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20minutos/Valencia* : "Los ciudadanos castigan a algunos alcaldes que proyectaban miles de viviendas en Alicante, pero los respaldan en Manises, Cullera, Riba-roja... y en Catarroja, un solo voto salva 11.500 pisos.
Una moneda al aire o un voto de diferencia en los comicios del pasado 27-M han puesto en juego planes urbanísticos con miles de viviendas en toda la Comunitat. La mayoría de localidades han dado su confianza a alcaldes que apuestan por grandes proyectos, aunque en Alicante ha habido cambios.
Una moneda de 20 céntimos resolvió el empate en Tormos (Alicante) a favor del PP, por lo que quintuplicará su actual población (300 habitantes) y urbanizará un millón de metros cuadrados.
En Catarroja, una papeleta ha dado la mayoría al pacto PP-UV. Este voto ha salvado el programa Nou Mil·leni, que afectará a 1,5 millones de metros y levantará 11.500 pisos.
En la provincia de Valencia, además, Manises, Cullera y Riba-roja han dado luz verde a más planes polémicos. El Gran Manises (50 torres, dos de ellas de 50 plantas y un total de 10.000 pisos) también ha recibido la aprobación en las urnas. El PP baja un concejal, pero conserva una cómoda mayoría absoluta. El Manhattan de Cullera, que prevé miles de apartamentos en 35 torres, saldrá adelante, pues los ciudadanos han reelegido por mayoría a Ernesto Sanjuán (PP).
Otro de los casos polémicos, la ciudad deportiva del Valencia CF en el paraje de Porxinos (Riba-roja), también tiene el apoyo de sus habitantes. Francisco Tarazona (PP), reforzado, lo sacará adelante.
En Alicante, repite el primer edil de Tibi (PSOE), que urbanizará un millón de metros con 1.300 bungalós. Sin embargo, han cambiado de signo La Vila Joiosa, donde el PP iba a hacer 35.000 casas, Aspe (ahora mandará el PP) y Xixona (PSOE). Estos últimos tumbarán los PAI anteriores, que suman 10.000 casas.
Con 89 escaños, el PP ganaba uno
Si Les Corts hubiesen mantenido los 89 diputados de la recién acabada legislatura en lugar de aumentarlos a 99, la victoria del PP no habría sido tan abrumadora, al menos en escaños. Con 99, el PP pasó de 48 a 54 diputados (6 más); el PSOE, de 35 a 38 (3 más), y Compromís ganó uno, de 6 a 7. Extrapolando el número de votos a una cámara con 89 escaños y según la Ley d’Hont, el resultado habría sido de 49 para el PP, 33 para el PSOE y 7 para Compromís. Es decir, que el PP ganaría sólo un diputado (dos más por Valencia y uno menos por Castellón), el PSOE perdería dos (ambos en Valencia) y Compromís ganaría uno, por Castellón.
* 20minutos - J. L. O./J. R./J. A. - 08.06.2007
Foto: Cullera (Valencia), terreno para urbanización con torres de 35 pisos /M.Bruque, EFE
Las urnas aprueban el ‘ladrillazo’
Sigue la lucha por el derecho a la vivienda
João Henrique Galvão* : "Los problemas para acceder al derecho básico a una vivienda digna, con un endeudamiento que puede alcanzar el 70% del salario en los sectores más jóvenes, fue la base de un importante movimiento surgido hace poco más de un año, en medio de la desmovilización general impuesta por una izquierda subordinada al gobierno Zapatero. Con el precio de la vivienda por las nubes (el último aumento, “moderado”, fue del 7,2%) y mientras el 55% de la población tiene dificultad para llegar a final del mes, el gobierno ZP presume de que el 2006 fue el mejor año económico de la “democracia”, mientras el movimiento por una vivienda digna sacó a la luz el debate sobre la situación de los hipotecados de por vida, de los jóvenes que no pueden emanciparse y de los inmigrantes hacinados en cuchitriles.
El boom especulativo toca a su fin
Sólo en el año 2006 se construyeron 830.000 viviendas, la mayor parte destinadas a la especulación. Los bancos, con un patrimonio inmobiliario equivalente a 14 veces las Islas Baleares, mantienen estrechas relaciones con las inmobiliarias y constructoras. El efecto dominó de abril con la devaluación de la inmobiliaria Astroc arrastró a otras inmobiliarias y a empresas como Telefónica, BBVA, Repsol e Iberdrola. Organismos como el FMI apuntan a un crecimiento futuro de la morosidad y comparan la evolución española con la de EEUU, donde prevén una situación de estancamiento. El escenario de recesión económica cobra así visos de realidad.
Los empresarios inmobiliarios esperan contar con la inestimable colaboración del gobierno para estabilizar el sector y garantizar que el sector inmobiliario siga siendo el “pilar de la economía” durante otros 10 años. Sin embargo, la previsión más razonable apunta a una disminución del ritmo de construcción, de modo que empezará a generarse desempleo masivo de obreros de la construcción, el cierre de gran número de empresas de sectores indirectos y un todavía mayor crecimiento de la precariedad.
Corrupción y demagogia
De este entramado de grandes negocios especulativos participan los partidos burgueses y socialdemócratas y las centrales sindicales, que los utilizan como una vía de financiación. El suelo, de recurso natural público pasa a convertirse en moneda de cambio a través de las recalificaciones, que son la base de los escándalos de corrupción que salpican a los ayuntamientos. La nueva Ley del Suelo de ZP entrega a la iniciativa privada los proyectos de urbanización. No por casualidad los principales asesores del Plan de Vivienda y de la Ley del Suelo son los mismos que asesoran a las grandes empresas inmobiliarias y constructoras. Así se entiende como el principal accionista de Astroc, Enrique Bañuelos, ha podido llegar a formar parte de la lista de las diez mayores fortunas del Estado Español, en contraste con el 45% de la población “mileurista” e hipotecada.
Sin duda alguna la falta de soluciones concretas para esta preocupación social fue uno de los factores determinantes del crecimiento de la abstención en las recientes elecciones, a pesar de los esfuerzos de todos los partidos institucionales (desde el PP o el PSOE hasta IU o ERC) por hacer creer lo contrario.
Intentando debilitar la lucha por la vivienda, la ministra Trujillo presentó la promesa de creación de 10.000 viviendas de 35 m2 para jóvenes universitarios. Esta cifra no supera el 2% de los universitarios que buscan pisos de alquiler. Esta medida de última hora, pensada para desactivar la presión que crecía en la calle en período electoral, evidencia la incapacidad del gobierno para impulsar políticas de vivienda pública y de alquiler. Sólo con el presupuesto de este año destinado a la vivienda se podrían construir 150.000 viviendas públicas en alquiler. Sin embargo, ese dinero se destina a apoyar la vivienda en propiedad.
Hay que continuar fortaleciendo la lucha por el derecho a una vivienda digna
El “derecho universal a la vivienda”, reconocido en el artículo 47 de la constitución española, es papel mojado. La única vía capaz de solucionar el problema de la vivienda es invertir radicalmente la lógica actual de promoción de viviendas para la venta, impulsando la vivienda pública en alquiler con precios que no superen el 20% del salario medio. Por el contrario, lo que vemos desde el gobierno ZP y su Plan de Vivienda es el refuerzo de la política de incentivo a la falsa propiedad a través de las Viviendas de Protección Oficial, mientras se favorece y desarrolla una política de viviendas de alquiler residual y cara.
Ante este panorama hay que seguir movilizándose. Las organizaciones de la clase trabajadora deben encabezar esta lucha estableciendo un puente entre la clase trabajadora y el combativo movimiento juvenil por una vivienda digna que, con sus manifestaciones y sentadas, viene demostrando su capacidad para enfrentar al gobierno, denunciando su política en relación a este derecho básico.
* Rebelión - A Luchar por el Socialismo - 08-06-2007
Calp vuelve a dar licencia de obra a un edificio en zona de protección
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N.GÓMEZ.- El País* : "El Ayuntamiento de Calp, presidido por Javier Morató, del PP, ha vuelto a conceder licencia de obra a un edificio cuya piscina, incluida en el proyecto, se sitúa en la zona de protección del dominio público marítimo terrestre. La historia se repite y es la segunda vez, en escasos dos meses, que el gobierno municipal otorga un permiso para edificar en zona protegida, ya que, con el consentimiento de la Consejería de Infraestructuras, el Ayuntamiento autorizó un hotel de 24 pisos de altura a seis metros del mar, lo que ha provocado que el Gobierno emprenda acciones judiciales para paralizar la edificación.
El Ministerio de Medio Ambiente considera esta obra ilegal e insta al Consell a que revoque la licencia inicial de obra para evitar consolidar esta irregularidad.
En esta segunda ocasión, la empresa Calport Marbella, SA, ha obtenido licencia del consistorio calpino para construir un edificio de 17 pisos de altura y piscina, ubicado a pie del paseo marítimo, a 10 metros del mar. El Ayuntamiento, además, tiene que hacer frente a contencioso en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana al haber sido denunciado por permitir un edificio de 20 plantas, promovido por esta empresa, Calport Marbella S. A., junto a los restos arqueológicos de los Baños de la Reina, en la misma zona donde va a levantar esta nueva construcción que se ha autorizado.
Pese a que en el acta del pleno en el que se otorgó la licencia a la promotora, el consistorio reconoce que la piscina se encuentra en zona de protección, el Ayuntamiento otorga la licencia instando a la mercantil que solicite autorización a la Consejería para la ubicación de la piscina, permiso que debe ser previo, según el PGOU. Mientras tanto, la promotora está publicitando a la venta su residencial, conocido como Edificio Bauprés, incluyendo la piscina.
Modificación PGOU
Las modificaciones realizadas por el grupo del PP en Calp en el PGOU, han permitido que varios promotores puedan levantar desproporcionadas edificaciones en las playas del municipio, al no obligar a retranqueos por estar en primera línea, desprotegiendo el litoral. Además de permitir que se pueda edificar en parcelas de 500 metros cuadrados, cuando antes se exigía un mínimo de 1000 metros cuadrados para levantar edificio en una parcela, como es el caso de esta construcción.
Este tipo de abusos urbanísticos, promovidos por el grupo popular, han favorecido que se urbanice en primerísima línea de playa o junto a restos arqueológicos protegidos, facilitando a los promotores a través del PGOU, ya que cumplen todos los requisitos legales, llegar incluso a proyectar una piscina en zona protegida, obteniendo el correspondiente visto bueno del Ayuntamiento.
* ELPAIS.com - Xàbia - 08/06/2007
Foto: Calpe (Alicante) /mma.es
La Audiencia apunta a que al menos un querellado por La Zerrichera se lucró con las «importantísimas plusvalías»
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R.F./M.B.- La Verdad* : «No se puede descartar una actuación concertada», recoge la resolución.
La investigación judicial sobre el caso Zerrichera seguirá adelante. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Murcia ha rechazado el recurso planteado por cinco altos cargos de la Administración Regional, el alcalde en funciones de Águilas y un ex concejal, que habían reclamado el archivo de la querella presentada por la Fiscalía del TSJ contra todos ellos.
La citada querella, admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia, imputa la comisión de delitos de prevaricación, falsedad en documento público, negociaciones prohibidas a los funcionarios, tráfico de influencias y cohecho a Encarnación Muñoz, que fue directora general de Medio Natural; Antonio Alvarado Pérez, director general de Calidad Ambiental; Manuel Alfonso Guerrero Zamora, director general de la Vivienda, Arquitectura y Urbanismo; José María Ródenas Cañada, subdirector general de Vivienda; Juan Ignacio Sánchez Gelabert, jefe de servicio de Calidad Ambiental; Juan Ramírez Soto, alcalde de Águilas; y José López Díaz, ex concejal del PP.
En el auto dictado por la Sección Primera de la Audiencia, integrada por los magistrados Andrés Pacheco, Francisco Carrillo y Álvaro Castaño, se rechazan todos los argumentos de los querellados, que habían alegado que la querella del fiscal jefe se había presentado fuera de plazo, que no se individualizaban los cargos para cada uno de los imputados y que los hechos relatados no están tipificados como delito, entre otras cuestiones.
Argumentos rechazados
Por lo que se refiere a la denuncia de que la querella estaba fuera de plazo, la Audiencia niega que sea así, ya que se presentó al día siguiente del día tope y ello, sostiene, es legalmente válido. Además señala que, aún en el caso de que realmente se hubiese presentado fuera de plazo, los hechos serían investigables de oficio por el juzgado.
Pero el párrafo más interesante de la resolución es el que se refiere a si los hechos relatados por el fiscal López Bernal pueden ser incluidos en la categoría de delitos. «No es éste el momento de entrar a examinar tales cuestiones, pues lo único que debe tenerse en cuenta es que la querella, en su conjunto, lo que viene a relatar es una actuación concertada de diversas personas, todas ellas con cargos de relevancia en las administraciones local y autonómica, para conseguir el cambio de calificación urbanística de determinados terrenos (los de la finca La Zerrichera), pasando de tener la consideración de no urbanizables a permitir la construcción de una gran urbanización con campo de golf, generando unas importantísimas plusvalías, de las que, al menos, se beneficia uno de los querellados».
Y todo ello, añade, «pese a tener la finca determinadas condiciones medioambientales que le reconocen especial protección, habiendo informes de técnicos y autoridades de la Administración que han mostrado la imposibilidad de tal cambio, pese a lo cual, en un expediente salpicado de irregularidades, se ha llegado finalmente a permitir dicho cambio».
Y concluye: «La mera lectura de la querella evidencia que el Ministerio fiscal atribuye a los distintos partícipes hechos que son susceptibles de encajar en tipos penales como los referidos, no pudiendo, en principio, descartarse que el cambio de calificación urbanística responda a una actuación concertada para conseguir alterar la protección de esos terrenos y conseguir determinados beneficios económicos».
* La Verdad - MURCIA - 7 de junio de 2007
Foto: La Zerrichera (Águilas - Murcia) /laverdad.es
Revalorización social de la corrupción
Manuel Marrero Morales* : "La población está saliendo aún del aturdimiento producido por la campaña electoral y su posterior resaca. La contaminación acústica ha sido excesiva, el cruce de improperios y descalificaciones se ha generalizado, convirtiéndose para algunos en el motivo central de su propio discurso. Programas vacíos de contenidos, sustituídos por declaraciones altisonantes, difamaciones y puesta en tela de juicio de las personas, ya que las ideas han estado prácticamente ausentes del debate electoral. Por todas partes, la imagen de cartón piedra de los candidatos, la frase del publicitario, que ha convertido a la política en un objeto de compra-venta, el intento denodado por convencernos de que hay que depositar una confianza ciega en sus personas, sin proponernos ideas, ni programas, ni alternativas para el cambio social. Sólo por ser ellos, que además ya se han convertido en unos profesionales de vivir de la cosa pública.
Se han acostumbrado a vendernos humo, a comerciar con los elementos identitarios de una sociedad, a disparar con pólvora ajena, a dirigirse a todos nosotros cada cuatro años, en una ceremonia de la confusión, para luego gobernar sólo para unos cuantos, que son los que les financian las costosísimas campañas, porque a cambio están seguros de que recibirán muchas prebendas: recalificaciones de terrenos, concesiones de obras, permisos vergonzantes, facilidades múltiples, adjudicaciones millonarias, favorecimiento de sus negocios privados (en sanidad, por ejemplo) en detrimento del servicio público. La acaparación de medios de comunicación es uno de sus exponentes de poder. Así se silencia y se amordaza la libertad de expresión y se aminora, llegando incluso a ignorarse, toda contestación social.
Esos mismos padrinos están fabricando en estas islas una especie de cosa nostra aliada estrechamente con algunos de los que se han presentado bajo el santo y seña de hecho en Canarias y con confianza en el futuro, cuyos primeros exponentes de presuntas corrupciones habían comenzado a aparecer en los casos de Telde, Mogán, Eolo, Marina deportiva, Fórum Filatélico, Las Teresitas... con encarcelados, imputados, y pendientes de juicios por delitos varios contra los intereses públicos.
Sin embargo, a la vista de los resultados electorales, parece que han desgastado más a algunos partidos sus propias disensiones internas que las imputaciones judiciales. La corrupción ha pasado a ser un valor añadido para muchos individuos que se presentan a los cargos públicos. De un político que no sea un chorizo parece que hay que empezar a dudar, porque es tonto. Esta sociedad está dando un salto cualitativo, que está comenzando a vaciar de contenido una de las esencias de la democracia: la del servicio público, la de la gestión transparente en beneficio de la mayoría. El reconocimiento a través del voto a algunos de los próceres imputados en diversas instituciones de estas islas ha venido a significar un espaldarazo a su manera de actuar, a una forma de gobernar en beneficio propio y de su círculo de influencia, en detrimento del conjunto de la ciudadanía. Nunca el panem et circenses había quedado tan patente en estos treinta años de democracia.
Definitivamente, podemos afirmar -y los resultados electorales así lo confirman- que estamos asistiendo a la revalorización social de la corrupción.
Por tanto, como sigo convencido de que importantes sectores de la sociedad o se han inhibido o han apoyado a los presuntos perdedores o han votado por prometidos cambios, y de que todos los descontentos juntos somos muchos, somos una inmensa mayoría, y que muchas veces hemos estado en las calles codo a codo, y lo vamos a seguir estando, y , además, vamos a seguir vigilando y denunciando los atropellos al paisaje y al paisanaje; por todos estos motivos, sigo esperanzado en que los corredores de fondo, al final, ganaremos esta partida. Como afirmaba el pedagogo brasileño Freire, sin esperanza no podemos ni siquiera empezar procesos transformadores, pero sin procesos la esperanza se corrompe y se convierte en trágica desesperación, y desesperanza es lo mismo que quietud, inmovilismo, mantener el statu quo. El proceso requiere reflexión crítica acerca de los contextos concretos, de los momentos, de los desafíos y de las dificultades que deben superarse. No podemos desertar, hay que seguir, erre que erre, trabajando unidos por la transformación social.
* Canarias7 - Las Palmas de Gran Canaria - 05/06/2007
