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ELPAÍS/Alicante* : Un PAI de La Nucia garantiza recursos a 3.400 viviendas y un campo de golf. Los urbanizadores del PAI de la Serreta, el segundo proyecto urbanístico más grande de la provincia de Alicante, han comprado derechos de riego durante los años 2007 y 2008 para más de 7,7 millones de metros cuadrados de superficie.
Desde hace dos años aparece una aportación en la contabilidad de la Comunidad General de Regantes de 613.000 euros en concepto de nuevos usuarios, dinero que correspondería a 9.320 hanegadas (7.754.000 metros cuadrados) de regadío, aunque actualmente existen menos de 1.200.
El PAI de La Serreta, que prevé construir 3.400 viviendas y un campo de golf de 18 hoyos en 2,7 millones de metros cuadrados, no dispone del informe de suficiencia hídrica de la Confederación Hidrográfica del Júcar. El TSJ de la Comunidad Valenciana advirtió en la orden que lo paralizó 6 meses en 2007 que el informe del suministrador que aportó el Ayuntamiento estaba hecho ad hoc (a medida del solicitante) para justificar la existencia de recursos hídricos en la zona, pero con la compra de los derechos de riego con agua blanca procedente de los acuíferos de las comunidades se podría asegurar el desarrollo urbanístico de todos los proyectos de La Nucia. Sin embargo, la próxima aprobación del proyecto de reparcelación de La Serreta volvería a abrir la vía judicial y la posibilidad de reclamar de nuevo la paralización de su desarrollo por faltar el informe de la Confederación Hidrográfica.
La Comunidad General de Regantes de La Nucia está formada por las comunidades Planet, Sentenilla Dalt, Sentenilla Baix y Armaig, aunque en la práctica hace tres años que estas comunidades no reúnen a sus asociados y las 18 personas que dirigen la Comunidad General que las agrupa deciden por ellas. Vicente Ramón Cano, uno de los comuneros, asegura que "todo se maneja con un oscurantismo absoluto producto del miedo", porque "una gran parte de los familiares de quienes dirigen la Comunidad General dependen laboralmente del Ayuntamiento". Ante la falta de información, algunos regantes han tomado la decisión de ir por su cuenta de la mano de un abogado particular. Es el caso de Antonio Pérez, quien considera que "se está haciendo una ampliación encubierta del perímetro regable con la pretensión futura de proceder a un cambio de uso de regadío al de abastecimiento, saltándose los cauces legales". Ernest Armada, abogado especialista en las concesiones de aprovechamiento de aguas públicas, afirma que "el cambio de uso del agua solo lo puede aprobar el titular de los derechos a través de una subrogación y mediante un expediente administrativo de modificación del uso". Los titulares de la concesión del uso actual en La Nucia son las cuatro comunidades, no la Comunidad General, que carece de títulos de concesión y no puede vincular con sus decisiones a las comunidades con entidad jurídica propia.
La Nucia está desarrollando la instalación del riego localizado en todo su término. Se trata de conseguir que los regantes utilicen con este sistema de riego el agua impulsada desde las depuradoras de Benidorm y Altea a una gran balsa de medio millón de metros cúbicos que se construirá en la partida de La Serreta. Cuando esté acabado todo el proyecto, quedará liberada el agua blanca y podrá cambiarse su uso. Esta operación ya se hizo con la Comunidad de Regantes del Canal Baix del Algar, que da servicio a todos los municipios costeros de La Marina Baixa, sin conocimiento de la Confederación Hidrográfica. Ernest Armada asegura que la CHJ está haciendo una peligrosa dejación de sus funciones, porque "hace la vista gorda mientras los usuarios se las arreglen entre ellos". Así, dice este abogado, "se ahorra conflictos y problemas".
* ELPAIS.com - ARTUR BALAGUER - Benidorm - 25/03/2009
Foto: Una vista de los terrenos de La Serreta- ROSA FUSTER, elpais.com
Un urbanizador compra derechos de agua de regantes para construir
La Alianza de Paisajes aboga por poner límites al urbanismo
INFORMACIÓN* : Los problemas que el desarrollo urbanístico introduce en la gestión de los paisajes culturales declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y la necesidad de establecer límites en la transformación del entorno de los mismos son cuestiones que preocupan a los miembros de la junta directiva de Alianza de Paisajes Culturales Patrimonio de la Humanidad, a la que pertenece Elche y que ayer mantuvo una reunión en Elche.
La directora general del Patronato de la Alhambra, María del Mar Villafranca, señalaba a este respecto que "los problemas de gestión no son los estrictamente turísticos".
Abundando en esta cuestión, Jesús Dionisio, alcalde de Aranjuez, indicó que "el paisaje tiene razón de ser cuando mantiene la actividad. En el momento en el que lo fosilizas, se convierte en una pieza de museo, pero es complicadísimo mantener actividades, algunas de las cuales surgieron hace varios siglos". Es por esto que, según Dionisio, "uno de los objetivos más importantes del grupo es el compromiso hacia nuevos desarrollos manteniendo los valores que nos han hecho excepcionales, como son el Palmeral, Aranjuez, la Alhambra o Ibiza".
La reunión de Elche sirvió para incorporar a la alianza a la zona fronteriza entre Austria y Hungría, según destacó el alcalde de Elche, Alejandro Soler, quien adelantó que "también hay contactos con Cuba, en relación con las plantaciones de tabaco, con lo que se consolida la clara vocación internacional de esta alianza".
* Información - M. SABUCO - 25.03.09
Foto: Elche - parque_municipal - wikipedia.org
La ciudadanía denuncia el boicot de PP y PSOE al informe Auken sobre el ladrillazo español
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ELCONFIDENCIAL* : “Los ciudadanos estamos hartos de tanta suciedad en la política española, estamos perdiendo la confianza en el sistema y las elecciones al Parlamento europeo están a menos de tres meses”, firman los más de 600 colectivos que han unido sus fuerzas en un comunicado común hecho público a propósito del boicot entre los europarlamentarios de PP y PSOE contra el informe Auken sobre el urbanismo español. El informe, demoledor para con el ladrillazo que ha sufrido este país, será votado en el Pleno del Parlamento Europeo el próximo 26 de marzo.
Los colectivos firmantes critican que el urbanismo español pone en situación de indefensión a los ciudadanos que tienen la desgracia de ser pequeños propietarios de suelo, sea rústico o urbano y lo culpan de destruir el territorio y buena parte del patrimonio histórico y cultural de España. Asimismo, dudan de las leyes autonómicas, que no ofrecen ninguna garantía de equidad y justicia.
También critican que las leyes urbanísticas autonómicas, e incluso en la Ley del Suelo estatal, institucionalizan la figura del Agente Urbanizador, responsable de los abusos y atropellos que se han producido al aplicar las leyes urbanísticas. Y no dudan en atribuir a este urbanismo depredador la responsabilidad de la crisis, recesión y depresión económica que vive España, así como de la dramática evolución del paro.
Críticas a la corrupción política y a la Justicia
La corrupción política asociada al urbanismo tampoco se escapa de las críticas. "Ya podemos presumir de algo a nivel internacional, de ser uno de los países más corruptos de Europa", aseguran. El escrito destaca que en medio de la recesión-depresión que sufrimos, los partidos políticos mayoritarios se dedican a ventilar sus trapos sucios, que son muchos, ya que la corrupción que nos aflige es achacable en su mayor parte a políticos de todo nivel en activo, adscritos a esos partidos, porque políticamente es más rentable hundir al rival que solucionar los problemas de los españoles.
Del mismo modo que el Informe Auken, los ciudadanos claman contra la Justicia española, a la que tildan de lenta, cara y, lo que es peor, está contaminada por influencias políticas. "Los españoles quisiéramos disfrutar de una Justicia que auténticamente fuera un poder independiente, separado y distinto del poder ejecutivo, pero asistimos impotentes al triste espectáculo de la vergonzosa rebatiña que protagonizan los partidos mayoritarios para controlar la constitución de organismos como el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial", denuncian.
Los grupos denunciantes, entre los que se encuentran Abusos Urbanísticos No, la Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio y la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas, critican especialmente la Ley de Costas, aprobada hace más de 20 años, que "juega con los derechos de los españoles".
* El Confidencial - Fátima Martín.- 25/03/2009
Foto: Acción de Greenpeace contra el Hotel Algarrobico. (Efe)
Vecinos de O Pino denuncian al alcalde por delito urbanístico
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ELPAÍS/A Coruña* : El condescendiente trato administrativo que el Ayuntamiento de O Pino, gobernado por el PP, ha dispensado durante estos últimos años a la promotora Fadesa ha vuelto a sentar a su alcalde, Manuel Taboada, ante los tribunales. La agrupación de propietarios de terrenos afectados por el polémico parque empresarial que la inmobiliaria proyecta en este ayuntamiento coruñés y paralizado por la Justicia, ha presentado dos denuncias más por la vía penal contra el regidor popular.
En la primera, los vecinos acusan a Taboada de hacer la vista gorda sobre la construcción en suelo rústico de unas oficinas de hormigón y cristal que Fadesa utilizaba para atender a sus clientes. Los hechos parten de 2007, cuando comenzaron los movimientos de tierras para obrar sobre un suelo clasificado como rústico. Los particulares sostienen ahora que, pese a sus denuncias de entonces, el gobierno local no hizo nada para frenar los trabajos y que, una vez concluidas las oficinas, tampoco acordó medida alguna a "restaurar la legalidad urbanística infringida". En la querella presentada en el Juzgado de Instrucción de Arzúa, los vecinos acusan al alcalde de un "delito urbanístico y de omisión del deber de perseguir el mismo".
La segunda de las denuncias también se centra en las relaciones de Fadesa y el regidor al que atribuye un doble "delito de prevaricación y falsedad documental". Esta querella, que ya está en poder del juez, se fija en la convalidación mediante decreto municipal de una serie de compraventas de tierras entre la inmobiliaria y un grupo de vecinos. El escrito llama la atención sobre las fechas de los actos administrativos de la alcaldía. Revela que, pese a que Fadesa empezó a comprar las fincas muchos meses antes de presentar el proyecto de expropiación, el alcalde ratificó los contratos en presencia de su secretaria, casi dos años y medio después. Los demandantes señalan a su vez que treinta de las compraventas de terrenos, documentadas en papel timbrado del Ayuntamiento de O Pino como "convenios de adquisición por mutuo acuerdo" se llevaron a cabo antes de que se firmase el contrato de adjudicación a Fadesa. Según la demanda, dos de las fincas, las de mayor extensión, que suman casi 40.000 metros cuadrados "están fuera del ámbito" del parque empresarial.
Las denuncias entre un grupo de propietarios de tierras y el alcalde de O Pino comenzaron poco después de que Manuel Taboada recomendase por carta a los dueños de las tierras vender a la promotora Fadesa a cinco euros el metro cuadrado, una cantidad tres veces menor a la que fijó después el Jurado de Expropiaciones que tasó las fincas en 17,95 euros, el metro cuadrado.
* ELPAIS.com - JOSÉ PRECEDO - Santiago - 25/03/2009
Foto: O Pino (A Coruña), obras polígono - elpais.es
