Las otras heridas del Algarrobico

ELPAÍS/Almería* : El Algarrobico es un símbolo de la destrucción de la costa. Para los grupos ecologistas es uno de los mejores ejemplos de la voracidad del ladrillo, que ni siquiera respetó un entorno protegido como el parque natural de Cabo de Gata-Níjar, en Almería. Para la Junta de Andalucía es una herida abierta que sólo le provoca dolores de cabeza.

Cinta Castillo, consejera de Medio Ambiente, ha heredado esta enorme mole con más de 20 años de historia y trámites a sus espaldas. La consejera sigue manteniendo el compromiso del anterior presidente de la Junta, Manuel Chaves, quien en mayo de 2006 aseguró que su Administración compraría los terrenos para demoler el edificio y restaurar este paraje. Pero Castillo ha introducido un matiz más esta semana: El Algarrobico "no perjudica medioambientalmente" al parque de Cabo de Gata-Níjar. La consejera sostuvo en una entrevista publicada el lunes en este periódico que el edificio "en sí no está provocando ningún daño a ninguna especie" de flora o fauna.

Los ecologistas no tardaron mucho en criticar a la titular de Medio Ambiente e, incluso, han reclamado su dimisión por estas declaraciones. "Justifica el hotel y abre las puertas a su legalización, es sorprendente", interpreta Juan Clavero, de Ecologistas en Acción. "Que diga eso equivale a decir que el paraje no es suelo protegido", añade Jaime del Val, presidente de la asociación Salvemos Mojácar.

Los grupos conservacionistas critican que la Consejería de Medio Ambiente sólo se fije en si hay una afección directa a alguna especie animal o vegetal. Creen que es una visión reducida y antigua de la protección medioambiental. "Es un concepto que estaba bien en los años setenta con Félix Rodríguez de la Fuente, pero no para el siglo XXI", opina María José Caballero, responsable de la campaña de Océanos y Costas de Greenpeace. Las administraciones, según esta ecologista, "tienen que proteger el territorio y su hábitat".

"En el caso del Algarrobico hay que fijarse también en el impacto del turismo en el parque, las nuevas infraestructuras, en el consumo de agua, en los residuos y en cómo afecta al entorno y al paisaje", añade Caballero: "Esta visión global del ecosistema, en la que se lleva trabajando más de una década, no la tiene la consejera".

"El parque de Cabo de Gata es una reserva de la biosfera de la Unesco y su paisaje es fundamental: los acantilados, el entorno volcánico y las playas", sostiene Juan Clavero.

Las asociaciones ecologistas afirman que la Junta de Andalucía está aplicando este tipo de protección limitada de la naturaleza no sólo en el Algarrobico, sino en todas las políticas medioambientales. "No se quiere entrar en los impactos urbanísticos, que son lo más importante ahora mismo. Los estudios de impacto ambiental se limitan a si se ve afectada o no a una especie protegida y a ver si se cumple la normativa", afirma Clavero. Ecologistas en Acción ya envió en enero un escrito a la consejería en el que se reclamaba que este tipo de estudios también evalúen el impacto del planeamiento urbanístico. "Pero hay instrucciones para que no se entre en asuntos urbanísticos", sostiene Clavero.

El consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, intentó el viernes cerrar filas con Castillo. Eso sí, Espadas, quien anteriormente había sido viceconsejero de Medio Ambiente, incidió en que nada ha cambiado respecto a la intención de la Junta de derribar el hotel.

La demolición y restauración de la zona no es algo que esté ya en manos del Gobierno andaluz. La Administración autonómica intentó comprar los terrenos del hotel por 2,3 millones de euros en 2006. Sin embargo, la promotora Azata llevó esta actuación a la justicia. El caso está ahora en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que será el que decidirá si este símbolo de la destrucción del litoral desaparece de una vez.

Un largo historial judicial

- 17 de noviembre de 2005. El Boletín Oficial del Estado publica la orden del Ministerio de Medio Ambiente que amplía a 100 metros el deslinde del dominio público marítimo terrestre del Algarrobico. Esta decisión será vital para el destino del hotel de cuatro estrellas promovido por Azata hasta el momento con el beneplácito de las administraciones, puesto que parte del complejo pasará a invadir la servidumbre de protección que había sido fijada hasta la fecha en 20 metros por el Plan Parcial que, según establece la Ley de Costas, debería haber sido revisado al haberse aprobado meses después del 1 de enero de 1988.

- 22 de febrero de 2006. Un juez de Almería dicta la paralización cautelar de las obras del hotel, que se encontraba ejecutado al 94%. La resolución judicial, que se produce tras la declaración de utilidad pública del Algarrobico que, posteriormente, tuvo que ser convalidada por el Consejo de Ministros, incide en que el edificio invade la franja de servidumbre, que meses antes había sido ampliada. La Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo han avalado hasta en cuatro ocasiones la orden que fijó el nuevo deslinde, que fue recurrida por la promotora y por el Ayuntamiento de Carboneras, gobernado por el PSOE.

- 5 de febrero de 2008. El Consejo de Gobierno aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, que supuestamente amplía la protección del Algarrobico respecto al de 1994. Los ecologistas, la promotora y el Consistorio recurren el documento ante el TSJA, que ha dictado hasta tres autos en los que suspende cautelarmente su aplicación. El alto tribunal cree que la aplicación de esta ordenación puede causar "irreparables" perjuicios para el medio ambiente en el Algarrobico al permitir su nueva calificación la consolidación de instalaciones turísticas.

- 5 de septiembre de 2008. Un juez de Almería ordena revisar la licencia de obras del hotel al estimar que incurre en una infracción urbanística grave por afectar a suelos de especial protección y acusa a la Junta de modificar al margen de la ley en 1996 la calificación del paraje del Algarrobico, para convertirlo en urbanizable. La sentencia, pendiente de ser confirmada por el TSJA, motiva que la fiscalía abra una investigación para esclarecer si hubo prevaricación en las administraciones, algo que queda descartado en mayo de 2009 con el archivo de las diligencias.

- 19 de junio de 2009. El Estado acuerda desistir del procedimiento de expropiación de los terrenos ocupados por el hotel, que la ex ministra de Medio Ambiente Cristina Narbona impulsó en noviembre de 2005, tras la ampliación del deslinde y la ocupación del edificio por activistas de Greenpeace. La decisión, recurrida por el colectivo, se adoptó a la espera de que el TSJA resuelva la posible nulidad de la licencia. La Junta, que en mayo de 2006 anunció el derribo del edificio, se muestra ahora también partidaria de aguardar la resolución del proceso judicial abierto sobre este polémico hotel.







* ELPAIS.com - M. PLANELLES / R. RODRÍGUEZ - Sevilla / Almería - 13/12/2009
Foto: Algarrobico (Almería), hotel ilegal - elpais.com

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´La corrupción sale barata a los políticos por los bajos costes penales´

DIARIODEMALLORCA/Debate* : La incertidumbre política persiste pese a que el president del Govern Francesc Antich haya dado por cerrada la crisis institucional con la sustitución del conseller de Turismo y la aprobación de un código ético contra la corrupción. Un rector honorario y ex concejal de Palma, dos docentes de la Universitat, una feminista y un abogado especialista en consumo analizan la situación política de Balears. Comparten la sensación de que la corrupción sale barata. Ni los costes penales ni los sociales y políticos suponen una coacción suficiente para algunos dirigentes.

Los protagonistas de este encuentro convocado por Diario de Mallorca son Javier Capó, profesor del departamento de Economía Aplicada de la UIB; Carlos Hernández, abogado de la asociación de consumidores ACUIB; Antoni Roig, rector honorario de la UIB; Catalina Cantarellas, catedrática de Historia del Arte; y Maria Francisca Simonet, representante del Lobby de Dones. Cinco personas con respuestas ante la parálisis de la clase política.

–Después de la última crisis de gobierno, ¿qué debería hacer Francesc Antich?

Antoni Roig. "Ninguno de los partidos desea elecciones anticipadas. Esto continuará tal como está, con un vodevil o una comedia hasta que lleguen los próximos comicios. Ninguna formación debería pactar con Unió Mallorquina. A la larga, lo único lógico es un entendimiento entre PSOE y PP".

Carlos Hernández. "Los partidos se dan una última oportunidad. Me parece razonable. Es una pena que no hayan destinado el esfuerzo en resolver sus cuitas internas a la búsqueda de soluciones para el ciudadano. El adelanto de las urnas será inevitable si continúan las tensiones. Entiendo que el PP pida que no le llamen mientras persistan los enfrentamientos".

Javier Capó: "Las elecciones anticipadas suponen una paralización de la sociedad balear durante un periodo demasiado largo, y con una situación económica difícil de trasfondo. El presidente necesita acuerdos. Debería hablar con todos los partidos y exigir un compromiso de tolerancia cero con la corrupción. Es importante plantear pactos puntuales entre todos los partidos para resolver cuestiones pragmáticas que son prioritarias y no tienen un cariz ideológico".

Francisca Simonet: "Continuar con el grupo que gobierna, pero siendo muy exigentes con los imputados".

Catalina Cantarellas: "El equilibrio de poder no creo que cambie con unos nuevos comicios. Antich se ha comportado como un buen negociador desde el punto de vista de la praxis política. Defiendo los pactos puntuales, pero sin la necesidad de que sigan unidos. No obstante, ¡alcanzar el entendimiento con el PP es tan difícil!".

–¿Cómo ha llegado Balears a esta situación?

Antoni Roig. "El nivel del debate político intelectual es cero, una nada, una mediocridad completa. ¿Qué se puede esperar? Nos encontramos con el gobierno español, el autonómico, el insular y los ayuntamientos. Esta estructura genera redundancias, una complejidad de gestión brutal y unos costes económicos elevadísimos. Además, la burocracia excesiva propicia hacer las cosas mal y meter la mano en la bolsa. Cuanto más sencillo es el sistema, más difícil resulta incurrir en corrupción".

Javier Capó. "Al margen de ser éticamente reprobable y jurídicamente ilegal, el fenómeno de la corrupción tiene un elemento de racionalidad. El contexto la favorece. La corrupción implica un intercambio. Así, un político o funcionario vende un bien o servicio público –trámite burocrático, contrato, concesión– a cambio de un beneficio personal –soborno o crecimiento dentro del partido–. Al mismo tiempo, alguien está dispuesto a pagar por ese favor y el precio para corromper depende de lo costoso que suponga cumplir la ley. En algunos ámbitos, el seguimiento de la norma resulta muy gravoso, por ejemplo, en urbanismo. Estos beneficios se comparan con los costes. Los costes de tener un comportamiento corrupto son pequeños tanto desde el punto de vista penal, como político –el desgaste electoral de los partidos es escaso– y social –la gente lo da por hecho y no lo considera una lacra social–. Si comparamos los beneficios con los costes, la decisión racional aboca a la corrupción porque es muy lucrativa y poco costosa.

Carlos Hernández. "En efecto, es tentador porque los costes penales, sociales y políticos son reducidos. También es cierto que, en comparación con épocas anteriores, la sensación de impunidad ha mermado desde que se han dictado algunas condenas".

Catalina Cantarellas. "Preferiría un enfoque más abstracto. Yo creo que es la sinrazón la que conduce a la corrupción. Es decir, la falta de una ética mínima o dignidad humana. Hay gente que no lo hace ni lo hará nunca. Justificar lo que está pasando porque la democracia es reciente... Así nunca creceremos. Mientras tanto, se mantiene una ley felipista del año 85, la Ley Orgánica del Poder Judicial que impide la división de poderes".

Carlos Hernández. "La política tiene una capacidad de expansión, de hipertrofia absoluta que intenta introducirse en todos los sectores sociales e invadir otros poderes. Y al final lo ha conseguido".

w Francisca Simonet. "Todavía estamos estrenando nuestra democracia. Nuestros gobernantes son un reflejo de la sociedad. Defiendo las autonomías porque fomentan la participación responsable de los ciudadanos. En la acción pública se necesita la introducción de normativas sobre financiación de los partidos políticos y de los ayuntamientos. Pero ante todo, se requiere mayor participación democrática y de la ciudadanía.

Carlos Hernández. "Hay una cuestión que no se ha comentado: La existencia de infinidad de funcionarios que no han hecho bien su tarea, ya sea por miedo a perder su empleo o porque no han sido diligentes. La legislación permite una serie de controles, pero se han visto superados. Hay un caso que nos viene como anillo al dedo: Los colaboradores en las estafas de phishing en internet, que cogen el dinero y lo envían de un lugar a otro a cambio de una comisión. Pues bien, el Tribunal Supremo elabora una doctrina donde define esta actuación como inconsciencia o ignorancia deliberada, es decir, ´yo no sé nada porque no quiero conocer lo que ocurre, pero participo y obtengo una rentabilidad´".

–¿Qué consecuencias provoca en nuestra sociedad?

Javier Capó. "En el tema de la corrupción juega un papel importante que en el proceso administrativo y político exista un amplio margen de discrecionalidad y libertad. Desde el plano económico, disuade la innovación y el progreso empresarial, puesto que las empresas no compiten a través de procesos productivos o de calidad, sino que pugnan por la capacidad de influencia política y, en definitiva, el soborno. Es un despilfarro de recursos. Por otra parte, quiero puntualizar que las personas que no caen en la tentación es porque el coste moral no les compensa. La corrupción tiene otro efecto negativo: expulsa a los mejores y a los más éticos".

Catalina Cantarellas. "Tal como está montado el sistema, el mismo cuerpo elimina a los más validos. De la corrupción ya hemos hablado demasiado. Ya no vale la pena hacerlo más. La situación política no se reduce a la corrupción. Una de las bases de toda democracia es la educación, pero pensar no interesa. En este estado de cosas conviene el pensamiento en blanco y, si se puede, el único. Hay una crisis económica pero no escucho propuestas que no sean capitalismo, liberalismo o cualquier cosa para distraernos de los asuntos importantes. No se hace nada en favor de la separación de poderes.

Francisca Simonet. "Se debería modificar la legislación para mejorar la participación ciudadana y que las organizaciones puedan intervenir y sean escuchadas. También un cambio en los valores, donde el PIB no constituya el valor supremo. Una manera de vivir distinta, no cimentada en la obtención de cosas. Vivir mejor no radica en la cantidad de riqueza acumulada".

Catalina Cantarellas. "Coincido contigo. Mayor participación, que no sean grupos cerrados. El sistema político suizo supone un ejemplo porque los ciudadanos siguen con su trabajo pero también ejercen de parlamentarios".

Javier Capó. "Es verdad que la política es más que la corrupción, pero la dimensión que ha alcanzado el problema lo ha desbordado y es como un virus que ha infectado el debate político. Esto ha provocado una parálisis de la Administración. Los ciudadanos han pasado de una fase de desprecio y rabia a una etapa de impotencia y desafección. La gente está cansada y descreída".

Carlos Hernández. "Internet es un ejemplo maravilloso de herramienta de información y participación. Ahora la gente se plantea hasta qué punto los propios medios de comunicación están mediatizados por grupos empresariales. Además, los políticos influyen en un porcentaje elevadísimo en las informaciones que se difunden. Se ha creado una disociación entre lo que interesa al ciudadano y la información que se facilita. Internet elude esta situación y se pueden plantear situaciones como la de la manifestación contra la corrupción que se ha preparado. Internet nos hará libres".

–Algunas soluciones y una visión sobre el código ético propuesto por los partidos de gobierno.

Antoni Roig. "Lo importante es simplificar el modelo de gestión. Lo que no puede ser es que cada vez que surge un problema inventemos una ley nueva. Lo primero es hacer funcionar lo que ya tenemos. El código ético, ¿nos tomáis por tontos? Yo soy contrario a crear más comisiones, reglamentos... IB3 y la Televisió de Mallorca, ¡fuera! No sirven para nada, salvo para la promoción de quienes las han creado. Desde una visión anglosajona, el Consell de Mallorca sobra".

Catalina Cantarellas. "Opino lo mismo".

Antoni Roig. "Los consells de Menorca, Eivissa y Formentera no sobran porque, a diferencia de nosotros, ellos no tienen el Govern. En las comunidades autónomas uniprovinciales no existen las diputaciones. ¿Qué pinta el Consell de Mallorca? Una duplicidad más. El coste de gestión en este país es enorme y lo acabaremos pagando".

Carlos Hernández. "El ejemplo máximo es que en la conselleria de Agricultura hay más funcionarios que agricultores. Pero para engaño, las empresas públicas. Yo ya me conformaría si se suprimieran estas empresas que, en su mayoría, no prestan servicios esenciales. Sirven para esquivar las limitaciones presupuestarias, colocar personas y evitar el control de los funcionarios. Al final, todos los recursos de las entidades financieras se van en gran medida a cubrir la deuda del Estado."

Javier Capó. "La apelación a la ética y a ese pacto no sirve para nada en la medida en que no es obligatorio, tal como los propios políticos reconocen. La solución pasa por reducir los incentivos de los comportamientos corruptos: disminuir la burocracia y la regulación cuando sea factible y mermar el margen de discrecionalidad de políticos y funcionarios. Las decisiones deben ser más transparentes. En cuanto a los costes: elevar las consecuencias penales y que las implicaciones sociales y políticas resulten más evidentes. En este sentido, los ciudadanos tienen que asumir su responsabilidad. Por cierto, ha salido a colación el tema de las televisiones. En este sentido, la Administración ha pasado de ser un instrumento para servir al colectivo a tener unos comportamientos endogámicos, como una máquina que lucha en favor de su propia supervivencia. Hay actividades que se financian públicamente pero que no tienen sentido porque ya las ofrece el sector privado. Hay otras prioridades que por razones económicas y de equidad deben imponerse frente a excentricidades como la televisión".

Carlos Hernández. "Una de las cuestiones que resulta imprescindible es que todos los movimientos contables de la Administración sean accesibles al ciudadano. Ya lo planteó el diario Daily Mail en referencia a los partidos políticos británicos."

Antoni Roig. "De los gastos sólo se enteran los partidos que están en el poder. A la oposición le cuesta mucho acceder a la información sobre los pagos, y lo digo por mi experiencia de concejal de Palma".

Catalina Cantarellas. "Mientras tengamos el sistema que tenemos, no hay ninguna voluntad de dejar participar a los ciudadanos. Como ciudadana me siento insultada, ignorada..."

Javier Capó. "Los partidos políticos han adoptado un papel extremadamente paternalista. Nos tratan como si fuésemos tontos, sin capacidad para analizar las cosas y no explican las cosas que hacen porque dicen que son complicadas. Pero los ciudadanos tenemos el deber de exigir que nos lo cuenten y luego votar en consecuencia. A la hora de decidir el voto se hace un análisis simplista y hay una fidelidad partidista que a veces roza el fanatismo. Hemos entrado en una competencia de mínimos: se vota al menos malo".

Antoni Roig. "Tenemos los electores que tenemos. Mucha gente vota a los suyos, y son los suyos porque piensan que son de su estilo. Uno de los problemas que tenemos es la ley electoral. No me cabe en la cabeza que un partido minoritario en Mallorca [UM] decida gobierne uno u otro".

Catalina Cantarellas. "Con esta ley electoral, son los parlamentarios los que eligen todo, no los ciudadanos. Nosotros votamos listas cerradas. Elegimos grupos de poder bien constituidos porque no nos dejan optar por nada más. Se trata de una democracia ficticia".







* Diario de Mallorca - M. M. B. PALMA - 13.12.09

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Chapuzas urbanísticas con denominación de origen

LAVOZ/Pontevedra* : Propietarios de Oia empiezan a pagar las consecuencias de la anárquica política urbanística que impera en este municipio de la costa desde los tiempos del legendario alcalde del PP, Álvaro Miniño. Chapuzas urbanísticas las hay en este ayuntamiento se mire por donde se mire. Construcciones de mayor volumen de lo permitido, sin licencia municipal, con planos falsos para justificar parcelas mínimas o en la línea de costa han terminado por destruir un paisaje que podría ser hoy en día uno de los más bellos de Galicia.

Lo peor es que la catastrófica gestión del Urbanismo de Oia empieza ya a pasar factura a los propietarios. El caso de la casa de turismo rural que la conocida militante nacionalista Ana Gandón habilitó en una vivienda histórica en Serraseca es uno de ellos. El Ayuntamiento le dio mal la licencia porque lo hizo vulnerando sus propias normas subsidiarias al no solicitar una autorización autonómica previa. El resultado ha sido que años después de poner en funcionamiento el negocio la Xunta lo ha desautorizado. El informe de Política Territorial es contundente al señalar sin ninguna clase de tapujos el comportamiento irregular de la administración local cuando concedió dicho permiso.

El Talaso Atlántico es otra muestra de la ineficacia del departamento de Urbanismo de Oia. Resulta que el TSXG en una sentencia firme ha anulado la licencia municipal porque se basó en una ordenanza inexistente por cuanto que el Concello se «olvidó» de publicarla.

Demolición

El complejo turístico tendrá que ser demolido si es cierto lo que aseguró el director xeral de Urbanismo cuando, tras los derribos en A Guarda, aseguró que acabarían con todas las edificaciones ilegales con sentencia firme.

A Francisco R. una propietaria sin escrúpulos le vendió una casa construida con planos falsos que no existe administrativamente y no puede tener una póliza de toma de corriente legalmente establecida. Y tenía licencia municipal.

Estos casos son sólo la punta del iceberg del caótico municipio de Oia. En los tribunales hay decenas de expedientes de viviendas construidas ilegalmente que tendrían que ser demolidas como ya ha empezado a hacerse en A Guarda.








* La Voz de Galicia - A.M. - 12.12.09
Foto: Una sentencia firme anuló la licencia del Talaso - lavozdegalicia.es

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Málaga: Urbanismo no informó al registro del expediente al centro ruso de Pinares

MÁLAGAHOY* : El Ayuntamiento de Málaga no comunicó por escrito al Registro de la Propiedad la apertura de un expediente urbanístico contra el centro que el promotor ruso, Vladimir Beniachvili, había levantado sobre un terreno no urbanizable en Pinares de San Antón.

El aviso sólo se hizo verbalmente una vez que el Registro número 2 notificó que había inscrito la obra de una superficie de casi 2.000 metros cuadrados en base al certificado emitido por el arquitecto imputado en la trama de corrupción urbanística de Alcaucín y que fuera jefe del Servicio de Arquitectura de la Diputación provincial, José Mora Lampérez.

En ese documento, que había sido visado previamente por el Colegio de Arquitectos el 4 de febrero de este mismo año, el arquitecto hacía constar que la obra estaba terminada y que tenía una antigüedad de más de cuatro años, lo que evitaría su demolición al haberse sobrepasado los plazos legalmente fijados. Sin embargo, fuentes del registro de la propiedad defendieron ayer que actuaron conforme a "la más absoluta legalidad" en este caso porque "nuestra labor es constatar que el certificado es legal y que coincide con la escritura de la construcción que se pretende inscribir, no la de visar la legalidad de la obra".

La inscripción en el registro se produjo el 26 de marzo pasado y afectaba a una superficie total edificada de 1.796 metros cuadrados que, según detalla el propio arquitecto en un informe firmado el 16 de julio de 2008, "se desarrolla en dos viviendas distribuidas en dos volúmenes, más dos pequeñas construcciones anexas", cuyo uso previsto era el de apartahotel.

Fue entonces cuando el Registro de la Propiedad número 2 notificó la inscripción al Ayuntamiento de Málaga tal y como establece el artículo 52 del Real Decreto 1093/97. Pero fuentes de la Gerencia Municipal de Urbanismo reconocieron que únicamente se le informó verbalmente del expediente incoado contra el centro hispano-ruso y no por escrito, lo que motivó que unos meses después el promotor de la obra intentara nuevamente inscribir otra parte de la construcción en el registro. Pero ésta vez no hubo tanta suerte al detectarse "una disparidad" entre lo que incluía el certificado del arquitecto, que las fuentes no quisieron precisar si se trataba también de José Mora, y las escrituras de la obra, motivo por el cual fue rechazado.

Las fuentes municipales justificaron el hecho de no haber alertado al Registro de la Propiedad de la apertura del expediente urbanístico por "no tener medios suficientes para informar de todos los que se incoan diariamente", aunque anunciaron que lo harán en los próximos días. Sin embargo, matizaron que eso no impide que se siga adelante con la orden de demolición que planea sobre la obra.

De hecho, el Ayuntamiento le ha vuelto a notificar al promotor ruso la apertura de otro expediente en el que por primera vez se incluyen la decena de obras que ha ido construyendo desde 1998 en este terreno parcialmente no urbanizable de casi 6.500 metros cuadrados. La intención municipal es dictar una orden de derribo de todo el conjunto una vez que transcurra el plazo de diez días que el afectado tiene para alegar.

Si no derriba la obra de motu propio en el plazo fijado, el Ayuntamiento prevé primero imponer al promotor hasta 12 multas coercitivas por el 10% del valor de lo ejecutado, es decir, cada una rondaría los 86.000 euros, hasta que ejecute la orden. Si aún así, no lleva a cabo la demolición, Urbanismo ya ha anunciado que actuará de forma subsidiaria y que derribará la construcción. El promotor ha desoído tres órdenes anteriores emitidas en 2005, 2007 y una última en junio de este año.







* Málaga Hoy - Raquel Garrido - 12.12.09
Foto: Obras del centro hispano-ruso ocupando parcialmente suelo no urbanizable en Pinares de San Antón. - malagahoy.es

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