Sanxenxo gasta 900.000 euros en pleitos desde 2006

ELPAÍS/Pontevedra* : El desparramado crecimiento urbanístico de Sanxenxo ha dado pie en los últimos años a que al Ayuntamiento del turístico municipio pontevedrés haya tenido que destinar una buena parte de sus fondos a afrontar gastos judiciales. Entre 2006 y 2009 las facturas municipales por pleitos y asesorías jurídicas alcanzaron los 900.000 euros, de los cuales más de la tercera parte corresponden a los gastos generados por la Xerencia de Urbanismo. Tan frenética actividad en los juzgados ha supuesto una constante fuente de ingresos para los despachos con los que habitualmente colabora el Gobierno local, según datos de la intervención municipal. Entre ellos, destaca el bufete de José Luis Narbón, ex director general de Urbanismo entre 1990 y 1997 a las órdenes de José Cuiña, a la sazón conselleiro de Ordenación do Territorio. Narbón, que ha vuelto a tener un papel destacado en el diseño de los planes urbanísticos del Gobierno autónomo tras la vuelta del PP al poder en 2009, cobró unos 345.000 euros entre los pagos que recibió a su nombre y los que registró a través de su bufete, Urbagalex.

Desde el Ayuntamiento de Sanxenxo, un portavoz asegura que la hinchazón en las facturas es consecuencia directa de los pleitos suscitados a raíz de la aprobación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de la villa en 2003. Entonces aún era alcalde el constructor Telmo Martín, que se prepara ahora para su segundo asalto electoral al Gobierno de la capital provincial.

En los años a que se refieren los informes, los gastos municipales aumentaron progresivamente. En 2006 fueron 131.000 euros que subieron ligeramente al año siguiente hasta los 176.000, para dispararse en 2008 a los 327.000. El año pasado la factura se redujo un tanto, pero se mantuvo, con 267.000, por encima de los dos primeros.

Narbón se distinguió, durante la etapa del bipartito, por defender promociones inmobiliarias en A Guarda y Oia, siempre contra el criterio de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística. Tras la llegada de Agustín Hernández a la Consellería de Territorio, el departamento le encargó, en cambio, un "estudio sobre el panorama del derecho urbanístico español" por el que recibirá 67.000 euros que la Xunta enmarca en los "trabajos previos" a la redacción de una nueva ley gallega del suelo.

Los pagos del Ayuntamiento a Narbón, a título personal o a través de su empresa, arrojan una media de 86.500 euros al año entre 2006 y 2009. Se trata de una cantidad muy similar a la que recibirá este año -84.600- a raíz de un convenio firmado el pasado marzo por la alcaldesa, Catalina Gómez, según el cual el abogado se compromete a ejercer las labores de asistencia jurídica, emisión de dictámenes y asesoría general.

Desde el Gobierno local aseguran, por otra parte, que Narbón fue contratado en 2007 por un periodo de tres años como asesor, un compromiso que se ratificó de nuevo este año. Este acuerdo, se limita a un sueldo mensual de 700 euros en su primera redacción y de 1.000 tras su renovación. Todos los demás abonos, insisten, son resultado de los pleitos que Narbón le llevó al Ayuntamiento.




* El País - 20.12.10
Foto: Sanxenxo (Pontevedra), zona nueva urbanización - farodevigo.es

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Recetas para habitar el mundo

LAVERDAD/Murcia* : ¿Qué podemos hacer los ciudadanos para hacer frente a la situación crítica actual y contribuir a que se fortalezca el movimiento que propone que otro mundo es posible sin hacer una revolución? Intelectuales y activistas sociales que acaban de pasar por el Foro de la Mundialización, que patrocina la Fundación Cajamurcia y coordina el profesor Francisco Jarauta, plantean una serie de propuestas que responden a esta pregunta. Las ideas de François Houtart, prestigioso sociólogo y economista y uno de los fundadores del Foro Mundial Social de Porto Alegre; el filósofo y catedrático de la Universidad de Murcia, Francisco Jarauta; el ex director de Greenpeace España y promotor de la plataforma política Equo, Juan López de Uralde; y los participantes en el Centro Social Autogestionado de La Tabacalera de Madrid, Ana Sánchez y Daniel Jiménez, sirven para elaborar este recetario para habitar el mundo del siglo XXI. Un mundo que vive azotado por multitud de crisis (económica y financiera, social, alimentaria, energética, ecológica, de valores), que han puesto en jaque el Estado de Bienestar, así como los beneficios sociales de los ciudadanos en Occidente (fruto de las medidas tomadas por los gobiernos para atajar la crisis económica y empujadas por el poder financiero) y que atacan los modelos diferentes que subsisten en el resto del planeta.

Lo primero es tomar conciencia de que estamos en un modelo que no se puede reproducir de esta manera por mucho tiempo y que debemos estar preocupados por ver cómo construir otro. Eso es un problema político, de dar el voto cuando hay elecciones, de tener una conciencia social, política, información..., que evidentemente no es fácil.
Es la primera receta para habitar el mundo. Aprenderás más, reflexionarás más, tendrás más fuerza para actuar. Somos animales sociales y necesitamos lo social para desarrollarnos. A través de la cooperación y el apoyo mutuo mediante organizaciones de consumidores, ampas, sindicatos, redes vecinales o cualquier organización con una función clara y no adoctrinadora, se combate el aislamiento, porque aislados somos más débiles y juntos resistimos mejor. En sociedades tan individualizadas como las actuales, los pequeños grupos pueden hacer mucho. La gente es más poderosa de lo que cree y puede utilizar ese poder de manera creativa. También es necesario organizarse a nivel político.
Hay varios lugares donde se puede llevar a cabo la promoción de acciones. Se puede actuar sobre el clima recuperando la agricultura orgánica como he visto en China o Cuba, donde se desarrolla una agricultura urbana, apunta Houtart. El respeto de la naturaleza, si tenemos esta conciencia, nos puede llevar a muchas prácticas cotidianas y concretas: ahorrar la energía y exigir un consumo más respetuoso con la naturaleza. También participar en movimientos de defensa de la naturaleza, contra la privatización de los recursos naturales como el agua, contra las multinacionales que monopolizan las semillas... Hay un montón de cosas en relación con la naturaleza que son de un alcance posible para la gente, pero a condición de ser consciente. Defender la agricultura campesina, más eficaz que el monocultivo del modelo occidental que destruye los suelos, las aguas y provoca desiertos. Usar la bicicleta como medio de transporte por las ciudades, una alternativa que se está mostrando como muy importante en Europa y está generando una gran movilización.
Utilizar, si uno tiene ahorros, un banco ético, que cuida sus inversiones apoyando propuestas encaminadas a la sostenibilidad, el apoyo a los derechos humanos, la lucha contar la pobreza... «Ésta es una alternativa muy relevante porque en este momento vemos que el dinero decide hacia dónde van las prioridades y si van hacia una situación de impulso a proyectos sostenibles, estamos mejorando la situación», puntualiza López de Uralde. Participar en iniciativas de economía social como el comercio justo. Integrarse en cooperativas de consumo, que acercan a productor y consumidor y que pueden dar mucho impulso a la agricultura ecológica, además están generando un mercado más justo y de productos ecológicos. «Con tu compra puedes hacer mucho daño», advierten Ana Sánchez y Daniel Jiménez, participantes en el Centro Social Autogestionado de La Tabacalera de Madrid. Otro de los consejos en materia económica es no hipotecarse. Hay que pensar a largo plazo porque hipotecarte te sitúa en una situación de debilidad futura muy fuerte. Esto ha sido una trampa que ha conseguido tener a la gente más tranquila, porque es más difícil soportar un conflicto laboral si no se tiene capacidad de acción.
El consumo está destrozando el planeta, y más este consumo de todo a cien, con productos muy baratos y de muy mala calidad, que duran muy poco y tienen un impacto brutal. Para ello es necesario el incremento del reciclaje y dar el mayor uso posible a los productos mediante la organización de una red de mercadillos de trueque o fomentando los bancos de tiempo. Vivimos en una sociedad que socializa a través del consumo y sería fundamental, aunque muy difícil, un cambio psicológico que lleve a la gente a sentirse bien con lo que tiene y con cómo es para que no responda a los impulsos publicitarios. Es muy difícil, porque hasta el urbanismo de las ciudades está pensado para consumir; las calles no son más que zonas de tránsito entre negocios y comercios. No comprar productos que hayan hecho miles de kilómetros para llegar al consumidor y con muchos daños a la naturaleza.
Impulsar un nuevo acuerdo verde que potencie los sectores de las energías renovables, de la agricultura ecológica, de la rehabilitación de edificios para que sean más eficientes energéticamente y las políticas de reciclaje y compostaje que van a generar más empleo y nos van a ayudar de la crisis ecológica en la que también estamos. Hay que recuperar aquello de trabajar menos para trabajar todos, porque el actual modelo económico no tiene capacidad para hacer frente a toda la demanda de empleo que hay. Eliminar los paraísos fiscales, recuperar las tasas a los intercambios financieros internacionales e incrementar los controles al mundo financiero para que los gobiernos recuperen el control de la situación y dejen de estar en manos de los bancos e instituciones financieras. Promover un modelo energético basado al 100% en las energías renovables (agua, viento y sol). «La Tierra recibe 15.000 veces más energía del Sol de la que consume la Humanidad y tenemos que aprender a aprovechar ese potencial de manera más eficiente», matiza López de Uralde. Impulsar las formas multilaterales de gestión de problemas a través de una reforma de la ONU de la gobernanza mundial y promover medidas de lucha contra la pobreza y el hambre.



* La Verdad - 20.12.10

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Castellón.- El 'caso Fabra' cumple siete años sin haber podido cerrar la investigación

ELPAÍS* : El 18 de diciembre de 2003, el empresario Vicente Vilar presentó una denuncia contra el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, al que acusó de cobrarle "cantidades millonarias" a cambio de favores políticos. La "trama" consistía en mediar ante los ministerios de Agricultura y Sanidad para tratar de agilizar la obtención de autorizaciones para fabricar productos fitosanitarios (pesticidas y herbicidas). Luego, Fabra cobraba por estas gestiones, según dijo Vilar entonces y ahora aseguran tanto la fiscalía como la acusación popular, representada por la UCE. Fue el inicio del llamado caso Fabra. Desde entonces han pasado siete años, pero el procedimiento aún no está resuelto y, de hecho, aún se mantiene viva una parte de la investigación. Fabra está imputado desde entonces y sobre él persiste tanto la presunción de inocencia como la sospecha de que podría ser autor de varios delitos, por los que la Fiscalía Anticorrupción le pide hasta 15 años de cárcel. Tráfico de influencias, cohecho y cinco fraudes fiscales son las acusaciones de las que debería responder, según el fiscal.

La investigación y posterior acusación por los delitos fiscales se amplió ante la sospecha de que Fabra podría haber ocultado al fisco las ganancias obtenidas de forma ilícita.

De momento, la fase inicial del procedimiento, la de la instrucción, se demorará, al menos, dos meses más, que es el tiempo que el juez ha otorgado a los peritos para que cotejen, por si hubiera que rectificar alguna cosa, el informe que tardaron cinco años en elaborar con la documentación aportada por el propio Fabra este mes. Según los peritos, Fabra y su entonces esposa, María Amparo Fernández, ingresaron en sus cuentas, de forma muy fragmentada e incluso con varias operaciones en un mismo día, un total de 3,6 millones de euros de los que no está justificado el origen y que derivó en una defraudación a las arcas públicas de 1,7 millones de euros. El presidente de la Diputación alega que el dinero procede de movimientos entre cuentas.

La denuncia inicial de Vicente Vilar ha derivado en una voluminosa y compleja instrucción, que ha tenido como escenario principal el juzgado número 1 de Nules, por el que, en este tiempo, han pasado siete jueces que, en una medida u otra, han participado en las diligencias.En 2008, el presidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial, Carlos Fabra, desveló que no se presentaría a ninguna elección más, cuando ya llevaba 13 años al frente de la institución provincial. En octubre de 2009 corroboró esta decisión y aseguró que no se presentaría al próximo proceso electoral, que se celebrará en mayo de 2010, cuando culminará cuatro legislaturas al frente de la misma institución. Todo hace prever que, para entonces, el procedimiento en el que se le acusa de tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal, aún no esté resuelto, con lo que Fabra abandonará la vida pública (aunque no el partido) sin tener una decisión firme y judicial sobre sus imputaciones. En cualquier caso, él ya se ha mostrado "absuelto por las urnas", tal como dijo tras la abultada ventaja obtenida respecto al resto de partidos en las últimas elecciones municipales.

"No se puede pretender que en la fase de instrucción se practiquen diligencias de prueba indefinidas al objeto de acreditar plenamente, aunque sea de forma provisional, los hechos objeto de imputación (...), solamente deben practicarse las necesarias". El actual titular del juzgado número 1 de Nules, Jacobo Pin, trató de cerrar la fase de la investigación en mayo pero se topó con la decisión de la Audiencia de Castellón de seguir dando plazos y autorizaciones para la práctica de pruebas.

Al margen del estudio de la documentación que acaba de aportar Fabra al juzgado para tratar de rebatir las conclusiones de los peritos, que destaparon la comisión de cinco presuntos delitos fiscales, el proceso se encuentra actualmente pendiente de la resolución de un recurso en el que el presidente de la Diputación reclama el archivo de la imputación por cuatro de los cinco delitos fiscales al considerarlos prescritos.

En su argumentación, la defensa de Fabra mantiene que la imputación por estos delitos no fue formal hasta el pasado mes de mayo, después de que los peritos presentaran el informe que destapaba los presuntos fraudes a la Hacienda Pública. La defensa también alega que hasta hace siete meses no hubo denuncia alguna, al margen de la presentada por la Agencia Tributaria, por el ejercicio de 1999. De aceptar alguna de estas tesis, los delitos estarían prescritos porque habrían pasado los cinco años de plazo desde el momento en el que se cometieron los hechos.

Sin embargo, la investigación de las cuentas y patrimonio de Fabra, desplegada para los años comprendidos entre 1999 y 2004, fue ordenada por la misma Audiencia que ahora debate la prescripción y, según algunas tesis, el inicio del procedimiento en su contra, paraliza el plazo de prescripción. En esta misma línea se podría estimar que la denuncia de la Agencia Tributaria por el ejercicio de 1999 dio lugar a la apertura de este nuevo procedimiento que, además, no se fijó en años anteriores, precisamente, porque estarían prescritos incluso en aquel momento, en 2005, cuando comenzó la investigación fiscal.

Aún en el caso de que la Audiencia declarara estos delitos como prescritos, quedaría por resolver el fraude de 1999 y las acusaciones de tráfico de influencias y cohecho.

El hecho de que, definitivamente, sea un tribunal técnico y no un jurado popular quien juzgue a Fabra, en el caso de que llegue a sentarse en el banquillo, retrasa más las resoluciones puesto que, una vez acabada la fase de instrucción, el juez debería decretar un auto de procedimiento abreviado, tras el que podría venir el de apertura de juicio oral, que son recurribles. Además, los casos que son vistos por tribunales técnicos siempre se señalan con un plazo de tiempo mucho mayor que los que han de resolverse con un jurado popular.
Las fechas del proceso

- Diciembre de 2003. Vicente Vilar se querella contra Carlos Fabra y le acusa de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos.

- Junio de 2005. La Agencia Tributaria presenta una denuncia contra Fabra por un presunto delito fiscal cometido en 1999. En junio, la justicia decide investigar las cuentas y el patrimonio de toda la familia Fabra.

- Mayo de 2010. Los peritos judiciales detectan 3,6 millones de euros sin justificar y un fraude fiscal de 1,7 millones de euros.

- Junio de 2010. El juez imputa a Fabra los presuntos delitos de "tráfico de influencias, cohecho y cinco fraudes fiscales" y trata de dar por terminadas las diligencias pero la Audiencia da plazo para nuevas diligencias




* El País - 18.12.10
Foto: Castellón, presidente Diputación C.Fabra - elpais.com

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Vuelve la expectación mediática con la reanudación del juicio del 'caso Malaya'

ELMUNDO/Marbella* : El juicio por el 'caso Malaya', la operación contra la mayor trama de corrupción conocida en un ayuntamiento en la historia de España, se reanuda hoy con la declaración del ex comisario de Policía Florencio San Agapito. El procesado está acusado de los delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública por los que se enfrenta a nueve años de cárcel y será interrogado por la 'Operación Cruceros Banús', dentro del bloque de blanqueo de capitales. Florencio San Agapito estuvo destinado a finales de la década de los ochenta en el Ministerio del Interior como director del gabinete de Administración, Documentación e Informática de la Secretaría de Estado para la Seguridad, y a finales de los años noventa fue director de Seguridad de Tabacalera.

Pendientes de Roca

Tras finalizar su declaración se continuará con la comparecencia del ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella Juan Antonio Roca, que se enfrenta a una petición fiscal de treinta años de cárcel, 44 años de inhabilitación y 810,78 millones de euros de multa.

Esta semana vuelve una gran expectación mediática debido a la declaración de Roca, por si acusa a alguien con nombre y apellidos, y si desvela los entresijos de la moción de censura que desbancó a Julián Muñoz de la alcaldía de Marbella el 13 de agosto de 2003, entre otras cuestiones.

El ex asesor puede sorprender con su declaración, pues él mismo ya advirtió en 2008 ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que diría la verdad "con todo lo que ello comporta" en las causas judiciales que tenía pendientes en los siguientes años, entre ellas Malaya.

Su cambio de estrategia personal de defensa puede deberse, según fuentes cercanas a su entorno, a un intento de favorecer a familiares que también están sentados en el banquillo de los acusados.

Dichos cambios no siempre han sido apoyados por sus abogados, los que en ocasiones se han llegado a oponer a ellos, como en el "caso Urquía", contra la actuación del juez de Marbella Francisco Javier de Urquía.
El único procesado que sigue encarcelado

El ex asesor de Urbanismo será conducido hasta la Ciudad de la Justicia por las fuerzas de seguridad, y es el único de los procesados que continúa encarcelado, aunque no por el 'caso Malaya', por el que ya cumplió cuatro años en prisión preventiva, sino por el 'caso Saqueo', en relación con el desvío de cerca de 24 millones de euros del Ayuntamiento de Marbella entre 1991 y 1995.

El fiscal destaca la posición de "dominio" que Roca ejerció sobre la Corporación de Marbella, con la que comenzó a estar vinculado en 1992 mediante una relación laboral con ciertas sociedades municipales, y que acrecentó hasta que fue nombrado asesor personal de la entonces alcaldesa, Marisol Yagüe, en agosto de 2003.

Al presunto cerebro de la trama se le acusa de blanqueo de capitales en el ámbito de una organización, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, ambos como inductor, así como de fraude y cohecho pasivo como acto injusto.

Entre los 95 imputados en este proceso hay ex alcaldes y concejales, abogados y empresarios que han estado vinculados a los sectores de la construcción, los toros o el fútbol.

El 'caso Malaya', cuya investigación judicial arrancó a finales de 2005, tuvo como consecuencia una medida inédita en la historia democrática: la disolución del Ayuntamiento de Marbella en abril de 2006 y la constitución de una comisión gestora hasta las elecciones de 2007.




* El Mundo - EFE - 20.12.10
Foto: Marbella, puerto Banús - diariosur.es

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Santa Cruz.- Los críticos con el PGO convocan a la ciudadanía a manifestarse

ELDÍA/Tenerife* : El portavoz de la Plataforma No a este PGO, el abogado Felipe Campos, presentó ayer en rueda de prensa la convocatoria para la manifestación que tendrá lugar el próximo martes día 21 a las diez de la mañana, hora de comienzo del pleno en el que previsiblemente el equipo de gobierno que forman CC, PP y CCN aprobará el nuevo documento del Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz. Campos reconoció que, gracias a las denuncias de la Plataforma, el nuevo documento no contendrá muchas de las ilegalidades que sí tenía el anterior texto. Sin embargo, sí hizo un llamamiento "de emergencia" para que la ciudadanía muestre su descontento por "el nuevo intento del ayuntamiento de aprobar un PGO que sigue dejando fuera de ordenación a más de 100.000 personas con una actitud intolerable".

El letrado subrayó que los ciudadanos "deben reaccionar de forma contundente porque no vamos a tolerar que sigan actuando al margen de la ley y expoliando a los ciudadanos". Asimismo, también criticó la actitud del secretario de la corporación, Luis Prieto, quien el año pasado informó favorablemente un documento que "ahora se ha visto que estaba plagado de ilegalidades", expuso Campos al hacer referencia a los 187 reparos planteados por la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Medio Ambiente.

El grupo de gobierno municipal, según explicó Campos, se ha esforzado por aprobar el PGO por el trámite de urgencia, "cuando en un asunto de este tipo no existe urgencia posible". "No habría problema si el PGO se hubiese tratado dentro de tres meses, con lo que la urgencia no se explica", asegura Campos. La Plataforma atisba la posibilidad de que "detrás de estas prisas en aprobar el PGO pudiera estar la financiación oscura de la próxima campaña electoral", según apuntó José Antonio Ramos, miembro de la citada Plataforma.

El abogado dijo que, desde su punto de vista, el Consejo Rector celebrado el pasado miércoles es nulo de pleno derecho, ya que no concurre la urgencia esgrimida para su convocatoria, que fue realizada con menos de 24 horas de antelación y para el cual no se presentó la documentación del PGO, por lo que la oposición no pudo debatir los aspectos del documento.

Consejo Rector impugnado.- El portavoz de Ciudadanos de Santa Cruz, Guillermo Guigou, también anunció ayer que su grupo sigue adelante con la impugnación del acuerdo del Consejo Rector de Urbanismo celebrado este miércoles. Así, ya se ha redactado el pertinente recurso, quedando pendiente tan sólo de recibir el acta de dicho Consejo para anexarla al mismo. Por otro lado, reconoció el "profundo disgusto" existente en el seno de su formación política por las "actitudes antidemocráticas" del grupo de gobierno.

Los grupos ya tienen el PGO.- En torno a las 14:00 horas de la tarde de ayer se remitió a los grupos políticos del ayuntamiento la copia digital del documento ya revisado. La oposición tendrá poco más de tres días para analizarlo.

Soriano no calla.- El concejal del PP, Alfonso Soriano, considera "indigna" la orden interna enviada a los ediles populares para que no intervengan en el debate sobre el PGO. "No soy un mequetrefe para que se pueda jugar conmigo".




* El Día - 18.12.10
Foto: Santa Cruz de Tenerife, ayuntamiento - skyscrapercity.com

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Cerdanyola levantará 4.000 pisos junto a un vertedero de residuos peligrosos

ELPAÍS/Barcelona* : Un gran descampado con arbustos y matojos. Este es el aspecto que ofrece hoy el antiguo vertedero de Can Planes, que ocupa el equivalente a 18 campos de fútbol y tiene basura enterrada hasta una profundidad similar a un bloque de cuatro pisos. El municipio al que pertenece, Cerdanyola del Vallès, tenía planes brillantes para estas tierras: acogerían un potente complejo tecnológico y empresarial, Sincotrón incluido, todo ello financiado con las plusvalías de la construcción de miles de viviendas. Pero la realidad, en forma de herencia de décadas de desarrollo industrial sin control ni cuidado por el medioambiente, choca con varias parcelas incluidas en el proyecto. El suelo de Can Planes es venenoso e incluso tiene "riesgo de explosividad" en algunos puntos por las emanaciones de gases como el metano procedentes del medio millón de toneladas de residuos químicos peligrosos enterrados, según un estudio que la Generalitat encargó a la consultora medioambiental IDOM.

El Gobierno catalán y el Ayuntamiento de Cerdanyola (gobernado por PSC y CiU) pretenden construir en él 4.000 viviendas. En un principio querían levantarlas sobre el mismo vertedero, pero el demoledor informe medioambiental les ha obligado a hacerlo en su perímetro, dejando en la zona central -la zona cero de la contaminación- un gran parque con una chimenea que evacue los gases peligrosos; y medidas de contención para evitar daños a vecinos y trabajadores de la zona, que deberá someterse a controles exhaustivos durante 30 años.

Pero estas medidas son insuficientes para muchos vecinos, que agrupados en asociaciones como Plataforma por una Cerdanyola sin Vertederos y Via Verda. El PP y ERC también se oponen a construir nada hasta que no se limpie el vertedero.

El concurso para recuperar la zona salió a concurso el pasado mes de octubre. El PP afirma que el cambio de Gobierno en la Generalitat ha congelado el proyecto. Miquel Bonilla, director general de Incasol, lo niega. La zona, dice, acoge un proyecto estratégico de unas 340 hectáreas, buena parte de él ya se ha llevado a cabo y se están realizando los ajustes necesarios.Laura Martínez, edil de Urbanismo, dice que el plan está en procedimiento ejecutivo. "Se están haciendo unos cambios y, en principio, los llevaremos al pleno del 23 de diciembre para aprobarlos", defiende. El proyecto elegido, señala el Incasol, es el mejor.

La existencia de todo tipo de residuos en Can Planes era conocida desde hace mucho tiempo por las administraciones públicas. Lo que ha sorprendido ha sido la gran extensión del vertedero -18 hectáreas y hasta 40 metros de profundidad- y la peligrosidad de los materiales -metales pesados, hidrocarburos, emanaciones de gases, sales de aluminio...-. Todo ello ha sido conocido por un estudio encargado a la consultora IDOM, que además de describir la situación de la zona ha propuesto cinco formas de hacerle frente, que van desde dejar las cosas como están y no hacer nada a retirar más de 2,5 millones de metros cúbicos de tierra contaminada para su tratamiento en plantas especializadas.

La solución elegida implica la construcción de barreras subterráneas que rodeen los residuos y trasladar las zonas urbanizables al perímetro del vertedero. En el centro, bajo un parque, los residuos seguirán macerando y una chimenea servirá de vía de escape para los gases tóxicos.

IDOM alertó que si se hubiera construido sobre el vertedero "se darían situaciones de riesgo no admisibles por inhalación de gases" y hasta "riesgos por explosividad" por la acumulación de gases.

Pese a quedar fuera del vertedero, las edificaciones que envuelvan Can Planes deberán seguir estrictas premisas para no resultar peligrosas, según el anteproyecto. Por ejemplo, las zonas deportivas que se planean para la zona sur (un área en la que no está previsto construir la barrera subterránea protectora), no pueden tener "ninguna estructura subterránea ni edificaciones", para evitar que los gases queden confinados.

En cuanto a los niveles de riesgo previsto para las zonas residenciales y de comercio, serán "admisibles" tras construir el muro subterráneo, siempre que no se construyan en ellos garajes o sótanos.



* El País - 19.12.10
Foto: Cerdanyola del Vallès (Barcelona), ayuntamiento - todopueblos

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F1.- Valencia se estrella

ELPERIÓDICO* : La Comunidad Valenciana busca desesperadamente un comprador para su Gran Premio de Europa de F-1. Ni siquiera el cambio de fechas --de agosto a junio-- ha servido para mejorar el hipotético rendimiento. La crisis en la construcción ha minado la idea de hacer rentable la carrera urbanizando el entorno del puerto. La Comunidad se gasta en cada GP alrededor de 30 millones de euros y el grifo no da para más tras ir al rescate de los 25 millones de deuda generados por Valmor, la empresa que, en teoría, iba a gestionar el evento de una forma privada. Durante la celebración de la última carrera en Valencia, el pasado 27 de junio, Francisco Camps rogó a Bernie Ecclestone que le liberara del contrato que ha firmado y que contempla aún dos años más. El propietario de los derechos se negó en redondo y recordó a Camps que ya había accedido a cambiar de fechas la carrera para intentar mejorar su rentabilidad. Ecclestone le vino a decir a Camps que buscase a alguien que organizase la segunda carrera española que, además, se hiciera cargo de su canon.

Ese canon (los derechos por organizar la carrera) es de 18 millones de euros por temporada, a lo que hay que sumar todo el gasto de montaje del circuito y su organización. Todo lo paga el anfitrión, que no tiene derecho ni a la publicidad estática ni a los derechos de televisión. Nada que no sea el ingreso por taquilla y, por supuesto, no a todas las localidades, pues Ecclestone se reserva para él la venta del lujoso paddock club, cada una de cuyas entradas cuesta 4.000 euros.

Los ingresos por taquilla no llegan a los 10 millones de euros, y el gasto entre canon y organización pasa ampliamente de los 30 millones, algo insostenible. Durante la semana de El Pilar, Camps intentó traspasar la organización de la carrera a Alcañiz, que rechazó categóricamente esa posibilidad. Ahora negocia con Portimao (Portugal), pero Ecclestone ya ha advertido que no renunciará a un solo euro de los 18 millones anuales firmados. De momento, en el Mundial-2011 publicado por la FIA se mantiene el GP de Europa, pero aún se desconoce la sede.

EL INICIO / Todo el embrollo comenzó en los meses previos a las elecciones autonómicas del 2007, cuando Camps ideó otro de sus megaproyectos, inventándose un circuito urbano a lo Montecarlo. El presidente valenciano aseguró entonces que el GP «no le costará ni un euro a las arcas públicas» porque, según él, todo quedaba en manos privadas. Camps también dijo que reportaría millones de beneficio. Un dato sintomático del valor añadido que anunció Camps: el hotel Hilton, abierto por aquellas fechas, lleva ya cinco meses cerrado. Y es que, tal y como reconoció en su momento Maisa Lloret, diputada socialista en las Cortes Valencianas, «los gastos de la F-1 se han trasladado a la Generalitat bien a través del Circuito de Cheste, la Agencia Valenciana de Turismo o la Sociedad Proyectos Temáticos». El negocio, según ella, es muy curioso: «Los gastos los paga la Generalitat y los ingresos me los quedo yo».

CUENTAS OPACAS / Nadie sabe en Valencia cuánto cuesta la F-1 , que, en tres temporadas ha perdido casi la mitad de espectadores, pasando de los 112.000 del 2008 a los 75.000 del 2010. Se llevan invertidos en el trazado urbano 90 millones de euros y la perspectiva de recuperar ese dinero con la urbanización de la zona es remota. «Las cuentas de la Generalitat en materia deportiva y cultural -aseguraba recientemente Enric Morera, portavoz de Compromís- son una auténtica vergüenza y un insulto a los valencianos, ya que el canon de 18 millones que se paga a Ecclestone se ingresa, íntegro, en cuentas de paraísos fiscales británicos».




* El Periódico - 19.12.10
Foto: Valencia, obras circuito F1 (archivo) - levante-emv.com

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