ELPAÍS/Marbella* : Las últimas 8.252 quejas y peticiones ciudadanas al Plan General de Ordenación Urbana de Marbella (PGOU), pendiente del visto bueno de la Junta para su entrada en vigor, pueden parecer a simple vista un cajón de sastre. Sin embargo, un repaso detallado muestra cómo muchas reivindicaciones se repiten como si fueran spam (correo electrónico basura) urbanístico...
... casi siempre por asuntos que la oposición socialista ha tomado como bandera, y se advierten numerosas exigencias de propietarios de viviendas ilegales que se apuntan al concepto "terceros de buena fe" para reclamar la exoneración total de cualquier responsabilidad derivada de su regularización.
A los redactores del PGOU les ha tocado resolver entuertos como éste, diciéndoles que el documento de ordenación urbanística "no califica" a los adquirientes de viviendas de terceros de buena fe, ya que no entra dentro de sus competencias. Entre los peticionarios hay príncipes, empresarios implicados en el caso Malaya, entidades tan conocidas como Fórum Filatélico, muchas asociaciones de vecinos y hasta seis concejales socialistas.
- Realeza y solares municipales. El príncipe saudí Mishari Bin Saud Bin Abdulaziz, ha pedido que se le reconozca el uso residencial en una parcela de su propiedad, algo que han desestimando, de momento, mientras que la empresa Helicópteros Sanitarios ha reclamado que se cambie a helipuerto la calificación de los terrenos en los que tiene sus dependencias, y que está prevista para parques y jardines. Todo estaría dentro de la normalidad, de no ser porque el cambio no se puede dar, entre otras cosas, porque la parcela en la que ejerce la concesión administrativa es de titularidad municipal.
- Los platos rotos. La Comunidad de Propietarios Jardines de la Represa solicitó "modificaciones legales" para que "no paguen los platos rotos los propietarios" y no los conviertan en "cabeza de turco de la especulación urbanística". Los dueños de una parcela de Los Monteros Playa también pidieron que se contemple su exoneración "para evitar confusiones en las responsabilidades urbanísticas". Una de las propietarias sugiere que sean las administraciones públicas quienes asuman el coste de las viviendas ilegales, mientras que varios vecinos se interesan por las posibilidades de demolición de determinadas construcciones, como ocurre en la zona Parque Arroyo del Pozuelo, y muestran su interés para que ocurra. Los encargados de responder las alegaciones insisten en que no es competencia del documento la decisión sobre una demolición, como tampoco lo es "la previsión de un único cementerio".
- Edificios protegidos y spam. La catalogación de diversos edificios como construcciones protegidas por su especial valor arquitectónico también suma defensores y detractores. Para el Casino Marbella es un problema, porque le impide hacer una ampliación del edificio principal, igual que para la plaza de toros de Puerto Banús. La empresa propietaria ha pedido salir del inventario de Bienes Reconocibles del Patrimonio Histórico Andaluz. Sin embargo, se ha recibido una verdadera avalancha de peticiones para que se incluya en el catálogo de elementos protegidos todos los viejos almacenes (sobre todo el restaurante El Relicario) y el resto de edificios del barrio El Ingenio, en el núcleo marbellí de San Pedro, algo que el Consistorio tendrá en cuenta.
- Convenios e implicados. Varias promotoras implicadas en el caso Malaya contra la corrupción en Marbella han reclamado con escaso éxito que se les respete las condiciones del suelo que acordaron por convenio con el Grupo Independiente Liberal (GIL). Ocurre con Naviro Inmobiliaria 2000 SL, propiedad del empresario José Ávila Rojas, o Yambali 2000 SL.
Esta última pide que le permitan materializar una licencia de obras concedida para 144 viviendas en una zona calificada en el PGOU de 1986 como parques y jardines públicos. Construcciones Salamanca SL, también vinculada a la trama de corrupción marbellí, se muestra disconforme con la calificación de una parcela en Nueva Andalucía "por incumplimiento de convenio urbanístico" firmado en mayo de 2004, época en la que Marisol Yagüe era alcaldesa de Marbella.
EL PGOU EN CIFRAS
El plan prevé la regularización de 16.500 viviendas ilegales mediante un sistema de compensaciones.
Deja fuera de ordenación cerca de 500 viviendas ilegales habitadas y un millar de inmuebles no ocupados.
Los ciudadanos han presentado 17.000 alegaciones.
El documento sustituye al actual, de 1986, sistemáticamente vulnerado por los gobiernos del Grupo Independiente Liberal.
* ELPAIS.com - JUANA VIÚDEZ - Málaga - 24/08/2009
Foto: Marbella, gerencia urbanismo - elmundo.es
'Spam' urbanístico y terceros confusos
Ames: Astray otorgó en 2002 a Mahía el 52% del suelo recalificado por convenio
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ELCORREOGALLEGO/A Coruña* : Es vox populi en todo Ames. Quienes conocen la evolución urbanística del municipio en las últimas dos décadas no dudan en tildar de uña y carne la relación entre el viejo gobierno del popular José Astray Mariño y la promotora inmobiliaria Mahía; un tándem que reportó más beneficio a la empresa que al crecimiento ordenado del concello con mayor desarrollo urbanístico de la comarca en los últimos veinte años.
Los datos hablan por sí solos al analizar la recalificación del suelo que autorizó el Plan Xeral de Ordenación Municipal aprobado en 2002 por el alcalde que perdería las elecciones un año más tarde dando paso a la era Carlos Fernández. Un total de 19 sectores tipificados como suelo no urbanizable en las anteriores normas de planeamiento pasaron, por obra y gracia de la recalificación, a considerarse urbanizables, ignorando en varios casos pequeños matices, como el hecho de estar sujetos a una normativa de especial protección forestal. Es el caso de la parcela prevista para la futura urbanización de Os Batáns, que según Mahía, acogerá en un futuro el proyecto previsto por la promotora, ahora disuelta, de construir 800 viviendas unifamiliares, pero que una exigencia de Patrimonio, que obliga a retrotraer el plan parcial de la urbanización para modificarlo, ha dejado en la cuerda floja.
Ya en su momento desde la oposición se advertía del escandaloso resultado del reparto de suelo recalificado, que otorgaba el 78% del aprovechamiento a las empresas constructoras y sólo un 22% a los particulares. Sin embargo, más llamativa resulta aún la distribución del aprovechamiento del suelo recalificado a las constructoras. De los más de 140.000 metros cuadrados de terreno urbanizable cuyo aprovechamiento se concedió a las constructoras a través de convenio, 707.430 fueron para Mahía. El 52 por ciento del total. En total la empresa firmó con Astray cuatro convenios, el 36% del total y consiguió a través de ellos la autorización para edificar en los sectores S-03 Alto de vento II, S-04 Os Loureiros, S-05 Cortes-Condomiña, y S-06, Os Batáns.
De estos sectores, en la actualidad Mahía, que no continúa ya adelante con su actividad como tal (se disolvió repartiéndose entre sus dos socios), tiene sin embargo previsto construir en dos: Os Loureiros, donde proyecta unas 1.000 viviendas, y Os Batáns, para la que la firma prevé otras 800. Sin embargo, como ayer informaba este diario, el requerimiento de Patrimonio de modificar el plan parcial de Os Batáns, para incluir en él medidas de protección de Patrimonio, podría dar al traste con el proyecto existente para este terreno. Y es que el nuevo plan entraría, según expertos en esta materia, en conflicto con la actual ley ambiental europea.
* El Correo Gallego - ALBA TALADRID- 25.08.09
Foto: Ames (A Coruña) - flickr. com
El juez imputa a otros cinco ex altos cargos de Matas
ELPAÍS/Palma* : El juez cerca al entorno del ex presidente balear Jaume Matas. Anoche, la declaración del ex gerente de la Fundación Illefport -entidad que asignaba los fondos públicos del velódromo Palma Arena- desencadenó en 14 nuevas imputaciones, entre ellas, las de otros cinco ex altos cargos del ex presidente balear. Uno de ellos es su ex jefe de comunicación, Joan Martorell, de su máxima confianza, y actualmente jefe de prensa del PP de Baleares.
En total, el juez que lleva el caso Palma Arena por una obra que costó casi 110 millones, el doble de lo presupuestado, ha imputado a 32 personas, de las que 12 son ex altos cargos del Gobierno de Matas.
Además de Martorell, también resultaron imputados anoche otros cuatro ex altos cargos. Son Raimundo Alabern, ex director general de Ibatur, el instituto balear de turismo; Pedro Álvarez, ex regidor de Hacienda del Ayuntamiento de Palma, y actual consejero del Consell de Mallorca; Antonio Amengual, ex secretario general de la Consejería de presidencia y deportes; y Javier Cases, ex secretario general de la Consejería de Turismo. Está previsto que no presten declaración antes de septiembre.
Muchas prisas
Un informe oficial incluido en el sumario revela que Matas se implicó en persona en la construcción del velódromo. Ayer, el ex director de Deportes del Consell de Mallorca, Antoni Palerm, reconoció ante el juez haber facturado 840.000 euros de su empresa de construcción al consorcio público responsable del recinto.
Durante el concurso para adjudicar las obras, que se anunció en noviembre de 2005, todas las constructoras candidatas coincidieron en que era imposible culminar el velódromo a principios de 2007, tal y como pretendía el Gobierno balear. No obstante, la UTE (unión temporal de empresas) integrada por Melchor Mascaró y FCC aceptó el encargo tras la mediación directa de Matas. El informe "Situación de Obra y Valoración Económica del Palma Arena", elaborado por la dirección de la obra, indica que Matas llegó a un "compromiso personal" con responsables de FCC para que la empresa finalizase en poco más de un año, una construcción cuya duración habitual habría sido de dos años y medio.
Los hermanos arquitectos García-Ruiz, que heredaron el proyecto del alemán Ralph Schürmann por decisión de Matas y con un contrato de casi nueve millones de euros, realizaron entonces una nueva valoración de las obras. Estimaron que en el coste previsto inicialmente faltaban al menos 4,5 millones en concepto de unidades de obra, dos millones en forjados, 2,5 millones en suministros de agua y electricidad, tres millones por la urbanización del perímetro, 2,3 millones por los videomarcadores y 1,5 millones más en equipamientos. La declaración de los responsables de la UTE será clave para justificar el sobrecoste millonario del velódromo, que se construyó con prisas ante la inminencia de las elecciones autonómicas.
* ELPAIS.com - MANU MENÉNDEZ - Palma - 25/08/2009
Foto: Palma de Mallorca, fachada Palma Arena - elpais.com
Sin medidas cautelares no hay Justicia
PEDRO BRUFAO CURIEL* : Cuando la sociedad civil ha de medirse con los poderosos, éstos cuentan con una indudable ventaja: las sentencias llegan tarde y aunque se gane el pleito es casi imposible ejecutarlas luego. Como recientemente ha señalado la doctrina Soriano García: «Jueces, medidas cautelares y Administración Pública: ¿pasaría algo si se suprimiera la jurisdicción contencioso-administrativa?», se llega incluso a recomendar en algunas sentencias que se legalice la clara, dolosa y contumaz vulneración del Estado de Derecho, especialmente en materias de urbanismo, medio ambiente y contratos públicos, quedando además impune su responsable.
Se dice que la corrupción acompaña como la sombra al cuerpo a todo sistema político y es estructural en España, lo cual se aprecia sobre todo en cuestiones ambientales, claro ejemplo de perversión del interés general, de la huida del Derecho público, del pork barrel y de la captura del regulador: se silencia al funcionario que cumple con su deber; las funciones administrativas se diluyen en una marabunta de fundaciones y empresas públicas; se presentan evaluaciones de impacto ambiental pseudocientíficos o directamente copiados sin pudor de internet; si a pesar de todo se presenta un estudio riguroso, se falsifican luego sin ruborizarse nadie; se usa la vía de urgencia para obras que carecen de cualquier atisbo de legalidad; se licita la obra por la obra, previo pacto de los futuros adjudicatarios, muchas ruinosas y carentes de todo estudio de coste-beneficio, y si es en régimen de monopolio o autocontratación mucho mejor; se firman convenios contra legem o sin publicidad, que lo mismo arrasan un parque natural, una zona arqueológica y propiedades privadas o urbanizan una zona inundable... que se inundará.
No es de extrañar por tanto que al frente del botín más preciado, los departamentos de medio ambiente y urbanismo, tengamos a verdaderos zorros cuidando el gallinero, rapiña que destroza literalmente nuestra nación, pasa por encima de vidas y haciendas y actúa de filtro para autorizar lo prohibido y paralizar los escasos instrumentos legales de que disponemos. Lo dicho se constata sobre todo en el ámbito local y autonómico, donde el control es poco menos que una entelequia.
Así, la batalla por las medidas cautelares se convierte en una de las reducidas bazas que tenemos en la lucha por el Derecho, ya que gracias a la paralización de los proyectos es posible al menos en teoría detener por unos momentos al poderoso y evitar que se salga con la suya. De este modo, no nos encontraríamos con casos como el de la primera sentencia firme del Tribunal Supremo sobre caudales ambientales y concesiones de dominio público, aún sin ejecutar tras dictarse en 2005 en un litigio sobre unas presas hidroeléctricas del Parque Natural del Alto Tajo, pleito que se inició en 1989. Con mirada febril vemos que veinte años no es nada.
Junto a la parálisis de la actividad interventora y fiscalizadora, el control político del poder judicial o la denegación de la legitimación activa para acudir a los tribunales, una de las técnicas más efectivas de evitar la aplicación del Estado de Derecho se basa en exigirle al recurrente cantidades multimillonarias como fianza en caso de que el despropósito inicial llegue a recibir el beneplácito de los tribunales, a pesar de tal fianza no es obligatoria. Unos ejemplos ilustran lo que decimos.
El Auto de la Audiencia Nacional de 24 de enero de 1996 sobre la petición de paralización de las obras del embalse de Itoiz, máximo ejemplo contemporáneo junto con el pantano de Riaño de la formación del espíritu hidrológico nacional y del vandalismo institucional y empresarial. En este caso se solicitaron 144 millones de euros o 24.000 millones de pesetas, exactamente 24.071.597.590, que magnánimamente fueron reducidas por auto de 6 de marzo del mismo año a 12.951.211.411, unos 77 millones de euros, liquidez imposible ni para el más rico epulón. Aunque los tribunales le den a uno la razón, si se es un pobre lázaro no le ampara la Ley. Así ha ocurrido con la declarada ilegal conversión en autovía de la M-501, donde el mismo tribunal que declaró clandestina la obra exigió el año pasado para parar estas obras ilegales 497.367 euros a la asociación ambiental recurrente. El valor de las cosas es a veces muy difícil de determinar y se dice que sólo Dios lo sabe: como ha ocurrido hace poco, si un promotor de energía eólica solicita una fianza de 2,5 millones de euros, el interés público ante la presencia manifiesta de ilegalidad y de daños al ecosistema logra salomónicamente para la asociación recurrente una rebaja del cincuenta por ciento.
Los entresijos del poder conocen al dedillo esta técnica. Hace unos meses, la Administración General del Estado solicitó a quienes recurrieron las obras del puerto canario de Granadilla la nada despreciable cantidad de 31 millones de euros, a pesar de que los promotores no aportaron ni un informe científico que amparase la descatalogación de especies protegidas que se encuentran en ese tramo del litoral. Afortunadamente, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias rechazó en marzo tal pretensión y ha accedido a paralizar las obras sin que se preste fianza, basándose en la producción de un daño inminente, cierto e irreversible. En otros muchos casos, al poderoso no le tiembla la mano al hacer caso omiso de las órdenes de paralización dictadas sin solución de continuidad por los jueces, lo que por ejemplo ocurre muy a menudo con la minería, graveras y canteras, cuya extendida clandestinidad y perversos resultados sobre el territorio son conocidos.
La situación podría mejorar si el procedimiento contencioso-administrativo se basara en la oralidad y en la inmediatez, cambiando con coraje judicial el orden de prioridad, con la práctica de las vistillas y favoreciendo con idéntico coraje la adopción de las medidas cautelares inaudita parte. De este modo, tampoco se causarían perjuicios al promotor que respeta la Ley, pues la paralización sería muy breve. En cuanto a la fianza, la ponderación de intereses ha de tener en cuenta la defensa de valores legítimos por entidades sin ánimo de lucro y magras en dineros frente a los actos con patentes muestras de ser nulos de pleno derecho, dictados en ejecución de disposiciones nulas y bajo la contumaz resistencia de una cautiva Administración Pública, donde la fianza no tiene razón de ser al conculcarse la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia garantizados por la Constitución y el Convenio de Aarhus. De esta manera ha ocurrido felizmente con la reciente paralización sin caución de un proyecto ya iniciado de 7.500 casas y tres campos de golf, sin concesión de aguas, situado en un pinar de alto valor ecológico de un pueblo abulense de 150 habitantes que se abastece con camiones cisterna.
Al final, el caos territorial español podría reconducirse si antes de que se sentenciara la ilegalidad de una obra en un plazo razonable de tiempo, se emplease cautelarmente la fuerza pública en el precintado de las obras y maquinaria, y el infractor contara con la total certeza de que habría de llevar a cabo y asegurar previo embargo la eliminación de lo construido.
*Profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Extremadura
* ABC- Opinión - 24.08.09
