VEGAMEDIAPress* : La codicia es la norma en muchos de los nuevos empresarios del sector de la construcción que han surgido en la Región en los últimos años, propiciando los ya conocidos resorts con campos de golf, donde casi nadie juega, y buscando el enriquecimiento rápido. Según ha podido saber VMPress de profesionales del sector, en la Comunidad Autónoma muchas viviendas se venden a un precio cinco veces superior a su coste. Tal como informó un arquitecto que se desvinculó de un proyecto urbanístico, A.S., “porque me dí cuenta que estaban estafando a los compradores”, se promocionan viviendas por más de 140.000 euros cuando en realidad han costado 30.000 euros, casi cinco veces menos.
Mala calidad
Además, las calidades de los materiales son pésimas. El promotor o constructor deriva la obra a subcontratas que terminan en otras subcontratas y en el afán de abaratar los costes a lo máximo posible se entregan unas viviendas que al poco tiempo de ser habitadas descubrirán a los compradores que han adquirido casas de tercera categoría que no corresponden con el precio que han pagado. Demasiado tarde. Son cientos las quejas acumuladas contra promotores en la Región, que se desentienden de los defectos de obra, una vez que han hecho caja. Personas que han sucumbido al maquillaje del marketing y de una realidad irreal, presentada como un paraíso inexistente.
Esta redacción ha detectado, por ejemplo, en urbanizaciones de Mazarrón, hogares tercermundistas. En esta urbanización, en donde la mayoría de los residentes son ingleses, existen casas con grietas de tal tamaño que entra la luz del sol al interior. Por no decir grifos que dejan de funcionar o paredes que se desconchan rápidamente. También venden como pequeños apartamentos lo que en realidad son casas prefabricadas en serie que dejan caer en la tierra. La importante comunidad británica llegó a Mazarrón atraíada por el buen clima, la cercanía al mar, a pesar de estar en un paraje desierto bajo un sol vengativo, y los campos de golf, que supuestamente se riegan ilegalmente con la mayor trama de tuberías que conducen agua desde el trasvase. Se sienten engañados por las empresas constructoras.
En Campos del Río, una promotora ha ofrecido a inmobiliarias de toda España comisiones de hasta el 18 por ciento ante el escaso éxito de ventas y la gran inversión publicitaria. El propietario de una inmobiliaria gallega nos manifestó que "a pesar del atractivo de la comisión hemos desistido en promocionar el resort, porque no son normales esas ofertas y creemos que hay gato encerrado". En esta localidad hemos descubierto viviendas sin desagüe y otros servicios obligatorios.
La especulación, el daño al medio ambiente, y la premura por reunir miles de millones, ofrecen un producto devaluado que ya ha espantado al cliente europeo. Las suspensiones de pagos familiares aumentarán de forma considerable en los próximos meses, pero los bancos están dispuestos a renegociar las hipotecas porque saben que de embargar se quedarían con una vivienda que vale mucho, muchísimo menos, que el crédito que han concedido.
Las viviendas sociales, también
Pero no solo los falsos grandes resorts los únicos que especulan con el suelo y juegan con las calidades. Las viviendas sociales, las pocas que se proyectan en la Región, están construidas con prisas, de mala gana, y sin ningún miramiento para los que serán sus inquilinos. En Molina de Segura, en un pequeño edificio en las cercanías de la carretera de Fortuna, se entregaron unos pisos…sin persianas. Los residentes tuvieron que pasar un caluroso verano con cartones pegados a los cristales. Las paredes tienen un color de pintura…parecido, y los peldaños de la escalera de acceso se parecen más a un monopatín con su movimiento al pisar que a otra cosa. En Archena, la viviendas sociales inauguradas recientemente a bombo y platillo por el consejero Joaquín Bascuñana ya ha despertado la indignación de los habitantes de las casas. Además de las numerosas deficiencias de construcción, a los vecinos no les recogían la basura hasta hace poco. Siempre ha habido y hay clases.
Coje los bártulos y vámonos
La crisis del sector inmobiliario se dejará ver una vez terminadas las vacaciones. Las ventas son muy bajas y todavía nadie sabe qué se va a hacer con miles de casas, dúplex, triplex y pisos. Unos empresarios catalanes han abandonado la Región, hace unos días, tras recomprar los pocos apartamentos que habían vendido. Según manifestaron a VMPress, “ante las expectativas, no vendíamos casi nada, hemos preferido no continuar con la construcción de tres edificios e irnos con la cabeza bien alta. La honradez es importante en este negocio. Más adelante es muy posible que terminemos la obra”.
Las inmobiliarias ponen el candado
También las inmobiliarias, que tanto han proliferado en los últimos años, sufrirán la crisis que se avecina. Ya han cerrado algunas y se prevé que cerrarán tres de cada cuatro. Seguirán las de “toda la vida”. Algunas no han vendido nada en los últimos tres meses. Como dato significativo, el cierre de las oficinas de Corporación Inmobiliaria en San Javier.
La Región, muy tocada
Toda esta locura del ladrillo ha dejado muy tocada a la Región de Murcia. Las falsas expectativas que se crearon con la especulación y con el sector, dejarán en paro a miles de personas, muchos de ellos inmigrantes, y en la ruina a proveedores que no cobrarán los trabajos realizados para algunas promotoras. Muchos de estos ya hace meses que no cobran de importantes promotoras de esta Región, algunas de gran difusión comercial en televisión, radio y prensa. Pero lo peor de este espejismo que ha acompañado a nuestra Comunidad, es el daño irreversible que se ha hecho a parajes emblemáticos por su importancia histórica o medioambiental. Las grúas han pasado por encima de la ley. Gran parte de la huerta y la costa murciana han quedado destruídas por la avaricia de unos pocos. Al final, como dice el refrán, pan para hoy y hambre para mañana. Pero muchos listos, alguno de ellos políticos, alcaldes y concejales de urbanismo, se quedan con los bolsillos bien llenos. Los bancos ya no alientan al promotor. Las cajas no conceden préstamos alegremente y con rapidez. Los intereses suben peligrosamente. En conclusión, la avaricia de los promotores especuladores y polítiquillos sin escrúpulos han terminado por anular el progreso de esta Región.
* VegaMediaPress - J. Pons - 30/08/2007
Foto: vegamediapress.es
Los resorts murcianos venden las viviendas cinco veces por encima de su coste
La acampada de Ciudad Universitaria por una vivienda digna se queda
REBELIÓN* : Llevan casi cuatro meses viviendo acampados en los jardines como protesta por la especulación urbanística, el alto precio de la vivienda y la injusta situación que viven los sin techo, más de 14.000 sólo en Madrid. Todo empezó a mediados de mayo cuando la plataforma Por una vivienda Digna plantó sus tiendas durante quince días para llamar la atención sobre un problema que afecta a toda la sociedad española. Fueron muchos los que se unieron a la iniciativa promovida por la plataforma de activistas llegando hasta las 150 personas y 87 tiendas instaladas en los momentos de mayor auge y cuando finalizó ese período no todos quisieron marcharse.
De aquí surgió la agrupación Acampada de Ciudad Universitaria, un grupo heterogéneo de personas formado por jóvenes con dificultades para acceder a una vivienda, desalojados por no poder hacer frente a una hipoteca, sin techo, activistas sociales, inmigrantes y gente venida de varios puntos de la geografía española.
Acuerdo roto
Los miembros de la acampada llegaron a un acuerdo con Carlos Berzosa, rector de la Universidad Complutense, por el cual permitiría que se quedaran en el campamento para desarrollar sus actividades culturales, pero sólo hasta septiembre. El nuevo curso académico se echa encima y el campus pronto se llenará de estudiantes que verán a sus nuevos vecinos justo al salir del metro. De momento, los acampados están pendientes de tener la oportunidad de volver a negociar con el rector la situación en los próximos días. Por ahora, le han enviado un comunicado para explicar su posición ya que Berzosa se encuentra en Chile en viaje de negocios.
Entre los motivos que esgrimen para justificar el mantenimiento de sus viviendas de tela está el no dejar otra vez a los sin techo que han encontrado aquí un lugar mejor, mantener una reivindicación contra la continuación de la precariedad y hacer “una labor que no hace la administración, que es ofrecer a todas las personas precarias sin techo un techo, aunque sea de tela, comida, apoyo afectivo y psicosocial”.
“Si las instancias políticas incumplen sus funciones y no ponen solución a la problemática de la precariedad y el acceso a una vivienda para todas/os y hacen oídos sordos a la reivindicación que estamos haciendo cientos de miles de jóvenes , precarios y sin techo en España (en Madrid ya hay más de 14.000 personas sin techo y en España de 50.000 a 70.000 personas), tenemos que poner solución al problema los mismos ciudadanos mediante acciones como esta”, proclaman.
Lugar de debate y reflexión
“Hemos intentado convertir la acampada como lugar de debate, crítica y reflexión , promoviendo actividades culturales como charlas y proyecciones, para; escuchando las voces de todos, pintar el camino que debemos tomar, un camino sin excluidos, un camino sin mejores ni peores, un camino de iguales”, informan.
Paralelamente intentaron ofrecer servicios como alojamiento en tiendas de campaña para aquellos que lo necesitaran, preparando comidas donadas al campamento “por toda esa gente que nos ayuda”, ofreciendo talleres de yoga, quiromasaje, fotografía, costura, teatro… “con el objetivo de facilitar su acceso, promoviendo la vía de la autogestión”.
“No toleramos la carestía de la vivienda ni las malas condiciones laborales, dos factores que se retroalimentan, la obligación mensual de hacer frente a un pago desmesurado por alojamiento obliga a las personas a aceptar las precarias condiciones laborales y a no protestar o reivindicar mejoras ante la amenaza del despido. Este chantaje obliga a aceptar recortes y condiciones laborales a la baja y la necesidad de dos salarios para poder sobrevivir, impidiendo conciliar la vida familiar y personal con la laboral”, expresan los acampantes.
“De hecho -agregan-, mientras que la mayoría de los trabajadores y de la población en general ha visto como se estancaba o empeoraba su poder adquisitivo y sus condiciones de vida, una minoría de empresarios, banqueros y especuladores ha visto multiplicarse sus beneficios a costa del esfuerzo de la mayoría; estamos hastiados de desigualdades sociales, y no podemos entender como no hay un acceso generalizado a esa riqueza generada entre todos y de la cual es beneficiaria una pequeña parte de la población”.
Objetivos
En ese sentido, se proponen los siguientes objetivos:
- Sensibilización y concienciación del problema de la especulación inmobiliaria y de la insostenible situación que provoca el capitalismo en las clases bajas, alienándolos de sus derechos.
- Informar al ciudadano y ofrecerle un punto de encuentro, de opinión y reivindicación de los problemas reales de la sociedad.
- Ahondar en el sentimiento de los afectados por todos estos problemas, buscando con su colaboración las verdaderas causas y culpables de la situación actual, que consideramos una extorsión de los que menos tienen; buscando nuevas conquistas sociales necesarias para todos.
- Ofrecer alternativas de vivienda, autogestión e integración en un sistema en el que se deja de lado a minorías con situaciones de precariedad extrema.
Además propondrán a la ministra de vivienda Carme Chacón que se lleven a cabo medidas para acabar con la corrupción y que se pueda llevar a la práctica el artículo 47 de la Constitución por el que todos tenemos derecho a una vivienda digna.
De momento no esperan un desalojo inmediato, de hecho tienen organizadas para este fin de semana toda una serie de actividades lúdicas que van desde jornadas de reflexión a sesiones de yoga y pases de cine independiente, conferencias y conciertos, entre otras muchas.
Los acampados han organizado para este fin de semana una serie de actividades para pedir con una fiesta que no se produzca el desalojo en septiembre como les han comunicado. Programa completo de actividades
* Rebelión - 31-08-2007
Foto: Madrid, acampada Ciudad Universitaria - vivienda digna
Los jóvenes y el alquiler
LUIS R. VILLALTA* : España es un país de compradores, no hay suficientes incentivos fiscales para propiciar el alquiler, la oferta de viviendas en alquiler es exigua y de baja calidad... Seguro que estos factores y otros muchos se encuentran detrás del rechazo de los jóvenes a alquilar una vivienda. Pero no estaría de más fijarse en otro que resulta realmente preocupante: el desconocimiento y la desinformación de una gran parte de la población. Según la encuesta que publicaron el lunes 27, más del 60% de los jóvenes cree que el alquiler cuesta casi lo mismo que la hipoteca. ¿Seguro?
A lo mejor ocurre así en determinados lugares, pero donde yo vivo, en las afueras de Sevilla, no es cierto ni por asomo. Actualmente pago un alquiler de 625 euros por un piso de unos 90 metros cuadrados. El mismo tipo de piso en la misma urbanización se está vendiendo por 240.000 euros. Si tuviera que pedir una hipoteca por esa cantidad, a 30 años, tendría que pagar 1.300 euros al mes (Euríbor actual más 0,35). Es decir, más del doble de lo que pago actualmente.
¿Es eso tirar el dinero o la única forma posible de vivir decentemente para muchos?
Quizá sea hora de que los jóvenes dejemos a un lado ciertos lugares comunes, "por lo que pago de alquiler me compro un piso", y empecemos a afrontar una realidad más complicada que la que vivieron nuestros padres e incluso nuestros hermanos mayores.
* ELPAIS.com /Opinión - Luis Rafael Villalta Robles - Sevilla - 30/08/2007
El contratista que se controló a sí mismo
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ELPAÍS* : John Fitzgerald, director general de Terra Mítica, declaró durante más de tres horas en calidad de testigo ante el juez que investiga la trama de facturas falsas el 26 de septiembre de 2006, parte de la cual fue publicada por este periódico el pasado 3 de agosto. El fiscal y los abogados insistieron en sus interrogatorios en una figura, la del empresario Vicente Conesa, amigo de Eduardo Zaplana, que impulsó el parque temático en su época de presidente de la Generalitat Valenciana. Conesa ya fue investigado en 1995 por supuestas irregularidades en la concesión de varios proyectos por parte del Ayuntamiento de Benidorm, cuando era alcalde el actual portavoz del PP en el Congreso.
En la trama de Terra Mítica, Conesa es un personaje clave. Dos de sus empresas -C3 Ingeniería de la Construcción y Desarrollo de Proyectos e Instalaciones y Mantenimiento, SA- ocupaban un lugar relevante en el fraude denunciado por la Agencia Tributaria.
En unas conversaciones grabadas por dos diputados autonómicos, Conesa fue mencionado por dos empresarios, también imputados, como el hombre que supuestamente entregaba a Zaplana comisiones ilegales. En la construcción del parque temático, además de ser responsable de obras de jardinería, se encargó de supervisar por cuenta de Terra Mítica esos trabajos. Ese cometido formaba parte, hasta ese momento, de las responsabilidades de la empresa Bovis, encargada de construir y controlar todas las obras del parque, según el proyecto inicial realizado por Global e Idom. Pero en un momento dado, a Bovis se le aparta de todo lo relativo a la jardinería para dar entrada a Conesa. Ningún contrato recoge que Bovis deje de tener responsabilidad sobre ello, pero de hecho es Conesa quien pasa a ocuparse de esa gerencia.
Conesa, además, gozó de un contrato blindado con una cláusula de indemnización millonaria que ha impedido al propio director general rescindirlo. Fitzgerald explicó ante el juez lo siguiente:
Abogado del Estado. Y, ¿se comentaba que un empleado de C3 era el que daba la firma de gerencia de ajardinamiento y por tanto daba el OK a unas obras?
John Fitzgerald. Sí, señor abogado, es así.
A. E. Y sigo un poco más, por si a usted le consta. ¿El que firmaba, que era un empleado de C3 y certificaba unas obras, era sobre unas obras que no existía un contrato suscrito por Terra Mítica, por ejemplo que procedían de Desarrollo Gran Vía, de Prexing Botànics, de Trabajos Auxiliares?
J. F. Sí.
A. E. Y, ¿tampoco llamaba la atención al departamento de contratación?
J. F. Creo que ninguna de esas empresas ha tenido un contrato con Terra Mítica, señor abogado.
A. E. En los primeros documentos, facturas originales, que aportó Terra Mítica, en una factura, por ejemplo, la 69, ¿por qué puede aparecer el sello de Bovis y de la gerencia de ajardinamiento? Sólo para que me lo explique...
J. F. Más o menos en mayo desaparece el sello de visto bueno de Bovis sobre las obras de jardinería.
A. E. ¿Quién da esa orden de que Bovis no controle aquello si Bovis tiene un contrato por toda la obra que incluye la jardinería?
J. F. Sólo puedo decir que en los documentos que hemos encontrado hay actas hechas por Bovis en su función como responsable de las obras. En el acta de control de proyecto, a principios del 99, Bovis dice que Terra Mítica ha nombrado un responsable de jardinería. Y en esa acta, dice que están presentes en esa reunión Miguel Navarro y Justo Valverde y que se nombra a Vicente Conesa como responsable de la jardinería del parque. Es desde ese momento, desde el que Vicente Conesa ha tomado más responsabilidades sobre las obras de jardinería y aparecen documentos firmados de gerencia de jardinería firmados por un empleado de C3.
A. E. ¿Bovis se quita también del medio o se le obliga a quitarse del medio?
J. F. Señor abogado, sólo puedo decir los hechos, no la interpretación.
A preguntas de la abogada de Terra Mítica:
Terra Mítica. ¿Usted no sabía, cuando era director de operaciones, que la gerencia la llevaba C3, sino que lo ha conocido con ocasión del procedimiento?
J. F. Sí.
T. M. ¿Negoció un nuevo contrato de jardinería con C3?
J. F. Sí, renegocié un contrato en el que cobraba 1.700.000 euros y fue para bajar el precio, un precio más razonable, desde mi punto de vista como gestor.
T. M. Usted consigue entonces que se rebaje el precio del mantenimiento de la jardinería, pero como contrapartida tuvo que extender el plazo de duración...
J. F. Sí, sólo podía aceptarlo de ese modo quien tiene un contrato en vigor y se le propone una bajada del precio.
T. M. ¿Le consta que C3 hace el mantenimiento de la jardinería desde que usted es director general?
J. F. En un precio de mercado, sí.
T. M. ¿A raíz de este procedimiento, se ha intentado terminar con este contrato?
J. F. Vicente Conesa y yo hemos hablado dos veces desde junio sobre la posibilidad de terminar el contrato con C3 por motivos que afectan a la imagen del parque.
T. M. ¿Por qué no se ha resuelto ese contrato?
J. F. Porque tiene una cláusula de indemnización bastante alta y no quiero arriesgarme a pagar ese dinero sin tener el servicio.
* ELPAIS.com - LYDIA GARRIDO - Valencia - 30/08/2007
Foto: Benidorm (Alicante), TerraMitica - Me (wikipedia.org)
"Hay «connivencia» de los gobiernos con las «tropelías» urbanísticas"
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EUROPAPRESS/Baeza* : El catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Alicante, y ex Síndico de Greuges, Bernardo del Rosal, sostuvo ayer que «es inimaginable pensar» que todas las «tropelías urbanísticas» que se han cometido en España «no hayan sido con la connivencia cómplice o con la tolerancia de las autoridades administrativas», en el desarrollo de uno de los cursos que organiza la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en su sede Antonio Machado de Baeza (Jaén).
Del Rosal disertó acerca de Corrupción y delincuencia urbanística, dentro de los cursos de verano de la universidad jienense. Aunque se centró en el caso Malaya, aclaró que «han fallado todos los escalones del sistema» en el control del urbanismo en España. En primer lugar puso a la Administración porque el urbanismo es «una función publica» y todas las potestades relacionadas con él «lo son también».
Aseguró que la Justicia contencioso-administrativa era, en algunas zonas de España y hasta hace unos años, «lenta, incapaz de ejecutar sus resoluciones y complaciente con el poder».
Tolerancia social
Observó que la jurisdicción penal del Ministerio Fiscal «ha fracasado igualmente hasta hace poco tiempo». Pero Del Rosal no se limitó sólo a la administración: «También ha habido una cierta tolerancia social hacia este tipo de fenómenos porque han beneficiado, sobre todo, a las clases medias y altas que, con la especulación urbanística han visto incrementado el precio de sus viviendas, lo que les ha permitido acceder a otra calidad de vida».
Junto con esa «sensación de riqueza que se ha generado», del Rosal añadió que «también ha influido el que hayamos sido capaces de soportar el problema social de la inmigración gracias a los empleos» proporcionados por la construcción, replicando, no obstante, que «ahora el sistema empieza tímidamente a volver a funcionar».
Respecto a la reforma del Código Penal, pendiente de aprobación por el Parlamento, el catedrático calificó de «ridículo» que las leyes penales «se meta a castigar delitos como las construcciones ilegales, sin licencia o la invasión de espacios verdes».
A su entender, «no tiene sentido» porque es misión del Derecho Administrativo y, «si éste no funciona habrá que tomar medidas pero no suplantar la función del Administrativo con el Penal».
Criticó que a veces los sumarios «se tramitan con ligereza», haciendo cosas «incomprensibles más de cara a la galería que de cara a la realidad de cómo se deben de hacer las cosas». En esa línea, censuró que ha habido algunas actuaciones de la justicia «que parecen hechas para los programas del corazón».
El catedrático incidió en que «hace unos años era inimaginable que un banquero, un alcalde o un concejal entrara en prisión y ahora no lo es».
De todos modos, puntualizó el ex defensor del pueblo valenciano, «probablemente no es suficiente» ya que en ocasiones «queda la sensación» de que ante determinadas «tropelías no pasa nada y nadie hace nada».
* La Verdad - Alicante - 30 de agosto de 2007
Foto: Baeza (Jaén), UNIA sede_Antonio_Machado - Johnbojaen 2006 (wikipedia.org)
Promover, de una vez, el alquiler
ELPERIÓDICO/Editorial* : Hay un solo mercado de vivienda pero dos maneras de acceder a ella según se opte por comprarla o alquilarla. Cualquiera de las dos posibilidades debería quedar a la libre elección de las personas y sus necesidades, empezando por su condición familiar. Pero en España este mercado está influido profundamente por la política fiscal que han fijado los distintos gobiernos desde los años 80. Tan decisiva, que hoy nuestro país es el más anómalo de la UE en la relación de viviendas de propiedad (pagadas o hipotecadas) y las de alquiler, una proporción de 90 a 10 frente al 60 a 40 en los países de nuestro entorno.
Esta realidad, que tiene raíces culturales profundas basadas en que la vivienda es a la vez una necesidad y una inversión, frente al alquiler, que es un gasto del que no se saca provecho futuro, se ha fomentado por todos los gobiernos de derecha y de izquierda a través de un instrumento que apenas ha variado desde que en España, a partir de 1979, se pagan impuestos directos: el IRPF. Las desgravaciones y deducciones por compra de vivienda, con una variada casuística, se han mantenido en las sucesivas reformas del IRPF. Ha sido un triunfo permanente de los lobis más interesados, los promotores que pueden incluir, junto a los tópicos del alto estanding y los acabados de calidad, la oportunidad de desgravar en el IRPF, y las entidades de crédito, que se aseguran clientes cautivos por la duración del préstamo. A contar, también, la vigencia obsoleta de leyes proteccionistas del inquilino frente a su casero, lo que limita aún más la puesta en alquiler de viviendas. Con este panorama, el mercado del alquiler ha quedado restringido a estudiantes, ciudadanos de paso o inmigrantes.
La ministra de Vivienda, Carme Chacón, ha recuperado un proyecto de su antecesora María Antonia Trujillo y ha propuesto que quienes pagan alquiler puedan equipararse a quienes pagan una hipoteca a la hora de hacer la declaración del IRPF. Antes, con Trujillo, lo vetó el ministerio de Hacienda. Si también lo hace ahora, cuando ayer mismo se supo que España crece aún al 4% anual y el empleo se sostiene pese a la reducción de la actividad constructora, sería otra mala señal de que el Gobierno sigue embelasado con las cifras macroeconómicas y descuida lo que afecta directamente a las economías domésticas y su derecho a elegir, en condiciones de igualdad fiscal, si compra o alquila una vivienda.
* El Periódico - 30/8/2007
Canarias apenas demolió cuarenta viviendas ilegales entre 2001 y 2007
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ELDÍA/Tenerife* : La política de "mano dura" prometida por el nuevo titular de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, Pedro Pachecho, chocará con la realidad de que una de las autonomías donde más denuncias por viviendas ilegales se realizan apenas derriba un puñado de ellas. A pesar de ser una de las comunidades autónomas donde más denuncias por viviendas ilegales se presentan -1.400 en 2006, según la Guardia Civil-, en Canarias apenas un puñado de éstas acaban en demoliciones, una situación a la que no han ayudado las amnistías que se decretaron para este tipo de construcciones, la última en abril del año pasado.
Las infracciones contra la normativa urbanística se encuentran en el origen de la mayoría de las demoliciones que se han producido en Canarias en los últimos años, muy por encima de los incumplimientos de la legislación medioambiental o de la Ley de Costas, según el balance de la actividad de la Agencia para la Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) desde casi los orígenes de este organismo dependiente del Gobierno de Canarias y que, entre 2001 y 2007, ha abierto 89 expedientes que han acabado en demolición, con un alto coste para las arcas públicas. Una política que, en principio, se verá incrementada después de la declaración de intenciones del nuevo titular de la agencia, Pedro Pacheco, que ha prometido "mano dura" en las infracciones contra el territorio.
La construcción de viviendas, apartamentos y edificios de carácter ilegal está detrás de la gran mayoría de estos casos, especialmente las primeras. Desde 2001, en el Archipiélago se han echado abajo 39 viviendas y ampliaciones de éstas que se habían levantado contraviniendo las leyes, mientras que el número de edificios ascendió a cuatro (con 17 plantas demolidas) y 17 apartamentos, la mayoría de los cuales se encontraban en Tenerife. Esta isla, con 26 expedientes abiertos, encabeza una lista que sitúa a Gran Canaria en segundo lugar, con 21. Por detrás se encuentran Fuerteventura (16), Lanzarote (9), La Palma (7), El Hierro (6) y La Gomera (4).
No obstante, y a la luz del informe, ni mucho menos todas las viviendas que han acabado derruidas son precisamente pequeñas construcciones levantadas por la necesidad imperiosa de sus propietarios. El balance de la agencia pone en evidencia la construcción de casas generosas en espacio y comodidades. Así, algunos casos resultan esclarecedores sobre la realidad de muchas de las que han sido demolidas.
Piscina, bodega y lagar
En 2004, por ejemplo, se abrió un expediente de derribo contra una vivienda con bodega y lagar en San Sebastián de La Gomera que, con un coste de 5.144,47 euros, fue tirada por la propia agencia. La misma suerte corrió una casa con piscina en La Frontera (El Hierro) en enero de 2002 o los complejos de tres y seis apartamentos que ese mismo año fueron detectados en Costa Calma (Pájara) y Yaiza, respectivamente. Acabar con el segundo costó más de 18.000 euros.
Similares son los casos de la vivienda de dos niveles y 290 metros cuadrados que fue echada abajo en 2003 por la Apmun en La Asomada (Güímar) y que supuso un desembolso de más de 31.400 euros o las tres viviendas de tres plantas cada una que un año más tarde se tiraron en el Valle de San Lorenzo (Arona) con más de 159.000 euros de coste.
Tampoco eran modestas edificaciones los cuatro apartamentos que el año pasado se derribaron en Adeje con un total de 345 metros cuadrados, una operación que en esta ocasión contó con la colaboración de sus propietarios. Por cuestiones distintas, como la propia seguridad de la edificación, en abril de 2005 se tiró una construcción de 120 metros cuadrados que había sido situada encima de un depósito de agua.
* El Día Canarias - N. MARTÍN, S/C de Tenerife - 12 DE AGOSTO DE 2007
Foto: Tías (Lanzarote), derribo casa 2006 - indymedia.org
Cuando son los políticos los que se cargan la ciudad
ANTONIO ALEMANY DEZCALLAR* : En realidad, no son los promotores, ni los constructores, ni los infectos capitalistas los que se cargan las ciudades y el territorio. Son las instituciones -y los políticos y funcionarios que las gestionan- las que, por acción u omisión, son las máximas responsables desde del urbanismo salvaje hasta de la ilegalidad rampante. Desde la primera Ley del Suelo, el ius edificandi no deriva del derecho de propiedad, concebido por la vieja concepción civilista y romana como derecho a gozar y disponer de una cosa, sino de la norma urbanística que revoluciona toda la institución al disociar la propiedad strictu sensu del derecho a edificar. Significa todo ello que la responsabilidad por el uso que se haga del suelo se ha desplazado del propietario a las instituciones competentes en urbanismo.
Para entendernos, si hubiera prosperado, por ejemplo, la pretensión de Pedro Serra de urbanizar Son Massot, la máxima responsabilidad hubiera recaído en Munar y en Vicens -y no en Serra- que, desde el Consell de Mallorca, pretendían alterar el uso urbanístico de la finca que tenía apalabrada su amigo Serra o su familia. Y fue el alcalde de Calvià, Carlos Delgado, el que ejerciendo su responsabilidad, abortó la ordalía.
Los medios de comunicación, en su práctica totalidad, solemos equivocar la focalización de los auténticos responsables -políticos y funcionarios- al satanizar a los que, en definitiva, se limitan a hacer lo que la ley les permite hacer. Y los medios de comunicación solemos ignorar o mirar hacia otro lado cuando se producen dos perversiones bastantes frecuentes en el urbanismo. La primera, la utilización del poder urbanístico por los gestores coyunturales para castigar al adversario político o ideológico o, sencillamente, para escarmentar al promotor que no ha pasado por las horcas caudinas de los políticos o no ha acudido a los despachos que tocaban, como se le escapó impudorosamente a un alto dirigente de UM, sin que el flamígero Carrau desplegara su potencial energético justiciero. La segunda perversión pasa más desapercibida aún y se da cuando es la actuación directa de la Administración la que se carga literalmente barrios enteros de una ciudad, sin que nadie se rasgue las vestiduras, con la excepción del arriba firmante que sí se las ha rasgado con frecuencia y desde hace bastantes años.
Las dos perversiones se han dado cita en Manacor como revelaba el espléndido reportaje de Rafael Gabaldón sobre el casco histórico de la ciudad de las perlas que se cae porque dos partidos -PSM y UM- y dos políticos sectarios -Damià Pons y Maria Antònia Munar- usaron y abusaron de su poder para dar salida a sus rencores, personales o ideológicos, a los efectos, lo mismo da, castigando a unos propietarios de derechas con una torticera utilización del Bien de Interés Cultural -Munar es una maestra en este tipo de auténtico fraude de ley- y, de paso, castigando a toda una ciudad a contemplar cómo su casco histórico se cae hecho pedazos ante la indiferencia mediática, ante la inexigencia de responsabilidades -y no sólo políticas- y ante el arbitrismo de la peor especie como norma de conducta política.
Lo peor no es la ordalía perpetrada por Pons y Munar, por el PSM y UM, sino el abandono posterior, el dejar morir a toda una parte de la ciudad, el arruinar a cientos de propietarios, confiscados, de hecho, de su derecho de propiedad y a causar un mal mucho mayor que el que -decían- querían evitar. Algo no funciona en nuestro sistema político cuando no se puede perseguir a este tipo de políticos sin escrúpulos y cuando el daño que causan no lo resarcen ellos, sino los ciudadanos que no tienen arte ni parte en el desastre artificialmente provocado.
No es la primera vez que ocurre. En Palma, durante treinta o cuarenta años, el barrio de Sa Gerreria fue intervenido en su totalidad, con suspensiones de licencias y demás medidas que impedían invertir en la regeneración de los edificios del barrio. Miquel Àngel Llauger senior, a la sazón responsable de Urbanismo de Palma, fue, creo recordar, uno de los artífices de la medida. La consecuencia fue el deterioro irreparable de todo el barrio, el abandono de sus viviendas ruinosas que o bien eran okupadas o bien selladas por sus propietarios y, al final, la decisión heroica -e inevitable- de proceder a una remodelación integral de Sa Gerreria.
Para completar la gran estafa, el Ayuntamiento de Palma no sólo congeló los valores catastrales, sino que los bajó para, a continuación, expropiar. Un montón de demandas están esperando resolución judicial. Lo curioso es que todos estos ecologistas, los de ARCA, los de la UIB que, ahora se rasgan las vestiduras y emiten gemidos jeremiacos porque se ha perdido la tipología medieval de todo un barrio, callaron como muertos durante más de cuarenta años ante lo que, inevitable y fatalmente, debía conducir al actual desenlace. Sa Gerreria era irrecuperable tras años y años de incuria. Por lo menos deberían tener el buen gusto de callarse.
He aquí dos ejemplos, próximos y que tocamos con la mano de cómo la incompetencia o la mala fe institucionales pueden ser peores que todos los infectos promotores reunidos o que un bombardeo al Guernica modo. Para colmo, los del Pacto de Izquierdas aspiran a incurrir en el mismo error o en la misma estupidez, que está claro que Salomón no les dejó tarjeta: quieren repetir, en el casco palmesano, lo de Manacor y lo de Sa Gerreria. Y lo harán, si la sociedad civil no los disuade: aúnan doctrinarismo ignorante y rencor patológico, una mezcla terrible que puede generar Atilas. O sea que ya pueden ponerse en marcha los potenciales damnificados si no quieren ver cómo sus casas se derrumban.
Lo grave es que el problema de fondo sigue ahí: la inmunidad y la impunidad de los que con sus decisiones, activas o pasivas, causan un daño irreparable a la ciudad y a los ciudadanos, encima, por resentimiento o ignorancia, contraviniendo el espíritu de toda legislación urbanística que quiere que la carga de la ordenación del suelo se reparta de forma equitativa, evitando desplazamientos del valor de la propiedad que enriquece a unos, arruina a otros y que es la madre de todas las corrupciones.
* El Mundo - El Día - 29 de agosto de 2007
Un promotor del 'caso Malaya' termina una obra pese a ser ilegal
ELPAÍS/Andalucía* : En cuestión de días, los exteriores de la urbanización Jardines de la Costa, propiedad del empresario José María Enríquez, imputado en el caso Malaya, han pasado del amarillo desértico al verde vergel. Los operarios retocan las piscinas y últimos detalles de 60 viviendas situada en primera línea de playa en San Pedro de Alcántara, en Marbella. Todo entraría dentro de la normalidad, si la obra no tuviese un auto de paralización que impide al promotor terminar la obra hasta que haya una decisión judicial.
Los socialistas marbellíes exigieron ayer a la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, un mayor control de las obras ilegales hasta que se revisen las 700 licencias irregulares que hay en la ciudad y pidieron que la primera sea la promoción Jardines de la Costa, ya que se ha concluido y podría ser ocupada en los próximos días. "Esta urbanización es contraria a todos los planeamientos y no tiene acomodo en la nueva revisión del PGOU, además de ejemplarizar los chanchullos de la operación Malaya", afirmó el concejal Javier de Luis. El edil socialista pidió que se declare nula de pleno derecho para evitar que llegue a ocuparse.
Hasta el momento, la alcaldesa de Marbella se ha negado a revisar las licencias concedidas por los gobiernos gilistas y posgilistas, alegando que saturaría la delegación de Urbanismo. La regidora popular ha optado por esperar a la aprobación del nuevo Plan General y revisar después los permisos que queden fuera.
En contra de lo que argumenta el equipo de gobierno, los socialistas mantienen que la revisión puede suponer importantes ingresos para el Ayuntamiento pues no sólo se sanciona al promotor, al técnico y al político que autorizó la actuación, sino que se obligará a normalizar la promoción compensando a los ciudadanos de Marbella. "Puede producirse un efecto cascada entre los promotores que, al comprobar que van a ser sancionados, llegarán a acuerdos previos con el Ayuntamiento", aseguró De Luis.
La parcela de Jardines de la Costa, de unos 8.000 metros cuadrados, perteneció al Ayuntamiento de Marbella. Según un auto del caso Malaya, fue cedida a la sociedad Galerías Comerciales, del empresario granadino Tomás Olivo, como dación de pago por un valor de 200 millones de euros. Olivo, también imputado en el caso Malaya, la vendió a la sociedad FNG Inversiones, propiedad de Juan Antonio Roca, y el ex asesor de Urbanismo la ofertó un año después por 600 millones de euros a su actual propietario.
Estaba calificada en el PGOU del 86 como área libre. La revisión del plan del 98, aprobada por Jesús Gil, la calificó como poblado mediterráneo. En aquel momento se permitió la construcción en ella de 41 viviendas, aunque después de algunos cambios en el proyecto, la promoción ha terminado ocupando el dominio marítimo terrestre y se han levantado en la parcela 61 casas.
* ELPAIS.com - JUANA VIÚDEZ - Marbella - 29/08/2007
Foto: Marbella /J.ROJAS - ELPAIS.com
El caso ''Obra nueva'', una historia de corrupción urbanística y suicidios de banqueros
KAOSENLARED* : El viernes el director del Banco Andalucía se suicidó. Este hecho está relacionado con el caso "Obra Nueva" de Chiclana (Cádiz), y en la que han sido ya detenidas 21 personas. Esta operación consistía en la falsificación de documentos para inscribir viviendas ilegales en el Registro de la Propiedad, al objeto de aparentar una antigüedad superior a los 4 años y lograr la prescripción del posible delito.
El cuerpo de Manuel J.L.G. fue hallado en la noche del miércoles, dentro de la sucursal del Banco de Andalucía en la avenida Ramón de Carranza (Cádiz), colgado de su propio cinturón. El banquero dejó una nota manuscrita con una extensión en torno a los diez folios a la policía.
En esa nota, según las mismas fuentes, el fallecido, que no figura entre los imputados judicialmente en la supuesta trama, se hace responsable de la concesión de créditos de difícil aval y montante considerable a un cierto número de personas que sí estarían implicados en la trama de Obra Nueva. La nota está en poder del juez y no se conoce oficialmente su contenido.
El descubrimiento de esta presunta red en el pasado mes de junio ha llevado ya a la detención de 21 personas en Cádiz y Chiclana. Entre ellos se encuentran promotores, arquitectos, tasadores, aparejadores y un abogado. Se especula ( y valga la redundancia) habla de que en los próximos días puede ampliarse el número de relacionados con el caso, sobre todo atendiendo al escrito que dejó el bancario.
La Operación Obra Nueva se inició el pasado mes de marzo, cuando se tuvo conocimiento de unas supuestas irregularidades urbanísticas ocurridas en el término municipal de Chiclana (Cádiz). La investigación determinó que ciertos promotores, agentes inmobiliarios, abogados y arquitectos técnicos y tasadores, todos ellos en connivencia, realizaban declaraciones de obra nueva y su posterior división horizontal, falseando certificados de antigüedad. En unos casos, se trataba de un inmueble que no existía o la construcción de una casa de dimensiones muy inferiores a las reales, todo ello con fecha de construcción posterior a la prescripción que marca la ley, 3 ó 4 años bien sena infracciones penales o administrativas.
De esta manera conseguían inscribir en el registro de la propiedad las viviendas, y obtener una revalorización inmediata de los terrenos, ya que en todos los casos investigados se encuentran ubicados en zonas declaradas como terreno urbanizable no consolidado, es decir, los propietarios de los terrenos no pueden obtener licencia de obra o de segregación en parcelas hasta tanto no pase a ser urbano consolidado.
Pinar de los Franceses y Los Gallos son las zonas de Chiclana en las que se han detectado estas prácticas ilícitas, cuya investigación parecía haberse parado pero que ahora puede sufrir un giro importante.
* GAS www.grupodeaccionsocial.net
http://www.redasociativa.org/gas/modules.php?name=News&file=article&sid=1083&mode=thread&order=0&thold=0
* Kaos en la Red - 29.08.2007
Foto: kaosenlared.net
El precio de la vivienda en España
CONSUMER* : Varios portales inmobiliarios constatan que el precio de la vivienda ha bajado en todo el país, incluso verifican que algunos vendedores han abaratado el precio inicial ante la imposibilidad de vender su inmueble. Se viene advirtiendo desde hace mucho tiempo que podríamos asistir a un espectáculo poco común en el panorama inmobiliario español: una seria corrección en el sector inmobiliario, algo así como la explosión de la 'burbuja inmobiliaria' en la que muchos expertos aseguran que estamos inmersos. Habrían acabado así los años de crecimiento inusitado en los precios de la vivienda, y se corregiría de esta forma la alegría de los últimos años.
Los que hubieran comprado una casa hace pocos años se encontrarían con que su vivienda se deprecia, con lo que pagarían hipotecas más altas que el valor que sus casas. Pero también supone una oportunidad para los nuevos compradores.
No cabe ninguna duda de que los precios de la vivienda se han moderado. Para algunos analistas, incluso la tendencia es bajista. Según los datos del portal Idealista.com, la vivienda usada ha bajado en Barcelona un 1,3% en el segundo trimestre de este año, y en un 15% de los municipios barceloneses que ha analizado este portal inmobiliario. En Madrid capital, la vivienda usada subió en ese período sólo un 0,1%, y bajó en 19 de los 32 municipios analizados. En Valencia, la vivienda subió entre abril y junio de este año un 1,2%, cifra que parece alta en comparación con otras ciudades pero que no es tanto respecto a períodos anteriores.
Rebajas
Otro portal de Internet, Fotocasa, detectó durante el mes de julio que el 10% de las viviendas que anuncia veían reducido su precio. En la Comunidad de Madrid, 6.038 de los 48.562 pisos a la venta, lo que supone un 12%, redujeron su precio en al menos 3.000 euros, y en Cataluña lo hicieron 5.631 viviendas (10,7 %) de las 54.226 en venta. Destaca que el porcentaje de viviendas rebajadas es mayor en las grandes capitales. En Barcelona, alcanzó el 11,8 % del total, mientras que en Valencia se elevó hasta el 12,7%.
Desde Atlas Capital, han recomendado en los últimos días esperar antes de comprar una casa. La razón es que los precios están evolucionando y podrían bajar en los próximos meses, o bajar al menos en algunas zonas. "Estamos viendo que los precios se están conteniendo y los períodos de venta aumentando", afirman los analistas de esta consultoría. Los mismos que aconsejan "esperar, si no se tiene prisa". Hay que tener en cuenta que la paciencia a la hora de buscar una vivienda puede verse recompensada si se encuentra a alguien con prisa por vender, sobre todo si pone un precio atractivo para asegurarse la venta. Vale la pena esperar unos meses más porque el precio de la vivienda puede estabilizarse aún más, de manera que quienes necesiten firmar un crédito hipotecario también notarán la diferencia. Sólo en el segundo trimestre de este año las familias españolas destinaron el 44,8 % de su salario a financiar la compra de la vivienda, lo que supone dos puntos más que a finales de 2006 y la cifra más alta registrada. En 2005, el porcentaje era del 36,7%, y del 35% en 2004. Además, se contratan cada vez hipotecas más caras. En mayo de este año, las hipotecas se contrataban por una media de 150.810 euros, un 7.6 % más que en el mismo mes del año anterior.
Este otoño se iniciará con algunos acontecimientos que pueden tener consecuencias en el sector de la vivienda. De un lado, las autoridades del ramo han asegurado que pondrán en marcha nuevas medidas. Por otro, es más que probable que el Banco Central Europeo suba de nuevo los tipos de interés, lo que llevará a una nueva subida del Euribor, y con ello a un encarecimiento de las hipotecas. Desde el año 2001, los tipos de interés no han hecho más que crecer. Además, queda pendiente estudiar qué pasará con la crisis en los Estados Unidos de las hipotecas de alto riesgo. Por ahora, el Banco Central Europeo se ha visto obligado a inyectar grandes cantidades de dinero en el sistema monetario para evitar la crisis. El 9 de agosto, el BCE inyectó 94.841 millones de euros, una cifra récord, y todavía realizaría nuevas inyecciones de dinero en los días siguientes, en una crisis que continúa su escalada.
Hipotecas basura
Puede parecer sorprendente que en Europa se esté pendiente de lo que está pasando en los Estados Unidos con las hipotecas de alto riesgo. En el sector de las 'hipotecas basura' de EEUU, casi 14 de cada 100 deudores ya no pueden seguir pagando. Pero tiene una explicación: la internacionalización de la economía llevó a que el banco francés BNP Paribas anunciara que congelaba el capital que sus clientes disponen en tres de sus fondos de inversión que invertían en mercados de créditos hipotecarios. En esta contexto económico, los bancos han encarecido el tipo de interés con que se prestan dinero unos a otros, lo que afecta directamente al Euribor, índice de referencia que sirve para calcular los intereses de una hipoteca. Si se mantiene el nivel actual del 4,6 % en el mes de agosto, una hipoteca de 150.000 euros a 25 años se encarecería en 85 euros mensuales.
Para comprender la magnitud de esta situación, hay que entender que casi la mitad de los créditos para la compra de vivienda contratados el año pasado en Estados Unidos se enmarcan dentro de la categoría de 'hipotecas basura', según datos del Fondo Monetario Internacional. Muchos ciudadanos se lanzaron a realizar compras que excedían su capacidad ante los tipos bajos que había en el mercado, y no calcularon adecuadamente lo que podía pasar. Lo curioso es que entran en esta categoría aquellas personas que piden más del 85% del valor del inmueble o deben pagar más del 55% de lo que ganan, condición en la que entrarían no pocas hipotecas que se conceden en España, país con un bajísimo nivel de morosidad, según los últimos datos facilitados.
Ante esta nueva realidad parece que España quiere lanzar este otoño un plan de alquiler a un precio razonable. El objetivo sería reunir suelo público y edificios vacíos estatales o de otros organismos públicos para promover viviendas en alquiler. Se trataría de pisos de entre 50 y 70 metros cuadrados que se ofrecerían por un precio razonable, aún por determinar. De llevarse a buen término, se podría alcanzar el objetivo de que muchos jóvenes pudieran ver cumplido su sueño de encontrar una casa para vivir, a buen precio, y además el aumento de casas en alquiler facilitaría que el precio de la vivienda bajase. De todas formas, una de las ideas que se ha lanzado desde la Administración, en línea con lo que piensan muchos observadores, es la necesidad de replantearse la ley de alquiler con el objetivo de eliminar los elementos que lastran los incentivos para alquilar.
Subida de las hipotecas
En todo caso, las medidas que se pongan en marcha en nuestro país pueden verse contrarrestadas si en septiembre el Banco Central Europeo decide una nueva subida de tipos de interés. A principios de agosto el presidente de esta entidad, Jean-Claude Trichet, después de la reunión en la que el BCE decidía mantener los tipos en el 4%, aseguraba que se establecería una 'fuerte vigilancia' para evitar un aumento de la inflación. Esta frase puede significar, con mucha probabilidad, que un mes después el Banco Central Europeo decida aumentar en otro cuarto de punto el precio del dinero, es decir, en septiembre. El aumento del Euribor y por tanto de las hipotecas vendría poco después. El Euribor ya está en niveles que no se conocían en esta década, concretamente desde 2001, al haber superado el 4,6 %.
Pero otro elemento sobre el que se podría incidir son los costes que se derivan de la compra de una vivienda en España. A lo que cuesta la casa hay que añadir aproximadamente un 12 % de su valor en impuestos, notaría, registro y, en su caso, inmobiliarias. Nos situamos así entre los diez países de la OCDE más caros a la hora de comprar, según la web inmobiliaria Global Property Guide, aunque por debajo de Bélgica (17,8 %), Italia (17%), Francia (16,3%) o Luxemburgo (15,6%). El gasto más gravoso es, sin duda, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, que impone un 7 % en la compraventa de una casa usada, y el IVA, en el caso de las casas nuevas, que es también del 7 %. Son gastos inevitables acerca de los que no está previsto poner en marcha medidas para reducirlos.
Alquilar en lugar de comprar
Una opción para muchos de los españoles que buscan su primera vivienda es el alquiler. A pesar de que en España predomina una gran tradición de compra y tan sólo el 11 % vive en régimen de alquiler frente al 30 % de media en el resto de Europa, el alquiler muestra ciertas ventajas. Así, los últimos datos del Observatorio del Alquiler muestran que la media por metro cuadrado por un piso en alquiler es de 7,2 euros. Si esta cantidad se aplica para un piso de 90 metros cuadrados, alquilar una casa saldría por 648 euros. La media de lo que los españoles pagamos por nuestras hipotecas es de 745,87 euros, así que el alquiler, al menos en lo que se paga mes a mes, sale de media por un 13,2 % menos. La hipoteca resulta más rentable, según este cálculo, en Asturias, Canarias, Navarra y País Vasco, donde el ahorro respecto al arrendamiento es del 2%, 3,3%, 0,86% y 7%, respectivamente. Y donde más rentable resulta alquilar una vivienda es en Galicia, donde la media es de 296 euros, frente a una media en las hipotecas de 565 euros. Claro que a la hora de elegir también hay que tener en cuenta otros factores, como el tiempo que dura el alquiler o cuánto pueden subir la hipoteca o el alquiler a largo plazo.
* Consumer - Miguel Jarque - 27 de agosto de 2007
Foto: Se vende, carteles - laverdad.es
La ‘financiarización’ de las economías domésticas
EMMANUEL RODRÍGUEZ* : Las noticias sobre los precios de la vivienda tienden a poner el acento en su carestía, pero no en la consolidación del mercado de la vivienda como mercado financiero. Un solo botón de muestra: entre 1999 y 2004 el patrimonio inmobiliario creció 2,2 veces su valor, convirtiéndose en la principal partida del patrimonio nacional de la economía española, con un valor absoluto en 2004 de 6,25 billones de euros (ocho veces el PIB). La ‘singularidad’ de este emergente mercado financiero es que opera sobre un bien que es también objeto primario de necesidad para una gran mayoría de la población.
Y es aquí donde deberíamos poner todo el acento. En la espiral al alza del mercado inmobiliario y en sus altas tasas de rentabilidad, buena parte de las familias del país se han visto sumergidas en un proceso que podríamos llamar de ‘financiarización’ de sus economías.
Esto significa que las rentas de estas familias están pasando a depender cada vez menos de las rentas de su trabajo, y cada vez más del valor de sus activos financieros acciones o fondos de pensiones), incluida la vivienda.
Mayor desigualdad social
Sin embargo, esta ‘financiarización’ de las economías domésticas ha sido completamente asimétrica, generando nuevos efectos de desigualdad social, quizás más agudos y perversos que los que se derivaban de las diferencias salariales. Por un lado, se ha producido un aprovechamiento profundamente desigual del crecimiento del precio de la vivienda. Aquellos hogares con capital inicial o de renta elevada han podido asumir la compra no sólo de su propia vivienda, sino en muchos casos de dos, tres, cuatro o más (el parque de viviendas vacías y secundarias superó en 2001 la cifra de 6.400.000, el 37% del total, siendo el más grande de toda Europa).
Pero para gran parte de las familias que han comprado su vivienda en este periodo, aunque hayan visto cómo aumentaba el valor nominal de su vivienda, el resultado será completamente inverso al de las primeras. Su patrimonio quedará reducido a una vivienda principal, y todavía sin pagar, que sólo se podrá permutar por otra vivienda, quizás peor. Si la hipoteca sigue pendiente, la elevación de los tipos de interés y la bajada relativa del precio de la vivienda pueden llegar a significar que tendrán que pagar más (aumento de las hipotecas) por menos (descenso del valor de la vivienda).
Un solo dato revela la importancia mucho mayor de la acumulación patrimonial como efecto de desequilibrio social. Según la Encuesta Financiera a las Familias de 2002 del Banco de España, si la renta de las familias con mayor renta (derivada sobre todo del trabajo) era 11 veces mayor que la de las familias de menor renta (el 10% de mayor renta frente al 20% de menor renta), el patrimonio del 10% de las familias más ricas era de media más de 50 veces superior al del 25% de las más pobres. Esta distancia no ha dejado de aumentar desde esa fecha.
Por otra parte, la elevación de los precios de la vivienda ha resituado completamente los mapas de clase de las grandes ciudades, estimulando un nuevo proceso de segregación por medio del abandono de las rentas medias y altas de los espacios socialmente ‘sensibles’. La capitalización de sus antiguos patrimonios inmobiliarios por la entrada de nueva población (fundamentalmente inmigrantes), les ha permitido comprar una nueva residencia en los espacios socialmente homogéneos de los suburbios al uso. El ciclo inmobiliario es así responsable de una mayor segregación social.
Por último, el ciclo financiero-inmobiliario ha sido un ejemplo más de que las formas de explotación no concluyen en el trabajo. El esfuerzo ímprobo de las familias (que destinan cerca más del 60% de su renta a la compra de vivienda) ha sido también necesario para inyectar liquidez al mercado, subordinando la necesidad de alojamiento al crecimiento del sector. Este dinero ha servido para alimentar todas las plusvalías derivadas tanto de la compra-venta de vivienda como de su construcción y su urbanización. Beneficios acumulados por entidades financieras, ayuntamientos, propietarios de suelo, inmobiliarias...
El proceso de ‘financiarización’ de las economías domésticas se ha visto así agravado por el reciente ciclo inmobiliario. El cierre del mismo sólo significará recogida de beneficios para algunos y un aterrizaje brutal para la gran mayoría que verán cómo su patrimonio pierde el valor acumulado en largos años de esfuerzo y ahorro.
“En Europa ya lo sabían”
Como ha sucedido en otras ocasiones, la mejor forma de tomar el pulso de la situación española pasa por leer la prensa extranjera. Actualmente, los informes del sector pronostican caídas en los precios de la vivienda de entre un 4% y un 8% para el año que viene, lejos de las aspiraciones oficiales a un aterrizaje suave en línea con inflación. El Financial Times habla abiertamente de recesión de una posible salida del euro forzada por la crisis financiera. Aunque el asombro de los corresponsales extranjeros no es nuevo. El 16 de junio de 2005, la revista The Economist cifraba la sobrevaloración de la vivienda en el mercado español en un 50% de su valor. Quizás alertados por ello, entre 2005 y 2006 la inversión extranjera en vivienda cayó un 11%. Y actualmente también la ONU ha llamado la atención sobre la burbuja, al solicitar el 26 de junio al Gobierno español que alerte a los ciudadanos de la incipiente crisis inmobiliaria. El fin del ciclo económico en torno a activos inmobiliarios también se ha producido en Estados Unidos, Inglaterra o Japón, sin embargo, el caso español presenta algunas diferencias, al producirse un crecimiento más acelerado y acusado de la burbuja, lo que hace pensar en mayor impacto social si se produce un fuerte estallido.
* Emmanuel Rodríguez, del Observatorio Metropolitano de Madrid
* Periódico Diagonal - Número 59. 19 jul - 5 sep 2007
Xàbia demolerá los minipisos ilegales situados en el Arenal
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LEVANTE-EMV/Alacant* : El Ayuntamiento de Xàbia llevará al pleno del próximo jueves el dictamen referente a la orden de demolición del sótano situado en el Arenal 80 que no contemplan la licencia municipal requerida. El consistorio prevé así, demoler los tabiques que convirtieron un antiguo supermercado en 14 habitáculos separados y reconvertidos en 14 viviendas ilegales de 33 metros cuadrados cada una.
La empresa comercial Monty's S.A. comenzó las obras de remodelación del local comercial a principios del año 2005. Cuando comenzaron a tabicarse los 14 minipisos y a instalarse los aparatos de aire acondicionado, los vecinos de la zona alertaron a la oficina técnica municipal ante posibles irregularidades. Aunque el anterior gobierno abrió expediente de infracción urbanística a la empresa porque había realizado unas obras sin solicitar permiso alguno, la actividad ilegal continuó y la mercantil comenzó a rentabilizar el negocio alquilando los inmuebles, por precios que oscilaban entre los 350 y los 500 euros al mes.
Los apartamentos se ofrecían amueblados y con baño individual, pero no todos disponían de ventilación. Además de estar bajo tierra, en el sótano, no cumplía con las condiciones mínimas de seguridad y los inquilinos sufrían el peligro de inundaciones al estar muy cerca de la costa.
Además, el local que antiguamente era una supermercado, sólo tienen calificación comercial, y por tanto no tiene cédula de habitabilidad.
El anterior equipo de gobierno informó entonces a este diario de que se había solicitado un informe jurídico a los técnicos municipales a través del que se procedería al cierre de estos minipisos. Otras demoliciones Durante el pleno ordinario que se celebrará el próximo jueves en el Ayuntamiento de Xàbia, también se dictaminarán ocho demoliciones más en el término municipal.
Los dictámenes hacen referencia a una valla de la calle Atenas. Asimismo, se propondrá derruir el muro y los pilares de obra que no guardan alienaciones oficiales en la calle Flor de la Neu.
Además el Ayuntamiento de Xàbia dictaminará otros asuntos como las infraestructuras en el paseo Amanecer, la Cuesta de San Antonio y las calles Perseo y Psitacher.
* Levante-EMV - A.Esparza, Xàbia - 28 de agosto de 2007
Foto: El local comercial se reconvirtió en 14 viviendas ilegales. - levante-emv.com
Primera demolición por delito urbanístico en la Comunidad de Madrid
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El Juzgado de Ejecuciones Penales de Madrid ha obligado a llevar a cabo la demolición de un edificio construido en suelo no urbanizable protegido, en el término municipal de Pedrezuela. La demolición inmediata fue una condición solicitada por la Asociación para la Defensa del Valle del Lozoya y la Sierra de Madrid, entidad colaboradora de Ecologistas en Acción*. Se trata de la primera demolición por delito urbanístico que se produce en la Comunidad de Madrid.
El Juzgado de Ejecuciones Penales nº 12, en cumplimiento de la Sentencia del Juzgado de lo Penal 24, ambos de Madrid, ha obligado a llevar acabo la demolición de un edificio, que estaba situado en la finca “Las Saleguillas” parcela 430, del polígono 5 en el municipio de Pedrezuela.
La demolición del edificio, en suelo no urbanizable especialmente protegido, ha sido supervisada -por orden del Juzgado de Ejecuciones- por las Agentes Forestales de la comarca cinco de la Comunidad de Madrid. La edificación se ha demolido a excepción de las estructuras de metal, que por requerimiento del Juzgado se ha pospuesto a un período posterior al estival, para evitar riesgos de incendios. Por ello el Juzgado insta al particular para que haga desaparecer la misma y sin excusa en el invierno de 2007.
La Demolición previa e inmediata fue puesta como condición por la Asociación para la Defensa del Valle del Lozoya y la Sierra de Madrid-entidad colaboradora de Ecologistas en Acción- personada en el procedimiento penal. Esta condición fue requisito necesario para no oponerse a la suspensión de ingreso en prisión del condenado, para cumplir los seis meses de pérdida de libertad.
Es la primera vez que en la Comunidad de Madrid se procede a una demolición obligada en el artículo 319 del Código Penal: demolición de la obra, a cargo del autor del hecho...dice el apartado tres del artículo citado.
No es la primera vez que la Asociación colaboradora de Ecologistas en Acción logra una orden de demolición por sentencia penal. Quedan pendientes aun otras cuatro demoliciones, determinadas en sentencias condenatorias firmes. En tres de los casos, la Asociación en Defensa del Valle del Lozoya está personada. Todas ellas se refieren a construcciones en suelo no urbanizable protegido y se ubican en la Sierra de Madrid:
- Finca “El Guindo” – Polígono 23, Parcela 35ª. Colmenar Viejo.
- Cortijo Cristo de los Remedios, Pol.35, Par.43,53,16,52. Robledo de Chavela.
- Finca con casa de madera en Polígono 12 – Parcela 24. Guadalix de la Sierra.
- Finca “El Reconquillo” parcela 94, polígono 4. Valdemanco.
Hay que destacar que en todas las Sentencias que han motivado las condenas, se hace mención al especial trabajo de los Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid. En todos los casos han sido los Agentes de la Autoridad actuantes, bien por las denuncias interpuestas que han dado lugar a los procedimientos penales, bien por haberles encargado los Juzgados, periciales, labores de precinto o seguimiento de las demoliciones. Incluso en alguna de las resoluciones se destaca el excelente trabajo de los Agentes Forestales.
* Ecologistas en Acción - Comunidad de Madrid 28 de agosto 2007
Foto: presa de Pedrezuela (Madrid) /cyii.es
Ninguna Administración construye aún las casas protegidas que debería
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ELPAÍS/Madrid* : Los deseos son distintos de la realidad. El Gobierno central marca en la nueva Ley de Suelo que tres de cada diez viviendas nuevas tienen que ser protegidas. La Comunidad de Madrid se comprometió a más ya en 2001: una de cada dos. Pero hoy las cifras son otras. Una de cada cinco casas hechas en Madrid en 2006 era una vivienda de protección oficial (VPO). En España, ni siquiera una de cada diez. Mientras, sigue la confrontación: Aguirre recurrió ayer la ley estatal por "invadir" sus competencias.
La Comunidad de Madrid presentó ayer un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Suelo, en vigor desde el 1 de julio. El Gobierno de Esperanza Aguirre considera que "invade competencias autonómicas y atenta contra el derecho de propiedad privada". La ministra de Vivienda, Carme Chacón, le respondió ayer en Barcelona que la ley combate "de forma seria la especulación urbanística, busca la transparencia y el control del fraude y persigue un desarrollo más sostenible y humano". "Éstas son las verdaderas razones por las que la presidenta de la Comunidad critica la ley. El Ejecutivo de Aguirre nunca ha trabajado para combatir la especulación", añadió Chacón, informa Jaume Bauzà. La Comunidad de Madrid es el primer Gobierno autonómico que ha presentado un recurso contra la Ley de Suelo, aprobada con los votos de todos los grupos políticos, excepto el Partido Popular. Estos son algunos motivos del enfrentamiento institucional:
- Porcentaje de VPO. La Ley de Suelo de la Comunidad de Madrid, en vigor desde 2001, establece que la mitad de suelo de los nuevos desarrollos se reserve a vivienda social. La ley estatal estipula, como mínimo, el 30%. En ambos casos, la realidad va por detrás. La Comunidad construyó casi 76.000 viviendas en 2006, según datos del Ministerio de Vivienda. De ellas, 14.265 fueron de VPO, es decir, el 18,7%. A pesar de todo, Madrid es una de las regiones que más vivienda pública promueve, junto al País Vasco y Navarra. En España se construyeron casi 658.000 viviendas el año pasado, de las que sólo el 9,17% fueron protegidas.
- Quién las paga. La ministra de Vivienda indicó ayer que el Estado financia nueve de cada diez viviendas de protección oficial (VPO) construidas en Madrid. Un portavoz de la Comunidad indicó ayer que aún no ha recibido los 70 millones de euros que le correspondían de los fondos estatales para la construcción de pisos públicos en 2006.
- Quién construye. La Ley de Suelo incluye la figura del agente urbanizador, un constructor que puede edificar sin el respaldo de los propietarios del suelo. Para la Comunidad, esa fórmula "atenta contra la propiedad privada" y fomenta "la expropiación forzosa". Aguirre llegó a decir ayer que la expropiación es un método "de los sistemas autoritarios como el de Stalin", informa Efe. El Ministerio niega que la expropiación sea en la ley el "sistema general de funcionamiento". La normativa, según Vivienda, reconoce a los propietarios de suelo "el derecho a participar en la urbanización y en sus plusvalías", pero no les da el "monopolio" para evitar que retengan los terrenos y especulen con ellos.
* ELPAIS.com - PILAR ÁLVAREZ - Madrid - 28/08/2007
Foto: Viviendas en construcción, en Vitoria - PRADIP J. PHANSE (ELPAIS.com)
Tazacorte, primer municipio en exigir que la vía judicial se use para solicitar una vivienda
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ELMUNDO* : Tazacorte, en la isla de la Palma, se ha convertido en el primer municipio de España que solicita formalmente a las administraciones públicas que los ciudadanos puedan utilizar los tribunales de justicia como vehículo para exigir una vivienda. La iniciativa tiene su origen en una propuesta presentada ante el pleno del Ayuntamiento por el grupo mayoritario, Unión Bagateña, en el mes de enero.
Según ha explicado el teniente de alcalde de la localidad, Juan Miguel Rodríguez Acosta, la intención del gobierno del municipio (cuyo pleno está formado por 7 concejales de UB, 4 del PSOE y 2 de CCN) es sensibilizar a los gobiernos central e insulares para que una familia sin recursos económicos, y con una serie de condiciones que así lo justifiquen, pueda reclamar una vivienda por vía judicial.
Con unos 6.000 habitantes y una superficie de 12 kilómetros cuadrados, este municipio palmero se ha convertido en el primero de España en pedir que se faciliten todas las condiciones necesarias, como la adquisición de suelo, construcción y financiación de viviendas, para que "más personas tengan derecho a una vivienda". "A ver si alguien coge al vuelo esta iniciativa y se implica con ella", ironiza Rodríguez Acosta.
El teniente de alcalde señala que no se trata "de que se regalen los pisos", sino que "se facilite aún más el acceso a la vivienda y que la vía judicial se utilice como un instrumento eficaz para que garantizar este derecho".
Recuperar el suelo para el dominio público
Por su parte, el alcalde de la localidad, Ángel Pablo Rodríguez, ya reclamó a la Demarcación de Costas, dependiente del gobierno central, medios económicos para adquirir suelo y construir viviendas para las familias que se encuentran en situación de chabolismo en el litoral, donde es necesario recuperar el dominio público.
Y es que el gobierno local del pueblo más pequeño de la isla, con una densidad de población de 512 habitantes por km2, recuerda que "la vivienda es un derecho básico y constitucional". Según comenta el teniente de alcalde, la renta per cápita de la localidad es 700 euros, por lo que "la iniciativa surgió en parte para intentar mejorar la situación de nuestros vecinos, la mayoría asalariados o agricultores que no pueden pagar una hipoteca".
En el municipio se han construido alrededor de 500 Viviendas de Protección Oficial (VPO). "Otra medida para luchar contra los precios de las viviendas es la creación de viviendas sociales de alquiler con opción a compra y es en lo que nos vamos a centrar en el futuro", comenta Rodríguez Acosta. "Esperamos que esto y la demanda que hemos emitido al gobierno sirva para que alguien coja al vuelo esta iniciativa y se implique con ella".
* El Mundo - 23/08/2007
Foto: Tazacorte (La Palma) - elmundo.es
Territorio, urbanismo y financiación local
JOSÉ VICENTE SÁNCHEZ* : Buena parte de los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana y también del resto del Estado se encuentra ante el gran problema de la financiación. Es de derecho reconocer que el boom de la construcción ha terminado por multiplicar los ingresos de las maltrechas arcas locales. En la mayoría de los casos estos ingresos se han reinvertido en distintos servicios municipales, tales como bibliotecas, zonas deportivas o de ocio. No es menos cierto que también se acaban financiando de forma irregular determinadas obras derivadas de la venta de los patrimonios municipales de suelo que en su momento son cedidos a los consistorios en las distintas reservas por crecimientos urbanos. La experiencia del algún municipio nos dice que acaban asumiendo determinados gastos más allá de la necesaria vivienda protegida.
Si afloja el sector inmobiliario, nuestros ayuntamientos tendrán que apretarse el cinturón, reajustando notablemente las partidas y muy significativamente los apartados de gastos e inversiones. Señalar a modo de ejemplo que en nuestro litoral muchos de nuestros municipios han aumentado la población de derecho en más de un 30% en el período 2000-2004. Curiosamente, y a pesar del alud inmobiliario que nos ha sacudido, no se ha producido el mismo incremento en los presupuestos municipales.
El tema no es baladí, ya que muchas de las familias que tenían una segunda residencia han terminado por convertirla en la primera. Ello es debido en parte a la inminente caída de la vivienda especulativa que limita el pago de más de una hipoteca. Otros motivos pueden ser, por qué no decirlo, la misma fijación de su primera residencia en zonas relativamente atractivas aprovechando la flexibilidad laboral o empresarial que disfrutan algunas capas de la población.
Sea cual sea el caso, el aumento demográfico local implica una serie de ingresos, pero también problemas ambientales y de carencia estructural. En definitiva, mayor gasto local. Ejemplos de problemáticas ambientales derivadas son la movilidad urbana desaforada junto al excesivo tránsito de vehículos privados; la consecuente contaminación atmosférica y acústica, o la destrucción territorial de un paisaje donde su protección debe mostrarse como clave dentro de un contexto de competitividad turística global. Los elementos de carencia estructural tampoco desmerecen de los anteriores: aumento de carreteras y asfaltado de caminos locales, necesidad de mayores redes de infraestructuras de abastecimiento en materia de agua, saneamiento y luz, necesidad de más y mejores servicios asistenciales o sanitarios.
Dependiendo del sistema de gestión urbana que se emplee, estas cargas no siempre son repercutibles a los costes de urbanización que asume cualquier promotor (al menos en los que harían referencia al mantenimiento o renovación de redes). Al final, el político acaba haciendo cuentas y remata la faena subiendo los impuestos al ciudadano de a pie y no al verdadero interesado del crecimiento desmesurado.
El aumento presupuestario municipal debería ir ajustado y acompasado al volumen de población real (y no de derecho) que tiene un municipio. En otras palabras, debe ir en solfa con los ritmos de crecimiento que marque todo el aparato inmobiliario y poblacional que finalmente se asiente sobre el territorio. Escuché con atención unas notas del profesor Joan Romero, director del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local, en que afirmaba que un aumento demográfico local debería ajustarse proporcionalmente al presupuesto municipal. Esto debe ser analizado siempre per cápita. Otro crecimiento que no sea como el indicado plantea un desajuste innecesario en el desembolso municipal y cuestionaba el modelo masivo de ese urbanismo que al final de la película acaba lastrando más que rellenando las arcas municipales.
De todo lo expuesto se concluye con afirmación nada novedosa: la financiación local está mal resuelta en España, sobre todo en un contexto donde los ayuntamientos suministran cada vez más servicios de carácter personalizado a sus ciudadanos, superando de largo sus competencias establecidas en sus bases de régimen local.
Se estima que más de un tercio de los ingresos locales depende directamente de la construcción, que básicamente se centraliza en impuestos, tasas y contribuciones especiales. También en la venta o plusvalía de cesiones adquiridas por aprovechamiento urbano y del uso y abuso del convenio urbanístico. A pesar de todo lo expuesto, éstas se muestran a día de hoy del todo insolventes para saciar las arcas municipales.
Lo importante es que el modelo territorial y urbanístico elegido por los ayuntamientos importa, y mucho. Mientras esto ocurre, nuestro capital territorial es borrado del mapa, y llegan las sorpresas al comprobar las cuentas de lo que a uno le entra por ladrillo y se acaba gastando por habitante.
*Colegio de Geógrafos de la Comunitat Valenciana.
* Levante-EMV - 23 de agosto de 2007
Los constructores alertan de que el coste del suelo es ya el 53% del precio final del piso
ELPAÍS/PaísVasco* : ¿Cuál es el factor que más influye en la carestía de la vivienda en Euskadi y, en general, en el resto de España? Los expertos citan varios, pero uno sobresale por encima de todos: el coste del suelo sobre el que se asientan las viviendas. Los constructores vascos alertan de que representa ya el 53% del precio final de los pisos que se venden en la comunidad. Del conjunto de partidas clave en la formación del precio por el que se vende un piso, la que ha registrado las variaciones más significativas en los últimos años es la carestía del suelo, que crece sin parar.
Por el contrario, los costes de construcción, proyecto, licencia, obra, financiación, gestión y comercialización, es decir, el resto de componentes que interviene en el precio final, apenas se han movido y sí lo han hecho, ha sido a la baja.
El suelo ha pasado de representar el 30% sobre los costes totales de la construcción de una vivienda en 1994 al 53% ocho años más tarde, en 2006. Este es uno de los datos más relevantes del informe El sector de la construcción 2006, elaborado por el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales a partir de una encuesta realizada a más de 100 constructores, promotores y agentes inmobiliarios. La conclusión es clara: el suelo es el principal problema y el factor de que los precios de la vivienda sigan subiendo, aunque en el último año de una forma más moderada.
De ese 53% que supone el terreno, el 42% correspondería al coste del suelo bruto, al que habría que añadir el 11% que representa el gasto de urbanización. En cuanto a los gastos de construcción, los promotores aseguran que representan el 27% del precio final de la vivienda, correspondiendo el 20% restante a los costes generales y financieros, entre los que se incluye el margen empresarial.
La opinión de todos los agentes relacionados con el mercado inmobiliario refleja que la oferta actual de suelo urbanizable es insuficiente para dar respuesta a las necesidades actuales de edificación. Esta impresión de escasez es compartida en las tres provincias. Los expertos atribuyen esta situación de insuficiencia tanto a la clasificación como no urbanizables de suelos adecuados para la edificación y, por lo tanto, con posibilidad de reclasificarse, como a la falta física de suelo libre como tal.
Trabas burocráticas
La consecuencia de todo ello es el crecimiento generalizado de los precios de los solares y de las viviendas. Las trabas burocráticas para sacar los suelos al mercado también repercuten de una manera negativa en el coste, ya que ralentiza todo el proceso. Entre las principales trabas figuran desde la lentitud en la concesión de las licencias por parte de los ayuntamientos hasta la rigidez de las normas de las juntas de compensación, formadas cuando el suelo es de varios dueños.
La Ley de Suelo aprobada por el Parlamento en junio del año pasado recoge algunos mecanismos para que la salida de los solares al mercado sea más rápida. Por ejemplo, acaba con las subastas de suelo que en su momento promovían algunos ayuntamientos, cuyos ingresos dependen en buen parte de este tipo de recursos. Este procedimiento de los concursos contribuye a encarecer el precio final del suelo. La ley establece que se adjudiquen mediante concurso.
La figura del agente urbanizador, una empresa privada que prepara un solar una vez que está calificado, también debe ayudar a que todo sea más rápido. Para el 56% de las promotoras inmobiliarias consultadas para elaborar el informe, la presencia del agente urbanizador ayudará a dinamizar el mercado, mientras que un 4% piensa que no será así y mantiene recelos hacia el trabajo que pueda desarrollar.
Prioridad a la política sobre los solares
Las promotoras inmobiliarias consultadas consideran que las políticas de vivienda del Gobierno vasco deberían centrarse principalmente en el desarrollo de actuaciones sobre el suelo y en la concesión de más ayudas a la promoción de viviendas. Fijando la atención en las operadoras que trabajan únicamente en el mercado libre, el 68% considera que las actuaciones sobre los solares tienen que ser prioritarias. Mientras, un 57% opina que se deberían dar más ayudas a la promoción, un 34% aboga por reducir la fiscalidad y un 25% porque se concedan más subvenciones para la compra de pisos.
Por su parte, las promotoras que desarrollan su actividad, tanto en el segmento de la vivienda libre como de la protegida, conceden mayor importancia a las ayudas a la promoción (el 59% de las respuestas), por delante de las actuaciones sobre el suelo (57%). A continuación, citan por igual en el informe la reducción de la fiscalidad y las ayudas a la compra.
Por otra parte, los constructores y promotores del País Vasco consideran que ha crecido la presión competitiva por parte de empresas radicadas en el resto del Estado. Al menos el 39% de las empresas consultadas así lo asegura. A pesar de este aumento, son optimistas en cuanto a sus condiciones para adaptarse a un escenario de mayor competitividad.
LO QUE CUESTA EL SUELO
El coste del suelo sobre el precio final de un piso ha pasado del 30% en 1994 al 53% en 2006.
Ese 53% se reparte entre el 42% del gasto del suelo en bruto más el 11% que supone la urbanización.
Los costes de construcción se han reducido del 49% en 1994 al 27% de 2006.
En el mismo periodo de tiempo, los costes generales y financieros se han estabilizado: del 21% en 1994 al 20% registrado el año pasado.
El precio final del piso es el resultado del 53% del coste del suelo, el 27% de construcción y el 20% de los generales y financieros (incluido el margen del beneficio empresarial).
* ELPAIS.com - EDUARDO AZUMENDI - Bilbao - 27/08/2007
Foto: manifestación vivienda digna - nodo50.org
Los tarraconenses se rebelan en masa contra el plan general de Urbanismo de la ciudad
ELPAÍS/Cataluña* : Los ciudadanos de Tarragona se han rebelado masivamente contra el Plan de Ordenación Urbana Municipal (POUM) de Tarragona, que aprobó el anterior equipo de gobierno de la ciudad (CiU y PP) en vísperas de las municipales por un ajustado margen de 14 votos contra 13 (PSC, ERC, IC V). La oposición votó en contra. Ahora es la ciudadanía la que se ha enfrentado al proyecto, con la presentación de 4.387 alegaciones.
La reacción es inusual. Lo reconoce el teniente de alcalde de Urbanismo, Josep Lluís Navarro, quien advierte de que si en Tarragona hay 120.000 habitantes y calculamos una media de tres personas por familia, significa que de los 40.000 núcleos familiares resultantes, uno de cada diez rechaza tan contundentemente el plan que se ha movilizado para redactar y presentar las miles de alegaciones.
Se jugaban su casa. Así lo explica Santiago Blanco, portavoz de las diversas asociaciones de afectados por las expropiaciones, unidas para ganar fuerza. Muchos de los afectados son matrimonios de jubilados que han tenido que desembolsar 170 euros de una pensión de 600 mensuales para pagar abogados. En Torreforta, uno de los barrios obreros más antiguos y poblados, estaba previsto derribar prácticamente una hilera completa de viviendas de la calle de entrada. En el centro urbano, el POUM prevé derribar bloques enteros de viviendas casi nuevas, algunas construidas hace apenas 30 años.
Entre los casos impactantes, destaca el de un matrimonio con cuatro hijos que compró su vivienda en la carretera de Valls por 240.000 euros en enero después de haberse informado de que la casa estaba limpia de cualquier carga. A los seis meses se enteró de que pertenece a una de las áreas que el plan de urbanismo prevé derribar. Otro matrimonio de Riaño compró su casa con el dinero de la expropiación y la nueva también se proyecta derribar. Los afectados advierten de que, pase lo que pase, sus viviendas en el presente han perdido ya su valor.
El actual alcalde, el socialista Josep Félix Ballesteros, y su concejal de Urbanismo han prometido a los afectados que el POUM será "sustancialmente" reformado. Además, Navarro se compromete a informar zona por zona a los afectados por cada plan parcial. También se muestra decidido a pactar con la actual oposición, responsable del plan, porque cree que un proyecto de estas características es una hoja de ruta que tiene una vigencia para 25 o 30 años.
Además de la coordinadora de ciudadanos afectados en sus viviendas, se ha creado otra de tarraconenses que defienden la preservación de zonas naturales, que son públicas. Marc de Jesús, representante de esta coordinadora (Retirem el POUM), indicó que el plan es clasista, poco respetuoso con el medio ambiente y sin visión de futuro, al no tener en cuenta los grandes problemas que acechan a una "ciudad que forma parte de un planeta", e ignora el cambio climático.
De Jesús concretó que el POUM sigue distribuyendo las viviendas en guetos: las más pequeñas y de protección oficial las ubica frente al polígono petroquímico, mientras que los chalets de 125 metros cuadrados los instala en la llamada corona verde, junto a un acueducto romano popularmente conocido como Puente del Diablo. Estos chalets ocuparían 5,22 kilómetros cuadrados de lo que actualmente son bosques de pinos. Consideran insuficiente pasar del 25 al 30% las viviendas de protección oficial que proponen los socialistas.
Retirem el POUM también se opone al proyecto de aumentar el suelo dedicado a los polígonos de ocio (con cines, restaurantes y grandes superficies) fuera del centro urbano, a los que no se puede acceder sin un coche.
Preguntas sin respuesta
¿Cómo CiU no temió el gran coste electoral de aprobar un plan de urbanismo que prevé que 1.500 familias se tengan que marchar de su casa? ¿Por qué los socialistas no gritaron más alto ante una barbaridad así? Son preguntas que se hacen los afectados y que no han encontrado hasta ahora una respuesta convincente.
"Hubieran ganado las elecciones con mucho más margen", dicen los miembros de la coordinadora. Joan Aregio dice que el plan no podía ser muy distinto, aunque admite que a los redactados se les pudo ir la mano con los derribos. El teniente de alcalde de Urbanismo, por su parte, dice que sí, que los socialistas protestaron mucho y a menudo. Pero la coordinadora de afectados insiste en que la protesta no llegó a los oídos de los ciudadanos como llegan las noticias cuando quieren que la gente se entere de verdad.
El suelo urbano es un oro muy codiciado y los afectados responden con un "Uuuuuhhhhhh" cuando se les pregunta si sospechan que puede haber problemas de especulación urbanística.
* ELPAIS.com - PILAR ENCUENTRA - Tarragona - 27/08/2007
Foto: Tarragona - musique09.free.fr
Más de 3 meses acampados por una vivienda digna en la Universidad Complutense de Madrid
La acampada organizada por la Asamblea por la Vivienda Digna y Contra la Precariedad* en la Ciudad Universitaria de Madrid se alarga. Comenzó el pasado 13 de mayo como un intento de intervenir en la campaña electoral y denunciar la política del ladrillo de los ayuntamientos. De hecho, se anunció que duraría sólo dos semanas, pero por el camino sus integrantes decidieron mantener las tiendas instaladas en el campus, y plantear unos objetivos que van más allá de los recogidos en un principio.
Entre las perspectivas de la Asamblea se encuentra la de crear un espacio de encuentro que reúna a universitarios, trabajadores y personas sin techo y en el que se organicen todo tipo de actividades de autogestión y sensibilización sobre el problema de la vivienda.
En un comunicado dado a conocer a Rebelión, la Asamblea expone sus puntos de vista con respecto a la situación económica y social en el Estado, considerando que se encuentra "en crisis" y donde "la gente vive ahogada por el pago desmesurado de algo básico como es una vivienda".
Para la organización la cuestión es que de "una necesidad básica, un derecho fundamental de nuestra constitución" se ha creado una corriente especulativa, en la cual se trata de embarcar a todos los ciudadanos. Por eso a pesar de que en los últimos años se han construido más viviendas que nunca, revalorizado de forma fraudulenta terrenos que no era edificables para este fin, el precio no ha hecho más que aumentar, el nivel de endeudamiento también (llegando a casi un 80%) y más de 3 millones de viviendas se encuentran vacías.
Fruto de ello "la gente no es capaz de ahorrar y casi no llega a fin de més, y la despoblación de los municipios rurales es deprimente". Y sin embargo, "nos venden una vida llena de comodidad (dependencia) que se caracteriza por la concentración demográfica en nucleos urbanos. Focos de contaminación y de explotación de personas, de alienación de nuestro trabajo y de borreguismo".
Para completar el panorama, el sistema neoliberal alimenta "el miedo a perder nuestras casas, nuestra comida y nuestras comodidades o la incertidumbre en nuestro futuro, nos obligan a aguantar a veces situaciones laborales contra las que ya se lucho en su día y que ahora parece que dicha lucha no ha servido para nada".
En efecto, "los sueldos son bajísimos para el nivel de vida que nos quieren implantar, los contratos basura que no dejan que los jóvenes podamos comenzar nuestro proyecto de vida, los pensionistas que no llegan a final de mes y viven en situaciones de precariedad absoluta, la gente de mediana edad que vivien inmersos en cárceles hipotecarias, y en definitiva y como siempre, el enriquecimiento de unos pocos a costa del empobrecimiento de otros muchos".
Por eso surge la acampada, contra la explotación de seres humanos y a favor de otra vida posible, ofreciendo alternativas de vivienda y de vida que van encontrando durante su lucha. Entre otras la de repoblar las aldeas abandonadas del pais, ofreciendo a todo el mundo la información sobre lugares desocupados, o en proceso, sobre ayudas del estado y sobre modelos de vida basados en la sostenibilidad y la autogestión basada en la explotación local de los recursos frente a una globalización inminente que pretende acabar con todo esto para que puedan seguir haciendonos dependientes de un sistema que nos engaña y que se aprovecha de las personas.
Desalojo previsto
Pero todo este proyecto parece tener los días contados, pues el 1 de septiembre puede ser la fecha en que lleve a cabo el desalojo. Empiezan las clases y desde el rectorado de la universidad se pretende poner fin a la acampada.
Por su parte la Asamblea se halla organizando un fin de semana lleno de actividades y acciones de forma que la gente que aún no sabe de ellos o que han estado de vaciones conozca lo que ocurre en la Complutense, sobre el problema de la vivienda y la precariedad, y que hay que seguir luchando.
Entre otras actividades habrá cine, teatro, música, comida, talleres, encuentros y debates. Cuyo programa definitivo disponible en unos días.
La direccion del grupo es: http://groups.google.com/group/acampadaxlavivienda
Y su direccion de correo: acampadaxlavivienda@googlegroups.com
Acampados por una vivienda digna y contra la precariedad
Introducción
El problema de la vivienda es el de un modelo económico y social que ha puesto este país al servicio de la especulación inmobiliaria, con el objetivo de hacer negocio con el suelo y las viviendas, sin importar su coste económico o medioambiental o si alguien las habitará. En este país sobran viviendas para especular (hay más de 3 millones vacías, 300.000 en Madrid), es más caro que nunca acceder a ellas (en compra o en alquiler) y faltan viviendas asequibles para vivir. ¿La causa? La vivienda, una necesidad social básica, se ha dejado en manos del mercado, una mercancía más con la que se especula y mercadea, excluyendo de su acceso a “los no rentables”. Un mercado controlado por un oligopolio de propietarios del suelo, promotoras, constructoras y políticos corruptos que se forran a costa de hipotecar y atar a la precariedad a millones de vidas de por vida, obligadas a aceptar condiciones de esclavitud del siglo XXI en el intento de desarrollar su proyecto vital.
Frente a este modelo de “capitalismo popular del ladrillo”, la acampada reivindica que el acceso a la vivienda digna (entendido como alojamiento, no como propiedad) sea un derecho universal, reclamable y equiparado a otros derechos fundamentales como la educación o la sanidad. El objetivo es que en el periodo más breve posible, toda la población que lo desee pueda acceder a una vivienda de alquiler social. Para llevar esto a cabo son necesarios cambios legislativos y unas Administraciones Públicas no corruptas que dejen de estar al servicio de la especulación inmobiliaria.
La precariedad es un concepto amplio con muchas caras que cada vez abarca y limita un mayor número de aspectos de nuestra vida: precariedad en el trabajo, en los salarios, en la relación laboral, en las relaciones sociales y en las redes de apoyo mutuo, en la lacra de los accidentes laborales, en la discriminación laboral (sexo, nacionalidad, edad), precariedad como debilidad y desmantelación de los servicios públicos y la protección social,... Los colectivos afectados por esta precariedad son igualmente múltiples: parados, trabajadores sin contratos ni derechos, temporales y precarios, becarios, falsos autónomos y autónomos dependientes, subempleo,…Jóvenes, mujeres e inmigrantes sufren en mayor medida la explotación laboral. Una precariedad que antes era un peaje “temporal” a pagar por parte de los jóvenes y que cada vez más se generaliza a toda la población como modelo económico y social permanente, una profunda reforma laboral encubierta que está erosionando las pocas conquistas sociales y laborales alcanzadas.
La carestía de la vivienda (hipoteca, alquiler) y las malas condiciones laborales son dos factores que se retroalimentan: La obligación mensual de hacer frente un pago desmesurado por alojamiento obliga a las personas a aceptar las precarias condiciones laborales que ofrecen los empresarios y a no protestar o reivindicar mejoras ante la amenaza del despido. Este chantaje obliga a aceptar recortes y condiciones laborales a la baja y la necesidad de dos salarios para poder sobrevivir, impidiendo conciliar la vida familiar y personal con la laboral.
La última década de fuerte crecimiento macroeconómico ha generado un aumento considerable de las desigualdades sociales y de renta, explicado en gran medida por el ciclo inmobiliario, la construcción y el encarecimiento de la vivienda. La riqueza del país (el PIB, producto interior bruto) se ha “duplicado” en estos años, pero no todos nos hemos beneficiado en igual cuantía de este crecimiento. De hecho, mientras que la mayoría de los trabajadores y de la población en general ha visto como se estancaba o empeoraba su poder adquisitivo y sus condiciones de vida, una minoría de empresarios y especuladores ha visto multiplicarse sus beneficios a costa del esfuerzo de la mayoría.
Desde la acampada defendemos un acceso más justo de toda la población (y no solo de una minoría) a la riqueza generada entre todos. La lucha contra la precariedad hay que enmarcarla en un proceso de mejoras sociales globales en este país y ligado al impulso del mismo proceso en el resto del mundo (en una economía globalizada, las conquistas sociales se universalizan o perecen fruto de la lógica competitiva capitalista como estamos viendo con las deslocalizaciones). Se debe abogar por otro modelo socioeconómico a nivel global, basado en mayores derechos sociales, económicos y laborales para el conjunto de la población y surgido de una verdadera democracia real, consciente y crítica.
Objetivos
La acampada por el derecho a una vivienda digna y contra la precariedad en cualquier ámbito tiene unos objetivos concretos, los cuales se exponen a continuación.
*
Sensibilización y concienciación del problema de vivienda y precariedad que provoca la especulación.
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Informar al ciudadano y ofrecerle un punto de encuentro, de opinión y reivindicación acerca del problema que acontece en la actualidad.
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Movilización de la sociedad e implicación directa por parte de ésta en la reivindicación del derecho a una vida digan en la que todos tengamos acceso a una vivienda digna y no provoquen situaciones de precariedad en cualquiera de sus formas.
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Ofrecer alternativas de vivienda, autogestión e integración en un sistema en el que se olvida a minorías con situaciones de precariedad extrema.
Sensibilización y concienciación del problema
Desde la acampada creemos que es muy importante la concienciación de los ciudadanos ante los problemas expuestos en el punto anterior. Pensamos que no es que la gente no sienta el problema como suyo, ya que todos lo vivimos de alguna forma en particular, sino que vivimos en un sistema en el que se ofrecen todo tipo de distracciones y engaños para que pensemos que el problema de la vivienda y la precariedad de este país no tiene la magnitud que en realidad tiene.
En la acampada queremos concienciar a la ciudadanos/as los problemas que se derivan de la situación actual con respecto a la vivienda, desde el endeudamiento familiar, las situaciones de precariedad laboral o social de cualquier tipo e incluso la precariedad extrema como puede ser el caso de la gente sin techo.
Para conseguir esta concienciación queremos ofrecer una serie de actividades, que se detallarán más adelante, encaminadas a difundir este problema entre todos los estamentos de la sociedad.
Información al ciudadano y ofrecerle un punto de encuentro, de opinión y reivindicación
Desde la acampada queremos ofrecer al ciudadano un lugar que reconozcan como punto de encuentro del problema expuesto en la introducción. Queremos informar de la situación actual del problema a través de las siguientes actividades:
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Recabar la información y la opinión de expertos en la materia.
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Promoviendo debates, reivindicaciones o denuncias de situaciones particulares a quien así lo desee.
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Ofrecer medios para que las situaciones personales no se entiendan como casos aislados y que todos veamos el problema como propio.
Pretendemos que al disponer de toda la información posible, la manipulación pierda su efectividad y por tanto la concienciación ante el problema pueda ser un hecho real. Condenando al especulador y al corrupto públicamente, pretendemos la sensibilización y la tolerancia cero por parte de toda la sociedad ante las trampas políticas y económicas existentes en el sistema actual.
De esta forma al disponer de información clara y vinculante sobre un problema y sus causas, se crea una movilización generalizada contra él. Recogiendo las opiniones, visiones, reivindicaciones o testimonios de cada individuo y utilizando medios de difusión “libres” de la manipulación como puede ser Internet, el movimiento por una vivienda digna y contra la precariedad se convierta en un movimiento de todos y por todos, en que no se haga diferencias sociales o culturales, y se entienda como una lucha común ante un problema de tal magnitud.
Movilización de la sociedad e implicación directa por parte de ésta en la reivindicación
En la acampada consideramos de vital importancia la implicación directa en la reivindicación por parte del ciudadano de a pie. Creemos que si el proceso de concienciación e información se lleva a cabo de la forma adecuada y continuada, se puede provocar en las personas un sentir real de la necesidad de dicho cambio, de forma que la reivindicación no se relegue a los colectivos más activos, sino que se generalice y se extienda lo máximo posible.
Ofreciendo un punto de reivindicación conseguimos que la protesta se centralice. Contando con la visibilidad que ofrece el estar en la propia calle y siendo un lugar de libre acceso, creemos que puede ser un buen punto de partida para aquellas personas que sienten un descontento interior y que no saben hasta que punto pueden ser partícipes. Para conseguir una integración de todos los individuos de la sociedad proponemos una forma de funcionar abierta y horizontal y así no prevalecen intereses y opiniones de partidos, asociaciones, grupos, etc. Sino que cada uno puede expresar su forma de pensar de forma totalmente libre.
Con esto no sólo queremos que se sumen a nuestra reivindicación, sino que la sientan como el camino hacia el cambio. Queremos dejar claro que la movilización del mayor número de personas es la clave para que el cambio sea real, y por eso queremos ofrecer este espacio de acampada como punto de partida a la movilización, para conseguir la continuidad y que mucha gente comience a participar de forma activa.
Ofrecer alternativas de vivienda, autogestión e integración en un sistema en el que se olvida a minorías con situaciones de precariedad extrema
En todos los sistemas hay siempre un determinado grado de exclusión hacía grupos minoritarios a veces olvidados en muchas de las decisiones que se toman en el ámbito de la política. En el campamento no sólo pretendemos ser un ejemplo claro de integración de personas pertenecientes a dichas minorías, sino que su implicación está siendo básica para el desarrollo de la acampada y demostramos que en la sociedad, no solo se les desecha por su aparente pasividad, sino que además se les excluye sin ofrecerles ninguna participación. Nosotros desde aquí, les ofrecemos la participación contra una situación que quizá ellos viven desde una perspectiva más extrema, pero convencidos de que no se les puede seguir ninguneando, como se viene haciendo desde siempre.
Por otro lado queremos ofrecer alternativas de autogestión o/y de vivienda a éstas personas, acercándoles información importante que de otra forma no serían capaces de encontrar. Por otra parte acercando a estas personas a la sociedad se eliminan muchos de los prejuicios que les mantienen en su situación, por eso en el campamento todos tenemos la oportunidad de contar nuestra situación personal que nos ha llevado a la situación actual.
De ésta forma no sólo denunciamos los casos de precariedad que existen claramente en la situación política, social y económica de éste país, sino que hacemos participe de la denuncia a quienes lo sufren de una forma más pronunciada.
Motivaciones personales
Las motivaciones personales de todos los que apoyamos la acampada como medio de reivindicación y contando con lo expuesto anteriormente, se pueden resumir en una bien clara: “Que se respete el artículo 47 de la constitución en el que se entiende la vivienda digna como un derecho inalienable”. Que se establezcan los mecanismos adecuados para que no se provoque la precariedad generalizada por la especulación y el mercadeo de un bien primario como es una vivienda digna. Así como el sentir común con las personas que no tienen techo, y compartir que cuando finalice la acampada ellos volverán a la calle.
Autogestión del campamento
Desde la acampada queremos manifestar nuestro respeto al medio ambiente y por tanto estamos pendientes del mantenimiento de nuestro entorno, puesto que en definitiva queremos que sea un lugar habitable, no sólo para los que dormimos allí, sino para los visitantes que se acercan a informarse o reivindicar. Por eso no sólo queremos expresar nuestra decepción ante el corte de la luz de las farolas colindantes sino que también queremos pedir que se nos facilite un punto de luz de cara a que podamos hacer uso de los medios electrónicos de difusión de que disponemos y de cara a actividades que requieran de energía para poder realizarse.
Queremos que el respeto por el entorno sea una de nuestras características más visibles y reivindicativas en el campamento ya que la especulación y la corrupción son ejemplos concretos de no respeto al medio ambiente. Por eso también pedimos que se nos faciliten medios para que podamos mantener la pulcridad y salubridad del campamento en los días u horas que las facultades colindantes se encuentren cerradas.
* Rebelión - 27-08-2007
Foto: Acampada Mayo 2007
