CLAUDIO SARTORIUS* : Segovia 21 ha sido una empresa con una actuación irregular que Ecologistas en Acción de Segovia viene denunciando desde hace tres años. Jesús Merino, nacido en Hontalbilla, Segovia, es en la actualidad Diputado por Segovia del PP. Durante años ha sido vicepresidente y consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León y, por ello, una de las personas más influyentes en la provincia y en la Comunidad. Ahora aparece relacionado con la empresa Segovia 21 en el caso Gürtel.
Segovia 21 S.A. se constituyó en 2002 entre la Diputación Provincial de Segovia (87%) y la Cámara de Comercio (13%) como sociedad anónima de capital público, pero días después la Cámara vendió parte de sus acciones a Caja Segovia, lo que permitió en 2005 el acceso como accionista de Segobrida del Eresma, S.A. (integrada por Caja Segovia, Caja Círculo de Burgos, grupo Arranz Acinas y grupo Antolín), que posee ahora el 42 % de la edificabilidad y el 16 % de las acciones de Segovia 21.
El propósito de la empresa fue crear una urbanización de lujo con el atractivo del campo de golf, Faisanera Golf, además de un parque empresarial. Esta urbanización viene siendo denunciada por Ecologistas en Acción como un gran pelotazo urbanístico fraguado desde la órbita del poder del PP con el beneplácito del PSOE y la colaboración del alcalde de IU de Palazuelos de Eresma (Segovia), donde se ubican los terrenos de Segovia 21. La operación fue diseñada con la colaboración de la Cámara de Comercio desde la Presidencia de Caja Segovia y de la Diputación Provincial, siendo titular de ambas Atilano Soto Rábanos, del PP, que fue nombrado, además, presidente de Segovia 21. Los terrenos eran Monte de Utilidad Pública cuando Soto empezó a dibujar la operación urbanística en 1999. La finca contaba con 116 hectáreas junto a la carretera de Segovia a La Granja, a los pies de la Sierra de Guadarrama. Tenía una valiosa vegetación y la única población de olmo blanco (ulmus laevis) de la vertiente Norte de esta sierra, recién descubierta por un estudio científico auspiciado por el Ministerio de Medio Ambiente. Este hábitat, donde anidaban rapaces protegidas, como el milano negro, daba cobijo a una variada fauna, como corzos, jabalíes, pequeños mamíferos y anfibios. Además, este Monte tenía historia. Era conocido como la finca de Quitapesares, pues perteneció a la reina María Cristina, mujer de Fernando VII, y se cuenta en documentos de la época que el nombre se debe a que la reina tenía allí sus encuentros amorosos con el Guardia de Corps con el que después se casó.
Anatomía de un pelotazo
El primer paso consistió en descatalogar el monte, aunque acababa de ser reforestado con 11.000 robles, fresnos y encinas con fondos europeos. Sin embargo, la descatalogación fue rechazada por la Junta en 2001. A partir de 2002 se solicitaron descatalogaciones parciales, que fueron aprobadas y concluyeron con la exclusión total del monte en 2004. Todo esto a pesar de los informes desfavorables de los ingenieros de Segovia, que no se tuvieron en cuenta, porque el Jefe de Servicio de Valladolid vino a la finca para emitir un informe ad hoc.
El siguiente paso fue adquirir la finca. La Diputación puso los terrenos y Caja Segovia y la Cámara de Comercio pusieron el dinero como socios del proyecto. 104 hectáreas de la finca de Quitapesares fueron entregadas a Segovia 21 al precio de 16.845.700 euros, es decir, 16,22euros/ m2 de promedio, en tres operaciones sucesivas, conforme a las tasaciones realizadas por Valtecnic, S.A. y por Tasaciones Inmobiliarias, S.A. (TINSA), con unas valoraciones muy bajas [ver recuadro].
Fue preciso modificar el plan urbanístico de la finca de Quitapesares para poder encajar los 238.000 m2 construibles y el campo de golf. Aquí entró Fomento Territorial, S.L, contratada en 2002 por Segovia 21 para la gestión integral del parque residencial, empresarial, de ocio y campo de golf, del mismo nombre. Fomento Territorial pagó 1.200.000 euros a las empresas Everland, S.L. y Serrano Global 50 Consulting, propiedad de Jesús Merino, según han recogido los medios de comunicación del sumario Gürtel, donde se dice que Fomento Territorial coordinó “un importante proyecto de construcción de un parque empresarial en Palazuelos del Eresma (Segovia)”, en referencia a Segovia 21.
La operación urbanística contó con la connivencia de Domingo Asenjo, actual alcalde de IU en Palazuelos de Eresma, que aprobó el Plan urbanístico de Segovia 21 y admitió que no hubiera ninguna Vivienda de Protección Oficial.
Las obras de urbanización fueron adjudicadas en concurso público por Segovia 21 en 14.092.900,16 euros a Begar Construcciones y Contratas, S.A., de José Luis Ulibarri (también imputado en el caso Gürtel), no por su precio, superior en dos millones a la mejor oferta de las 23 presentadas, sino por sus condiciones técnicas.
Toda esta operación urbanística fue denunciada por un particular en 2007 y tras la imputación de Atilano Soto por el Juzgado, la Audiencia Provincial de Segovia archivó las diligencias penales por considerar que no existía delito alguno. Diversas organizaciones han denunciando estos hechos desde hace tres años con manifestaciones de protesta en Segovia. En 2007 la Real Academia de la Historia apoyó las denuncias en un documento en el que destacaba el valor cultural de la finca, calificando las actuaciones como “artimañas territoriales”.
Ecologistas en Acción ha presentado tres recursos contenciosoadministrativos contra los acuerdos de descatalogación del monte y contra el Plan urbanístico, que carece de abastecimiento de agua. El Tribunal Superior de Justicia de Burgos se pronunciará el 22 de abril sobre la descatalogación del monte público, hoy urbanización privada Segovia 21.
Las turbias tasaciones de los terrenos
Las tasaciones de la parte edificable de la finca de Quitapesares se realizaron entre 2002 y 2003 sin ningún documento acreditativo de la edificabilidad. Los tasadores Valtecnic, S.A. y TINSA partieron de hipótesis: una construcción de viviendas estándar y de protección oficial (VPO), con una edificabilidad de la mitad de la finalmente aprobada (238.000 m2). Tampoco tuvieron en cuenta el factor revalorizador del campo de golf (15%). De haber conocido los tasadores el proyecto que realmente había aprobado la Diputación en 2002, el valor de tasación se hubiera duplicado o triplicado. Además, la Diputación admitió una rebaja en el precio del 20%, aplicable a las VPO a pesar de saber que no se construirían. Los 608.316 m2 de terreno para campo de golf se tasaron a 3,5 euros/m2. Las cifras de negocio se están viendo ahora: el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma acaba de sacar a subasta pública una parcela empresarial de 2.975 m2 en 1.353.450 euros con un precio de 350 euros por m2 de edificabilidad (cinco veces el precio de tasación). Además, Fomento Territorial. S.L. anuncia en internet chalets de 4 a 7 dormitorios en parcela de 800 m2 a partir de 850.000 euros. Nada más lejos de las viviendas de protección oficial que sirvieron de parámetro para la tasación de la finca.
* Claudio Sartorius Alvargonzález es urbanista, abogado y miembro de Ecologistas en Acción de Segovia.
* Diagonal - Opinión - 15.04.10
Foto: Segovia, Segovia_21 - C.Sartorius (Diagonal)
Segovia 21: la huella castellana de la Gürtel
Santanyí: El ex edil del PP Obrador deberá derribar su casa
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DIARIODEMALLORCA* : Vidal renuncia a calificar sa Teulera como núcleo rural aislado y la oposición exige celeridad. La polémica casa promovida hacia el año 2000 por el ex concejal de Hacienda del ayuntamiento de Santanyí, Sebastià Obrador (PP), junto al campo de fútbol de s´Alqueria Blanca, en la zona de sa Teulera, tendrá que sufrir derribos a fin de restituir la legalidad urbanística.
En el pleno de ayer, la oposición en bloque (PSOE, PSM y UM) presentó con éxito una moción para exigir al alcalde, Miquel Vidal (PP), que reanudase sin más dilación el expediente de restauración de la legalidad urbanística y el pertinente expediente sancionador por infracción. La discutida vivienda con privilegiadas vistas a Consolació ocupa más de 250 m2 en una parcela de 4.187, siendo necesarios para su legalización 14.000. En la última década, dos resoluciones judiciales concluyeron que esta obra nueva era ilegal e ilegalizable. Antes había una pequeña caseta de menos de 100 m2 sin permiso.
Hace unos meses, el PP aprobó en solitario un avance de las normas urbanísticas que contemplaban declarar núcleo rural aislado sa Teulera, lo que podría legalizar la controvertida casa de Obrador.
Finalmente, ayer, el alcalde explicó que se reunió con la veintena de propietarios de fincas de sa Teulera, y "puesto que la mayoría rechazan esta declaración", el PP optó por "borrar" su inclusión. Esto significa que seguirá como zona rústica y Obrador "deberá adecuar su obra, que pasa necesariamente por demoliciones". La oposición rechaza que el expediente estuviera paralizado "cinco años", insinúa "deudas políticas recompensadas con favores urbanísticos" y no descarta aún llevar el tema a Fiscalía Anticorrupción "si no hay celeridad y respeto estricto de las leyes".
Contencioso contra Industria
Por otra parte, el PP aprobó en solitario que el Ayuntamiento interponga un contencioso ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears, contra la resolución del director general de Industria del Govern por la que se acepta el plan de restauración de la cantera sa Creu, en cuya propiedad está vinculado el líder de UM, Biel Vidal. El PP no quiere la explotación de grava ya que "no tiene licencia de actividades" y cree que el talud previsto "no aguantará el futuro camino". La oposición discutió el criterio del PP, teme que la solución (reparación del camino) se eternice y reprocha que hay "ajuste de cuentas".
* Diario de Mallorca - 18.04.10
Foto: Santanyí (Mallorca) - mallorcaweb.com
Santa Cruz: Urbanismo regaló 6.000 metros cuadrados a la inmobiliaria familiar de Hermoso
CANARIASAHORA* : La Gerencia Municipal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife llegó a autorizar en agosto de 2009 que en la parcela de la antigua fábrica de lácteos Celgán, un solar de 6.003 metros cuadrados, de los que una tercera parte debía ser suelo público, se pudieran edificar hasta 18.206 metros cuadrados para viviendas, una volumetría 6.000 metros cuadrados por encima de la autorizada tres años antes por el convenio urbanístico que firmó Manuel Parejo, antecesor de Luz Reverón, con Celgán S.A y Promociones Amojo, la inmobiliaria creada por los hijos del ex presidente del Gobierno canario, Miguel Hermoso.
Tanto por una crisis que ha golpeado de lleno al sector inmobiliario, como por las protestas vecinales contra el PGO chicharrero, este negocio se ha ido al garete. De ahí que la parcela esté en venta por 8.168.941 euros, sobre los que pesa una hipoteca de 5.000.000 euros, con la que fue adquirida por Amojo S.L.
El convenio urbanístico de cooperación urbanística que firmaron Celgán S.A. y Amojo S.L. en 2006 ante Manuel Parejo se contemplaba una edificabilidad máxima para la parcela de 12.606 metros cuadrados. En ese “convenio definitivo” se especifica en su punto tercero que “debe aclararse la superficie de cesión al Ayuntamiento, pues según la entidad mercantil, la edificabilidad es de 12.206 metros cuadrados, tal y como figura en la ficha correspondiente”.
Un año después se revisó el acuerdo para “la ejecución de suelo urbano consolidado AUE-1”, y la volumetría pasó a ser de 15.206 metros cuadrados como superficie máxima edificable sobre una parcela de 3.070 metros cuadrados, a los que sumar 2.304 para la plaza pública y 620 metros cuadrados para “la ampliación de la sección de las calles citadas en la estipulación segunda del presente convenio”, y que abarcaba la creación de una superficie comercial.
El negocio que se vino abajo sin haberlo levantado
En agosto, el convenio se mantuvo sobre el papel, pero con Luz Reverón como nueva concejal de Urbanismo, los 15.206 metros aumentaron hasta 18.206 metros cuadrados edificables, al tiempo que se rebajaba el espacio destinado a plaza pública, en cuyo subsuelo debían crearse entre 500 y 550 plazas de garaje para los vecinos de la zona. Entre ampliación y ampliación, la volumetría había aumentado en 6.000 metros cuadrados.
Pero ese nuevo regalo de la Gerencia de Urbanismo se dio de cara con los vecinos del barrio Tío Pino-La Florita, que llegaron a presentar en ese departamento municipal hasta 180 alegaciones en contra de semejante pelotazo, hasta el punto de que el Ayuntamiento ha tenido que admitir dejar dentro de ordenación a todas las viviendas por encima de la cuarta y sexta plantas y “solo” permitir en lo que fue parcela de Celgán una única torre de no más de nueve plantas.
* Canarias Ahora - 18.04.10
Foto: Santa Cruz de Tenerife, ayuntamiento - pueblos-espana.org
Los 14 chalés de Barrika en suelo ilegal carecen de licencia
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ELPAÍS/Vizcaya* : Los 14 chalés de Barrika construidos en un suelo declarado ilegal carecen de licencia de ocupación pero sus moradores residen en las viviendas -en algunos casos desde hace cuatro años-, pese a que el Ayuntamiento especificó en los permisos que "no podrá utilizarse el edificio para ningún uso" sin la autorización de ocupación. La urbanización, el primer caso en Euskadi con el riesgo de ser derribada, aún no ha sido recepcionada por el Ayuntamiento y los chalés no tienen tarifa de agua ni están dados de alta en la recogida de basuras y el Impuesto de Bienes Inmuebles.
Estas irregularidades aparecen en el expediente municipal que se ha resistido a facilitar el Ayuntamiento al grupo ecologista Txipio Bai, que interpuso por ello tres demandas contra el consistorio.
La urbanización de Barrikabaso, que contemplaba 97 chalés al lado de la costa, fue anulada definitivamente por el Tribunal Supremo en julio pasado. Anteriormente, y por tres veces, los tribunales vascos declararon nulas las recalificaciones aprobadas por la Diputación de Vizcaya en 1999, 2000 y 2001, que dieron luz verde a cambiar una zona de suelo no urbanizable de especial protección paisajística para convertirla en urbanizable. El Supremo confirmó las decisiones en julio al rechazar la recalificación por "arbitraria" y al valorar el alto interés paisajístico de esta área. Pese a ello, el consistorio de Barrika presentó pocos días después un avance urbanístico que incluso elevaba la construcción de viviendas a 130 en esa zona.
Las amenazas de Txipio Bai, el colectivo que presentó las demandas que le ha dado la razón, de pedir el derribo de los chalés llevó a moverse al PNV: se retiró el avance urbanístico de Barrika y ahora se prepara otro y la Diputación anuló la recalificación, aunque no se ha aclarado el futuro de las 14 viviendas habitadas.
El expediente de este proyecto ha permitido conocer que el Ayuntamiento concedió las licencias de obras después del primer fallo del Tribunal Superior vasco que anuló la recalificación, en 2001. Además, según los datos proporcionadas por los ecologistas, al menos 10 de los propietarios conocían que el asunto estaba en los tribunales.
Las licencias de obras concedidas por el Consistorio tenían una cláusula específica que decía que "hasta que la licencia de primera ocupación no haya sido otorgada, no podrá utilizarse el edificio para ningún uso". Ninguno de los chalés tiene este permiso y, de hecho, sólo un propietario ha solicitado esta licencia y la pidió tras la sentencia firme del Supremo de julio pasado. Txipio Bai valoró ayer que este hecho y las otras irregularidades, como las anomalías en los servicios de agua, basura y el IBI, reflejan "la voluntad inequívoca" del Ayuntamiento de Barrika "de destruir Barrikabaso" a través "de actos expresos como la concesión de licencias y de actos tácitos, permitiendo las ilegalidades".
* ELPAIS.com - 18.04.10
Foto: Barrika (Vizcaya) - P.J. Phanse, elpais.com
¿Se paga la corrupción?
IGNACIO SÁNCHEZ-CUENCA* : Los datos que demuestran la corrupción generalizada en las filas del PP allí donde gobierna o ha gobernado son abrumadores. El hecho de que, por el momento, las encuestas no registren penalización electoral alguna a este partido político, o el que incluso muestren un aumento de sus apoyos en comunidades como la de Valencia, provoca cierta incredulidad y lleva a algunos a preguntarse si los votantes de derechas son menos sensibles que el resto a la corrupción. Se abre paso, así, la tesis de que a la derecha le da igual el comportamiento de sus políticos.
Pero debe recordarse que cosas similares se dijeron de los votantes de izquierda en los años noventa cuando se destapó la corrupción en los Gobiernos de Felipe González. La prensa conservadora se desesperaba por la extrema lentitud del desgaste electoral del PSOE y atribuía los apoyos a este partido al "voto cautivo", a la ignorancia de sus votantes, a la falta de cultura democrática del socialismo, al exceso de intervencionismo estatal, o al poco arraigo del liberalismo político en España. Cualquier cosa, por ofensiva o disparatada que resultara, servía para explicar que el PSOE no se hundiera en las elecciones, tal y como ellos deseaban.
Los efectos electorales de la corrupción son muy difíciles de detectar, si bien todo el mundo supone que son importantes. Quizá lo fundamental sea que dichos efectos no se materializan inmediatamente: operan más bien como un óxido que va corroyendo poco a poco la confianza en el partido y en sus cuadros. Las razones de estos efectos diferidos son varias. Los votantes, sobre todo los más fieles, necesitan tiempo para estar seguros de que las acusaciones son ciertas. Y se dan un cierto margen para comprobar cuál es la reacción del partido. En ocasiones, dicha reacción puede ser crucial, actuando como catalizador que lleve al perdón o al castigo. Si los votantes observan que el partido da explicaciones y toma medidas contra los corruptos, tal vez su castigo no llegue a aplicarse.
La corrupción tiene consecuencias sobre todo en un plano simbólico y afectivo. Aunque resulte obvio, conviene recordar que la corrupción no es una política, no tiene ideología y no supone, salvo en casos muy extremos, un coste económico desorbitante para el país. Si la gente se siente asqueada por la corrupción es más bien por motivos éticos, relativos al comportamiento de personas en las que se ha depositado una confianza y una responsabilidad importantes. Cuando la confianza queda traicionada, puede surgir un sentimiento de decepción que tenga una traducción política. El votante tal vez deje de identificarse con un partido que se asocia a prácticas abusivas socialmente reprobables, de forma parecida a como algunos consumidores dejan de comprar una determinada marca porque el fabricante explota a sus trabajadores o destruye el medio ambiente.
Sabemos que cuando los ciudadanos consumen, tiene muy en cuenta en qué medida los productos que eligen encajan con la imagen que tienen de sí mismosy que quieren transmitir ante los demás. En la política democrática hay también un componente de esta naturaleza. Cada partido está asociado con unas características determinadas que activan apoyos distintos en los diferentes grupos sociales. Por eso, es lógico que ninguno quiera aparecer como el partido de la corrupción, la mentira y el abuso de poder.
Si la campaña tremenda contra Felipe González en los noventa tuvo éxito fue porque consiguió que muchos votantes pudieran sentirse avergonzados de reconocer públicamente su apoyo al PSOE. La idea de que los socialistas eran unos corruptos caló hondo en la sociedad. A base de insistir con centenares de artículos, titulares, columnas, tertulias, etcétera, mucha gente acabó identificando a los socialistas con el abuso de poder. Incluso hubo intelectuales que elaboraron teorías curiosísimas al respecto, atribuyendo la corrupción a la educación sentimental de los cuadros del PSOE o a su querencia por el adosado, símbolo del éxito en aquella época, para concluir que lo que se dilucidaba en los comicios de 1993 y 1996 era si España elegía la política clientelar y estatista de los socialistas, o el espíritu liberal y la iniciativa de la sociedad civil representados por el PP.
La estrategia que están siguiendo ahora el PP y la prensa de derechas es transparente. Para evitar el castigo de los votantes, se busca desactivar cualquier posibilidad de asociación sistemática entre corrupción y Partido Popular. El objetivo consiste en que no se reproduzca el clima de los noventa (sólo que ahora con el PP en el centro del huracán). Para ello, se ensayan múltiples fórmulas.
Primero, insistir en que se trata de casos aislados, a pesar de que todos ellos estén conectados con la trama gigantesca urdida por Correa y muchos dirigentes del PP. La doble vara de medir resulta grosera: por ejemplo, mientras que Roldán no era sino el reflejo de la época socialista, el escándalo de Matas, ministro del Gobierno de Aznar, presidente de una comunidad autónoma, amigo de Rajoy y ejemplo para el PP durante muchos años, es sólo una anécdota.
Segundo, derivar las acusaciones hacia delitos que tengan una mayor aceptabilidad social. Aunque parezca increíble, el PP no tiene reparos en admitir que sus dirigentes engañaban al fisco o utilizaban dinero negro sin escrúpulos. Lo que niegan es que esas prácticas formaran parte de la corrupción y de la financiación ilegal del partido. Puesto que el fraude fiscal no está tan mal visto como la corrupción, admiten el primero pero no el segundo. Resulta descorazonador que un partido político utilice el delito fiscal como atenuante, pero a esto hemos llegado.
Tercero, establecer comparaciones especiosas con el pasado: "Gürtel no es Filesa, Filesa era mucho peor". Quizá esta es la línea de defensa más ridícula de todas. Hay más imputados en el caso Gürtel, hay más dinero en juego, el ya por fin ex tesorero del PP (pero, increíblemente, todavía senador) está en el centro de todas las operaciones y se trata de financiación irregular.
Fundescam en Madrid es un caso de libro de financiación irregular, como lo es también el de Valencia. En Madrid, un grupo de empresarios, incluido el actual presidente de la CEOE, hacía donaciones a una fundación fantasma a cambio de contratos. El dinero de esa fundación se destinaba luego a gastos de campaña a favor de Esperanza Aguirre. En Valencia, un grupo de empresarios organizaba actos del PP que no pasaban por la contabilidad del partido, consiguiendo en contraprestación contratos millonarios de la Administración de Francisco Camps. Y lo que es peor: a diferencia de Filesa, en el caso Gürtel se pagaba a las empresas con dinero público, con los impuestos de los ciudadanos.
Cuarto, insinuar, en contradicción con todo lo anterior, que sí hay corrupción, pero que está tan extendida que no hay motivo para la sorpresa o el escándalo. Se trata del "todos los políticos son iguales", "la política es un asco" y otras fórmulas destinadas a prevenir el castigo electoral al PP, aun a costa de dañar gravemente al sistema democrático en su conjunto.
Dados los apoyos mediáticos y judiciales del PP, así como la falta de garra del PSOE en este terreno, puede que estas estrategias acaben teniendo éxito y que la corrupción de la derecha sea disculpada por sus votantes. Lo que no podrá seguir sosteniendo el PP sin grave quiebra de su credibilidad es que representa las ideas liberales. Ni la red de privilegios y chanchullos de la trama Gürtel, ni la reacción de Mariano Rajoy y los suyos ante tal trama, tienen nada que ver con el liberalismo. Más bien, parece la reedición de la peor tradición carpetovetónica de nuestra derecha.
* Ignacio Sánchez-Cuenca es profesor de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid.
* ELPAIS.com - Opinión - 16.04.10
