ELPAÍS* : Ya lo anunció el alcalde Alberto Ruiz-Gallardón después de su aciaga entrevista con Zapatero el miércoles: hay serias dificultades para pagar a los proveedores. Y añadió: "Las pequeñas y medianas empresas van a verse afectadas". Es cierto. Centenares de pymes sufren la morosidad del Ayuntamiento. Pequeñas empresas a las que, tras esas declaraciones, se les vino el mundo encima. Concretamente, a las que vienen organizando, tras ganar los concursos públicos, las actividades culturales de Madrid: cabalgatas, fiestas patronales, carnavales, animación infantil... Los retrasos en los pagos llegan en algunos casos a los nueve meses, cuando, según los contratos, deben cobrar a los 60 días de presentar la factura.
Y la deuda del sector, según la Asociación de Representantes Técnicos del Espectáculo (ARTE, que aglutina al 90% de las compañías de managers, representantes y productores del sector: 117 empresas en Madrid), alcanza los 10 millones de euros solo en la capital. Las compañías consultadas aseguran que están al borde de la quiebra, que se ven obligadas a prescindir de trabajadores y que no pueden pagar a sus proveedores, después de décadas trabajando con ellos.
La ampliación de los créditos y la hipoteca de sus propios bienes se han convertido en el recurso de emergencia para mantenerse a flote ante una situación que no tiene visos de mejorar en el corto plazo, cuando el Ayuntamiento ha recibido un no por respuesta de Zapatero. Lejos de los palacios de Cibeles y Moncloa, las consecuencias de estas deudas tienen nombre y apellidos.
"Esto es el mundo al revés. Nos hemos convertido en los bancos o las financieras del Ayuntamiento, y nosotros no tenemos capacidad económica para asumir tanta deuda. La prueba es que la gente está teniendo que hacer encaje de bolillos con los bancos para poder llegar a fin de mes y no puede siquiera pagar a sus proveedores", dice Emilio Santamaría, presidente de ARTE.
Cuando Santamaría habla de "la gente" se refiere a personas como Cristina de Santiago (ASI-KEM S.L.), Gloria Parra (Yeiyeba), Augusto Teruel (Teruel Producciones S.L.) o Fernando Navarro (Piruleta).
Gente que gestiona pequeñas empresas promotoras de eventos y que lleva décadas (35, 25, 20 años...) trabajando para el Ayuntamiento; organizando desde las fiestas de Moncloa-Aravaca a las de Arganzuela (contratación de artistas, orquestas, equipos técnicos, seguridad...) a la cabalgata de los Reyes de Usera (carrozas, vestuario, escenarios, actuaciones...), o las actividades y juegos para niños de la Cuesta de Moyano.
Este periódico ha hablado con nueve empresas del sector y ha constatado que las deudas son millonarias y que suelen ir acompañadas de entrevistas a la desesperada con el concejal de Hacienda del Ayuntamiento, Juan Bravo, o con el tesorero, José María Polo.
Ambos se han convertido en una especie de servicio de urgencias económico del Consistorio, que trata de agilizar o dar cierta prioridad a los pagos más perentorios o que pueden tener consecuencias más catastróficas, como pérdidas de empleos o cierre de empresas.
Según la información que pudo contrastar ayer este periódico, cinco de las nueve empresas consultadas acumulan ya una deuda de 5.428.271,51 euros.
La falta de liquidez del Consistorio, que va pagando a trancas y barrancas, ha abocado a los propietarios de las compañías del sector sociocultural a constantes visitas a los bancos para conseguir ampliaciones de hipotecas o de líneas de crédito para subsistir y poder pagar tanto a sus trabajadores como a sus proveedores.
Los bancos son la tercera pata de esta crítica historia. Tanto el Ayuntamiento como los pequeños empresarios sufren la rigidez que impera en los últimos meses en las entidades financieras, que no aceptan anticipar facturas de más de tres o cuatro meses. Y si se tiene en cuenta que el Consistorio está pagando con un retraso de entre seis y nueve meses...
"Acabo de salir del Banco Popular y me han dicho que del Ayuntamiento no quieren saber nada, ahora voy a probar suerte en otros. Lo que antes era casi trabajar con un aval se ha convertido en una condena", dice Augusto Teruel, secretario general de ARTE y propietario de la empresa Teruel Producciones SL, con la que el Consistorio acumula una deuda de 747.517,75 euros por las actividades y espectáculos realizados en los distritos de Hortaleza, Villaverde, Moncloa y Usera desde el pasado mes de abril.
Teruel lleva 20 años trabajando en Madrid y asegura que, "aunque los retrasos se vienen produciendo desde el año pasado, nunca habían llegado a los niveles actuales, que no nos pueden decir ni cuándo cobraremos".
Cristina de Santiago, de la empresa ASI-KEM SL, vive una situación similar: "Todavía me deben actividades de enero cuyas facturas han caducado en marzo. Yo ya estoy desesperada. Llevo 35 años trabajando aquí, tengo una reputación y un nombre. Nunca he vivido nada igual, no puedo pagar a mis proveedores, tengo 400 euros en la cuenta y no me llega ni para pagar la hipoteca que me pasan a mediados de mes. Vivo con mi madre, que tiene 80 años, he tenido que prescindir de dos de mis trabajadores, no puedo más".
Ella se entrevistó el pasado miércoles con el tesorero Polo que le ofreció la posibilidad de pagarle una de las facturas más bajitas: 6.161 euros "para ir tirando", de los 265.755,60 que le adeuda el Ayuntamiento.
Aparte de las empresas de espectáculos, están también las que se dedican a Equipamientos Culturales, asociadas en patronales como Educatia, por ejemplo, que reúne a 18 empresas en Madrid y suma 8.000 trabajadores, que nutren de actividades (pintura, teatro, bailes de salón, yoga...), a los centros culturales de la capital.
La semana pasada, uno de los representantes de esta patronal y director de una de las empresas con 700 trabajadores (que este mes han cobrado el día 10) se reunió con Bravo y le puso sobre la mesa las facturas de nueve de esas empresas por valor de ocho millones de euros. "Nos han pagado hace una semana la factura de abril (4.205.278,16 euros). Nos han prometido que nos pagarían en noviembre la correspondiente al mes de mayo y ya en enero la de junio, pero que si no se refinancia la deuda del Ayuntamiento podemos tardar en cobrar un año la siguiente".
La retahíla de impagos continúa: "Esta mañana he salido llorando del banco, tengo que hipotecar mi casa y me la tasan mucho más baja que hace ocho años. Y encima tengo que gastarme 6.000 euros en notarios", cuenta Fernando Navarro que, con sus ocho trabajadores, organiza actividades infantiles con su empresa Piruleta en los distritos de Retiro, Chamberí, Hortaleza y Usera, y que acumula una deuda de 190.000 euros desde mayo.
La situación es crítica y tiene más nombres y apellidos, aunque muchos de los empresarios de este sector no se atreven a salir en los papeles por miedo a sufrir más retrasos en los pagos o incluso represalias futuras en la adjudicación de nuevas actividades culturales. Llegado este punto, los responsables del Ayuntamiento se limitan a remitir a las últimas palabras del alcalde, hasta que el próximo jueves se presenten los nuevos presupuestos.
* El País - 19.11.10
Foto: Madrid, interior nueva sede Ayuntamiento - Arquimática (El País)
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PÚBLICO* : Al arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, se le ha abierto un nuevo frente. Vecinos del barrio de Almanjáyar, una de las zonas más deprimidas de la capital granadina, denuncian que la Escuela de Magisterio que construye el prelado ha eliminado una vía peatonal de unos cinco metros de anchura y una franja destinada a jardín de las viviendas sociales colindantes. El vial, con entrada restringida para vehículos de emergencia, era el único acceso de bomberos a los tres bloques de la urbanización aledaña, en la que habitan unos cien vecinos. "Creen que la ignorancia anida en las viviendas sociales, pero se equivocan", afirma José González, uno de los afectados.
"El arzobispo se ha apropiado indebidamente de una zona de uso público que, según el plan de urbanismo, es una vía peatonal, y de un espacio que estaba destinado a jardín de las viviendas", explica. Según los vecinos, el muro que debía delimitar la parcela en la que se levanta la escuela debía guardar una distancia de unos nueve metros de sus casas. Pero está a un metro escaso.
La realidad, dicen, es que el solar en el que se construye la escuela tenía una superficie de 8.434 metros cuadrados, según el Registro de la Propiedad, y que el plan especial que ha permitido las obras asigna al solar 8.884 metros. Los vecinos han iniciado movilizaciones e insisten en que la superficie de los terrenos no ha aumentado milagrosamente. Los afectados no descartan llevar al arzobispo a los tribunales si no derriba el muro de hormigón que ocupa espacio público. De momento, han presentado una denuncia ante la Gerencia de Urbanismo.
* Público - 19.11.10
Foto: La escuela, en obras
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LAOPINIÓN/Málaga* : El juez que instruye el caso 'Goldfinger' ha impuesto una fianza de más de 60 millones de euros por responsabilidad civil a los principales imputados en la causa, entre ellos el actor Sean Connery, su mujer y los principales socios del bufete de abogados que llevan la representación legal del actor. El titular del Juzgado de Instrucción nº1 de Marbella (Málaga) da a los procesados un plazo de 10 días para hacer frente a esta fianza y ordena el embargo de propiedades si no pudieran responder. Además, en caso de declararse alguno insolvente, ordena a la Policía Judicial y a la Agencia Tributaria que investigue si ha podido haber operaciones de los acusados para ocultar su patrimonio desde abril del pasado año.
A través de un auto, el instructor indica que los imputados, entre ellos el ex alcalde Julián Muñoz o el ex asesor de Urbanismo marbellí Juan Antonio Roca, deben responder de forma conjunta y solidaria de esta fianza atendiendo a las diferentes operaciones urbanísticas que supuestamente se realizaron teniendo como origen la propiedad que el actor tenía en Marbella, según informó la cadena SER.
El actor escocés fue citado a declarar como imputado ante el juez instructor el pasado día 15 de octubre, aunque no compareció, tras presentar un escrito, que se hacía extensible tanto a él como a su mujer, en el que se alegaban motivos de salud y de edad, argumentando que es una persona mayor; así como que no había tenido tiempo para organizar el viaje. La declaración podría tomarse a través de una comisión rogatoria.
En este procedimiento judicial se investigan operaciones inmobiliarias y la presunta participación en ellas de sociedades que supuestamente estarían vinculadas a la pareja. Las diligencias tienen su origen en la investigación de varios convenios urbanísticos, después de que la Fiscalía Anticorrupción presentara en 2006 una querella al analizar el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre el Consistorio de Marbella.
Así, inicialmente se investigaban los convenios suscritos por el Ayuntamiento de Marbella, con Julián Muñoz como alcalde accidental, con la sociedad Malibú S.A. y con By the Sea, sobre los que se sustenta el complejo denominado Malibú. El Tribunal de Cuentas estimó un perjuicio para el Consistorio por estos convenios de 2,7 millones de euros.
Tras los informes emitidos por el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), la Agencia Tributaria y la Sección de Blanqueo de la Policía Nacional, la investigación se amplió a varias operaciones en las que supuestamente habría intervenido un despacho de abogados de Marbella, que, según los investigadores, "representa los intereses económicos" del actor escocés y su mujer en Marbella.
En este sentido, en un informe de la Agencia Tributaria, al que tuvo acceso Europa Press, se señala que este bufete habría representado dichos intereses primero, durante los años 90, con relación al chalé de su propiedad --Malibú S.A.-- y "más adelante mediante la prestación de sus servicios a la promotora By the Sea". En esta segunda fase, añade el informe, la participación del matrimonio en dicha sociedad "queda velada por el entramado societario organizado".
"Debido a la pantalla interpuesta por el despacho, así como por la composición del accionariado, compuesto por sociedades radicadas en paraísos fiscales, hacen imposible conocer los beneficiarios últimos de la operación", dicen los investigadores, quienes añaden como hipótesis la posibilidad de que el bufete "actúe como verdadero factor de los Connery en el negocio de la promoción objeto de estudio".
La Agencia Tributaria cifró en 53 millones de euros los beneficios de la explotación de la promoción Malibú, con 72 apartamentos de lujo situados en primera línea de playa, en cuyo desarrollo hay "indicios suficientes que hacen pensar en la comisión de diversos ilícitos penales", algunos ya investigados con anterioridad y otros nuevos como cohecho, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales, según el informe.
Una conclusión de los funcionarios de la AEAT y de la Sección de Blanqueo de la Policía Nacional es que "parte de los beneficios", incluyendo los importes de una posible defraudación que se investiga, "son transferidos al exterior", sobre todo a Reino Unido y Uruguay, siendo el total de "más de 37 millones de euros". Sobre el último país, se dice que está en la 'lista gris' de paraísos fiscales.
* La Opinión - 18.11.10
Foto: Marbella, urbanización Malibú - tengonoticias
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LAVERDAD/Murcia* : El Juzgado de Instrucción nº5 de Lorca, que instruye diligencias por la querella presentada por el PSOE contra el alcalde de Puerto Lumbreras, Pedro Antonio Sánchez, investiga la legalidad de siete convenios urbanísticos en el municipio. En muchos de estos convenios, los promotores se comprometieron a compensar al Ayuntamiento con la realización de obra pública, y en algunos casos también a abonar cantidades en metálico, mientras que el Consistorio prometió a su vez a los empresarios que si sus proyectos no eran recogidos en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) les compensaría convenientemente.
Así, según la documentación de que dispone este periódico, el Ayuntamiento firmó un convenio con JJ Serrano, Construcción y Gestión de Obra, por el que esta firma construiría el edificio de oficinas municipales y el Ayuntamiento, a su vez, se comprometía a entregarle 175.000 euros si el proyecto urbanístico no salía adelante. Del mismo modo firmó un convenio con Diego Francisco M.O., por el que éste pagaría 306.252 euros, de los que 153.126 los abonaría mediante la reforma del edificio de la tercera edad; también en este caso el Consistorio asegura que devolverá el dinero si el proyecto se enquista.
Jardineros de Puerto Lumbreras SA ejecutaría, en virtud de otro convenio, algunas obras públicas como la ampliación del polideportivo, un gimnasio o un SPA, por importe de 600.000 euros, que le serían reintegrados por el municipio de no salir adelante su proyecto.
Lo mismo con New Enma S.L. (3,4 millones de euros de compensación, en parte abonados con la ampliación del colegio Purísima Concepción); con ValLumbreras S.L. (3,4 millones); Reverte Inversiones SL (174.000 euros), y Proyectos y Construcciones Pevasa SL (1,5 millones).
Apunta el fiscal en un informe que, como señalaron los querellantes, con esa forma de actuación «se comprometen gravemente los recursos financieros del Ayuntamiento, al asumir en determinados convenios la restitución de determinadas cantidades (hasta más de 6,2 millones), unas invertidas en obras públicas adjudicadas directamente, y otras recibidas sin ningún destino concreto».
El alcalde de Puerto Lumbreras ha manifestado al respecto que todos los convenios respetaron escrupulosamente la legalidad y que el ex alcalde socialista José Cerrillo «hizo exactamente lo mismo en el 99% de los convenios que firmó».
* La Verdad - 19.11.10
Foto: Puerto Lumbreras (Murcia) - murciaturistica
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YAENCONTRÉ* : Antes de que el feroz tigre celta se convirtiera en un ordinario gatito doméstico, el precio por metro cuadrado en la Grafton Street de Dublín llegó a ser superior al de la Bond Street de Londres, los Campos Elíseos de París, la Quinta Avenida de Nueva York y Rodeo Drive de Los Ángeles.Semejante sobrevaloración de los bienes inmobiliarios trae a la memoria la enorme burbuja que se formó en Japón a finales de los años 80, cuando el valor inmobiliario del palacio Imperial de Tokio subió hasta superar el valor de todas las propiedades inmobiliarias de California, octava potencia económica. Ahora los irlandeses han entrado definitivamente en la historia mundial de la especulación por la que se adentraron primero los holandeses en el siglo XVII cuando se desató una manía compradora en torno a los bulbos de tulipán hasta el punto que un bulbo llegó a tener tanto valor como una granja.
Los irlandeses, ebrios por el valor artificialmente alto de sus propiedades y el crédito fácil a intereses ridículos, no sólo urbanizaron su propio país sino que casi parecía tonto aquel que no compraba aparcamientos en Sofía, chalets en las pistas de esquí rumanas o pisos en Praga y Budapest. La propiedad inmobiliaria parecía un valor tan seguro como el oro.
"Era rara la semana en que no te llamaban cuatro o cinco veces del banco para ofrecerte dinero", dice Mary Fitzpatrick, gerente de unos grandes almacenes de la capital.
Hoy, con el país aferrándose a duras penas a su soberanía económica y resistiéndose con uñas y dientes a un rescate de las instituciones internacionales que parece inevitable, esa locura adquisitiva -junto con la imprudencia de los bancos- es vista como la causa principal de la humillación internacional de la orgullosa Irlanda. Vista desde el aire, la isla esmeralda es una sucesión de solares y edificios a medio construir. Hay un cuarto de millón de viviendas vacías o sin terminar, la mitad casas adosadas y chalets de vacaciones.
Los precios de casas y oficinas han descendido por término medio un 35% en los tres últimos años, aunque depende mucho de las regiones, y en algunas el porcentaje se eleva al 60%. Esa caída tiene un efecto multiplicador, porque se refleja en los activos de los bancos que concedieron las hipotecas con las propiedades como garantía, ya que en caso de impago tan sólo recuperarán una parte del valor nominal. Con un paro del 12,5% (30% entre los jóvenes) y la perspectiva de un recorte de hasta el 20% de empleos en el sector público, el número de insolvencias sólo puede aumentar. El severísimo plan de austeridad -que la UE quiere radicalizar todavía más- ha reducido el consumo y sumergido al país en una segunda recesión. La posible subida del impuesto sobre los beneficios empresariales (ahora del 12,5%) como condición al rescate reduciría las inversiones extranjeras (las empresas norteamericanas utilizan Irlanda como una especie de paraíso fiscal respetable, una irregularidad que Alemania quiere corregir). El panorama es negrísimo, se mire por donde se mire.
El sector de la construcción constituye un 14% de la riqueza del país, un porcentaje superior al de España, y hasta hace poco empleaba a una tercera parte de la fuerza laboral, incluidos cientos de miles de inmigrantes polacos y de Europa del Este que en buena parte han regresado a sus países de origen. Desde el 2000 se construyeron cada año 75.000 nuevas unidades comerciales o residenciales, sobre todo en el área metropolitana de Dublín (que tiene la renta per cápita y los sueldos más altos) y en zonas de vacaciones.
"Desde la entrada del euro, conforme el empleo y los ingresos aumentaron, el valor de la propiedad inmobiliaria empezó a subir - explica el economista Gareth O´Riordan-.Se construyó másy ello generó todavía más trabajo en un efecto multiplicador. Se elevó el valor de los activos y garantías subsidiarias de las instituciones de crédito, y la percepción de riesgo disminuyó proporcionalmente. Se construyó todavía más, debido a todos esos factores y a incentivos fiscales del gobierno para alimentar la demanda doméstica y conceder favores a empresarios amigos. Dado que el mercado irlandés es relativamente pequeño, el precio de pisos y oficinas se hinchó artificialmente por lo menos un 25%, a pesar de que en algunas localidades no existían infraestructuras de transporte y servicios públicos. Con rendimientos de por lo menos el 4% en las viviendas para alquilar, el país entero especuló y especuló.
* La Vanguardia - yaencontré - 18.11.10
Foto: Irlanda, burbuja inmobiliaria - google.es
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LEVANTE/Valencia* : La Fiscalía de Delitos Económicos de Valencia ha denunciado ante el juzgado de Llíria a José Javier Cervera Soria, alcalde de Loriguilla (PP), por un posible delito contra la Administración Pública. El Ministerio Público pide que se abran diligencias de investigación penal contra el edil popular porque considera que adjudicó obras del consistorio a empresas en las que participaba junto a miembros de su familia. Según el escrito de denuncia al que ha tenido acceso Levante-EMV, el fiscal, que investigaba el caso desde hace seis meses, habría detectado por parte del alcalde "un trato de favor a esas empresas (firmas que participaba junto a sus familiares) en la adjudicación de obra pública".
Además, el Ministerio Público afirma que de las pruebas recabadas "resulta la apariencia" de que el edil "ha intervenido en actividades económicas que eran incompatibles con las de su cargo de alcalde y/o ha intervenido en negociaciones prohibidas a funcionarios públicos o autoridades".
Según explica el fiscal Anticorrupción en la denuncia remitida al juzgado de Llíria, José Javier Cervera Soria "a partir de 2003 mientras era Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Loriguilla, tenía participación en la titularidad y gestión de un grupo de empresas formado por Vialcer SL, Rocersa SL, Javevat SL, Fervialia SL y Grupo Empresarial Fervialia SL". Estas firmas las comparte con sus dos hermanas.
La denuncia recoge que, una de estas firmas, concretamente Fervialia SL, intervino desde 2005 en la licitación de 10 obras promovidas por el Ayuntamiento de Loriguilla y la sociedad municipal Lorisum SL. De estas diez ofertas públicas a las que se presentó resultó adjudicataria de cuatro. Además, el fiscal constata en su denuncia que estas contrataciones "han tenido lugar a través de Mesas de Contratación en las que no participaron los concejales de la oposición".
Por ello asegura que estos hechos pueden ser constitutivos de "un delito contra la Administración Pública tipificado en los artículos 439, 441 y 442 del Código Penal". Concretamente ve una posible negociación y actividad prohibida a los funcionarios públicos y un supuesto abuso en el ejercicio de su función. Estos delitos comportan una inhabilitación de cargo público de hasta cuatro años y una multa de seis a doce meses.
Por otra parte, el fiscal anticorrupción pide al juez de Llíria que cite a declarar al alcalde y solicita estar presente en las diligencias que tome a José Javier Cervera Soria.
Delfín en el PP de Camp de Túria
José Javier Cervera Soria es alcalde de Loriguilla por el Partido Popular desde 2003. La primera vez que se presentó consiguió una mayoría absoluta que revalidó en 2007. De hecho, el PP tiene seis concejales en este municipio por tres de la oposición (dos Unió Valenciana y uno el PSPV). Cervera Soria, uno de los jóvenes delfines del PP en el Camp de Túria, es próximo al alcalde de Riba-roja, Francisco Tarazona, y al de Vilamarxant, el también diputado en las Corts Vicente Betoret.
Este ingeniero técnico en Obras Públicas de 39 años es también vicesecretario comarcal del PP del Camp de Túria desde 2006, presidente del consorcio de residuos Valencia Interior desde 2007 y miembro del Comité Ejecutivo Provincial de Valencia del PPCV desde 2008.
Según ha podido saber este periódico, las diferentes empresas que cita la fiscalía en las que él y sus dos hermanas participan han realizado cierta cantidad de obras por otros municipios de la comarca. Un ejemplo es Riba-roja, donde han construido varios edificios en calles tan conocidas como la Mayor, en el centro del pueblo.
* Levante - 18.11.10
Foto: Loriguilla (Valencia) - flickr
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SUR/Málaga* : «Este sí queríamos que se derribara». Ayer tan sólo habían pasado 24 horas desde la alcaldesa, Ángeles Muñoz, informara a los medios del dictamen con el que defenderá ante los tribunales que el Ayuntamiento no puede ejecutar 900 sentencias de demolición por la existencia de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que regulariza las 5.000 viviendas afectadas. Un día de diferencia y, tras de la regidora marbellí, las máquinas estaban haciendo añicos un edificio de once plantas de Las Chapas que nunca fue más que una estructura.
¿Una contradicción? «Este caso no tiene nada que ver con el Plan General. Esto llevaba aquí más de 40 años y no era legalizable ni con el PGOU del 86 ni con el nuevo. Este derribo es un símbolo de legalidad», explicaba Muñoz entre el trasiego de motores. Antes era una mole de hormigón de once plantas y 36 metros de altura que se veía especialmente desde la autopista. Ahora, apenas queda una semana de trabajo para que pase a la historia: Un par de días para que se convierta en toneladas de escombros y unos pocos más para que la parcela, en mitad del Marbella Golf, quede totalmente expedita y quizá se convierta en un hoyo más.
«Era una reivindicación histórica porque era incómodo para la vista y para el propio campo, así que nos pusimos en contacto con los propietarios de la construcción, que también lo son del campo de golf, para hacerles ver que la mejor solución era tirarlo porque no se iba a legalizar», abundó Muñoz, que se acercó hasta el lugar para conocer cómo se están desarrollando los trabajos, adelantados por este periódico. Los operarios, venidos con las máquinas especializadas expresamente desde Madrid, comenzaron el desmontaje de la edificación hace ya tres semanas.
Escombros
No ha sido un camino de rosas. Por la envergadura de la actuación, se han necesitado informes varios, desde los medioambientales a los urbanísticos, pasando por la necesaria licencia municipal. «La empresa ha corrido con los gastos de demolición y de la retirada de escombros», señaló el concejal de Urbanismo, Pablo Moro, que cifró en 93.000 euros el coste total de un derribo esperado desde hace años.
Sobre si hay otros esqueletos en similar situación, el edil recordó que el nuevo Plan General deja fuera «seis o siete estructuras» sobre las que aún no se ha tomado una decisión. «Veremos si son aprovechables como equipamientos en los casos en que estén a medio construir y si no, pues se tirarán», agregó la alcaldesa, que precisó que se estudiará caso por caso.
* Sur - 18.11.10
Foto: Evolución de los trabajos de demolición, que comenzaron a final de octubre, hasta el día de ayer - sur
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