DIARIODEMALLORCA* : El decano del Colegio Oficial de Arquitectos de las Islas Balears (Coaib), Luis Corral, aseguró hoy que ninguna de las leyes estatales sobre territorio, "incluso la nueva Ley del Suelo", han hecho "nada" para detener la especulación ligada a la propiedad del suelo que ha contribuido al encarecimiento del precio de la vivienda. Durante la presentación a la prensa de las VI Jornadas sobre Ordenación del Territorio organizadas por el Coaib, Corral consideró que "poco se puede hacer" para frenar la especulación, a pesar de las medidas "potentes" que se han puesto en marcha y afirmó que "trasladar esta responsabilidad a las Comunidades Autónomas es un poco exagerado".
Según el decano de los arquitectos de las islas, todas las leyes españolas aprobadas hasta el momento no han abordado la necesidad de desvincular la propiedad del suelo y el aprovechamiento urbanístico. "No se ha separado nunca y difícilmente se actuará con medidas colaterales", insistió.
Para Corral, la Ley de 1998 fue "absurda" porque pretendía incidir en el precio del suelo haciendo que todo fuera urbanizable, incrementando así la oferta. "Fue un error concebir el comportamiento del precio del suelo como si fueran tomates, a más oferta menor precio. Hoy en día ya nadie defiende aquella ley", añadió.
En este mismo sentido, el conseller de Movilidad y Ordenación del Territorio, Gabriel Vicens, consideró que las Jornadas organizadas por el Coaib son "importantes" para trabajar en la consecución de la sostenibilidad en la gestión del territorio de la que --dijo-- "tanto hablamos y hacia la que tan poco avanzamos".
"Cada una de nuestras islas está muy poblada y eso se agrava con la llegada de turistas de un modo muy estacional, lo que repercute inevitablemente en un territorio escaso. Hemos de demostrar un cuidado escrupuloso y aplicar la eficiencia más absoluta en la ocupación del territorio, para lo cual debemos debatir sobre el modo en que haremos posible esa sostenibilidad", señaló el conseller.
Las VI Jornadas sobre Ordenación del Territorio tendrán lugar los días 22 y 23 de este mes en la sede del Coaib y en ellas participarán, además del conseller Vicens y el decano Corral, el titular de la Conselleria de Vivienda, Jaume Carbonero, los arquitectos Carlos García-Delgado y Manuel de Solà-Morales.
También formarán parte de las Jornadas los arquitectos Fernando Prats y Bernardo Ynzenga, el presidente de la Cámara de Comercio de Mallorca, Joan Gual, el fiscal de Medio Ambiente en las islas, Adrián Salazar, y la consellera insular de Territorio, Maria Luisa Dubón, quien también estuvo presente hoy en la rueda de prensa.
Dubón destacó la relevancia de la labor de los arquitectos y de iniciativas como estas Jornadas en la tarea de acercar a la ciudadanía el funcionamiento de la gestión del territorio y el urbanismo, ya que, debido a su complejidad --manifestó--, "un tema que preocupa a la gente, a veces es demasiado difícil de entender".
* Diario de Mallorca - EUROPA PRESS - 19 de noviembre de 2007
Viñeta: Máximo - 250707 - ELPAIS.com
El Colegio de Arquitectos de Balears califica la Ley estatal de Suelo de ´ineficaz´ en la lucha contra la especulación
Un juez insta a Moncofa a paralizar las obras de Belcaire Sur
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LEVANTE-EMV/Castelló* : El Ayuntamiento de Moncofa deberá ordenar de manera inmediata la paralización de todas las actuaciones urbanísticas que se están desarrollando en el sector Belcaire Sur tras la resolución dictada por un juzgado de Castelló, por la que se ordena la suspensión cautelar de las obras mientras se investiga, entre otros aspectos, si el PAI cumple o no con la reserva de espacios verdes que contempla la ley.
El juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de Castelló, según fuentes cercanas al caso, notificó ya el pasado lunes la decisión a las partes interesadas, entre ellas el ayuntamiento, lo que supone ejecutar el auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana -de fecha 20 de julio de este año- por el que se ratificaba la suspensión cautelar de las obras en este conflictivo PAI.
La resolución judicial marca que el ayuntamiento debe cumplir este sentencia en un plazo de diez días hábiles desde su notificación oficial, por lo que en principio este próximo jueves cualquier movimiento urbanístico en la zona debería quedar totalmente anulado.
Consecuencias económicas
Las consecuencias económicas, al margen del proceso judicial abierto, son notables ya que, según los datos que maneja el consistorio, en la actualidad están vigentes al menos cuatro licencias de obras, lo que se traduce en proyectos para construir medio millar de viviendas que, de momento, deberán quedarse en punto muerto. Fuentes del caso aseguran a este rotativo que «el ayuntamiento no puede hacer otra cosa que ejecutar esta resolución porque lo contrario sería cometer un desacato». Además, aclaran que hasta que no llegue hasta el final el contencioso abierto los trabajos «no podrán reanudarse».
Desde el ayuntamiento, pese a conocer desde hace meses el auto del TSJ, confiaban en que el juzgado reclamase a los denunciantes un aval económico, aunque cabe recordar que ya hace más de un año que esta parte entregó al juez un aval de más de 3 millones de euros.
La investigación sobre el presunto incumplimiento en la reserva de zonas verdes es paralela a la investigación abierta por un juzgado de Nules, en este caso para determinar una presunta prevaricación urbanística en la que están imputados, entre otros, el alcalde, José Vicente Isach, y los agentes urbanizadores. En este caso se investiga por qué el ayuntamiento presuntamente vendió suelo a los promotores del PA Belcaire Sur hasta un 40% más barato que el precio de mercado. Al respecto, cabe recodar que hoy lunes denía acudir el alcalde a declarar, pero sus abogados han conseguido aplazar su comparecencia por segunda vez.
* Levante-EMV - Emilio Regalado - 19 de noviembre de 2007
Foto: Moncofa (Castellón) - mma.es
El grupo policial contra delitos urbanísticos se estrena con 100 operaciones y 57 arrestos
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ELPAÍS* : Seis meses han bastado para que las nuevas unidades de la Guardia Civil especializadas en la investigación de delitos urbanísticos hayan visto la dimensión del problema. Ochenta operaciones abiertas, 26 ya cerradas, 57 detenidos y 126 imputados por delitos que van desde el cohecho a la revelación de secretos, pasando por otros relacionados con la ordenación del territorio o la malversación de caudales públicos, siempre en relación con la delincuencia urbanística. Andalucía es, de momento, la comunidad autónoma donde más han tenido que emplearse los agentes del instituto armado, seguida de Baleares y Madrid.
Las llamadas Unidades de Delitos Urbanísticos empezaron a trabajar en marzo pasado. Su creación fue anunciada por el hoy director general de la policía y la Guardia Civil, Joan Mesquida, cuando dirigía exclusivamente el instituto armado.
El principal objetivo que se buscaba con la creación de estas unidades era establecer un sistema de prevención de infracciones urbanísticas, mediante un programa de inspecciones, que permitirá detectar y perseguir los delitos en este ámbito, así como la investigación de tramas societarias y de corrupción.
Estas unidades fueron creadas con un total de 200 agentes especializados, distribuidos en las 54 comandancias, el Seprona y la Unidad Central Operativa. Y trabajo no les ha faltado.
El tipo de delito más abundante detectado por ahora es el de cohecho, es decir, el de funcionarios públicos que cobraban por hacer favores o de empresarios que pagaban para agilizar los trámites. Sólo en la Comunidad madrileña hay abiertas seis operaciones por delitos de este tipo. La Guardia Civil mantiene abiertas 10 investigaciones en Madrid, por las que han sido detenidas 16 personas e imputadas otras dos (una por cohecho y otra por estafa).
Donde aparentemente han sido más efectivos estos equipos es en Andalucía, con Jaén y Cádiz a la cabeza en cuanto a número de detenidos o imputados. Los agentes de Jaén mantienen bajo investigación cuatro operaciones, tras cerrar otras tantas. Como consecuencia de las mismas hay 70 personas imputadas por delitos relacionados con la ordenación del territorio.
Cádiz es la provincia en la que más personas han sido detenidas: 24 por delitos de ordenación territorial, es decir, por haber vulnerado los preceptos de los planes de ordenación urbana. Además, todavía están investigándose dos casos de supuesta malversación de caudales públicos en dicha provincia. La provincia de Málaga, tristemente famosa por el llamado caso Malaya de Marbella, sólo tiene dos casos en fase de investigación, uno por prevaricación (por lo tanto con implicación de funcionario público) y otro por cohecho. En Andalucía hay en total 21 operaciones abiertas. No obstante, la palma en detenciones por delito de prevaricación se la llevan las Islas Canarias.
La Guardia Civil, además, está haciendo un inventario general de todas las edificaciones ilegales levantadas en el territorio bajo su jurisdicción. El inventario incluye la localización de esas obras, una breve descripción de las irregularidades, así como el tipo de infracción penal. Hasta la creación de las unidades especializadas, la Guardia Civil contaba únicamente con el Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) para vigilar y perseguir los delitos contra la ordenación territorial.
* ELPAIS.com - JORGE A. RODRÍGUEZ - Madrid - 19/11/2007
Foto: Un imputado del caso Guateque sale del juzgado - C. ÁLVAREZ (El País)
‘Operación Guateque’: ¿cuando la autoridad está en Babia?
GRAN WYOMING* : Como ex socio de un local de hostelería, no puedo sino manifestar mi asombro cuando las autoridades municipales afirman desconocer lo que ocurría en el Ayuntamiento de Madrid al destaparse la operación Guateque. Esto de la operación Guateque viene de lejos, yo lo sufrí a principios de los noventa. Ha sido denunciado muchas veces y lo grave no sólo es que no se hiciera nada, sino que en algún caso, como el del concejal de Centro, señor Matanzo, su carrera ascendía paralela al número de denuncias. Algunos hosteleros creamos una asociación para defendernos del acoso municipal “discriminado”. Todos los locales de aquella asociación fueron cerrados, uno por uno. Incluso los que nunca habían tenido problemas.
Se alegaron todo tipo de triquiñuelas. En el caso del clásico Elígeme, por ejemplo, la excusa fue la anchura de la calle, tema complicado de resolver. Los locales se volvían a abrir una vez traspasados: la anchura de la calle dejaba de ser un inconveniente.
Nosotros vivimos situaciones no de corrupción clandestina, sino propias del Chicago de los años veinte. Todo empezó cuando el gerente del Mercado Puerta de Toledo, donde teníamos el bar, nos dijo estupefacto que el concejal del distrito de Centro, señor Matanzo, me mandaba un mensaje: “Dile al Gullomin ese que le voy a cerrar el bar”. Comenzó un rosario de pleitos, cierres, aperturas, controles de alcoholemia en la puerta, redadas: un acoso municipal en regla para que cerráramos el local… ¿Por qué? El propio concejal tenía negocios de hostelería. Un amigo suyo abrió un bar en el mismo edificio y, mientras a nosotros nos prohibió las actuaciones alegando que aquel inmueble tenía licencia de mercado, él mismo inauguró el otro local donde no sólo había actuaciones, sino que el grupo que tocaba allí era el que antes actuaba en nuestro bar, nuestro grupo: como en Chicago.
El concejal en cuestión aparecía por los bares amenazados borracho, en compañía de policías, en clara actitud provocadora. Yo no podía creer que en un Estado de Derecho este tipo de prácticas se llevaran a cabo con impunidad. Pues sí.
Mientras, nosotros continuábamos defendiéndonos de las denuncias que, con cualquier excusa, nos ponía el Ayuntamiento. Ganamos todos los pleitos. Finalmente, el acoso policial terminó por un hecho fortuito. Un día hubo un despliegue extraordinario de furgonetas de policía que entraron en la Puerta de Toledo, donde estaba ubicado el bar, con gran estrépito de sirenas y luces, como si fueran a detener a un terrorista internacional: venían a tomar nuestro local. Se dio la circunstancia de que ese día el local estaba cerrado por descanso. El ridículo fue tan grande que el jefe de la operación gritó que estaba “hasta los cojones” de aquello y que no volvía más. En efecto, los policías no volvieron.
Las denuncias y cierres continuaron. El local fue perdiendo clientela. Al final, lo traspasamos.
Este señor concejal sólo fue cesado por el entonces alcalde de Madrid, don José María Álvarez del Manzano, porque votó contra los presupuestos que presentó su grupo municipal. Por lo demás, no tuvo el menor problema. Lo cesó, con lágrimas en los ojos, afirmando que era la decisión más dura y triste de toda su carrera política. Entonces fundó un partido con Inestrillas, también de centro.
Con respecto a las denuncias, no hay muchas, lógicamente. Algunas fueron retiradas porque los denunciantes sufrían amenazas y temían por su integridad física. A nosotros, el propio concejal nos dijo en una reunión que él estaba parando a los descargadores del mercado de la Cebada de Madrid, porque querían venir a destrozarnos el local cuando se enteraron de que nos metíamos con él: Chicago.
En mi caso sufrí un acoso despreciable. Este señor se presentó en la Cope con un dossier falso y durante mucho tiempo en esa radio fueron desgranando datos difamatorios, como que mi padre tenía negocios ocultos con Joaquín Leguina y Juan Barranco de los que recibía cientos de millones de pesetas. De mí decían que trabajaba en Telemadrid porque, según habían descubierto, era hijo ilegítimo de Marcos Sanz, a la sazón director de la cadena, que tan sólo me sacaba cinco años. No era suficiente con tener un padre ladrón, tenía dos, el biológico y el adoptivo. Todo valía. Denuncié la difamación de la que era objeto. En el juicio, Encarna Sánchez, la que contaba el culebrón por la radio, alegó que las grabaciones aportadas las había hecho yo con imitadores. Su señoría sentenció que aquello eran críticas a las que cualquier artista está expuesto. Recurrí: hasta hoy. Si lo llego a saber, yo tampoco hubiera denunciado. Me supuso un sin fin de problemas, un importante gasto económico muy lejos de las posibilidades del ciudadano medio y ninguna satisfacción.
Para terminar, un apunte. Estuve en un cara a cara con este concejal del Partido Popular en un programa de Antena 3 que dirigía Luis Herrero. Al final del debate, el señor Matanzo sacó un artículo de Moncho Alpuente en el que éste decía que el problema del ayuntamiento se solucionaría si le hicieran un test psicológico al concejal. El señor Matanzo dijo, respondiendo al artículo: “A mí hay que mirarme la cabeza, pero no hay que mirarme el culo”. Con esas palabras terminó el debate y yo pensaba que su carrera política, puesto que estábamos en vísperas de elecciones. Subió muchos puestos en la lista, creo que se presentó como número dos, detrás del candidato a alcalde. Esa era la catadura moral e intelectual del Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué más necesitaban saber los cargos del Ayuntamiento? Si quieren más información me tienen a su entera disposición. Sin duda, saldrán todos los denunciantes que necesiten para estar debidamente informados si les garantizan, esta vez, que no corre peligro su integridad física. Así de triste.
* Gran Wyoming es artista polifacético
* PÚBLICO - Opinión - 19 Nov 2007
