ELPAÍS/Galicia* : Islas Cíes, 2015. Un enorme parque eólico se apodera de las montañas del Parque Nacional. ¿Ciencia-ficción? "Con la actual reglamentación, no", contesta con determinación Martiño Fiz, coordinador de la organización ecologista Adega. La razón es un vacío legal, el mismo que permitirá a Pescanova ocupar 360.000 metros cuadrados de Red Natura en Cabo Touriñán o a Iberdrola desecar este verano con reiteración el río Sil, a la altura de sus imponentes cañones.
No hay espacio protegido en Galicia que cuente con el necesario reglamento que lo desarrolle. Así las cosas, la instalación de infraestructuras agresivas queda a la libre interpretación del Gobierno de turno. "Y ya sabemos cómo interpreta Feijóo".
Un dato revela el desinterés de las autoridades gallegas por la protección ambiental: sólo el 11,6% del territorio de Galicia está integrado en la Red Natura 2000, lejos del 40% de comunidades como Madrid o del 26% de media estatal, y únicamente por delante de Melilla. Pero si la superficie protegida es poca, las garantías de amparo son menores. Sólo así se explica que en territorios sujetos a la Directiva del Hábitat de la UE se hayan instalado de parques eólicos a centrales eléctricas, pasando por rellenos portuarios, minas a cielo abierto, parques industriales y hasta un vertedero a un par de millas de Sálvora, en aguas del Parque Illas Atlánticas.
La legislación ambiental exige a las comunidades autónomas que desarrollen la protección de los espacios naturales. En el caso de Galicia, la Lei de Conservación da Natureza, de 2001, establece los instrumentos obligatorios de planificación. El determinante es el Plan Rector de Uso e Xestión (PRUX). "Se aprobarán en el plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor de la declaración del espacio natural protegido", resuelve la ley. Ocho años después de su entrada en vigor, los PRUX en vigor son cero. Así, ni Illas Atlánticas, ni los seis parques naturales gallegos, ni un sólo metro cuadrado de la Red Natura está bajo su paraguas.
El caso de Iberdrola en el Sil ilustra mejor que ningún otro la importancia del citado plan, en el que se deben detallar -y justificar- las actividades permitidas, las zonas autorizadas y las medidas compensatorias. De no existir, toda obra queda a expensas de una simple autorización administrativa. En respuesta a las protestas que provocó el vaciado de la cuenca, el Ministerio de Medio Ambiente explicó que la ausencia del PRUX dejó el río desamparado. Otras 13 centrales eléctricas más están en lista de espera en el Sil.
La declaración de Red Natura y su posterior planificación ponen a Galicia a la cola de la cola. Andalucía, una comunidad con un potencial eólico similar al gallego, ronda el 30% de superficie declarada. Sólo los molinos más próximos al Estrecho han suscitado polémica con los ecologistas. Científicos españoles y portugueses han revisado las normativas relativas a la protección de espacios de la Red Natura en España. El estudio, publicado este año en una revista científica, revela que el 50% de la superficie estatal no está del todo protegida, un porcentaje que ya quisieran los ecologistas gallegos.
Lejos de proteger el territorio, la Administración de Fraga se cuidó de blindar el negocio. En la reforma de la Lei do Solo de 2004, "de tapadillo", según la socialista Carmen Gallego, la Xunta autorizó la instalación de plantas acuícolas en suelo rústico protegido. Un año más tarde, un Consello del Ejecutivo en funciones daba luz verde entre otras a la de Touriñán, después anulada por el bipartito. El Gobierno gallego ya venía autorizando granjas acuícolas en Red Natura, pero quería "allanar el terreno a la de Touriñán", acusa Gallego, ex conselleira de Pesca. En virtud de la misma modificación, Pescanova podrá edificar sobre el 40% de la superficie de su finca, en lugar del 20% que rige para el resto de construcciones en suelo protegido. El conselleiro de Política Territorial se llamaba Alberto Núñez Feijóo.
Uno de los objetivos del bipartito consistió en elevar ese deshonroso 11,6% de superficie de Red Natura. No lo logró. El entonces conselleiro de Medio Ambiente, Manuel Vázquez, presentó un proyecto para incrementarla en un 50% que resultó fallido. Sí prohibió las piscifactorías en los ámbitos acogidos a la Directiva Hábitat de la Unión Europea, una decisión que el PP ha convertido en papel mojado. También aprobó el anterior Gobierno un decreto eólico que impedía instalar nuevos parques eólicos en Red Natura. Su suspensión por el nuevo Gobierno gallego hace que, en la actualidad, cualquier empresa pueda proponer la ubicación de molinos donde le convenga. Por ejemplo, en las islas Cíes.
Eólicos al margen, el Gobierno de Feijóo ha empezado por segregar las competencias sobre espacios protegidos del área de Medio Ambiente. Su gestión pertenece ahora a la Consellería de Medio Rural, que ya no se atreve a prometer porcentajes de ampliación de la Red Natura como hicieran sus antecesores. En todo caso, el departamento de Samuel Juárez prevé incrementar los espacios de la red europea en dos fases. En una primera, para cumplir "las exigencias de la UE". La segunda, más compleja, consistente en buscar nuevos ámbitos de protección, "requerirá más tiempo", advierte una portavoz de la consellería. "Sobre un año", avanza.
Mientras Medio Rural pide tiempo, Medio Ambiente explica sus criterios de actuación. Las piscifactorías, por ejemplo, son un uso "autorizable" en Red Natura, como lo son las autovías o las depuradoras, "pero con criterios restrictivos". "Se puede construir una planta de acuicultura en Red Natura, pero no de cualquier manera; eso es lo que la consellería va a promover", explica un portavoz de la consellería. Contra el revuelo que esa política pueda ocasionar, el departamento de Agustín Hernández parece vacunado. "Las críticas ecologistas son inevitables, pero la Administración debe velar por el bien común".
* ELPAIS.com - PABLO LÓPEZ - Santiago - 20/09/2009
Foto: Vista de las empresas y las canteras de Porriño que invaden la zona protegida de As Gándaras de Budiño.- LALO R. VILLAR, elpais.com
El vacío legal permite grandes infraestructuras en suelo protegido
La auditoría eleva a más de 10 millones la estafa de Millet al Palau de la Música
ELPAÍS/Barcelona* : El rastreo de los movimientos que efectuó Fèlix Millet, ex presidente del Palau de la Música Catalana, para apropiarse de fondos de la entidad está sirviendo para abultar la magnitud de la estafa. Según fuentes que investigan las cuentas de la entidad, el desvío de dinero de la Fundació Orfeó Català supera los 10 millones de euros.
Millet sólo confesó -en la carta del pasado miércoles al juez que investiga el caso- haberse quedado con 3,3 millones junto al anterior director administrativo, Jordi Montull, pero el barrido de documentos arrojan al menos 2,5 millones más en operaciones inmobiliarias y un millón en informes que la fundación encargó a sociedades de las familias de Millet y Montull sólo en 2009. Los más de tres millones restantes corresponden a remuneraciones, desvíos e informes, la mayoría anteriores a 2007.
La investigación interna de las cuentas está resultando más ardua de lo esperado, aunque estas fuentes prevén que finalice a finales de octubre. Para empezar, el análisis requiere el seguimiento de las casi 100 cuentas bancarias de las que disponía la fundación, de las cuales 10 podrían servir para desviar fondos. Una de ellas, según estos fuentes, está domiciliada en Suiza.
Millet confesó anteayer haberse apropiado de 3,3 millones. De éstos, 1,3 millones se destinaron a remodelar inmuebles de la familia y otro medio millón, con cargo al Palau, a sufragar viajes particulares. Millet admitió, además, haber comprado junto a Montull un local comercial por 1,5 millones y haberlo revendido, cuatro años después, al Orfeó por el doble de su precio inicial. La operación se produjo el día antes de que los Mossos d'Esquadra registraran el Palau y, según Millet, no se efectuó porque ofreció deshacer la operación.
Las fuentes consultadas discrepan. Para empezar, aseguran que esos 1,5 millones de euros con los que se pagó inicialmente el local salieron de las arcas de la institución. Y añaden más: primero, que Millet trató de cobrar el cheque, pero la nueva dirección se negó, y segundo, que el Orfeó tuvo que saldar la cancelación de una hipoteca por el inmueble por valor de 682.000 euros. Los mismos medios agregan que han hallado, además, otro local en la calle de Sant Pere Mitjà por el que se abonaron 360.000 euros. La auditoría está indagando la propiedad de otros inmuebles con los que Millet podría haber hecho negocio a través de la fundación.
Pero además, las investigaciones han hallado numerosos informes encargados a Aurea Rusula, Ayxl y Produccions 46, tres sociedades controladas por las familias Millet y Montull. Sólo entre enero y junio de 2009 facturaron 1.000.027 euros, según estas fuentes, por la elaboración de varios informes de dudosa utilidad -por ejemplo, uno sobre la internacionalización del Palau de la Música- y otros que, directamente, no existen.
Todas estas cantidades suman ya 6,8 millones de euros. Sin embargo, los auditores estiman que el desfalco llegó a los 10 millones si se suman otros desvíos que todavía están desglosando: informes encargados en años anteriores, remuneraciones de difícil justificación fiscal y desvíos a cuentas bancarias que están siendo investigados.
Millet, que ayer dimitió como vicepresidente de la fundación del Barça, preocupó también ayer a los políticos. Tanto PSC, CiU, ICV o ERC lamentaron y reclamaron responsabilidades por el hecho de que hayan fallado los controles de una entidad gestionada por un consorcio en el que participan la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y el Ministerio de Cultura.
* ELPAIS.com - LLUÍS PELLICER - Barcelona - 19/09/2009
Foto: Barcelona, Palau_de_la_Musica_Catalana - wikimedia.org.jpg
El TSJ admite el recurso del Gobierno contra el plan Rabasa por falta de agua
INFORMACIÓN/Alicante* : El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) ha admitido en un auto con fecha 7 de septiembre el recurso presentado por la Delegación del Gobierno en contra del acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante del 27 de marzo de 2008 por el que se aprobó la homologación y el plan de las Lagunas de Rabasa, ampliándolo a la aprobación definitiva del plan por parte de la Conselleria de Infraestructuras el pasado mes de mayo.
El TSJ, que denegó inicialmente la suspensión cautelar del plan Rabasa que solicitaba la Delegación del Gobierno porque impugnaba un acto aún sin aprobar, admite ahora el recurso presentado por el abogado del Estado porque en este tiempo el plan Rabasa ha recibido el visto bueno del conseller de Infraestructuras.
El recurso del Gobierno Central impugnaba el acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo en el que se informó a favor de la polémica macroactuación urbanística porque no se había tenido en cuenta el informe contrario de la Confederación Hidrográfica del Júcar que advertía que el suministro de agua no está garantizado a los más de 40.000 habitantes de las más de trece mil viviendas previstas en el plan. Tras la primera denegación de recurso, la abogacía del Estado anunció la ampliación y actualización del mismo, y también lo avanzó en el mismo sentido la subdelegada del Gobierno, Encarna Llinares.
En el auto los magistrados dicen que la sala entendió en su momento que lo impugnado por la abogacía del Estado era "una propuesta de la Comisión Territorial de Urbanismo al conseller (...). Ahora bien, en el interín se ha producido la aprobación definitiva no supeditada sino directa por parte del conseller" (lo firmó el fallecido García Antón). En el auto, añaden que la sala ha venido manteniendo, en consonancia con la doctrina del Supremo, la "inadmisibilidad" de los recursos contra los actos de aprobación provisional de instrumentos de ordenación urbanística. Según este argumento, si en el proceso se produce la aprobación definitiva, los recursos pasan a admitirse. La sala entiende que al haberse producido la aprobación definitiva del plan Rabasa por parte del conseller procede admitir el recurso de la Delegación de Gobierno, ampliado.
La tramitación del plan sigue adelante, pero si el recurso del abogado del Estado ante el TSJ "gana", la actuación urbanística quedará paralizada, que es lo que pretende el Gobierno Central. También el grupo socialista en el Ayuntamiento de Alicante y los parlamentarios de este partido en las Cortes Valencianas han presentado ya ante el Tribunal Superior un anuncio de interposición de recurso.
Otro colectivo que ha recurrido la aprobación del plan Rabasa es la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas, que reclamó contra la decisión de la Conselleria de Urbanismo de darle su visto bueno por ignorar un informe del Ministerio de Fomento por el que se amplía la zona de dominio público ferroviario afectada por el AVE a su paso por Rabasa de los 107.670 metros cuadrados previstos inicialmente a más de 420.000.
* Información - J. HERNÁNDEZ - 19.09.09
Foto: Maqueta del plan Lagunas de Rabasa, que prevé la construcción de más de trece mil viviendas FERRÁN MONTENEGRO, diarioinformacion.com
Miles de firmas piden dar uso cultural a una antigua fábrica de gas en Oviedo
GLAYIU/REBELIÓN* : Más de 7.000 personas han firmado ya para defender la reconversión de la fábrica de Gas, propiedad de Hidrocantábrico, en un equipamiento cultural para exposiciones, cine y teatro. La campaña del Foro de Urbanismo Crítico comenzó hace unos meses, pero desde que arrancó San Mateo y se instaló en la plaza Porlier, ha logrado más de 5.000 firmas. Todas reclaman que se evite el «uso especulativo» del complejo industrial, donde la empresa proyecta 96 viviendas de lujo. Una iniciativa que va a tener su continuidad hasta la finalización de los actos festivos de San Mateo, el día 21.
Representantes del Foro de Urbanismo Crítico, de Ecologistas en Acción, el concejal de la Asamblea de Ciudadanos por la Izquierda (Asciz), Roberto Sánchez Ramos, el secretario de organización de Izquierda Unida (IU), Adolfo Saro, y el presidente de la asociación de vecinos del Oviedo Antiguo, Juan García, reivindicaron la necesidad de seguir con la presión social para tratar de convencer a Ayuntamiento, Principado y HC de la conveniencia de llegar a un consenso entre organismos que evite "la especulación".
Como primer paso dentro de esta campaña de movilización en la calle se ha convocado una concentración en la calle Paraíso, delante de la fábrica, con la que pretenden hacer visible el rechazo de la ciudadanía a este proyecto urbanístico que se logrará a través de "una recalificación salvaje". Los promotores de la iniciativa quieren cortar la calle y ofrecer música, poesía y arte ante la escasez de oferta de locales para los artistas.
Los integrantes de la Plataforma emplazaron al Grupo Municipal Socialista para que se sumen a su propuesta para dar un uso público a la antigua fábrica de gas.
Entre las actuaciones previstas se incluye una jornada de ventanas abiertas para que los ciudadanos vean las instalaciones desde los edificios anexos ante la negativa de la empresa a facilitar su acceso, y una protesta mañana viernes 18 a las seis de la tarde, en la calle Paraíso. «Tendrá un carácter lúdico, festivo, reivindicativo y cultural», explicó el portavoz del Foro, Diego Díaz. Cortarán la vía y ofrecerán en la calle de poesía, música y arte. El artista plástico Benjamín Menéndez realizará una performance, los poetas Pablo X. Suárez y Sergio Gutiérrez recitarán versos y el periodista Manolo Abad presentará el acto. «Si no hay presión, nos terminarán amputando este espacio en la ciudad», justificó Díaz.
* Glayiu/Rebelión - 19.09.09
