ELCORREOWEB* : Los vecinos de la casa palacio del Pumarejo, un edificio protegido del siglo XVIII enclavado en la plaza homónima y propiedad del Ayuntamiento de Sevilla, se han concentrado hoy en Plaza Nueva una manifestación con parada en la Consejería de Cultura y hasta el Pumarejo --donde se celebrará una fiesta vecinal--, dentro del primer acto del calendario de movilizaciones efectuado para que la corporación local, titular del edificio, asuma "de una vez" la reparación de éste.
Uno de los portavoces de la Plataforma por la Casa del Pumarejo, José Pedrinazzi, ya explicó a Europa Press que el último punto de conflicto ha derivado de la remisión por parte de la Gerencia de Urbanismo de una factura de la empresa metropolitana de aguas (Emasesa) por valor de casi 7.000 euros.
Ello se explica en que cuando se produjo el acuerdo entre propietarios, el antiguo administrador "se desentendió de la gestión del edificio, por lo que los vecinos nos vimos abocados a asumir la responsabilidad de la comunidad". "Los residentes hacen hasta donde pueden, por lo que acabamos pidiendo responsabilidades al Ayuntamiento en 2008 y dejamos de pagar en consenso con ellos; al parecer, el Consistorio asumió la responsabilidad hasta que la semana pasada nos remitieron una factura del total acumulado de agua", expuso.
Según Pedrinazzi, el Consistorio "está actuando como un promotor privado, un 'asustaviejas', y lo que debe hacer es dividir y mandar recibos con las partes proporcionales, porque lo que también debe quedar claro es que nosotros no estamos en contra de pagar facturas que son nuestras".
Todo ello se une al hecho de que ni desde Urbanismo ni desde Alcaldía han querido recibir al colectivo, a pesar de que éstos ya lo han solicitado varias veces por registro oficial, para debatir la propuesta ya entregada en 2006 al Ayuntamiento, un documento que abogaba por preservar el uso residencial y social en la entreplanta y la primera planta de la casa palacio, entregando la planta baja a organizaciones culturales, vecinales y sociales para acoger "múltiples usos" artesanales o asociativos.
FUERTES FILTRACIONES DE AGUA
Por último, los vecinos lamentan que el temporal de lluvias ha propiciado obras de urgencia como consecuencia de las fuertes filtraciones de agua sufridas en las últimas semanas durante el temporal de viento y precipitaciones que ha castigado a la ciudad, siendo una de las zonas más perjudicadas una en la que el Ayuntamiento intervino con la sustitución de la cubierta en 2008, en la esquina que da a la calle Fray Diego de Cádiz.
"Han dejado zonas en las que, si llueve, se cuela el agua y se crearán averías, y los puntales sólo arreglan la situación en un momento dado", concluyó el portavoz de la Plataforma por la Casa del Pumarejo, cuyo 50 por ciento fue recientemente adquirido a la sociedad 'Quo Hoteles Integrados' y que espera aún el proyecto de restauración integral que resuelva definitivamente su futuro.
El palacio del Pumarejo, inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz y de 1.892,35 metros cuadrados de planta, cuenta con 19 viviendas de las que ocho están actualmente ocupadas en régimen de alquiler. Igualmente, posee 17 locales comerciales de los que diez funcionan como negocios tradicionales del barrio del Pumarejo.
* El Correoweb.es - 13.02.10
Foto: Los vecinos en la manifestación. - Javier Díaz, elcorreoweb.es
Sevilla: Vecinos del Pumarejo se manifiestan hoy para pedir al Ayuntamiento que arregle "de una vez" la casa palacio
Lentitud judicial, dejación política y falta de fondos frenan los derribos
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LAVOZDEGALICIA* : Los propios jueces del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia se han preguntado por qué hay tantas órdenes de derribo que se demoran años y años sin que lleguen a ejecutarse. La respuesta a dicha inquietud, expresada entre ellos informalmente, se explica, según señala el juez decano de una de las capitales gallegas, por la falta de interés de los ayuntamientos implicados. Las indemnizaciones millonarias que suelen conllevar las demoliciones de edificaciones con licencia municipal concedida hace que los alcaldes se pasen la pelota de una corporación a la siguiente.
Pero los jueces apuntan otra opción, la del bajo grado de petición de ejecución de sentencias por parte de quienes promueven pleitos y buscan una posible negociación legal en la que hacer de solucionador de entuertos.
Jesús Lorenzo Cuervo, abogado vigués con más de veinte demoliciones ganadas, no lo ve así. «Se tarda en conseguir la demolición porque los jueces no toman las medidas que deberían para que se cumplan sus sentencias», asegura tajantemente. Para el abogado, los magistrados podrían fijar en sus fallos firmes un plazo a los ayuntamientos para realojar, indemnizar y derribar. «Podría ser de tres años o más, en función de las posibilidades financieras de cada ayuntamiento considerado responsable, y después, si no se cumple, juicio por desacato, inhabilitación o cárcel, solo así las órdenes de derribo serán tomadas en serio», añade.
Demora judicial
La lentitud de la Justicia es señalada por Lorenzo Cuervo como otra causa de dicha proliferación de casos. «Tuve uno en el que un alcalde hizo oídos sordos a una sentencia y cuando lo amenazaron con una multa gorda se puso el proceso en marcha, aunque al final fue el demandante el que se ofreció a pagar el derribo para que se cumpliese la sentencia», recuerda.
La inseguridad jurídica en la que se sustentan muchos planes y normas urbanísticas municipales es para el aparejador y promotor de decenas de denuncias Eduardo Canabal el origen del conflicto generado por sentencias que evidencian la falta de tino de los ayuntamientos a la hora de otorgar licencias.
Pero Canabal va más allá. «En todos los casos en los que he actuado la Justicia falló inicialmente contra construcciones que todavía se estaban ejecutando y a pesar de ello los ayuntamientos no advirtieron a los promotores, con lo que se convierten en cómplices en lugar de emitir un oficio con el que los concellos habrían dejado toda la responsabilidad legal a los constructores». ¿Y por qué se produce esa dejación? El aparejador vigués es claro en su respuesta: «Hay dinero por detrás, es la única explicación», añade para argumentar el «ti vai facendo que xa se arreglará», con el que se suele echar tierra sobre los fallos judiciales.
-¿Pero también aseguran que los denunciantes como usted solo buscan dinero?
-«Hay intentos de extorsión para retirar las denuncias, pero para retirarlas hay que llegar a un acuerdo, firmar un buen convenio y si la Justicia no lo ve te puede condenar a costas y abrir un proceso que te puede llevar a la cárcel. Yo no he aceptado ni un duro nunca y ahí están todas mis denuncias ganadas en fase de ejecución de sentencia, eso lo dice todo», concluye.
* La Voz de Galicia - 12.02.10
Foto: URBANIZACIÓN LODEIRO, VIVEIRO. En noviembre del 2004, el Tribunal Superior ordenó sin éxito el derribo de un edificio de cien viviendas que incumplía las normas subsidiarias - lavozdegalicia.es
Marbella: Las promotoras adeudan a las comunidades de vecinos casi diez millones de euros
SUR/Málaga* : Las arcas de muchos bloques de pisos de Marbella se están convirtiendo en las principales víctimas de la crisis. No ya sólo por culpa del vecino que deja de pagar la cuota de la comunidad principalmente por las dificultades económicas que eventualmente pueda afrontar, sino también de la promotora, que se desentiende de esta obligación ante el stock de viviendas sin vender.
La deuda de estas empresas con las comunidades de propietarios del término municipal casi alcanza a día de hoy los diez millones de euros, según datos del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga. Y lo peor de todo, asumen las fuentes consultadas, es que se trata de una deuda que no para de crecer.
Así, no sólo los inquilinos están en el punto de mira de los administradores de finca. También las promotoras, que ante la falta de compradores no tuvieron más remedio que quedarse con la vivienda y, por tanto, incluirse en la comunidad de vecinos. Un problema que se agrava en Marbella no sólo por la crisis económica generalizada sino también por la singular situación urbanística que sufrió la ciudad hasta la reciente aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
Se da además la circunstancia de que muchas de estas promotoras están en concurso de acreedores. «Es un verdadero problema», reconoce Juan Ruiz, miembro de la junta directiva del Colegio de Administradores de Fincas para Marbella y San Pedro Alcántara. Al final son los inquilinos quienes tienen que hacerse cargo de esa deuda de la promotora incrementando su cuota hasta doblarla no sin antes reducir al mínimo los gastos de las zonas comunes de la urbanización.
Plataformas
Así es como han comenzado a surgir plataformas vecinales afectadas por el impago de las promotoras que no dudan en presentarse en los tribunales para denunciarlas. El problema aquí es que, una vez en los juzgados, el proceso se eterniza y, por tanto, la solución no es ni mucho menos de un día para otro. El resultado es que el resto de propietarios del edificio no tiene más remedio que asumir una parte de la cuota que la promotora dejó de pagar. Todo esto agravado además por los costes que supone abrir la vía judicial, que también recaen en los vecinos.
Esas mismas estadísticas del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga recogen que dos de cada diez inquilinos deben dinero a su vecindario y acumulan facturas de varios meses después de haber intentado primeramente sin éxito fraccionar el pago. «Sí que notamos que hay voluntad de pago, pero las familias no pueden porque los ingresos que tienen no son suficientes», asegura Ruiz. Como en el caso de las promotoras, hay una diferencia de Marbella respecto al resto de la provincia: el peso de la comunidad extranjera. De esas dos personas de media de cada diez que están dejando de pagar la comunidad, una es de fuera.
'Se vende'
Se trata de foráneos que no residen aquí y que la vivienda que compraron en su día atraídos por el boom inmobiliario está ahora en venta por problemas de liquidez. Puesto el cartel de 'Se vende', lo primero que hicieron fue dejar de pagar la cuota de la comunidad. «En Marbella se dan muchos más casos de extranjeros que de españoles», revela Ruiz, quien recuerda además que estas personas extranjeras son cada vez más difíciles de localizar para ponerles al corriente de la problemática que han creado en la comunidad si es que la desconocen.
Pedro Escalante, responsable de Administraciones Escalante, asume que en cualquier caso en esto del impago del recibo de la comunidad también hay diferencias entre las comunidades en función del presupuesto que manejen. Así, en un edificio con un presupuesto entre los 80.000 y cien mil euros, la deuda media anual de los recibos que tienen pendientes de pago los vecinos morosos asciende incluso a los 3.000 euros. Lógicamente son los edificios más humildes los que se llevan la peor parte y traen más de cabeza a los administradores, que tienen que poner todo de su parte para tapar los muchos agujeros financieros que surgen en la comunidad de propietarios. «Claro que es también un momento difícil para la profesión, pero es lo que toca; aunque debo decir que casi siempre los vecinos están por la labor de pagar», declara Escalante.
Otro administrador consultado, Jesús Martín, de Administraciones Jesús Martín, reitera que cuando el agobio económico hace presencia en algún piso del bloque, la primera víctima es la cuota de la comunidad. Una regla por así decirlo que no falla, aseguran los expertos consultados. El resultado es que cada vez resulta más difícil que las arcas municipales cumplan con el requisito legal de dejar un cinco por ciento del presupuesto como fondo de reserva.
* SUR - 13.02.10
Foto: Los campos de golf de Marberlla están rodeados de urbanizaciones con pisos sin vender. :: JOSELE-LANZA, diariosur.es
Los pueblos nucleares confirman el trato del ATC
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PÚBLICO* : Pese a que el Gobierno lo niega, la Asociación de Municipios en Áreas Nucleares (AMAC) ha confirmado que llegó a un "trato" con el Ministerio de Industria para que presentara candidatos Yebra (Guadalajara) y Ascó (Tarragona) a albergar el almacén centralizado de residuos atómicos (ATC), como se reflejaba en un documento interno desvelado ayer por Público.
A cambio, el departamento de Miguel Sebastián se comprometió a aumentar la cantidad de dinero que reciben, hasta 8,25 millones de euros más cada año, a través de una nueva orden ministerial. La suma saldría de las tasas pagadas por las eléctricas y sería distribuida a todos los pueblos nucleares por la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa).
"O sacaban la orden o no había candidatos", explica el gerente de la asociación, Mariano Vila dAbadal. Según su versión, los alcaldes de la AMAC echaron un "órdago" al Ministerio en julio de 2009 al anunciar que no presentarían candidatos. El mensaje fue: "Si no jugáis al desarrollo económico en las zonas nucleares, nosotros pasamos de vosotros y del ATC". Inquietos por la posibilidad de que ningún pueblo de España solicitara el almacén, los negociadores de Industria accedieron y prometieron a los municipios nucleares aumentar sus ingresos hasta 8,25 millones de euros al año. La mayor parte de esta partida, 7,55 millones de euros, servirá para cofinanciar proyectos de desarrollo local para combatir el monocultivo nuclear.
A juicio de Vila dAbadal, el interés del Ministerio por los candidatos de la AMAC se debe a que "si no hubieran salido, posiblemente no habría otros candidatos". "¿Y si no se hubiese presentado nadie? Hubieran quedado como tontos", opina. Tras el paso al frente de Yebra y Ascó, impulsados por el nuevo compromiso económico del Gobierno con todas las áreas atómicas, otros 12 pueblos sin tradición nuclear pujaron para llevarse el ATC.
"Intuición personal"
La Junta de Castilla y León hizo ayer una valoración mucho más crítica del trato entre Industria y la AMAC. El pasado 31 de enero, el presidente autonómico, Juan Vicente Herrera, del PP, aseguró que su "intuición personal" le decía que la "ceremonia de confusión" del proceso para elegir el emplazamiento escondía "un acuerdo teledirigido" para que el almacén se quedara en Ascó. Ayer, el portavoz del Ejecutivo autonómico, José Antonio de Santiago-Juárez, interpretó que el trato revelado por este diario "curiosamente tira por esta vía" al señalar que "el Ministerio de Industria tuvo contactos con algunos municipios y les primó con cierta financiación", según informa Efe.
El portavoz del Gobierno castellanoleonés también negó ayer que la Junta haya negociado con el Ministerio la instalación del vertedero atómico en Santervás de Campos, como contó el miércoles El Día de Valladolid. Santiago-Juárez pidió al Gobierno que se guíe "por criterios técnicos y el consenso" para seleccionar el emplazamiento, aunque inmediatamente aportó un criterio poco técnico. Si el Gobierno no anula el cierre decretado por Industria de la central nuclear de Santa María de Garoña para 2013, "que no cuenten" con la Junta para ubicar el ATC, espetó el portavoz conservador.
El escándalo por el trato entre Industria y la AMAC puede acabar con el ministro Sebastián dando explicaciones en el Congreso. El diputado y portavoz de Iniciativa per Catalunya Verds, Joan Herrera, solicitó ayer su comparecencia "para que explique si es cierta la información que hoy [por ayer] publica el diario Público, según la cual el Gobierno tuvo que poner dinero sobre la mesa para encontrar pueblos dispuestos a albergar el almacén temporal centralizado". El ecosocialista coincide con la sensación del presidente de la Junta de Castilla y León de que la elección del emplazamiento está teledirigida. "Creo que el proceso estaba apañado hacia Ascó y Yebra, pero se les ha torcido, porque se han encontrado con un sentimiento territorial en contra", apunta. La crítica de Herrera hacia la gestión del Gobierno en esta materia es corrosiva: "Para conseguir candidatos han comprado a la AMAC, esto no es un proceso de participación, sino de compra de voluntades". En su opinión, el acta de la asamblea de los pueblos nucleares del 11 de enero "es una perla".
El objetivo de ICV, socio de los socialistas en la Generalitat, es "paralizar este proceso chapucero, sin participación ni transparencia". El miércoles, Herrera solicitó al Congreso el contrato firmado con Francia para que las empresas de este país se ocuparan de los residuos procedentes del desmantelamiento del reactor de Vandellós 1, clausurado en 1989.
Sospechas confirmadas
El Gobierno esgrime este contrato que obliga a España a pagar unos 60.000 euros diarios de penalización si los desechos no vuelven antes del 31 de diciembre de 2010 para justificar la urgencia por construir el ATC. Sin embargo, Herrera cree que estos datos son "falsos" y quiere ver el contrato. Fuentes del propio Ministerio admiten que este pago es tan sólo una fianza, así que la mayor parte de este dinero regresaría a España junto con los residuos de Vandellós 1.
Las organizaciones antinucleares también reaccionaron ayer al arreglo entre Industria y la AMAC. "Las sospechas de que había algo más que buenas intenciones por parte de los alcaldes que han solicitado el ATC están perfectamente en consonancia con la reciente noticia" del trato, explicó ayer Ecologistas en Acción en un comunicado.
* Público - 12.02.10
Foto: La Junta de Castilla y León cree que el pacto demuestra que el proceso está amañado para que Ascó (en la imagen) se lleve el almacén de residuos atómicos. ALBERT GEA, publico.es
Irún: No a las 26 hectáreas urbanizables
DIARIOVASCO/Gipuzkoa*: La Plataforma para la Defensa del Valle de Olaberria, tras estudiar los criterios y objetivos del futuro Plan General de la ciudad en lo que afecta al corredor Olaberria-Ventas, ha concluído que la reserva de suelo urbanizable planteada es más de la necesaria para acoger los usos que en su día plantearon al Ayuntamiento.
A su juicio, 26 hectáreas, las que el Plan General no sectorizará pero sí considerará urbanizables, son demasiadas. «Somos conscientes», indican desde la plataforma, «de la contaminación de algunos suelos, pero ¿las 26 hectáreas están contaminadas o degradadas? Creemos que no», afirman. Por si acaso, piden al Ayuntamiento que, conforme a las leyes pertinentes, se inicie «un procedimiento de calidad del suelo» mediante una investigación «detallada».
Pero su principal oposición se refiere a la idea de recalificar en urbanizables «dos ámbitos discontinuos». Urune y Epele, contiguas, representan 11 de las hectáreas; Zamora, separada, es la zona que contiene las otras 15. Además de no considerar «necesaria su recalificación», la Plataforma augura «una situación sumamente peligrosa a futuro, rompiendo la armonía del valle».
Su temor se fundamenta en que todas las propuestas de actividad que ellos remitieron en su día al Ayuntamiento y que fueron analizadas en el seno del Consejo Asesor de Urbanismo (hípica, agroaldea, usos museísticos y monumentales, senderos, huertas de ocio, centro de desarrollo, escuela agroganadera, parque solar, actividades innovadoras del sector primario...) no requieren más de 11 hectáreas de suelo. Es decir, podrían entrar en los ámbitos de Urune y Epele. De las 26 degradas que contabiliza el PGOU cuatro se prevén destinar a zonas verdes, pero a pesar de eso, las cuentas de la Plataforma encuentran 11 hectáreas en Zamora, «110.000 metros cuadrados», que podrían destinarse a usos «no necesariamente ligados al mundo rural». Resumiendo, temen la posibilidad de «entre 30.000 y 66.000 metros cuadrados de techo edificado, pabellones o no se sabe qué».
Les parece «inaceptable» ese riesgo en el ámbito de Zamora, pensando además en otros problemas añadidos por la «vialidad, las canalizaciones, el aporte energético, los movimientos de tierras...».
En la parte positiva de lo consensuado en el Consejo Asesor, la Plataforma celebra la decisión de elaborar un Plan Especial de Protección Ambiental, con el que si están de acuerdo sus miembros y que animan a «desarrollar».
* Diario Vasco - 13.02.10
Foto: Riesgo innecesario. La Plataforma teme una edificabilidad excesiva en el suelo del valle. :: F. DE LA HERA, diariovasco.com
La juez de Mercasevilla ordena investigar al ex gerente de Urbanismo
ELPAÍS* : Giro inesperado en el caso Mercasevilla. La juez instructora, Mercedes Alaya, ha pedido a la policía que investigue al ex gerente de Urbanismo, Manuel Marchena, después de que el promotor de Larena98, Antonio Pardal, le acusara de ofrecerse para amañar varios concursos destinados a construir viviendas de protección oficial (VPO) en Sevilla.
Pardal asegura que recibió propuestas de concesiones ilegales por parte de Marchena, pero también de un director general de la Junta y un cargo de confianza del alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín.
El empresario realizó la grave acusación contra Marchena el pasado lunes ante la policía judicial: "A cambio de abandonar Mercasevilla (rescindir el contrato de superficie) me ofreció poder concursar en varios proyectos de VPO que me serían otorgados en su día".
El constructor poseía los derechos de suelo de la empresa municipal y pagaba una cuota de 59.000 euros al mes. Pero como dejó de abonar dicha cuota por los problemas que hacían inviable la parcela, tanto Mercasevilla como el Consistorio buscaban que renunciara a dichos derechos, tal y como finalmente hizo en favor de la constructora Sando.
El empresario acusó asimismo a Marchena de pedirle que patrocinase el club Patín Macarena de hockey sobre patines, a lo que accedió y aportó "cuatro o cinco millones de pesetas". "Esta propuesta me la realizó un tal Marín, político designado por el Ayuntamiento de Sevilla en el distrito Macarena", aclaró Pardal. Probablemente Pardal se refiera a José Marín, ex secretario del distrito Macarena.
Ante su previsible declaración en comisaría, Marchena defendió su actuación como gerente de Urbanismo: "Tengo la conciencia tranquila. Siempre me he conducido por la estricta observancia de la legalidad en la defensa de los proyectos de la ciudad". Marchena aclaró que de momento no ha recibido ninguna notificación de la policía ni de la juez, pero aseguró que acudirá a declarar si le llaman. "Me pongo a disposición de la policía judicial y de la juez para aclarar con toda diligencia cualquier detalle que se me solicite sobre esta cuestión".
El promotor acusó asimismo a un director general de la Junta residente en El Pedroso (Sevilla) de prometerle "la concesión de una estación para pasar la ITV de vehículos a cambio de seguir pagando el canon". Pardal afirmó ante la juez que recibió "todo tipo de presiones por parte del ex director de Mercasevilla, Fernando Mellet, principal imputado en la causa. Por último, el promotor acusó a la cúpula de Mercasevilla y otra persona joven "que decía ser la mano derecha del alcalde", de ofrecerle la concesión de todos los servicios de mantenimiento de las calles de Sevilla.
Además, el promotor relató que mantuvo cuatro reuniones con el alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, para tratar "las anomalías de Mercasevilla". Monteseirín le dijo que desconocía las irregularidades y le prometió que trataría el asunto con Marchena "para aclarar la situación".
Graves acusaciones
- El promotor Antonio Pardal ha acusado al ex gerente de Urbanismo de Sevilla Manuel Marchena de ofrecerse para amañar varios concursos de VPO a cambio de que mantuviera un canon a Mercasevilla.
- Tras la acusación, la juez ha ordenado a la policía judicial que investigue las ofertas ilegales que denuncia Pardal.
- Entre estos ofrecimientos, Pardal acusa a un director general de la Junta y a un joven "que decía ser la mano derecha del alcalde".
* ELPAIS.com - 13.02.10
Foto: Las instalaciones del Mercado central, en una imagen de archivo. - diariodesevilla.es
