estas medidas es bastante complejo. La organización de la propiedad no es algo que se consigue de un día para otro. Con la ayuda de las nuevas tecnologías lo que antes se podía lograr en 100 años, ahora puede estar listo en 25. Pero sigue habiendo muchos otros escollos: "El principal problema es la necesidad de unas instituciones fuertes, cualquier país avanzado tiene metido el sistema registral en su espina dorsal", opina Fernando de la Puente, vocal de Relaciones Internacionales del Colegio de Registradores de la Propiedad. "Hay que tener una visión de estabilidad de futuro, puesto que no hay mercado hipotecario si no se cumplen las reglas del juego", añade este registrador, para quien a pesar de todo hay hechos que permiten un atisbo de esperanza: "El mero hecho de que un presidente, como es el caso de Lula, sea consecuente, es impresionante".
Parece impensable, a priori, comparar unos núcleos urbanos donde viven millones de habitantes -sólo en las favelas de Río y São Paulo no son menos de cuatro millones- con asentamientos ilegales donde sólo viven 40.000 personas. La teoría dice que la carencia de derechos jurídicos es propia de los países en desarrollo. La teoría de lo que no habla es de que en países ricos también existen familias que viven en situaciones de vacío legal, que en cualquier momento pueden ser expulsados de las casas donde viven desde hace más de 30 años.
¿Qué se puede hacer para acercar realidades? ¿Qué implicaría otorgar registros de propiedad a los habitantes de la Cañada Real? Fernando de la Puente cree que el mero hecho de plantearse la cuestión es ya de por sí un error: "En los asentamientos ilegales no hay forma de consolidar la propiedad. Es como si haces una casa en la playa. Pueden pasar 200 años, que no va a ser tuya".
Lo que parece claro es que por muchos años que transcurran, los vecinos de la Cañada no tienen intención de moverse de allí. Están ya completamente asentados. Muchas de las casas están catastradas y la mayoría de los habitantes paga anualmente el impuesto de bienes inmuebles (IBI). Por eso exigen coherencia a las administraciones. "Saben igual que nosotros que esto es cuestión de tiempo, que tarde o temprano van a tener que buscar una solución para que el problema no vaya a más", asegura Miguel Martín, presidente de la Asociación de Vecinos Sector V.
Mientras tanto, les queda el pequeño consuelo de la repercusión mediática que está teniendo su situación. "Todo el mundo que viene de fuera, después de ver la situación, dice que no se lo explica", trata de convencer Miguel Martín. Muy serio, insiste en que ya va siendo hora de que se les vendan los terrenos; no piden que se les regale "absolutamente nada".
La pura donación de los terrenos alentaría la ocupación directa de más suelo público. Es lógico que los habitantes paguen por sus solares igual que cualquier otro ciudadano. Miquel Silvestre plantea lo siguiente: "Si se pacta un pago aplazado en forma de renta periódica o canon, o si el propio Estado decidiera financiarles mediante créditos, ¿qué mejor garantía puede haber que gravar con hipotecas los inmuebles?" Es decir, legalizar la Cañada, otorgar títulos e inscribirlos permitiría dar carta de ciudadanía para los derechos, pero también para las obligaciones, a una población que ahora vive al margen de la ley.
Si se decidiese iniciar un proceso de legalización del asentamiento, ¿cómo se tendría que abordar? ¿Qué posibilidades reales hay? Dar la carta de naturaleza a la urbanización de modo permanente podría ser una de las opciones. "Realizar una auténtica desafectación del dominio público, convertir los terrenos en propiedad patrimonial del Estado y transmitir a los chabolistas un derecho de superficie, o propiedad temporal sobre la vivienda, 99 años como máximo", mantiene el registrador.
Algo aparentemente tan simple, es sin embargo, muy complejo. Guillermo Aguillaume, abogado experto en urbanismo, explica que para abordar la legalización sería necesario un cambio de la calificación de Vía Pecuaria, y además una modificación del Plan General de Ordenación de Madrid. De ahí que el crecimiento urbano esté regulado por planes; precisamente, para evitar este tipo de asentamientos. "Darle carta de naturaleza a ese caos es ir contra los principios de los derechos urbanísticos", opina Aguillaume.
Legalizar un urbanismo sin orden podría establecer además un precedente bastante peligroso. Si se aplicase la misma vara jurídica de medir, podría dar pie a un urbanismo ilegal, salvaje, incontrolado, como el que, por ejemplo, inunda la costa mediterránea española. Los expertos no descartan además que se produjese un efecto llamada, que gente sin recursos decidiese instalarse en dominios públicos con el fin de obtener un título de propiedad.
Conceder a los chabolistas una situación jurídica temporal mientras se les busca una solución definitiva ha sido otra propuesta. Se podría constituir una concesión administrativa sobre los terrenos y considerar a los ocupantes como concesionarios. "Las concesiones son derechos temporales que facultan para explotar el dominio público; las concesiones tienen la ventaja de que pueden inscribirse en el Registro de forma independiente al terreno mediante documentos administrativos", explica Miquel Silvestre.
Nada de esto podrá lograrse sin una voluntad política por solucionar un problema que está enquistado desde hace décadas. La Comunidad de Madrid tiene la titularidad de los terrenos; los municipios, las competencias urbanísticas y la Delegación del Gobierno se encarga de controlar la delincuencia y el tráfico de drogas. Cada uno le pasa a otro una patata caliente. Los expertos consultados coinciden en que se ha llegado a este punto porque la Administración lo ha permitido, así que es lógico exigirle que busque soluciones.
Hace poco menos de un mes, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid hizo pública una sentencia que impedía derribar un taller ilegal en la Cañada. La resolución pone de relieve que el Ayuntamiento no puede actuar contra las edificaciones que tengan una antigüedad superior a cuatro años si lo que esgrime para derribarlas es un incumplimiento de la normativa urbanística disciplinaria. Sí podría utilizar otros argumentos para derribar construcciones: razones de salubridad, intención de recuperar suelo propio...
En la Cañada hay cientos de chabolas que pueden acogerse a esta norma si, al menos en parte, están construidas con ladrillo o componentes férreos. "Así, analizando caso por caso, y sólo en alguno muy extremo, quizás se podría buscar alguna solución, explica Guillermo Aguillaume, quien a pesar de todo, advierte: "Lo único que se va a conseguir es que no se demuelan; lograr el título de propiedad es impensable".
* ELPAIS.com - JAVIER LAFUENTE 19/03/2008
Foto: Las Barranquillas, un gran asentamiento chabolista- RICARDO GUTIÉRREZ, elpais.com
La Pobla da la licencia a las 13 casas que construyó ilegalmente el hijo del ex alcalde del PP
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LEVANTE/Valencia* : El equipo de gobierno de la Pobla de Vallbona, presidido por la alcaldesa Mari Carmen Contelles (PP), ha concedido las licencias de edificación y ocupación de las trece casas construidas ilegalmente hace cinco años por una empresa relacionada con el hijo del ex alcalde Vicente Alba. Estos permisos se conceden cuando los chalés están habitados desde hace tiempo y a pesar de que el proyecto de urbanización de los terrenos todavía no ha concluido.
Así, y a pesar de tener ya licencia de ocupación, los habitantes de la urbanización La Muntanyeta seguirán viviendo con luz y agua de obra, en calles sin asfaltar y sin alcantarillado.
Estas viviendas de la zona de Els Aljubs se construyeron en el año 2003 en unos terrenos que el ex alcalde Vicent Alba declaró en el plan general de 1995 como suelo urbano directo, "una calificación que les eximió de ceder una parte al ayuntamiento para dotaciones y zonas verdes", según explicó el edil socialista Guillermo García. "Cabe recordar -continua García- que la promotora solicitó las licencias con el plan general de 1995 todavía en vigor pero se construyeron de acuerdo al plan general de 2004 que aún estaba en fase de redacción. De las trece viviendas, únicamente dos cumplían la normativa vigente en el momento de su solicitud. Además, la empresa en la que participaba el hijo de Alba, levantó los trece chalés a pesar de que la licencia de obras autorizaba siete".
Esta situación llevó a que en 2006 el entonces alcalde del PSPV sancionase a la promotora con una multa y aprobase a continuación la adjudicación del Plan de Reforma Interior para legalizar las trece viviendas.
A esta medida de los socialistas -que ante otros casos similares optaron por derribar las viviendas ilegales- se acogía ayer la alcaldesa Mari Carmen Contelles para justificar que ahora se concedan las licencias de ocupación. "Fue el mismo PSPV que ahora denuncia esto el que legalizó la urbanización. Nosotros lo único que hemos hecho es seguir los trámites legales". Contelles reconoce que las licencias se conceden con los chalés ya ocupados y sin que estén urbanizados los terrenos. "En este caso particular tenemos el visto bueno de los técnicos municipales que nos dicen que ya se pueden conceder las licencias, entre otras cosas porque los propietarios ya llevan tiempo viviendo en los chalés".
* Levante-EMV - V. C. M., la Pobla de Vallbona - 19 de marzo de 2008
Foto: Viviendas en la Pobla de Vallbona que fueron construidas de forma irregular hace cinco años y que ya cuentan con licencia de ocupación / lasprovincias.es
La investigación urbanística en Castillo se cierra con 41 imputados
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IDEAL/Jaén* : La Guardia Civil ha dado por cerrada la investigación sobre irregularidades urbanísticas en Castillo de Locubín tras imputar a tres constructores, implicados en las obras supuestamente ilegales ejecutadas en las vegas de los ríos de la localidad en los últimos años. La lista de imputados se ha cerrado ya con 41 imputados tras la fase de pesquisas sobre el terreno, de los que 398 son propietarios.
De acuerdo con los precedentes de otras localidades (Baños de la Encina, Quesada y otras) donde se hicieron investigaciones similares, la última fase de la investigación de los especialistas del Seprona de la Guardia Civil consiste en determinar si hay indicios de delito en la actuación de la administración local. Por acción -al haber concedido licencias que no se ajustan a la legalidad- o por omisión -al incumplir la obligación de verificar que las obras ejecutadas responden a la licencia otorgada.
Las construcciones revisadas por la Guardia Civil responden al periodo en el ocupaba la alcaldía Antonio Cano (PSOE) y a los primeros meses de mandato de Justo Gámez (PP). Según el procedimiento que el Instituto Armado ha venido siguiendo en estos casos, las citaciones no se demorarán mucho, si es que finalmente las hay.
Las vegas de Castillo han sido desde siempre lugar de huertas donde se han levantado construcciones vinculadas a la explotación agraria, autorizadas por las normas subsidiarias que regulan el urbanismo en la localidad. Aunque en los últimos años se ha producido un ligero cambio, con construcciones más voluminosas y orientadas hacia el ocio y no tanto hacia la agricultura. En los últimos años se han pedido licencias para naves. Y han hecho chalés.
* Ideal - 18.03.08 - J. E. P
Foto: Castillo de Locubin (Jaén) - guadalinfo.net
La ''Marbella'' canaria
JUAN GARCÍA LUJÁN* : No tenemos una folklórica liada con un alcalde, no tenemos la viuda de un torero promocionando un pueblo volcánico, no tenemos un señor con apellido de marca de retretes que guarda 103 caballos pura sangre en una finca, en Canarias no tenemos nada de eso pero tenemos la isla de Lanzarote que ayer fue denominada con el nombre de la “Marbella” canaria por el diario El País. Según el rotativo madrileño sólo desde septiembre del año pasado la Justicia ha declarado ilegales 22 hoteles construidos en la isla conejera.
La información ocupaba la portada a cuatro columnas del periódico. Por la tarde CANARIAS AHORA amplió la noticia con nuevos datos más escalofriantes todavía: unos 10 hoteles considerados ilegales por diferentes sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias han recibido un total de 36 millones de euros de la Unión Europea como ayudas para regiones en declive. La verdad es que los europeos deberían de haber sido más explícitos, yo hubiera puesto un título más riguroso a esas subvenciones: "ayudas para regiones donde la ley está en declive".La noticia publicada por este periódico señalaba que la Justicia ha ordenado ya la nulidad de de 7721 plazas turísticas (4404 hoteleras y 3317 extrahoteleras).
Hace sólo cinco días los medios de las islas informaban sobre la publicación de una sentencia que obligaba al gobierno canario a indemnizar al empresario Theo Gerlach porque el ejecutivo le había negado la construcción de 696 plazas turísticas debido a la aplicación de la moratoria turística. El gobierno de Paulino Rivero se limitó a recordar en un comunicado que la moratoria fue aprobada por unanimidad por el Parlamento canario, no aclaraba el ejecutivo que la sentencia no iba tanto contra la moratoria sino contra la falta de desarrollo de la Ley de Directrices durante la legislatura de Adán Martín. La Confederación Canaria de Empresarios y la Cámara de Comercio de Las Palmas sacaron sendos comunicados criticando la moratoria turística y defendiendo a los empresarios que habían llevado a los tribunales al ejecutivo. Y ¿qué tienen que decir los empresarios cuando el periódico más leído de España publica que uno de cada cuatro hoteles construidos en Lanzarote los últimos años no respeta la legislación vigente y, con la ley en la mano, podrían ser demolidos? Pues silencio absoluto. Dicen que hablarán dentro de unos días. Ayer sólo habló el cabildo conejero para decir que un poquito de por favor, que Lanzarote no es Marbella, y tienen algo de razón porque al fin y al cabo en la cárcel de Tahíche no está Julián Muñoz sino Dimas Martín, aunque también fue alcalde. En el breve comunicado público el cabildo señaló que “tal y como ha defendido desde comienzos de Legislatura, es intención de la Corporación legalizar las incorrecciones detectadas en los establecimientos turísticos, siempre que la ley lo permita, con las consiguientes compensaciones al interés general”.
Vale, doña Manuela, estupendo. Pero uno se pregunta: ¿por qué pueden sentirse tan tranquilos los promotores de los hoteles ilegales que ayer recibieron un apoyo inmediato del cabildo conejero y, sin embargo, en Tenézera o en El Golfo no pueden estar igual de tranquilas decenas de familias sencillas a las que se les ha anunciado en los últimos meses que les van a tirar las casas en las que residen de forma permanente o los fines de semana desde hace diez o veinte años? Es cierto que fueron el cabildo de Lanzarote y la Fundación César Manrique quienes llevaron a los tribunales la construcción de esos hoteles y complejos de apartamentos que sus promotores levantaron sabiendo que no respetaban ni el Plan Insular de Ordenación del Territorio de 1991 ni la moratoria turística que la corporación insular conejera aprobó en 1999. Pero todo indica que hay una doble vara de medir. Ya contamos aquí en su día la historia de Santiago el de Berrugo, al que quieren tirar abajo su casa familiar que tiene más de un siglo de existencia por presiones de los promotores de Puerto Marina Rubicón. Pero como la familia de Santiago existen otras en Tenézere que desde hace varias décadas disfrutan en su tiempo libre en unas chozas que podrían ser demolidas porque están dentro del espacio público marítimo terrestre. Les ocurre lo mismo a otras familias humildes que residen en el Golfo y en La Santa. Desde la Demarcación de Costas del Estado les anuncian la demolición de sus casas sin ofrecerles alternativas. Para ellos, la ley es la ley. No reciben el mismo mensaje los constructores y hoteleros que han promovido y explotan las más de 7700 plazas alojativas ilegales. A ellos se les propone una concesión administrativa para que puedan explotar esos hoteles durante los próximos treinta años, para que no pierdan la inversión económica que hicieron y las millonarias ayudas europeas. Son las dos caras de una misma moneda, de una falsa moneda con la que en Lanzarote se compraron en el pasado muchos silencios que hoy se transforman en este gran escándalo turístico y hotelero. El cabildo se apresuró a manifestar públicamente que Lanzarote no es Marbella, pero tengo la impresión de que esta multiplicación de plazas hoteleras ilegales huele tan mal como los famélicos caballos pura sangre que Roca tenía escondidos en la finca malagueña de “La Caridad”.
* Canarias Ahora - Opinión - 18 DE MARZO DE 2008
