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ELPERIÓDICO/Barcelona* : El 69,1% de los vecinos de Sant Celoni que el pasado domingo acudieron a las urnas rechazó la construcción de 542 viviendas en la zona rural de Can Riera de l'Aigua, oponiéndose así a la aceptación del área residencial estratégica (ARE) que la Generalitat ubica en estos terrenos.
La participación fue del 30,03% (4.118 votos) y la preservación del espacio natural fue el argumento de peso para la mayoría de los votantes del no. El consistorio de Sant Celoni se comprometió a hacer llegar la voluntad de sus vecinos al Govern para que sea tenida en cuenta, pese a no ser vinculante.
También los vecinos de Ripoll (Ripollès) rechazaron en una votación celebrada el pasado sábado el ARE que prevé construir 489 viviendas en la zona de la antigua fábrica de La Preparación Textil. El 70,6% de lo 875 votantes (el 10,1% del censo) rechazaron la propuesta del Govern.
* El Periódico - SARA GONZÁLEZ - 28.01.2009
Foto: Sant Celoni (Barcelona), ayuntamiento - guiaweb.org
Sant Celoni rechaza la edificación de 542 viviendas
El TSJA anula la aprobación definitiva del PGOU de Chiclana
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LAVOZ/Cádiz* : El TSJA ha anulado la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbanística de Chiclana, que llevó a cabo el pasado 23 de marzo de 2007 la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cádiz. El alto tribunal andaluz da la razón, en una sentencia fechada a 13 de enero pasado y notificada ayer martes, a dos de los más de una docena de recursos presentados por particulares, promotores y entidades ecologistas de la ciudad contra esta aprobación.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo de este órgano considera que “no se siguió la tramitación legalmente exigible” a la hora de dar vigencia al documento de planeamiento.
En ese sentido, el TSJA hace referencia a que “el texto completo del Plan General en ningún momento se somete a información pública”, y asegura que tampoco “hubo aprobación provisional tras la subsanación de defectos sustanciales” que se había realizado previamente por parte de la administración.
Además, los magistrados condenan al pago de las costas procesales al Ayuntamiento de Chiclana, que dispone sin embargo de diez días para recurrir ambas sentencias ante el Tribunal Supremo.
La nulidad de la aprobación definitiva del PGOU chiclanero llega después de que los tribunales tumbaran también la primera aprobación del documento de planeamiento con fecha de diciembre de 2003, así como el Texto Refundido elaborado con posterioridad, que fue aprobado en 2005 y anulado tras aceptarse los recursos que se presentaron contra él hace dos años.
* La Voz Digital - Jesús Aragón - 28.01.2009
Foto: Chiclana (Cádiz), ayuntamiento - pueblos-espana.org
El Consell prosigue la reparcelación forzosa del PAI Mestrets pese a que está anulado por el TSJ
LEVANTE/Castelló* : La Conselleria de Territorio ha notificado a los afectados por el PAI Mestrets una cuarta reparcelación forzosa y prosigue la ejecución del programa urbanístico que prevé derribar las casas de más de 20 familias a pesar de que éste ha sido anulado por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJ).
Así lo refleja la resolución de la Directora General de Vivienda y Proyectos Urbanos remitida el pasado lunes a los propietarios. Dicho documento fue aprobado por el Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA) el 8 de enero de 2009, fecha posterior a la sentencia del TSJ que anuló el PAI
El TSJ invalidó el plan urbanístico al concluir que cargaba injusta e ilegalmente a los vecinos con el coste del suelo para construir 4.500 viviendas protegidas, el Espai Comercial de Santiago Calatrava, la Universidad Internacional Valenciana (VIU), la Ciudad Deportiva de Castelló (unión del polideportivo Chencho con el Sindical) y la ronda oeste de circunvalación.
Tanto el Consell como el Ayuntamiento de Castelló interpusieron en noviembre un recurso ante el Tribunal Supremo que todavía no ha sido admitido a trámite. Las dos instituciones gobernadas por el PP manifestaron su intención de acogerse a dicho recurso judicial para ejecutar el planeamiento urbanístico mientras resuelve el Supremo y asumir con dinero público las indemnizaciones millonarias en caso de que el tribunal vuelva a dar la razón a los vecinos.
El Supremo ni siquiera ha aceptado a trámite el recurso de casación y el Consell ya ha decidido seguir adelante con un trámite tan crucial como la reparcelación forzosa. Debido a las reiteradas modificaciones introducidas por la Generalitat, se trata de la cuarta reparcelación del PAI Mestrets que será expuesta a los vecinos.
La cuarta reparcelación
La Generalitat alega que esta cuarta reparcelación se debe a la introducción de "nuevos cambios" en el proyecto y a una alteración del valor económico que se dará a los terrenos expropiados.
En este último caso, el Consell aduce que el decreto 82/2008 permite introducir "coeficientes correctores" en la valoración de los terrenos donde se vayan a promover viviendas protegidas.
Por lo pronto, la decisión del Supremo sobre el recurso de la Generalitat y el ayuntamiento se ha visto ralentizada por un tercer recurso inesperado. Una segunda asociación vecinal, Mestrets-Poble Sec, ha pedido la nulidad del proceso judicial que anula el PAI Mestrets con una maniobra que libraría a la Generalitat y al ayuntamiento de uno de los mayores golpes contra su política urbanística.
Esta alegación fue presentada después de conocerse la sentencia y reclama la nulidad del proceso argumentando que la Generalitat Valenciana no le convocó como interesado en el momento de iniciarse el litigio judicial. Paradójicamente, el citado recurso se basa en un supuesto incumplimiento de la Generalitat Valenciana para reclamar una anulación que, en caso de ser aceptada, terminaría beneficiando a la propia Generalitat Valenciana.
Gecen exige que el nuevo PGOU se adapte a la ley ambiental
El Grupo para el Estudio y la Conservación de los Espacios Naturales (Gecen) manifestó ayer que la sentencia del Tribunal Supremo que anula el Plan General de Ordenación Urbana de 2000 implica que el Ayuntamiento de Castelló "tendrá que incorporar al planeamiento municipal la legislación ambiental posterior al año 2000".
Los ecologistas recordaron que a día de hoy "se continua contando y contabilizando medio centenar de zonas verdes en rotondas inaccesibles a los ciudadanos, es decir, ignorando la Ley 4/2004, de 30 de junio, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje (LOTPP), que impide contabilizar como zonas verdes aquellas zonas que no son accesibles para los ciudadanos".
Gecen también advirtió que el PP deberá tener en cuenta el Decreto 65/2006 de protección de cuevas y el Plan de Recuperación del Murciélago Ratonero Patudo, "lo cual hace necesario modificar la clasificación del suelo en el Molí de la Font y su entorno y clasificarlo como suelo no urbanizable protegido". Por último, recordó que la Ley 4/2004 y la LUV obligan a compensar con un metro de zona verde protegida cada nuevo metro reclasificado de no urbanizable a urbanizable".
* Levante-EMV - Nacho Martín - 28.01.2009
Foto: cinco años de protestas. Los vecinos de Els Mestrets se han manifestado durante 5 años en cada pleno - vicent gamir, levante-emv.com
La juez acuerda seguir la causa contra el alcalde de Alhaurín
SUR/Málaga* : La juez del Juzgado de Instrucción nº2 de Coín, encargado del caso 'Troya' sobre la presunta trama de corrupción en Alhaurín el Grande, ha acordado seguir la causa por los trámites del procedimiento abreviado contra el alcalde, Juan Martín Serón, por si los hechos que se le imputan constituyen presuntos delitos de prevaricación urbanística, cohecho y blanqueo de capitales. Además, decide seguir también contra otras 24 personas, incluido el concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra.
La instructora ha dictado un auto por el que acuerda la transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado, una vez que se han practicado «cuantas diligencias se estimaron necesarias para determinar las circunstancias de los hechos y de las personas que en ellos tuvieron participación» y tras el informe presentado el pasado mes de diciembre por la Fiscalía de Málaga.
En dicha resolución, a la que tuvo acceso Europa Press, la jueza indica que de las diligencias practicadas «se desprende que en el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, presuntamente existía un entramado en virtud del cual se concedían licencias urbanísticas que vulneraban la normativa vigente en esta materia en el momento de los hechos a cambio de retribuciones económicas».
Al alcalde se le imputa que supuestamente «conocía y dirigía la operación»; mientras que el edil de Urbanismo sería presuntamente el que «controlaba y contabilizaba los pagos hechos y los débitos», por lo que se sigue la causa por los delitos de cohecho y prevaricación urbanística, mismo delito, este último, que se le imputan a los asesores jurídicos, quienes supuestamente habrían informado a favor de otorgar licencias contrarias al planeamiento.
Blanqueo
Por su parte, supuestamente los empresarios habrían abonado dinero por esos permisos de obras, por lo que se les imputan delitos de cohecho y prevaricación urbanística, en este caso como inductores; excepto a uno, cuya empresa se habría utilizado para ocultar el capital, por lo que se le imputa un delito de blanqueo, igual que al alcalde y a su esposa.
La jueza insta a dar traslado al fiscal y a las acusaciones personadas para que realicen el escrito de acusación y soliciten la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa, aunque precisa que se pueden solicitar «excepcionalmente» la práctica de diligencias complementarias.
* SUR - 27.01.09 -AGENCIAS
Foto: Alhaurín el Grande, ayuntamiento - J.Domínguez, EFE
