LAOPINIÓN/Málaga* : La ordenación urbanística en la provincia ha sido, durante años, como un chiste malo: no hace gracia, pero sigue contándose. Las consecuencias de estos años de locuras urbanísticas las vivimos ahora, con una cantidad de expedientes abiertos a viviendas irregulares que superan ampliamente los 27.000, sólo en los grandes municipios de la provincia.
Lo peor es que todo indica que este número sólo representa una fracción de las ilegalidades cometidas, como se ha demostrado con el caso de Almogía. La excesiva permisividad y la falta de vigilancia por parte de las administraciones están pasando ahora factura a muchos municipios.
Marbella es el paradigma de las ilegalidades urbanísticas, pero no es el único municipio con este problema desmandado por su gravedad. Las 18.000 viviendas que están en situación irregular la convierten en el municipio más problemático, con un proyecto de PGOU que intenta poner un poco de orden en este marasmo de ilegalidades y no recurrir al temido derribo de edificios que están ya habitados.
Pero si Marbella acumula más de la mitad de estos expedientes, las vecinas Estepona y Mijas parecen estar contagiadas con el mismo mal. Ambos municipios acumulan unos 3.000 expedientes cada uno, unas cifras estratosféricas si se ponen en contexto con el resto de la provincia, ya que sólo Cártama se acerca un poco con otros 2.000 expedientes, mientras que el resto de los municipios se sitúan por debajo de las 350 infracciones detectadas.
En los municipios de la Costa del Sol suele ser habitual la construcción en terreno no urbanizable, fruto del caos urbanístico vivido durante los años del ´boom´ inmobiliario. Estas infracciones pueden ir desde levantar edificios enteros de viviendas o urbanizaciones, a construir una piscina o un muro de cerramiento sin licencia.
Estepona, con cientos de viviendas de urbanizaciones construidas en terrenos rústicos o protegidos, vive una situación peculiar. El inicio del ´caso Astapa´ provocó la paralización de la mayor parte de los trámites sancionadores, ya que muchos expedientes están intervenidos dentro de las actuaciones judiciales.
Valle del Guadalhorce
La Costa del Sol es quizá uno de los puntos negros del urbanismo en la provincia. Pero no el único. El Valle del Guadalhorce se ha convertido en una zona muy dinámica en los últimos años, lo que ha tenido también su reverso oscuro a modo de irregularidades. Lo habitual ha sido la construcción de chalés donde antes había casas de aperos. La falta de beneficio por la agricultura y los altos precios que se pagan por un terreno han servido de excusa. Los ayuntamientos han preferido mirar a otro lado para evitar problemas, actuando como cómplices. Las víctimas han sido el paisaje y los terrenos rústicos.
Cártama es, con sus 2.000 expedientes abiertos, la zona más compleja. De hecho, allí se produjo el primer derribo de una vivienda ilegal en la provincia. El primero y casi el único, porque sólo se ha repetido esto una vez más, en Marbella.
El paisaje de este municipio se ha visto, en apenas unos años, salpicado de puntos blancos a causa de la gran cantidad de viviendas que se han construido en antiguas zonas de labranza. El control se ha hecho casi imposible.
Los municipios del interior han vivido una cierta impunidad, producto de estar en una segunda fila por el peso de la Costa. Eso no ha impedido casos como el de Almogía o Gaucín, con intervenciones judiciales para poner coto a las irregularidades.
Mientras la capital tiene abiertos poco más de un centenar de expedientes por infracciones de poco calado, el gran melón por abrir de las ilegalidades parece ser la Axarquía. Ecologistas en Acción cifra en unas 20.000 las viviendas ilegales en esta comarca, con una actividad casi descontrolada en muchos municipios del interior.
Este grupo señala que pocas son las localidades que se libran de los abusos urbanísticos, como son Alfarnate, Alfarnatejo, Riogordo, Comares y Cútar. En el resto, según Ecologistas, las infracciones se han ido extendiendo como una mancha de aceite, alcanzando cotas preocupantes.
* Información elaborada con datos de Noelia Andrade, Princesa Sánchez, Ana María Marín, Carmen Fernández, Ana García, Izaskun Guerrero, Blas Gil y Lola Sánchez.
La Axarquía reclama un urbanismo diferente
Más de 10.000 viviendas pendientes de normalizar y un futuro incierto respecto a la posibilidad de que el turismo rural tenga opciones de desarrollo en la Costa del Sol más oriental han forzado, según los representantes públicos de los ayuntamientos, a crear una mesa de trabajo por el urbanismo axárquico. Un foro que sin embargo podría desarticularse si el PP confirma que lo abandona porque nace "sin utilidad".
La problemática urbanística en la Axarquía es una realidad, pero a los regidores populares les resulta "como mínimo ridículo" que la Junta de Andalucía se siente en la mesa como "oyente".
Así lo ha expresado el grupo del PP en la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol-Axarquía.
Para los ecologistas de esta parte de la provincia, las administraciones supramunicipales deben, sin embargo, mantenerse en esa posición neutral. "Lo que no se va a permitir es abrir otra vez el grifo para que se construya en el campo sin control". Al respecto, la cifra de casas en suelo rural que siguen fuera de ordenación la sitúan estos colectivos en más del doble, unas 20.000, respecto a las cantidades oficiales.
Todo comenzó a ser bien diferente en el interior axárquico por el parón de la crisis, pero ya habían comenzado a levantarse las voces de los ayuntamientos, contra la administración autonómica, cuando se dio luz verde a una Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) que ahogaba de una forma contundente cualquier iniciativa de crecimiento en la mayoría de los terrenos con pendientes significativas –áreas montañosas–.
De hecho, ese tipo de suelos casi acaparan la totalidad del mapa geográfico de la comarca de la Axarquía.
La mesa axárquica por el urbanismo se reunía a principios de esta semana y planteaba la necesidad de plantear encuentros periódicos cada mes.
Pero desde un principio el PP, a través de su portavoz, José Alberto Armijo, pone en duda su utilidad, si no se demuestra intención alguna de cambiar los planeamientos.
La delegada provincial de Ordenación del Territorio, Josefa López, actuó como "oyente", igual que el portavoz de los constructores.
F. Extremera. Nerja
Las denuncias ciudadanas impulsan las investigaciones de la Fiscalía
Desde que se creó el área de Medio Ambiente de la Fiscalía de Málaga han quedado claras dos cosas: la primera, que los delitos contra la ordenación del territorio se han multiplicado por toda la geografía provincial, adquiriendo en la Costa del Sol su máxima entidad, penetrando hasta el interior en forma de autoconstrucciones; la segunda es que ha crecido mucho la concienciación ciudadana contra estos delitos. Así, el ministerio público inicia cada vez más investigaciones gracias a las denuncias de particulares que, antes de ir a la Guardia Civil o al juzgado de guardia, deciden poner en conocimiento del coordinador de la sección, Juan Calvo Rubio, la ilegalidad.
Así lo reconoce el fiscal jefe de Málaga, Antonio Morales: "El origen de nuestras denuncias suelen ser las fuerzas de seguridad, pero es cierto que cada vez recibimos más denuncias de vecinos y particulares. Es complejo detectar los delitos urbanísticos, pero siempre hay fugas. Ha aumentado mucho la participación ciudadana". No sólo denuncian ya los partidos de la oposición o los ecologistas, sino que también han encontrado un válido interlocutor en la Fiscalía los vecinos, principales agredidos por construcciones ilegales en sus municipios.
La Fiscalía de Medio Ambiente ha incoado alrededor de 300 diligencias de investigación en los nueve primeros meses del año, de las que 250 se refieren a delitos relativos al urbanismo: fundamentalmente se investigan prevaricaciones e ilícitos contra la ordenación del territorio. Después de abrir estas diligencias, si hay indicios delictivos, el fiscal interpone la correspondiente querella en el Juzgado Decano del partido judicial afectado, iniciándose el proceso penal. Hace tiempo que el ministerio público lleva advirtiendo de la proliferación de autoconstrucciones en los pueblos del interior, viviendas ilegales levantadas en suelos rústicos que ni siquiera, en muchos casos, tienen licencia. Ocho de cada diez delitos contra la ordenación del territorio están relacionados con autoconstrucciones. Además, siempre se solicita la demolición de la vivienda.
José Antonio Sau
* La Opinión Málaga - MIGUEL FERRARY - 25.10.09
Foto: El caos urbanístico genera 27.000 expedientes por casas ilegales en Málaga - laopiniondemalaga.es
El caos urbanístico genera 27.000 expedientes por casas ilegales en Málaga
Hacienda también investiga las obras de El Madrigal de 2008 y a su adjudicataria
LEVANTE/Castelló* : Esta acción se suma a la que ya realiza la Fiscalía por la misma remodelación. El propio ministerio público denunció a Fernando Roig y a todo el consejo del Villarreal CF por facturas falsas en la reforma de su estadio en 2004 y 2005. Las investigaciones sobre las obras de ampliación del estadio municipal de El Madrigal aumentan y, con ellas, las sospechas sobre la gestión en el Villarreal CF.
Según un documento al que ha tenido acceso Levante de Castelló, la Agencia Tributaria está investigando a Estructuras, Viviendas y Carreteras SA (EVC), la subcontrata que realizó la remodelación de 2008, así como también las de 2001, 2004 y 2005. Cabe recordar que, como publicó este periódico el pasado 6 de septiembre, la Fiscalía de Castelló también está indagando en la ejecución de estas obras de EVC, motivada por la denuncia de una empresa que halló "hechos que pueden ser constitutivos de delito" en la construcción del graderío norte superior el pasado año.
Estas investigaciones sobre las diferentes obras que el Madrigal ha venido ejecutando no son nuevas. El pasado 24 de julio trascendió a la opinión pública una denuncia del Fiscal Jefe de Castelló, Javier Carceller, contra el dueño del Villarreal CF -el empresario Fernando Roig- y los diez miembros del consejo de administración amarillo, así como a otras 14 firmas y personas por tres delitos relacionados con la facturación falsa y el fraude en el IVA en las obras de remodelación del estadio en 2004 y 2005.
Las diligencias realizadas por el ministerio público se basan en un demoledor informe de la Agencia Tributaria sobre inspecciones a la empresa EVC y al club, en las que concluye que, los gestores del club, "en connivencia" con los propietarios de la empresa adjudicataria (José Manuel López Cabañas y José Luis Ocerín) y con la subcontrata Spain Gespro (Juan Serrano, Silvia Graciela Salazar y José López Ferris) urdieron una trama de facturación falsas que llevó al Villarreal CF a ahorrarse al menos 525.440 en el IVA.
"Facturas falsas"
Etas dos empresas, EVC y Spain Gespro, son las que están siendo investigadas otra vez por la Fiscalía y la Agencia Tributaria. En concreto, según el documento conocido por Levante de Castelló, Hacienda estudia una documentación que contiene "facturas falsas de las empresas EVC, Natur Cas, Spain Gespro y Gresepol, todas ellas de los años 2006, 2007 y 2008". Concretamente, el pasado año, la ya denunciada EVC llevó a término la construcción del graderío superior norte del estadio de El Madrigal.
Pero esta no es la única polémica que envuelve la última ampliación del coliseo amarillo. Como también publico este periódico, la empresa de Alcossebre Solados y Alicatados Hurtado también denunció a EVC ante el Juzgado de Instrucción de Sagunto por un delito de alzamiento de bienes y estafa. En aquella ocasión, los gestores de la firma, López Cabañas y Ocerín, fueron denunciados por no abonar 208.026 euros de las obras de ampliación de la grada norte de El Madrigal, la remodelación investigada ahora por el fiscal y la Agencia Tributaria.
Según estos denunciantes, EVC abonó la deuda con pagarés falsos. Ante la imposibilidad de cobrar, Solados y Alicatados Hurtado se dirigió al Villarreal CF como responsable subsidiario, según reza el artículo 1.597 del Código Civil. El club amarillo contestó que había facilitado los pagos a EVC y que debería ser esta la que respondiera ante la deuda.
Pese a las sospechas que pesan sobre EVC, Fernando Roig ha seguido confiando en esta firma, ya que como ha podido saber este periódico, también ha realizado las obras del chalé de su hija.
* Levante-EMV - SERGI PITARCH - 25.10.09
Foto: En el 2008 se construyó el graderío superior norte para acoger a las aficiones rivales. levante-emv
Toralla en un mar de dudas
ELPAÍS/Pontevedra* : Mientras a un lado del puente todo el mundo celebra la noticia, al otro se recibe con perplejidad, cabreo, muchas dudas y una falta de información tan grande que hasta imaginan que lo del paseo marítimo es una milonga. Un "bulo" que se propagó a través de un correo electrónico con el que tragó la prensa porque el titular era de lo más suculento. "El ministerio creará una senda litoral en la isla de Toralla".
La plataforma A Ría Non se Vende, portadora de la buena nueva, no entiende cómo el Gobierno no les tomó la delantera para hacer pública la noticia: al fin se abría el paso por completo a la isla privada que alberga una torre de 20 pisos junto a la playa de viguesa de Samil. Pero el ministerio lo niega.
"Una cosa es el paseo, de lo que ahora mismo no hay nada, seguro, y otra distinta el deslinde, que es lo que se está llevando a cabo. Como es suelo urbano, son 20 metros hacia adentro a partir de la línea del mar", indica, desde Madrid, un portavoz oficial del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, que dirige la gallega, y medio viguesa, Elena Espinosa. El Gobierno central reconoce que "existe un proyecto de senda peatonal" desde hace tiempo, "un camino nada agresivo", puede que de madera, por el perímetro (1.386 metros) del deslinde, pero que está aparcado a la espera de mejores perspectivas económicas.
Ahora que empieza a azotar el invierno en la isla, ahora que las araucarias se doblan por el viento, y el mar embiste y viene con bríos suficientes como para zurrarle sin parar hasta abril a la escollera, muchos vecinos han cerrado sus casas, pero en Toralla, con buen tiempo, llegan a vivir "entre 700 y 1.000 personas", según el administrador de la isla. Todas éstas se enteraron por los periódicos del inminente propósito del ministerio de llevarse por delante buena parte de las fincas particulares para dejar pasear a los ciudadanos de a pie, que llevan toda la vida teniendo prohibida la entrada a esta isla de Vigo.
Los propietarios recibieron esta semana una carta de la Jefatura Provincial de Costas con fecha del 14 de octubre. El escrito les anunciaba que estaba a exposición el nuevo deslinde y que contaban con un plazo de 15 días para presentar alegaciones. ¿Era una casualidad, o no, que el aviso ministerial llegase al mismo tiempo que la noticia difundida por A Ría Non se Vende? Ellos, ahora, creen que este colectivo ecologista se excedió al entender "paseo" donde el Gobierno central sólo decía "deslinde". Pero una voz, desde el ministerio de Espinosa, lanza un aviso: "La verdad, hoy, es que lo único que hay es lo segundo, pero los ecologistas suelen ser gente bien informada...".
A lo largo de esta semana, varios vecinos acudieron a la llamada de Costas para ver si presentaban alegaciones. Según el administrador de Toralla, SA, la sociedad que compraron los propietarios de los 32 chalés y de la torre en 1984, no se va a reclamar porque "todo sigue como estaba". Es decir, entre los años 67 y 69, la Administración central trazó el primer deslinde, de seis metros desde el mar, y según ellos, la cifra se mantiene. Claro que el ministerio, consultado de nuevo por este diario, insiste en que los metros de cesión "son 20 por mucho que a ellos no les guste", aunque la pasarela pública, de hacerse, sólo ocuparía entre tres y seis.
En el peor caso para los vecinos, es decir, si el paso tuviese un ancho de seis metros, el día en que "haya dinero" para construir una senda (que según los residentes tendrá que ser de hierro, porque "aquí el mar lo rompe todo") desaparecerían una docena de jardines y sus piscinas, y habría, además, entre dos y cuatro chalés afectados, los que están construidos más cerca de las rocas.
El ministerio no tendría que expropiar nada, porque todas estas propiedades de ensueño están ocupando, en parte, terrenos del Estado. Por los metros más próximos al rompiente de cada finca, los residentes estaban abonando anualmente al Gobierno una especie de alquiler. Ahora ya no pagan nada, porque las concesiones han expirado. Los terrenos, oficialmente, vuelven a estar a disposición de Costas; pero mientras Costas no disponga nada, los vecinos seguirán disfrutando de las codiciadas parcelas.
Hace una década que el concejal viguista y vigués Antonio Nieto Figueroa, Leri, logró que el Supremo reconociese el derecho de todos los ciudadanos a atravesar el puente de Toralla andando, para pescar desde la plataforma o para bañarse en las dos calas que hay a la entrada de la isla. Entonces, la garita con barrera en la que siempre había un guarda se trasladó 400 metros, de una punta a la otra del viaducto. Y hoy el vigilante sigue ahí, vetando el paso a todo extraño que no demuestre que viene invitado por algún morador de la isla.
Los vecinos consideran injusto este uso democrático (pero sólo peatonal) del puente, porque pagan un canon anual de 1.210 euros por la concesión hasta 2018 del terreno en el que se asienta, y afirman que lo financiaron ellos y "nunca fue expropiado". "Para no pagárnoslo, la Administración acordó darle un cambio de uso, en vez de expropiar", dicen. El puente costó "400 millones de pesetas", y para poder pagarlo, la primigenia Toralla, SA, promotora propietaria de la isla desde 1965, vendió disparada de precio una gran parcela sin edificar. La compradora, Promotur, SA, compensó el gasto levantando la que durante años fue la torre más alta de Vigo, el polémico edificio de Toralla, firmado por Bar Bóo y rematado por Pérez Bellas, de 20 pisos, 70 metros de altura y 135 viviendas.
* ELPAIS.com - SILVIA R. PONTEVEDRA - Toralla - 25/10/2009
Foto: Toralla - viajeteca.com
La Justicia pone contra las cuerdas a los políticos castreños al investigar posibles delitos urbanísticos
DEIA/Cantabria* : Prevaricación, malversación de fondos, falsificación documental... Son términos judiciales que hoy en día se emplean con normalidad en las conversaciones de los ciudadanos de Castro Urdiales. Y es que la población castreña se ha acostumbrado a ver el nombre de la localidad en los medios de comunicación, relacionando al equipo de gobierno municipal con una serie de supuestos delitos que son investigados por la Guardia Civil y que han llevado al juzgado, en repetidas ocasiones, a sus tres cabezas visibles -Fernando Muguruza, alcalde; José Miguel Rodríguez, conocido como KyK, teniente de alcalde y concejal de Hacienda, y Rufino Díaz Helguera, concejal de Obras, Personal y Protección-.
La vida política de Castro Urdiales se ha convertido durante los últimos años en una maraña de acusaciones, denuncias y procesos judiciales que tienen desconcertada a la población y en jaque a sus representantes municipales.
Un alcalde inhabilitado para tomar decisiones urbanísticas y de contratación, una veintena de casos investigados por la Guardia Civil, una decena de sumarios abiertos en el Juzgado de Instrucción número 2 de la localidad y la práctica totalidad de los concejales del Ayuntamiento imputados, son las claves de un proceso que está haciendo tambalear los cimientos del municipio.
Antecedentes
El alcalde tránsfuga
La realidad es que la vida política de Castro Urdiales, sin llegar a la delicada situación actual, siempre ha estado marcada por la polémica. Los doce años como primer edil de Rufino Díaz Helguera acabaron el día que Fernando Muguruza, cabeza visible del Partido Regionalista Cántabro (PRC), le arrebató la Alcaldía en 2003. Habían sido tres legislaturas del socialista al frente del gobierno municipal y la población castreña decidió que era momento de cambiar el rumbo. Muguruza asumió, así, el puesto de primer representante de Castro Urdiales con el apoyo del Partido Popular, siempre encabezado por José Miguel Rodríguez KyK, e Izquierda Unida, con Salvador Hierro. Ambos ocuparon concejalías relevantes.
Aquella legislatura fue convulsa desde el principio. De hecho, las decisiones de Muguruza fueron muy criticadas, principalmente por Rufino Díaz Helguera, cuyos enfrentamientos con el alcalde se tornaron duros, constantes y sonados. En este clima de tensión, Díaz Helguera decidió denunciar en el juzgado al equipo de gobierno por la contratación de la empresa Izeta para realizar unas obras de mejora en el túnel de Mioño. Según argumentó en su momento, este acuerdo se firmó sin pasar los trámites municipales. Este grave conflicto supuso, a la larga, la expulsión del PSOE de Díaz Helguera y de otros cinco concejales, ya que, en contra de la directriz de su partido, decidieron presentar una moción de censura contra el alcalde; moción que, por otro lado, no prosperó.
Concluyó la legislatura y llegaron las elecciones municipales de 2007. En ellas irrumpió un nuevo partido que, a la postre, sería de vital importancia para Muguruza: Acuerdo por Castro, fundado por Rufino Díaz Helguera. Además, PSOE y PRC habían firmado en Cantabria un pacto de gobierno para las alcaldías de la comunidad. Y, dado que los socialistas fueron la lista más votada en Castro Urdiales, a ellos les correspondía acceder al puesto con los votos de los regionalistas cántabros.
Sin embargo, Fernando Muguruza se saltó la disciplina de partido, se alió con su mayor enemigo, Díaz Helguera, y sumó los votos del Partido Popular. Con esta jugada, volvió a ser primer edil; una maniobra que originó un duro enfrentamiento entre el PSOE y el PP en la Comunidad y que le supuso la expulsión del partido y, finalmente, la declaración de tránsfuga.
Procesos judiciales
Imputaciones y diligencias
Nueve meses después del nombramiento de Muguruza como alcalde, comenzaron los problemas. Aquella querella que Rufino Díaz Helguera -ahora compañero de gobierno- interpusiera en la legislatura anterior por la contratación de Izeta se convirtió en investigación policial y, posteriormente, en diligencia judicial. Así, el 27 de marzo de 2008, la Guardia Civil entró en el despacho municipal de Urbanismo, llevándose numerosos expedientes. El juez consideró que había delito y decidió imputar al alcalde y a otros seis ediles del anterior gobierno un delito de prevaricación.
Dos meses más tarde, en mayo, el titular del Juzgado de Instrucción nº2, Luis Acayro Sánchez, volvió a imputar a Muguruza -junto al primer teniente de alcalde, KyK y al ex edil Pedro Revuelta-, un delito de tráfico de influencias por presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato a la empresa de desratización Trapur. Era la segunda diligencia. Pero habría más.
Muguruza, indignado por las últimas decisiones judiciales, se defendió públicamente acusando al juez Acayro de prevaricador. Sus palabras le dieron un nuevo disgusto, ya que le acarrearon una tercera imputación por un delito de injurias y calumnias.
Junto a estos tres casos, Muguruza afronta varias acusaciones más: por irregularidades en las obras del mercado municipal -por tratarse de la misma empresa del túnel del Mioño, Izeta, se unió al sumario de este-; por la contratación de un arquitecto y una ingeniera a quienes, supuestamente, se les pidió que firmasen informes y dictámenes urbanísticos para los que no estaban habilitados; por conceder una licencia de obras en el Residencial San Pelayo, de Santullán, donde se invadieron caminos rústicos y terrenos de la Junta Vecinal; por la contratación de una empresa para eliminar una plaga de termitas en el conjunto histórico; por el asfaltado de Las Mieres, en El Haya... Pero, sin duda, una de las acusaciones con más repercusión mediática es el caso Urticam. El permiso para construir varias viviendas en una vaguada terminó con la detención del alcalde y de su equipo de gobierno, quienes, tras prestar declaración ante la Guardia Civil, quedaron en libertad.
La política castreña no vive sus mejores momentos. La situación es delicada porque cada nuevo caso que sale a la luz pone más en jaque a una corporación que tiene que dar muchas explicaciones. Y no sólo ante el juez.
* Deia - Itziar Gorospe/Tamara de la Rosa - 24.10.09
Foto: deia.com
El alcalde de Almogía, imputado por prevaricación urbanística y falsedad documental
SUR/Málaga* : La Guardia Civil sigue la ronda de toma de declaraciones a los imputados del 'caso Almogía' y, ayer le tocó el turno al alcalde de esta localidad, Cristóbal Torreblanca, tal y como adelantó este periódico. El regidor, que estuvo declarando durante cuatro horas en la comandancia de la Guardia Civil de Málaga, quedó en libertad con los cargos de prevaricación urbanística y falsedad documental, según ha podido saber este periódico de fuentes cercanas al caso. Torreblanca, que fue llamado a declarar por la Guardia Civil, fue asistido por su abogado defensor.
Las preguntas de la Policía Judicial de la Guardia Civil, que lleva el caso, le insistieron, al parecer, sobre los derroteros que habían seguido los quince expedientes urbanísticos que había denunciado el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil por irregularidades, y a los que el Ayuntamiento no había dado curso o, al menos, no lo había hecho debidamente.
La Guardia Civil quiere probar que, por parte del alcalde, Cristóbal Torreblanca, así como por otros concejales y funcionarios del Ayuntamiento, e incluso policías locales, hubo trato de favor con familiares y amigos de los ediles del Ayuntamiento de Almogía.
El alcalde de Almogía, que abandonó ayer a pie las dependencias de la Benemérita, eludió contestar a las preguntas de los periodistas que aguardaban en la puerta, y dejó, por tanto, la incógnita de si dimitará, ya que desde el día en el que se iniciaron los registros de la Guardia Civil en el Ayuntamiento de Almogía y en la Casa de la Cultura, el pasado martes, Torreblanca afirmó que, si como consecuencia de la investigación judicial resulta imputado en el caso, renunciaría al cargo, en el que lleva 26 años, y que presentaría asimismo la «baja automática» del partido, decisión que dijo haber comunicado al PSOE malagueño.
Por otra parte, la Guardia Civil también llamó ayer a declarar a otros tres imputados, entre ellos la esposa del policía local que acudió a declarar anteayer, otro agente municipal así como un antiguo secretario del Ayuntamiento. En los tres casos quedaron en libertad con cargos. Tal y como adelantó este periódico, al menos una veintena de personas van a estar imputadas en este caso, que persigue sacar a la luz los cauces por los cuales se realizaron construcciones ilegales en suelo no urbanizable en Almogía, así como en la prevaricación de los cargos públicos por realizar acciones a sabiendas de que no son legales, y por delito urbanístico, también llamado contra la ordenación del territorio.
Por su parte, el presidente de la Diputación, Salvador Pendón, afirmó ayer que Málaga «no es asiento de todos los males relacionados con el urbanismo» y ha añadido que «ya está bien de tantas miradas puestas en la provincia» motivadas por este asunto. Ha añadido que Málaga le debe mucho al urbanismo, no al irregular, y que con motivo de esta mirada superlativa «se están cuestionando muchas cosas y esta provincia vive de lo que vive».
* SUR - 23.10.09 -PILAR R. QUIRÓS
Foto: EFE
