EUROPAPRESS/Granada* : La Fiscalía ha denunciado al alcalde de Atarfe (Granada), el socialista Víctor Sánchez, y al arquitecto municipal por la posible comisión de un delito de prevaricación en la redacción de un estudio detalle que modificó la edificabilidad y la densidad de unos terrenos que adquirieron cinco empresas en el denominado Paraje del Acequión.
La modificación del planeamiento supuso que se pasara de un techo edificable de 24.487 metros cuadrados con un límite máximo de 152 viviendas a un techo edificable de 43.483 metros cuadrados sin límite máximo de viviendas, "de forma absolutamente injustificada y groseramente ilegal", lo que, según el fiscal, "no sólo contradice lo dispuesto en el plan parcial y las propias normas subsidiarias, sino la propia Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA)".
En el decreto, facilitado a Europa Press, el Ministerio Público considera que la situación de origen de los terrenos, comprendidos en el subsector SR3, podría haber sido "ilícitamente alterada" en beneficio de los particulares relacionados con el proceso de urbanización y promoción "en una infracción flagrante de los parámetros urbanísticos aplicables y un futurible detrimento de los servicios de colectividad, que quedarían por debajo de los estándares legales".
En ese sentido, señala que la posible ilegalidad con relevancia penal viene determinada por la utilización del estudio detalle como un "instrumento de planeamiento inidóneo" que permitiría "sortear" los controles fijados por el ordenamiento urbanístico y un "irregular" proceso de modificación del cómputo de la edificabilidad "sin más finalidad posible que el favorecimiento de las promotoras beneficiadas en detrimento de la calidad de vida de los ciudadanos".
Los hechos se remontan a 2005, cuando el Ayuntamiento suscribió con dos de las promotoras beneficiarias de los terrenos --que eran propiedad de una fundación benéfica-- sendos convenios que modificaban el plan parcial aprobado en 2001, que establecía una superficie total del subsector de 34.990 metros cuadrados, un coeficiente de edificabilidad del 0,70 y una densidad de viviendas de 43,44 por hectárea.
Estos convenios, por sí mismos, en nada afectaban a la ordenación urbanística vigente, sino que posteriormente fue la figura elegida para la innovación del planeamiento por el alcalde y el arquitecto, el estudio detalle, la que tuvo el único objetivo de la "omisión de todas las garantías y controles externos de legalidad que podían llegar a frustrar los acuerdos alcanzados con los promotores", llegando incluso para ello a la "privatización de los viales", incluyéndolos en la superficie sobre la que se calcula el cómputo de edificabilidad.
DÉFICIT EN EQUIPAMIENTOS
Así, el fiscal considera además que el aumento de la edificabilidad ha podido conllevar una futurible disminución de las dotaciones y equipamientos públicos, el incremento de 18.996 metros cuadrados supone un déficit equipamental de 2.795, a razón de 515 de espacios libres y 2.180 de equipamiento.
"El aumento de aprovechamiento urbanístico mediante estudio detalle defrauda todas las garantías aplicables, realizando un cambio tan trascendente y lucrativo económicamente para la inmobiliaria y la promotora beneficiarias de forma manifiestamente ilícita con la sola intervención del pleno municipal, guiado por la decisión adoptada por el alcalde firmante de los convenios y autor de la resolución y la cobertura --burda por otra parte-- dada por el arquitecto municipal", señala el Ministerio Público, que considera que, por tanto, "podemos estar ante la resolución arbitraria típica de la prevaricación".
Para el fiscal es "tal el absoluto desprecio" por la ordenación aplicable, que los hechos investigados revelan por parte del arquitecto y alcalde implicados "que ni siquiera tienen reparo en incluir en el estudio detalle suelos que pertenecen a otros sectores no desarrollados mediante plan parcial y que, por tanto, no pueden ser urbanizados".
Asimismo, no sólo advierte de que la ordenación urbanística haya sido alterada ilícitamente, sino que ésta se trata de una "clara manifestación de urbanismo descontrolado y privatizado", en perjuicio además de la calidad de vida de los ciudadanos, al reducir los equipamientos previstos en la zona.
VALORACIÓN POLÍTICA DEL PP
La denuncia que motivó la investigación de la Fiscalía fue presentada el pasado 21 de mayo de 2008 por el portavoz del PP en el municipio, José Manuel Aranda, que pidió hoy en rueda de prensa la dimisión del primer edil, que ha sido denunciado en varias ocasiones por diferentes asuntos por el Ministerio Público.
Por su parte el diputado provincial del PP Antonio Granados volvió a aludir a las "cacicadas permanentes" del alcalde de Atarfe y dijo no entender cómo el secretario general de los socialistas granadinos, Francisco Álvarez de la Chica, cuando lo que sucede en el municipio "es lo mismo que sucedió en Marbella cuando comenzó la Operación Malaya". "Las diferencias entre Marbella y Atarfe es que Marbella tiene mar y Atarfe tenía Vega", dijo.
Asimismo, como el fiscal ordena en el decreto que se le dé conocimiento del contenido del mismo a la Inspección Urbanística de la Consejería de Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Granados confió en que la Administración Pública "se entere de una vez de las barbaridades que se cometen en Atarfe".
"Llevo esperando tres años y medio a que Álvarez de la Chica se quite la venda de los ojos y se lave la cara por higiene democrática y vea lo que está sucediendo en la provincia", señaló Granados, que pidió al PSOE el cese de Sánchez o que le pida que dimita.
* Europa Press - 3.04.09
Foto: Atarfe - ideal.es
La Fiscalía denuncia al alcalde de Atarfe y al arquitecto municipal
El Gobierno rectifica y recurre ante el Supremo el complejo Gemelos de Benidorm
DIARIO CRÍTICO/Alicante* : El Gobierno ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo contra las dos torres de más de 20 alturas del complejo Gemelos de Benidorm. Pese a que este martes la intención del Ejecutivo era la de desistir en el proceso contra la edificación, este miércoles se confirmó un nuevo recurso.
El Gobierno ya recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat la edificación al considerar que está situada en las zonas de servidumbre que establece la Ley de Costas. Sin embargo aquel recurso fue rechazado.
Ahora, la ministra de Medio Ambiente y medio Rural y Marino, Elena Espinosa, explicó que el Gobierno ha interpuesto un recurso de casación con el fin de lograr la expropiación del complejo, con 22 alturas por edificio.
"El Gobierno mantiene que no se puede edificar" en primera línea de la costa en Benidorm, si bien ha hecho hincapié en que hab´ra que esperar a la decisión del Supremo.
Gemelos 28
Gemelos 28 sustituye a un edificio, construido en los años 70 y derribado por Ballester Inmobiliaria en 2006, "sólo cuando la promotora obtuvo todas las licencias pertinentes para levantar su nueva promoción". Tras "más de 20 años por los tribunales", que ahora se completa con la ratificación de la legalidad de las dos nuevas sentencias, Ballester Inmobiliaria inició las obras de Gemelos 28.
Sin embargo, la decisión del Consejo de Ministros de declarar de utilidad pública la parcela donde se ubica Gemelos 28, tomada el 15 de junio de 2007, cuando las obras ya estaban en marcha, echaba por tierra la labor de todos los Tribunales de Justicia.
Además, la empresa no fue informada de esta decisión hasta un mes después, el 12 de julio de 2007. Por este motivo, Ballester Inmobiliaria ha continuado su ritmo habitual de trabajo en la zona, manteniendo así los compromisos adquiridos con proveedores, subcontratas y propietarios.
La decisión del Consejo de Ministros de declarar de utilidad pública la parcela donde se ubica Gemelos 28 se tomó el 15 de junio de 2007, cuando las obras del nuevo edificio ya se habían iniciado. Se informó a la empresa un mes después, el 12 de julio de 2007, y desde entonces no se ha recibido ningún documento que obligue a la paralización de las obras.
* Diario Crítico - 1.04.09
Foto: Las dos torres en construcción en Benidorm- ROSA FUSTER, elpais.com
La familia del alcalde de La Nucia urbanizó 44.000 metros cuadrados
ELPAÍS/Alicante* : La familia del alcalde de La Nucia, el popular Bernabé Cano, tiene experiencia en la gestión de proyectos urbanísticos. El Ayuntamiento de La Nucia acordó el 7 de octubre de 2002 adjudicar la condición de agente urbanizador del sector La Favara, de 44.241 metros cuadrados, a Ángeles y Gabriel García Saiz, madre y tío del alcalde, Bernabé Cano.
La corporación aprobó el PAI, el proyecto de urbanización, el estudio de detalle y el proyecto de reparcelación que presentaron los familiares de Cano. Y lo hizo bajo el régimen de adjudicación preferente y con la abstención plenaria del alcalde, dado que la familia era la propietaria de la totalidad del suelo del sector.
Tan solo dos meses después, la familia del alcalde cedió la condición de agente urbanizador a la empresa Saga Bonperal, SL, que pagó a los parientes del primer edil más de tres millones de euros por tres parcelas del PAI que sumaban 10.551 metros cuadrados. Según los datos de Registro de la Propiedad, estas parcelas tenían unas cargas de urbanización de 275.000 euros, lo que le otorgaba una valoración al suelo ya urbanizado de 312 euros el metro.
Además de esta venta, la familia del alcalde se quedó con otras siete parcelas edificables con una superficie total de 10.397 metros, por las que tuvieron que afrontar unas cargas de urbanización de 267.000 euros. Finalmente, Saga Bonperal también edificó estos solares. La urbanización cuenta con casi 400 viviendas, otros tantos garajes y docenas de locales comerciales.Saga Bonperal, SL, la promotora que se encargó de urbanizar y construir las parcelas de la familia del alcalde, Bernabé Cano, es propiedad de Antonio Rocamora y Gerardo Martínez Riquelme. Ambos, tras desarrollar el PAI La Favara de la familia del alcalde continuaron su excelente relación con el alcalde en La Nucia y se han adjudicado la urbanización de los PAI de la Serreta y Pie de Monte.
Antonio Rocamora y Gerardo Martínez Riquelme son vicepresidente y consejero delegado, respectivamente, de la empresa Cases del Pinar, SL, que recibió la condición de agente urbanizador del PAI de la Serreta en junio de 2005, una actuación de 2,8 millones de metros en los que se prevén construir 3.884 viviendas y un campo de golf, aunque el Ayuntamiento todavía debe aprobar el proyecto de reparcelación que tiene en estudio. En Cases del Pinar, SL aparece como socio mayoritario el grupo Ballester.
Los dos promotores también son administradores de Montemar La Nucia, SL, agente urbanizador del PAI Pie de Monte, que lidera otro conocido constructor de Benidorm, Francisco Murcia Puchades.
Según publicó EL PAÍS el pasado 7 de febrero, una de las grabaciones obtenidas que sirvió de base para desmantelar la trama de empresas corruptas vinculada al PP que dirigía Francisco Correa desvela que éste manifestó que el alcalde tenía unos amigos constructores con los que iba a hacer negocios.
"Tengo un tema gordo en Valencia, con un PAI prácticamente cerrado, el tío pide 1.000 kilos de más. Compramos a 10.000 y vendemos a 20.000. Ganamos 12.000 kilos. Un empresario pone el 50% y yo otro 50%. De mi 50% yo reparto con Ramón Blanco, con Álvaro (Pérez), con Pablo y con el alcalde... Hay un tema medioambiental que lo desbloqueo yo", afirmaba Correa en la conversación grabada.
Correa visitó, al menos dos veces, Benidorm para cerrar la compra de un porcentaje del PAI Pie de Monte con los responsables de la empresa urbanizadora y, finalmente, consiguió el compromiso de obtener un tercio del suelo en una opción de compra que no llegó a ejecutarse. También participó en la negociación Pablo Crespo, administrador único de Orange Market y señalado por el sastre de Forever Young, José Tomás, como autor de los pagos con fajos de billetes de 500 euros de los trajes que, supuestamente, eran para el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y otros altos cargos valencianos, además del mismo Álvaro Pérez. No obstante, quien cerró la opción sobre el PAI Pie de Monte fue Jacobo Gordon, amigo de infancia de Alejandro Agag, yerno del ex presidente José María Aznar. El negocio debía reportarle a la trama 72 millones de euros de beneficios, según dijo Correa.
El PAI Pie de Monte fue aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento de La Nucia en septiembre de 2004, pero tiene un informe de impacto ambiental con 22 reparos y no dispone del informe de suficiencia hídrica de la Confederación Hidrográfica del Júcar, por lo que la Comisión Territorial de Urbanismo, que lo llegó a estudiar, lo rechazó a finales de 2007. Precisamente "el tema ambiental" era el trámite que debía sortear Correa utilizando su supuesta influencia en la Administración valenciana. Una gran parte del millón de metros que comprende se quemó en un incendio provocado por un temporal.
* ELPAIS.com - ARTUR BALAGUER - Benidorm - 02/04/2009
Foto: La Nucia - flickr.com
Vergüenza inmobiliaria nacional
JOSÉ MANUEL NAREDO* : España ha recibido un tercer informe del Parlamento Europeo condenando los excesos urbanísticos cometidos en su territorio y es una gran vergüenza nacional apreciar que el grueso de nuestros políticos sigue mirando para otro lado. Los resultados de los partidos así lo atestiguan. Ni los parlamentarios del PP ni los del PSOE se sumaron a este informe, masivamente apoyado por la Cámara. Pese al estallido de la crisis inmobiliaria que sacude al país, ni el Gobierno ni el partido mayoritario de la oposición han reconocido las lamentables consecuencias del modelo inmobiliario español, ni han tomado medidas para reconducirlo, ya que la ausencia de autocrítica arrastra la falta de diagnósticos y de medidas acertadas.
El aquelarre inmobiliario ha destruido sin ningún escrúpulo la variedad y la belleza características de nuestros paisajes naturales y culturales, dando la razón a la maqueta de cemento representativa del territorio hispano que han colgado en el Parlamento Europeo. No en vano, España se ha erigido en líder europeo del consumo de cemento, con cerca de 60 millones de toneladas anuales: más de una tonelada por persona y por hectárea.
En otro tiempo, se criticó el destrozo de nuestras costas ocasionado por los años del desarrollo franquista, cuando los estropicios actuales dejan ese pasado en un juego de niños. El magnífico y catalogado Peñón de Ifach queda hoy ridiculizado por la enorme masa de edificaciones que lo ahogan. El sky-line madrileño es una feria de los horrores urbanísticos que, por mero afán de lucro, fueron introduciendo enormes volúmenes de edificación a golpe de operaciones y recalificaciones. Lo mismo ocurre, o va camino de ocurrir, con ciudades tan sensibles como Santiago de Compostela o Sevilla. No, no es el amor a España, sino el amor al lucro el que preside todas estas actuaciones, pese al españolismo del que suelen hacer gala los políticos que las consienten.
La situación ha ido tan lejos que, aun habiendo creado normativas que legalizan el trapicheo de las recalificaciones de suelo, los casos de corrupción afloran a diario en los tribunales. El sinnúmero de procesos en curso, y el de esqueletos y despojos de construcciones y demoliciones que aparecen con la crisis por todo el territorio señalan a gritos que ya es el momento de parar y de cambiar el modelo inmobiliario que tanto daño ha hecho. El tercer aviso del Parlamento Europeo debería inducir a ello sin necesidad de buscar ejemplos lejanos, sino simplemente mirando lo que ocurre más allá de los Pirineos.
Pensando que tener clara conciencia de nuestros males es el primer paso para poder curarlos, hay que tomar conciencia de que el actual modelo inmobiliario ha agotado su lamentable andadura. Ha conseguido succionar la mayor parte del ahorro e hipotecar a medio país para obtener un stock inmobiliario sobredimensinado y de mala calidad. Ahora el principal problema heredado es aligerar la deuda contraída y dar un uso razonable a ese stock infrautilizado, haciéndolo habitable y promoviendo el alquiler y la vivienda social mediante un marco institucional adecuado.
*José Manuel Naredo es economista y estadístico
* Público - Opinión - 1.04.09
¿Nuevo escándalo en Marbella?
ELCONFIDENCIAL* : En lo alto de la Vega del Jaque, entre Marbella y Benahavis, se alza altiva la Casa Rosada, una ostentosa mansión de 2.700 metros cuadrados, dos plantas, cinco dormitorios, tres almacenes, sala de billar, gimnasio, bodega, sala de cine, de juegos, dos piscinas, una exterior y otra climatizada, garaje para aparcar el Ferrari, y tres sótanos, en la que vive la regidora de Marbella, Ángeles Muñoz.
Esta es la famosa vivienda construida en tierra de nadie que ha desatado la guerra entra la Junta de Andalucía y el consistorio marbellí. El Ayuntamiento aprobó en un pleno celebrado en diciembre que estos terrenos, pertenecientes a Marbella, los cedía a Benhavis. La semana pasada la Junta de Andalucía le hizo saber a la regidora municipal que desautoriza esta medida del deslinde de terrenos revocando su legalidad.
En la ciudad se la conoce como la Casa Rosada porque es un calco a la que habitan los Kirchner en Buenos Aires. Fachada, paredes, estanterías… Casi toda ella está pintada de rosa, el color preferido de la alcaldesa. La población marbellí que, tal y como se puede leer en los foros de Internet, siempre ha recelado de la mansión de su regidora, ignora el grado de ostentación de la misma. Hoy, El Confidencial la pone al descubierto con estas fotos exclusivas.
El escándalo está servido. Ángeles Muñoz, quien sucedió en el cargo de regidora a Julián Muñoz y Jesús Gil (ambos manchados por delitos de corrupción) y prometió transparencia en su gestión para acabar con todas las irregularidades de sus predecesores, vive a todo lujo en una de las mejores mansiones de Marbella. Para más inri, la vivienda podría haber incurrido en varias irregularidades, tal y como denuncian expertos y oposición a este diario.
Ángeles Muñoz es diputada regional y en la declaración patrimonial que registró en el Parlamento no aparece este inmueble. Según el abogado José Cosín, uno de los marbellíes que lucha por los derechos del municipio y se hace eco de las irregularidades que se producen en localidad desde La Voz de Marbella, Ángeles Muñoz podría perder todos sus derechos como parlamentaria si ha omitido bienes en su declaración patrimonial.
Propietaria del 50% de la casa
Según destaca el letrado, “la declaración de bienes presentada por Ángeles Muñoz en el Parlamento de Andalucía no coincide con la respuesta que la alcaldesa dio a El Confidencial, en la que aseguraba que era titular del 50% de la sociedad propietaria de la mansión donde reside, participación que no figura en su declaración patrimonial”. El otro 50% pertenecería a su marido, el constructor Lars Broberg.
En el documento adjunto que incluimos, Ángeles Muñoz declara poseer una vivienda en Suecia, con un valor catastral de 600.000 euros, una en Madrid, con un valor catastral de 150.253 euros, y dos en Málaga, la primera con un valor catastral de 62.112 euros y la segunda con un valor de 176.685. Ninguna coincide con la Casa Rosada.
No todo acaba ahí. Según el abogado José Cosín, existen irregularidades en la licencia de obras de la mansión de la regidora. “El permiso de obras, concedido por el Ayuntamiento de Benahavis cuando los terrenos pertenecían a Marbella, no incluía permiso para las tres plantas de sótano, de los que disfruta hoy la vivienda”.
Vinculaciones con Gibraltar
Estas declaraciones coinciden con las fotografías que hoy publica El Confidencial. En cada sótano de la Casa Rosada se ha construido una zona de ocio: sala de cine, spa con saunas, baños turcos, gimnasio, piscina climatizada y sala de juegos con billares y futbolines.
El diputado de Izquierda Unida, José Antonio Castro ha puesto en entredicho la legalidad de la Casa Rosada. Según Castro, hay documentos que apuntan que la sociedad propietaria de la vivienda de la alcaldesa y empresas de su entorno están relacionadas con Gibraltar, uno de los paraísos fiscales preferidos por los españoles.
* El Confidencial - Amparo de la Gama (Marbella) .- 31/03/2009
Foto: El Confidencial
