.jpg)
ELPAÍS* : El alcalde de Estepona (Málaga), Antonio Barrientos, aseguró ayer que sólo 200 de los 1.500 expedientes abiertos en los últimos cuatro años por irregularidades urbanísticas tienen entidad. "En el 99% de esos 200 casos corresponde a pequeñas construcciones hechas en el campo sin permiso, lo que llamamos campitos", explicó. Según el regidor, el Consistorio no tramitó los expedientes en el anterior mandato porque estaban a la espera de la culminación del Plan de Ordenación Territorial (POT) de la Costa del Sol, elaborado por la Junta de Andalucía.
"Esperábamos su aprobación definitiva porque queríamos ver los que son legalizables para no crear una situación de irregularidad jurídica", añadió.
El resto de los expedientes corresponden a "cuestiones menores", según Barrientos, como colocación irregular de publicidad, pequeñas reformas sin permiso o movimientos de tierra. En lo que va de año, el servicio de disciplina urbanística del Consistorio ha instruido 140 de estos expedientes.
Tras el anuncio de la reactivación de estos expedientes, que caducan a los cuatro años si no se mantienen abiertos, el concejal de Urbanismo, Rafael Duarte, negó que la relevancia de las infracciones sea comparable con las de Marbella. "Allí se han hecho urbanizaciones completas y edificios en zonas verdes", comentó.
El Ayuntamiento de la ciudad, de 58.000 habitantes censados y vecina de Marbella, afronta estos días un polémico reajuste en el sistema de retribución de policías locales y bomberos que restará cada mes 250 euros de los salarios de 149 policías locales y 32 bomberos. Barrientos mantuvo que la decisión de retirar los pluses se ha tomado siguiendo el consejo del nuevo interventor y después de aprobar un sistema de fiscalización previa para retribuciones variables que permite un mayor control del gasto.
Mantener los pluses
"Esos pagos no respetaban el espíritu de una sentencia de 2004 que anulaba unos pluses aprobados por el gobierno del GIL en 1998", dijo. "Aún así nuestra voluntad es que se mantengan estos incentivos aunque con otras fórmulas que entren dentro de un plan de productividad".
Los sindicatos han amenazado con iniciar una serie de protestas, como negarse a patrullar con los vehículos que no cumplan con los requisitos exigidos, ante la retirada de estos pluses.
Con respecto al cierre aparcamiento de El Zapatillo, el mayor de la ciudad, tras descubrirse que lleva dos años funcionando sin permiso de apertura ni licencia de primera ocupación, Barrientos dijo que a partir de mañana evaluarán su situación y que esperan la visita de los técnicos para ver si es viable mantenerlo abierto garantizando la seguridad de los usuarios. El otro aparcamiento en riesgo de ser clausurado, de nombre La Viña, que tampoco tenía concedida la licencia de apertura a pesar de llevar dos meses en funconamiento, ya casi ha terminado de presentar la documentación.
* ELPAIS.com - J. V. - Málaga - 02/09/2007
Foto: Estepona - J.R. (El País)
El alcalde de Estepona sólo ve "relevantes" 200 obras ilegales
Especulación y «gin-tonics»
FERNANDO GAJA* : Cuando voy a pagar mi consumición, la dueña me indica que no, que no hace falta, que hoy invita la casa. «Alguna celebración», pregunto sorprendido. «No, el mes que viene cerramos», contesta tristemente. No lo puedo creer, cierran mi pub. La dueña me explica que el negocio no aguanta, que le han vuelto a subir el alquiler, nada menos que a 5.500 euros al mes, y que eso no deja ya margen. Los gin-tonics que de vez en cuando me tomo, y que prepara maravillosamente, me habían parecido algo caros. Seis euros por una tónica, un chorrito de ginebra, el zumo de limón con su corteza y los hielos me parecían un poco excesivos. Mentalmente había calculado el margen que la dueña tenía, pero en mis cálculos no entraba la especulación inmobiliaria.
Muchos, yo el primero, podemos llegar a pensar que la especulación inmobiliaria no nos afecta, que no afecta a nuestras economías, que ni siquiera afecta al paisaje, al ecosistema, a la estructura de nuestras ciudades. Si no tengo intención de comprar pisos, ya que mis capacidades inversoras están muy lejos de las astronómicas cifras que hoy se pagan por un techo, y con la hipoteca cancelada, el problema lo tienen los jóvenes y en general quienes precisen una casa y no la tengan. Pero nos equivocamos. La especulación inmobiliaria se traslada a todos los productos y servicios que necesitamos y/o consumimos; a aquellos que precisan de un inmueble, que son casi todos.
Hemos llegado a pensar que la especulación urbanística, la plusvalía apropiada privadamente en los procesos de reclasificación y recalificación, era una especie de maná celestial, que recibían unos afortunados, pero que no salía de ningún bolsillo, de ningún pagano. No es así, no existe tal maná. La plusvalía, que graciosamente se apropian los especuladores, se carga sobre el producto inmobiliario que en ese suelo se construye. Y a partir de ahí se traslada como una bola de nieve en todo el proceso de construcción de la ciudad: del suelo al techo, y de ahí a las rentas o alquileres.
La especulación urbanística produce una elevación instantánea de los precios inmobiliarios, una especie de tsunami -ahora sí que podemos utilizar correctamente el símil-, y éste es un factor, un coste, nada despreciable en la producción de cualquier producto o servicio: desde un gin-tonic hasta la minuta de un abogado, que también debe contribuir con la renta de su despacho a la alimentación del monstruo.
La actitud pasiva de la Administración pública ante el crecimiento de la espiral especulativa es, como mínimo, miope e ignorante. La especulación inmobiliaria podrá producir enormes fortunas (entre la lista de los humanos más ricos del planeta, la famosa lista Forbes, figuran 22 ciudadanos de este Estado, todos ellos sin excepción con vinculaciones con el sector inmobiliario), pero acabamos pagándola todos, nadie se escapa.
La supuesta regulación del mercado -si muchos negocios no aguantan la presión de las rentas y tienen que plegar, bajarían los alquileres- no es de aplicación en este caso, porque los caseros han invertido demasiado en la adquisición de unos inmuebles por los que esperan, en buena lógica mercantil, obtener unos beneficios proporcionales a su inversión. Unas ganancias a las que no van a renunciar, y para las que pueden esperar (la presión fiscal y los gastos son insignificantes frente al rendimiento esperado). A no ser que se conviertan a su vez en especuladores, y su negocio consista simplemente en la reventa, no en la explotación. Pero en ese caso, estaríamos proponiendo un modelo de economía piramidal, donde el beneficio se obtiene a costa de un primo comprador, y esos tinglados -al margen de su legalidad- no aguantan demasiado.
Cuando la dueña del pub me cobra seis euros por un gin-tonic, por muy bien que los prepare, y lo hace, casi la mitad del precio será destinado a pagar la renta del casero. Es una cadena: el casero aspira a cobrar 5.500 euros porque, a su vez, compró el bajo a un exorbitante precio, muy por encima del coste real de producción material. Y sus expectativas, su lógica, es obtener una utilidad acorde a la inversión. El caso del especulador, de quien se beneficia de una recalificación urbanística, es distinto: nada ha invertido, nada ha hecho para apropiarse de unas plusvalías, que la Administración (la Administración somos todos, ¿les suena en estos días?) ha creado para luego regalar. Ellos, como se dice ahora, se lo llevan crudo, cargando el muerto a los futuros consumidores, a los compradores de pisos, en primer lugar, pero siguiendo la cadena a todos aquellos que compren algún bien o servicio instalado bajo ese techo.
Ejercicio: la próxima vez que pague un precio por un bien o servicio calcule mentalmente la porción que de esa cantidad va a parar a su especulador de turno, a ese agraciado con el regalo de las plusvalías.
* Arquitecto
[www.terracritica.org]
* Levante-EMV - 02 de septiembre de 2007
Una plataforma ciudadana llevará a Anticorrupción las 'irregularidades' del monte Gaiás
ELPROGRESO/Santiago* : El portavoz de la plataforma ciudadana 'Cultura si, mausoleo non', Xoan Carlos Ansia, afirmó hoy que los principales objetivos de esta organización ciudadana -conformada de momento por cien personas de varios puntos de Galicia- son la "eliminación" del proyecto de la Cidade da Cultura y de su Fundación, la "reconversión" de las obras en instalaciones "útiles para a sociedade galega" y la "depuración de responsabilidades penais" que pudiesen existir desde el inicio del proyecto, respecto tanto al anterior gobierno del PP como al actual bipartito.
De este modo, el portavoz de 'Cultura si, mausoleo non' afirmó que "hai unha serie de irregularidades" que ya están en manos de la fiscalía y de organizaciones sindicales, pero que piensan llevarlas a la Fiscalía Anticorrupción de Madrid y pedir que investiguen los dos años del bipartito, puesto que ahí también "hubo irregularidades e derroche de fondos públicos".
En concreto, el colectivo trasladará a Anticorrupción el informe del Consello de Contas correspondiente al año 2004, además de una serie de denuncias aparecidas en los medios de comunicación a modo de trabajos periodísticos e investigaciones, así como declaraciones de arquitectos de prestigio internacional que afirman que el complejo del Monte Gaiás será "un desastre para Galicia".
Xoan Carlos Ansia afirmó en nombre de la plataforma ciudadana constituida por "galegos conscientes do derroche inxustificado" que supone la Cidade da Cultura, que ésta "non pode converterse nun saco sen fondo" en el que se destinen millones de euros que van a "hipotecar" los prespuestos gallegos en una infraestructura "baleira de contidos e inútil culturalmente".
Asimismo, Ansia recordó que en el complejo del Monte Gaiás ya se han invertido 373,7 millones de euros, lo que triplica su coste inicial, y que "vai continuar sendo unha sangría de cartos" destinados a unas obras innecesarias a su juicio, y que no responden a ningún "proxecto cultural fiable e crible".
En cuanto a la utilidad de las obras ejecutadas y edificios concluidos, Ansia quiso resaltar que la propuesta de albergar todas las administraciones autonómica en Santiago de Compostela "é unha boa idea", pero que no quieren "facer bandeira disto", puesto que estarían dispuestos a darles cualquier otro tipo de uso "útil para a sociedade galega".
Otro de los miembros de 'Cultura si, mausoleo non' afirmó que el capital con el que se está construyendo el complejo del Gaiás es "traballos afanados aos asalariados", y que no sólo "son preocupantes as irregularidades atopadas", sino que también lo es "o conxunto da obra".
Responsabilidades compartidas
Durante su intervención, Ansia afirmó que las "responsabilidades" sobre el proyecto de la Cidade da Cultura son tanto "do Partido Popular como do Goberno bipartito, e nomeadamente da Consellaría de Cultura", lo que convierte al actual Ejecutivo en "cómplice del PP".
Ansia explicó en una rueda de prensa celebrada frente a la entrada de la Cidade da Cultura, que durante dos años de mandato, el actual Ejecutivo ha continuado "enterrando millóns de euros", además de "permitir" que hubiese un arquitecto que "non exerceu profesionalmente" su trabajo en un proyecto que "compromete o benestar e a calidade de vida", y cuyas inversiones deberían ser utilizadas" para crear benestar y riqueza para Galicia.
Así, 'Cultura si, mausoleo non' destaca que hai "unha falta de transparencia" por parte del bipartito, puesto que "non explicou" qué proyectos, contratos o cantidades están comprometidos, por lo que no se sabe "se sae máis ou menos economicamente continuar ou non". Por lo tanto, consideran que "a nivel cidadán non sabemos nada".
En relación con este tema, Ansia apuntó que desde la Consellería de Cultura "aínda non se aclarou" cuánto costó el Foro da Cultura creado en octubre de 2006 con el objetivo de que expertos aportasen ideas sobre la Cidade da Cultura que o "se descoñecen" o bien "non se lles fixo caso".
Asimismo, el portavoz de la plataforma ciudadana recién constituida y formalizada como tal, expresó su deseo de pedirle a la conselleira de Cultura, Anxela Bugallo, que "demande xudicialmente" y que "non lle pague máis" al arquitecto Peter Eisenman, ya que ha sido un "desastre profesionalmente" y, desde la plataforma, consideran que hubo un "incumprimento de contrato".
Así, a juicio de Xoan Carlos Ansia, el gobierno bipartito, en vez de hacer comisiones de investigación en el Parlamento, "debería estar denunciando" a aquellas personas que se están enriqueciendo con este proyecto que hoy es "un mausoleo pechado aos cidadáns" en el que a día de hoy no se sabe "que se vai facer".
Críticas a Sánchez Bugallo
Por otra parte, el portavoz de esta plataforma destacó que la opinión sobre la Cidade da Cultura del alcalde de Santiago, Xosé Antonio Sánchez Bugallo, se caracterizó tanto por apoyar la Cidade da Cultura que su propuesta "era que se chamara Cidade da Cultura. Manuel Fraga Iribarne". Además, Ansia señaló que la credibilidad del alcalde compostelano "quedou polo chan" al proponer que el complejo fuese Patrimonio de la Humanidad, cuando "non é nin patrimonio, nin histórico".
* El Progreso - 29/08/2007
Foto: Santiago, vista aérea Cidade da Cultura - cidadedacultura.es
La Generalitat suspende el derecho de propiedad de 2.700 viviendas ilegales
,+urbanizaci%C3%B3n+Miami+playa+-+EFE.jpg)
ELPAÍS* : La consejería de Medio Ambiente de la Generalitat de Cataluña ha suspendido el derecho de propiedad de 2.682 viviendas en Mont-roig del Camp (Tarragona), incluida la del alcalde, del PSC. Miami Playa, el mayor núcleo del municipio, son viviendas, aparcamientos y locales comerciales en primera línea de playa. Pero Miami Playa ocupa la antigua cañada real, que unía Barcelona y Valencia, protegida por ley. Las casas quedan en el limbo y sus propietarios no pueden venderlas, reformarlas o hipotecarlas.
La reforma del planeamiento urbanístico de Mont-roig del Camp ha destapado una situación que el ayuntamiento califica de "esperpéntica".
En este camino, de 4,3 kilómetros de largo y 75 de ancho, en primerísima línea de mar nunca hasta ahora se ha impedido que los promotores hayan aprovechado hasta el último centímetro de suelo.
Sin embargo, la Generalitat instó al ayuntamiento a definir en el nuevo plan urbanístico la existencia de esta cañada real, lo que ha provocado que hoy un propietario que desee vender, reformar o hipotecar su inmueble se encuentre con que el notario le señala que su propiedad, en realidad, no tiene ningún valor.
La ley 3/1995 obliga a la Administración a definir y proteger estos antiguos caminos de tránsito de ganado, de origen medieval. Y esto es lo que aplicó el Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat para dar su visto bueno a la revisión del planeamiento urbanístico (POUM), aprobada definitivamente el pasado mes de marzo. Durante las negociaciones del documento, ni Medio Ambiente ni la Comisión de Urbanismo de Tarragona mostraron reserva alguna respecto a este aspecto.
"El anterior POUM aprobado en 1986 no definió esta vía pecuaria", señala el alcalde de Mont-roig del Camp, Francisco Morancho (PSC), uno de los afectados, que asegura no haber visto en la vida a un rebaño circulando por la zona.
En esta zona existen viviendas con más de 40 años de antigüedad. También hay bloques de pisos en construcción. Los vecinos, que de momento no pueden realizar ni obras ni operaciones de compra-venta, se reunieron ayer por la tarde para crear una plataforma de afectados que coordine sus acciones a la que el ayuntamiento da pleno apoyo. "Buscar los culpables a lo largo de la historia no tiene sentido ahora, sino encontrar una solución rápida", señala Morancho. Una delegación de Medio Ambiente y otra del consistorio se reunirán el próximo jueves para abordar posibles soluciones.
La misma ley 3/95 establece también que las administraciones pueden variar el curso de la vía pecuaria, pero con la condición de que el viejo trazado pase a ser de titularidad de la Generalitat. La antigua cañada real no discurre únicamente por Mont-roig del Camp, sino que forma parte de una antigua ruta de ganado entre Barcelona y Valencia, con lo que las progresivas reformas de las normativas urbanísticas de múltiples municipios costeros podrían verse afectadas por el mismo problema.
* ELPAIS.com - ORIOL AYMÍ - Tarragona - 02/09/2007
Foto: Mont-roig del Camp (Tarragona), urbanización Miami playa - EFE
