CANARIAS7/LasPalmas* : Las obras de El Confital «son ilegales, digan lo que digan el Cabildo, el Ayuntamiento o el Estado». El colectivo ecologista Ben Magec advirtió ayer de las «irregularidades que están cometiendo» las instituciones públicas, y reclamó al Ayuntamiento que aclare «con honestidad, el futuro de la zona».
El paisaje no necesita de obras para que se regenere. Así lo entiende el colectivo ecologista Ben Magec, que ayer volvió a lanzar una voz de alarma por los «daños irreversibles» que a su entender se están provocando con las obras de acondicionamiento en El Confital. La zona costera contigua a la playa de Las Canteras convertida en espacio público en 2004 donde Dirección General de Costas construye el paseo de la polémica representa «tal ve la última oportunidad de contar con una playa virgen en la capital grancanaria, y ya es hora de que el Ayuntamiento sea claro y honesto», apunta Tanausú Zumaquero, portavoz de la organización.
Las declaraciones del concejal de Urbanismo, Néstor Hernánez, recogidas ayer en CANARIAS7 en las que avisa de la intención de «regular» el acceso a El Confital abren una nueva grieta en las relaciones de los ecologistas con el gobierno local. «Son las intervenciones irregulares las que dregadan el entorno, no las casetas ni el disfrute ciudadano», apuntó el representante de los ecologistas. «La mayor irresponsabilidad es la que permite actuar con obras como esta sin un estudio integral previo de la zona, como se había comprometido a realizar el anterior responsable de Urbanismo Carmelo Padrón. El nuevo concejal debería asumir ese mismo compromiso, y no parece dispuesto, a la vista de la prisa que se están dando con las obras», reclamó Zumaquero. Costas ha construido 624 metros de camino que en algunos tramos ocupa hasta ocho metros de ancho, y ha cavado cimientos de 1,5 metros, según los datos de Ben Magec.
Los ecologistas recuerdan que «no se han respetado los procedimientos de ordenación necesarios para este espacio, por lo que puede decirse que las obras son ilegales», y se preguntan por el destino de los 50.000 metros cuadrados de suelo urbanizable que siguen en manos particulares «porque el Ayuntamiento aún no los ha pagado, y ya está fuera de plazo».
Disfrute y limpieza.
El puente del Día de Canarias convierte el fin de semana en un momento idóneo para disfrutar del baño y del paseo. En El Confital se dieron cita ayer cientos de bañistas que aprovecharon la marea baja del mediodía para oxigenarse. Mañana domingo, a partir de las 10.00 horas, está prevista una operación de limpieza programada dentro del Festival Aguaviva, con la colaboración de Ben Magec.
* Canarias 7 - Gonzalo H. Martel - 31 mayo 2008
Foto: Las Palmas, obras El Confital - canarias7.es
El Confital, territorio de la polémica
Son Oms: Los presuntos sobornos cobrados por la trama se elevan a 1,2 millones
DIARIODEMALLORCA* : Los presuntos sobornos cobrados por la supuesta trama de corrupción en torno a la gestación y explotación del polígono industrial palmesano de Son Oms, objeto de una investigación judicial, se elevarían a un millón doscientos mil euros, según la querella de la fiscalía anticorrupción dirigida contra siete personas.
Los investigadores de la Agencia Tributaria, fiscalía y Policía Nacional presumen que 700.000 de estos euros pudieron ir a parar al entorno de Bartomeu Vicens, diputado por Unió Mallorquina en el Parlament, y se intenta también clarificar quién se quedó con los otros 500.000 euros.
La querella por los presuntos delitos de estafa, tráfico de influencias, cohecho (sobornos) y posibles falsedades documentales, incluye a tres querellados más, a parte de los ya conocidos: Bartomeu Vicens; su esposa, Antònia Martorell; Maxilimià Morales, ex president del Parlament por UM; y el abogado y empresario Jaime Montis. Martorell, defendida por Eduardo Valdivia y Jaime Campaner, acudió ayer a la Jefatura Superior de Policía, pero se acogió a su derecho a no declarar.
Más de doce empresas
En las diligencias informativas abiertas por la fiscalía anticorrupción en el otoño pasado figuraban también como imputados dos empresarios: Miquel Munar Munar y Bernat Febrer, pero ayer se ignoraba si ambos habían sido incluidos en la querella.
La querella ha correspondido, por reparto, al juzgado de instrucción 2 de Palma, que ordenó el jueves los registros en el bufete Montis, y un domicilio particular de la calle San Joaquín, sede de la empresa Metalumba S.L, presuntamente empleada para mover los sobornos.
Varias de las personas que poseían fincas rústicas en la zona de Son Oms, próxima al aeropuerto de Son Sant Joan y a las instalaciones de la ITV de s´Arenal, han asegurado que los promotores del polígono industrial, entre los que incluyeron a Vicens y Morales, les exigieron la entrega de un 15 por ciento de los solares recalificados a suelo urbanizable.
Si los 1,2 millones de euros fueran dicho porcentaje de soborno estaríamos ante una operación urbanística o inmobiliaria de 8 millones de euros.
Fuentes próximas al caso han señalado que la Agencia Tributaria, la fiscalía anticorrupción y el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía están rastreando por lo menos doce empresas, entre ellas Metalumba, que habrían participado en el pago, reparto e inversión de los presuntos sobornos.
Al igual que lo ocurrido en otras causas judiciales por presunta corrupción político-empresarial, los investigadores empezaron a estudiar con detalle los documentos intervenidos en los registros del jueves. Los allanamientos se saldaron con la incautación de varias cajas con documentos y de una copia de todo el archivo informático de la asesoría legal Montis. La hipótesis de la fiscalía es que desde el entorno de Jaume Montis se hicieron pagos a Metalumba, con la que se vincula a Bartomeu Vicens y a Antònia Martorell. También se sospecha que la administradora de la sociedad, Elisabeth Diéguez, era una supuesta testaferro del matrimonio Vicens.
* Diario de Mallorca - FELIPE ARMENDÁRIZ/J.F.MESTRE. PALMA - 31.05.2008
Foto: Palma, polígono industrial de Son Oms - diariodemallorca.es
Dos detenidos en una manifestación a favor de la Casa del Aire a las puertas del Ayuntamiento de Granada
TERRA* : El Pleno del Ayuntamiento de Granada ha vivido este mediodía momentos tensos. Unos jóvenes que se manifestaban por la especulación urbanística del Albaicín y a favor de la Casa del Aire han irrumpido en el Pleno provocando su desalojo y la posterior detención de dos manifestantes.
La Policia Nacional y Local de Granada ha detenido a dos jóvenes que se manifestaban en favor de la Casa del Aire a las puertas del Ayuntamiento. Unos 40 jóvenes se comenzaron a concentrar en la Plaza del Carmen en torno a las 12 de la mañana para protestar en contra de la especulación en el Albaicín y a favor de la Casa del Aire. Un grupo de ellos irrumpió en el pleno para leer un manifiesto. El alcalde de la Ciudad, José Torres Hurtado, les pidió silencio. Tras mostrar sus pancartas y consignas, fueron desalojados finalemente del Salón de Plenos por la Policía Local.
Los jóvenes comenzaron a proferir gritos en contra del Ayuntamiento y las inmobiliarias además de tirar petardos contra la puerta del Consistorio.
La Policía Local intentó identificar a uno de los manifestantes que tiraban petardos. El joven se resistió a la identificación y salió corriendo. Cuando la Policía le dio alcance, seguida por parte del grupo de manifestantes que trataban de evitarlo, el joven se revolvió y agredió a los agentes, según fuentes policiales, por lo que fue detenido.
La concentración continuó en la Plaza del Carmen hasta que pasadas las 13, 30 horas de la tarde. Agentes de la Policía Nacional de Antidisisturbios les ordenaron disolverse. En ese momento, un joven con capucha roja se negó también a ser identificado, lo que provocó una trifulca y forcejeo entre agentes y manifestantes.
La trifulca llegó a su máxima gravedad con agresiones entre policías y manifestantes, donde llegaron a intervenir perros de la Policía Local para intentar disolver la manifestación.
No ha sido la única protesta a las puertas de la Casa Consistorial, ya que miembros de UGT portaban pancartas en protesta por lo que consideran un mal trato al sindicato por parte del equipo de gobierno.
Por otra parte, hoy se ha aprobado la nueva Fundación Granada Educa, por la que se elimina el Patronato Municipal de Escuelas Infantiles. Representantes de asociaciones de padres y trabajadores del patronato han acudido al Pleno para protestar ya que consideran que esta fundación podría llegar a privatizar los servicios educativos municipales.
Uno de los temas del orden del día fue el cese de los dos concejales del PSOE Javier Torres Vela y Juan López Domech.
* Terra Actualidad - VMT - 30.05.2008
Foto: Granada, ayuntamiento - picasaweb.google.com
Oroso: "Nadie quiere afrontar ahora las chapuzas firmadas hace 20 años"
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ELCORREOGALLEGO/A Coruña* : Más de 300 viviendas, cerca de un millar de vecinos y dos décadas de situación urbanística al margen de la ley. La realidad legal de Porto Avieira, en Oroso, dista de la imagen de urbanización de élite que la convirtió en referente del estatus del municipio.
Los primeros vecinos de esta localidad llegaron a sus viviendas en torno al año 93, pero ahora, quince años después, siguen residiendo sin licencia de habitabilidad y en una urbanización todavía en obras, al menos desde el punto de vista burocrático. El Concello de Oroso no recepcionó todavía la obra, por lo que la junta de compensación formada por las dos promotoras de la urbanización son sus responsables en primera instancia. Este panorama deja a las seis manzanas de chalés en situación de alegalidad y a sus propietarios indignados en busca de la regularización de sus viviendas ya.
La solución sin embargo supera un simple proceso de tramitación de documentos. El alcalde de Oroso, Manuel Mirás, reconocía en el último pleno que "cuando el anterior gobierno aprobó el plan parcial para Porto Avieira, se hicieron muchas cosas mal". Entre ellas, la exigencia de un aval de menos de 80.000 euros, que no permite exigir por la vía de los hechos a las constructoras el cumplimiento estricto del proyecto. Esto sigue retrasando la recepción de la obra, que el Concello no hará efectiva mientras no se ultimen todos los detalles y el jefe de obra firme el certificado de final de obra. Al no existir este documento que acredite que la obra cumple los dictámenes del proyecto, la urbanización se mantiene ajena a la legalidad. Todo porque "nadie quiere afrontar ahora las chapuzas y chanchullos legales firmados hace 20 años en el proyecto de Porto Avieira", explican los vecinos. Pero ellos no están dispuestos a seguir esperando. Por el momento anuncian movilizaciones de presión hacia el Concello, ya que "es el responsable final de sus vecinos. Nos cobra impuestos y tiene que darnos los servicios que da a todos los demás vecinos", exigen.
Versión municipal
Por su parte, el ejecutivo local recuerda que "no tiene más margen de maniobra porque se trata de un problema entre la empresa y los vecinos, porque el Concello no puede recibir una obra que no cumpla las condiciones comprometidas en el proyecto". En cualquier caso, aseguran que la intención del gobierno es poder recepcionar Porto Avieira lo antes posible, algo que ven factible, ya que "se han corregido ya muchas deficiencias". Para el futuro de la urbanización proyectan la construcción de una gran área de ocio en Porto Avieira, con instalaciones deportivas, mobiliario urbano y zonas verdes.
* El Correo Gallego - 31.05.2008
Foto: Oroso (A Coruña), concello - wikipedia.org
Castellón: Medio Ambiente aprueba tres planes urbanísticos sin agua
ELPAÍS* : La comisión territorial de Urbanismo de Castellón aprobó ayer, entre otras cosas, el desarrollo de tres planes urbanísticos que abarcan una superficie global de más de cinco millones de metros cuadrados, pese a que, tal como ha informado la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), no tienen garantizados los recursos hídricos necesarios.
Tras el acoso al que el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, constructores y empresarios del golf, entre otros, sometieron a la Consejería de Medio Ambiente por los supuestos retrasos en la aprobación de programas urbanísticos, la comisión trató y aprobó ayer tres de estos planes que incluyen la creación de otros tantos campos de golf y más de 14.000 viviendas. Sin embargo, realmente, la aprobación se limita a un proyecto, el previsto para Sant Jordi, ya que los otros dos, que se construirán en Xilxes, tendrán que pasar de nuevo por la comisión y ser aprobados definitivamente después de que el Ayuntamiento afectado realice las correcciones exigidas por este órgano de la Consejería de Medio Ambiente. Fuentes del departamento calificaron las modificaciones de "no muy importantes", aunque una de ellas se refiere a la necesaria reserva de suelo para la construcción de viviendas de protección oficial, mientras que otra hace referencia a los accesos. Aún así, las mismas fuentes indicaron que los programas no pueden seguir con su tramitación hasta que no sean aprobados, de nuevo y de forma definitiva, por la comisión.
En cualquier caso, de esta manera, la consejería acallará, de momento, las voces que llevaron a que incluso el vicepresidente de la Generalitat Vicente Rambla tuviera que reunirse con varios alcaldes del PP en Castellón para tratar de reconducir las críticas que comenzaban a verter sobre el Consell. De hecho, la Asociación de Empresarios de la Construcción (Apecc) se apresuró ayer a valorar "positivamente" las aprobaciones de la comisión de Urbanismo. En un comunicado, la asociación se congratuló de que los proyectos incluyan campos de golf que, a su entender, "tienen un gran aporte al desarrollo del turismo por su atractivo de cara al exterior de nuestra provincia", pero no mencionó el hecho de que los planes no fueran aprobados por unanimidad, debido a la existencia de los informes negativos de la Confederación Hidrográfica del Júcar. En cualquier caso, dado que la consideración de la CHJ no es vinculante, los proyectos fueron aprobados.
Los dos planes urbanísticos que quedan en suspenso hasta que se efectúen las correcciones se desarrollarán en Xilxes. En total, afectan a 2,8 millones de metros cuadrados y supondrán la construcción de cerca de 11.000 viviendas, además de dos campos de golf.
La Carrasca, el proyecto que sí ha recibido la aprobación definitiva, se ejecutará en Sant Jordi, afecta a una superficie de 2,3 millones de metros cuadrados y prevé más de 3.500 viviendas. Además, se aprobó otro programa a desarrollar también en Sant Jordi, el conocido como Bovalar, sobre una superficie de 216.000 metros cuadrados y poco más de 700 viviendas. Tampoco en este caso el proyecto cuenta con garantía de recursos hídricos.
* ELPAIS.com - MARÍA FABRA - Castellón - 31/05/2008
Foto: Castellón, vista - google.es
El 'bluff' de Gran Scala
GUILLERMO VALENZUELA* : Pese a la enorme oposición generada, las informaciones sobre el pasado oscuro de muchos de los promotores y la violación de cuatro leyes europeas, el Gobierno de Aragón persiste en la idea del gran casino en el desierto. Quienes han vivido de cerca el proceso de Gran Scala, el gran complejo de juego y ocio que se proyecta en Aragón, en pleno desierto de Los Monegros, están recibiendo unas lecciones privilegiadas sobre las nuevas funciones empresariales de los gobiernos locales.
Con la máxima de que el mejor político para un lugar será aquel que mayor capital pueda atraer de fuera, y en pleno auge de la competencia territorial, la clase política se lanza a la busca y captura de amigosinversores para establecer peligrosos acuerdos de colaboración.
Aun con todo, esto mismo se puede hacer de muchas maneras : lo que está ocurriendo en Aragón, con la manera personal de gestionar el caso sobre todo por parte del vicepresidente del Gobierno José Ángel Biel, y por el consejero de Industria, Comercio y Turismo Arturo Aliaga, da cuenta también de una evidente falta de profesionalidad y de escrúpulos en la gestión.
En el caso Gran Scala, los gobernantes aragoneses se han dejado camelar con una pasmosa facilidad, no por unos fuertes inversores sino por unos peculiares promotores, International Leisure Development (ILD), con quienes se han lanzado a crear un gran castillo de arena firmando un polémico protocolo de colaboración en el que el Gobierno de Aragón se pone como nunca antes lo hiciera al servicio de un proyecto con una entidad privada.
El asunto se ha agravado en estos últimos meses, cuando diversas informaciones publicadas en la prensa han desvelado qué y quiénes están detrás de esta promotora, poniendo en evidencia que quienes nos gobiernan se ofrecen y se ponen a colaborar con el primer postor que promete la oportunidad única de hacer dinero en grandes cantidades sin consultar su procedencia, ni su historial delictivo. Por poner los dos ejemplos más llamativos. André Guelfi, conocido ‘lobbista’ internacional, pirata aristócrata de los mares de la economía global al filo de la ley, que ha pasado por la cárcel por blanquear el dinero obtenido con las comisiones de la venta de una refinería en Uzbekistán y que participó en la financiación ilegal de la Unión Demócrata Cristiana alemana (CDU), dinero canalizado también a través de la sociedad petrolera Elf. Y Paul-Stephane Allegrini, uno de los tres directores de ILD y que ya intentó montar un casino virtual que acabó siendo un fiasco con la sociedad Goldenpot, la cual no solamente está declarada insolvente sino que acumula requerimientos, expedientes y sentencias que suponen hasta ahora una suma de 356.868 euros impagados, según señala el Periódico de Aragón. Persistencia del Gobierno Pero, como se sabe, en Aragón sobra perseverancia y el ánimo de los políticos promotores no decae ni ante la evidencia de que, como comenta un portavoz de la Plataforma Stop Gran Scala, “estos señores han venido aquí a estafar”.
Ni la cadena humana del 26 de abril de varios miles de personas por las calles de Zaragoza, ni la recogida de firmas llevada a cabo por Docentes contra Gran Scala, ni el posicionamiento en bloque en contra del proyecto de todos los partidos políticos de la oposición, sindicatos y movimientos sociales, ni el hecho de que Bruselas se encuentre investigando la posible vulneración de cuatro normas medioambientales europeas, ni que se lleve meses esperando a que ILD ponga los 20 millones de euros de aval que se le han pedido para la adquisición de los terrenos y no hayan puesto aún un duro. Nada de esto ha conseguido todavía que el Gobierno de Aragón rompa el protocolo de colaboración con ILD.
* Periódico Diagonal - Guillermo Valenzuela / Redacción Aragón - 15 al 28 de mayo de 2008
El Defensor aprecia falta de "seguridad jurídica" en la política urbanística
DIARIODESEVILLA* : La ordenación del territorio y la política urbanística son desde hace años un caballo de batalla para la Junta de Andalucía, que ha venido aprobando una larga secuencia de leyes, decretos y reglamentos superpuestos entre sí y que han sembrado no poco desconcierto entre ayuntamientos y empresarios.
El último aldabonazo ha correspondido al Defensor del Pueblo Andaluz, quien en su informe de 2007, presentado ayer ante el Parlamento, reprocha a la Administración autonómica la ausencia de una "seguridad jurídica" que garantice en determinados casos la aplicación de dichos preceptos legales sin sombras de arbitrariedad.
A modo introductorio, el Defensor subraya la necesidad de fijar una serie de criterios a partir de los cuales se desarrolle la planificación urbanística municipal, algo que, añade, "nos parece imprescindible desde hace años, y así lo venimos demandando" a la Junta de Andalucía.
"Ahora bien", añade el informe, "fijados unos criterios en esa planificación es preciso que se apliquen de manera clara y objetiva para todos los municipios, y que cualquier excepción o criterio interpretativo se establezca en condiciones de igualdad a fin de garantizar la seguridad jurídica y un tratamiento idéntico a la hora de abordar la ordenación territorial en Andalucía y la aprobación de los instrumentos de planeamiento que deben guardar una obligada coherencia con la planificación territorial".
No en vano, la Ley de Ordenación Urbanística ha sido reformada en tres ocasiones en los últimos años y la Ley de Vivivienda Protegida y Suelo fue corregida en el Parlamento de forma simultánea a su publicación en el BOJA. Además, la mayoría de los planes subregionales de ordenación del territorio aún no se han aprobado y muchos de los que lo fueron han debido ser corregidos conforme a la redacción de la norma superior, el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), modificado a su vez hace unos meses cuando apenas se había cumplido un año de su entrada en vigor. El círculo se cierra con los PGOU, que se están aprobando a contrarreloj para adaptarse a toda esa maraña normativa, aunque tan sólo uno de cada diez ayuntamientos andaluces ha podido culminar ese proceso de forma satisfactoria.
Este panorama de inseguridad jurídica, denunciado en reiteradas ocasiones con anterioridad por empresarios, ayuntamientos y el propio Defensor, es al que hace de nuevo referencia la oficina que dirige José Chamizo, que a lo largo del año pasado incoó varias quejas de oficio o a instancia de ciudadanos e instituciones.
Una de ellas hacía referencia al proyecto de construcción en la localidad de Pilas de 4.526 viviendas, cifra que supera con creces los límites generales del 40% de incremento del suelo urbanizable y del 30% de la población que establece el POTA hasta el año 2015 con el fin de garantizar la existencia de infraestructuras adecuadas para atender dichos crecimientos. Pilas cuenta con un censo de poco más de 13.000 habitantes y, con la construcción de dichas viviendas, podrá duplicarse con facilidad.
La primera discrepancia del Defensor con la Junta en este caso se produjo "tras recibir el oportuno informe de la Secretaría General de Ordenación del Territorio". Pese a que el POTA fija las citadas limitaciones sin distinguir entre suelos urbanizables sectorizados (sobre los que los promotores pueden actuar de forma inmediata) y no sectorizados (los que están a la espera del detalle en su planeamiento), la Junta dio su visto bueno a las 4.526 viviendas por situarse en suelo no sectorizado.
Ello hizo que el Defensor mostrase su "disconformidad" por cuanto que el criterio de la Junta "en modo alguno está previsto en el art. 45.4.a) del POTA, ya que se habla exclusivamente de suelo urbanizable, sin distinguir entre sectorizado y no sectorizado".
"Nos encontraríamos, por tanto, ante un documento administrativo que vendría a establecer distintos tratamientos del suelo urbanizable, cuando precisamente el propio POTA, que posee carácter normativo, no lo hace", denuncia el Defensor.
El segundo punto de diferencia mostrado por Chamizo con la Junta guarda relación con las llamadas "áreas de oportunidad", zonas no recogidas en la primera versión del POTA y que se incluyeron en el texto como consecuencia de las presiones ejercidas por alcaldes y promotores. Con el argumento de que algunos municipios necesitan superar los límites de crecimiento ya citados, estas áreas se configuran como bolsas extraordinarias de expansión urbana.
El Defensor no pone objeciones a esta figura, pero una vez más exige transparencia a los responsables públicos: "Al haber utilizado el POTA la técnica de los conceptos jurídicos indeterminados, se hace preciso que la declaración de un área de oportunidad vaya presidida con una detallada motivación que la justifique. Como consecuencia de ello y con objeto de garantizar el principio de seguridad jurídica en todo el territorio de Andalucía, consideramos imprescindible el que toda decisión que se adopte destinada a declarar una zona del territorio de la Comunidad Autónoma como Área de oportunidad, conlleve el que se reflejen y publiquen los motivos que justifican tal declaración".
La conclusión del Defensor es nítida: "En fin, estamos convencidos de la extraordinaria necesidad de que Andalucía cuente con una planificación territorial tanto para toda la Comunidad Autónoma, como a niveles más sectorializados, como es la planificación subregional. Pero consideramos imprescindible que, dados los diversos intereses en juego, los propios criterios del POTA sean respetados o, en otro caso y si se estima que no son adecuados o que poseen una excesiva rigidez en sus previsiones, se modifiquen estos, pero, en todo caso, resulta necesario que el marco territorial sea aplicado desde la diversidad con criterios de igualdad en todo el territorio andaluz".
* Diario de Sevilla - Javier Chaparro - 30.05.2008
Foto: Construcción de pisos en Bellavista, área de expansión de Sevilla en su zona sur - diariodesevilla.es
Mallorca: El fiscal se querella contra Vicens, Morales y Montis por sobornos
La fiscalía anticorrupción presentó ayer la querella, adelantada por DIARIO de MALLORCA* el pasado 22 de diciembre, contra el supuesto entramado de cobro de sobornos de hasta 700.000 euros y tráfico de influencias en torno a la gestación y venta del polígono industrial de Son Oms.
Los fiscales Juan Carrau y Pedro Horrach incluyen en su querella al portavoz de Unió Mallorquina (UM) en el Parlament, Bartomeu Vicens; a su esposa, Antonia Martorell; al ex president de la Cámara Autonómica por UM, Maximilià Morales, y al abogado palmesano Jaime Montis, cuyo bufete fue ayer registrado por la Policía, que también buscó documentación en la sede de una supuesta empresa tapadera.
La querella de Anticorrupción imputa a los cuatro acusados los presuntos delitos de tráfico de influencias, cobro de posibles sobornos (cohechos), estafa y posible falsedad documental.
La interposición de la querella dio paso a la práctica de dos registros simultáneos en el bufete Montis, situado en la calle Sant Jaume, 7, bajos, y en la sede social de la empresa Metalumba S.L., una sociedad dedicada formalmente a construcciones metálicas, pero que los investigadores presumen pudo servir para distribuir entre algunos de los implicados los sobornos.
Diligencias informativas
La fiscalía anticorrupción abrió, a instancias de una primera denuncia del promotor Ángel Ochando Javaloyas, unas diligencias informativas en el otoño del 2007 para esclarecer si en la gestación y explotación de Son OMS, un proceso que se inició hace 18 años y se ha prolongado hasta la actualidad, se cometieron delitos de alcance económico millonario.
La primitiva denuncia de Ochando, uno de los dueños de fincas rústicas próximas al aeropuerto de Son Sant Joan y a las instalaciones de la Inspección Técnica de vehículos de S´Arenal que participaron en la creación de Son Oms, versaba sobre unas supuestas estafas por parte de los promotores del área industrial. El denunciante reveló que los impulsores del polígono, entre los que incluyó a dos dirigentes de Unió Mallorquina (UM), Bartomeu Vicens y Maximilià Morales, le habían exigido la cesión de un 15 por ciento de sus parcelas en caso de que la zona se recalificase de suelo rústico a suelo urbano-industrial. Este porcentaje sería la presunta comisión o soborno recibido por los querellados.
Otros propietarios de fincas por Son Oms también ratificaron haber firmado con los promotores contratos similares de cesión del 15 por ciento de los solares recalificados.
La Agencia Tributaria, cuyo delegado en Balears, Raúl Burillo, participó en los registros, y la Guardia Civil y la Policía Nacional han rastreado en los últimos meses operaciones realizadas entre Jaime Montis, otro de los promotores del polígono industrial, y Vicens y Morales. Los investigadores han inspeccionado decenas de sociedades y centenares de operaciones y han llegado a Metalumba, a la que vinculan con Vicens y su esposa, un ama de casa. Esta sociedad, a la que no se conoce actividad, habría recibido en los últimos ejercicios importantes cantidades procedentes del entorno de Montis y que podrían ser fruto de los sobornos.
* Diario de Mallorca - FELIPE ARMENDÁRIZ/J.F.MESTRE. PALMA - 30 de mayo de 2008
Foto: Policías sacando documentación del bufete Montis, en plena calle Sant Jaume/ Lorenzo, diariodemallorca.es
Roca lo niega todo
ELPAÍS/Marbella* : El principal imputado del 'caso Malaya' ratifica sus siete declaraciones anteriores antes del cierre del sumario. Ni pagos a concejales, ni sobornos de promotores para conseguir favores del Ayuntamiento de Marbella. Quien esperara un cambio drástico en la última declaración del máximo imputado del caso Malaya antes del cierre del sumario se quedó esperando.
Juan Antonio Roca, el ex asesor urbanístico marbellí acusado de dirigir el Ayuntamiento marbellí en la sombra durante el gobierno del Grupo Independiente Liberal (GIL) y de urdir numerosas operaciones urbanísticas que dejaron al municipio sin patrimonio y con las arcas vacías, ratificó ayer ante el juez Óscar Pérez sus siete declaraciones anteriores sin cambios.
Durante más de cuatro horas negó los hechos de los que está acusado y aprovechó para darle un repaso punto por punto al auto de procesamiento, redactado por el primer instructor del caso, el magistrado Miguel Ángel Torres. Lo pormenorizado de su declaración le granjeó alguna que otra llamada de atención del juez Pérez, que le recondujo y le aconsejó que dejara ciertas apreciaciones para los recursos.
El supuesto cerebro de la trama de corrupción llegó al juzgado con ganas de hablar. Nada más bajar del furgón que le trajo muy de mañana de la prisión de Alhaurín de la Torre preguntó a los guardias si habían traído bocadillo para la cena. Era su oportunidad para reafirmar su versión de los hechos antes del cierre del sumario del caso, sobre todo sabiendo que ninguno de los 85 procesados ha declarado en su contra en el mismo trámite, conocido como declaraciones indagatorias.
Su declaración comenzó en torno a las 11.00. "Ha estado más de dos horas hablando sin parar con el auto de procesamiento delante", relataba uno de los 40 abogados presentes en la indagatoria. En ese tiempo volvió a negar todos los hechos de los que está acusado: el pago a concejales, haber cogido dinero de promotores para beneficiarles con resoluciones favorables para sus promociones. "Yo no era el jefe del Ayuntamiento marbellí, no era un funcionario y como no tenía esa categoría no podía tener atribuciones en secretaría, intervención, o personal", declaró Roca según su abogada Yolanda Terciado. El ex asesor marbellí exculpó a sus empleados, "porque sólo cumplían sus órdenes" y al despacho de abogados de Madrid acusado de crearle un entramado societario para blanquear capitales. Con respecto a su relación con promotores como Tomás Olivo, Ávila Rojas, aseguró que eran estrictamente comerciales y que hizo sus negocios con dinero completamente lícito.
Las famosas agendas y archivos contables de Maras Asesores, la empresa desde la que llevaba sus negocios, no reflejaban cantidades de dinero reales, sino previsiones que no tenía por qué corresponder con la realidad, aseguró. Y las anotaciones de pagos de la casa que la ex alcaldesa del GIL Marisol Yagüe tenía en Madrid son porque ella le pidió asesoramiento para la compra. "Lo anotó porque tiene la costumbre de anotar", dijo su abogada.
El juez formuló algunas preguntas, pero el fiscal Anticorrupción Juan Carlos López Caballero no. "¿Qué le voy a preguntar si lo ha negado todo?", preguntó con enfado, según uno de los letrados presente. El fiscal tampoco quiso que las defensas del resto de los procesados hicieran preguntas porque durante las declaraciones indagatorias ninguno de ellos ha declarado en su contra. Después de varias protestas, el juez Pérez lo permitió. El turno de los abogados duró una hora.
Esta última declaración terminó en torno a las 16.00, pero las correcciones se prolongaron hasta las 19.30. Durante esas tres horas, Roca estuvo encerrado en una sala del juzgado leyendo y corrigiendo al detalle las 10 páginas de su comparecencia.
Susto previo
Las apreturas o los nervios por asistir por primera vez a una toma de declaración de Juan Antonio Roca, hasta ahora todas se habían hecho a puerta cerrada, hicieron ayer que uno de los 40 letrados que acudió a su declaración indagatoria abandonara los juzgados tras sufrir un desmayo. Sobre las 11.00 horas, cuando faltaba poco tiempo para que los abogados, el juez, el fiscal, y el máximo imputado de la trama de corrupción marbellí se acomodaran en una sala, de la que tuvieron que sacar una fotocopiadora para tener más espacio, el letrado Jorge Manrique, defensa del constructor y empresario taurino Fidel San Román, sufrió un desvanecimiento y comenzó a convulsionar. Sus compañeros temieron que fuera un infarto, pero se recuperó y bajó a la calle a tomar aire. Aunque en un principio lo atribuyó a una bajada de tensión, el abogado terminó abandonando los juzgados para hacerse un chequeo.
* ELPAIS.com - JUANA VIÚDEZ - Marbella - 30/05/2008
Foto: Marbella, gerencia urbanismo - elmundo.es
Murcia: concentr-acción sábado 31 mayo ante la especulación urbanística
Un año más, por estas fechas, la coordinadora La Región de Murcia No Se Vende* os invita a un acto público donde reivindicar y exigir un nuevo modelo de desarrollo que defienda el medio ambiente, nuestra cultura y nuestra tierra.En vez de la manifestación, este año se hará una concentr-acción: una concentración con diversas actos y actividades.
Toda la Región se encuentra en el ojo del huracán especulativo, y sobre ello nos pronunciaremos, pero la amenaza más grave se cierne sobre Cabo Cope y Puntas de Calnegre con la proyectada macrourbanización "Air Marina de Cope", y por eso se le quiere dedicar en esta concentr-acción una atención especial.
Si alguna persona o grupo desea participar activamente en cualquiera de las actividades mencionadas en el cartel, se puede poner en contacto con la coordinadora (siquieresquieres@gmail.com).
Asiste con tus amigos, amigas, familia o colegas... ¡Pásalo!... ¡pero no lo dejes pasar!
CONCENTR-ACCIÓN, SÁBADO 31 DE MAYO, 19 HORAS, PLAZA DE SANTO DOMINGO
* Murcia No Se Vende - mayo 2008
Europa vuelve a examinar el urbanismo
LEVANTE* : El Parlamento Europeo aprieta otra vuelta de tuerca sobre la Comunitat Valenciana: la Comisión de Peticiones ha decidido elaborar un tercer informe sobre el urbanismo valenciano, al estimar que no se han corregido los problemas denunciados por varios ciudadanos europeos y que ya han dado lugar a dos informes demoledores de la eurocámara.
El último, aprobado en junio de 2007, fue especialmente duro con la «más enérgica condena» contra los macroproyectos de urbanización que se han extendido «especialmente a la Comunitat Valenciana y otras regiones de la franja costera mediterránea». Ahora, el nuevo informe ha sido promovido precisamente por el autor de aquél de hace un año, un diputado laborista británico especialmente beligerante con los desafueros urbanísticos en nuestra costa que puedan afectar especialmente a los derechos de sus compatriotas.
En aquella ocasión, la misión de parlamentarios que visitó la Comunitat para inspeccionar la situación se encontró con el menosprecio, cuando no la abierta hostilidad, del Consell, representado por el entonces titular de Territorio, Esteban González Pons. De aquellos polvos llegaron después los lodos que tanto daño han hecho a la imagen valenciana en algunos círculos europeos. Es de esperar que la Generalitat adopte en esta ocasión una táctica más inteligente. Porque la decisión del Europarlamento llega cuando el sector inmobiliario ha sufrido un parón brusco y lo último que necesita es un nuevo baldón que lastre aún más la recuperación en su principal mercado.
* Levante-EMV - Editorial - 28 de mayo de 2008
Más de 40 asociaciones se manifestarán el sábado en protesta por el circuito urbano de Fórmula Uno
EFE/Valencia* : Más de cuarenta asociaciones vecinales, ecologistas, ciudadanas y sindicales apoyan la manifestación convocada por Fórmula Verda para el próximo sábado en Valencia en protesta por el circuito urbano de Fórmula Uno y para reivindicar una ciudad libre de "humo y ruido".
La manifestación partirá de la plaza del Ayuntamiento y terminará en la plaza de Manises, donde se encuentra el Palau de la Generalitat, lugar donde se leerá un manifiesto con diez razones contra el circuito urbano y en el que se recuerda que el Circuito Ricardo Tormo, en Cheste, podría adaptarse para la celebración de ese tipo de pruebas, informa Fórmula Verda.
Esta organización critica la "falta de transparencia y participación" en el proceso de aprobación del circuito urbano, y añade que la Sindicatura de Greuges "ha vuelto a dirigirse, por segunda vez, al Gobierno de la Generalitat para reclamarle información y transparencia" respecto al proyecto del circuito .
Entre las razones por las que rechazan el circuito urbano se encuentran motivos sociales, ambientales y urbanísticos, además de económicos porque su construcción, asegura, "será financiada" por los valencianos.
Alega que las prioridades de barrios como Nazaret, el Cabañal y el Grao "no son atendidas", mientras que en la realización de la carrera "llevan gastados 85 millones de euros hasta el momento".
También denuncian que Valencia es una de las ciudades con mayor contaminación atmosférica procedente del tráfico privado, y que el circuito urbano responde a "modelos de movilidad urbana sustentados en el uso intensivo del coche".
Según Fórmula Verda, el circuito afecta a las zonas habitadas y áreas verdes de la ciudad como el cauce del río Turia y es "incompatible" con el desarrollo "equilibrado y sostenible" del frente marítimo.
* Las Provincias - 29.05.08 - EFE
Foto: Valencia, obras circuito F1 - EFE
Piden a Fomento la paralización de la urbanización de Villanueva de Gómez
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ÁVILADIGITAL* : Varias organizaciones ecologistas han enviado un escrito al Servicio Territorial de Fomento de Ávila pidiendo su “urgente intervención” para que se paralicen las obras de la urbanización de Villanueva de Gómez con el objeto de “cumplir” con la resolución del Procurador del Común y para que la Administración ejerza sus competencias “irrenunciables”.
La asociación Centáurea, Gredos Verdes, Ecologistas en Acción, la Asociación en Defensa del Alberche y Comisiones Obreras indican en la carta que “la situación del espacio natural es catastrófica tras el asfaltado de los viales, sin que hasta el momento se conozca de ninguna iniciativa de la Junta”, y recuerdan que en el ejercicio de sus competencias el Procurador del Común instó la inmediata paralización de los trabajos “a la vista del absoluto desbarajuste legal en el que se encontraba el proyecto”.
Destacan que el Servicio Territorial de Fomento, conforme a la decisión de la Dirección General de Urbanismo y Política del Suelo, había sido instado para intervenir en el ejercicio de sus competencias, y para que “se adopten las correspondientes medidas de protección y restauración de la legalidad frente actos en ejecución”.
Sin cobertura legal
También indican que “los viales y los sistemas generales se encuentran en ejecución avanzada pese a carecer de legalidad urbanística y de los imprescindibles instrumentos de autorización”, ya que su ejecución “han supuesto la ocupación del bosque protegido por las normas municipales, sin la preceptiva autorización de uso excepcional de suelo rústico”, determinando las infraestructuras en una superficie de más de 800 hectáreas, incluidas dos enormes balsas o lagunas artificiales”.
En concreto, los sistemas generales de estas 800 hectáreas “no cuentan con ninguna cobertura legal, fueron incluidos en la Modificación Puntual número 6 de las Normas Subsidiarias, rechazada por la pluralidad de cuestiones que se fijan por la Consejería de Fomento”, que concluye fijando como pertinente el cauce procedimental del artículo 169.4 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.
Esto quiere decir, según la carta enviada a Fomento, que los trámites pertinentes “se incardinan en las competencias genuinas e irrenunciables del Servicio Territorial de Fomento de Ávila, sin que hasta el momento éste haya llegado a ejercitarlas en materia de protección y restauración de la legalidad, pese a su imperativo legal".
* Ávila Digital - 28/05/2008
Foto: Villanueva de Gómez (Ávila), urbanización sin concesión agua - U.Martín (El País)
La Fiscalía alerta de la sofisticación de la corrupción urbanística en Cádiz
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DIARIODECÁDIZ* : En la Memoria de 2006, el fiscal de Medio Ambiente de Cádiz, Ángel Núñez, llegaba a decir que no resultaba exagerado afirmar que la ordenación del territorio estaba "fuera de control" en la provincia. Un año después, la situación incluso parece haber empeorado, con una "sofisticación" de la corrupción urbanística.
Éste es el aspecto más llamativo del resumen de la Memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de 2007 que El País publicó en su edición de ayer.
Una memoria en la que, según el rotativo nacional, el fiscal coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo de toda España, Antonio Vercher, solicita al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que reforme el Código Penal para poder perseguir a los alcaldes que no reserven el 30% del suelo a VPO (Viviendas de Protección Oficial), como marca la Ley del Suelo de 2007.
Volviendo a la "sofisticación" detectada en la provincia gaditana, de modo textual la memoria, se apunta en el diario, recoge que "en Cádiz se ha observado un progresivo aumento del carácter organizado de las conductas delictivas vinculadas al urbanismo probablemente al amparo de la generalizada sensación de impunidad, y han aflorado conductas delictivas que por su carácter complejo y organizado van más allá de lo que hasta ahora eran los comportamientos delictivos detectados".
Porque, según ha podido comprobarse, la ilegalidad urbanística ya no consiste en la construcción particular de un chalé en terrenos clasificados como suelo no urbanizable, sino que se trata de grandes construcciones con aval de arquitectos, ayuntamientos, y entidades bancarias, entre otros.
La colaboración municipal sigue siendo una asignatura pendiente en buena parte de España y en especial en la provincia gaditana. La Memoria de este pasado ejercicio, pues, pone de nuevo en la picota, como ya hizo el pasado año, a los ayuntamientos gaditanos . Los comentarios al respecto que El País destaca no tienen desperdicio: En Cádiz "la actuación de las administraciones a quienes corresponde velar por la disciplina urbanística, fundamentalmente los ayuntamientos, no tiene lugar en la forma que sería de desear. Ya no sólo por la inaplicación generalizada de la demolición de las construcciones (...) sino como una palmaria dejación de las facultades de inspección previa, de sanción y de restablecimiento de la legalidad".
La Memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de 2007, que ocupa un total de 75 folio, destaca que en la totalidad del territorio español las condenas han pasado de 302 en 2006 (148 por urbanismo) a por lo menos 414 en 2007 (190 de ellas por urbanismo). Esto supone un aumento cercano al 40% en el que ha sido el segundo año de funcionamiento de la Fiscalía de medio Ambiente. Para próximos ejercicios ya se apunta a una segura disminución motivada por la crisis del sector de la construcción.
Cabe recordar que la Fiscalía de Medio Ambiente de Cádiz, cuya memoria del 2006 el fiscal general del Estado tildó de "magnífica", ha sido pionera en lograr sentencias de demolición de construcciones ilegales por parte de los juzgados gaditanos.
* Diario de Cádiz - 28.05.2008
Foto: Un agente del Seprona, precintando una vivienda en Tarifa/ diariodecadiz.es
Los ecologistas rechazan la legalización de viviendas con orden de derribo
EFE/Cantabria* : La asociación ecologista ARCA ha calificado hoy de 'llamamiento a la insumisión' el estudio que está realizando el Gobierno de Cantabria a instancias del Parlamento para determinar si puede legalizar parte de las 600 viviendas que han recibido una sentencia de derribo en los últimos años.
En declaraciones a Efe, el presidente de ARCA, Gonzalo Canales, ha criticado el anuncio realizado por el presidente regional, Miguel Angel Revilla, de que el Gobierno está estudiando la veintena de urbanizaciones condenadas a derribo que existen en la comunidad autónoma para comprobar cuáles de ellas podrían legalizarse, y ha advertido de que 'la solución no pasa por la legalización'.
Canales ha remarcado que, en caso de que finalmente se apueste por la legalización de las viviendas, ARCA -asociación que ha promovido la mayoría de recursos contra promociones ilegales-
llevará este asunto a los tribunales, porque 'es una burla'.
Este portavoz ha considerado 'lamentable' el anuncio del Ejecutivo, pues, a su juicio, representa 'un efecto de llamada a no cumplir la ley urbanística'. 'Es nefasto que se plantee siquiera como una posible solución', ha remachado.
Ha lamentado que los afectados por esta situación no son sólo los compradores de las viviendas sino 'todos los cántabros', que ven como el paisaje de la región 'se destruye'. 'No derribar sí afecta a todos los ciudadanos de Cantabria y va en contra del interés regional', ha apostillado.
Por su parte, el portavoz de la asociación que agrupa la mayoría de propietarios de viviendas con sentencia de demolición, AMA, Antonio Vilela, se ha congratulado por el anuncio de Revilla, que confirma que el Gobierno está trabajando para 'dar una solución global' a los afectados por las sentencias de derribo, ha afirmado.
Ha destacado a Efe que 'han pasado demasiados años' desde las primeras sentencias firmes de derribo en Cantabria (dictaminadas en la década de los noventa) y sin que el Gobierno 'asumiera su responsabilidad'.
'Es la hora de que se dé un paso al frente y se aporte una solución para todos', ha dicho Vilela, quien ha subrayado que éste 'es el mejor momento para ello', tras la resolución del Parlamento que ha instado al Ejecutivo a que elabore un plan para resolver los problemas de los afectados por las sentencias de derribo.
Vilela ha recalcado que AMA será 'respetuosa' hasta no conocer en detalle el plan del Gobierno regional, para que la Consejería de Obras Públicas y Urbanismo pueda trabajar 'sin la presión de nadie'.
'Lo importante es que las cosas se hagan bien y no una chapuza', ha remarcado este portavoz de los afectados, que ha enfatizado que 'lo que hay que intentar es que se haga el menor daño posible' y ha invitado a ARCA para que 'sea parte de la solución'.
* Terra Actualidad - EFE - 28.05.2008
Foto: Piélagos, Alto del Cuco - eldiariomontanes.es
Tu casa está en un bombo
ELPAÍS* : La demanda de vivienda protegida se ha disparado tras el boom inmobiliario y la oferta ni sueña con aproximarse a ella a corto plazo. Queda el sorteo, los nervios, la patética escena de miles de personas esperando la caída de una bola para averiguar su futuro. Tu mala suerte será mi suerte. Un sistema injusto y arbitrario, para muchos, que deja el derecho constitucional a una vivienda digna dentro de un simple bombo.
¿Es defendible un método que no tiene en cuenta tu destino posterior, tu futuro ascenso, mientras la pensionista que competía contigo no tendrá jamás opciones de prosperar?
Lorena Martínez, realizadora de televisión de 24 años, lleva más de tres años acudiendo a todos los sorteos de vivienda protegida de Barcelona. Nunca le ha tocado. Hace apenas diez meses le urgía porque debía abandonar el piso del Eixample donde vivía con su madre. "Nos lo subían de 675 a 900 euros, yo cobraba 1.100 limpios y mi madre estaba en el paro. Y no encontrábamos nada decente por menos de ese precio", explica. Logró que le subieran el sueldo, y ahora percibe 22.800 euros anuales. "Me paso por poco para recibir las ayudas a la emancipación, y me irían muy bien", se queja.
El bombo nunca ha sacado su número. Un sistema que muchos expertos consideran injusto y que algunas ciudades ya han decidido cambiar. Sólo las diez principales ciudades españolas, donde la demanda es más acuciante, suman más de 240.000 personas en los registros de solicitantes, 30.000 más que hace un año, según los cálculos realizados por EL PAÍS a partir de las informaciones suministradas por los ayuntamientos.
Y la demanda generada por el boom inmobiliario, que colocó los precios a niveles prohibitivos, no se absorberá a medio plazo, a juzgar por los planes de los ayuntamientos. En general, estos programas fijan un plazo hasta 2012 -salvo Valencia, donde es a diez años-, y suponen la puesta en marcha de 119.771 Viviendas de Protección Pública (VPP). Es decir, los pisos previstos no llegan a cubrir la mitad de las solicitudes. A ello se añade que en casi todos los casos, el ciudadano no puede acudir a otra localidad vecina porque la mayoría de las ciudades de las áreas metropolitanas se blindan exigiendo, al menos, más de cinco años de empadronamiento.
La ciudad con mayor demanda de vivienda pública es Barcelona. La secretaría de Vivienda de la Generalitat calcula que alrededor de 65.000 personas requieren vivienda social. En el último sorteo multitudinario se presentaron casi 55.000 solicitantes para 1.500 pisos. Se cubrió el 2,8% de la demanda. En Sevilla, recientemente se realizó un concurso al que acudieron unas 90.000 personas, mientras que Málaga, Madrid y Valencia tienen más de 20.000 ciudadanos esperando. Aun así, ninguna ciudad se ha librado de sorteos multitudinarios.
Las tres últimas ciudades, no obstante, lo tienen más fácil para construir vivienda pública. Su modelo para construir vivienda protegida se basa en las reservas de suelo de los nuevos desarrollos. A Barcelona o Bilbao apenas les queda ya suelo para crecer, por lo que deben enfocar sus políticas a edificar en alquiler o aprovechar las remodelaciones de barrios.
Sin embargo, los registros no recogen necesariamente a todo aquel que requiere una VPP. "No siempre son indicativos. Depende de que se haya hecho publicidad de su existencia. En caso contrario, quedan fuera del sorteo quienes menos posibilidades tienen de acceder a esta información o bien de saber cómo reunir toda la documentación necesaria. Y ésta suele ser la gente más humilde", asegura el economista y ex secretario catalán de Vivienda, Ricard Fernández.
La forma tradicional y mayoritaria para adjudicar una VPP en España es a través de sorteo, que mete en el mismo bombo a quien más lo necesita y a quien, en cambio, podría obtener recursos ajenos (financiación familiar, por ejemplo) para pagar su casa. David Hernández es un directivo de un gran banco internacional que prefiere no identificarse por su nombre, porque entiende que su "situación" es "bastante absurda" y le da "cierta vergüenza pregonarlo". Con un sueldo que hoy es "muy generoso", desde hace unos 15 años reside en una vivienda de protección de Vallecas. "Era joven, terminaba de estudiar, me presenté y me tocó. Entonces no ingresaba lo que ahora", explica.
El catedrático de Política Económica de la Universidad de Barcelona Antón Costas abrió el debate sobre la eficacia de los sorteos y la vivienda de protección de compra tras un estudio de las necesidades de vivienda en la ciudad. Costas puso entonces un ejemplo: "Imaginemos que tenemos un joven A y otro B. Le toca por sorteo una vivienda de propiedad al A, y al cabo de cinco años es directivo, mientras que el B se halla en la misma situación. Mal lo habremos hecho en términos de equidad". Por ello, Costas apuesta por crear un parque de VPP en alquiler, en el que resida quien lo necesite si cumple las condiciones fijadas.
En el conjunto de España, en general, la VPP cuesta alrededor del 50% de lo que vale en el mercado libre. En las grandes ciudades, como Madrid o Barcelona, lo rebasa. Aun así, una diferencia nada desdeñable. "Todo el mundo se apunta a la lotería. Pero es profundamente injusto conceder un derecho constitucional por sorteo. Sobre todo cuando los únicos medios para contrastar cuál es la necesidad es la declaración de la renta", sostiene el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pompeu Fabra, José García-Montalvo.
Algunos ayuntamientos ya han empezado a cambiar su sistema de adjudicación para ajustarse más a las necesidades de la población. El concejal de Vivienda de Palma de Mallorca, José Manuel Gómez, explica que el consistorio ha realizado un primer filtro con sus demandantes. "Separamos a la gente mayor, los jóvenes, la que tiene necesidades específicas, los que trabajan en la ciudad... Luego realizamos un sorteo por cajones, es decir, por colectivos", asegura. También Barcelona, que recurría a los sorteos masivos, elabora un registro similar, en el que quede clara la situación personal de cada demandante.
Sin embargo, el economista y gerente de la Universidad de Alcalá de Henares, Julio Rodríguez, defiende los sorteos para poder "racionar" la vivienda. "Hay un sistema por puntos, en el que se valoran las circunstancias de cada solicitud. Pero prefiero el sorteo a dejar la decisión en oscuras manos de funcionarios. Es muy arbitrario, pero es una forma de gestionar el exceso de demanda que hay en España", asegura Rodríguez. Aun así, el economista puntualiza que las administraciones deberían tener un registro para controlar si cambia la situación de cada adjudicatario.
Ricard Fernández, que antes de ser secretario de Vivienda de la Generalitat estuvo en el Ayuntamiento de Barcelona, sostiene que la experiencia le demuestra que "lo más social acaba siendo antisocial". Fernández afirma que si se priorizan las rentas a menudo se acaba por llegar a excluir a parejas trabajadoras y favorecer, por ejemplo, a estudiantes que todavía tienen mucho recorrido económico y social. "El chaval de 25 años que es mecánico igual cobra más que el que tiene la misma edad y está estudiando. Y acabas por penalizar al mecánico porque está casado y percibe más. Pero es que quienes no estudian se casan y forman familia antes, en la mayoría de ocasiones", dice.
Las grandes ciudades coinciden, no obstante, en que la política de vivienda no debería ser sólo municipal, sino metropolitana. El gerente de la Empresa Municipal de Vivienda de Sevilla, Juan Carlos León, explica que la ciudad exige dos años de empadronamiento o bien tres de trabajo para acceder a una vivienda pública. El criterio es semejante en Barcelona: dos años para el alquiler y cinco para la compra. El delegado de Vivienda de la capital catalana, Antoni Sorolla, también opina que "la vivienda debe entenderse en el ámbito metropolitano, como ya se hace con el transporte o la gestión de residuos, por ejemplo".
La exigencia de los años de empadronamiento que imponen varios ayuntamientos explica también que los registros municipales de solicitantes no sean todavía más abultados. "Hay localidades que piden 10 años de residencia, lo cual deja sin acceso a inmigrantes", recuerda Fernández. Pero en plena crisis crediticia no es un problema inminente, puesto que muchos saltan de la lista. El concejal de Palma de Mallorca, por ejemplo, explica que en una de las últimas promociones de VPP entregadas la mitad de los adjudicatarios renunciaron. El banco no les financió la compra. Y los expertos consultados temen que ello cree la ilusión pasajera de que la demanda está disminuyendo con la corrección del mercado.
Demasiada ilusión en un contexto de necesidad creciente ante la crisis que ya ha estallado.
* ELPAIS.com - LLUÍS PELLICER 29/05/2008
Foto: Sorteo multitudinario de casas de protección oficial - elpais.com
Acusan al alcalde de Benissa de ocultar un informe para permitir construir en el Pou d´Avall
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LEVANTE/Alacant* : El Col·lectiu El Runar de Benissa, "ante la negativa absurda y continuada del equipo de gobierno del ayuntamiento de negarse a buscar soluciones justas para preservar el entorno del Pou d'Avall" difundió ayer el informe técnico de la excavación realizada en la zona por el propio ayuntamiento, que constata la "especial singularidad" del conjunto hídrico y su valor "arquitectónico, etnológico, arqueológico, hidráulico como también simbólico".
Un informe que, opina El Runar, "contradice firmemente las actitudes y declaraciones realizadas por el alcalde -Juan Bautista Roselló- y ha sido intencionadamente ocultado a la opinión pública hasta el punto de que desde la Concejalía de Urbanismo siguen denegando a este colectivo consultar y ver el informe de excavación".
Parte del conjunto hídrico sigue amenazado a día de hoy, pese a lo que afirma el informe, de construcción. El ayuntamiento ha aprobado y adjudicado el proyecto para su urbanización, haciendo caso omiso de las demandas de protección del Pou d'Avall. En el pasado mes de abril, el ayuntamiento rechazó en el pleno una moción de CIBE-Bloc que pedía la modificación del Plan General para declarar zona verde todo el conjunto hídrico "con la finalidad de crear un parque o jardín arqueológico representativo de la historia y la cultura del agua en nuestro pueblo".
La propuesta se quedó sobre la mesa y el alcalde, Juan Bautista Roselló (PP), señaló que los terrenos seguirían siendo "una zona de solares para la construcción de edificios" salvo que diga lo contrario la Conselleria de Cultura, porque así lo delimita el PGOU que, cuando se redactó, "nadie sabía que allí estaba el Pou d'Avall".
Pero ahora sí se sabe, gracias al informe que ha sido redactado por dos arqueólogos contratados por el ayuntamiento. Los trabajos se llevaron a cabo desde octubre hasta mediados de febrero, por medio de un proyecto de excavación de urgencia de acuerdo con la ley de Patrimonio Cultural Valenciano, que determina, recuerda El Runar, que "si en las excavaciones aparecen restos o indicios arqueológicos , el promotor, el constructor y el técnico director de las obras estarán obligados a suspender automáticamente los trabajos".
El estudio arqueológico afirma que con los trabajos se ha "exhumado una densa trama hidráulica, formada por los diferentes elementos hidráulicos que conforman toda la banda occidental del conjunto conocido como Pou d'Avall, y que hasta la actualidad se encontraban totalmente cubiertos y dejados en el olvido". En cuanto a la cronología del conjunto, se ha permtitido datar su existencia en el siglo XVI, aunque el mismo informe advierte de que "puede ser más antiguo". "La ocupación de este espacio por parte del hombre y la utilización continuada a lo largo de los tiempos con las respectivas reformas, explicaría la inexistencia de vestigios arqueológicos anteriores al siglo XVI", señala el documento.
En sus conclusiones, el informe de excavación no deja lugar a las dudas sobre la relevancia del Pou d'Avall: "Este conjunto hidráulico reviste especial singularidad por el excelente estado de conservación de todos sus elementos, así como por su pleno funcionamiento de todo el conjunto".
"Parte de la identidad cultural"
Asimismo, el dictamen técnico indica que el conjunto también tiene una "cierta relevancia" a nivel patrimonial, "tanto desde el punto de vista arquitectónico, etnológico, arqueológico, hidráulico como también simbólico, ya que forma parte del ideario popular de los benisseros, y queda como testimonio de unos modos de vida, recoge experiencias, sensaciones, hoy en día olvidadas pero pertenecientes a un pasado reciente, y que en definitiva se convierten en parte de nuestra identidad cultural".
* Levante-EMV - S. García, Benissa - 29.05.2008
Foto: digno de protección. El informe arqueológico resalta el valor del conjunto hídrico del Pou d'Avall/ levante de alacant
Medio millón de caución para paralizar las obras de la 'carretera de los pantanos'
ELPAÍS/Madrid* : Ecologistas en Acción ha conseguido una victoria a medias en su cruzada contra las obras de desdoblamiento de la carretera de los pantanos. El Tribunal Superior de Justicia ha fallado en un auto fechado el pasado 22 de mayo que el Gobierno regional debe "paralizar inmediatamente" las obras en ejecución provisional de una sentencia del mismo tribunal del 14 de febrero, que aún no es firme.
Pero también exige a la organización ecologista que abone casi medio millón de euros para llevarla a cabo. No es la primera vez. Ya recibieron la obligación de pagar una caución con los vertidos de Doñana o con la presa de Itoiz. Al no poder reunir el dinero, las obras continuaron. Tanto la Consejería de Transportes como Ecologistas en Acción anunciaron recursos, aunque por diferentes motivos. La primera porque no está de acuerdo con el fallo y cree que el importe establecido es "ridículo", según el consejero de Transportes, Manuel Lamela.
"Argumentaremos el interés en la defensa del medio ambiente y la falta de medios económicos, entre otras cosas", explicó Ángeles Nieto, portavoz de Ecologistas en Acción. Rechazan el pago de la caución, pero están satisfechos "porque el auto reitera lo que ya decía la sentencia y desestima, con argumentos muy duros para la Comunidad de Madrid, la justificación que daba de no parar las obras".
Según el auto, el Gobierno regional alega que ha procedido "espontáneamente" a cumplir el fallo anterior. "Si tal cosa hubiera ocurrido, la Administración habría procedido a desmantelar la nueva infraestructura o a detener su ejecución", puntualiza el tribunal. También considera que no bastaba con comunicar a la Comisión Europea su intención de subsanar el defecto de forma imputado: la falta de declaración de impacto ambiental.
Sin embargo, Lamela rebatió ayer el dictamen del tribunal, porque considera que si las obras han continuado es porque el mismo tribunal "se ha pronunciado ya varias veces en contra de la paralización". El consejero aseguró que las obras están a punto de terminar -"entre agosto y septiembre"- y consideró absurdo suspenderlas.
La oposición (PSOE e IU) también se felicitó ayer del auto. La portavoz de IU, Inés Sabanés, lo calificó de "varapalo a Aguirre", pidió a ésta que lo acate y afirmó que "pone en evidencia que actúa al margen de la ley, saltándose la normativa medioambiental". El diputado socialista Modesto Nolla recordó que, según el tribunal, la obra es ilegal y reprochó a Aguirre que se "resista a dar cumplimiento a la sentencia".
* ELPAIS.com - S. A. - Madrid - 29/05/2008
Foto: Un tramo en obras de la carretera de los pantanos.- Santi Burgos, elpais.com
Mallorca al desnudo
MATÍAS VALLÉS* : Es difícil leer de un tirón la sentencia del caso Andratx en Mallorca, esa isla de "suelo ya sobreexplotado" cartografiada en el texto jurídico. La condena al galope de la barbarie urbanística obliga a reposar la lectura, a fin de recobrar el aliento y el sosiego. La "espléndida vivienda unifamiliar" -por dos veces-, erigida como memorial a la impunidad de Eugenio Hidalgo, se desploma para que sus escombros cubran con un manto de vergüenza a los mallorquines que han mutilado un entorno privilegiado.
Sí, los mallorquines. Massot, que tanto amaba Andratx, Gibert, Mir, linajes irreprochablemente autóctonos.
El alcalde del PP destruye un espacio natural con su "chalet", merced a la colaboración entusiasta del director general de Ordenación del Territorio del Govern Matas, del celador municipal, del asesor jurídico del municipio -hasta aquí, todos condenados- y la inexplicable aquiescencia del grueso del funcionariado. Aunque el tribunal no se extiende más allá de las imputaciones, no relata un solo ejemplo de oposición a la barbarie desde la rectitud burocrática. La sentencia es un catálogo de la obediencia indebida. Hidalgo estuvo perfectamente asesorado en la comisión del delito. En ese sentido, cometió el crimen perfecto. Sólo fracasó porque los conjurados subestimaron el asco ciudadano, resumido en el fallo.
¿Por qué necesitaba Hidalgo que su gallinero con "dos antenas parabólicas" estuviera en las inmediaciones de la casa consistorial? Por la misma razón que ubica al palacete en los aledaños del Consolat. No hay nada que esconder, el poder para quien lo exhibe. Una vez doblegadas las voluntades que precisaba para su "espléndida vivienda", el alcalde de Andratx pasó de amparado a amparador en el resto de la trama. La política urbanística de quien acaba de violentar la normativa en el vecindario, sólo puede tener un sentido.
La cárcel no es una realidad periodística. Desde ese daltonismo, la sentencia de la Audiencia supera en importancia a la eventual reválida del Supremo, porque está pegada al terreno -"constatada la realidad cotidiana en la isla de Mallorca"-. De ahí que se especifique que la protección penal "en el caso de Mallorca resulta reforzada, por las especiales condiciones que reúne el territorio". Si los políticos se hubieran manejado con un átomo de esa sensibilidad, no lamentaríamos los paraísos perdidos.
En su relato de lo acontecido, la sentencia ha renunciado a la reinterpretación de cualquier dato en favor del PP -doctrina habitual en el Tribunal Superior-, para narrar los hechos tal como sucedieron. Dicho de otra forma, no hay un solo andritxol a quien sorprenda el compañerismo entre Hidalgo, Massot, Gibert, Mir et alii. Tampoco renuncia la Audiencia a escandalizarse de las pretensiones de "una amnistía urbanística de hecho", por el procedimiento de ir perdonando por inevitables las sucesivas aportaciones de cemento, retirando arbitrariamente los suelos respectivos del catálogo de Espacios Naturales. Todo ello, una vez que el alcalde haya comprado el solar a precio irrisorio. Hasta hoy, ese comportamiento ha sido intachable.
La Audiencia de Palma se ha adelantado en su fallo a la jungla de Marbella, con lo cual dicta una sentencia con valor pionero. El tribunal no se tomó en serio a quienes no lo tomaron en serio, y se aproxima a la ironía al destacar que el expediente urbanístico saqueado "salió íntegro del despacho profesional de Rafael Perera, adonde nunca debió trasladarse".
La demolición del suntuoso gallinero es más importante que la cárcel. Aunque la imagen bordee la condena a trabajos forzosos, un contingente sustancial de mallorquines desearía contemplar a Hidalgo y compañía derribando en persona la mansión agropecuaria. Para garantizarse que la restitución al estado original se consume, y "a la vista de que los expedientes de demolición en vía administrativa están condenados al fracaso", se anuncia una vigilancia estricta para la demolición "a sus expensas y en el plazo que marque este tribunal".
Hidalgo no es una variedad autóctona, de la que debiera enorgullecerse la corrupción nacionalista. Los personajes a quienes "los intereses colectivos no preocuparon lo más mínimo, siendo su personal y particular satisfacción la que guió su conducta" proliferan en todo el planeta, aunque sólo en Mallorca perfeccionan sus artimañas entre la indiferencia ambiental.
¿Qué ha cambiado, en la Mallorca desnudada por la sentencia del caso Andratx? Los jueces y dos fiscales. Andan mohínos los apellidos de alta cuna y de baja cama, tras un año rezongando contra la fiscalía anticorrupción -por aplicar la evidencia de que los más corruptos son necesariamente quienes más se han enriquecido-. Siguen apelando al honor, la única virtud que todavía no han vendido. Ni siquiera pueden ampararse en la "ignorancia inexcusable", que es el refugio del asesor jurídico del ayuntamiento de Andratx en la sentencia. Pese a la irritación, la casta de brahmines no organizará una demolición solidaria.
* Diario de Mallorca - Palma - 27 de mayo de 2008
Alcoy: Un juez anula la normativa urbanística para rehabilitar el área de la Vila y Raval Vell
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INFORMACIÓN/Alicante* : Una sentencia judicial ha anulado todo el planeamiento urbanístico diseñado y aprobado por el gobierno del PP del Ayuntamiento de Alcoy para rehabilitar el área del casco antiguo de la Vila y Raval Vell, al considerar que hubo excesos en la aplicación que vulneraron la legislación vigente, incluida la LRAU.
Este plan está en pleno desarrollo y con edificios en construcción y el Ayuntamiento ha recurrido la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
El fallo fue publicado el pasado 27 de noviembre por el juez del Juzgdo de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante, en base a una reclamación de un propietario de la zona, disconforme con las indemnizaciones y los costes asignados de urbanización. El magistrado, en sus consideraciones, analiza la normativa aprobada por el Ayuntamiento y su aplicación, lo que le lleva a anular los actos administrativos que condujeron a la aprobación del proyecto de urbanización de la UE 2, Sector 1 Vila y Raval Vell del casco antiguo de Alcoy; de la reparcelación forzosa de la unidad, y del programa para el desarrollo de la actuación integrada, es decir el PAI, todo ello "por no ser conforme a Derecho", según reza la sentencia.
La base de la anulación de la normativa se plantea, en términos jurídicos bastante complejos, en una cuestión de redelimitación del ámbito de aplicación del plan, formalizada por el gobierno del PP. A criterio del magistrado, "la nueva delimitación del ámbito de la Unidad exigía la previa del planeamiento que, como se alega en la demanda, no consta haya sido aprobada". Más adelante, este cambio se considera "sustancial" ya que "se produce una ampliación del ámbito de actuación, una alteración de las zonas verdes aprobadas y la modificación del trazado viario; alteraciones que, por otra parte, no encontrarían acomodo en la figura de la redelimitación".
El Ayuntamiento, que pidió en vano la desestimación de la demanda por ser toda la normativa "ajustada a derecho", argumentó que estos cambios se debían a "la gran ausencia de atractivo para el posible producto inmobiliario que pudiese producirse". Más adelante, la sentencia hace hincapié en que frente a la falta de justificación municipal de los cambios -con alguna leve excepción-, los informes técnicos del demandante evidenciaron que las modificaciones introducidas variaban el porcentaje de suelo residencial del 63,74% al 39,61%, mientras la superficie viaria descendía del 41,44% al 28,81%.
Por todo ello, el juez concluye que debe estimarse la nulidad de la UE, una medida que alcanza también al programa y los proyectos de urbanización y reparcelación. De acuerdo con las directrices de la sentencia, el Ayuntamiento deberá elaborar y aprobar "unos nuevos documentos que se acomoden a las reglas que se continenen en la legislación urbanística vigente". El Ayuntamiento, indicaron fuentes municipales, ha ejercido su derecho de recurso de apelación ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ, que tendrá la última palabra sobre este proceso.
En la zona hay edificios en construcción desde poco después de aprobarse el plan.
"Sin trascendencia"
Al final del último pleno, el portavoz del Bloc Paco Blay preguntó por una sentencia de la que había tenido noticia de que anulaba el planeamiento del casco antiguo. Instantes después, el entonces concejal de Urbanismo -hoy, de Grandes Proyectos y Turismo- Fernando Pastor, dijo que desconocía el asunto y que lo investigaría. Por la tarde, aseguró que carecía de noticias de un fallo de tanta trascendencia, y que en todo caso se había tratado de una cuestión de reclamación de cantidad por disconformidad con las indemnizaciones. Ayer, en la comisión de Urbanismo, Paco Blay volvió a preguntar por la sentencia, que fue facilitada más tarde a todos los grupos de la oposición. "Nos da la razón a todo lo que dijimos en su día", manifestó el concejal de L'Entesa, Paco Agulló, recordando que el PP desoyó todas las indicaciones de la oposición.
* Información - M. CANDELA - 28 de mayo de 2008
Foto: Imagen de viviendas en construcción en la zona del casco antiguo cuyo planeamiento ha sido anulado - JUANI RUZ, diarioinformacion.com
Mallorca: El Tribunal Superior imputa a 12 políticos por el caso Caballistas
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DIARIODEMALLORCA* : El juez Antoni Monserrat dictó ayer un auto en la sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) por el que imputa formalmente a doce dirigentes del Partido Popular y dos funcionarios en un presunto delito de falsedad de documento público por unos certificados emitidos dentro del llamado caso Caballistas, un presunto entramado de corrupción para legalizar una casa en suelo rústico del ex alcalde de ses Salines con la excusa de ser la sede de una agrupación hípica inexistente.
Monserrat ha añadido un político del PP más a los once que ya fueron en su día "procesados" por el anterior instructor, el magistrado Antoni Rotger, y abre la puerta a la celebración de un macrojuicio en el TSJB con 14 acusados, entre dirigentes del PP y funcionarios.
Monserrat fue designado hace unas semanas instructor del caso Caballistas debido a que el TSJB asumió la causa por la condición de diputada del PP en el Parlament de Catalina Soler, alcaldesa de Felanitx, una de las personas ahora formalmente acusadas.
Nuevo imputado
Monserrat ha dictado el pase a procedimiento abreviado y ha dado traslado a las acusaciones particulares en nombre de un vecino de Manacor, ejercida por Josep de Luis, y del Partido Socialista, representado por Estela Soler, y a los fiscales anticorrupción para que redacten sus respectivos escritos de acusación.
El instructor únicamente citó en calidad de encausado al ex edil de fiestas y ferias de sa Pobla Joan Llabrés Cladera, al que finalmente ha incluido en la lista de las personas que se sentarán en el banquillo de los acusados. Monserrat también tomó declaración, esta vez como testigo, al aficionado a los caballos Jaume Rosselló, padre del rejoneador del mismo nombre.
Los catorce acusados están defendidos por Rafael Perera; Agustí Cerveró; Gabriel Lladó-Josep Zaforteza y Virginia Núñez.
Políticos implicados
Junto a los ya citados Soler y Llabrés Cladera, los otros políticos imputados son el ex alcalde de Santa Margalida, Antoni del Olmo; el ex primer edil de Ses Salines y principal beneficiado con las supuestas falsificaciones, Sebastià Vidal; Joan C. Jaume Mulet, teniente de alcalde de Llucmajor en la época de autos; Miquel Vidal, alcalde de Santanyí; Joan Jaume Ramis, ex primer edil de Lloret; Antoni Serra, ex alcalde de sa Pobla; Joan Rubert, teniente de alcalde en Inca; Joan Rotger, alcalde de Selva; Gabriel Matas, alcalde de Montuïri, y Andreu Prohens, ex primer edil de Campos y conseller del PP en el Consell de Mallorca.
Asimismo, se atribuye una presunta falsedad documental a Sebastià Escalas, celador municipal de obras de Ses Salines, y a Sebastià Portell, otro funcionario cualificado.
Este caso arranca en 2005 en Ses Salines. El entonces alcalde, Sebastià Vidal, trató de legalizar su casa como sede de la Agrupación Caballista de Ses Salines, para lo cual solicitó al Consell de Mallorca la declaración de interés general de la finca.Ahora el juicio deberá determinar si los doce dirigentes municipales del PP imputados emitieron certificados falsos para acreditar la actividad como club hípico de dicha vivienda.
* Diario de Mallorca - FELIPE ARMENDÁRIZ / I. M. PALMA - 28.05.2008
Foto: Ses_Salines (Mallorca), ayuntamiento - mallorcaquality.com
La Fiscalía acusa a la Junta y a los ayuntamientos de ´poca beligerancia´ con el urbanismo
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LAOPINIÓN/Málaga* : Hasta el apuntador. Todas las instituciones implicadas en la persecución de los delitos cuya investigación depende de la Fiscalía de Medio Ambiente -urbanísticos, contra el medio, contra la flora y la fauna y contra el patrimonio cultural- han recibido su correspondiente rapapolvo en la memoria que el ministerio fiscal ha elaborado sobre su actividad en el año 2007.
Los dos delegados del área solicitan otro fiscal más y un aumento de los funcionarios, pero lo que más destaca es el tirón de orejas que da a unos y otros en relación con los delitos contra la ordenación del territorio: "Parece que no existe continuidad en las administraciones tanto locales como autonómica, a la hora de enfrentarse con el problema, lo que nos lleva de nuevo, al igual que el año anterior, a pensar en una actitud más bien complaciente y poco beligerante con las infracciones que en este tipo de delitos se cometen en la provincia".
Actitud que se percibe sobre todo en relación a los municipios, que "amparándose en la falta de medios ofrecen una actitud poco colaboradora con los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, tanto con el Seprona como con la Unidad adscrita a la comunidad autónoma de la Policía Nacional", añaden.
Así, destacan el esfuerzo de la Gerencia de Urbanismo de la capital, que ha pasado de 25 denuncias a 52; por otro lado, en el resto de Ayuntamientos "se ha descendido significativamente -desde 62 a sólo 11", al tiempo que añaden: "Es destacable la escasa labor inspectora del Ayuntamiento de Vélez Málaga, que el año pasado formuló 48 denuncias, mientras que en el presente año su actividad ha bajado tanto que se diluye en el resto de Ayuntamientos".
"Otro tanto ha ocurrido con la Consejería de Obras Públicas, delegación de Málaga, que de 89 denuncias ha pasado a formular sólo 23", explican los acusadores públicos.
"Especial mención merece la Consejería de Medio Ambiente, que teniendo a su disposición un cuerpo como el de agentes del medio, con más de 100 miembros en Málaga, y siendo ésta una provincia en la que existen tanta actuaciones que pudieran ser delictivas en todo su territorio, fundamentalmente contra la ordenación del territorio y medio ambiente, resulta extraño que no lleguen más denuncias a esta sección (en 2006, 19; y sólo 21 en 2007), por lo que resultaría deseable una mayor adscripción de medios personales y materiales", dicen.
En relación con la Consejería de Cultura (una denuncia en 2006; tres este año). "El aumento es meramente testimonial, pues resulta difícil de creer que en esta provincia haya tan pocos atentados contra el patrimonio que, siquiera indiciariamente, no presenten caracteres delictivos", apuntan. Sí destacan, sin embargo, la labor del Seprona de la Guardia Civil y de la unidad de Policía Nacional adscrita a la autonomía.
Alcaldes. Incluso, resaltan "la gran cantidad de denuncias interpuestas, desde la tramitación de las diligencias de investigación -denuncias ante la propia fiscalía-, contra diversos alcaldes de municipios de la provincia, tanto del interior como de la costa, lo que da que pensar que el problema del desarrollo urbanístico contrario a la legalidad no es exclusivo de determinadas características, sino de todos en general".
En total, durante 2007 se incoaron 425 diligencias de investigación (52 del Ayuntamiento de Málaga; 11 del resto de municipios; cuatro de ecologistas; 34 denuncias del Seprona; anónimos o políticos 206; consejerías 116; Medio Ambiente 21; Obras Públicas 23; Cultura 3 y Gobernación 47).
Por delitos contra la ordenación del territorio se han abierto 238 diligencias de investigación. La Fiscalía califica estos ilícitos como "gran problema" y distingue dos supuestos: "En el litoral, la mayoría de los delitos cometidos consisten en prevaricaciones urbanísticas; por otra, comienzan a aparecer sin embargo denuncias contra los municipios del interior, también por prevaricación".
En este segundo tipo, la mayoría de los supuestos son de particulares que proceden a realizar una construcción en suelo no urbanizable, delitos contra los que los ayuntamientos no actúan con "verdadera diligencia" sus facultades inspectores. Por otro lado, son cada vez más frecuentes las denuncias contra numerosos municipios, bien contra el alcalde o la Corporación al completo, "no ya por la actitud complaciente con las obras ilegales realizadas, sino en ocasiones por la concesión de licencias municipales de obras contra los informes de los técnicos de los municipios y, a veces, por acuerdo entre los responsables políticos y los técnicos".
"Sería mucho más breve la lista de los municipios que no han sido denunciados", dicen. Hablan también del pacto con los ex ediles de Gil, que permitirá que no se celebren un total de 60 juicios, al tiempo que insisten en que los juzgados de Instrucción han incoado un total de 396 diligencias previas por este tipo de ilícitos (189 contra la ordenación del territorio; 27 contra el patrimonio histórico y 151 delitos de incendio.
* La Opinión de Málaga - JOSÉ ANTONIO SAU - 28.05.2008
Foto: Estepona (Málaga), demolición hotel Prasa - laopiniondemalaga.es
La Eurocámara da un nuevo tirón de orejas a la Comunitat Valenciana por los abusos urbanísticos
EUROPAPRESS* : El Parlamento Europeo elaborará un nuevo informe sobre los abusos urbanísticos en España, y especialmente en la Comunidad Valenciana, al considerar que no se han corregido los problemas denunciados por ciudadanos de varios Estados miembros ante la Eurocámara relacionados con el impacto medioambiental de los proyectos de urbanización y sus efectos sobre el derecho a la propiedad.
Los coordinadores de los grupos políticos de la comisión de Peticiones del Parlamento decidieron hoy que la ponente del nuevo informe será la eurodiputada verde danesa Margrete Auken.
Si se cumplen los plazos previstos, el nuevo informe podría votarse en el pleno del Parlamento a principios del año que viene, según informaron fuentes parlamentarias. Será el tercer informe sobre el urbanismo valenciano y de otras regiones españolas que se vote en pleno.
En su última resolución, aprobada en junio de 2007, la Eurocámara ya expresó su "más enérgica condena" contra los "macroproyectos de urbanización" en España, que se han extendido "especialmente a la Comunidad Valenciana y otras regiones de la franja costera mediterránea".
La propuesta de elaborar un nuevo informe partió del vicepresidente de la comisión de Peticiones, el laborista británico Michael Cashman, después de un debate de dos horas celebrado en abril sobre alrededor 40 quejas contra el urbanismo valenciano en el que participaron muchos denunciantes. Entre los planes urbanísticos que se debatieron se encuentran los de Catral, Parcent, Rojales, o Monòver en Alicante, el de Porxinos en Riba-roja donde se situará la nueva ciudad deportiva del Valencia, o los que afectan a Alzira y al parque natural de la Albufera.
Los eurodiputados todavía no han decidido si antes de elaborar el informe envían una nueva misión a la Comunidad Valenciana, que sería la cuarta. Las fuentes consultadas consideraron no obstante que los parlamentarios ya han escuchado a mucha gente y tienen información suficiente sobre los problemas.
La comisión de Peticiones todavía debe recibir el visto bueno formal de la conferencia de presidentes de comisiones parlamentarias y de la conferencia de presidentes de grupos políticos para seguir adelante con su proyecto de informe sobre el urbanismo en España. Las fuentes consultadas explicaron que "normalmente" estos órganos respaldan las propuestas de informes que les llegan de las comisiones parlamentarias, y que es poco probable que rechacen la propuesta de la comisión de Peticiones.
* Información - Europa Press - 27 de mayo de 2008
Foto: parlamento europeo - junta andalucia
Barberá aprueba la recalificación para el hotel junto al estadio
ELPAÍS/Valencia* : La trágica muerte de cuatro trabajadores en las obras del nuevo estadio del Valencia coincidió ayer con la aprobación de la segunda recalificación de la parcela en la que se construye el campo. El PP aprobó con sus votos en la comisión de Urbanismo una modificación que permite a la entidad construir junto al estadio un hotel, un uso que el plan general urbano descarta expresamente en un sistema general de servicios públicos deportivos, como es el caso.
El concejal de Urbanismo, Jorge Bellver, defendió ayer que "no existe diferencia" entre un hotel o un edificio de oficinas y los usos recreativos que tenía autorizados el club. Para Bellver, no tiene sentido que se prohíba el uso hotelero, por lo que esta situación "se corregirá" en el nuevo plan urbanístico.
El Valencia CF consigue así la bendición a una petición que redondea la primera recalificación de la parcela, en la que el suelo pasó de un uso deportivo público a privado. El Ayuntamiento recibió a cambio varias parcelas en una permuta que han denunciado los socialistas porque, en su opinión, beneficia a la entidad futbolística. El equipo de gobierno alega que la tasación la realizaron tres empresas.
"Fraude de ley"
El concejal Vicente González Móstoles incidió en su denuncia de que el cambio de uso del terreno "generará una plusvalía de 100 millones de euros para el club". El Grupo Socialista recordó que el Ayuntamiento valoró el suelo cedido para el estadio en 45,4 millones de euros. Según sus cálculos, con la modificación para construir un hotel, la parcela alcanza un valor de 143,7 millones de euros por el precio de mercado del suelo. "Es un fraude urbanístico y de ley", aseguró González Móstoles, quien descartó, no obstante, llevar el asunto a los tribunales porque ya han anunciado un recurso asociaciones vecinales. El edil acusó al PP de actuar "como un trilero" por incluir en el expediente otras modificaciones que ahorran edificabilidad en el futuro estadio y permiten emplearla en el hotel.
"Que me expliquen dónde están esas plusvalías tan bárbaras", le replicó Jorge Bellver. El concejal insistió en que esta segunda recalificación no implica "ni un centímetro cuadrado más de edificabilidad", y aseguró que los precios de suelo destinado a oficinas y a hotel "están equiparados". El responsable de Urbanismo retó a los socialistas a acudir a los juzgados si consideran la operación ilegal, y subrayó que al cambio de uso que permite el hotel se han presentado 38 alegaciones, ninguna del PSPV.
* ELPAIS.com - S. V. - Valencia - 27/05/2008
Foto: Valencia, nuevo estadio y hotel 20 alturas - levante-emv.com
