ELPAÍS* : Las naves ilegales que el constructor y joyero Rafael Gómez, alias Sandokán, levantó en Córdoba, bajo el gobierno de Rosa Aguilar, entonces alcaldesa, son una constante fuente de paradojas. Quien era regidora bajo las siglas de Izquierda Unida, vio cómo el TSJA dinamitaba el plan especial urbanístico que la propia empresa de Sandokán, Arenal 2000, había redactado para normalizar ese espacio (la carretera de Palma del Río) y legalizar la mayoría de las naves. El proyecto fue aprobado por el Ayuntamiento, con el apoyo de IU y PP. La Consejería de Obras Públicas, como el PSOE municipal, puso el grito en el cielo y recurrió. En 2008, los jueces les dieron la razón y rechazaron el plan, básicamente, por provenir de un particular.
Dos años después, las cosas han cambiado. Y de qué manera. La alcaldesa es ahora consejera de un gobierno del PSOE. Además, su cartera es precisamente Obras Públicas. Mientras, el Ayuntamiento de Córdoba ha vuelto a presentar un plan especial -redactado ya por sus técnicos- que, a falta de que sea aprobado definitivamente, incluiría otra vez la legalización de más de la mitad de las naves (sólo se derribarían el 37,5% de sus 40.000 metros cuadrados). En junio, se dijo que el documento de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) se había elaborado "de la mano" de la Junta, para evitar problemas. Así, la solución porcentual, en el caso de las naves de Sandokán, supondría un "ni para ti ni para mí". Es decir, ni el 50% de derribo que como mínimo se había venido planteando la Junta, ni el 25% que defendía el Ayuntamiento.
Pero a pesar de los buenos augurios, algo ha chirriado. La semana pasada, se conoció el informe que la delegación de Obras Públicas ha enviado al Consistorio. El documento es preceptivo pero no vinculante (no es de obligado cumplimiento) y en él se vuelven a criticar importantes puntos del plan especial de la GMU, como ya hizo con el primer plan rechazado por el TSJA. Uno de los puntos de fricción estriba en el tamaño de la superficie de la parcela de las naves de Sandokán. El informe critica fundamentalmente los usos de explotación y los porcentajes de ocupación que permite el plan del Ayuntamiento.
Y es que, las cosas han podido cambiar mucho en las altas esferas. Pero más abajo, no tanto. El actual delegado de Obras Públicas, Francisco García, ocupaba el mismo cargo en el anterior proceso que rechazó el primer plan especial. "Y él siempre ha sido muy coherente y consecuente con sus ideas", señalan fuentes de su partido, el PSOE. "Él es un técnico. Igual que quienes han redactado el informe. Y si ven que sigue habiendo deficiencias, lo dicen. No importa quién esté al frente de la Consejería", prosiguen. García es, además, un veterano socialista y responsable de la agrupación local en Córdoba.
A pesar de insistir en que no hay ningún problema en el seno del PSOE, las mismas voces reconocen lo kafkiano de la situación y lo complejo que es explicar políticamente el viraje dado. Porque todo el mundo tiene claro que, esta vez, la Junta no va a recurrir al Tribunal Superior la aprobación definitiva del plan, a pesar de seguir encontrando problemas de fondo. De hecho, la consejera Aguilar ya ha dado luz verde y ha pedido que el Ayuntamiento siga adelante. Mientras que el secretario provincial del PSOE y candidato a la alcaldía, Juan Pablo Durán, ha respaldado esta semana la solución municipal, subrayando que "es ejemplar". En una posición más incómoda queda ahora el PSOE municipal. Durante esta legislatura, Rafael Blanco, portavoz del partido en el Ayuntamiento, ha defendido la tradicional tesis de la Junta y del grupo municipal, que pedía mayor dureza con este caso.
Así pues, todo el mundo da por seguro que la Consejería de Obras Públicas no recurrirá por segunda vez. Pero parece que sí lo harán los particulares que pueden verse afectados por el Plan del Ayuntamiento, como han anunciado. Ya alegaron al anterior proyecto y algunos ya han dicho que repetirán. Y como argumentación para sostener sus recursos van a tener el informe crítico de Obras Públicas. De esta manera, el plan de la Carretera de Palma llegará a los tribunales (otra vez). Y en esta ocasión los magistrados tendrán que tratar el fondo del asunto y no, básicamente, si éste debía haber sido redactado por un particular o una administración, como ocurrió en el primer informe.
* El País - 20.09.10
Foto: Córdoba, panorámica naves Colecor - abc.es
Córdoba: El dilema de ser juez y parte
Gallardón deja de pagar la factura del alumbrado de la M-40
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ELPAÍS/Madrid* : Desde el pasado 1 de septiembre el Ayuntamiento no paga los gastos de alumbrado de la carretera M-40. La capital ha tomado la decisión de dejar de asumir el pago de competencias que no le corresponden y este es su primer paso. En una carta remitida el pasado 14 de julio al ministro de Fomento, José Blanco, la concejal de Obras Públicas, Paz González, justifica su decisión en que "los recursos municipales están extraordinariamente comprometidos" para cumplir con sus propias competencias, en la denegación, mediante decreto, de endeudarse en 2011 y en el "estrangulamiento" causado por la imposibilidad de refinanciar su deuda que ya asciende a 7.314 millones de euros.
Fomento, que no ha respondido a la misiva hasta dos meses después, advierte al Ayuntamiento de que la falta de iluminación de la M-40, "con intensidades de tráfico en algunos puntos superiores a los 100.000 vehículos al día", produciría "un importante menoscabo en las condiciones de seguridad vial". La misiva continúa e invita a un acuerdo conjunto entre ambas administraciones con "el tiempo necesario para adecuar, en su caso, las nuevas responsabilidades".
Eso sí "mientras no se produzcan nuevos acuerdos debe mantenerse la iluminación de la M-40 en las condiciones actuales", advierte el representante del Ministerio.Ante la amenaza del Ayuntamiento, un portavoz del Ministerio aclaró a este periódico que "los madrileños no tienen de qué preocuparse" porque, en caso de impago, Fomento adelantaría el importe correspondiente con tal de evitar que una de las principales circunvalaciones de la ciudad se quede a oscuras. "Estamos dispuestos a dialogar sobre cualquier asunto, incluido el de ceder la gestión de la M-40 al Ayuntamiento". Un extremo que la corporación municipal ni se plantea.
El acuerdo por el que el Ayuntamiento tiene que abonar el consumo, mantenimiento y conservación del alumbrado de la carretera, de titularidad estatal, se remonta a 1990, durante el breve periodo de gobierno de Agustín Rodríguez Sahagún (CDS). Sahagún desbancó a Juan Barranco, que fue el que firmó en 1986 el primer convenio sobre la M-40 por el que el Ayuntamiento se involucraba, junto al entonces Ministerio de Obras Públicas y la Comunidad de Madrid, en la construcción y financiación de la carretera.
Las arcas municipales asumen desde entonces los gastos derivados de la iluminación de todo el cinturón de 63 kilómetros, excepto del tramo correspondiente a Pozuelo y el del túnel del Pardo que sí asume el Ministerio.
Pero ahora corren otros tiempos y el gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón, ha decidido plantarse. La concejal justifica la rebelión en que esa "obligación carece de respaldo jurídico en el marco competencial vigente" y aprovecha en la carta para recordar al ministro que el Ayuntamiento paga incluso la iluminación de los "tramos ajenos al término municipal de Madrid", como es el caso de Leganés, Alcorcón o Pozuelo.
En un contexto de asfixia por la imposibilidad de refinanciar su deuda de 7.314 millones de euros y por el retraso en el pago a los proveedores -que en algunos casos supera los ocho meses- cualquier ajuste supone un respiro.
El ahorro de esta partida, según cálculos del Ayuntamiento, asciende a 1.338.960. Una cifra nada despreciable, teniendo en cuenta que la última medida de contención de gasto puesta en marcha por el Consistorio, el cierre de todas las dependencias municipales a las cinco de la tarde, supone un ahorro similar.
La factura por la iluminación de la M-40 se desglosa en dos conceptos: el recibo de la luz de las 5.737 farolas que se mantienen encendidas aproximadamente 11 horas al día que asciende a 880.000 euros anuales y los gastos de conservación y mantenimiento, que suponen otros 458.960 euros.
"Entendemos que el Gobierno ha tomado la decisión de asfixiar a Madrid y entonces Madrid decide asumir sólo los gastos correspondientes a nuestras competencias", declaran fuentes municipales. "No es justo cargar a los madrileños con gastos en infraestructuras que son competencia del Gobierno. Que cada uno pague lo suyo", reivindica la misma fuente.
Y como advierten desde el Ayuntamiento, esto es solo el principio. La intención es empezar a soltar lastre y liberarse de todos aquellos gastos que, según la Ley de Bases de Régimen Local, corresponden a competencias impropias. Es decir, los servicios que asumen los ayuntamientos, pero que competerían a las Comunidades Autónomas o al Estado.
La capital destina 1.187 millones de euros -casi una cuarta parte de su presupuesto- al pago de estos servicios. Y ante las escasas vías de financiación con las que cuenta la capital, las diferentes áreas de gobierno ya están revisando todos los convenios con otras administraciones para empezar a rescindir aquellos cuyo incumplimiento no afecte directamente al ciudadano. Esto es el mantenimiento de las 32 escuelas infantiles de titularidad municipal por el que se pagan 64 millones de euros, las ambulancias del Samur y los servicios de atención sanitaria que suponen otros 48,37 millones, la ayuda a la dependencia, la seguridad o el fomento del empleo.
El siguiente paso será suspender las subvenciones del próximo año a la Casa Asia (807.500 euros), a la Casa Sefarad-Israel (450.000 euros) y a la Casa Árabe (500.000), dependientes del Ministerio de Exteriores. El Ayuntamiento está estudiando esta posibilidad y aunque no la ha comunicado oficialmente, ya ha informado verbalmente a los responsables de los centros. El ahorro en este caso asciende a 1.757.000 euros.
"El argumento es el mismo que con la M-40. Mientras el Estado vaya cortando todas las vías de financiación y limitando la refinanciación de la deuda, nosotros iremos dejando de sufragar los gastos de mantenimiento de las Casas", explican fuentes municipales.
"En muchas ocasiones se han cedido edificios para instituciones del Estado, pero ahora no quieren reconocer ese esfuerzo fiscal que llevamos haciendo desde hace años", reprochan desde el Ayuntamiento. Es el caso de estos centros culturales a los que el gobierno municipal, en virtud de los diferentes convenios firmados con la Comunidad y el Estado, concede una sede, generalmente en un edificio emblemático y se compromete a subvencionar parte de su actividad.
Intercambio de cartas
- La concejal de Obras, Paz González, se dirigió por escrito al ministro de Fomento, José Blanco, el pasado 14 de julio. La edil no recibió respuesta hasta ayer, con otra carta fechada el 14 de septiembre.
- La edil mantiene en su misiva que la obligación del Ayuntamiento de asumir el coste del consumo y mantenimiento del alumbrado de la M-40, que se remonta a 1990, "carece de respaldo jurídico en el marco competencial vigente, toda vez que se trata de una infraestructura viaria de titularidad estatal que discurre por los términos municipales de varias entidades locales".
- El Ministerio de Fomento responde al Ayuntamiento que esa responsabilidad "no debería verse alterada" y continúa: "Cualquier modificación de lo establecido debe realizarse mediante acuerdos conjuntos".
* El País - 17.09.10
Foto: Madrid, contaminación M-40 - J.París (20minutos.es)
'Caso Brugal': La Policía cree que Fenoll planteó sobornar a Ripoll con el dinero que ganó con la finca
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LEVANTE/Alicante* : Los intereses del empresario oriolano Ángel Fenoll para hacerse con el negocio de las basuras llegaron hasta Villena y si para obtenerlos había que "tantear" al presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, se hacía. Según el informe policial integrado en el sumario sobre la investigación del Plan Zonal de residuos de la Vega Baja, Fenoll estaba dispuesto a ofrecer a Ripoll una parte del dinero que ganó con la venta a Ortiz de la finca La Pistola a cambio de que el presidente intercediese en favor de sus intereses. Según el informe, Fenoll buscó favores de Ripoll para sacar provecho de una inversión previa en suelo que había efectuado en Villena vinculada, según la Policía, a la previsible construcción de una planta incineradora de basuras.
En todo momento, el mediador de nuevo vuelve a ser Rafael Gregory, quien conversa en varias ocasiones con Fenoll sobre una finca en Villena de la que quiere que Ripoll esté "muy pendiente".
Y es que el informe policial refleja que, según se desprende de las conversaciones, Fenoll no podía malgastar los 200.000 euros que pagó por unos terrenos en Villena, los cuales podrían servir para ubicar la futura planta incineradora, planteada en Villena, de la que no se ha sabido nada en los últimos meses tras el rechazo popular.
El informe no apunta a una información previa del empresario para hacerse con los terrenos, pero Fenoll compró tierras en Villena (vuelve, además, a usar la metáfora de "los limones" para referirse a las fincas) que luego rentabilizaría con la incineradora de residuos en la que Fenoll, según el informe policial, tenía interés en su adjudicación, construcción y explotación. Los negocios de Fenoll en Villena aparecen vinculados en el informe policial a las presuntas contraprestaciones que desde la Diputación provincial se otorgarían al empresario oriolano al desembolso económico en la televisión local Canal 37. Rafael Gregory era el encargado de hacer llegar al presidente los mensajes de Fenoll, según deduce en el informe policial.
En referencia a estos "negocios" en Villena, la Policía cita claramente cómo de nuevo Fenoll y Gregory utilizan un lenguaje cifrado para entorpecer la labor policial, casi siempre recurriendo a términos agrícolas. La referencia a "los limones" la empleaban, según el informe policial, para referirse a las fincas que adquirió Fenoll, aunque también se apunta a que podría tratarse de otros terrenos o inmuebles.
Lucha vecinal
Villena es una de las localidades donde la Generalitat Valenciana planteó una planta incineradora de residuos (se llegó a barajar también Xixona) y prácticamente se daba por hecho su instalación, si bien una fuerte oposición vecinal consiguió paralizar la decisión. Se trata de una de las poblaciones de la provincia con un fuerte movimiento popular en contra de la política autonómica de residuos, al igual que lo ha sido la pedanía de Torremendo para evitar la instalación de un vertedero en sus límites.
"No es pedir y ya está, nosotros arreglamos los temas"
FENOLL Y GREGORY
22 de septiembre de 2009
Gregory llama a Ángel Fenoll nada más terminar una breve conversación telefónica con José Joaquín Ripoll en la que se citaron para el día siguiente.
Fenoll: Cuando puedas tienes lo que tú sabes, es decir, lo de Villena con tiempo, ¿eh?
Gregory: Eso está dicho y mañana por la mañana yo tengo una reunión, está dicho pero... mañana lo voy a recordar otra vez.
Fenoll: Vale, vale, vale.
(Se despiden).
FENOLL Y GREGORY
2 DE DICIEMBRE DE 2009
Fenoll: Oye... te hablo asi? en ese tema, eso... dile que por todo el
oro, vamos, por todo el tema, que el tema ese que tu? sabes que hablamos, de... la venta, de la finca de Villena, eso...
Gregory: Esta finca, este fin de semana estoy ahi? y te digo...
Fenoll: Que a ver si hemos puesto ahi? 200 mil euros y la hostia
Gregory: Cuenta con ello, te lo prometo yo.
Fenoll: ¿Sabes? y tu? dile que oye, que luego por los limones si hay que darle de la finca o lo que sea...
Gregory: Ya, esta? claro.
Fenoll: En eso no hay problema, que eso lo sabemos hacer nosotros.
Gregory: Correcto, correcto.
Fenoll: ¿Sabes?, que el alquiler se paga y ya está.
Gregory: Muy bien.
Fenoll: Que no hay ningu?n problema, que no es, aparte no es de
pedir el tema y ya esta?, no, no no, que nosotros arreglamos los temas.
* Levante - 19.09.10
Foto: Villena (Alicante) - wikipedia.org
El Tribunal Superior confirma la demolición de dos edificios en Fisterra
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LAOPINIÓN/A Coruña* : El conocido ejemplo del urbanismo feroz y descontrolado del Ayuntamiento de Fisterra a costa de su espectacular playa de Langosteira puede tener remedio. Dos de las 16 licencias de obras consideradas nulas de pleno derecho por la Xunta ya tienen sentencia firme que confirma su ilegalidad y por lo tanto las aboca a la demolición. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha anulado, en dos sentencias recientes, las licencias que el Concello de Fisterra otorgó a la empresa Campoalsa para construir un edificio de seis viviendas y garajes en Escaselas, en la Recta da Anchoa; y a la entidad Inversiones Plaza Garden para levantar un bloque de 88 pisos en Escaselas, también junto a la playa de Langosteira. Los dos fallos son firmes, sin posibilidad de recurso.
El TSXG ha ratificado, en su sentencia del pasado mes de mayo, la resolución que emitió el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número Tres de A Coruña en 2008 en la que decretó la anulación de la licencia de construcción del bloque de 88 pisos entonces ya prácticamente terminado y que fue denunciado en 2007 por la Consellería de Política Territorial al advertir diversas irregularidades. La Xunta denunció en total en el juzgado 400 pisos junto a la playa.
El Concello en abril de 2005 otorgó una licencia de obra a Inversiones Plaza Garden que no se ajustaba a la normativa por lo que fue requerido por la Xunta para que la revisase. Al hacer caso omiso, el Gobierno gallego interpuso el recurso contencioso.
En este fallo el TSXG recuerda, como ya adujo antes el juzgado, de que existían informes técnicos del perito judicial, "sobre la base" de argumentos de los propios técnicos municipales" que dejaban claro que la parcela sobre la que se pretendía entonces levantar el edificio carecía de los requisitos mínimos fijados por la normativa urbanística para ser considerada como solar.
El Tribunal gallego rechazó los argumentos del Concello y la promotora que adujeron que el recurso se presentó fuera de plazo y que la Xunta no estaba legitimada para presentarlo y el director xeral de Urbanismo tampoco podía ordenar la revisión de oficio al Concello. El TSXG rechazó todas estas alegaciones al recordar que la ley legitima al Estado y las Comunidades Autónomas al ejercicio del control de la legalidad urbanística y permite instar la revisión de oficio.
El Alto Tribunal gallego, respecto al edificio de 6 viviendas promovido por Campoalsa SL, también en la Recta da Anchoa, ha sido aún más contundente. El Juzgado de lo Contencioso Número 3 ordenó en su resolución de 2008 que el Concello revisase la licencia tal y como le exigía la Xunta y determinase si efectivamente era nula. El TSXG ha ido más allá y ha revocado este fallo: no hace falta que el Ayuntamiento revise la licencia, está claro que es nula y así lo ratifica de forma firme.
Los jueces, respecto al edificio de Campoalsa recuerdan que carecía de instalación de saneamiento suficiente (muchos tienen pozo negro) y la existencia de un proyecto para ejecutar una depuradora, como se alegó, era "irrelevante" porque se presentó después de otorgar la licencia a la promotora.
* La Opinión A Coruña - 19.09.10
Foto: Viviendas en construcción en la Recta da Anchoa de Fisterra en 2008.- laopinion
El 42% de los municipios cántabros tiene parados sus planes urbanísticos
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ELDIARIOMONTAÑÉS* : El urbanismo en Cantabria no progresa adecuadamente. Desde la última evaluación hecha hace un año por la Dirección General de Urbanismo poco se ha avanzado. Si entonces siete municipios no habían iniciado el proceso para adecuar sus planes generales, hoy la situación casi no ha cambiado. Se mantiene el 'club' de los ayuntamientos de los que nada se sabe en materia de urbanismo, integrado por El Astillero, Cabuérniga, Reinosa, San Roque de Riomiera, Santiurde de Reinosa, Tudanca y Valdeolea. Y lo que es peor, tampoco se ha avanzado en el polo opuesto y en Cantabria sólo cuatro municipios (Argoños, Potes, Santillana del Mar y Comillas) cuentan con planes generales aprobados y adecuados a la normativa legal.
Ese estancamiento está echando por tierra las previsiones voluntaristas planteadas por el Gobierno de Cantabria que estimaban que en 2012 cerca de 70 ayuntamientos dispondrían ya de Plan. La respuesta es simple: la Dirección General de Urbanismo no oculta su preocupación. La realidad es concluyente: un 42% de los ayuntamientos cántabros (43 de 102) tienen parada y «sin actividad» la modificación de la norma que define su desarrollo urbano. Un planeamiento básico y del que depende todo: la calificación de los solares, las dotaciones de suelo para servicio público, los aprovechamientos, el volumen de crecimiento de cada zona, las licencias de construcción, las zonas de expansión, la planificación industrial...; en definitiva, el texto legal que marca el futuro de cualquier municipio y es determinante para la tesorería de las menguadas arcas municipales. En el informe de coyuntura que maneja Obras Públicas no todo es negativo. La consejería cree firmemente que antes de acabe el año Santander contará con Plan General ya que las diferencias de criterio existentes son «salvables». Si se produce la aprobación definitiva «habremos dado un gran paso, ya que hablamos del Plan de Urbanismo más complejo y que afecta a un tercio de la población de Cantabria».
Otros dos ayuntamientos también pueden cerrar en este ejercicio su proceso. Es seguro en el caso de Medio Cudeyo, cuyo documento ya dispone de la aprobación provisional y recibirá el definitivo visto bueno en la próxima reunión de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU). Es posible que Puente Viesgo también obtenga la luz verde este año, ya que sólo está pendiente de la Memoria Ambiental. El desánimo entre los técnicos de Urbanismo viene de la mano de la actitud de algunos grandes municipios que tienen «paralizado su Plan y de los que no tenemos noticias desde hace más de un año». Eso en el mejor de los casos, porque en otros «la administración regional ignora las intenciones de varios ayuntamientos, que no han iniciado el proceso previo para modificar su planeamiento». El último informe interno de situación elaborado por la Dirección General de Urbanismo refiere que 43 municipios de la región tienen «parados sus planes generales». Algunos no los han iniciado y otros tienen la tramitación paralizada y sin actividad desde hace años. De ellos, 14 ayuntamientos únicamente acometieron en su día el inicio de la modificación de sus planeamientos, pero sólo tres contrataron un equipo redactor. En el chequeo interno de Urbanismo, el epígrafe «último contacto» está vacío para esos municipios y la conclusión final es que esos planes están «sin actividad».
Avance inicial
Tampoco parece avanzar el desarrollo urbanístico de 26 ayuntamientos que sólo cuentan con un avance inicial de su plan. Todos ellos han obtenido un Informe de Sostenibilidad Ambiental positivo, pero en su mayor parte están a la espera de recibir la aprobación inicial que posibilite seguir con el procedimiento. Y no es que se esmeren: el informe revela que el 'último contacto' de algunos de ellos data de mediados de 2008 y en otros casos de hace un año. Torrelavega es de los que se encuentra en esta categoría. En su caso, el último acto administrativo o contacto con la administración regional referido al proceso data de julio de 2009. En esta categoría también figura Suances, cuyo planeamiento puede llegar a romper la coalición de gobierno por fuertes discrepancias entre los socios, PSOE (Alcaldía) y PRC. La denuncia es concreta: desde 2005 no se mueve un papel y el contrato con el equipo redactor expiró hace cinco años.
La realidad de hoy no difiere mucho de la que existía en 2009, pero tampoco de la que que se registraba en 2001. La gran justificación siempre ha sido que los intentos de modificar la planificación urbana se han topado con cambios de legislación.
Desde 2001, la radiografía de los planes urbanísticos ha mudado, pero no tanto. Hace nueve años, el panorama era negro: contaban con planeamiento aprobado 12 municipios de la región (un 11,80%), en tanto que 64 disponían de normas subsidiarias (el 62,70%). En ese mismo ejercicio, 20 ayuntamientos de Cantabria echaban mano de proyectos de Delimitación de Suelo Urbano para ir regulando sus planificaciones urbanísticas, en tanto que 6, el 5,90%, nada tenían. Una realidad de entonces que hoy es inservible ante la promulgación de nuevas leyes a las que quedan sometidos todos los ayuntamientos.
* El Diario Montañes - 19.09.10
Foto: El municipio de El Astillero en primer término, con Camargo al otro lado de las marismas - eldiariomontanés.es
Lecciones Malayas
ENCARNA MALDONADO* : El macroproceso de Marbella marcó un antes y un después en la lucha contra la corrupción, pero el riesgo no ha desaparecido · El catedrático Díez Ripollés advierte de que si no se presta atención volverá a aflorar con el argumento de superar la crisis. Prácticas ilícitas en la actividad urbanística fue el elocuente título de un estudio publicado a finales de 2004 por un grupo de expertos del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología dirigidos por el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Málaga José Luis Díez Ripollés. El equipo avisaba de que existía riesgo real de que el crimen organizado tomara el control político. Es más apuntaba que en algunos puntos de la Costa del Sol esto ya podía estar sucediendo. La investigación levantó ampollas y agentes económicos, políticos y hasta policiales se apresuraron a descalificarla.
El próximo 27 de septiembre se sentarán en el banquillo 95 acusados en la denominada operación Malaya. Todos los alcaldes y concejales que han gobernado Marbella entre 2003 y la primavera de 2006 están procesados, junto a 19 promotores inmobiliarios, abogados, testaferros, contables y hasta el secretario municipal y el jefe de la Policía Local. Sobre ellos pesa la sospecha de haber participado en un cóctel de corrupción política y urbanística orquestada por Juan Antonio Roca, asesor urbanístico del municipio desde mediados de la década de los 90. A grandes rasgos las acusaciones sostienen que Roca se encargaba de mantener bajo control la voluntad de los cargos públicos a cambio de sobres que presumiblemente recibía de los empresarios para amoldar la política urbanística a los intereses del mejor postor. Supuestamente parte de ese dinero lo repartía entre el equipo de gobierno y otra jugosa parte se la quedaba. La operación policial implicó la disolución de la Corporación municipal. Algo tan común en el sur de Italia que, sin embargo, sucedía por primera vez en España.
Desde que la operación Malaya explotó nunca más se puso en duda la tesis de la investigación Prácticas ilícitas en la actividad urbanística. Seis años después el catedrático de Derecho Penal José Luis Díez Ripollés recuerda que a pesar de los pesares fueron la Policía y luego la jurisdicción penal los primeros en reaccionar contra la corrupción. De hecho, el cabo del hilo que desembocó en la operación Malaya se encontró en un juzgado: el magistrado Miguel Ángel Torres investigaba por delito urbanístico el exceso de edificación en el hotel Guadalpín, y citó a declarar al jefe de los servicios jurídicos de Urbanismo en Marbella, Jorge González. El funcionario tiró de la manta.
Díez Ripollés considera que la jurisdicción contencioso administrativa fue "excesivamente pasiva". La sala del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) optó por no adoptar medidas cautelares para impedir que prosiguieran las construcciones amparadas en licencias de obras recurridas. Y cuando el tribunal, aquejado de un dramático colapso, se pronunciaba años después los edificios estaban en pie y ocupados. Mientras, los juzgados penales acostumbraban a esperar las resoluciones administrativas antes de seguir sus procedimientos, generando una sensación generalizada de impunidad.
Aún así, cuando la operación Malaya comenzó la Fiscalía Anticorrupción ya contaba con un delegado en Málaga, el fiscal Juan Carlos López Caballero, y la Policía Nacional acababa de reforzar sus unidades especializadas. Hasta entonces todos los jueces que habían tratado de aproximarse al avispero marbellí por una razón u otra habían salido escaldados. Pero en este caso la investigación permaneció secreta más de un año, mientras la atención pública se focalizaba en el caso Ballena Blanca, centrado en el despacho de abogados DVA, por presunto blanqueo de capitales.
¿Cómo había podido ocurrir algo así a la vista de todos sin que nadie diera la voz de alarma? "En realidad la sociedad todavía no ha reaccionado contra la corrupción. Sólo hay que ver las expectativas electorales de los implicados en el caso Gürtel", precisa el catedrático de Derecho Penal. José Luis Díez Ripollés relaciona esa ausencia de censura social con la falta de cultura política además de con la confusión de valores que ha generado la respuesta de las instituciones "que han vendido como realismo político la renuncia al efecto intimidatorio del Derecho sancionador". Es decir, la masiva legalización de viviendas que se ha producido después en Marbella bajo el argumento de evitar un daño mayor a terceros de buena fe ha asentado la sospecha de que nunca sucede nada y que compensa infringir la ley.
En la misma línea interpreta la atemperación que han sufrido normas como el Decreto de Campos de Golf de la Junta de Andalucía o la propia Ley de Costas del Gobierno central. De hecho, este catedrático de la UMA opina que el interés público que genera el caso Malaya reside en el morbo de los famosos implicados: "La atención está en los famosos y en lo que se va a conocer de su vida privada. No en la relevancia del juicio para nuestra democracia y nuestras instituciones". El caso Malaya marcó un antes y un después en la persecución de las prácticas corruptas en las administraciones. De este a oeste y de norte a sur la Policía registró ayuntamientos por toda la geografía española, descubrió botines ocultos bajo los colchones y los jueces imputaron a alcaldes y cargos públicos.
¿Se ha puesto el punto final a descomposición de la vida pública en España? El catedrático José Luis Díez Ripollés tiene sus dudas. Opina que esa falta de reacción social puede favorecer que "una vez superada la crisis económica , o con el argumento de superarla, se sienten otra vez las bases de la corrupción si no prestamos atención".
* Málaga Hoy - Opinión - 19.09.10
