Pego: El TSJ condena al Consistorio por aplazar durante 4 años la demolición de una casa ilegal

INFORMACIÓN/Alicante* : No basta con abrir un expediente o poner una sanción. Las infracciones urbanísticas requieren de los poderes públicos que actúen con contundencia para el restablecimiento de la legalidad, y el Ayuntamiento de Pego lo acaba de sufrir en sus carnes.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana acaba de condenar al consistorio pegolino por no ejecutar la demolición de una casa prefabricada en suelo no urbanizable, pese a que los informes municipales concluían que no era posible la legalización.
Las obras de la casa en cuestión, levantada sin licencia, fueron denunciadas por unos vecinos en el año 2004. Más de 4 años después el ayuntamiento, tras haber advertido al propietario con la demolición de la vivienda en dos ocasiones, no ha llegado a ejecutar el derribo. Ahora tendrá que hacerlo por mandato del TSJ, que además condena al consistorio al pago de las costas judiciales "pues su comportamiento procesal puede calificarse de temerario, dada la ausencia de razones para mantener una situación de inactividad como la analizada".
La Sala argumenta que en casos como el estudiado "no basta con incoar un procedimiento sancionador y hacer efectiva una sanción, es preciso además restaurar la legalidad", lo que es una "obligación" de la administración. Más aún cuando, en el caso de autos, "existen dos informes urbanísticos municipales que indican que la edificación no sólo es ilegal, porque carece de licencia, sino que además es ilegalizable". La sentencia señala que el Ayuntamiento de Pego "contemporizó" el asunto, dejando caducar el primer procedimiento de legalización e incoando después un segundo expediente en el que "acoge la paradójica y absurda afirmación del promotor de haber adquirido licencia por silencio" (la vivienda requería una licencia de obra mayor, y la que solicitó el promotor era de obra menor para instalar una balaustrada).
Por hallarse en suelo urbanizable, la construcción ilegal está tipificada en el Código Penal. Y "la administración aparece como la cooperadora necesaria para la posible comisión de un delito por un promotor", indica la sentencia.





* Información - SERGI GARCÍA - 8.10.2008
Foto: Pego (Alicante), vista general - flickr.com

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Un juzgado desestima el recurso en contra de la paralización de mil viviendas en Los Llanos de Coín

SUR/Málaga* : La 'macrourbanización' de Los Llanos de Matagallar (Coín) seguirá sin echar a andar, al menos de momento. El Juzgado de lo Contencioso - Administrativo nº5 de Málaga ha desestimado la medida cautelar solicitada por los promotores para que quedara sin efecto el decreto de paralización dictado en su día por el Ayuntamiento del municipio.

El recurso fue presentado por las dos entidades con intereses en esta actuación urbanística, Frai Desarrollos Inmobiliarios y Caja Rural de Granada, que alegaron los «numerosos y cuantiosos perjuicios económicos» que estaba causando el bloqueo de un proyecto que fue aprobado hace seis años por la antigua corporación andalucista y paralizado la legislatura pasada por el cuatripartito formado por PSOE, PP, IU y Agrupación Coineña.

En el nuevo auto, al que ha tenido acceso este periódico y que fue dictado el pasado 24 de septiembre, el juez, Santiago Macho, no atiende a las alegaciones de los promotores, señalando que no se concretan esos supuestos perjuicios y que tampoco se aportan pruebas al respecto. Además, el magistrado señala que, aún existiendo tales perjuicios, «serán en su caso resarcibles, por lo que no pueden contrapesar el interés general en que no se efectúen promociones sin plenas garantías legales consolidando situaciones irreversibles para el medio ambiente».

Posibles filtraciones

Cabe recordar que el Consistorio ordenó la paralización de las obras tras advertir que tales trabajos podrían suponer filtraciones contaminantes para el acuífero que abastece a Coín y a otros municipios cercanos. El alcalde, Gabriel Clavijo, recordó que el proyecto original planteaba la edificación de mil viviendas y dos campos de golf, diseño que posteriormente se modificó para suprimir los campos de golf, pero duplicando el número de casas.

Clavijo aseguró que su gobierno seguirá posicionado en contra del proyecto y adelantó de que próximamente se convocará la comisión municipal de seguimiento de este asunto para informar del nuevo auto judicial.





* SUR - 08.10.08 - J. J. BUIZA
Foto: Vista de la zona de Los Llanos. / J. J. B, diariosur.es

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La Comisión Europea investigará la reclasificación urbanística de Torrelodones

ECODIARIO/Madrid* : La Comisión Europea va a comprobar si el Ayuntamiento de Torrelodones ha incumplido la directiva 'Hábitat' en el proyecto de reclasificación de suelos no urbanizables ignorando el LIC 'Cuenca del río Manzanares'.

Según Los Verdes, "las autoridades municipales y la Comunidad de Madrid tenían que haber tenido en cuenta las leyes europeas antes de dar rienda suelta a los especuladores".

Esta petición se hará en base a la pregunta realizada por el eurodiputado de Los Verdes, David Hammerstein, sobre el incumplimiento de la directiva 'Hábitat' por parte del Ayuntamiento de Torrelodones al afectar el proyecto de reclasificación de suelos no urbanizables al LIC 'Cuenca del río Manzanares'.

Según Hammerstein, "las autoridades municipales y la Comunidad de Madrid tenían que haber tenido en cuenta las leyes europeas antes de dar rienda suelta a los especuladores y a los destructores de este entorno natural. Deben frenar todos los trámites del proyecto y esperar los resultados de la investigación europea".
Solicitud de información

Ante esa pregunta, la Comisión Europea ha contestado que pedirá la información a las autoridades españolas para comprobar si hay vulneración de la citada directiva.

La pregunta se presento el pasado día 23 de julio a la Comisión Europea, en base a la supuesta infracción que ha incumplido el Ayuntamiento de Torrelodones en el proyecto de reclasificación de suelos no urbanizables especialmente protegidos del municipio ignorando el LIC 'Cuenca del río manzanares' que está integrada en la Red Natura 2000 de la Unión Europea y protegida por la directiva 'Hábitat'.

En la respuesta de la Comisión se afirma que en el plan urbanístico "podrán aceptar el plan tras cerciorarse de que no perjudicará a la integridad del lugar". Al construir la gran urbanización en medio del espacio protegido es casi imposible que no afecte a la integridad del lugar y sus valores de biodiversidad.

Igualmente se ha obviado el periodo de información pública, por lo que igualmente se podría estar vulnerando la directiva sobre Evaluación de Impacto Ambiental y la directiva relativa a participación ciudadana en las decisiones que afectan al medio ambiente.





* El Economista - Ecodiario - 8.10.2008
Foto: Torrelodones (Madrid), ayuntamiento - eleconomista.es

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Tenerife: Casi 350 derribos costeros pendientes en la comarca

LAOPINIÓN* : La demolición de ayer de la mitad de las viviendas de Cho Vito ha supuesto, para muchos, el comienzo de una campaña de Costas en los poblados del litoral del Sureste que ya cuentan con expedientes por ocupar el dominio público y la servidumbre de tránsito.

En total, la Demarcación de Costas contabiliza casi 350 casos, entre los núcleos de Boca Cangrejo y El Tablado, de un total insular que supera las 600 ocupaciones del espacio público.
En todos estos casos, la Demarcación provincial de Costas ha sido contundente en que se aplicará la Ley y que estas construcciones serán demolidas para devolver el litoral al uso común. En la comarca Sureste, 346 construcciones están afectadas por este motivo, repartidas entre Güímar (con 117 en los núcleos de El Tablado, Santa Lucía y Chorregino), Arafo y Candelaria (con 26 en Playa de Lima y Playa de la Viuda, así como las 57 de Bajo la Cuesta).
El núcleo con más expedientes abiertos es Boca Cangrejo, en el litoral de El Rosario, con 120 construcciones que ocuparían el dominio público y la servidumbre de tránsito. En este municipio aparecen 34 construcciones más en Varadero. Precisamente, en El Rosario se ha organizado uno de los mayores enfrentamientos con Costas de la Isla, el de los vecinos de Tabaiba, que rechazan la construcción de un edificio cerca de la playa del Moro.
La Plataforma en Defensa del Litoral de El Rosario inició un procedimiento, que ya ha llegado a Fiscalía, para evitar el cierre por obras de la playa, pero en el transcurso han recopilado numerosa documentación que, aseguran, demuestra numerosas irregularidades y prebendas en torno a estas futuras viviendas, ya que el terreno en cuestión se rige por el deslinde marítimo de 1969, más permisivo -cuando en el resto de la zona es más reciente- o la vinculación de un antiguo alto cargo de la Demarcación de Costas con la promotora.

Sentencias. En todo caso, las actuaciones en la costa Sureste no han dejado de ser polémicas. El litoral de Agache (Güímar) ha ganado ya dos sentencias en la Audiencia Nacional contra el deslinde de Costas, que rechazaba el carácter urbano de los cuatro núcleos demandantes y establecía la servidumbre de protección a cien metros. Mientras, una parte de los vecinos de Bajo la Cuesta (Candelaria) ha logrado que el mismo tribunal dicte la paralización cautelar del inminente derribo de sus viviendas.
El lado amargo de esta lucha vecinal está en Cho Vito que, tras más de 3 años de batalla administrativa y jurídica, no pudo frenar el derribo de sus viviendas, aunque la defensa de este poblado marinero ha trascendido y todos creen que ya se puede hablar de un "espíritu de Cho Vito". Los vecinos cuentan con el apoyo de intelectuales y colectivos canarios, que estudiarán, en los próximos días, diversos actos reivindicativos para mantener vivo este "símbolo de la unidad del pueblo, porque Cho Vito no se rinde", como anunciaron ayer.





* La Opinión de Tenerife - S. GALDÓN | SANTA CRUZ DE TENERIFE - 8.10.2008
Foto: La excavadora comenzó a derribar el poblado marinero por la primera casa que se construyó en la zona y cuyo titular dio nombre al barrio, Cho Vito. Jonay Rodríguez, laopinion.es

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La Audiencia se contradice en un caso de corrupción en Castellón

ELPAÍS* : Al arquitecto municipal le dicen que no y a los concejales, que sí. La sección primera de la Audiencia provincial de Castellón ha dictado dos autos contradictorios sobre el mismo asunto. En uno confirma la postura de un juzgado sobre indicios de un presunto delito de prevaricación, y en el otro sostiene que el mismo asunto debe sobreseerse.

Los autos se refieren a las diligencias abiertas por el caso del edificio Mar, de Oropesa, en las que están imputados el arquitecto municipal, y el ex alcalde y los tres concejales que aprobaron la construcción de dos bloques de 600 apartamentos sobre un suelo que tenía la calificación de cámping. La diferencia entre los dos autos se encuentra, además del resultado, en el origen de los mismos. El primero es respuesta a un recurso presentado por el arquitecto municipal y el segundo al que presentaron el entonces alcalde independiente y los concejales. En ambos autos coinciden como integrantes del tribunal el presidente y uno de los magistrados.

Tanto la acusación particular como la fiscalía han solicitado la nulidad de ambas decisiones y la designación de un nuevo tribunal compuesto por "magistrados distintos" a los que dictaron estas resoluciones para que "con idéntico criterio" resuelva los dos recursos. La acusación señala que "no caben dos varas de medir, de suerte que unos mismos hechos reciban distintas calificaciones jurídicas". Además, el auto que acuerda el sobreseimiento provisional no ha sido notificado a la acusación particular.

En la causa están imputados el ex alcalde de Oropesa, el independiente Francisco Garrido; tres de los concejales del entonces gobierno local -dos independientes y un edil que fue expulsado del PSPV-; y el arquitecto municipal.La denuncia señalaba en principio al arquitecto municipal, Carlos Garrido, como presunto autor de un delito de prevaricación, al igual que al resto de imputados. Posteriormente, la fiscalía reclamó que se imputara al actual alcalde, Rafael Albert, del PP, ya que intentó legalizar el edificio en 2005. Albert, que está imputado en otras dos causas judiciales referentes a decisiones urbanísticas, celebró un pleno que luego tuvo que anular.

El caso se remonta a la legislatura 1999-2003, cuando el Ayuntamiento de Oropesa otorgó licencia de construcción para apartamentos, locales y garajes en un suelo calificado como terciario y con el camping como único uso permitido. La aprobación se llevó a cabo con el único informe favorable del arquitecto municipal, pese a que tanto la secretaria como el técnico de administración general y el propio Colegio de Arquitectos elaboraron informes desfavorables a la construcción del edificio. A todos ellos se unió, según consta en el expediente, el dictamen del jefe del Servicio Territorial de Urbanismo, que expuso la existencia de un escrito del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana que ratificaba que el proyecto no cumplía con el uso permitido en la parcela.

La investigación judicial abierta tras la denuncia de un particular, presentada en 2005, se prolongó durante casi dos años. En este tiempo se tomó declaración a todos los imputados y se reunieron los informes sobre la causa. En octubre del pasado año, la titular del juzgado número 4 de Castellón concluyó las diligencias previas y decretó el inicio de un procedimiento abreviado, paso intermedio para fijar la fecha del juicio. La juez concluyó que "los hechos aparecen como presuntamente constitutivos de un delito previsto y penado".

Sin embargo, quedaba pendiente la resolución de los recursos presentados por los imputados ante la Audiencia. Tras el primero, cuando todo hacía prever que se había dado luz verde al inicio del juicio, se ha conocido el contenido del segundo auto. Según la fiscalía, son "incongruentes entre sí" e incompatibles, ya que uno dicta que se siga con el procedimiento mientras que el otro se dirige hacia el archivo del caso. Por ello, la fiscalía ha reclamado que ambos autos sean anulados y que otro tribunal resuelva ambos recursos. Por su parte, la acusación, que representa a un vecino afectado, se ha unido a la petición de la fiscalía. "No caben dos varas de medir", ha señalado.

Episodios de un caso de corrupción urbanística

- Licencia. Entre agosto de 2002 y mayo de 2003 el Ayuntamiento de Oropesa concede licencia para construir 600 apartamentos sobre un suelo calificado como camping.

- Informes. La aprobación cuenta con tres informes desfavorables y uno, el del arquitecto, favorable.

- Denuncia. Un vecino presenta una denuncia y la juez imputa al ex alcalde, tres concejales y al arquitecto municipal.

- Alcalde. La fiscalía reclama que se impute también al actual alcalde, que intentó legalizar el edificio en 2005.

- Indicios. En diciembre de 2007 la juez determina que hay indicios de delito.

- Desestimación. En abril de 2008, la Audiencia desestima el recurso del arquitecto sobre la decisión de la juez de iniciar el juicio.

- Estimación. En julio de 2008, la misma sección de la audiencia admite el recurso de los concejales contra la misma decisión de la juez de iniciar el juicio.





* ELPAIS.com - MARÍA FABRA - Castellón - 08/10/2008
Foto: Oropesa del Mar (Castellón), edificio Mar - R.Muñoz (Levante)

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Los informes de los técnicos del Cabildo detectaron deficiencias en Anfi Tauro

LAPROVINCIA/GranCanaria* : Los informes técnicos del Cabildo de Gran Canaria que precedieron al interés de la corporación de declarar de interés general el proyecto urbanístico de Anfi Tauro detectaron serias deficiencias en el expediente administrativo.

Según consta en la denuncia presentada ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y ante la Fiscalía Anticorrupción contra el líder del Partido Popular en Canarias, José Manuel Soria, por el denominado viaje del salmón, que éste hizo a Austria y Noruega invitado por el propietario de Anfi en aquel entonces, Bjorn Lyng, ya fallecido, el expediente administrativo debió ser, al menos, subsanado antes de su aprobación en el pleno.

Al menos dos de los informes previos a que el Cabildo elevara al Parlamento su propuesta de que las 3.600 camas que pretendía construir la empresa del fallecido Bjorn Lyng en Tauro eran de interés general constatan la existencias de "serias deficiencias", "contradicciones respecto a la capacidad de plazas alojativas de las parcelas de que consta el proyecto" o "falta de concreción de cada uno de los establecimientos alojativos".

Uno de los informes que recoge ese tipo de irregularidades en el expediente administrativo es el que redactó el Servicio Insular de Planeamiento, dependiente de la Consejería de Política Territorial, Vivienda y Arquitectura del Cabildo, que se adjunta a la denuncia.

En ese documento, "se mencionan tal cúmulo de deficiencias en la solicitud de Anfi Tauro, SA, que requerirían cuanto menos un breve repaso para confirmar nuestras tesis de que nos encontramos con una autorización que gozó de mucho favor dentro del Cabildo grancanario", siempre según la denuncia.

TÉCNICOS. El citado informe fue redactado por un total de tres técnicos que recogieron "un gran número de anomalías en el proyecto, defectos, anomalías o deficiencias que van desde la utilización de elementos como un campo de golf para una autorización anterior, lo que invalida la presente, hasta el exceso en el número de camas solicitadas a tenor de las que equivaldrían en el mejor de los casos aplicando el referido campo de golf y un muelle deportivo que aún no ha sido construido y que, además, presenta graves reparos ambientales que están siendo revisados por ubicarse en un Lugar de Interés Comunitario.

Otro informe que, según la denuncia, detecta anomalías, es el que redactó el Patronato de Turismo, que detectó, entre otras cosas, "contradicciones respecto a la capacidad de plazas alojativas". Aun así, Turismo vio con buenos ojos la declaración de interés para la isla.




* La Provincia - PEDRO GUERRA - 8.10.2008
Foto: Instalaciones de Anfi del Mar, complejo turístico de lujo en el sur de Gran Canaria. LA PROVINCIA/DLP

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El Consell permitió el PAI sin urbanizar de la Pobla a pesar de invadir un barranco

LEVANTE/Valencia* : El sector residencial SRC-IBM de la Pobla de Vallbona -que se ha quedado sin agente urbanizador después de que la empresa encargada del proyecto lo haya abandonado dejando a unas doscientas familias sin poder ocupar sus casas-, se levanta en pleno barranco de Bono, una zona inundable del término municipal y por el solían evacuarse de forma natural las aguas pluviales.

Así lo hizo saber en su día el Ayuntamiento de l'Eliana a través de una alegación al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la Pobla presentada en la conselleria de Urbanismo, y en la que se precisaba que el lugar en el que el municipio vecino proyectaba más de seiscientas viviendas era una zona agrícola inundable que conectaba con otro barranco -el de Mandor- dentro del término aledaño. La alegación no fue tenida en cuenta a pesar de que l'Eliana también advertía que si se edificaban las viviendas allí y no se construían colectores de aguas pluviales, toda esta zona iba a sufrir importantes inundaciones.
Eso fue precisamente lo que ocurrió en los meses de septiembre y octubre de 2007, a pesar de que la Pobla obligaba a la empresa encargada de la urbanización del sector (Tremor) a incluir la construcción de los colectores en su proyecto para sustituir la función del barranco. Las fuertes lluvias caídas durante esos meses inundaron las obras de la urbanización, los campos situados junto al barranco, las carreteras que conducen al centro comercial El Osito y a l'Eliana e incluso el cementerio de este municipio.
No sólo no se habían construido todavía los colectores ni el alcantarillado de la urbanización -a pesar de que tenían que haber estado acabados, como el resto del PAI, antes del verano- sino que, además, la acumulación del material de construcción en pleno cauce contribuyó a desviar las aguas en busca de una salida natural.
Fue entonces cuando el equipo de gobierno de la Pobla advirtió a Tremor que estaba obligada a hacer los colectores para sustituir el cauce del barranco interrumpido por la nueva urbanización. Pero ahora la urbanizadora ha abandonado el proyecto (y el ayuntamiento le ha retirado la condición de agente urbanizador) sin acabar, entre otras cosas, los colectores.
Tal como pudo comprobar ayer este periódico, el barranco de Bono queda interrumpido por los nuevos proyectos residenciales y terciarios de la zona, e incluso varias canalizaciones que se habían construido en él ahora están cortados con muros o montones de tierra que impiden el paso del agua.





* Levante-EMV - V. Contreras - 8.10.2008
Foto: Las casas que se están construyendo y que se han levantado ya en el sector interrumpen el cauce del barranco de Bono - v. c. m. , levante-emv.com

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