DIARIODEMALLORCA* : El ex conseller de Turismo del Govern balear por Unió Mallorquina (UM) Miquel Nadal, que también es concejal del Ayuntamiento de Palma, ha sido detenido hoy por la Policía en el marco de la presunta trama de corrupción que investiga la "operación Voltor", en la que ya han sido arrestadas 14 personas, han informado fuentes policiales. La detención se ha producido esta mañana en la misma sede del Ayuntamiento de la capital balear.
En esta operación, que se inició el pasado miércoles, han sido detenidos también dos directores generales del Govern de Balears, Joan Sastre y Antoni Oliver, ambos de UM, así como otras personas vinculadas al partido. En total, ha habido 14 detenidos, entre los que figura también el contable de Unió Mallorquina, Álvaro Llompart.
Miquel Nadal figura como imputado en otros dos casos de presunta corrupción que están siendo investigados por la Fiscalía Anticorrupción de Balears relacionados con la venta de terrenos en las zonas de Can Domenge y Son Oms, en la capital balear durante la pasada legislatura, cuando Nadal era vicepresidente del Consell de Mallorca.
En esa época presidía la institución insular otra de las principales dirigentes de Unió Mallorquina y actual presidenta del Parlament balear, Maria Antònia Munar, quien también figura como imputada en el caso Can Domenge.
Nadal dimitió de su cargo como conseller de Turismo del Govern el pasado 3 de diciembre después de que se le imputara en la denominada operación Maquillaje, pieza separada del caso Son Oms.
El concejal abandonó todos su cargos ejecutivos y se fue del Govern para preservar el prestigio y la intimidad de su familia, pero defendiendo su inocencia.
"Soy inocente y creo en la Justicia, tengo derecho a defenderme de todo lo que se me imputa y no debo ni quiero perjudicar a las instituciones políticas. (...) Dimito porque mi familia no se merece que los medios de comunicación empleen la mentira para desprestigiarla", aseguró entonces el ex conseller.
Sin embargo, Nadal se negó a dejar el cargo electo que ocupa en el Ayuntamiento de Palma, alegando su obligación de responder a los ciudadanos que le votaron como edil, pero esta decisión despertó las críticas del resto de socios del pacto de gobierno, en concreto del Bloc per Mallorca (integrado por PSM-EN, EU, ERC y Els Verds).
UM, por su parte, que cuenta con Josep Melià como nuevo presidente desde hace apenas una semana, tras la marcha de Miquel Àngel Flaquer -que dejó su cargo también por estar imputado por presunta corrupción-, optó por aplazar la decisión sobre el futuro de Miquel Nadal en el Ayuntamiento.
* Diario de Mallorca - 5.02.10
Foto: Palma, Can Domenge - concatel
Detenido el ex conseller de Turismo del Govern balear Miquel Nadal
Escuelas en suspenso
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PÚBLICO* : Mientras en el Congreso de los Diputados se debate el futuro de la educación, miles de padres se movilizan por las calles de toda España para reclamar una escolarización en condiciones para sus hijos. Barracones, obras a medio construir y proyectos de colegios olvidados en algún cajón se reproducen, provincia por provincia, por culpa de la falta de inversión de las administraciones autonómicas.
En Pinto (Madrid), los padres de alumnos del Colegio Dos de Mayo se sienten engañados por el Gobierno que preside Esperanza Aguirre. Del centro proyectado y prometido con 27 aulas, gimnasio y comedor sólo se han levantado nueve aulas. Los profesores están instalados al fondo de un pasillo. De las 18 aulas que faltan, la Consejería de Educación anuncia que sólo levantará seis, tras "revisar la demanda" de alumnos de la zona, según reconoció a este periódico. Sin embargo, más de cien escolares no saben dónde estudiarán el curso que viene, cuando pasen a Primaria.
A los padres les consta que no se construirá por "motivos presupuestarios", como se defendía en un documento de la propia Comunidad de Madrid. Ayer mantuvieron un encuentro con el alcalde de Pinto, Juan José Martín, del que salieron desanimados. "Nos ha planteado las mismas buenas intenciones de siempre, y encima nos pide que sigamos siendo nosotros los que tiremos del carro", asegura Óscar López, uno de los padres. Por ello, anuncian un plan de movilizaciones para todo lo que resta de mes.
Clases en un antiguo asilo
En la localidad sevillana de Alanís, los padres llevan 14 años movilizados para que la Junta de Andalucía les construya un nuevo centro escolar por el mal estado del Colegio José González Salcedo. Antes de las fiestas navideñas, se derrumbó una techumbre. Los padres decidieron no volver a llevar allí a sus hijos, que suman un centenar. Los escolares se repartieron entre un antiguo asilo y un salón de actos.
El alcalde de Alanís, Cecilio Fuentes, optó por ponerse en huelga de hambre hace dos días, después de recibir la última negativa de la Junta para financiar la construcción del nuevo centro escolar, ya planificado y pendiente de la llegada del dinero. "Nos dijeron que no existen fondos para nosotros", manifestó a Público el regidor.
Ayer mismo, Fuentes abandonó su ayuno después de que la Diputación de Sevilla le comunicara que hará una cesión de 30 millones (15 millones en 2010 y otros tantos en 2011) a la Consejería de Educación para acometer todas las obras necesarias de mejora de las instalaciones educativas de la provincia. "No me pudieron asegurar que tendremos nuestro colegio, pero me consta que estamos los primeros de la lista de la Consejería porque tenemos el peor colegio público de Andalucía", insistió Fuentes.
La presidenta de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del González Salcedo, Francisca Blanco, fue una de las abanderadas de la manifestación que llevó a medio Alanís a la capital sevillana para reclamar su colegio y respalda a su alcalde tras un solo día de ayuno: "Nosotros ya estábamos decididos a no llevar a clase a los niños mientras durase su huelga de hambre. Ha llegado a un buen acuerdo".
Trabas políticas
A 500 kilómetros de allí, en Elche, dos plataformas de padres persiguen con ahínco la construcción de sendos colegios para sus hijos. Como en el caso de Pinto y de Alanís, el partido que gobierna la autonomía no es el mismo que preside el consistorio, lo cual redobla las trabas que ya impone la falta de financiación. "Tanto el PSOE (Ayuntamiento) como el PP (Generalitat) están jugando con los niños, los están maltratando. Se dedican a echarle la culpa al otro para hacerse daño, y los niños en medio", critica Antonio Ruiz, uno de los portavoces de la asociación de padres que lucha para que finalicen de una vez las obras en el colegio Clara Campoamor.
"Nuestro verdadero problema es el de falta de voluntad política por parte de la Generalitat Valenciana, que no quiere invertir un euro en la educación pública", denuncia Ruiz. Unos 350 niños estudian "exiliados" en otros centros cercanos , que se han masificado con la llegada de los nuevos alumnos.
Estos padres también se han encontrado en los últimos años con varias promesas incumplidas. Ahora mismo creen ver "la luz al final del túnel" después de que la empresa pública que se encarga de la construcción de escuelas en la región, Ciegsa, asegurara que tendrían su colegio en 2009. "Tenemos el temor de que nos engañen. No sería la primera vez", dice Ruiz. Hoy por hoy, el centro apenas tiene colocadas las ventanas. "Aquí nunca hay dinero para educación, y seguro que la crisis no ayuda. Mientras tanto, se paga por la Copa del América, la Fórmula 1, la Volvo Ocean Race...", lamenta este padre.
* Público - 5.02.10
Foto: La Generalitat Valenciana prometió que la escuela Clara Campoamor (en la imagen, la semana pasada) estaría abierta para este curso. - publico.es
C.Valenciana: La Fiscalía abre 42 investigaciones en un mes por delito urbanístico
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ELPAÍS* : La Fiscalía de Valencia ha abierto 42 diligencias de investigación penal por posible delito urbanístico durante el mes de enero. Lo ha hecho después de conocer los expedientes sancionadores que tenían 45 ayuntamientos por construcciones ilegales en suelo rústico no urbanizable de uso común y que dieron a conocer el pasado 31 de diciembre después de que se lo solicitara expresamente el ministerio público.
Los expedientes sancionadores son obligación de los ayuntamientos y tienen una vida máxima de cuatro años. Pasado ese tiempo, la infracción prescribe: la casa no se puede derribar. Montroi, cuyo ex alcalde Javier Carrión (PP) fue detenido el pasado miércoles junto a otras seis personas (dos ingenieros y cuatro empresarios, que no un notario como inicialmente se dijo) por supuesto delito urbanístico y prevaricación, fue uno de los municipios que no contestaron a las peticiones realizadas en el último año por la Fiscalía de Valencia.
De hecho, entre la documentación incautada, según fuentes de la investigación, hay expedientes que han prescrito. Y por ello se investiga también la actuación del actual alcalde, el socialista Antonio Polo. La Guardia Civil finalizó ayer el decomiso de toda la información que había en las dependencias del consistorio. Y entre hoy y mañana, previsiblemente, los detenidos serán puestos a disposición judicial. En el centro de la causa: 77 chalés, sobre todo vendidos a británicos, escandinavos y alemanes, que compraron, en el mejor de los casos, una participación de una parcela indivisa, y así lo firmaron algunos ante notario, en lugar de una vivienda.
Catorce ayuntamientos ignoraron el requerimiento de la Fiscalía de Valencia de poner en su conocimiento los expedientes administrativos abiertos desde 1994 por construcciones ilegales en terreno rústico no urbanizable de uso común. Son municipios, entre ellos Montroi, ubicados en las comarcas del interior de Valencia, especialmente en Los Serranos, La Vall d'Albaida, El Rincón de Ademuz o El Camp de Túria.
La gran mayoría de los municipios sí respondió. Y 92 localidades, el 40%, asegura no haber abierto ni un expediente. La Fiscalía tiene serias dudas respecto de la sinceridad de estos últimos. No, obviamente, en aquellos casos en los que el total del suelo municipal es urbano.
Por las dudas, la Fiscalía dio hace medio año un paso más y solicitó a la Guardia Civil que vigilara especialmente a una veintena de localidades.
El tráfico de información arroja una cifra provisional que da una dimensión de la realidad de la ilegalidad en la construcción en terreno rústico no urbanizable de uso común: 4.476 expedientes abiertos por 157 municipios entre 2005 y 2008. Y falta por saber la información correspondiente al 60% de los municipios. Es lógico pensar, y así lo hace la sección de medio ambiente y ordenación del territorio, que son muchos más los casos aún por destapar.
La razón de esa ilegalidad parece estar, y así lo señala la Fiscalía en un análisis sobre la situación de la construcción ilegal en suelo rústico no urbanizable, en la dejación de los ayuntamientos, más que en su ignorancia de la norma a cumplir. De hecho, el ministerio público puso hace ya meses a disposición de la Federación Valenciana de Municipios un documento en el que se recogían detalladamente las competencias de las corporaciones locales (sancionar y comunicar la infracción a la Fiscalía) así como el catálogo de infracciones penales y sus penas en caso de no cumplir con esa obligación.
* ELPAIS.com - 5.02.10
Foto: Ademuz (Valencia) - personales.upv.es
Zamora: El TS confirma la anulación del desarrollo en «Higueras»
LAOPINIÓN* : El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ) acaba de confirmar que los promotores del Plan Parcial «Higueras» no podrán llevar a cabo, por el momento, la construcción del centro comercial previsto, denominado «El Zoco», ni de viviendas, ya que la aprobación del desarrollo urbanístico de este sector se basa en un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) anulado judicialmente en su día.
Como la magistrada de Zamora, se muestra de acuerdo en que aunque el PGOU se hubiera anulado, este Plan Parcial tampoco se ajusta a sus determinaciones y por tanto lo considera, de la misma forma, nulo.
Los magistrados del TSJ resuelve con las mismas tesis que la jueza zamorana la apelación presentada en su día por los propietarios de los terrenos, después de que se aprobara el siete de agosto de 2006 el permiso del Ayuntamiento capitalino para actuar en este sector, situado frente al centro comercial Valderaduey, en el barrio de La Alberca. De hecho, el Juzgado Contencioso de Zamora anuló el acuerdo de la Corporación municipal por tratarse de un acto administrativo que manaba de una norma ya anulada por el TSJ.
Ambas decisiones judiciales se derivan de los recursos presentados en su día por cinco de los propietarios de terrenos de ese Plan Parcial que se mostraban disconformes con la edificabilidad que se les asignó respecto de otros. Asimismo, denunciaron que el proyecto de actuación no se ajustaba al contenido del Plan de Urbanismo, y encontraban una des proporcionalidad grande entre los beneficios urbanísticos de los distintos titulares de fincas en la zona afectada. Los recurrentes, por ejemplo, entienden que a sus parcelas les debería haber correspondido edificación plurifamiliar (bloques de viviendas) y no unifamiliares.
La consecuencia inmediata de la anulación del TSJ será el bloqueo de las concesión de licencias en el Ayuntamiento hasta la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Una vez que el documento urbanístico entre en vigor, el equipo de Gobierno interpreta que el Plan Parcial Higueras recuperará su legalidad puesto que el futuro PGOU asume ese plan parcial como nuevo ordenamiento urbanístico tal y como estaba desarrollado en 2001. Con el nuevo Plan en la mano, el plan parcial «habrá pasado por todos los cauces legales necesarios, incluidos los periodos de exposición pública», es decir, sería similar a repetir su aprobación.
Con respecto a la nueva piscina con cargo al FEIL que se construye en el sector, el equipo de Gobierno mantiene que «no corre peligro» al estar construida en una parcela de titularidad municipal.
* La Opinión Zamora - 5.02.10
Foto: Obras de urbanización en el Plan Parcial «Higueras», paralizadas desde hace meses. - L. O. Z., laopinióndezamora.es
El alcalde de Albaida se enfrenta a 15 meses de multa por delito urbanístico
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MÁLAGAHOY* : El juicio se ha previsto que se celebre hoy en el Juzgado de lo Penal nº5. El alcalde de Canillas de Albaida, Antonio Gregorio Díaz Navas (PP), ha sido acusado de un delito contra la ordenación del territorio por el que la Fiscalía le pide 15 meses de multa, a razón de 20 euros diarios, además de siete años de inhabilitación para ostentar cargos públicos.
El juicio contra Díaz Navas está previsto que se celebre hoy en el Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga, aunque el alcalde de este municipio de la Axarquía ha enviado al juzgado un certificado médico que desaconseja su asistencia a la vista oral por problemas de salud, por lo que ayer todavía existían dudas sobre el aplazamiento o celebración de la sesión judicial.
Los hechos por los que ha sido acusado y será juzgado el alcalde de Canillas tienen su origen en julio de 2004, cuando Peter P., promotor y propietario de una parcela, solicitó en el Ayuntamiento licencia de obras para levantar una vivienda en una finca no urbanizable, ubicada en el paraje El Mosquín de Canillas de Albaida. La petición del permiso de obras, según el fiscal, no se apoyaba en documentación preceptiva como un proyecto técnico, visado o proyecto de actuación. Sin embargo, a pesar de tratarse de terrenos no urbanizables y carecer de informes técnicos, el alcalde expidió en noviembre de ese mismo año la licencia de obras.
El fiscal hace ver en su escrito de acusación provisional que el expediente de esta obra sólo consta de cuatro folios y que "omite la reclamación de documentación técnica visada del arquitecto municipal". Tres años más tarde, ya en noviembre de 2007 y una vez iniciado el procedimiento judicial contra el alcalde, el abogado del promotor presentó en el Ayuntamiento de Canillas de Albaida un escrito al que adjuntaba un proyecto de actuación que tenía fecha de 2003 en el que vinculaba la vivienda en suelo rústico a una explotación agrícola. El fiscal resalta que "a pesar de que en dicha finca no se ha desarrollado explotación alguna en ningún momento", el Ayuntamiento tramitó "con la misma celeridad" el proyecto de actuación.
Estos hechos son para la Fiscalía constitutivos de un presunto delito de prevaricación urbanística, de ahí que también reclame la nulidad de la licencia que otorgó el alcalde de Canillas de Albaida porque "permitió" en contra de las leyes "una construcción en suelo no urbanizable fuera de los supuestos autorizados", infringiendo el procedimiento y omitiendo el proyecto de actuación, única posibilidad legal que existe para poder edificar en suelo rústico.
* Málaga Hoy - 5.02.10
Foto: Canillas de Albaida (Málaga) - wikimedia.org
A Coruña reduce sólo la altura de edificios nuevos
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ELPAÍS* : Un embrollo monumental sacude desde hace una semana la actualidad de A Coruña por la reforma de su plan general de ordenación municipal (PGOM), ahora en fase de alegaciones. Todas las alarmas saltaron cuando el PP salió denunciando que el documento dejará "fuera de ordenación" al 60% de los pisos de la ciudad, ya que al rebajarse considerablemente la altura máxima de los edificios, los existentes se quedarán en "un limbo legal", imposibilitando incluso, según repitió este partido, que se puedan suscribir hipotecas para su compraventa.
"Mentira, falacias, todo es tendencioso e irresponsable", clamó el alcalde socialista Javier Losada.
Pero la alerta vecinal se disparó y el temor a que se rebaje el valor de las propiedades derivó incluso en la creencia de que se podrían derribar todos aquellos inmuebles que superen la altura que marcará la futura norma urbanística. Y el Gobierno municipal acabó dando marcha atrás. "Ante la alarma social creada por el PP", el alcalde y la concejal de Urbanismo, Obdulia Taboadela, prometieron "introducir un cambio" en la futura normativa para que "ningún edificio de la ciudad quede fuera de ordenación" y así "dar seguridad jurídica" a todos los dueños de pisos ya existentes. "Podrán hasta demolerse y volver a ser reconstruidas con la misma altura y volumen al que tenían", aseguró ayer Taboadela. Sólo los nuevos inmuebles verán limitada su altura en función del ancho de la acera, como establece el futuro PGOM.
Un anuncio que sin embargo no contribuyó a aminorar la espiral de acusaciones, declaraciones y contradicciones que enmarañan cada día un poco más la ya grande confusión que existe en la ciudad. Incluso afloran divergencias entre los socios de gobierno, dado que los nacionalistas, que gestionan la concejalía de Rehabilitación y Vivienda, son partidarios de limitar ese "cambio" que anunciaron los socialistas para preservar uno de los elementos que más les gusta de la futura normativa, que "rompe y corrige todos los excesos" de los 25 años de Francisco Vázquez en la Alcaldía.
El plazo para presentar alegaciones al PGOM que sustituirá el plan en vigor desde 1998 acaba el día 18. Es, de momento, lo único certero en todo este enredo sobre una categoría jurídica (los inmuebles fuera de ordenación) que "existe en todos los planes urbanísticos" sin mayores consecuencias, alega el Gobierno local, pero que para la oposición es "una auténtica barbaridad" ya que reduce el valor de los pisos afectados en el caso que sea derribado su edificio.
La Federación de Asociaciones de Vecinos se está pensando si al final presenta alegaciones. Quienes sí lo harán son los promotores, contrarios a un nuevo PGOM que ven inviable, con excesivas cargas "para que resulte rentable desarrollar algunas zonas" y con una previsión excesiva de viviendas de promoción pública -el 40% que marca la ley-.
Los arquitectos, por el contrario, no presentarán ninguna por considerar que el plan redactado por el urbanista catalán Xoan Busquets es "el mejor posible y la última oportunidad para acabar con el caos urbanístico" que padece desde hace décadas A Coruña. "El problema es que en esta ciudad cada vez que aparece un metro de suelo, saltamos todos al máximo, hay que dejarse de hipocresías", clamó ayer el presidente de los arquitectos coruñeses, Manuel de la Iglesia, al lanzar un llamamiento, especialmente a los promotores, para que piensen y hagan un urbanismo más racional, no en vertical.
La nueva norma que ahora está en trámite "pone fin a una forma de hacer negocio en A Coruña y abre otra con límites de construcción más acorde con un tiempo y una situación económica en la que se acabaron las vacas gordas", remachó el presidente de la delegación coruñesa del Colegio Oficial de Arquitectos. Y responsabilizó de la polémica tanto al PP por "sacar fuera de contexto una figura jurídica sin consecuencias para provocar cierto pánico" como al gobierno local por "su falta de información".
En lo que sí están unidos socialistas y nacionalistas es en defender un cambio drástico del urbanismo que se hacía en A Coruña y en sus reproches al PP por su "maniobra electoral con una campaña tendenciosa y falsa de agitación". "Las líneas maestras del nuevo plan general se mantiene para hacer una ciudad con más calidad urbana, más zonas verdes y con menos presión urbanística", asegura el gobierno municipal.
"No me fío", respondió ayer el portavoz del PP, Carlos Negreira, que exige ver los ambiso por escrito antes del del día 18.
* ELPAIS.com - 5.02.10
Foto: A Coruña, ayuntamiento - Daniel Csörföly 04 (wikimedia.org)
