Este viernes y sábado se celebra en A Coruña una cumbre de Ministros de Transporte europeos bajo el título de “Transporte Urbano Sostenible”. Por este motivo ECOLOGISTAS EN ACCIÓN* y Verdegaia quieren destacar el importante desfase que existe entre los discursos de movilidad sostenible en la UE y las políticas de transporte reales, un desfase que resulta ser abismal en el Estado español.
El transporte es el sector más desbocado en cuanto a sus emisiones de CO2.. Según los estudios de la propia UE, la mitad de estas emisiones se producen en las zonas urbanas y metropolitanas.
Efectivamente las emisiones de CO2 en el transporte por carretera son las que más han aumentado desde 1990, tanto en el Estado español –pŕacticamente el doble hasta 2007 (un 97%), si bien luego se han reducido algo por la crisis, no por las políticas de las administraciones– como en Europa –donde el aumento ha sido del 32%–. De hecho, el transporte es ya en España el sector que más gases de efecto invernadero emite, por encima del 25% del total. Siendo éstos los datos, es evidente que las cosas no se están haciendo bien pese a los discursos de movilidad sostenible.
Los principales emisores de CO2 son los coches: quemar 1 litro de combustible supone emitir 2,3 kg de CO2. Así, cada persona que utiliza el coche para sus desplazamientos al trabajo (con un recorrido medio diario aproximado de 15 km) emite unas 2 toneladas de CO2 al año sólo por esta razón. Por este motivo, para Ecologistas en Acción y Verdegaia, las políticas de movilidad más urgentes deben ser simultáneamente de disuasión y estímulo. Disuasión del uso del automóvil mediante los múltiples mecanismos posibles (parquímetros, restricciones de acceso, peajes, no ampliación de carreteras, “pacificación” del tráfico, etc.). Y estímulo de los medios más favorables (mejoras en el transporte público, con carriles exclusivos, itinerarios peatonales y ciclistas seguros, ampliación de aceras…).
Pero la política Europea y, sobre todo la española, van por otro camino:
* Se sigue aplicando la receta de incrementar el viario para solucionar los atascos, lo que no es sino una respuesta obsoleta, cara y contraproducente. Ahí están los planes de autovías de las Redes Transeuropeas (TENt), o los planes estatales y autonómicos españoles. Al contrario, reducir la capacidad del viario para los coches permite modos de vida más saludables para todos los ciudadanos, con la ventaja de que se disminuyen las emisiones de gases de invernadero, al tiempo que se produce una mejora en la calidad del aire, menor ruido y se obtiene más espacio para la gente.
* Al mismo tiempo, con las ayudas al sector del automóvil en toda la UE, se anima a comprar más coches, justo la política contraria que se necesita, pues la apuesta debe centrarse en el transporte público. Es cierto que todos los administradores públicos hablan de movilidad sostenible, pero no es menos verdad que por cada euro que se invierte en movilidad alternativa muchos más se gastan en favorecer el uso del automóvil. El resultado: en la mayor parte de las ciudades y zonas metropolitanas europeas cada día utilizamos más el coche y menos el transporte público o los desplazamientos a pie o en bicicleta.
* También se centran las expectativas en las mejoras tecnológicas de la eficiencia de los automóviles, pero éstas siempre han sido en buena medida neutralizadas y sobrepasadas por el mayor uso de los nuevos automóviles, por lo que la única estrategia razonable es la de reducir su utilización.
* Ahora la gran esperanza para la sostenibilidad del transporte parece ser el coche eléctrico, olvidando que fabricar un coche consume tanta energía como la que emplea para desplazarse 60.000 km, que la electricidad que los alimenta procede en un 70% de centrales térmicas y nucleares (según el mix eléctrico español), que también requieren de autovías…
Para Verdegaia y Ecologistas en Acción una movilidad sostenible basada en el uso masivo del coche es una quimera. La única estrategia razonable es reducir las necesidades de movilidad y apostar sin fisuras por el transporte público, algo que, más allá de los discursos, no parece estar en la agenda de los Ministros de Transporte de la UE.
* Ecologistas en Acción - 12.02.10
Foto: Atasco - dgt.es
Menos coches para un transporte urbano más sostenible
Villalón: 2.000 personas dicen "no" al almacén nuclear
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NORTECASTILLA/Valladolid* : Unas 2.000 personas se concentraron hoy en la localidad vallisoletana de Villalón de Campos para rechazar la instalación del Almacén Temporal Centralizado de residuos nucleares (ATC) en los municipios cercanos de Santervás y Melgar de Arriba y para reclamar una "alternativa" para la situación de "abandono" de Tierra de Campos.
De esta manera, Juan Carlos Flores, miembro de la Plataforma Anticementerio Tierra de Campos Viva, organización convocante de la manifestación, aseguró en declaraciones a Europa Press que la marcha ha contado con una "asistencia importante" a pesar del "día de perros". "Ha sido un bulto bastante importante para una comarca con pocos habitantes", destacó.
Asimismo, aseveró que acudieron a Villalón representantes de organizaciones agrarias como UCCL o COAG, o sindicatos como Comisiones Obreras, Unión General de Trabajadores y Confederación General del Trabajo, además de "partidos de izquierdas".
Además, Flores insistió en que la marcha fue el "pistoletazo de salida" para una serie de actividades con las que pretenden "publicitar la zona y decir que está abandonada". En este sentido, reclamó inversiones "pero de otro tipo". "Nos lo han puesto o esto o la muerte", lamentó.
Así, destacó la importancia de la industria agroalimentaria en la zona como "alternativa" a la instalación del almacén que, a su juicio, debería situarse junto a las centrales nucleares para que "no se cree otra zona de peligro" y se reduzcan los costes y el "riesgo de transporte".
La manifestación recorrió varias calles de Villalón de Campos con total normalidad entre los gritos y cánticos de protesta de los cerca de 2.000 asistentes quienes pidieron alternativas para solucionar el problema de la despoblación en la comarca.
De esta forma, al grito de "no es la solución a la despoblación" o "más cultura, menos basura", los manifestantes protestaron contra la instalación de esta instalación en la provincia de Valladolid mientras que hicieron referencia al accidente nuclear de Chernobil (Ucrania) de 1986.
Por otra parte, las mismas fuentes informaron de que a partir de las 17.00 horas de hoy, el Ayuntamiento de Melgar de abajo acogerá una charla coloquio en la que participarán el profesor de Física de la Universidad Autónoma de Madrid Francisco Castejón, el profesor de Economía de la Universidad de Valladolid Javier Gutiérrez, así como un representante de Enresa.
* Norte Castilla - EP. - 14.02.10
Foto: Manifestación organizada hoy en la localidad vallisoletana de Villalón de Campos, convocada por la 'Plataforma Anti Cementerio Nuclear Tierra de Campos Viva', para protestar por las candidaturas de los pueblos Santervás de Campos y Melgar de Arriba contra la instalación de un Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en su área metropolitana. - EFE
Málaga: 26 alcaldes y ex regidores tienen casos urbanísticos pendientes con la Justicia
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LAOPINIÓN* : Los noventa y los primeros años de este siglo formaron parte del ‘boom’ inmobiliario en la provincia: las grandes promociones proliferaban en todos los rincones de Málaga, desde la Costa del Sol Occidental hasta el otrora santuario de la Axarquía. Pero los excesos del ladrillo los están pagando muy caro aquellos que se encargaron de hacer respetar la ley en sus respectivos municipios. Hoy en día, hay 26 ex alcaldes y regidores aún en activo denunciados, imputados, procesados o acusados por delitos urbanísticos.
Para cinco de ellos, el futuro es más incierto porque se enfrentan a cargos relacionados con la corrupción (cohecho o blanqueo de capitales).
De estos jefes de gobierno municipales, de cuyo número se excluyen los primeros ediles ya condenados aunque sea en primera instancia, diecisiete pertenecen al PSOE, tres al PP y otros tantos a IU. Uno de ellos formó parte del GIL; otro está ligado al andalucismo (CA) –Tolox– y un tercero gobernó en Manilva con el PDEM. Trece continúan en el poder.
Evidentemente, el caso más grave es el de la ex alcaldesa de Marbella Marisol Yagüe, procesada ya en la célebre operación ‘Malaya’ por corrupción urbanística. Compartirá en breve el banquillo de los acusados con 102 personas más, Juan Antonio Roca entre ellos.
También está inmerso en una causa de corrupción Juan Martín Serón (PP), actual alcalde de Alhaurín. Ya está a la espera de juicio, aunque la Fiscalía aún no ha acusado. Dentro del ‘caso Troya’ han sido encausadas 24 personas, y él está imputado por cohecho, prevaricación y blanqueo.
El ex alcalde socialista de Estepona, Antonio Barrientos, también está inmerso en otra trama de corrupción urbanística (‘Astapa’), entendiendo como tal la existencia generalizada de sobornos abonados por constructores para lograr licencias de obra que les permitan edificar en suelos no urbanizables u otro tipo de beneficios urbanísticos tales como aumentos de edificabilidad o elaboración de convenios. En este caso han sido ya imputadas 63 personas entre concejales, ex ediles, constructores, abogados y empresarios.
Evidentemente, también tiene que existir la figura del blanqueo, en el sentido de dar salida al circuito legal a las ganancias ilícitamente obtenidas. El Consistorio exigía donaciones a los promotores que querían construir en Estepona a cambio de mejorar los parámetros de edificabilidad o de otras contrapartidas.
La operación ‘Arcos’, desarrollada en Alcaucín, también se enmarca dentro de la corrupción. Su ex alcalde José Manuel Martín Alba fue detenido en febrero de 2009 y pasó seis meses entre rejas: sobornos y blanqueo están presentes en este proceso que, aunque más modesto, sigue los cánones marcados por sus hermanos mayores: ‘Astapa’, ‘Malaya’ o ‘Troya’.
Pedro Tirado (PDEM) fue alcalde de Manilva y su detención se produjo en 2005 en el seno de la operación ‘Ballena Blanca’ contra el blanqueo de capitales. La Fiscalía Anticorrupción solicita para él dos años de prisión, siete de inhabilitación para cargo público y multa de tres millones de euros por un delito de cohecho, en el caso sobre la finca ‘La Parrada’.
Recientemente, fue imputado por varios delitos urbanísticos –no existe corrupción– el alcalde de Almogía, Cristóbal Torreblanca (PSOE). La Guardia Civil investiga si se dejaron caducar algunos expedientes sancionadores, de forma que se legalizaron de facto las edificaciones irregulares, entre otros asuntos.
En la Axarquía también se ha extendido el fenómeno: el ex alcalde La Viñuela, Juan Millán (PSOE), se enfrenta a cinco denuncias por parte de la Fiscalía por haber incurrido supuestamente en otros tantos delitos contra la ordenación del territorio tras la concesión de varias licencias para viviendas unifamiliares. Su colega de Canillas de Albaida, Antonio Gregorio Díaz (PP), está acusado de un delito urbanístico tras haber concedido una licencia para una vivienda en suelo no urbanizable. El fiscal, por otro lado, pide cinco años de cárcel para el regidor de Canillas de Aceituno, José Manuel Aranda (PSOE), por prevaricación.
En Cártama, el actual alcalde, José Garrido (PSOE), está imputado por una presunta prevaricación omisiva al haber dejado caducar un expediente sancionador; y su antecesora en el cargo, Leonor García Agua (PP), aguarda una sentencia por firmar dos decretos de segregación de fincas en sendas parcelas en las que, según la LOUA, estaba prohibido.
El alcalde de Ronda, Antonio Marín Lara, arrastra dos imputaciones: una por permitir la edificación de una nave agrícola en suelo no urbanizable y otra por el macroproyecto de Los Merinos.
* La Opinión - 14.02.10
Foto: Imputaciones. El urbanismo salvaje se ha desplazado en los últimos tiempos hacia la comarca de la Axarquía. - F. Extremera, laopiniondemalaga.es
Alicante: Muchos expedientes y escasos derribos
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LAVERDAD* : La última denuncia que ha salido a la luz sobre la construcción en terreno no urbanizable de viviendas en la huerta de Redován reabre el debate sobre las permisividad en materia de urbanismo con la que se ha actuado en las últimas décadas en la comarca de la Vega Baja. La alcaldesa de Redován, Leticia Bas, admitió a este periódico que en su término municipal existen alrededor de cuatro centenares de casas en esa situación, un número que asciende a miles si se empieza a recontar municipio a municipio.
Lo que hasta la fecha se ha hecho en la mayoría de ayuntamientos ha sido abrir expedientes sancionadores a aquellos que construían de forma irregular, lo que ha servido para que las arcas municipales recaudaran dinero. No obstante son pocos los casos en los que se ha llegado hasta el final en este tipo de asuntos y se han derribado las viviendas.
De hecho sólo en Guardamar se ha visto una demolición en bloque de viviendas fuera de ordenación. En este caso no ha sido difícil ya que se trata de las edificaciones a pie de playa en La Babilonia, casas levantadas en su día para los pescadores y que eran titularidad del Gobierno aunque con un régimen de concesión a quienes las habitaron hasta su demolición. Con motivo de la entrada en vigor de la Ley de Costas se procedió al desmantelamiento de este núcleo de viviendas, legislación que también ha servido para decretar el derribo de una serie de esqueletos de edificios construidos en su día en primera línea de playa entre los términos municipales de Pilar de la Horadada y el litoral oriolano, resolución que llegó hace apenas un año después de dos décadas de litigios.
No obstante, pese a la normativa costera, los derribos de este tipo de viviendas al margen de cualquier ordenación urbana casi nunca han llegado a su fin.
La construcción ha sido el motor económico de esta comarca en los últimos tiempos. El litoral se ha masificado con las segundas residencias y la llegada en avalancha de europeos que han decidido fijar su residencia en la costa. Mientras, en el interior las que siempre han sido casas de huerta se han mantenido pero a su alrededor han proliferado construcciones que más que almacenes de aperos son verdaderas mansiones.
Aún así los gobiernos de uno y otro signo han sido permisivos y han alimentado ese incremento de la construcción sin orden ni concierto. Ahora se encuentran con el problema de qué hacer al respecto, y muchos optan por regularizar la situación con los nuevos planeamientos en ciernes. Es el caso de Orihuela, con un Plan General de Ordenación Urbano agotado desde hace años y un grave problema de suelo sobre todo en las partidas rurales, donde el terreno en el que se permite levantar casas se acabó. La intención del Ayuntamiento es revisar de forma inmediata el PGOU y con él, poner en orden lo que se ha levantado sin tener en cuenta a nada ni a nadie. De este modo se abren posibilidades como la legalización de aquellas viviendas construidas en los márgenes de caminos de paso tradicionales, siempre y cuando estos terrenos no sean de regadío. Mientras que llega esa ordenación se han hecho nuevos planes urbanísticos a golpe de modificaciones puntuales del Plan General. Asimismo también se han consolidado núcleos edificados al margen de toda ordenación, como es el caso de la urbanización Montepinar. Un caso similar a este último fue hace unos años el de la partida de El Moco, en la sierra de Albatera, donde propietarios y gobierno municipal llegaron a un acuerdo para pagar los costes de urbanización y poner en solfa otro núcleo de viviendas realizado en su día sin ningún tipo de plan urbanístico.
Que la construcción está en crisis no es ninguna novedad, pero a esta situación económica se suma la crisis en la que se ha sumido también la construcción ilegal, ya que en base a las nuevas normativas, mucho más proteccionistas con el territorio, se mira con lupa cualquier tipo de actuación urbanística y muchas de ellas han terminado en los juzgados en los últimos años. Hoy en día la maraña de grúas que se entrelazaban en el cielo de cualquier pueblo de la Vega Baja ha desaparecido, y el sector sufre la recesión económica. La construcción ha dado empleo a miles de personas durante muchos años, muchas de las cuales engrosan ahora las listas del paro. Legal o ilegal, el motor se agota, lo mismo que el suelo edificable.
* La Verdad - 13.02.10
Foto: Redován (Alicante) - convega.com
La demora en la tramitación provoca la caducidad de multas
ABC/Córdoba* : A los pocos trabajadores de la Oficina de Disciplina de Obras le faltan manos para tramitar las denuncias por obras ilegales que se les amontonan en el despacho. Tan cuantiosa es la remesa de expedientes «inmovilizados» que la Gerencia Municipal de Urbanismo lleva un desfase de cuatro años desde que se pusieron las denuncias por infracciones urbanísticas en la capital cordobesa hasta que se inicia el proceso sancionador.
En concreto, en estos momentos está notificando las sanciones que se impusieron en el primer trimestre de 2005, según corroboraron a ABC fuentes municipales.
Con un poco de suerte, cientos de infractores verán decaer sus expedientes por falta de diligencia de la Administración a la hora de practicar las medidas oportunas para ponerlos al cobro.
Basta con echar un vistazo a los últimos números del Boletín Oficial de la Provincia (BOP) para comprobar cómo muchos de ellos se libran de cuantiosas multas por edificar chalés sin licencia en suelo rústico.
El motivo, la «caducidad del procedimiento», según rezan los anuncios sobre expedientes que pesan sobre autopromotores de viviendas en las parcelaciones Paso de la Barquera o Doña Manuela, por citar dos ejemplos recientes.
El BOP también da cuenta de que en los últimos dos meses, apurando al máximo el plazo legal, se están notificando procedimientos relativos a obras sin licencia de 2005.
Plazos legales
Según la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa del procedimiento sancionador será de un año a contar desde el acuerdo de iniciación del mismo. Si, pasado ese periodo el expediente no se ha llevado a término, la Gerencia de Urbanismo está obligada a comunicar que ha caducado y dar por perdido el dinero que preveía recaudar.
En otras ocasiones, sucede que pasan más de cuatro años sin que se reactive el procedimiento, lo que se traduce en la prescripción de la infracción urbanística, según la norma autonómica. Sin embargo, en el caso de que los trabajos de edificación hayan continuado, la Gerencia puede jugar la baza de ordenar una nueva inspección policial y levantar otra acta de infracción.
Falta de técnicos
El problema de fondo es la falta de personal que soporta el servicio que tramita estos informes, la denominada Oficina de Disciplina de Obras. Durante años se viene supliendo la carencia de técnicos con contratos eventuales que no tienen continuidad en el tiempo. Estas intermitencias laborales impiden, por ejemplo, que los empleados que los incoan, puedan luego culminarlos en el tiempo estipulado.
Hay que recordar que reforzar este dispositivo fue una de las pocas conclusiones que arrojó la comisión que investigó la gestión urbanística de la anterior Corporación a principios de 2006.
* ABC - 14.02.10
Foto: Presuntas construcciones irregulares - abc.es
¿Dónde está la histórica casona de los escudos de Puebla de Lillo?
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ELMUNDO/León* : El histórico inmueble blasonado, protegido como Bien de Interés Cultural, ha 'desaparecido' de la plaza central del pueblo. La Junta ha iniciado una investigación para esclarecer qué ha ocurrido con la casona de los escudos de Puebla de Lillo. Así lo refleja un particular en la denuncia que remitió el mes pasado a la Comisión de Patrimonio.
¿Dónde han ido a parar los grandes sillares del edificio? ¿Y sus escudos? En ese lugar, la empresa Oriental Resorts pretendía construir un hotel de cuatro estrellas con 40 habitaciones y spa... Todo ello debía hacerse respetando el edificio histórico.
Lejos de ello, la casona se ha despiezado y sus sillares duermen en unas naves del pueblo. Fuentes de la Delegación territorial de la Junta aseguraban que se estudiará un expediente sancionador en la próxima comisión de Patrimonio.
La infracción, advierten, puede ser "muy grave" y no se descarta plantear la vertiente penal de este asunto por haberse "arrasado un monumento". Según la Junta, la capacidad de movimiento que tenía el propietario era muy escasa.
* El Mundo - 12.02.10
Foto: Una vista de la casona blasonada de Puebla de Lillo, del siglo XVIII, ahora desaparecida. | J.Gutiérrez, elmundo.es
