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IDEAL/Granada* : El Juzgado de lo Penal número 1 de Granada ha condenado al autor de una infracción urbanística contra la que actuaba el Ayuntamiento de Loja por desobedecer la orden de paralización de unas obras que se ejecutaban en suelo no urbanizable y sin licencia. El Consistorio informó ayer de que, según expone en su fallo el juez, el condenado incurrió en un delito de desobediencia y en otro contra la ordenación del territorio.
El Juzgado ha condenado al infractor a doce meses de prisión, multa de doce meses con cuota de dos euros e inhabilitación para la construcción o promoción inmobiliaria durante seis meses por dos delitos; uno de desobediencia y otro contra la ordenación del territorio. Así, se ha conocido tras hacerse pública dicha sentencia histórica en el municipio en la que se condena al autor de una infracción urbanística contra la que venía actuando el Ayuntamiento desde el pasado 2004.
Además, el condenado deberá restituir en seis meses el movimiento de tierras ejecutado en su día así como derribar la vivienda y la piscina construida en la finca.
Suelo no urbano
Hasta en tres ocasiones el Ayuntamiento de Loja intentó sin éxito paralizar unas obras ilegales por cuanto se ejecutaban en suelo no urbano y que, como consecuencia, carecían de las preceptivas licencias urbanísticas. De esta forma, la sentencia da la razón al Ayuntamiento lojeño después de ordenar -a través de varios decretos infructuosos- la paralización inmediata de estas obras, que incluían la construcción de una casa y una piscina, e, incluso el precintado de las obras y la retirada de la maquinaria de construcción, decreto éste último de marzo de 2006 al que también hizo caso omiso el condenado, que prosiguió con la construcción en abril del mismo año.
No obstante, el Ayuntamiento de Loja actúa permanentemente contra las infracciones de este tipo, «por cuanto atentan a la legalidad urbanística y degradan los derechos y deberes que la amplía mayoría de los ciudadanos sí cumple en ésta como en otras muchas materias», ha manifestado el alcalde, Miguel Castellano.
Actualmente se instruyen judicialmente otros casos similares al ahora sentenciado y, además, los servicios policiales y urbanísticos municipales investigan hasta una docena más de posibles situaciones urbanísticas ilegales en el municipio.
* Ideal - 03.01.08 - YOLANDA AGUILERA
Foto: Loja (Granada) - molinolaratonera.com
Loja: Condenado a un año de cárcel por no parar una obra que hacía en suelo no urbanizable
El Estado recurre Gran Manises ante el TSJ al no acreditar la disponibilidad de agua
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LEVANTE/Valencia* : El abogado del Estado, en representación de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) contra el acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo que aprobó, el pasado 18 de abril, el macroproyecto urbanístico Gran Manises.
El Gobierno ha recurrido este Programa de Actuación Integrada (PAI), promovido por la empresa mixta Tarea participada por el Instituto Valenciano de la Vivienda y el constructor Enrique Ortiz, porque la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) no ha acreditado la disponibilidad de recursos hídricos suficientes para una nueva ciudad de 9.400 viviendas.
El representante del Ministerio de Medio Ambiente en la Comisión Territorial votó en contra de la propuesta de aprobación de Gran Manises porque faltaba el informe preceptivo de la CHJ sobre los recursos hídricos. La Confederación no tuvo tiempo de dictaminar si habrá agua porque la documentación le llegó 19 días antes de la celebración de la comisión informativa, aunque en marzo de 2006 la Confederación ya emitió un informe desfavorable al ayuntamiento cuyos pronunciamientos están «plenamente vigentes».
El Estado suplica a la sala del TSJ que decrete la suspensión del acuerdo que aprobó Gran Manises «al concurrir el informe desfavorable de la Confederación Hidrográfica del Júcar, ya que de este informe se desprende la falta de disponibilidad de agua, lo que hace imposible una ejecución del proyecto sin que se produzcan perjuicios irreversibles», pues el abogado del Estado advierte de la «imposibilidad de abastecimiento de agua de las personas que decidieran habitar las viviendas realizadas tras haberlas comprado de buena fe, lo que redundaría en un inadmisible perjuicio de terceros».
El contencioso presentado por el Estado argumenta que es la Confederación Hidrográfica la administración competente para determinar con un «informe preceptivo» la existencia de recursos hídricos, según el artículo 25.4 del Texto Refundido de la Ley de Aguas. La Generalitat Valenciana insiste en que la resolución del organismo no es vinculante y por eso aprobó el PAI con el informe de suficiencia de recursos hídricos elaborado por la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), que preside el alcalde de Manises, Enrique Crespo.
El Estado, sin embargo, expone que un informe de una entidad suministradora concesionaria -el Emshi- en ningún caso «puede sustituir la intervención de la CHJ», por lo que «el expediente urbanístico se ha tramitado con omisión de un trámite preceptivo».
* Levante-EMV - Cèsar Garcia, Manises - 03 de enero de 2008
Foto: Manises (Valencia), proyecto Gran Manises - lasprovincias.es
Valdemoro: Valderramata, nuevo sector urbanizable
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ECOLOGISTASENACCIÓN/Madrid* : Todos recordamos la famosa frase que se repite en el circo: “…y ahora el más difícil todavía”, pues esa frase se hace dura y triste realidad con demasiada frecuencia aquí en Valdemoro en asuntos medioambientales donde no se pueden hacer peor las cosas. Lo ultimo qué es: el ayuntamiento acaba de aprobar un nuevo (el enésimo) desarrollo urbanístico en el paraje de Valderremata (Al lado del cementerio nuevo).
Qué gravedad presenta esto, pues varias: la primera es que hay todavía “doce” desarrollos urbanísticos ya aprobados y solo pendientes de empezar a construir (aproximadamente 15.000 viviendas), están todavía intentando arrasar, perdón, urbanizar el Espartal con otras 6100 viviendas y demás “adornos”, pero la voracidad urbanizadora es tal que por sorpresa y sin estar incluido en el actual PGOU (de 2004) ya proceden a iniciar los tramites para este nuevo desarrollo arboricida; desde un punto de vista ecológico Valderremata es de un extraordinario valor ya que no podemos obviar que hay cerca de 6.000 olivos totalmente maduros que están abocados, si se lleva a cabo este desarrollo, a ser “transformados” según la terminología del Sr. Alcalde, según la nuestra y la de toda persona seria y sensata serán destruidos.
El plan general anterior, del año 1999, clasificaba estos terrenos como “reserva de protección paisajística”, y muy acertada fue la ubicación allí del cementerio nuevo, porque también es humana la muerte, y destinar un espacio valioso para su cobijo es algo que todas las culturas han procurado. Todos sabemos el símbolo de paz que para las culturas mediterráneas representa el olivo.
Los olivos y con ellos lo olivares también son un espacio lleno de vida, pues los olivares forman un hábitat altamente ecológico ya por la flora y fauna que permiten sostener como por el aporte de oxigeno que realizan a la atmósfera, no olvidemos las ventajas que estos olivares aportan al medioambiente ciudadano: son árboles ya maduros, extraordinariamente longevos, que nos han salido gratis, que requieren pocos cuidados, que necesitan muy poco agua y que forman parte de nuestra cultura, en suma buen negocio ambiental.
Talarlos para construir es muy mal negocio medioambiental, es muy buen negocio económico para quien o quienes sean los beneficiarios de ello (seguro que muy pocos y escogidas élites).
Por todo esto volvemos a recabar la ayuda de toda la ciudadanía para intentar parar esta tropelía arboricida, que por cierto no seria la primera ya que actualmente la están llevando a cabo en el Cerro del Castillo y en el Sector llamado Majuelo Norte (hechos ya denunciados por nosotros), vulnerando descaradamente la propia Ley del Arbolado Urbano de la CAM.
Otro urbanismo es y debe ser posible en Valdemoro
* Ecologistas en Acción de Valdemoro - 1ro de enero
Foto: Valdemoro, 25 de Marzo - Manifestación en defensa de El Espartal - ecologistasenaccion.org
Juicio oral contra el ex presidente de la Diputación de Segovia por malversación
ELPAÍS* : El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Segovia ha dictado un auto de apertura de juicio oral contra el ex presidente de la Diputación de Segovia y actual presidente de Caja Segovia, Atilano Soto Rábanos, del PP, acusado de tráfico de influencias y malversación de fondos en calidad de consejero delegado de Segovia 21. En esta sociedad participan la Diputación, Caja Segovia y la Cámara de Comercio.
La Diputación era propietaria de 116 hectáreas en la finca Quitapesares, en Palazuelos de Eresma -a ocho kilómetros de la ciudad, y cuyo consistorio está gobernado por Domingo Asenjo, de IU-, de las que 79 estaban catalogadas como monte de utilidad pública. En enero de 1999, a través de Segovia 21, esta corporación provincial promovió allí la construcción de un campo de golf de 18 hoyos, un parque empresarial, cerca de 300 viviendas y un centro hostelero y de congresos, de 150 habitaciones, que pertenecerá a la cadena NH.
Según el abogado que ejerce la acusación, Carlos Carrasco, una vez desprotegido el monte de utilidad pública y modificada la norma urbanística, la Diputación de Segovia fue cediendo suelo a la sociedad Segovia 21 a cambio de acciones, valorando el metro cuadrado muy por debajo del mercado, a 3,5 euros, por lo que dejó de ingresar en torno a 100 millones de euros.
Para el abogado, en torno al caso se encuentra una presunta financiación irregular de partidos como el PP e IU.
El encausado, Atilano Soto, de 71 años, considera que el hecho de que se abra juicio oral no lleva implícita una acusación y se encuentra esperanzado en que se pueda aclarar que la sociedad que representa ha actuado "de forma inmaculada y con transparencia", a la vez que confía en que el ministerio fiscal abogue por el sobreseimiento de la causa.
* ELPAIS.com - AURELIO MARTÍN - Segovia - 03/01/2008
Foto: Segovia, plaza Mayor - segoviayprovincia.com
El juez del 'caso Guateque' envía a prisión a otros cuatro funcionarios
MADRIDIARIO* : El juez Santiago Torres, que investiga el caso 'Guateque', ha enviado a prisión a cuatro de los cinco funcionarios detenidos en la segunda fase de la operación por presuntos delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias en base a su supuesta vinculación con el cobro de sobornos a cambio de la agilización de licencias, confirmaron este miércoles fuentes próximas a la investigación.
Los encarcelados en la operación iniciada el pasado 27 de diciembre son: Manuel Sánchez Romanillos (de la Junta de Distrito de Chamartín), Domingo Sánchez Bote (de la Junta de Salamanca), Miguel Ángel García Jodar (técnico de la Concejalía de Medio Ambiente) y Fernando Ruiz Torrejón (de la Gerencia de Urbanismo). Además, el juez ha dejado en libertad a Alfonso Clemente García, que trabajó en la Junta Municipal de Carabanchel.
El magistrado ordenó el ingreso en prisión de estas personas el pasado viernes tras tomarles declaración en las dependencias del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid. La Guardia Civil les detuvo el día 27 en la segunda fase del operativo, que resulta del análisis de la documentación intervenida en los primeros registros, así como de los datos recabados a raíz de las conversaciones telefónicas interceptadas por la Guardia Civil y por las declaraciones de los imputados ante el juez Torres.
Con estos encarcelados ya son nueve los imputados que cumplen prisión preventiva. En la primera fase, el juez envió a la cárcel a los considerados cabecillas de la trama: Victoriano Ceballos, el jefe de la División de Impacto y Análisis Ambiental del Consistorio, y Joaquín Fernández de Castro, jefe del Departamento de Evaluación Ambiental.
Asimismo, las fuentes consultadas indicaron que el juez instructor ha ordenado la busca y captura de los empresarios Julián López y Eduardo Agustinos, propietarios de la empresa Agustinos y Proyectos S.L. Estos imputados comparecieron ya ante el magistrado, pero les dejó en libertad.
En cuanto a los encarcelados en la primera fase, Carmen Eulalia Ibáñez, asesora técnica de Evaluación Ambiental, se encuentra ya en libertad tras hacer efectiva la fianza de 20.000 euros que le impuso Torres para eludir la prisión.
Por otro lado, el instructor de la causa tiene previsto ordenar a partir de este jueves tanto la detención de más de 20 funcionarios de distintas Juntas de Distrito y de la Gerencia de Urbanismo como la práctica de registros en sedes municipales, según fuentes próximas a la investigación.
De este modo, la Guardia Civil procederá al arresto de empleados municipales del Área de Urbanismo del Consistorio y de las Juntas de distrito de Ciudad Lineal, Chamartín y Carabanchel. Estas dos últimas fueron ya objeto el pasado jueves de registros efectuados por los agentes en la segunda fase de la operación, iniciada a raíz del análisis de la documentación requisada a mediados de noviembre.
* Madridiario - 02-01-2008 - MDO / EP
Foto: Madrid, gerencia urbanismo - EFE
La plataforma 'Abusos Urbanísticos No' alerta de una ralentización en la adquisión de casas
LASPROVINCIAS/Valencia* : Disminución de las compras de viviendas por parte de personas extranjeras y puesta en venta de las que ya tienen en la Comunitat. Es la situación que denuncian desde la plataforma Abusos Urbanísticos NO. Según el presidente de la asociación, Enrique Climent, las ventas de casas en la Comunitat por parte de personas residentes de fuera de España se han ralentizado debido a los abusos urbanísticos que constantemente se están produciendo, al desarrollo insostenible y a la inseguridad jurídica.
"Ahora se lo piensan dos veces porque de repente pueden encontrarse, por ejemplo, con que su casa no es legal y tiene una sentencia de demolición", explicó Climent.
En la misma línea comentó Charles Svoboda, vicepresidente de la asociación, la situación de la venta de viviendas en las Comunitat, que calificó de "horrible porque muchos quieren vender y nadie quiere comprar".
Para Svoboda hay muchos motivos que explican la frenada en las ventas como la subida de las hipotecas, los diferentes ciclos en las transacciones inmobiliarias y el menor precio de los billetes de avión que hace que la gente tenga la opción de poder viajar más y opte por no comprarse una segunda residencia en un mismo sitio al que acudir siempre.
Pero, para el vicepresidente, esta ralentización "está muy relacionada con la imagen de "corrupción y abusos en la construcción que en los periódicos de Inglaterra y Alemania se da sobre la Comunitat y el resto de España".
Y es que el presidente de Aun, criticó que, en su opinión, la Ley reguladora de actividad urbanística (LRAU) "es uno de los muchos males que la Comunitat Valenciana viene sufriendo por un desarrollo desenfrenado de la ley que es demasiado permisiva y que ha propiciado ese desarrollo insostenible que también se está dando en otros puntos de España" que ahora aleja a los compradores extranjeros.
Climent también alertó de que el proyecto de la nueva ley urbanística incide en los muchos errores de la anterior.
Se vende
Pero el efecto también es a la inversa. Desde Abusos Urbanísticos No explicaron que no sólo hay un retraimiento en la compra de viviendas por parte de los residentes en el extranjero sino que los que ya tienen una segunda residencia en la Comunitat, comienzan a querer venderla. "Llama la atención que muchos chalés cuyos dueños son personas extranjeras han colgado el cartel de 'se vende' en su puerta", aseguró Enrique Climent.
* Las Provincias - 02.01.08 - B. LL.
Foto: Obras en Alicante - lasprovincias.es
El Teatro Romano de Sagunto debe volver a ser ruina
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ELPAÍS/Valencia* : La polémica restauración del Teatro Romano de Sagunto se deberá derribar en el plazo de 18 meses. Una sentencia del Tribunal Supremo así lo ha dictaminado al desestimar el último recurso interpuesto por el Ayuntamiento de la población valenciana. El litigio ha durado 17 años. Se levantarán las placas de mármol que se superponen a la anterior piedra de las gradas y se demolerá el muro de cierre de la escena hasta una altura de 1,20 metros. Es decir, desaparecerá el escenario reconstruido y el teatro recuperará su aspecto ruinoso anterior a la intervención diseñada por los arquitectos Giorgio Grassi y Manuel Portaceli.
El Supremo confirma así la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) de 2003 y recoge que el Ayuntamiento y la Generalitat estuvieron de acuerdo en que las obras de reversibilidad son posibles, y por lo tanto, el fallo es ejecutable. La Generalitat debe ejecutar la sentencia, que acarreará un coste de millones de euros.
El TSJCV consideró ilegales las obras en función de la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985. Estimó que se trataba "de una reconstrucción sobre las ruinas auténticas". El teatro se construyó en el siglo I y sufrió múltiples modificaciones a lo largo de su historia.
Litigio iniciado por un ex diputado autonómico del PP
El abogado y ex diputado autonómico del PP Juan Marco Molines inició el litigio en 1993 contra la intervención decidida por la Generalitat, a la sazón gobernada por Joan Lerma, del PSPV-PSOE. Desde entonces, el teatro romano ha formado parte del debate político y arquitectónico. "Se acabó la posibilidad de recursos", ha declarado un satisfecho Marco Molines. El PP valenciano hizo bandera contra la intervención, si bien con los años la campaña fue perdiendo fuerza conforme la Generalitat, gobernada a partir de 1995 por los populares, dotaba de uso cultural al recinto. El teatro romano se convirtió en una patata caliente que se ha ido eternizando en recursos. El Supremo ha desechado ahora el argumento de que la reversión imposibilitaba "el uso cultural continuado" y ha echado por tierra la opinión extendida de que, guste o no, demoler el teatro ahora es un gasto innecesario.
El alcalde de Sagunto, Alfredo Castelló, del PP, señaló que "ahora simple y llanamente habrá que cumplir lo que dice la sentencia". La diputada socialista Ana Noguera ha preguntado al PP por qué considera inejecutable una sentencia que obligaba a derribar las nuevas gradas del estadio de Mestalla y, sin embargo, sí "quieren destrozar" el teatro romano.
* ELPAIS.com - Valencia - 02/01/2008
Foto: Imagen de archivo del Teatro Romano de Sagunto, cuya reforma deberá ser deshecha tras la sentencia del Supremo.- JESÚS CÍSCAR, elpais.com
