AGENCIAS* : "Los salarios han subido una media del 30% en la última década en Catalunya, mientras que los precios medios de los pisos han crecido más de un 310%, lo que ha dejado a una importante parte de la población sin posibilidad económica de acceso a una vivienda.
La provincia catalana en la que se ha registrado un aumento más espectacular ha sido Girona, donde el precio de la vivienda ha subido un 372,8% entre 1994 y el 2006, llegando a 3.848 euros el metro cuadrado, según ha afirmado el conseller de Medi Ambient i Vivenda, Francesc Baltasar, durante una comparecencia en el Parlament. De cerca le siguen las demarcaciones de Tarragona, donde el crecimiento ha sido del 325%; Barcelona, con un 297,4%, y Lleida, con un 250%.
La clase media, cada vez más afectada
El político ecosocialista ha explicado que la fuerte inflación de precios que se ha producido en esta década, "una de las más intensas conocidas en la historia inmobiliaria", ha llevado a una discrepancia extraordinaria entre la evolución de los salarios, que han crecido muy modestamente, y el coste de la vivienda, que se ha disparado en todas las esferas del mercado inmobiliario, tanto en la obra nueva como de segunda mano y alquiler.
"[La situación] Ha superado los ámbitos habituales en los que se desarrollaba la política de vivienda porque cada vez más afecta a franjas de clases medias con ingresos por encima de los considerados habitualmente como elegibles para tener derecho a ayudas públicas", en palabras del conseller.
Este escenario, además, ha venido acompañado de una "caída drástica" en la producción de vivienda protegida, ya que de los volúmenes de entre 15.000 y 20.000 pisos protegidos que se construían cada año en la década de los 90 se ha pasado a producciones inferiores a los 10.000 en los últimos años.
Batería de medidas
Para hacer frente a esta situación, Baltasar ha señalado que su departamento está impulsando una serie de medidas que pasan por ampliar el abanico de la población beneficiaria de pisos de protección oficial, incrementar los recursos presupuestarios y cambiar los instrumentos de intervención en el campo de la vivienda social.
En este sentido, ha subrayado que una de las iniciativas que se están potenciando es la concesión de ayudas para el pago del alquiler a familias con unos ingresos 2,5 veces por debajo del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM). El pasado año se beneficiaron de estas ayudas 8.376 personas, con 17,1 millones de subvenciones, y está previsto que en el 2007 la cifra de agraciados llegue a 10.000 personas.
Otras de las "medidas de choque" que está preparando la conselleria que dirige Baltasar son la ampliación de créditos para la emancipación de la gente joven, el establecimiento de un sistema universal de avales a los inquilinos y la firma de un protocolo interdepartamental contra el acoso inmobiliario.
*ElPeriodico.com 16/3/2007
El precio de la vivienda ha subido 10 veces más que los salarios en el último decenio en Catalunya
Las impugnaciones han impedido construir 10.490 viviendas ilegales en Marbella
DiegoNARVÁEZ* : "Los controles de la administración autonómica y de los tribunales de Justicia sobre el urbanismo de Marbella, cuya eficacia es objeto recurrente de polémica, sí tuvo resultados al menos en los tres últimos años de mandato del Grupo Independiente Liberal. Desde que en marzo de 2003 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) cambió de doctrina y comenzó a ordenar suspensiones cautelares de obras con licencia impugnada, se ha impedido la construcción de 10.490 viviendas contrarias al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). 4.427 están paradas, y el resto no llegaron a iniciarse.
Hasta ahora se daba por bueno que en Marbella se construyeron unas 30.000 viviendas contrarias al PGOU entre 1991 y 2005. El dato lo obtuvo el equipo redactor del nuevo planeamiento cuando elaboró el documento de avance, pero estaba extraído de los datos de las licencias otorgadas de forma ilegal.
Ahora, una vez que la oficina de planeamiento de la Junta en Marbella ha hecho un control sobre el terreno de lo que ha ocurrido con cada una de estas licencias, la cifra se rebaja en una tercera parte. Y es que desde el año 2003 las órdenes de suspensión de obras que el TSJA dictaba siempre que la Junta impugnaba una licencia irregular han impedido la construcción de 10.490 casas ilegales. De ese total, 5.795 ni siquiera llegaron a iniciarse y las parcelas continúan libres. Otras 4.427 están en distinta fase de obra, pero paralizadas y precintadas. La lista se competa con otras 268 casas que sí se han acabado pero no han llegado a ocuparse, lo que alivia el problema social que se plantearía en caso de que finalmente el TSJA decidiera demolerlas.
También ha habido promotores que han incumplido las órdenes de paralización cautelar y han acabado las construcciones que ya están habitadas, situación en la que se encuentran 999 viviendas que corren el riesgo de ser declaradas ilegales en sentencia firme.
Según la consejera de Obras Públicas, estos datos evidencian que la Junta ha cumplido su obligación de velar por el cumplimiento de la legalidad urbanística en Marbella. "Cuando hemos tenido apoyo del tribunal, hemos tenido eficiencia", sostiene la consejera, quien recuerda que la Junta ha impugnado más de 400 licencias de obras en Marbella y siempre pidió la suspensión cautelar de las obras al TSJA, que es a quien compete tal decisión, y que éste las denegó hasta marzo de 2003, cuando ya se habían impugnado 130 permisos sin que se adoptaran medidas.
Entre las obras en construcción que se encuentran paralizadas hay algunas de promotores imputados en la Operación Malaya, como José Ávila Rojas -279 casas en Río Real y 192 en La Trinidad, de Naviro Inmoviliaria; y 210 de Turasa-, o Carlos Sánchez -242 viviendas en Elviria de CCF 21 y dos hoteles-, o Fidel Sanromán -dos centros comerciales del grupo Tifan-.
Unifamiliares
Naviro Inmobiliaria (Ávila Rojas), construía 11 casas en suelo para parques y jardines que el TSJA ordenó parar en noviembre de 2004.
Apartamentos
Promoción de 279 viviendas de Naviro Inmobiliaria en suelo urbanizable pero sin instrumento de planeamiento. Parada en mayo de 2004.
Urbanización
Sur Inversiones Sema construía 181 viviendas, más de las permitidas en la zona y sin plan de desarrollo. Parada en abril de 2004.
Adosados
En junio de 2004 el TSJA mandó parar la promoción de 14 adosados que Anotaciones Veinticuatro alzaba en suelo destinado a parques y jadines.
*ELPAIS.com - Málaga - 16/03/2007
Foto: Apartamentos en construcción- EL PAÍS
El Juzgado de Avila llama a declarar como imputado al Director General del Medio Natural de la Junta
EFE* : "El Juzgado de Instrucción número 2 de Avila ha atendido la petición del fiscal jefe al llamar a declarar como imputados en el caso de la 'Ciudad del Gof' de Las Navas del Marqués al director general del Medio Natural de la Junta, Mariano Torre, y el alcalde navero, Gerardo Pérez (PP), entre otros. Sin embargo, el Juzgado de Instrucción no atiende la petición presentada por la Asociación Centaurea, para que el número de imputados se viera ampliado con otros dos cargos de la Administración autonómica.
La providencia del juzgado a la que tuvo acceso hoy Efe fija para el próximo 11 de abril, a partir de las 10.00 de la mañana, el día para que ambos presten declaración ante el juez Miguel Angel Moreno, junto al secretario del Ayuntamiento de Las Navas, Carlos de la Vega, y al ex delegado de la Junta en Avila, Félix San Segundo, que cuando se tramitó el proyecto también era presidente de la Comisión de Urbanismo.
Los ecologistas solicitaban la declaración del jefe del Servicio de Espacios Naturales de la Consejería de Medio Ambiente, José Angel Arranz, y el jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente en Avila y vocal de la Comisión Territorial de urbanismo de Avila en la época en la que ocurrieron los hechos, Juan Manuel Pardo.
La providencia emitida por el Juzgado de Instrucción número 2 no llama a declarar a estos dos últimos, pero sí atiende a la solicitud de Centaurea, que pedía al juez la declaración como testigos de tres funcionarios de la Consejería de Medio Ambiente.
Se trata de Sabas Yagüe, jefe de la Sección de Espacios Naturales y Especies Protegidas del Servicio Territorial de Medio Ambiente en la época en que ocurrieron los hechos; José Ignacio Molina, jefe de Especies Protegidas de la Consejería, y Alfredo Martín, técnico de Evaluación de Impacto Ambiental del Servicio Territorial de Medio Ambiente.
Todos ellos han sido llamados a declarar el próximo 10 de abril, a partir de las 10.30 de la mañana en esta instancia judicial que ordena practicar estas diligencias 'sin perjuicio de otras que pudieran acordarse en vista del resultado de las que ahora se acuerdan'.
Además, el Juzgado requiere a la Consejería de Medio Ambiente, al Servicio Territorial de Fomento, al Ayuntamiento de Las Navas del Marqués y a la Sociedad Montes de Las Navas que remitan la documentación que, a juicio de los ecologistas, 'no han entregado' hasta la fecha.
Esta providencia es emitida un día después de conocer que La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ) ha decidido paralizar cualquier trabajo encaminado a la construcción de la 'Ciudad del Golf', hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre los recursos de casación presentados en esta instancia judicial.
El proyecto incluía la construcción de 1.600 viviendas, dos hoteles de lujo y un campo de golf en 210 hectáreas de terreno en una zona protegida.
El presidente de Centaurea, Carlos Bravo, elogió hoy, en declaraciones a Efe, la 'celeridad' con la que tanto la Fiscalía como el Juzgado están actuando en este caso.
Desde su punto de vista, ambas instancias 'avanzan correctamente' para que 'cuanto antes, se resuelva esta situación, ya que están en juego espacios naturales con políticas de especulación urbanística y cacicadas en Castilla y León, como la Ciudad del Medio Ambiente -Soria-'.
En este contexto, se mostró esperanzado en que con estos testimonios 'se pueda empezar a conocer la verdad' y 'se concreten los delitos penales' que se hayan podido cometer.
*Terra Actualidad - EFE 16-03-2007
Foto: habitat cigüeña negra /forocastellano
Políticos de ladrillo
Mª.DOLORES F.-FÍGARES* : "Hemos tardado, pero ahora nos estamos dando cuenta de para qué se meten en la política un grupo de ciudadanos, bastante numeroso al parecer. Una vez que han sembrado las verdes praderas de la Vega granadina y los secanos de otros pagos de urbanizaciones bien macizas de volúmenes de cemento, de extensos centros comerciales, empiezan a saltar los escándalos urbanísticos, al calor de la primavera en flor y las próximas elecciones municipales. Cada día aparecen nuevas noticias, saltan nombres de personas y de pueblos, donde presuntamente se cometen las tropelías y los incautos ciudadanos que creíamos que a la política se iba a servir al bien común y no a enriquecerse lo más pronto posible, no paramos de ponernos las manos en la cabeza, aunque vamos perdiendo nuestra capacidad para la sorpresa.
Lo malo es que les pase lo mismo a los esforzados reporteros que sacan a la luz de los periódicos los asombrosos datos y un buen día den por saturado el cupo del periodismo de investigación y nos dejen otra vez a oscuras. Eso sería una tragedia, porque se ha comprobado que lo que más les duele a esos políticos de ladrillo es verse de protagonistas en este tipo de historias, ante el escarnio general.
Por debajo de los cimientos, de los tabiques, de las estructuras, asoman las tupidas redes de influencias montadas, los clanes pueblerinos que funcionan como mafias y se cuelan en los partidos, repartiendo a diestro y siniestro algunas migajas de los pingües beneficios obtenidos bajo cuerda.
Poco a poco van cayendo los nombres de una lista que se hace larga y casi nadie se extraña de que sean así las cosas, como si la corrupción se hubiese ganado la comprensión y hasta el prestigio. Muchos lo sabían, o lo temían, casi nadie se extraña y, sin embargo, ahí seguían, impunemente, haciendo oídos sordos a las advertencias de unos técnicos continuamente desautorizados.
Cabe preguntarse por qué nadie hizo nada cuando todavía el daño a los intereses públicos, al paisaje, a la cordura, aún no estaba hecho. Está quedando claro que hay un vacío de poder y de autoridad, ya que comprobamos que nadie pone freno a los desmanes cuando aún es tiempo. Así se ha visto en el caos de Marbella, que nadie se explica cómo no actuó la Junta de Andalucía, en este y en otros casos flagrantes. Quizá no existan los medios jurídicos y administrativos necesarios para que la transparencia de las gestiones se vea garantizada de manera suficiente. Pues que se busquen y se pongan en acción cuanto antes. No sólo nos estamos jugando todo un modelo de ética ciudadana, sino la propia credibilidad de los partidos políticos, que ya se están viendo salpicados por los escándalos.
Pero lo más triste es que no parece que estén aprendiendo la lección. Como émulos de lo que hacen sus patrones en la política nacional, la única reacción que vemos en los partidos es la de lanzar a los adversarios ese infantil recurso del «y tú más», que es el grito guerrero que usan los niños de cinco años, cuando se pelean en los recreos del colegio. En vez de ese intercambio sin fin de acusaciones, más vale que se dediquen a diseñar procedimientos de depuración en sus propias estructuras y sean capaces de garantizar a los ciudadanos que nadie que sea sospechoso de corrupción tendrá la osadía de presentarse antes las urnas, a que los votantes respalden sus trapicheos.
*idealdigital, Granada - miércoles, 14 de marzo de 2007
Un pueblo de Toledo planea 20.000 viviendas a 15 kilómetros de la macrociudad de Seseña
J.LAFUENTE/LL.MARTÍNEZ* : "La comarca toledana de la Sagra va camino de convertirse en la del ladrillo. En Illescas, localidad de 17.000 habitantes a 30 kilómetros de Madrid, el Ayuntamiento (PSOE) está tramitando un inmenso proyecto urbanístico: la recalificación de 4,5 millones de metros cuadrados de suelo, 560.000 de los cuales son protegidos, para construir más de 20.000 viviendas (60.000 habitantes). Sería la segunda macrociudad en la zona después de que hace más de un año el promotor Francisco Hernando, El Pocero, consiguiera que le recalificaran un secarral en Seseña para levantar 13.000 viviendas en edificios de 10 alturas.
La zona que une Madrid con Toledo es muy apetecible para los promotores urbanísticos: grandes extensiones de suelo rústico y barato que, con una recalificación de por medio, pueden albergar viviendas en una zona relativamente próxima a la capital. Tras el ejemplo de Seseña (13.000 viviendas para un municipio de apenas 9.000 habitantes con problemas de abastecimiento de agua), llega Illescas. El alcalde socialista de esta localidad, José Manuel Tofiño, asegura que su caso "no es comparable". Aunque el proyecto que se está tramitando supone la construcción de más de 20.000 viviendas, Tofiño argumenta que se harán "de forma moderada, en unos 30 años".
Los cuatro Programas de Actuación Urbanística (PAU) que desarrollan la macrociudad prevén un 80% de edificios de cuatro y cinco alturas y el resto de hasta 10 plantas. El enclave elegido para la futura Illescas está separado del casco urbano por la vía del ferrocarril. El alcalde alega que la nueva urbanización le viene de perlas para enterrar los raíles y lograr que el pueblo de toda la vida y las futuras casas estén integradas "sin barreras que las separen". El espacio que ocupan los raíles se transformará en una ronda de circunvalación. Bajo tierra, se instalará una doble vía que permitirá que el tren de cercanías llegue a Illescas.
Soterramiento
Del soterramiento de la vía férrea se encargarán cuatro entidades. Las mismas que, según el convenio firmado en 2005 con el Ayuntamiento, ya se han postulado como agentes urbanizadores para desarrollar los PAU cuando estén aprobados. Para IU, estas sociedades serán las únicas beneficiarias de la operación. La coalición lamenta que el asfalto "se lleve por delante" cientos de miles de metros de suelo protegido "por su valor ecológico". También reprocha que se tramite un proyecto "descomunal" sin que el municipio haya aprobado todavía un Plan de Ordenación Municipal. Ecologistas en Acción y la asociación de vecinos Al-Sagra respaldan estas críticas.
El concejal de Urbanismo de Illescas, Pedro Caballero, se defiende: "Todo es legal, ordenado y transparente". Lo argumenta diciendo que el proyecto fue aprobado en un pleno municipal por unanimidad y que la zona protegida no tiene "tanto valor ecológico" como dice IU. Otra ventaja que ve la corporación es que los promotores construirán los equipamientos y servicios públicos necesarios.
Sobre la petición de IU de declarar nulo el convenio urbanístico, el Gobierno municipal recuerda que las instituciones superiores ya se encargarán de revisar o corregir lo que haga falta. Mientras, el Ministerio de Fomento ha encargado un estudio informativo sobre el soterramiento de la vía, "el primero en una ciudad de tamaño medio que se financia en España", destaca el concejal.
Respecto al modelo de la nueva Illescas, Tofiño defiende que es "asequible y sostenible". "No será un enjambre", alegó el edil, que no teme que Illescas se convierta en una ciudad dormitorio. Será una ciudad en toda regla. El Ayuntamiento prevé dedicar otros 14 millones de metros cuadrados a industrias y servicios.
El proyecto tiene todavía mucho camino que recorrer. Falta que la Comisión Provincial de Urbanismo de Toledo lo apruebe y que el pleno municipal le dé el visto bueno definitivo. La última palabra la tendrá la nueva corporación que salga de las elecciones.
*ELPAIS.com - Madrid - 16/03/2007
Foto: Terreno protegido en Illescas- J. L.
