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CANARIAS7* : El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha declarado a instancias de la Fundación César Manrique la nulidad de todas las licencias concedidas en el plan parcial Playa Blanca, en el municipio lanzaroteño de Yaiza, y ordena "el restablecimiento de la realidad alterada" con la ejecución de obras en el citado plan.
La sección segunda de la sala de lo contencioso administrativo del TSJC acaba de notificar que ha desestimado el recurso de apelación presentado por los promotores del plan parcial Playa Blanca, contra un anterior fallo del juzgado de lo contencioso-administrativo que, a instancias del recurso interpuesto por la entidad, anuló el proyecto de urbanización del citado plan que contemplaba la construcción de 1.800 viviendas y en torno a 4.500 plazas residenciales.
Según informó hoy la Fundación, esta nueva sentencia es la resolución del TSJC, con carácter firme, a un recurso interpuesto por los promotores contra la anulación del plan, cuestión que ahora el zanja el TSJC de manera definitiva.
La Fundación César Manrique destaca que con esta sentencia, el TSJC ratifica el fallo en primera instancia dictado por el Juzgado , que anuló el proyecto de urbanización por dos razones fundamentales: una formal, ya que el Ayuntamiento publicó extemporáneamente las normas urbanísticas del plan en cuestón y otra de fondo, ya que, según estima el fallo, el plan quedó extinguido por la aplicación de la Ley de Directrices de Ordenación General y del Turismo de Canarias.
En la sentencia que desestima el recurso de los promotores del Plan Parcial Playa Blanca a instancias de la FCM, el TSJC cita en esta ocasión que "la anulación del proyecto de urbanización conlleva que desaparezca de mundo jurídico con todas las consecuencias que conlleva tal declaración, siendo el restablecimiento de la realidad alterada y transformada la consecuencia de tal declaración de nulidad.
Es decir, anulado el proyecto de urbanización, la consecuencia será el restablecimiento en el plano jurídico y material de esa realidad alterada en cualquiera de sus formas".
* Canarias 7 - EFE - 2.07.09
Foto: Yaiza (Lanzarote), playa Blanca - canarias7.es
El TSJC anula todas las licencias del plan parcial de Playa Blanca, Lanzarote
Denuncian un "nuevo desatino" de La Junta en Gredos
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AVILARED* : Ha sido la Plataforma contra la Especulación Urbanística y Ambiental de Candeleda. Este colectivo ha denunciado que la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León ha autorizado de nuevo la ocupación de 7.935 m2 del Monte Público nº 5 de Candeleda para las obras de abastecimiento de agua a la macrourbanización “Candelas de Gredos”.
Según recuerda esta plataforma en un comunicado, “el permiso de ocupación de este Monte Público, integrado en el Parque Regional de Gredos, fue otorgado por dicha Consejería y por primera vez en el año 2004 a la promotora Dávila Monteblanco SL, previo pago de una tasa de 7.400 euros”. Esta autorización, añade el comunicado, “tenía una vigencia de un año con el fin de que dieran comienzo las obras pero éstas no comenzaron hasta el año pasado”, si bien, en noviembre de 2008, la Plataforma “consiguió que la Junta declarara la caducidad de ese desafortunado permiso”. Ahora, “de forma sorprendente e inaudita, tras la interposición de un Recurso de Alzada por el promotor, el Viceconsejero de Desarrollo Sostenible, apoyado en unos argumentos de imposible justificación y sin sentido, ha vuelto a otorgar lo que corresponde únicamente a la Sierra de Gredos”, ha criticado la Plataforma. Desde su punto de vista, “esta decisión no puede ser ajena a la defensa de Gredos y de Candeleda” y recuerda que “hay varios procedimientos judiciales abiertos en diferentes Tribunales, así como una denuncia interpuesta ante la Fiscalía de Medio Ambiente, en contra del proyecto de construcción de la macrourbanización” objeto de la polémica. La Plataforma reitera su rechazo a “un proyecto tan irracional y devastador que mermara nuestros recursos e hipotecara nuestro futuro y el de las generaciones venideras”.
* avilared.com - 3.07.09
Foto: Trabajos realizados para el suministro de agua de la urbanización de Candeleda - aviladigital.com
El fiscal pide 12 años para Del Nido por el 'caso Minutas' de Marbella
ELPAÍS/Málaga* : En junio de 1999, Jesús Gil, entonces alcalde de Marbella, contrató, de forma verbal y sin que mediara expediente alguno, los servicios del letrado y directivo del Sevilla FC José María del Nido. El presidente del Atlético de Madrid y sumo enladrillador marbellí estaba inquieto. La maquinaria del Estado comenzaba a interesarse por las irregularidades, cada vez más evidentes, de su gestión municipal.
Gil acababa de enemistarse con su consigliere de toda la vida, José Luis Sierra, y necesitaba otro abogado al que dar plenos poderes para impedir, o al menos obstaculizar, las inspecciones. Y para ello nadie mejor que Del Nido, con quien Gil compartía amistad gracias a los negocios futbolísticos, y que había intervenido como letrado en el llamado caso camisetas. Comenzaba así un suculento negocio para el abogado sevillano, que llegó a facturar 6,7 millones de euros al Ayuntamiento entre 1999 y 2003.
Sin embargo, gran parte de estas minutas giradas por Del Nido, corresponden, según la Fiscalía Anticorrupción a "servicios tan alejados de los intereses públicos de la corporación como innecesarios, o cuya facturación no se compadecía con el trabajo efectivamente desempeñado por el letrado". Del Nido, pese a cobrar del consistorio, "aceptó servir a la persona del fallecido Jesús Gil por encima de los intereses municipales", afirma el fiscal Juan Carlos López Caballero. Se han identificado decenas de minutas, que totalizan 1,6 millones de euros, dinero que Del Nido supuestamente cobró de más. Según el fiscal, Gil, el abogado, el alcalde accidental Julián Muñoz y otros personajes cercanos al Ayuntamiento planearon una "maquinación defraudatoria estable y progresiva" que generó un "grave perjuicio" a las arcas municipales.
En un escrito de calificación con fecha de ayer, el fiscal López Caballero pide para Del Nido 12 años y medio de prisión y 20 de inhabilitación especial por el siguiente rosario de delitos: asociación ilícita, prevaricación administrativa, fraude en concurso ideal con malversación de caudales públicos, falsedad documental, delitos societarios, malversación de uso de bienes muebles e inmuebles, deslealtad profesional, falsedad en documento oficial de funcionario público y falsedad en documento privado. Asimismo, solicita 15 años para Julián Muñoz; 16 para Modesto Perodia, administrador y apoderado de varias sociedad municipales; siete para el contable de las sociedades municipales Víctor Cohen, y dos y medio para el también contable Antonio Calleja.
El plantel de imputados se completa con otros nombres habituales en las causas contra la corrupción en Marbella, entre los que destaca Juan Antonio Roca, supuesto cerebro del caso Malaya, a quien se piden seis años de prisión. También figuran varios ex ediles como Tomás Reñones o Javier Lendínez, y la propia ex esposa de Del Nido, Ángeles Carrasco.
Los trabajos cobrados al Ayuntamiento de Marbella suponían, según el fiscal, el 70% de la facturación del despacho de Del Nido durante aquellos años. Los pagos supuestamente irregulares fueron detectados por el Tribunal de Cuentas en su análisis de las cuentas marbellíes de los años 1999 y 2000. Según el relato del fiscal, Del Nido fue fichado por Gil para evitar que los inspectores del no detectaran las "numerosas irregularidades contables y detracciones de fondos". La mayor parte de las minutas tienen que ver con recursos, alegaciones y recusaciones de los inspectores del Tribunal de Cuentas, que se habían negado a considerar a Del Nido interlocutor válido del ayuntamiento.
Irregularidades
- Remuneración mensual. El Ayuntamiento firmó con Del Nido un "contrato de arrendamientos de servicios" sin publicidad ni control presupuestario en el que se asignaba al letrado un sueldo mensual de 48.080 euros.
- Entregas a cuenta. El abogado cobró entregas a cuenta (dinero que los letrados cobran por adelantado como provisión de fondos para los pleitos) varios meses después de promover recursos.
- Fondos ajenos. Del Nido percibió 348.000 euros por la redacción de unas alegaciones al informe del Tribunal de Cuentas. El documento tenía 758 folios, pero el letrado se limitó a ordenar documentos que redactaron el secretario, el interventor y el tesorero municipales.
* ELPAIS.com - F. J. P. - Málaga - 04/07/2009
Foto: Marbella, Ayuntamiento - UrbanismoPatasArriba
La Fiscalía alerta de problemas para investigar los delitos urbanísticos
LAVOZDEGALICIA* : La investigación de delitos urbanísticos en Galicia está desbordada y bajo mínimos. Las unidades de la Guardia Civil adscritas a las fiscalías de urbanismo gallegas y que operan como policías judiciales disponen de escasos medios humanos y materiales para indagar en los casos de infracciones urbanísticas graves.
«As unidades están desbordadas porque a investigación destes delitos é moi complexa», reconoce el fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, quien explica que los mayores problemas se centran en las provincias de A Coruña y Pontevedra, donde la presión urbanística es mayor. Es esta una de las razones por las que el fiscal superior de Galicia solicitó recientemente al Ministerio del Interior la creación de un Seprona autonómico adscrito en exclusiva a la Fiscalía para investigar delitos de urbanismo, medio ambiente y patrimonio.
Varela destaca que las fiscalías especializadas en urbanismo están detectando que el número de agentes destinados a la investigación de estos delitos es insuficiente, «e os poucos que hai están desbordados», afirma.
En Pontevedra, la situación es crítica. Poco más de un año después de asumir las investigaciones de delitos urbanísticos, la unidad especializada de la Guardia Civil está próxima al colapso. La Fiscalía de Pontevedra alerta en su memoria anual de que los agentes «están desbordados por el trabajo y no cuentan con el número de personas suficientes para atender a todas las investigaciones de una forma puntual». No es una unidad cualquiera, ya que sus informes e investigaciones nutren al ministerio público. Sin ese equipo policial, la actividad de la Fiscalía en materia de urbanismo «sería imposible». El fiscal jefe pontevedrés, Juan Carlos Aladro, admite en la memoria que los agentes son quienes realizan «la totalidad de los informes que requiere el fiscal».
En las Rías Baixas, la situación es tan grave que la unidad de delitos urbanísticos de la Guardia Civil -compuesta por solo tres agentes para toda la provincia de Pontevedra- se ha visto obligada a devolver algunas de las investigaciones en curso al Seprona, «por la imposibilidad material de afrontarlas».
En cuanto a los tiempos de investigación, el colapso es tal que en alguna ocasión se han remitido las diligencias tramitadas a un juzgado sin adjuntar los informes requeridos, «porque el plazo de seis meses de que dispone el fiscal estaba próximo a cumplirse». Ante esta situación, Aladro sostiene que cada vez se hace más imprescindible que esta unidad y el Seprona «cuenten con más miembros para evitar estos problemas y agilizar la tramitación».
* La Voz de Galicia - J. M. Pan / L. Penide - 3/7/2009
Foto: Galicia, ría_de_Arosa - Luis M. Bugallo Sánchez - wikipedia.org
